Se aplaza la ley que quería frenar la compra especulativa de vivienda en Cataluña. Y el retraso te afecta si buscas piso, porque la norma no llegará a tiempo para el verano.
El Parlament votará esta misma semana la tramitación de urgencia del texto, pero su aprobación definitiva queda pospuesta hasta octubre. ¿El motivo? Junts y PP han solicitado un dictamen al Consell de Garanties Estatutarias, un paso que bloquea cualquier votación final mientras el órgano consultivo no emita su opinión.
Qué propone la ley y por qué da tanto que hablar
La iniciativa, impulsada por los Comuns, busca modificar la Ley de Urbanismo catalana para otorgar a los ayuntamientos de zonas tensionadas la capacidad de restringir quién puede comprar vivienda y con qué fin. En la práctica, permitiría vetar las adquisiciones especulativas y dar prioridad a quienes necesitan una primera vivienda.
Para el partido de Jéssica Albiach, la medida es una herramienta contra los fondos y grandes tenedores que acumulan inmuebles para hacer negocio. Pero Junts y PP la ven como un ataque a la propiedad privada y a la libertad de empresa. El portavoz de Junts, Salvador Vergés, califica la ley de “intervencionista” y advierte de que puede dejar a los ayuntamientos en una situación de inseguridad jurídica, con normas distintas en cada municipio.
El calendario que se esfuma: de urgencia a bloqueo
Los Comuns querían que la ley se aprobara por la vía de urgencia antes del parón estival. El último pleno del período de sesiones es la semana del 22 de julio. Pero al pedir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el trámite se congela. Aunque el informe no es vinculante, el reglamento impide aprobar una ley mientras no se haya emitido.
La ley que los Comuns querían tener lista antes del verano tendrá que esperar hasta otoño por el movimiento conjunto de Junts y PP.
Fuentes parlamentarias calculan que el Consell no resolverá hasta principios de septiembre, así que la votación final se iría al primer pleno ordinario de otoño, en la primera semana de octubre. Para entonces, el mercado inmobiliario habrá seguido su curso sin ningún freno.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha mostrado respeto por la decisión de los grupos, pero ha lamentado que la vivienda no sea una “prioridad absoluta” para Junts y PP. Desde los Comuns, David Cid ha sido más duro, acusando a Junts de ser “el partido de la patronal inmobiliaria”.
El precedente: otros frenos a las leyes de vivienda en España
No es la primera vez que un recurso ante un órgano consultivo retrasa una norma de vivienda. En 2023, la ley estatal de vivienda también vio ralentizado su trámite por las enmiendas y los informes preceptivos. Lo que está en juego ahora es si la vía catalana de limitar la compra especulativa logra esquivar los recursos y si sienta un precedente para otras comunidades.
Los expertos consultados por este diario recuerdan que el Consell de Garanties Estatutàries ya ha emitido dictámenes críticos con otras leyes, aunque el Parlament puede seguir adelante sin acatar sus recomendaciones. En cualquier caso, el retraso calienta un debate que va más allá de Cataluña: ¿hasta dónde pueden llegar los ayuntamientos para controlar quién compra una vivienda?
A partir de octubre, cuando la ley aterrice en el hemiciclo, el Govern necesitará el apoyo de al menos dos grupos más allá de los Comuns y el PSC para sacarla adelante. Junts ya ha adelantado su voto en contra y el PP se descuelga con críticas similares. La aritmética parlamentaria se complica.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Junts y PP han recurrido al Consell de Garanties Estatutàries la ley contra la compra especulativa de vivienda, bloqueando su aprobación definitiva hasta octubre.
- Por qué te importa: Si estás buscando piso, la norma que pretendía frenar a los grandes compradores no entrará en vigor antes del otoño y el mercado sigue sin regulación adicional.
- A quién afecta: A los potenciales compradores de primera vivienda en zonas tensionadas de Cataluña y a los grandes tenedores que concentran inmuebles.
- Hacia dónde vamos: La votación final en el Parlament se espera para la primera semana de octubre, con la incógnita de si el Govern conseguirá los apoyos necesarios.
