La mitad de la población española estaría de acuerdo en volver a proclamar el Estado de Alarma si la 'segunda ola' de COVID-19 se generaliza y descontrola, mientras que un 43 por ciento aprobaría confinar de nuevo a toda la población, según los resultados de la segunda ronda del estudio 'COSMO-SPAIN', que coordina el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) desde el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y que está impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La medida con más aceptación en caso de segundo brote generalizado sería 'unificar la normativa y las restricciones a nivel nacional', con un 63 por ciento de la población totalmente de acuerdo, seguida de 'confinar las zonas más afectadas' (62 por ciento).

Según los resultados, las medidas adoptadas durante la pandemia que mayor acuerdo generan son el uso obligatorio de mascarilla (80 por ciento de acuerdo) y las restricciones de aforo y horario en bares, restaurantes y locales de ocio: únicamente un 10 por ciento de la población dice estar en desacuerdo con las restricciones de aforo en bares y restaurantes, mientras que un 14 por ciento no está de acuerdo con esta medida.

El 42 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la apertura de los centros educativos. Mantener la libertad de movimientos entre provincias se consideraba una buena medida para el 40 por ciento, pero el movimiento libre entre países genera más desacuerdo.

Sobre la vacunación, en la ronda 1, realizada a finales de julio, el 70 por ciento de los encuestados decía estar de acuerdo en vacunarse de forma inmediata si ya hubiera una vacuna disponible y estuviera indicada por las autoridades. En esta segunda ronda, el porcentaje desciende y se sitúa en un 43 por ciento. Entre las razones que las personas encuestadas arguyen son 'riesgos para la salud' (59 por ciento) y 'creo que no será eficaz' (16 por ciento).

Con respecto al uso de una aplicación gratuita de rastreo para el teléfono móvil que le advirtiera si puede haber sido infectado con el COVID-19, el porcentaje de la población que dice que se la descargaría se mantiene en más del 55 por ciento.

EL 60% TIENE MUCHA PREOCUPACIÓN POR EL COVID-19

La preocupación de la población respecto a la pandemia sigue siendo elevada: el 60 por ciento de las personas participantes indican 'mucha o muchísima' preocupación por la COVID-19. En todo caso, el nivel de preocupación ha disminuido respecto a la encuesta anterior, e incluso ha aumentado levemente el porcentaje de encuestados que dicen que el virus y la enfermedad les preocupa 'poco o nada'.

Las principales preocupaciones se mantienen similares a la ronda anterior (posible saturación de servicios sanitarios, gente que no utiliza mascarilla, hipotéticos nuevos confinamientos), pero aumentan la preocupación por la situación económica y laboral: por ejemplo, a uno de cada dos encuestados le preocupa mucho poder perder su trabajo.

Además, situaciones que preocupaban menos a la población en la primera ronda del estudio (realizada entre el 27 de julio y el 3 de agosto), como la salud física y mental, salir a la calle o el cierre de centros educativos, han aumentado en esta segunda ronda.

En general, la percepción de la población sobre la evolución de la pandemia ha empeorado: un 47 por ciento de los encuestados cree que lo peor de la pandemia está por venir y un 31 por ciento que ahora (por finales de septiembre) se está viviendo lo peor. Sin embargo, la percepción sobre la gravedad que tendría la enfermedad en caso de contagiarse ha descendido: un 39 por ciento considera que sería 'grave o muy grave', frente a un 43 por ciento de la encuesta anterior, y solo un 27 por ciento de la población cree que sus probabilidades de contagio son elevadas o muy elevadas.

Por otro lado, ha aumentado un 5 por ciento la población que percibe como 'difícil o muy difícil' evitar el contagio y la infección. En torno a un 75 por ciento de los participantes considera que existe una alta probabilidad de contagio en sitios concurridos en espacios cerrados; la percepción del riesgo se reduce cuando el sitio, a pesar de ser concurrido, es un espacio abierto (52 por ciento). Utilizar el transporte público, reunirse con familiares o amigos en casa o acudir a un centro sanitario siguen siendo situaciones en las que la precepción del riesgo de contagiarse es alta. Además, el 48 por ciento de la población cree que es probable contagiarse en los centros educativos y el 45 por ciento al trabajar presencialmente.

CONOCIMIENTOS SOBRE EL CORONAVIRUS

Por lo general, el conocimiento sobre las formas de contagio es adecuado y se mantiene alto. Sobre el uso de la mascarilla, el conocimiento ha ido mejorando a lo largo del tiempo, pero sigue habiendo un 9 por ciento que cree que hay que quitarse la mascarilla para toser o estornudar. Por otro lado, el 95 por ciento de la población sabe que si tiene síntomas debe quedarse en casa.

A las preguntas sobre qué harían en caso de ser contacto estrecho de un positivo, el 74 por ciento llamaría inmediatamente al centro de salud o al teléfono de información para seguir sus indicaciones, y el 54 por ciento se aislaría inmediatamente. Sin embargo, un 17 por ciento se aislaría en casa pero no de su familia, y un 12 por ciento dice que haría vida normal. Un 3 por ciento de la población admite que no sabe lo que debería hacer.

Un 78 por ciento de los encuestados refiere que le es fácil o muy fácil encontrar información que necesita, y más del 80 por ciento afirma que le es fácil o muy fácil entender y seguir las recomendaciones. La dificultad percibida aumenta al valorar cuándo hay que ir al médico por un problema sin relación con el coronavirus, y al evaluar si la información que dan los medios de comunicación es fiable.

La adherencia a las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias sigue siendo alta. Durante la semana previa a la encuesta, las medidas de prevención que la población dice haber realizado 'siempre' siguen siendo por este orden: usar mascarillas (90 por ciento), lavarse las manos y/o usar gel hidroalcohólico (85 por ciento), ventilar los espacios cerrados (84 por ciento) y guardar distancia física (80 por ciento). El 72 por ciento considera que evitar el transporte público es una medida preventiva, y el 68 por ciento dice haber evitado las reuniones sociales y familiares.

Algo más del 40 por ciento de la población busca información sobre el virus y la enfermedad entre 4 y 5 veces al día. Las fuentes de información consultadas han variado poco: telediarios, internet y prensa siguen siendo las fuentes de información más consultadas, mientras que la información procedente de los profesionales sanitarios, la OMS y el Ministerio de Sanidad continúan siendo las que más confianza generan.

Una vez más, las redes sociales se consultan bastante, aunque se confía poco en ellas; lo mismo ocurre con los programas de debate de radio y televisión. En este sentido, preguntadas sobre la confianza que les generan distintas instituciones, las personas encuestadas confían más en los científicos (69 por ciento), hospitales (58 por ciento) y centros de salud (54 por ciento).

La investigación, que comenzó antes de verano, presentó en julio sus resultados preliminares, y en agosto los resultados de la primera ronda. En esta segunda ronda han participado 1.057 personas residentes en España, mayores de 18 años, con un 49,6 por ciento de hombres y 50,4 por ciento de mujeres. La encuesta se realizó entre el 22 y 25 de septiembre. El trabajo se está llevando a cabo en otros 31 países. 'COSMO-SPAIN' está coordinado por el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, la OMS, la Universidad de Murcia y la Universidad de Cádiz.

