Los ataques coordinados contra mujeres en redes han dejado de ser casos aislados. Cómicas, políticas y creadoras denuncian una ofensiva organizada que busca silenciarlas.
El caso de la guionista y cómica Marina Lobo retrata bien ese mecanismo. Esta leonesa de 34 años, con 73.000 seguidores en Instagram, recibió una amenaza sexual explícita tras una parodia sobre la hija del dueño de Mercadona. 'Hice una parodia y me amenazaron de muerte', relata.
Lobo publica vídeos sobre política y feminismo. Ese cóctel —mujer, humor y opinión de izquierdas— la ha convertido en diana de mensajes de odio que no aparecen por casualidad, sino en oleadas que se repiten durante días.
¿Qué ha pasado y cómo funcionan estos ataques?
Los testimonios recogidos por El País apuntan a un patrón común. El patrón se repite: los ataques se activan tras publicar contenido político o feminista y se concentran en cuentas con alcance. Después llega lo previsible: insultos, comentarios vejatorios y amenazas directas.
¿Por qué no lo denuncia? Su respuesta es tan clara como incómoda: 'Tendría que dejar mi trabajo para atender tantas denuncias judiciales que te cuestan salud mental, dinero y tiempo.
El coste de denunciar no es solo económico: atender cada amenaza exige tiempo, salud mental y, en muchos casos, renunciar a horas de trabajo.
Ese cálculo forma parte del mecanismo. Convertir cada mensaje en un procedimiento judicial obligaría a muchas creadoras a vivir pendientes de un juzgado en lugar de su oficio.
No es un caso aislado. Políticas, cómicas y creadoras denuncian la misma presión y coinciden en el diagnóstico: los mensajes no buscan debatir, buscan que la víctima se calle.
¿A quién afecta y por qué pesa tanto el desgaste?
La violencia digital engloba amenazas, acoso, difusión de imágenes sin consentimiento y campañas de desprestigio dirigidas a mujeres por serlo o por lo que opinan. No siempre hay un agresor conocido ni un único perfil detrás.
El perfil más castigado, según el relato de las afectadas, es el de mujeres jóvenes con discurso de izquierdas y actividad constante en plataformas. No hace falta ser famosa. Basta con tener una cuenta con alcance y opinar sobre determinados temas.
Hay más que insultos puntuales. El desgaste diario empuja a muchas creadoras a reducir su actividad, a evitar ciertos asuntos o a cerrar comentarios. La amenaza no necesita cumplirse para funcionar.
El efecto se extiende como una advertencia. Cuando una creadora deja de publicar sobre cierto tema, el resto lee el mensaje: hablar de eso tiene un precio. Un ataque dirigido a una persona acaba condicionando a muchas.
El precedente: del insulto suelto a la campaña coordinada
Hace unos años, el acoso en redes se leía como una suma de incidentes sin relación. Las denuncias actuales lo describen de otra forma: el acoso ha pasado de incidentes sueltos a campañas con método, con cuentas que se coordinan y mensajes que se replican a la misma hora.
El marco institucional también se ha movido. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contempla la violencia digital entre las formas de violencia contra las mujeres, y el 016 atiende también consultas por violencia digital. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura. Para emergencias, el 112.
El debate sobre cómo perseguir estas campañas sigue abierto. La moderación automática detecta insultos evidentes, pero las cuentas coordinadas se camuflan entre miles de mensajes y exigen revisión manual. Cómo se identifica una campaña y quién responde de ella es la pregunta pendiente.
Qué viene ahora. Los testimonios dejan una evidencia incómoda: mientras denunciar sea tan caro en tiempo y salud, buena parte de los ataques quedará sin respuesta judicial. Protección, moderación y persecución son los tres frentes abiertos.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Creadoras y políticas denuncian campañas coordinadas en redes para vejarlas y callarlas.
- 👥 Quiénes son los afectados: Mujeres jóvenes con discurso de izquierdas y presencia activa en plataformas.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Autocensura, abandono de temas y un coste personal que frena las denuncias.
