La «normalidad» que se respira en Venezuela no esconde los problemas políticos que sigue enfrentando el país y la desaparición forzosa de Rocío San Miguel, cuyo paradero finalmente fue revelado esta semana cuando su abogado informó que estaba en ‘El Helicoide’, la hispano-venezolana defensora de los derechos humanos, es solo un recordatorio del problema mayor. Pero el caso de San Miguel es además un recordatorio de la incómoda relación del Gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura venezolana.
Son 6 los ciudadanos españoles, por nacimiento o herencia, que se encuentran encerrados en cárceles de Venezuela. Además del caso de San Miguel, se incluyen los casos de Alejandro José de Canales Plaza, Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, María Auxiliadora Delgado Tabosky, Karen Hernández Rodríguez y Fernando Andrés Noya Contramaestre según los enumera la ONG dedicada a temas de libertad de expresión Sin Mordaza que opera en Caracas.
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De hecho, la ONG y sus miembros han empezado la campaña «España no los abandones» que hasta la fecha de publicación ha sido ignorada por el estado. Este silencio es una muestra más del complicado manejo que ha tenido Pedro Sánchez de la situación venezolana, vale recordar que fue el último presidente europeo en reconocer la presidencia interina de Juan Guaidó, que recibió a Delcy Rodríguez en el aeropuerto y esto ignorando la documentada relación entre Podemos y la dictadura y las palabras que en su momento Yolanda Díaz dedicó a Hugo Chávez.
Además, se suma que hay intereses empresariales en que España tenga una buena relación con Venezuela. Empresas como Inditex, Mango o Repsol han dado pasos para volver a operar en el país latinoamericano y el Gobierno de Nicolás Maduro es conocido por tomar retribuciones cuando algún país decide hacerle frente. Políticamente, parece que Sánchez puede conseguir más motivos para ignorar la situación que para afrontarla, a pesar de los reportes existentes, varios hechos por la propia San Miguel, de las violaciones a derechos humanos en las cárceles venezolanas.
¿QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO ESPAÑOL POR EL CASO DE SAN MIGUEL?
La realidad es que el Gobierno español debería al menos pedir explicaciones del encarcelamiento y prueba de vida del activista. De momento, el motivo que se esgrime para mantenerla detenida es que es parte de un complot para asesinar a Nicolás Maduro, aunque no hay pruebas del mismo. La realidad es que la idea de que hay un complot para un magnicidio ha servido de excusa para la prisión de líderes opositores como Leopoldo López o para las inhabilitaciones de Maria Corina Machado y Henrique Capriles Radonski.
Es un tema en el que la presidencia venezolana tiene muy poca credibilidad. Después de todo, ya el fallecido Hugo Chávez aseguraba, de forma relativamente seguida, que se buscaba asesinarlo en el cargo. Es un discurso constante de parte de la dictadura, y para el que nunca se presentan pruebas.
La realidad es que se trata de otra ciudadana española, con los derechos y las protecciones que conlleva, olvidada en una cárcel venezolana. De momento se trata de 6, pero la realidad es que se trata de un país en el que viven y hacen activismo varios ciudadanos de doble nacionalidad, nacidos tanto en España como en Venezuela, y cuya seguridad sigue siendo la responsabilidad del Gobierno español.
¿CUÁNTO TIEMPO PUEDEN ESTAR DETENIDOS LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES?
Por cómo funciona el sistema de «justicia» venezolano, la investigación y el juicio a Rocío San Miguel, y demás ciudadanos españoles detenidos, pueden durar tanto como lo decida el estado venezolano. Sobre todo en un año electoral para Venezuela, que ha hecho que desde el chavismo se retomen algunas de sus tácticas de represión más crueles, usadas sobre todo durante las épocas de protestas en el país, tácticas que la propia San Miguel denunció en su momento.
LAS ONG DE VENEZUELA EXIGEN UNA REACCIÓN A ESPAÑA
Por su lado, las otras ONG venezolanas que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos, han pedido frente a la embajada española en Caracas que haya algún tipo de reacción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre sus ciudadanos detenidos injustamente. La más grande fue el pasado martes, pero no han conseguido respuesta.
Así lo confirman varias ONG venezolanas, que además han entregado una carta a la misión diplomática española en Caracas en la que piden «su intervención» ante lo que consideran es una detención que viola los derechos fundamentales de la activista.
Según ha relatado la coordinadora de la organización Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, la Embajada española se ha comprometido a «hacer todas las gestiones que dentro del marco de sus obligaciones y sus derechos consulares pueden hacer».
«Van a seguir insistiendo en el debido proceso, que sus abogados sean juramentados lo antes posible y que puedan acceder al expediente», ha añadido Rendón en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por la ONG Provea.