La Junta de Andalucía ha decidido este jueves establecer el uso obligatorio de mascarilla para la práctica deportiva en zonas con gran afluencia de personas y en los establecimientos de hostelería mientras no se esté consumiendo.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que ha acordado nuevas medidas para frenar el avance de los contagios de coronavirus Covid-19 en la comunidad tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto y del Comité Director de Alertas presididas por el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

Aguirre ha explicado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la modificación de la Orden del 14 de julio sobre el uso obligatorio de mascarillas como medida de salud pública para introducir dos nuevos supuestos: las personas que practiquen deporte al aire en zonas con "gran afluencia de gente" y los clientes de establecimientos de hostelería excepto en el momento en que estén consumiendo.

En el caso del ejercicio del deporte individual o en grupo al aire libre, el uso de mascarilla será obligatorio si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Por su parte, en el caso de competiciones oficiales, bajo tutela de federaciones deportivas española y que se desarrollen en la comunidad autónoma andaluza se aplicará el protocolo de actuación elaborado por el Consejo Superior de Deportes. En cuanto al resto de actividades deportivas se estará a lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2020.

Estos nuevos supuestos de uso obligatorio de mascarillas en Andalucía entrarán en vigor una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En Andalucía es obligatorio el uso de la mascarilla desde el pasado 15 de julio, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados e independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada. Al uso de la mascarilla como medida de prevención se suma el resto de medidas higiénico sanitarias: lavado continuado de manos y distancia interpersonal.

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad un total de 183 nuevos contagios por COVID-19 y ocho nuevos fallecimientos desde este miércoles, que se corresponderían con ocho defunciones de usuarios de residencias registradas en agosto, septiembre y octubre, que estaban pendientes de verificación, según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo.

De esta forma, desde el inicio de la pandemia, la cifra de casos acumulados en Baleares es de 16.765 y los fallecimientos a causa del coronavirus ascienden a 351.

Por otra parte, el Servicio de Salud ha diagnosticado 169 PCR positivas en las últimas 24 horas, una menos que el día anterior, y la tasa de positividad se sitúa en el 6,94 por ciento.

Respecto a las pruebas realizadas, en las últimas 24 horas se han hecho 2.434 PCR en las Islas, 322.859 desde que comenzó la pandemia.

En estos momentos, el Servicio de Salud atiende a 2.542 personas debido a la COVID-19. Hay 158 personas ingresadas en los hospitales de Baleares --dos más que ayer-- y 38 pacientes en UCI --dos menos que el miércoles--.

Asimismo, en las últimas 24 horas se han registrado 16 altas hospitalarias y 113 curados en Atención Primaria.

Por islas, en Mallorca hay 118 personas ingresadas en hospitales (33 en UCI), en Ibiza son 37 los ingresos por COVID-19 (dos personas en UCI), mientras que en Menorca hay tres personas hospitalizadas (tres en UCI).

CONTAGIOS EN LAS RESIDENCIAS

En cuanto a la situación en las residencias de personas mayores, hay 60 usuarios y 47 trabajadores con contagio activo y 54 residentes están hospitalizados. Además, el total de fallecimientos en las residencias es de 174, uno más que este miércoles.

Respecto a los profesionales sanitarios, en las Islas hay 53 casos activos y 178 en vigilancia.

El propietario del Hat Bar de Palma ha confirmado este jueves que la presidenta del Govern, Francina Armengol, estuvo en su local durante la madrugada del 7 de octubre, y que, al salir, uno de sus acompañantes se desmayó, por lo que se quedaron fuera media hora atendiéndolo.

En declaraciones a la prensa, el dueño del establecimiento, Alexander Rodríguez, ha negado que en el local se sirvieran copas hasta las 02.00 horas y ha remarcado que siempre sirve "las últimas bebidas faltando un cuarto para la 01.00 horas de la mañana". "Esa es mi política", ha añadido.

De acuerdo con el propietario del bar, "eran alrededor de seis personas" las que acudieron al local sobre las 23.30 horas y se tomaron una copa cada uno.

Rodríguez ha señalado que el hecho de que un acompañante de Armengol se desmayase al salir fue lo que provocó que "la reja estuviera abierta para prestar socorro. "No fue que estuvieran aquí dentro bebiendo, eso es falso", ha asegurado, a la vez que ha añadido que no llamaron a la ambulancia para atender a la persona que se había desmayado y que él les proporcionó agua.

"Yo estuve pendiente de ellos, ese fue mi error. Presté socorro y lo hubiera hecho no solo porque estaba ella, a cualquier persona lo hubiera hecho", ha señalado.

Además, ha relatado que, cuando acudieron los agentes de la Policía Local de Palma, reconocieron a la presidenta aunque en ningún momento la identificaron. "No pienso que ella estuviera cometiendo una irregularidad porque la Policía no la identificó, se fueron tranquilos", ha manifestado.

Según ha afirmado, la Policía Local no interpuso una multa pero sí levantó acta, por lo que él explicó los motivos por los que la persiana estaba abierta y señaló que estaba la presidenta del Govern. "Los vecinos a la mínima llaman a la policía", ha añadido.

"Hay muchas imprecisiones, yo sé que hay un ardor político y yo no me quiero ver inmerso. Yo me busco la vida aquí", ha concluido el propietario del Hat Bar de Palma.

Cabe recordar que la Presidencia del Govern ha explicado este jueves que Armengol y algunos colaboradores estuvieron en este establecimiento hasta alrededor de la 01.00 horas, pero que "en el momento de salir, el director general de Comunicación sufrió un desmayo", por lo que esperaron fuera hasta que se recuperase.

Precisamente, el PP balear ha exigido a la presidenta su dimisión "inmediata", mientras que otros partidos como Cs Baleares han pedido explicaciones. "Cualquier representante público tiene que dar ejemplo a la ciudadanía", ha apuntado la coordinadora de Cs Baleares, Patricia Guasp.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han celebrado que el Gobierno paralice la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesta por PSOE y Unidas Podemos, si bien han reclamado que la retire y se negocie una reforma que devuelva a jueces y magistrados la designación de los doce vocales del turno judicial.

"Valoramos muy positivamente el anuncio del presidente del Gobierno de detener la reforma del Consejo General del Poder Judicial", ha dicho la portavoz de JJpD, Ascensión Martín.

Martín ha recordado que JJpD no estaba de acuerdo con la reforma planteada por los socios de Gobierno porque preferían que la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato expiró hace casi dos años, se llevara a cabo con la legislación vigente.

No obstante, como segunda opción, JJpD veía "lógico" que ante un bloqueo que podía ser "indefinido", debido a la negativa del PP a sentarse a negociar la renovación del CGPJ con Unidas Podemos, se valorara un cambio legal para resolverlo.

Con todo ello, se han mostrado "muy satisfechos por que se avance en la negociación para renovar las instituciones sin necesidad de ninguna modificación legal en estos momentos".

"CON CAUTELA"

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria en la carrera judicial---, han recibido el anuncio de Pedro Sánchez "positivamente pero con cautela", según ha indicado su portavoz, María Jesús del Barco.

Así, ha llamado la atención sobre el hecho de que "se paraliza pero no se retira", recalcando asimismo que "esto es para sentarse a negociar la renovación del CGPJ" con la normativa vigente.

"Algún día tendrán que sentarse a negociar la reforma del CGPJ", ha deslizado Del Barco, apuntando que, además de la propuesta lanzada por PSOE y Unidad Podemos, sobre la mesa hay otras de PP y Ciudadanos.

