Este ingreso de Villacís en un centro sanitario fue dado a conocer por la formación naranja, que previamente había anunciado que Villacís no acudiría por motivos de salud al debate de Telemadrid con los otros candidatos a la Alcaldía de la capital el 26-M.

Desde Ciudadanos indicaron que el cólico que ha sufrido su candidata es consecuencia de la cesárea, pero que se espera que este jueves pueda recibir el alta tras pasar esta noche en el hospital.

Villacís dio a luz a su tercera hija el pasado viernes en la Fundación Jiménez Díaz, recibiendo el alta el lunes. Se prevé que este debate sea decisivo para captar los últimos votos de los indecisos, a apenas cuatro días de las elecciones municipales.

En un acto de la campaña de Ferrol en Común para las elecciones municipales, Iglesias introdujo por primera vez esa “etiqueta de progresistas” a su crítica habitual a los tecnócratas que conciben la política como una forma de conciliar intereses en lugar de representar los intereses de los vulnerables o de las mayorías sociales frente a los de los poderosos.

El líder de Podemos no mencionó a Errejón, pero este matiz pudo tener que ver con la rectificación que hizo el candidato de Más Madrid a su rival de Unidas Podemos IU-Madrid en Pie, Isabel Serra, después de que ésta criticara a Ortega por hacer donaciones mientras supuestamente elude impuestos, y fuera respaldada por la dirección estatal del partido comenzando por el propio Iglesias el domingo en Palma de Mallorca.

Por lo demás, Iglesias abogó por “plantear una nueva gramática” que anteponga los derechos sociales a las fronteras para contrarrestar el discurso de la extrema derecha que enfrenta a las clases populares europeas con los inmigrantes, y, a partir de ahí, reiteró sus mensajes habituales de campaña.

Reiteró, así, su intención de “negociar un Gobierno con el PSOE” pero “no pedir la luna”, sino “servicios públicos”. En esa línea replanteó, como en los últimos días, el concepto de libertad que propugna la derecha. “No podemos permitir que se apropien de la palabra ‘libertad’ los que destruyen las condiciones que permiten la libertad de la gente”, proclamó, preguntando una vez más qué libertad tienen los humildes si no pueden llegar a fin de mes o si no tienen servicios educativos o sanitarios de calidad. “La democracia consiste en poner límites a una minoría de privilegiados y convertir esos privilegios en derechos para todo el mundo”, sintetizó, reformulando uno de sus enfoques típicos de esta campaña.

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— PODEMOS (@ahorapodemos) 22 de mayo de 2019

Iglesias reconoció también que “gobernar está lleno de riesgos”, como le advierten los sectores de su propia base social que rechazan la coalición con el PSOE, pero justificó su apuesta señalando que “desde el Parlamento se pueden cambiar algunas cosas, pero donde se cambian las cosas de verdad es en el Gobierno”.

Como único matiz, añadió: “Teníamos algunas dudas, pero nos las han resuelto Ana Patricia Botín y la CEOE (advirtiendo contra un Gobierno en el que entrara Unidas Podemos) . Así que gracias; nos han convencido de que es fundamental que estemos en el Gobierno”.

Pidiendo ya el voto en las elecciones del próximo domingo, el líder de Podemos relacionó su resultado con las posibilidades de entrar en el Ejecutivo, algo que ya hizo antes el secretario general de Podemos Galicia y diputado nacional, Antón Gómez Reino. “Para hacernos más fuertes es muy importante que el peso que podamos tener en el poder municipal sea fuerte”, advirtió Iglesias, situando esos votos como un contrapeso a las “muchas presiones” que auguró que habrá para que el PSOE no pacte con Podemos.

Las fuentes de la dirección nacional del PP consultadas consideran que no ha sido “casual” nada de lo que se vivió ayer en la sesión constitutiva de la Cámara Baja, que estuvo marcada por la presencia de presos preventivos y también por la variedad de fórmulas que usaron los políticos a la hora de jurar o prometer la Constitución para adquirir su condición de diputados.

