La derogación en el Congreso del Real Decreto‑ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler ha encendido otro conflicto por la vivienda en España. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los movimientos por el derecho a la vivienda están redoblando su pulso a los poderes públicos y a lo que denominan el entramado del "rentismo", es decir: grandes propietarios, fondos de inversión, inmobiliarias, bancos y empresas que han hecho del alquiler un negocio especulativo.
Hay que recordar que, en las horas previas a la votación, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas impulsó una campaña de envío masivo de correos electrónicos dirigida a los diputados de PP y Junts para pedir que no tumbaran la norma. En apenas un día, más de 50.000 cartas llegaron a los buzones de los 144 parlamentarios de estos grupos con correo público, pero no ha surtido efecto.
Las asociaciones sostienen que el decreto, aunque insuficiente, podía haber evitado la expulsión de más de un millón de hogares con contratos a punto de vencer. La decisión de PP, Vox y Junts de no convalidarlo, con la abstención decisiva del PNV, es considerada por los afectados como un alineamiento con los intereses de este bloque rentista, y las actuaciones más inmediatas comienzan con la defensa jurídica de las prórrogas ya solicitadas y terminan con una ofensiva de movilización en la calle y, a medio plazo, de una huelga general.
Las prórrogas de alquileres pedidas deben respetarse
La confederación defiende que todas las prórrogas pedidas mientras el decreto estuvo vigente deben respetarse. Argumentan que la seguridad jurídica ampara a quienes enviaron sus solicitudes de ampliación de contrato —en muchos casos mediante burofax— entre el 22 de marzo y el 28 de abril, las fechas en las que la norma estuvo activa. Los especialistas consultados por este medio deslizan que, aunque la litigiosidad aumentará, las prórrogas comunicadas en plazo tienen base legal.
"Todas las exigencias que se hayan solicitado mientras la medida era vigente se tendrán que respetar. Digan lo que digan los rendidores y las inmobiliarias, porque seguro que habrá intensa desinformación y de cuestionarlo, pero estas exigencias son válidas", asegura Enric Aragonès Jové, portavoz del Sindicat de Llogateres. Todos los que vivimos de alquiler sabemos la angustia que se pasa cuando se te acaba el contrato y no sabes si te van a sacar o te van a subir el alquiler".
Conscientes de que numerosos propietarios e intermediarios inmobiliarios intentarán desconocer esos derechos, los sindicatos han puesto en marcha una infraestructura de apoyo jurídico y organizativo. Plataformas como Poder Inquilino ofrecen modelos de respuesta para contestar a negativas y presiones de caseros y agencias, así como guías sobre cómo actuar ante amenazas de desahucio.
"Queremos caminar hacia una huelga general por la vivienda y por una vida digna. No podemos seguir viviendo así. Vivir nos cuesta la vida. Y hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y sindicatos de este país a empezar a trabajar juntos para hacerlo posible. Muy pronto anunciaremos los próximos pasos para avanzar hacia esta huelga", sentencia.
Madrid, epicentro de la crisis de vivienda
La situación en la capital es un buen termómetro de la situación. De hecho, la primera movilización será el próximo 24 de mayo en Madrid, con una gran manifestación organizada desde Atocha a Sevilla y actos durante la tarde en Sol. "Es el momento de plantarse", dicen miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que describen un escenario de crisis de vivienda sin precedentes en la urbe.
Lo cierto es que los alquileres han aumentado más de un 50 % en los últimos cinco años, el importe medio en la comunidad supera los 1.500 euros mensuales y muchas familias destinan más del 70 % de su salario a pagar el alquiler. "Este esfuerzo económico se convierte en en una espiral de empobrecimiento, hacinamiento y precariedad que convierte la vivienda en un mecanismo de control sobre la vida cotidiana de la población trabajadora", nos cuentan.
Las asociaciones sostienen que las administraciones llegan tarde y mal, cuando llegan, y que la respuesta pública ha sido tímida frente al despliegue de intereses que sostienen el alza de precios: fondos buitre y grandes tenedores que acumulan parque de vivienda, empresas que explotan el alquiler turístico, bancos que financian estas operaciones y un conjunto de políticas que, a juicio del movimiento inquilino, han favorecido sistemáticamente la especulación.
"La vivienda nos está asfixiando, los alquileres están disparados, se llevan la mayor parte de nuestros salarios y nos empujan fuera de nuestros barrios y ciudades. Esto ya no se puede aguantar más", nos cuenta Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
"Hacemos un llamamiento claro a la desobediencia, a que nadie se vaya de su casa, porque organizándonos y apoyándonos mutuamente podemos frenar este abuso", prosigue, asegurando que el objetivo de estas medidas es el de dividir, enfrentar y hacer que la sociedad señale a migrantes y pensionistas para no afrontar "el problema real, la especulación y el negocio que hacen unos pocos enriqueciéndose a costa de nuestras vidas, a través del derecho de la vivienda. Si nos quieren fuera, nos van a tener enfrente, porque la vivienda no debería costarnos la vida".
Plantean que, si los poderes públicos no garantizan el derecho a la vivienda, serán las propias vecinas y vecinos quienes deban organizarse para defender sus casas, bloquear desahucios, enfrentar subidas abusivas y señalar a los responsables políticos.
La primera manifestación la harán bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios", pero este inicio lo catalogan como el principio de una "primavera de movilizaciones", una secuencia de protestas, acciones descentralizadas y campañas de presión que implicará a varias ciudades y barrios de todo el país.