La portavoz de la APM ha sido enfática al afirmar que "no cabe otra reforma que no sea la de devolver a los jueces y magistrados la elección de los vocales procedentes del turno judicial".

La representante de JJpD también ha considerado necesario abordar una reforma para que la designación de estos doce vocales la haga la propia carrera, si bien ha apostado por que "de momento se haga la renovación" del CGPJ. "Luego, ya se verá", ha apostillado.

"NO BASTA"

Por su parte, Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente, ha valorado que se congele la reforma propuesta pero al mismo tiempo ha subrayado que con eso "no basta". "Nosotros somos muy críticos", ha declarado.

Rodríguez ha explicado que el FJI rechaza tanto la reforma sugerida por el Gobierno como la ley actual porque "no responde a los estándares mínimos de independencia judicial" y, a modo de prueba, ha mencionado las críticas del Consejo de Europa y la UE a España por el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

"Nosotros pedimos que no se renueve el CGPJ con esta legislación y que se sienten a negociar otra reforma", ha exigido. "Lo que no queremos es que se sienten a negociar otra vez el pasteleo del reparto de puestos", ha remachado.

En la misma línea, el portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha señalado que se trata de una "buena noticia", aunque a renglón seguido ha estimado que en realidad era "inevitable" que el Gobierno reculara porque la reforma propuesta era "un disparate" muy criticado en España y Europa.

Ha sido igual de contundente para exhortar al Gobierno a que retire la proposición de ley porque, de lo contrario, "sigue existiendo el riesgo de que en cualquier momento continúe la tramitación" parlamentaria. "La paralización está muy bien pero el gesto definitivo es la retirada", ha sostenido.

POSIBLE IMPUGNACIÓN

Fernández Vaquero también ha abogado por una reforma que ajuste la ley española a los estándares europeos y ha ido un paso más allá al exigir que primero se haga este cambio legal y luego se renueve el CGPJ.

"Si el PSOE y el PP se sientan a negociar y llegan a un acuerdo (para renovar el CGPJ), no van a reformar nada (...) porque llevan 30 años sin hacerlo", ha sentenciado.

En este contexto, ha advertido de que, "si ahora hacen otra negociación y vuelven a repartirse el Consejo, pues no quedará más remedio que impugnarlo porque al final se trata de insistir en una situación de flagrante inconstitucionalidad".

ESPERANZA EN EL CGPJ

Entretanto, en el Consejo General del Poder Judicial han acogido con esperanza la suspensión de la reforma ideada por socialistas y 'morados'.

El presidente del Gobierno ha anunciado este jueves, en el marco del debate parlamentario sobre la moción de censura de Vox, que va a "parar el reloj" de la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos sobre el CGPJ, a la espera de que el PP se avenga a "desbloquear" su renovación.

La proposición de ley, presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de octubre, plantea pasar del sistema actual, que requiere una mayoría de tres quintos para elegir a los doce vocales del turno judicial, a esta misma mayoría en primera votación y a mayoría absoluta en segunda.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la denegación de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia a la denominada 'Iglesia Pastafari' porque sus fines, aunque son respetables como asociación, son ajenos a una entidad religiosa.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó un particular contra la resolución del Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia que rechazó en septiembre de 2016 la inscripción de los 'pastafaris' en el Registro de Entidades religiosas.

Tras leer los estatutos de la 'Iglesia Pastafari', que considera que el "dios más poderoso grande y perfecto es el Monstruo del Espagueti Volador, también referido como Monesvol o MEV", el tribunal concluye que no es una entidad religiosa porque sus fines son "ajenos a los de una entidad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes".

RESPETABLE COMO ASOCIACIÓN

En su sentencia, los magistrados explican que el movimiento 'anticreacionista' se inició en 2005, en la protesta contra ciertas decisiones en materia educativa del Estado de Kansas por lo que su finalidad, "sería, en principio, respetable como asociación, pero no puede pretenderse que se trata de una religión, porque visto su credo, estatutos y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa".

Así, rechazan el argumento de los recurrentes de vulneración de su derecho de asociación puesto que nada les impide asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas, en forma de asociación, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones pero no en el de Entidades Religiosas.

Añade que el hecho de que el 'pastafarismo' tenga su "origen burlesco o paródico" en los escritos de Bobby Hederson, a quien considera uno de sus profetas, para protestar ciertas decisiones del sistema educativo del estado americano, y que no se sustentan en documento obrantes en el expediente, permite concluir que no se ha vulnerado la libertad religiosa de los recurrentes.

ORACIÓN QUE TERMINA CON "RAMÉN"

La resolución incluye algunos de los estatutos de la entidad como la oración principal al Monesvol: "Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación (de no alimentamos de ti) y líbranos del hambre... Ramén".

El tribunal además advierte de que existen otras solicitudes anteriores de inscripción de este movimiento entre 2010 y 2016, en ocasiones bajo nombres diferentes, como Iglesia del Monstruo del Espagueti Volados o Legionarios de Monesvol, y con estatutos entre los que existen "evidentes similitudes".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido que sean los técnicos los que digan si el toque de queda es o no una medida eficaz para frenar la expansión del coronavirus, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, y en caso de que lo sea, detallen cómo aplicarlo.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal se ha referido a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra este jueves por la tarde. El Ministerio Sanidad ha avanzado que propondrá a los consejeros autonómicos que en las zonas de mayor incidencia de casos se cierren los establecimientos con servicio no esencial, como por ejemplo los bares, a las 22.00 horas y se recomiende a la población no salir de sus domicilios.

El diputado de la formación naranja ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a las comunidades autónomas que busquen "el consenso y la unión" y no utilicen la cuestión de la pandemia "como arma política arrojadiza".

Para ello, propone adoptar los criterios que la Unión Europea ha recomendado a los Estados miembros para establecer distintos escenarios según la situación epidemiológica en cada territorio y aplicar las medidas que correspondan en cada caso.

CRITERIOS IGUALES PARA TODA ESPAÑA

Cree que si se sigue ese camino y se acuerdan "medidas eficaces" para luchar contra el virus, "no habrá duda de que no se trata de perjudicar a una comunidad o de beneficiar a otra en función del signo político del gobierno" que hay en cada una de ellas.

Bal no ha aclarado qué restricciones concretas establecería Ciudadanos, aunque ha dejado claro que el objetivo de reducir el nivel de contagios y los fallecimientos va unido al objetivo de revitalizar la economía: "No se puede separar una cosa de la otra.

Según ha recalcado, son "los técnicos, los científicos y los epidemiólogos" los que tienen que determinar qué medidas son "más eficaces o proporcionadas a la gravedad de la situación". Además, ha pedido que los criterios en los que se basen las decisiones sean "iguales para todo el territorio nacional", como lleva reclamando Cs al Gobierno central desde hace varios meses.

Respecto al toque de queda, por el que ya apuestan tres de las cuatro comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos --Madrid, Andalucía y Castilla y León--, ha insistido en que sean los técnicos los que valoren su conveniencia y vean qué horarios de cierre se podrían imponer, fijándose en si en otros países esta medida está funcionando.

Canarias ha registrado un total de 16.380 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 153, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más a causa del coronavirus, siendo el primero que se produce en la isla de El Hierro y que eleva a 267 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 6.133 se encuentran activos en las islas, lo que suponen un descenso de 88 en el último día.