Según las citadas fuentes, “no se puede equiparar” lo ocurrido en esta ocasión con las frases que usaron los de Podemos cuando irrumpieron en el Parlamento. Piensan que las fórmulas utilizadas ahora por los independentistas aludiendo a la existencia de “presos políticos” sobrepasan el "folclore" y "rozan el esperpento", además de ir contra la propia democracia y “ocultar un negativo que empieza a tomar color”.

El “color” que está cogiendo esta fotografía que se tomó ayer, dicen desde Génova, revela que “todo” forma parte de “una línea argumental” que ahonda en “la alianza” de la izquierda con el nacionalismo para tejer “un cordón sanitario” a la derecha. En esta línea, el presidente del PP, Pablo Casado, consideró esta mañana que “ya” se han pactado “escaños por indultos”.

“JABALÍ PARLAMENTARIO”

Las fuentes populares mencionadas reconocen que no ven mal que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidiese ayer la palabra durante ese proceso de acatamiento de la Constitución para solicitar a la Presidencia del Congreso que no permitiera esas fórmulas utilizadas por los independentistas, aunque recalcan que en su caso hicieron “lo correcto”.

Remarcan desde el PP que “no es que Casado haya tomado ahora una posición más contenida”, sino que su parlamentarismo es “muy clásico” y prefiere “ir por el libro” a tomar la palabra en una sesión constitutiva cuando ni siquiera era diputado. En Génova añaden que el estilo del líder del PP “no es de jabalí parlamentario” aunque “se lleve mucho ahora”.

Explican que por ello el PP registró ayer mismo una batería de propuesta entre las que se incluye la petición de suspensión inmediata de los presos preventivos y otra para asegurar la fórmula de acatamiento de la Carta Magna sin variaciones. En todo caso, aclaran que no piensan que Rivera lo hiciera mal ayer, aunque los populares no quisieran contribuir más “al rifirrafe que alentó la imagen ya se dio” a lo largo de toda la sesión.

Concluyen así desde el PP que tanto Casado como Rivera hicieron “lo correcto”, aunque con estilos diferentes, frente a la actitud de los independentistas y de la Presidencia del Congreso y se defienden de esta manera de las interpretaciones de quienes interpretan que el líder de la formación naranja ha tomado la delantera en la que plantea como una carrera por la disputa del liderazgo de la oposición.

En un escrito dirigido a Batet, los diputados de Junts le piden que tome, "a fin de salvaguardar los derechos y prerrogativas" de todos los parlamentarios, las medidas necesarias para que se advierta formalmente a todos los miembros de la Cámara de la obligación de guardar lo establecido en el artículo 4.1 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Ese precepto, explican, ordena a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades no se refieran a esa persona como culpable.

Con ello, explican a Batet, pretenden que no se repitan por parte de diputados del Congreso declaraciones que vulneran el derecho fundamental a la presunción de inocencia y las obligaciones derivadas de esa Directiva.

Como ejemplos de esas declaraciones, reproducen una frase textual del presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en Onda Cero refiriéndose a los diputados en prisión "por dar un golpe de Estado"; un tuit del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hablando de procesados "por dar un golpe a nuestra democracia"; una rueda de prensa de la diputada de Vox Macarena Olona llamándolos "criminales" y "delincuentes"; y un tuit de ese mismo partido lamentando tener que ver a "golpistas" en el Congreso.

Así se manifestaron este miércoles John Paul Lederach, doctor en Sociología y profesor emérito de Construcción de la Paz Internacional en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos), y Jesús Castañar, sociólogo experto en no violencia y resistencia civil. Ambos realizaron en enero de 2019 un análisis estratégico del ‘procés’, a petición de la defensa de Cuixart, que han ratificado ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas del 1-O.

Calificaron las movilizaciones independentistas de otoño de 2017 como un ejercicio de “resistencia civil, no violenta” que “no estaba planificado”. En cuanto a la concentración frente a la sede de Economía el 20-S, apuntaron que la actitud de “no violencia” se demostraba por las “formas, discursos y acciones”. Sobre este asunto, añadieron, “no tendría sentido una acción violenta”, ya que podía haber supuesto la “deslegitimación del movimiento”. “Cualquier forma de violencia sería contraria a los objetivos estratégicos de Òmnium”.

