Este domingo 24 de mayo, varias ciudades vuelven a movilizarse por el problema de la vivienda en España. La mayor manifestación se produce en Madrid, donde a las doce de la mañana está convocada una marcha que partirá de Atocha y avanzará hasta la zona de Sevilla organizada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios'.
Se trata de la movilización principal de una campaña estatal que en las próximas semanas recorrerá decenas de ciudades por un escenario que los sindicatos califican de "emergencia habitacional", con subidas de más del 50 % en el precio de los alquileres en Madrid en los últimos cinco años y rentas medias que superan los 1.500 euros mensuales en amplias zonas.
Aseguran que miles de hogares destinan buena parte de su sueldo a pagar el techo y que, para muchas personas, vivir de alquiler implica asumir contratos temporales, viviendas minúsculas y continua incertidumbre. "Trabajamos la mayoría de los días para el casero", dice uno de los convocantes de la capital, que acusa a los poderes públicos de haber respondido con parches insuficientes.
Primavera tendrá decenas de manifestaciones por la vivienda
Hoy, además de la marcha central en Atocha, hay convocadas concentraciones en Badajoz, Teruel y Zaragoza. En la ciudad extremeña, la cita es también a mediodía en el Paseo de San Francisco, frente a la oficina municipal de vivienda INMUBA. En Teruel, el movimiento se concentrará en la plaza del Torico, mientras que en Zaragoza el punto de encuentro será la Plaza de Santo Domingo.
El ciclo de protestas, sin embargo, ya ha comenzado. De hecho, ayer 23 de mayo, Guadalajara acogió una primera concentración, preludio de un calendario que se extenderá durante todo el final de la primavera. El 27 de mayo está prevista una acción en Toledo, en torno a las 86 viviendas de protección oficial sin terminar que, según los colectivos convocantes, se han convertido en símbolo del abandono de la vivienda pública y asequible. El 30 de mayo habrá movilizaciones en Burgos, Logroño y Murcia, y Valladolid cerrará el mes con una marcha el día 31.
En junio, la campaña sumará hasta 16 ciudades más con manifestaciones, en una agenda que se despliega por distintos territorios con el objetivo declarado de "construir una respuesta común frente a la crisis de la vivienda y el coste de la vida". La Confederación de Sindicatos de Inquilinas afirma que es inicio de un ciclo de presión que aspira a hacer visible un malestar cada vez más extendido entre quienes viven de alquiler.
"Somos millones las que no llegamos a fin de mes, las que encadenamos habitaciones, contratos temporales y subidas imposibles. No vamos a seguir tragando", dicen.
Los convocantes subrayan que el problema de la vivienda atraviesa generaciones, orígenes y oficios, y se resisten a los intentos de dividir a la población. Rechazan de forma explícita los discursos que culpan a las personas migrantes, a la ocupación de viviendas o a las personas pensionistas del encarecimiento del alquiler, y ponen el foco en el auge del alquiler turístico, la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios, fondos de inversión y bancos, y la falta de un parque público suficiente como factores que empujan al alza los precios.
El fin de la prórroga de alquileres, otro detonante
No hay que olvidar que a finales de abril también se produjo una movilización por los alquileres, principalmente debido a la derogación en el Congreso del Real Decreto‑ley que permitía prorrogar dos años los contratos. Aquella norma, que estuvo en vigor apenas unas semanas esta primavera, abría la puerta a que más de un millón de hogares con contratos a punto de vencer pudieran blindarse frente a subidas abruptas o no renovaciones mediante una prórroga extraordinaria.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas lanzó entonces una campaña estatal para animar a las inquilinas a solicitar por escrito esa prórroga, en muchos casos mediante burofax, y a la vez presionó a los grupos parlamentarios para que no tumbasen el decreto. La negativa de la mayoría del Congreso a convalidar la norma y su posterior caída desencadenaron un fuerte malestar en el movimiento por la vivienda, que interpretó el resultado como una victoria del bloque rentista frente al derecho a techo.
Aunque la prórroga legal ha decaído, los sindicatos defienden que las solicitudes presentadas mientras la norma estuvo vigente deben respetarse. Por ello sabemos que han puesto en marcha dispositivos de asesoría y acompañamiento para hacer frente a negativas de caseros e inmobiliarias y para organizar respuestas colectivas frente a posibles desahucios.
"Han demostrado que no están dispuestos ni siquiera a mantener un mínimo respiro para quienes viven de alquiler. Si desde arriba solo vemos más regalos a los rentistas, la respuesta tendrá que venir desde abajo", sostienen.
A su juicio, la actual crisis de vivienda es resultado de políticas que durante años han priorizado los intereses del sector inmobiliario. Denuncian que, mientras los alquileres, la cesta de la compra y la energía se encarecen, salarios y pensiones mínimas siguen muy por debajo del nivel necesario para afrontar gastos básicos. Proponen medidas como contratos de alquiler indefinidos, bajadas de las rentas, la regulación efectiva de los precios en zonas tensionadas, la ampliación masiva del parque público mediante la intervención sobre grandes tenedores y la subida del salario mínimo y de las pensiones mínimas hasta los 1.500 euros.
"No podemos más, esto es insoportable. Si nos quieren fuera, nos tendrán enfrente. No vamos a permitir que nos expulsen de nuestros barrios", afirma el colectivo. "La vivienda nos cuesta la vida. Pero juntas, organizadas, podemos hacerles frente y acabar con su negocio".