En este sentido, se desprende que de los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 47 personas están en una Unidad de Cuidados Intensivo (+1), 232 permanecen en planta hospitalaria (+7) y los 5.854 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 9.980, lo que implica 240 personas más en las últimas 24 horas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.447 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (29 más que hace un día), de los que 2.958 están activos (-190), mientras que 5.382 han superado la enfermedad y 107 han fallecido.

Le sigue en número de casos Tenerife con 5.648 (+123), de los que 3.032 están activos (+110), 2.475 han recibido el alta médica y 141 perecieron.

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.204 casos (+5), de los que 70 son positivos activos (-2), 1.125 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura con 742 casos desde el inicio de la pandemia (-8), de los que 46 están activos (-8), mientras que 693 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma, por su parte, registra 191 casos , seis de ellos positivos activos (-1), 180 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 85 casos, de los que 11 están activos (+2) y 74 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro registra 61 casos (+1), de los que nueve están activos y 51 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado al asesino de Silvia Plaza, J.D.L.C., a 24 años y seis meses de prisión, según ha señalado el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, ha condenado al acusado a 22 años de internamiento por un delito de asesinato y a un año y seis meses de cárcel por un delito de maltrato habitual en el ámbito e la violencia de género. A estas penas se suma otra de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

En el caso del primero de los delitos, el Tribunal ha estimado la circunstancia del agravante de parentesco y de género, por lo que además se le ha impuesto la prohibición de acerarse a los padres o hermanos de la víctima a una distancia inferior a 500 metros, sus domicilios o lugares de trabajo durante 23 años, a los que se suman otros tres años por el segundo de los delitos.

El tribunal del jurado ha condenado al acusado, además, además a indemnizar a cada uno de los progenitores de la víctima en la cantidad de 65.000 euros y a cada uno de los hermanos en la cantidad de 15.000 euros.

El condenado también deberá indemnizar a los padres de la víctima en la cantidad de 5.433 euros por los gastos de funeral y a la Junta de Castilla y León en la cantidad de 3.274 euros.

Los hechos se produjeron en abril de 2018 en la calle San Antón del barrio de Gamonal de la capital burgalesa, donde un vecino alertaba a la policía de la presencia del hombre dando patadas a una mujer que se encontraba en el suelo.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la víctima continuaba con vida, por lo que era trasladada en a la UCI del Hospital Universitario de Burgos, donde fallecía un día después como consecuencia de los golpes recibidos.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Confederación Plena Inclusión España, Santiago López Noguera, han firmado un convenio marco cuya finalidad es que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o las personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia en todas las fases del proceso.

De este modo, se da cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y de carácter vinculante para España. También, a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que compromete a la Administración de Justicia en el desarrollo de las medidas que resulten necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la prohibición de la discriminación y el acceso universal a la misma.

Esta ley recoge el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos y establece la obligación de las administraciones públicas de proteger, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva.

Tanto la Convención de la ONU como la ley estatal muestran la necesidad de centrar los esfuerzos en asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en condiciones de igualdad.

El Consejo General del Poder Judicial viene mostrando desde hace años su compromiso con el cumplimiento de las normas en esta materia, no sólo con la finalidad de garantizar la accesibilidad, sino también, mediante ajustes en el procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales y en todas sus fases. Asimismo, en la promoción del acceso de las personas con discapacidad a las profesiones jurídicas.

El objetivo del convenio es establecer un marco general de colaboración entre ambas instituciones de modo que las iniciativas que se pongan en marcha permitan el pleno acceso a la justicia, en todas las fases del proceso, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión.

Con la firma del acuerdo, el CGPJ y la Confederación Plena Inclusión España se comprometen a elaborar guías, protocolos de actuación y cualquier otro tipo de material y herramientas dirigidos a facilitar que los jueces y magistrados puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.

El convenio busca dar soporte a las personas con discapacidad cuando éstas se acerquen a los juzgados y tribunales. Así, contempla la posibilidad de "dar apoyo a jueces y magistrados, cuando éstos lo requieran, para la práctica de diligencias o pruebas que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo; a promover acciones que faciliten la comprensión de los actos de trámite, diligencias y resoluciones que afecten a los derechos de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo; a colaborar en la formación de los jueces y magistrados y a establecer canales de colaboración en Vigilancia Penitenciaria con el fin de buscar alternativas a la privación de libertad para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".

La Confederación Plena Inclusión España integra a las organizaciones que representan y defienden los derechos de las personas co discapacidad intelectual de todo el territorio nacional y tiene como objetivo contribuir a que estas y sus familias puedan desarrollar su proyecto de vida como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

El número de centros sociosanitarios de Andalucía que presenta algún caso positivo entre sus usuarios asciende actualmente a 93, 46 más que los registrados hace nueve días, cuando eran 47 las residencias afectadas, según se desprende del informe que la Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer este jueves al Consejo de Gobierno sobre el estado de estos centros en la comunidad autónoma ante el coronavirus.

Esos 93 centros con algún caso positivo entre sus usuarios representan el 8,4 por ciento del total de 1.107 centros que se mantienen actualmente en seguimiento proactivo, según ha informado la Junta.

Por su parte, otras 103 contabilizan casos sólo en trabajadores --30 más que hace nueve días--, por lo que los residentes no se han visto afectados y las plantillas han podido ser aisladas.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total de 1.574 residentes positivos, de los que 156 se encuentran ingresados. En el caso de los trabajadores, 681 son casos confirmados.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha, se han realizado 375.922 test a residentes y trabajadores, con un total de 5.850 positivos. Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo, lo que supone 35.510 a residentes y 71.843 a trabajadores. En total, 107.353 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

Desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad se intensificó el seguimiento habitual que ya se realizaba en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19 en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

En la actualidad, se encuentran medicalizadas la Residencia El Manantial en Terque (Almería), el Centro Residencial San Antonio (Puebla de Vícar), el Centro Residencial Miramar de Algeciras (Cádiz), las residencias Orpea Centro y Orpea Sierra de Córdoba, la Residencia Vitalia Alcolea de Córdoba, la Residencia Domusvi Inmaculada Concepción de Córdoba, el centro residencial Vista Nevada de Ogíjares (Granada), la Residencia San Jaime de Huéscar (Granada), la Residencia San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto (Huelva).

También, la Residencia Caridad y Consolación de Jaén, el Centro Residencia de Santiago Pontones (Jaén), el Centro Residencial Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo (Jaén), la Residencia Sierra de las Nieves (Guaro), la Residencia Domusvi Azalea de Marbella (Málaga), el Centro Residencial Tilodisa de Cuevas de San Marcos (Málaga), el Centro Residencial Casa Conde Pinofiel de Antequera (Málaga), el Centro Residencial Vitalia Suits de Mairena (Sevilla), el Centro Residencial Sor Ángela de la Cruz de Sevilla, la Residencia Mediterráneo de Morón de la Frontera (Sevilla) y el Centro Residencial Domusvi de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Por su parte, se han habilitado seis centros de evacuación en Doctor Oloriz (Granada), Hospital Vithas (Sevilla), Hospital Civil de Málaga, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Sagaz (Jáen) y Residencia El Zapillo (Almería).

De otro lado, en clave educativa, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha indicado que el 96,7 por ciento de los centros escolares está libre de coronavirus, toda vez que solo seis centros de los 7.099 están cerrados, mientras que también permanecen cerradas 223 aulas de 78.024, lo que representa un 0,28 por ciento de la totalidad.

El delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, ha participado este jueves en el cierre de la sesión 'Estrategias y políticas contra el aislamiento y la soledad' dentro del ciclo de conferencias 'Vínculos Comunitarios y Soledades Urbanas' organizado por CaixaForum, donde ha asegurado que el Consistorio está "plenamente comprometido con las personas mayores y con combatir la soledad no deseada".

"El objetivo es poner fin a la posible situación de soledad, apoyándonos en la mejora de los servicios ya existentes como los centros de mayores, con gran carácter socializador, o la extensión de la Teleasistencia para llegar a hasta 90.000 personas mayores más y apostar por nuevos ámbitos de actuación", ha explicado.

En este sentido, el delegado ha destacado la importancia de adoptar nuevas medidas relacionadas con el acompañamiento de las personas mayores, la implicación desde el Ayuntamiento de los vecinos para crear redes de detección de la soledad no deseada desde los barrios y el impulso a los programas de prevención y detección.

"Los mayores son los más afectados por la pandemia que todavía estamos sufriendo y desde el principio entendimos que se nos juzgaría por cómo les tratásemos", ha considerado. Por ello, Aniorte ha recordado que el Ayuntamiento aplicó medidas de protección frente a la Covid-19 en todos sus servicios, reforzó las llamadas del servicio de Teleasistencia, llegando a realizar 12.000 en un día, creó el teléfono gratuito de acompañamiento 'Minutos en Compañía' y puso en marcha un hotel para personas mayores que se encontraron en situación de soledad sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria.

La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha indicado que la Junta va a "ejercitar la vía civil" para inscribir registralmente a su nombre las fincas en el paraje de El Algarrobico en las que se levanta el hotel de Azata del Sol, y ha trasladado que, de forma paralela, mantienen "voluntad de diálogo" con la promotora para resolver el conflicto.

"Si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler", ha Crespo, quien ha informado, sin precisar cuantías, de que el presupuesto general de la comunidad para 2021 incluirá "dos partidas; una para el proyecto" en alusión a la restauración paisajística y medioambiental; y una segunda, "para iniciar el retracto".

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha expresado la "voluntad inquebrantable" del Gobierno andaluz, "alejada del ecopostureo" según ha destacado, y ha avanzado que la Junta va a solicitar al Gobierno central la convocatoria de la comisión mixta, que no se celebra desde 2018, en el marco del protocolo firmado en 2011 para la demolición de lo que ha calificado de "aberración medioambiental".

"Queremos ir de la mano, coordinados, con el Gobierno y ojalá el año que viene tengamos puesta una fecha de demolición porque estamos convencidos de que es lo que quiere la sociedad y medioambientalmente es importantísima la recuperación del paraje y la normalidad en esa playa", ha dicho, no sin antes admitir la existencia de "flecos judiciales" que obligan al Gobierno andaluz a "que nos pille con los deberes hechos y podamos seguir adelante con este deseo".

En esta línea, Crespo ha trasladado que "buscamos fórmulas para ayudar a acometer los trabajos de derribo, retirada de escombros, de residuos, su valorización y de reparación de suelo" al tiempo que ha detallado, a instancia de los servicios jurídicos de la administración, que se van a hacer "actuaciones ante el Registro de la Propiedad y el Catastro para dar cumplimiento a lo impuesto por el Tribunal Supremo, y acatar y hacer valer las decisiones judiciales".

El Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una "autorización de entrada" para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la "actitud" de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían "impedido la entrega voluntaria" de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.

"La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta", concluía el Alto Tribunal. El derecho de retracto ejercido por la Junta en 2006 se avaló también judicialmente en firme "dado el notorio interés ambiental" de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

"VOLUNTAD DE DIÁLOGO CON EL PROPIETARIO"

En su intervención, Carmen Crespo, quien ha insistido en que para la resolución del conflicto es "de vital importancia que vayamos todos de la mano", ha asegurado que, desde 2019, se ha trabajado "bajo la coordinación de la Consejería de Presidencia en la tramitación para dar cumplimiento a la sentencia", en este caso, la que sentenció que El Algarrobico y El Canillar, donde también estaba previsto desarrollo urbanístico residencial, son áreas ambientalmente protegidas y, por tanto, no son urbanizables.

"Hemos trabajado en la búsqueda de soluciones y de previsiones presupuestarias para cumplir y ejercer el retracto para recuperar con todas las garantías las fincas y el edificio", ha añadido para aludir de nuevo a que "una voluntad de diálogo con el propietario" y a que están "abiertos" a una "negociación permanente".

Por último, la consejera, quien ha advertido que una vez se ejecute el derecho de retracto "no habrá vuelta atrás", ha aludido a otros flecos judiciales pendientes que pasan por los procesos por responsabilidad patrimonial a instancias de la promotora ante la Audiencia Nacional (AN) y que aún no se han sustanciado. "Estamos a la espera de esos pronunciamientos para no entrar en contradicciones", ha concluido.

El Tribunal Supremo requirió el pasado mes de julio a la Junta de Andalucía para que le informase acerca de qué gestiones estaba llevando a cabo para restaurar la legalidad en el paraje de El Algarrobico y para que le precisase si pendía "de actuaciones de otras administraciones públicas" o, en su caso, de resoluciones judiciales "en tramitación".

Todos los grupos de las Cortes de Aragón han votado a favor de una proposición no de ley (PNL) --propuesta y defendida por el PP y enmendada por PSOE, Podemos, CHA y PAR-- para declarar 2023 como 'Año de Sijena'. Asimismo, se aboga por seguir impulsando una serie de actuaciones en el conjunto histórico del Real Monasterio de Santa María de Sijena.

El diputado del PP, Antonio Romero, ha hecho un recorrido por el litigio de los bienes de Sijena para destacar su importancia y ha afirmado que el centenario del Real Monasterio es una efeméride que "no puede pasar desapercibida".

Por ello, ha considerado que no es suficiente con declara el 23 como año de Sijena, ya que deben hacerse "muchas cosas previamente" como, por ejemplo, "redactar un plan director", establecer un protocolo para la recepción de las pinturas murales, "evitando así que las autoridades catalanas pongan en entredicho la viabilidad de su conservación" y crear un patronato.

Romero ha advertido de que 2023 está "a la vuelta de la esquina", por lo que quedan por delante dos años para trabajar "intensamente" en que el 'Año de Sijena' sea una realidad. "Pero no será posible sin una dotación en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón", ha agregado.

Los portavoces de los grupos enmendantes --PSOE, Podemos Equo, CHA y PAR-- han explicado que las modificaciones se centran en aspecto técnicos más que políticos, ya que han defendido que algunas de las iniciativas expuestas ya están en marcha y se trata de continuarlas y en la matización de algunos puntos. Las enmiendas han sido transaccionadas.

El socialista Darío Villagrasa se ha congratulado de poder hablar de los bienes de Sijena con "un horizonte esperanzador" y que sea un elemento de unión, ya que ha adelantado que, ante la aceptación de las enmiendas "técnicas", el PSOE vota a favor.

LUGAR DE ORIGEN

La diputada de Podemos Equo, Erika Sanz, ha dicho que su formación siempre ha sostenido que el patrimonio tiene que volver "a su lugar de origen" y ha respaldado que las enmiendas presentadas matizan que parte del trabajo que se pide en la PNL ya se ha iniciado.