En cuanto a los daños en los vehículos de la Guardia Civil, lo calificaron como una “falta de disciplina de la no violencia” que es “difícilmente achacable a una persona, puesto que se empezaron pegando pegatinas y acabaron pinchando ruedas y rompiendo cristales”.

Además, ambos coincidieron en que los métodos utilizados por las personas concentradas durante el 1-O son una muestra de “no colaboración e interposición no violenta”, ya que emplearon técnicas como “la sentada colectiva, la muralla humana o los cánticos”. En este sentido, describieron a los concentrados como una “multitud sin experiencia y no muy organizada”, puesto que, agregó Castañar, “la experiencia no se adquiere en un tallercito de un día, sino en la práctica, para no responder de forma instintiva con insultos o patadas”.

LAS AGRESIONES: CASOS AISLADOS

Así todo, continuaron, “no detectamos en ninguno de los vídeos de las escuelas que ninguno de los grupos de personas recibieran al cuerpo policial con violencia o agresiones físicas”, aunque es cierto que “había ciertas incidencias de reacción una vez que empezó la actuación de la policía. Son casos aislados estas reacciones, quizá faltaba el nivel de preparación no violenta”.

Precisamente sobre esto les preguntó el fiscal Moreno, quien les recordó que hubo un gran número de agentes lesionados. Los sociólogos explicaron que en su informe manejaron siempre la cifra más alta, 93 agentes lesionados, como también el informe de los Mossos d’Esquadra que alertaba de una posible escalada de violencia.

“No hay escalada de violencia, se producen unas agresiones puntuales producidas por los momentos de tensión”. En este mismo sentido se pronunciaron respecto a las detenciones. “Cinco detenciones especificas por agresión, contando con que la participación fue masiva, más de dos millones, indica que no hubo una escalada, sino una falta de disciplina”. Algo que puso en duda la abogada del Estado aludiendo a que la orden del coronel Diego Pérez de los Cobos era no priorizar las detenciones para agilizar la actuación. Asimismo, apuntaron que las lesiones de los agentes no solo se pudieron producir por agresiones de los ciudadanos, sino también “por el propio ímpetu de la policía y el desgaste de los agentes”.

En esta línea, recordaron que no se produce “en ningún momento” una acción de toma de centros de poder, ya que los centros “fueron principalmente locales, no centros de poder como canales de comunicación, típicos en una toma distinta a esta”. Además, insistieron, la acción “fue muy dispersa geográficamente con una participación local importante y una capacidad de mantener comunicaciones horizontales”.

Así, a preguntas de la abogacía del Estado, detallaron que cuando realizaron el informe pericial no encontraron un “impulso estratégico” de una persona o entidad en concreto. En este sentido, apuntaron que en la concentración del 20-S no encontraron un acto de liderazgo, “sino de responsabilidad” por parte de las entidades sociales. Además, sobre el papel del Govern, como convocante del referéndum del 1-O, Castañar señaló que esto “le da legitimidad al acto de desobediencia civil”.

Este ingreso de Villacís en un centro sanitario fue dado a conocer por la formación naranja, que previamente había anunciado que Villacís no acudiría esta noche por motivos de salud al debate de Telemadrid con los otros candidatos a la Alcaldía de la capital el 26-M.

Desde Ciudadanos indicaron que el cólico que ha sufrido su candidata es consecuencia de la cesárea, pero que se espera que este jueves pueda recibir el alta tras pasar esta noche en el hospital.

Previamente, la formación naranja explicó que "cuestiones de salud” impedían que Villacís acudiera a debatir con la alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid, Manuela Carmena; José Luis Martínez-Almeida, del PP; José Vicente ‘Pepu’ Hernández, del PSOE; Javier Ortega Smith, de Vox; y Carlos Sánchez Mato, de Madrid en Pie.

