En este abril de 2026, realizar un trámite en Sanidad, en la Seguridad Social o en cualquier organismo público requiere superar un sistema de citas previas que suele indicar con frecuenciaun letrero de "no hay disponibilidad". Las oficinas ya no reciben a nadie sin lo más parecido a un código de reserva. Lo que antes se solucionaba en una mañana de gestión presencial, hoy exige una espera de semanas frente a una página web.
No es un problema de falta de personal; es una estructura diseñada para que el usuario realice el trabajo administrativo que antes correspondía a la institución.
Así, el usuario encuentra las puertas de los centros públicos cerradas. Trámites fundamentales, como la solicitud de una pensión de jubilación o una baja de paternidad, quedan paralizados si el sistema informático no reconoce un documento. Al no haber una persona al otro lado para corregir el error en el momento, el proceso se detiene de forma indefinida.
Familias enteras quedan sin ingresos durante meses por un fallo técnico en un formulario. Hablamos así de que la Administración utiliza el software como un filtro que impide el ejercicio de derechos básicos financiados con impuestos.
SANIDAD, LA CONSULTA MÉDICA CONDICIONADA POR CUESTIONARIOS
En los centros de salud, para ver al médico de cabecera es obligatorio completar una lista de síntomas en una aplicación. Este sistema analiza las respuestas y decide si el paciente recibe una llamada, una visita o si debe esperar. Este método elimina el criterio del médico en el contacto inicial. El paciente que tiene una dolencia difícil de explicar en un menú desplegable recibe respuestas genéricas. Es ahí cuando muchos se quedan sin la atención necesaria porque su problema de salud no encaja en las opciones predefinidas por el programa de Sanidad.
Esta forma de gestionar la demanda satura las urgencias de los hospitales. Al no conseguir una cita rápida en su centro de salud, la gente acude directamente a las urgencias hospitalarias para recibir atención presencial. Los datos actuales muestran que gran parte de las consultas en hospitales son casos que deberían resolverse en atención primaria.
El intento de ahorrar tiempo con triajes automáticos ha trasladado la presión asistencial a los servicios más costosos, vaciando de contenido la relación entre médico y paciente.
LAS PERSONAS MAYORES VUELVEN A SER LAS MÁS PERJUDICADAS
El modelo actual del Ministerio de sanidad da, a cargo de Mónica García, da por hecho que todo el mundo tiene acceso a tecnología y capacidad para manejar aplicaciones complejas.Aunque las personas mayores son las principales perjudicadas. Necesitan acudir al médico y gestionar sus prestaciones con más frecuencia, pero encuentran un sistema que no comprenden. Dependen de familiares o conocidos para pedir una analítica o renovar recetas de medicamentos crónicos.
Es ahora que en muchas situaciones, la Administración ha abandonado la atención presencial, obligando al ciudadano a buscar ayuda externa para trámites que deberían ser sencillos y directos.
Las familias gastan ahora más dinero en gestorías privadas para hacer trámites que deberían ser gratuitos. Muchos trabajadores pagan a profesionales solo para asegurarse de que sus solicitudes de ayuda lleguen bien, por miedo a que un fallo en la web los deje fuera.
Esto supone un doble gasto: se pagan impuestos para sostener el servicio público y luego se paga a un tercero para poder usarlo. El resultado es que quien tiene dinero paga para evitar esperas, mientras que quien no lo tiene, se queda sin acceso al sistema.
LA FALTA DE ATENCIÓN PRESENCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DIFICULTA EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Cuando un formulario es denegado o el sistema de citas falla, la ausencia de una interlocución directa impide la resolución inmediata de incidencias.
Actualmente, las reclamaciones se canalizan a través de buzones electrónicos con respuestas automatizadas, lo que ha desplazado la figura del personal encargado de la atención directa al ciudadano.La recuperación de la eficiencia en los servicios públicos plantea la necesidad de reforzar la atención presencial y simplificar los procesos de acceso.
La tecnología, en este contexto, debe actuar como soporte operativo para el empleado público y no como un filtro que limite la entrada del usuario a la administración. Así centra, son muchos los que piden la apertura de oficinas y en un acceso sanitario sin protocolos previos de triaje digital. El funcionamiento del sistema público requiere una gestión que garantice el ejercicio de los derechos y la atención a la salud de manera accesible, eliminando las barreras de este tipo que actualmente separan a la administración de la realidad ciudadana.