En la misma línea, el parlamentario de CHA, Joaquín Palación, ha sostenido que Sijena es un símbolo de la Comarca de los Monegros y de Aragón y que muestra la riqueza patrimonial de la región, además de ser ejemplo de lucha conjunta de asociaciones e instituciones.

En representación del PAR, Esther Peirat, ha resaltado el papel que ha tenido el Partido Aragonés en la lucha por los bienes de Sijena y ha agradecido que se lleven iniciativas de este tipo a las Cortes de Aragón.

El diputado de Cs, Carlos Trullén, ha citado que Sijena es "símbolo del triunfo del estado de derechos, de la democracia liberal y de la independencia jurídica". Así, ha recordado que "las sentencias nos gusten o no hay que acatarlas".

El parlamentario de Vox, David Arranz, ha incidido en que la plataforma Sijena Sí ha hecho "una labor ejemplar" y que desde su formación han mostrado siempre su apoyo a "todos los que luchaban por recuperar esta patrimonio".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que, aunque apoyan esta cuestión, hay patrimonio en Aragón que sigue olvidado y que también necesita ser atendido. Ha considerado que el conjunto de la política patrimonial de la Comunidad necesita una modificación.

La catedrática de Lengua Castellana y Literatura, María Isabel Cintas, biógrafa de Chaves Nogales y editora de sus obras completas, la narrativa y la periodística, publicadas ambas por la Diputación de Sevilla, acomete ahora el estudio sobre la relación de Chaves Nogales con Salvador de Madariaga, escritor y político liberal exiliado, cuyo ideario sentó las bases de la Unión Europea, "evidenciando la confluencia en grandes rasgos entre el pensamiento de ambas personalidades, en el libro titulado 'Cuando estalle la paz. Artículos de Salvador de Madariaga (1935-1945) para periódicos de Chaves Nogales'".

El volumen se presenta en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, durante un acto que la profesora Cintas compartirá con el escritor Antonio Rodríguez Almodóvar y el médico y político, Luis Yáñez-Barnuevo.

Con prólogo de Javier Solana y edición crítica y estudio introductorio de María Isabel Cintas, 'Cuando estalle la paz', publicado por Editorial Confluencias, incluye 60 artículos compuestos por Madariaga para el diario Ahora y la agencia Atlantic Pacific Press, agencia de prensa en Londres de Chaves Nogales, así como un cuaderno de imágenes y selección de correspondencia (20 cartas) entre Chaves Nogales y Madariaga.

Por la fecha en la que están escritos los artículos, a petición de Chaves Nogales, inéditos en parte desde 1935 y otros nunca antes publicados, María Isabel Cintas considera que son del mayor interés para entender los tiempos convulsos en que se escribieron, que eran trascendentes para la historia de España (1935-1936) y de Europa (1942-1945).

Los artículos escritos para la Atlantic Pacific tendrían también salida en América Latina y llevaban el mensaje de Inglaterra como bastión del mundo libre, tal como indica la Diputación en un comunicado.

'Cuando estalle la paz' es fruto de la investigación de varios años realizada por la profesora Cintas, en periódicos y hemerotecas nacionales y extranjeras, así como en el archivo Salvador de Madariaga, del Instituto José Cornida, de A Coruña, donde se guarda el legado del ilustre escritor.

CONFLUENCIA DE PENSAMIENTO Y EXILIO

Salvador de Madariaga fue un escritor y político liberal, profesor en Oxford, ciudad donde residió durante su exilio en el Reino Unido, conferenciante y dos veces ministros de la Segunda República, de la que también fue embajador. "Su pensamiento sigue teniendo la mayor actualidad y su amplísima labor fue producto de un iderario que sentó las bases de la Unión Europea", señala.

Premio Aquisgrán, Madariaga no ha recibido "aún en España toda la consideración que merece", añade.

"Con este libro he intentado presentar una faceta desconocida y evidenciar la confluencia en grandes rasgos con el pensamiento de Chaves Nogales, que recurrió a él en los más conflictivos momentos de la Segunda República y el exilio, que ambos vivieron en Francia y Reino Unido en plena Segunda Guerra Mundial", explica Cintas, experta en Chaves Nogales, al que considera "el mejor periodista del siglo XX español y representante de una España de compromiso y concordia".

María Isabel Cintas es editora de la Obra Completa de Chaves Nogales, cinco tomos de Obra Narrativa y Obra Periodística, editados por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura. También es biógrafa del periodista, con el libro 'Chaves Nogales. El oficio de contar', que mereció el Premio Domínguez Ortiz de biografías de la Fundación Lara, en 2011.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido este jueves de que Vox, junto a PP-A y Ciudadanos (Cs), seguirá siendo una "parte fundamental" en la consolidación del "cambio histórico" que se produjo en Andalucía tras las elecciones autonómicas de 2018.

"Lo importante ahora mismo para Andalucía es consolidar el cambio y Vox es parte importante del cambio y ha ayudado a que se produzca alternancia y el PSOE-A pase a la oposición. Eso es fundamental que siga siendo así y estoy convencido de que va a seguir siendo así", ha dicho.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha hecho estas manifestaciones tras las gran distancia entre PP y Vox a nivel nacional que se ha puesto de manifiesto este jueves durante el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados. La intervención del presidente del PP, Pablo Casado, en la Cámara Baja, donde ha acusado a Vox de buscar la "ruptura" en España ha ocasionado que Vox Andalucía haya decidido suspender una reunión que este jueves tenía prevista con la Junta para seguir avanzando en la negociación de los Presupuestos andaluces para 2021.

A este respecto, Bendodo ha señalado que desconocía si se había producido la suspensión de esa reunión, pero se ha mostrado seguro de que esas negociaciones sobre los presupuestos "volverán a su cauce".

Bendodo ha añadido que PP-A, Cs y Vox tienen "un horizonte claro, como es consolidar el cambio y la alternancia política en Andalucía", y en esa tarea los presupuestos son algo clave. Se ha mostrado convencido de que una vez más, los tres partidos "sabrán estar a la altura de lo que requiere" esta tierra, sobre todo, ante los presupuestos más importantes de la legislatura, porque son los que recogerán las importantes partidas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

A su juicio, algunos "tienen especial interés en que los apoyos del Gobierno del cambio en Andalucía se tambaleen de vez en cuando", pero hay que decir que cuando se constituyó ese Gobierno del cambio con los apoyos parlamentarios de PP-A, Cs y Vox, "era firme: Los tres partidos del cambio, PP, Ciudadanos y Vox, entendimos que lo que venía a Andalucía era un cambio histórico, pasar página de 37 años de socialismo que han empobrecido nuestra tierra, y eso sigue plenamente vigente".

Ha manifestado que el Gobierno andaluz, donde PP-A y Cs forman coalición, funciona "como una piña" y es Vox es una parte importante del cambio, "fundamental, que ha colaborado en consolidar el cambio y ha aprobado los presupuestos y estamos convencidos de que seguirá siendo así porque se ha comportando de manera responsable y así lo están valorando los andaluces en las encuestas, están valorando el papel de Vox de apoyar al Gobierno del cambio".

Para Bendodo, Andalucía "tiene que seguir siendo encapsulada" porque lo prioritario es consolidar la alternancia y para eso hay "tres actores con el mismo papel, PP, Ciudadanos y Vox, y funciona".

En su opinión, las negociaciones sobre el Presupuesto de la comunidad "deben volver a su cauce normal, para aprobarlos en tiempo y forma, como necesitan los andaluces en una situación de pandemia" como la que estamos viviendo.

