Los colectivos Amigos del Parque y Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la autorización ambiental para construir el hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones y piscina frente a la Bahía de Genoveses, en Cabo de Gata-Níjar (Almería), y han solicitado a la sala que adopte medidas cautelares para «evitar» que la promotora continúe con la tramitación del proyecto.
En concreto, piden al TSJA que suspenda el acuerdo hasta resolver sobre la legalidad o no de la autorización ambiental ya que, de lo contrario, la empresa podría presentar ante el Ayuntamiento de Níjar la solicitud para que se declare el proyecto de interés social y público, así como la oportuna licencia municipal.
«Si no se adopta la medida, supondría que la promotora podría realizar esta actuación, lo que haría perder el sentido del procedimiento en caso de sentencia estimatoria, ya que la restauración física del territorio sería compleja y sería necesario la revisión de los procedimientos administrativos», indica el escrito.
La Junta de Andalucía otorgó en octubre de 2023 la autorización ambiental unificada para rehabilitar el cortijo ‘Las Chiqueras’ tras casi ocho años de tramitación y la modificación del proyecto inicial presentado por el promotor para eliminar dos nuevas edificaciones para 13 habitaciones y uno de los aparcamientos previstos.
La autorización se dio condicionada, por un lado, a que la empresa ‘Torres y González Díaz’ SL obtenga la autorización para el uso de agua depurada en el riego de jardines y zonas verdes, y a que obtenga la declaración del proyecto como de interés público, tal y como establece la normativa ambiental que rige en espacio protegido.
Los ecologistas presentaron un recurso de alzada, pero, ante la desestimación negativa, han acordado emprender la vía judicial al considerar que el hotel, en una zona de «acceso restringido del parque natural y Reserva de la Biosfera, «pone en peligro» la conservación de la «biodiversidad» bajo el «eufemismo», según subrayan, de que hay que «compatibilizar el desarrollo económico con la protección de la naturaleza».
Argumentan para solicitar la medida cautelar que Cabo de Gata-Níjar es un «espacio frágil» ya sufre un «exceso de presión humana, especialmente en verano» que se vería «aumentado» en el enclave de playa de Los Genoveses y remarca que esto tendría un «claro efecto»: la «pérdida de valores naturales y la pérdida de biodiversidad, sobre todo en lo referente a las aves».
«Transformar unas edificaciones agropastoriles para levantar un hotel es evidente que no va a beneficiar a los ecosistemas existentes y surgirá algo distinto, que poco tendrá que ver con lo que hay en la actualidad, y que, en teoría, se tendría que proteger», trasladan para añadir que el mantenimiento de los aprovechamientos tradicionales es «fundamental» y no pueden ser «sustituidos por instalaciones hoteleras que suponen un impacto negativo y una transformación del entorno».
Subrayan en su escrito, de 8 de abril, que es una zona «masificada, hasta el punto de que ha sido necesario regular los accesos» a las playas a Poniente de San José, entre las que se encuentra Los Genoveses «limitando el aparcamiento de vehículos a 216», y aluden a que la promotora, que gestiona estos aparcamientos regulados, incluye en el proyecto un total de 70 plazas de aparcamiento, lo que supone «un incremento de la presión del 32%».
‘Amigos del Parque’ y GEM precisan, asimismo, que si bien la normativa ambiental de Cabo de Gata «no los prohíbe, tampoco declara compatibles los usos hoteleros» en estas zonas con un nivel de protección ‘C1’ y apuntan que la autorización ambiental «depende de la voluntad de la Junta».
«El PORN dice que el criterio general de ordenación para las zonas C1 es garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y minimizar los impactos generados por las actividades que se desarrollan en estas áreas, así como a la restauración de las zonas degradadas, pero la situación de las aves esteparias es dramática», traslada para explicar que «antes se veían, pero ahora apenas, por lo que no se deberían de permitir actuaciones que impidiesen su vuelta a estos espacios como el hotel, creando un nuevo ecosistema con especies más tolerantes a la presencia humana».
Por otro lado, el escrito al TSJA pone el énfasis en que, al ser, en la actualidad, una instalación agropecuaria donde se proyecta el hotel «no cuenta con agua corriente, ni con conexión con el alcantarillado» y precisa que las conducciones se harán «por un camino que no se sabe si es público o privado» y que sirve de acceso a la parcela, «por lo que tendrá claro impacto en las zonas ‘B’ que atraviesa, con un aumentó, además, del tráfico rodado».
«En la actualidad, al ser una zona con escasa presencia humana, es área de alimentación y descanso para muchas aves migratorias, función que desaparecería en caso de ubicarse una instalación hotelera con una presencia humana permanente mucho mayor de la que hay», afirma para resaltar la «afección» a «especies de invertebrados de gran valor de conservación» que obligan a «la necesidad de controlar y reducir la presión turística para paliar el nivel de amenaza».
‘Amigos del Parque’ y GEM indican que el proyecto impugnado «pretende enmascarar» un establecimiento turístico ya existente, un «museo» –concreta– que ahora se utiliza, «sobre todo, como salón de celebraciones «con aforo para 350 personas» y que «va a jugar un papel importante dentro de las instalaciones hoteleras».
«La Junta insiste en la función museística de estas instalaciones, pero la empresa lo publicita como salón comedor para celebrar eventos y no hemos encontrado actividades de información ambiental en un ‘museo’ subvencionado con dinero público y declarado de utilidad pública e interés social, pero que no aparece en los equipamientos del parque ni en los informes anuales de la dirección del espacio protegido», destacan.
«INTERÉS PÚBLICO FRENTE INTERÉS PRIVADO»
Por último, solicitan al alto tribunal andaluz que tenga en cuenta para dictar o no la medida cautelar que estamos «ante una ponderación de un interés de índole privado frente a la tutela del interés público y social mediante una ordenación del territorio sostenible» y hacen referencia a una petición pública realizada en redes sociales «con más de 262.000 firmas» en contra de la construcción de un hotel frente a la Bahía de Genoveses.
En la autorización ambiental impugnada, la Junta afirma que el hotel es «compatible» con la normativa ambiental en la zona tras los cambios introducidos por el promotor en 2019, y sostiene con respecto a los posibles problemas de movilidad y acceso a las playas que el «uso actual» de la finca «ya está ligado» a la restauración.
Rechaza, asimismo, que el uso turístico del cortijo ‘Las Chiqueras’ altere el paisaje natural y cultural ya que «no incluye el cambio de uso» del suelo agrícola de la finca El Romeral y remarca que se «ha comprobado que las edificaciones propuestas guardan armonía con la arquitectura tradicional, garantizando su integración».
Añade que se incluye «como parte del condicionado ambiental, la adopción de medidas por parte del promotor que garanticen la preservación de la singularidad del paisaje natural, agroambiental y cultural existente en el conjunto de la finca» y la obligación de «integrar» la actividad ecoturística «con los valores naturales y paisajísticos».
Por último, indica que el PORN «no conlleva la única conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos» y asegura que «también se debe promover el desarrollo sostenible mediante las actuaciones centradas en la rehabilitación de edificaciones existentes, contemplando la rehabilitación de antiguas casas-cortijos como preferentes para iniciativas turísticas».