En lugar de Villacís irá la número tres de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, quien ha participado estos días en actos sustituyendo a la número uno, al igual que Sofía Miranda u otros concejales.

Villacís dio a luz a su tercera hija el pasado viernes en la Fundación Jiménez Díaz, recibiendo el alta el lunes. Se prevé que este debate sea decisivo para captar los últimos votos de los indecisos, a apenas cuatro días de las elecciones municipales.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, formando parte del Tribunal Miguel Colmenero, Pablo Llarena, Susana Polo y Eduardo Porres, desestima el recurso interpuesto ante la sentencia que condenó al recurrente por haber golpeado a su pareja porque ésta no quería mantener en un día determinado relaciones sexuales.

El recurrente acabó forzado a su pareja al tiempo que le reprochaba que “es tu obligación”, “que es domingo y toca”, que “no servía para nada” y que “lo suyo no era trabajar y tenía abandonada la casa y la niña”, penetrándola vaginalmente e intentándolo analmente. Ante la contundencia de los golpes para vencer su resistencia el condenado consiguió la penetración vaginal y, al concluir la agresión sexual, la víctima se fue a comisaría a denunciar los hechos, y de ahí a un centro sanitario donde se le atendió médicamente.

El Tribunal Supremo señala en su sentencia que “con los hechos declarados probados en donde se pretendía por el recurrente ejercitar un derecho de contenido sexual con su pareja, y una corolaria obligación de ésta de acceder a las pretensiones sexuales de él en cualquier momento en que lo exigiera se pretende por el agresor un reconocimiento de que el matrimonio lleva consigo el derecho de los cónyuges a tener acceso carnal con su pareja cuando uno de ellos quiera, pese a la negativa del otro; planteamiento que debe ser rechazado, por lo que la conducta ejercida con violencia del acceso sexual mediante golpes, o venciendo la voluntad de la víctima con intimidación, determina la comisión de un delito de agresión sexual.

No puede admitirse bajo ningún concepto, dice el Supremo, que el acceso carnal que perseguía el recurrente, porque entendía que ese día debía ceder su pareja a sus deseos sexuales, es una especie de débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho del hombre, por lo que, si se ejercen actos de violencia para vencer esa voluntad con la clara negativa de la mujer al acceso carnal, como aquí ocurrió, y consta en el hecho probado, ese acto integra el tipo penal de los artículos 178 y 179 del Código Penal, y además con la agravante de parentesco reconocida en la sentencia por la relación de pareja y convivencial.

La libertad sexual de la mujer casada, o en pareja, emerge con la misma libertad que cualquier otra mujer, no pudiendo admitirse en modo alguno una construcción de la relación sexual en pareja bajo la subyugación de las expresiones que constan en el relato de hechos probados, que describen el sometimiento que consiguió el recurrente a su pareja bajo la coerción de la fuerza.

Añade el Tribunal que “el matrimonio no supone sumisión de un cónyuge al otro, ni mucho menos enajenación de voluntades ni correlativa adquisición de un derecho ejecutivo cuando se plantee un eventual incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, si así puede entenderse la afectividad entre los casados o ligados por relación de análoga significación.

Este tipo de conductas constituye, sin duda alguna, un grave atentado al bien jurídico protegido por el tipo, que es la libertad sexual, libertad que no se anula por la relación conyugal, por lo que no existe justificación alguna para violentar por la fuerza o mediante intimidación la voluntad contraria del otro cónyuge. Y, en el caso actual, la víctima hizo constar su falta de consentimiento de una forma expresa, manifiesta y activa, que solo mediante la violencia pudo ser superada.

Debe concluirse, pues, el derecho a la autodeterminación sexual en cada uno de los miembros de la pareja, por lo que el empleo de violencia o intimidación por uno de ellos integra el delito de agresión sexual de los arts. 178 y 179 CP.

Concurre en este caso una conducta de dominación sexual del autor del delito que compele a su víctima en la medida en la que le traslada a ésta que tiene la obligación de aceptar esa orden de contenido sexual que le dirige bajo la concurrencia de actos violentos para vencer y superar su oposición, sea cual sea ésta. Y para hacerle ver, desde el punto de vista psicológico de la ineficacia de la oposición que pretenda llevar a cabo, como así ocurrió.