En cuanto a la intervención de Pablo Casado ante el Congreso de los Diputados, Bendodo ha considerado que ha estado "espectacular y brillante, como es él" y ha apuntando que entiende las subidas y bajadas de tono de todos, en el fragor del debate de una moción censura.

"Pero es no nos debe apartar de lo importante, y lo importante ahora mismo para Andalucía es consolidar el cambio y Vox es parte importante del cambio y ha ayudado a que se produzca alternancia y el PSOE-A pase a la oposición. Eso es fundamental que siga siendo así y estoy convencido de que va a seguir siendo así", según ha sentenciado Elías Bendodo.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha anunciado este jueves que Melilla pedirá al Ministerio de Sanidad que se aplique en la ciudad un "confinamiento nocturno", al que rechaza llamar "toque de queda" por considerarlo un término belicista, para frenar los contagios en la ciudad española del norte de África, al superar por segundo día el millar de contagiados para una localidad de 85.000 habitantes.

En rueda de prensa, Eduardo de Castro ha señalado que esta medida busca "reducir la movilidad por las noches", de forma especial entre los jóvenes y evitar así que puedan producirse "reuniones o botellones" en la ciudad.

La primera autoridad melillense ha asegurado que "no se trata de un toque de queda" porque señala que "ese término no está en la Constitución" y prefiere denominarlo "confinamiento nocturno". "El último toque de queda que hubo en España fue durante el golpe de Estado de Tejero" en 1981, ha destacado Eduardo de Castro.

Acompañado en su anuncio por las vicepresidentas de la Ciudad Gloria Rojas (PSOE) y Dunia Almansouri, ha admitido que "quizá sea tarde" por el alto número de casos de Covid de las últimas semanas, pero ha aseverado que "Melilla ha seguido siempre lo que dictaban el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Sanidad".

De Castro, que ha admitido que no hay de momento ninguna intención de suspender las comunicaciones aéreas marítimas con la península, ha señalado "no cabe más dilación: hay que asumir otras medidas", que se suman a las que comenzaron la pasada semana por un periodo de 15 días.

Se refiere concretamente al cierre total de la hostelería, cierre del comercio a las 20.00 horas salvo los de alimentación, que pueden prolongarlo hasta las 22.00 horas; prohibición de bodas, comuniones y limitación de reuniones a un máximo de seis personas, salvo si son convivientes o se produce en el ámbito educativo, laboral y deporte en categoría nacional.

El patio central del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, perteneciente al área de Cultura, Turismo y Deporte, ofrecerá desde este viernes, y hasta el 8 de noviembre 'Reaction Madrid', una videoinstalación al aire libre de ocho metros de altura que mostrará la visión que tienen los propios madrileños de su ciudad.

En ella, ha informado el Consistorio, se podrá contemplar el resultado de meses de trabajo participativo capitaneado por el director de cine y videoartista italiano Pietro Jona. El proyecto cuenta con la colaboración del área de Economía, Innovación y Empleo, Conde Duque y Madrid Destino, la participación de la Escuela Artediez y Mercados Municipales de Madrid y el apoyo de la Fundación Créate.

En octubre de 2019, 'Reaction Madrid' lanzó una convocatoria abierta a cualquier persona residente o de paso por Madrid, invitando a enviar su visión personal de la ciudad, vídeos grabados mediante móvil o cualquier otro dispositivo que mostrasen el Madrid más cercano y real.

Más de 1.800 vídeos se recibieron entre octubre 2019 y febrero 2020. Con todos ellos, Pietro Jona ha creado una videoinstalación de 45 minutos de duración con música original de Andrea Camilletti, que podrá visitarse de manera gratuita en el patio central de Condeduque de lunes a sábados de 10 horas a 21 horas y domingos y festivos de 10 horas a 14 horas.

Después de tres ediciones en Italia, donde se exhibió su versión romana en el MACRO Museo di Arte Contemporánea de Roma, Reaction llega a Madrid como un nuevo elemento para las metrópolis, una herramienta de comunicación nacida de imágenes normalmente utilizadas solo para comunicarnos, para luego perderse o ser borradas enseguida en los teléfonos móviles y dispositivos.

"Las circunstancias han provocado que Reaction Madrid experimente un curioso fenómeno nostálgico. Al haberse recibido los vídeos que componen la instalación entre el 2 de octubre de 2019 y el 28 de febrero de 2020, lo que vemos es una imagen de un Madrid actualmente imposible, el que no marcaba distancias entre sus habitantes, el que no tenía horarios, el de siempre", ha indicado Pietro Jona.

No obstante, como obra de arte en continua transformación, 'Reaction Madrid' no podía ser del todo ajena a la Covid-19. Pietro Jona ha sumado a los vídeos recibidos en la convocatoria imágenes grabadas durante el confinamiento, creando así una de las miradas "más completas y actuales" que pueden contemplarse sobre la actual Madrid.

La portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha indicado este jueves que la retirada de la placa al socialista y presidente del Gobierno en la República Francisco Largo Caballero se llevó a cabo con "los trámites oportunos".

"Se dio cumplimiento a un acuerdo que se dio por mayoría en el Pleno, y desde la Junta se hicieron los trámites oportunos y no hay ninguna novedad", ha manifestado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad.

Así lo ha afirmado en el mismo día en que Más Madrid ha presentado un requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio por la retirada de la placa.

La portavoz de la formación, Rita Maestre, ha explicado que en el escrito se traslada al Consistorio "el compromiso y la obligación" de volver a instalar la placa del líder socialista que "destruyó a martillazos". En caso de no hacerlo acudiremos a los tribunales para empezar la vía judicial", ha añadido.

Por su parte, Sanz ha recordado que "los procedimientos tienen sus trámites" y que el Gobierno municipal está "dentro de esos plazos". "Las peticiones de información son 15 días, así está establecido y por lo tanto, estamos en el plazo de ejecución de eso mismo, y esa información se traslada", ha concluido.

Activistas feministas se han concentrado frente a los juzgados de Massamagrell (Valencia) para mostrar su "más absoluta repulsa ante el incremento de violencia sexual en la Comunidad Valenciana" tras los últimos casos de violaciones grupales a menores y han pedido a la justicia una "resolución contundente, clara e inmediata". En Gandia (Valencia), donde tuvo lugar el último caso, se ha guardado un minuto de silencio.

Una concentración a la puerta de los juzgados de Massamagrel, impulsada por la Coordinadora Feminista de València, ha denunciado que "en tres semanas se ha sabido de tres niñas violadas". "Digamos basta al hecho de que las menores sean violadas y sometidas por diversos individuos en manadas por hijos del patriarcado", ha manifestado la plataforma en un comunicado.

Según ha explicado, la protesta frente a los juzgados pretende "apoyar a la joven de 15 años y su familia en momentos tan duros", así como "exigir a la justicia una resolución contundente, clara e inmediata".

Las feministas han coreado consignas como "basta ya de justicia patriarcal" y han mostrado pancartas en las que advierten que "la justicia patriarcal es letal".

