Si te preocupa que un deepfake arruine la reputación de tu hijo o que la inteligencia artificial utilice su cara sin permiso, la decisión del Consejo de Ministros de este martes 7 de julio te afecta directamente. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del derecho al honor, la reforma que actualiza la norma de 1982 para proteger a los menores en la era digital. La medida, incluida en el plan de acción por la democracia, busca poner coto a los contenidos manipulados y devolver el control de la propia imagen a los ciudadanos.
El texto introduce por primera vez la consideración de 'deepfake' y otros contenidos alterados tecnológicamente como una intromisión ilegítima. A partir de ahora, usar la voz o la imagen de alguien sin autorización con fines comerciales o publicitarios mediante IA se considerará ilegal. Además, compartir fotos en redes sociales no dará derecho a que terceros las reutilicen en otras plataformas, algo que hasta ahora quedaba en una zona gris legal.
Protección reforzada para los menores: la clave de la nueva ley
La gran novedad está en la protección infantil. La ley fija en 16 años la edad a partir de la cual un menor puede prestar consentimiento sobre el uso de su propia imagen. Pero incluso si un adolescente de 16 o 17 años da su visto bueno, cualquier uso que menoscabe su dignidad o reputación seguirá siendo ilegal. "Queremos devolver el poder sobre la propia imagen" a las personas y quitárselo en parte a las grandes plataformas, ha resumido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
Esta presunción de madurez a los 16 años se alinea con la enmienda que PSOE y Sumar han registrado para el proyecto de ley de protección digital a los menores, actualmente en trámite, que busca eliminar la posibilidad de acceder a ciertas redes sociales aunque exista autorización paterna. El objetivo es blindar a los jóvenes frente a los riesgos más agresivos del entorno online.
Por qué cambia el juego para las plataformas digitales
La reforma no se queda en los menores. También actualiza los mecanismos de indemnización por daño moral, con criterios más detallados para que las reparaciones sean más efectivas y compensatorias. El ministro Bolaños ha explicado que se pretende acortar los tiempos de resolución de los procedimientos y adaptarlos al "dinamismo del ecosistema mediático actual".
La ley complementa otra reforma paralela: la del derecho de rectificación, también en marcha dentro del plan de regeneración democrática del Ejecutivo. Ambas normas pretenden endurecer la regulación frente a las difamaciones en "cualquier medio o pseudomedio", según fuentes del Gobierno. En la práctica, cualquier publicación que atente contra el honor podrá exigir una rectificación más rápida y una compensación económica proporcional.
La reforma no solo persigue los deepfakes: endurece la respuesta ante cualquier difamación, en medios tradicionales o pseudomedios, y acorta los plazos para reparar el daño.
De 1982 a 2026: un salto necesario en plena era de la inteligencia artificial
La ley original del derecho al honor data de 1982, cuando no existía internet ni se podía imaginar la manipulación de imágenes con IA. La desactualización era tan evidente que muchos casos de ciberacoso o suplantación digital quedaban sin respuesta legal clara. Con esta reforma, el Gobierno trata de cerrar esa brecha y de dotar de herramientas a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.
El proyecto también introduce una protección específica para las víctimas de delitos: se considerará intromisión ilegítima cualquier uso del delito por parte del victimario que cause un daño adicional, pensando sobre todo en los populares 'true crimes' que revictimizan a los afectados. Así se corta de raíz la posibilidad de que un agresor explote su propio caso en documentales o redes.
La medida se enmarca en un plan más amplio de regeneración democrática, que incluye la futura ley de Administración Abierta —que obligará a todas las administraciones a rendir cuentas cada seis meses ante las Cortes— y la ley de Publicidad del Sector Público, que creará un registro de medios con información de propiedad y límites a los fondos públicos que pueden recibir (máximo el 35% de su facturación anual). Aunque el foco está hoy en los deepfakes, el verdadero cambio de paradigma es que el Estado recupera capacidad de control sobre el honor en el entorno digital.
El calendario parlamentario ahora se acelera. El texto aprobado en el Consejo de Ministros viajará al Congreso para su tramitación. Si no hay sorpresas, la norma podría estar en vigor antes de que termine 2026.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del derecho al honor, que actualiza la norma de 1982 para combatir los deepfakes y proteger a los menores en el entorno digital.
- Por qué te importa: A partir de ahora, usar la voz o la imagen de alguien sin permiso con fines comerciales usando IA será ilegal; compartir fotos en redes no autoriza a terceros a reutilizarlas.
- A quién afecta: A todos los ciudadanos, pero especialmente a los menores de 18 años: la ley fija en 16 años la edad de consentimiento para el uso de la imagen y blinda su reputación aunque ellos autoricen el uso si este les perjudica.
- Hacia dónde vamos: El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria; si todo avanza según lo previsto, la nueva ley podría entrar en vigor antes de que acabe 2026, junto con otras medidas del plan de regeneración democrática.
