Marlaska cede a las presiones de Guardia Civil y prensa

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido que devolver las competencias de fronteras a la Guardia Civil después de que se las intentase quitar en favor de la Policía Nacional. Además, ha tenido que restituir al coronel Pérez de los Cobos.

Fernando Grande Marlaska se ha propuesto ser el peor ministro del Interior para la Guardia Civil. Durante su primera legislatura al mando del ministerio ha tratado de socavar la autoridad y competencias de la Benemérita, ha comprado material de segunda clase e intervenido de forma arbitraria en los puestos de mando.

En 2020 y en plena pandemia de la Covid-19 el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska trató de frenar la emisión de un informe que cuestionaba la marcha del 8-M y otros 129 actos que ponían bajo lupa al Gobierno de Pedro Sánchez. La primera cabeza que cortó el ministro fue la de la ya exdirectora general, María Gámez, quien tras ser destituida declaró que había sido cesada por “No informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Posteriormente, sería la del coronel Pérez de los Cobos, quien se negó a informar de la investigación a sus superiores políticos. En marzo el Supremo anuló esta orden y dio un plazo de dos meses para su restitución. Que no se ha hecho efectiva hasta después de las elecciones.

Marlaska Guardia Civil
Ministro Del Interior, Fernando Grande Marlaska/Europa Press

Posteriormente sería la compra de material defectuoso para el Instituto Armado. En diciembre de 2022 el ministerio del Interior desembolsó dos millones de euros en las pistolas «Ramón». Las 9.000 armas fabricadas por la empresa israelí, EMTAM, fueron un completo fracaso. Se encasquillaban, se agrietaban al poco de usarlas y tenían problemas en el sistema de extracción. Se ganaron el sobrenombre de las «pistolas Ramón, unas disparan y otras no».

Pero por si hubiese sido poco, Interior también quiso comprar rifles nuevos, en concreto 3.500, y por si no tuvo suficiente la Guardia Civil con la primera experiencia, se los compró a la misma empresa. Y se repitieron los problemas.

Después de los ceses ilegales y el armamento defectuoso, llegaron los vehículos eléctricos. El ministerio del Interior compró 157 motos para el SEPRONA, las cuales tenían una autonomía de 63 kilómetros y eran poco prácticas para las largas travesías. Pero además, adquirió 380 coches, también eléctricos, que no tenían suficientes puntos de carga.

Marlaska eleva la tensión entre la Guardia Civil y la Policía Nacional

El pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado aparecía publicada una orden por la cual se le restaban competencias en las fronteras a la Guardia Civil. El edicto fue rápidamente cuestionado y denunciado por las asociaciones de funcionarios de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) anunció acciones legales por la decisión y alegaban que «El Gobierno continúa con su políticas de acoso y derribo a la Guardia Civil».

Por su parte la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) acusaba al PSOE: «Está destruyendo la institución mejor valorada por los españoles. Miles de guardias civiles de toda España perderán su puesto de trabajo y tendrán que solicitar destino. Demuestran la intención de desmantelar la Guardia Civil».

Guardia Civil Salida Navarra Gobierno
Guardia Civil/Europa Press

Tras las presiones de las organizaciones de la Guardia Civil que no querían ver sus funciones dentro de los puertos, aeropuertos y fronteras disminuidas, Interior ha tenido que dar marcha atrás y restituir dichas funciones.

Decisión que no ha sentado nada bien dentro del seno de la Policía Nacional, que es ahora quien se queja por medio del sindicato de Policía JUPOL: «Este cambio de criterio supone un agravio para la Policía Nacional que verá reducidas sus competencias sin que exista una razón operativa real y basándose solo en la falta de criterio y de fuerza institucional que vienen demostrando el director general de la Policía, Francisco Pardo y el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, que han plegado los intereses de la Policía Nacional ante las presiones ejercidas por asociaciones de la Guardia Civil”.