La competencia multilingüe, señaló la Unión Europea, constituye el núcleo de la idea del Área Europea de Educación que se pretende diseñar y que la ministra Isabel Celaá apoya. Por eso, los ministros han aprobado una propuesta encaminada a garantizarlo y a ofrecer orientaciones para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas educativos.

Por otro lado, el consejo ha presentado las conclusiones sobre la aplicación de una recomendación previa relativa a la formación de personas adultas, debate en el que España ha sido “especialmente activa y cuyas aportaciones aparecen reflejadas en el citado documento”, informó el Ministerio de Educación y FP.

En su intervención, la ministra Celaá señaló que “una Europa con mayor cohesión social requiere priorizar la inversión en primera infancia, educación y formación a lo largo de la vida”, de manera que “el Gobierno español sitúa la lucha contra la desigualdad como su gran prioridad política”.

La ministra en funciones también habló de los populismos de cara a las elecciones europeas. “La tentación populista que amenaza a Europa es consecuencia política de las desigualdades y de la sensación de agravio que provocan”, dijo.

Asimismo, España defendió el aumento de la inversión en educación y promover el aprendizaje multilingüe, la educación y cuidados de la primera infancia.

Según defendieron, existió “compromiso de gasto” por parte de la Generalitat de Cataluña para pagar diversos contratos relacionados con el referéndum del 1-O. La fiscal Consuelo Madrigal condujo la declaración de las funcionarias de Hacienda y de la Intervención General del Estado para tratar de demostrar que hubo desvío de gasto público al referéndum.

Con sus declaraciones, que comenzaron esta mañana, se desmontaría la tesis de las defensas que insisten en que no hubo delito de malversación a la vista de que los gastos atribuidos al referéndum unilateral 1-O no fueron finalmente abonados a los prestatarios del servicio o porque se suspendieron los pagos, se devolvieron las facturas o las empresas renunciaron al cobro.

La cifra dada por las peritos, cercana al millón de euros en facturas relacionadas con gastos para la organización del referéndum, entra de lleno en lo que el Código Penal califica como delito a agravado de la malversación, cuyo umbral se sitúa por encima de los 250.000 euros.

Concluido el interrogatorio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a las expertas de Hacienda, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, les preguntó por la vinculación de la campaña dirigida a los catalanes en el extranjero con el 1-O. Para la experta Teresa Hernández, "al anuncio estaba vinculado con el referéndum y el registro de catalanes en el exterior” y terminaba preguntando “sí o no”, lo que entiende que estaba relacionado con el referéndum.

La perito entiende que "el producto (el anuncio para el registro de catalanes en el exterior) estaba vinculado con el referéndum por el contenido", puesto que además de informar sobre diversos servicios a los que podrían acceder los catalanes con residencia en el extranjero, el final del spot con un mapa de Cataluña que se desgaja y la expresión "sí o no", evoca el referéndum.

Carmen Tejera, una de las peritos, es abogada del Estado en el Ministerio de Hacienda, responsable del equipo técnico que se constituyó en enero de 2018 tras el requerimiento del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona para que remitiesen toda la información sobre el coste total del referéndum del 1-O.

Junto a ella declararon otras tres peritos: Sara Izquierdo, abogada del Estado jefe en la secretaria de Estado de Hacienda; Teresa Cecilia Hernández, del cuerpo de administradores civiles del Estado, y Mercedes Vega, interventora del Estado en la intervención general del Estado .

Sobre la contabilidad presupuestaria de la Generalitat, las cuatro explicaron, a preguntas de la Fiscalía, que existió “compromiso de gasto” por parte del Govern, a pesar de que no se siguieran todas las fases del procedimiento de contratación administrativo. “La realidad está ahí aunque no exista procedimiento. Siempre que haya un encargo, ejecutado por el contratista de buena fe, se hace un cargo”. De esta manera, preguntadas por el momento en que se produce el perjuicio para el patrimonio público, ratificaron que “desde el momento en que se presta el servicio por parte del empresario”.

