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Fiscalía mantiene que exdirectivos de Agencia Catalana del Agua acordaron contratos antes de licitar y ellos lo niegan

La Fiscalía ha mantenido durante la última jornada de juicio a exdirectivos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) que los seis acusados presuntamente acordaron contrataciones en reuniones con empresarios antes de licitarlas públicamente, mientras que sus defensas han asegurado que actuaron correctamente y siguiendo las normas.

El juicio ha terminado este lunes en la sección 8 de la Audiencia de Barcelona, y la Fiscalía pide condenar a los exdirectivos a seis años de prisión por presunta prevaricación, malversación y revelación de secretos.

En su informe final, la fiscal ha sostenido que los exresponsables de la corporación «fraccionaron de manera artificiosa el contrato de algunas tareas» para esquivar el concurso público y concederlas a dedo.

Lo ha tachado de «un fraccionamiento de libro» y la también Fiscalía reprocha que la ACA adjudicó más de un millón de euros en contratos complementarios a empresas vinculados a dos excargos, ahora enjuiciados.

En cambio, la abogada del entonces director de la ACA ha remarcado que 20 de los 22 testigos en el juicio «han abonado sin fisuras la completa bondad del trabajo de los acusados» y que los empresarios involucrados en los contratos han negado que se reunieran con él antes de la licitación ni que le conocieran.

El resto de defensas también han pedido la absolución para los acusados y han sostenido que las pruebas en el juicio no han acreditado que hayan delinquido.

Los abogados de los acusados han criticado que la Fiscalía añadió una nueva acusación en el trámite de conclusiones finales, según la cual supuestamente reflejaron un sobreprecio del 3% en los contratos para enriquecerse, lo que las defensas niegan.

TESTIGOS DEL JUICIO

En otras sesiones del juicio, técnicos de la ACA declararon como testigos y se les preguntó, en concreto, por la contratación para redactar el Plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña.

Coincidieron en declarar que la contratación cumplió con la normativa, y defensas y acusación también interrogó a excargos de la ACA y responsables de empresas que se relacionaron con el organismo alrededor de 2007.

Para la Fiscalía, los acusados usaron el proceso de licitación «con la evidente intención de procurarse un ilícito beneficio económico», y cuestiona que el contrato contara con múltiples contratos complementarios, aunque técnicos del organismo explicaron que el contrato se basó en otro que ya habían hecho antes, de menor envergadura pero que planteaba necesidades similares.