El PP ha pasado a la ofensiva este miércoles en el Congreso con un movimiento que pone el foco sobre uno de los asuntos más sensibles del Gobierno: la regularización de inmigrantes. Los populares han registrado una batería de 22 preguntas y una Proposición no de Ley para fiscalizar un proceso que, según denuncian, avanza sin los datos ni las explicaciones que debería dar el Ejecutivo.
La iniciativa no se queda en el papel. El partido de Feijóo exige también la comparecencia urgente de dos ministros: Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). El argumento es claro: no hay cifras oficiales, no hay criterios públicos y la falta de transparencia es total. En la redacción hemos leído la batería de preguntas que ha registrado el PP y vamos a contarlo con claridad.
Qué exige exactamente el PP: preguntas, comparecencias y una votación en la Cámara Baja
Lo primero que reclaman los populares es que el Gobierno ponga negro sobre blanco cuántas personas están siendo regularizadas, con qué criterios y en qué plazos. Para ello han presentado 22 preguntas parlamentarias que obligan al Ejecutivo a responder por escrito. La información solicitada va desde el número total de expedientes hasta el perfil de los beneficiarios, pasando por el coste para las arcas públicas. El PP quiere saber si se están aplicando requisitos flexibles o si hay vías abiertas que esquiven los procedimientos habituales del Ministerio de Inclusión.
Pero no se conforman con el control escrito. Exigen que tanto Marlaska como Saiz den la cara en el Congreso y expliquen el estado real del proceso. La comparecencia se reclama mediante una petición formal que la Mesa de la Cámara tendrá que calificar y, previsiblemente, votar. Si los ministros acaban compareciendo, tendrán que detallar las cifras exactas de un plan que, a día de hoy, carece de un portal público de seguimiento.
Y hay una tercera pata: la Proposición no de Ley. Este instrumento obliga a debatir en el Pleno la posición del Congreso sobre la regularización masiva y, si se aprueba, forzaría al Gobierno a retratarse. La PNL es la llave con la que los populares quieren que el Ejecutivo se alinee «sin trampas» en un marco de control parlamentario real, según fuentes de Génova.
Por qué el PP habla de «improvisación» y «falta de planificación»
En el cruce de acusaciones, los populares repiten dos palabras: improvisación y opacidad. Aseguran que el Gobierno ha ido abriendo la mano con las regularizaciones sin que exista un debate público ni una norma clara. La ausencia de datos desglosados por territorio, nacionalidad o situación administrativa alimenta la sospecha de que el proceso se está utilizando con criterios políticos y no técnicos. Mientras tanto, desde el Ministerio de Inclusión se limitan a señalar que se está trabajando con normalidad y que las regularizaciones son individualizadas, pero sin aportar las cifras que pide la oposición.
El choque no es nuevo, pero sí lo es la intensidad. En los últimos meses, varios gobiernos autonómicos del PP han denunciado un goteo de llegadas y regularizaciones que saturan los servicios sociales locales sin que el Estado comparta la planificación. Ahora, el partido ha decidido trasladar la presión al Congreso, donde la mayoría ajustada del Ejecutivo podría ver cuestionada su política migratoria si otras fuerzas apoyan la PNL.
Qué consecuencias puede tener este control parlamentario y cómo se ha jugado antes esta partida
Las peticiones de comparecencia y las preguntas parlamentarias no siempre consiguen su objetivo inmediato, pero sí cambian el clima político. En anteriores episodios —como la crisis de los menores no acompañados o las desviaciones en la atención a solicitantes de asilo— el Congreso acabó forzando la creación de documentos de seguimiento que hoy son públicos. Si el PP consigue apoyos suficientes para que la PNL salga adelante, el Gobierno tendrá que elegir entre ignorar la resolución o abrir un debate que ahora evita.
Por otro lado, el control parlamentario puede ralentizar los plazos políticos. Cuando una iniciativa de este calibre alcanza el Pleno, el foco mediático pone a los ministros bajo una presión que no es solo administrativa. El Ejecutivo de Sánchez juega ahora la carta de la discreción, pero la ofensiva del PP amenaza con convertir la regularización en uno de los ejes de la próxima sesión de control.
Conviene no perder de vista dos fechas: la Mesa del Congreso tendrá que calificar las preguntas y la solicitud de comparecencia en las próximas semanas, y la PNL podría debatirse antes del parón de agosto. Si para entonces no hay más datos, el desgaste político será inevitable.
La ausencia de datos desglosados alimenta la sospecha de un proceso que avanza sin control público ni rendición de cuentas.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El PP ha registrado 22 preguntas y una PNL para fiscalizar la regularización de inmigrantes y pide la comparecencia de los ministros Marlaska y Saiz.
- Por qué te importa: El control parlamentario puede destapar cifras y criterios de un proceso que afecta al presupuesto, a los servicios públicos y a las normas de entrada y estancia.
- A quién afecta: A los inmigrantes en proceso de regularización, a las administraciones autonómicas y a la ciudadanía que percibe opacidad en una decisión de calado.
- Hacia dónde vamos: La Mesa del Congreso decidirá la tramitación en las próximas semanas y la PNL podría debatirse antes del verano, forzando al Gobierno a explicar sus números.