En este sentido, apuntaron que la existencia de facturas negativas “no implica que no se haya prestado el servicio”, sino que el empresario, tras haber pagado el IVA y no haber cobrado el servicio, tiene la posibilidad de emitir este tipo de factura. Asimismo, añadieron que pese a que exista una renuncia efectiva al pago de los servicios esto tiene una repercusión en el presupuesto público porque “el gasto se entiende realizado, el patrimonio ya se ha disminuido”. Aunque, con posterioridad se renuncie. “En un supuesto de renuncia se producirá un ingreso, pero en ningún caso eliminará el gasto que ya se produjo”.

Así lo confirmaron esta tarde desde Ciudadanos, quienes alegaron que “por cuestiones de salud”, la candidata no podrá estar en el debate en el que participarán los candidatos a la Alcaldía de Más Madrid, Manuela Carmena; PP, José Luis Martínez-Almeida; PSOE, José Vicente ‘Pepu’ Hernández; Vox, Javier Ortega Smiith; y Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato.

En lugar de Villacís irá la número 3 de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, quien ha participado estos días en actos sustituyendo a la número 1, al igual que Sofía Miranda u otros concejales.

Villacís dio a luz a su tercera hija el pasado viernes en la Fundación Jiménez Díaz, recibiendo el alta el lunes. Se prevé que este debate sea decisivo para captar los últimos votos de los indecisos, a apenas cuatro días de las elecciones municipales.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde Pumpido, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019.

La parte dispositiva de la sentencia indica que “en atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.

Siri Hustvedt (Northfield, Minnesota, EEUU, 19 de febrero de 1955), novelista, ensayista y poeta, de orígenes noruegos, se licenció en Historia en el St. Olaf College, doctorándose en 1986 en Literatura Inglesa por la Universidad de Columbia con una tesis sobre Charles Dickens.

Experta en neurociencia y psicoanálisis, su primera publicación fue un poema en 'The Paris Review'. En 1982 publicó una colección de poesía, 'Reading to You'. Conoció a Paul Auster –Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006– en una lectura de poemas en 1981 y se casaron al año siguiente.

Doctora honoris causa por la Universidad Stendhal de Grenoble (2015), en 2004 recibió el Premio de los Libreros de Quebec por 'Todo cuanto amé' y en 2012 el Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades gracias a su labor investigadora y sus ideas sobre filosofía, neurociencia y psicología.

Es el mensaje que transmitieron este miércoles los directores técnicos de las cuatro compañías al ser preguntados por este asunto en un coloquio sobre redes de ‘Tecnodesayunos’, que organiza ‘Expansión’ y Arca.

“Si en general somos prudentes, en este tema hay que serlo más”, afirmó Joaquín Mata, director de Operaciones y Red de Telefónica España. “El modelo de acción-reacción es un error básico. Vamos a esperar acontecimientos; en Telefónica estamos analizando los impactos y viendo alternativas, pero vamos a mantenernos ajenos a declaraciones que llegan de unos y otros y que van cambiando día a día. Prudencia”.

Ismael Asenjo, director de Tecnología de Vodafone España, aseguró que este incidente “no va a influir en nuestro calendario” de despliegue del 5G, cuyo lanzamiento comercial tienen previsto para este verano. “La situación está cambiando día a día, y estamos viendo internamente si hay algo que hacer, pero a día de hoy mantenemos nuestras fechas”, indicó.

Desde Orange España, su directora de Red, Mónica Sala, comentó que cuando su empresa hace un proceso de licitación de red, “mira la seguridad y la economía” y lo “hace sin excluir a nadie”. Así seguiremos, añadió, “no vamos a excluir a nadie preventivamente”.

Por parte de MásMóvil, su director técnico, Miguel Santos, manifestó que tienen “tranquilidad total” porque están “seguros” de que este tema “va a tener un impacto cero en nuestro servicio y en nuestros clientes”. No obstante, dijo que lo observan con “prudencia” y “tenemos planes alternativos”.