La Coordinadora Feminista ha reivindicado que "una sociedad igualitaria y democrática no puede ni debe soportar que las mujeres no caminen seguras por las calles de sus pueblos y ciudades". Ha denunciado "el trato al cual les someten cuando son juzgadas por cómo van vestidas, por la nocturnidad, si están embriagadas o de fiesta, que se cuestione su libertad sexual y sean sometidas a la revictimización por una mala praxis judicial, policial, informativa o al cuestionamiento social"

Asimismo, ha exigido la convocatoria urgente del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista de la Comunitat Valenciana, que "evalúe la situación y tome medidas urgentes, efectivas y de manera transversal".

También ha pedido la aplicación de los compromisos internacionales suscritos por España como el Convenio de Estambul o las resoluciones del Comité CEDAW de Naciones Unidas, así como una educaciónse xual en igualdad con asignaturas curriculares desde la infancia, y que las instituciones "protejan y den el máximo apoyo a las víctimas" y que el "sistema judicial depure a los que aplican prácticas arcaicas".

GANDIA CONDENA LA VIOLACIÓN A UNA MENOR

Por otro lado, el Consell Sectorial de les Dones de Gandia, celebrado el miércoles de manera telemática, ha mostrado su "rechazo unánime a la violación grupal" de una menor el pasado fin de semana en la ciudad. Además, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y se ha condenado la violación en nombre de la ciudad.

El suceso se remonta a este fin de semana cuando varios jóvenes, entre ellos un menor, supuestamente violaron en grupo a una chica. Como consecuencia, la Policía detuvo este lunes a dos jóvenes y a un menor de 15 años. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Gandia (Valencia), en funciones de guardia, acordó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de los detenidos. La Fiscalía ha internado al menor seis meses en régimen semiabierto prorrogable por otros tres meses más.

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha reivindicado que hay que "ser capaces de conseguir que cualquier mujer sepa que no está sola y que en la ciudad existen mecanismos y personas dispuestas a ayudarlas en cualquier situación". "El machismo y la violencia contra las mujeres es una lacra que tenemos que combatir de manera unitaria desde todos los ámbitos de la sociedad", ha agregado.

Este jueves, a las 12 horas, se ha guardado un minuto de silencio a la puerta del consistorio para condenar un nuevo asesinato de violencia de género en Mallorca.

El Gobierno de Baleares prohibirá, a partir de este sábado, en Mallorca e Ibiza el uso de la barra en los bares y restaurantes, reducirá el aforo a un 30% en centros deportivos y el número de asistentes a bodas a un máximo de 25 de personas en interior y 50 en exterior.

En rueda de prensa, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y la asesora técnica del desconfinamiento, Margalida Frontera, han analizado la situación epidemiológica y han anunciado nuevas medidas restrictivas para Mallorca e Ibiza por la evolución de la pandemia que se aplicarán una vez sean publicadas el sábado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Además de las restricciones, Frontera ha avanzado que se permitirán las visitas en las residencias de mayores para contribuir al "bienestar emocional" de los usuarios "más frágiles".

De este modo, en el ámbito social y familiar se reducirá a un máximo de seis personas los encuentros, excepto en el caso de personas convivientes. El aforo máximo de lugares de culto será del 30% y, además, Frontera ha detallado que no se permitirá cantar.

El Govern ha aconsejado que no se hagan celebraciones en los trabajos, especialmente si van acompañadas del consumo de alimentos o bebidas. En todo caso, si se celebran, quedarán sometidas al límite máximo de seis personas.

Además de la prohibición del uso de la barra en restaurantes, el número máximo de personas por mesa será de seis. En cuanto a los centros comerciales, el aforo de los espacios comunes se reduce al 50% y en los establecimientos comerciales se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 22.00 horas.

Sobre la actividad deportiva, las actividades grupales dirigidas en esos espacios cerrados no podrán superar las 15 personas.

La consellera ha justificado estas medidas en que Mallorca e Ibiza son las islas con la incidencia acumulada en los últimos 14 días "más alta". "Lo que estamos haciendo es eficiente pero tenemos que conseguir más efectividad", ha señalado.

Así, a día 20 de octubre, la isla más afectada es Ibiza, con una IA4 de 168 casos por 100.000 habitantes y una tasa de positividad del 7,24%; la sigue de cerca Mallorca, con una IA14 de 147 y una tasa de positividad del 4,88%, mientras que Menorca y Formentera presentan mejores indicadores, con unas IA14 de 102 y 8 casos por 100.000 habitantes y tasas de positividad del 4,07% y 0,72%, respectivamente.

Para Gómez, con la llegada del invierno se entra en el escenario "más preocupante". La consellera ha confesado que es "muy doloroso" tomar medidas restrictivas, "pero las consecuencias de no hacerlo serían peores".

Por ello, ha asegurado que el Govern "hará todo lo que esté en sus manos para minimizar" el impacto de la pandemia, pero "necesitamos la responsabilidad de todos". "Si es necesario se tomarán más", ha recalcado.

Por otro lado, la consellera ha explicado que, aparte de estas medidas nuevas, la Conselleria ha considerado "oportuno" prorrogar una semana más las restricciones en la ciudad de Ibiza.

FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS EN FORMENTERA

El anuncio de las restricciones en Mallorca e Ibiza ha ido acompañado de la flexibilización de las medidas en Formentera. Igualmente, la consellera de Salud ha informado de que seguirán las medidas que rigen a nivel de Baleares, aprobadas el 9 de octubre.

En Formentera, las reuniones familiares y sociales serán para un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 20 al aire libre. Asimismo, se abrirán los parques infantiles y los locales de ocio infantil, con una capacidad máxima del 50%.

Las actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil podrán realizarse en grupos estables de hasta 20 participantes en espacios al aire libre y 10 en espacios cerrados. Lo mismo para las actividades en los espacios de jóvenes y puntos de información.

En cuanto a los eventos deportivos, se podrá utilizar un 75% del aforo de la instalación para el público hasta un máximo de 1.000 personas y, en teatros y auditorios se podrá desarrollar su actividad si no superan el 75% de la capacidad permitida.

Los cines y circos de carpa y espacios similares, en los que se permite comer o beber, podrán desarrollar su actividad pero sin superar el 45% de la capacidad permitida en cada sala.

Otros recintos, locales y establecimientos destinados a eventos públicos y actividades recreativas podrán desarrollar su actividad siempre y cuando el público permanezca sentado y no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite de 300 personas en espacios cerrados y de 1.000 personas al aire libre.

Las terrazas de los bares podrán abrir con un 75% de los aforos y los mercados ambulantes podrán incrementar su ocupación hasta el 75% de los puestos habituales siempre que tengan más de 21 puestos y el 100% si tienen menos de 20.

Se permite la reapertura de los clubes de personas mayores para la realización de actividades dirigidas. El aforo máximo de los establecimientos o instalaciones será de un 50%. Las actividades se realizarán en grupos estables de un máximo de 10 personas en espacios cerrados y 20 personas al aire libre.

GÓMEZ, SOBRE LA POLÉMICA DE ARMENGOL

A preguntas de los periodistas sobre la publicación en varios medios de comunicación que sitúan a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en un bar que no cumplía las restricciones por el coronavirus, la consellera de Salud se ha remitido al comunicado de Presidencia en el que se explican los hechos y ha matizado que "cada uno en su tiempo libre tiene derecho a hacer lo que considere más oportuno.

Gómez ha insistido en la "necesidad de explicar todo lo que se puede hacer" aunque se anuncien medidas restrictivas que "se aplican a toda la población". "Fomentamos estar en espacios al aire libre, pasear por los parques, evitar aglomeraciones... En definitiva, buscar en nuestra forma de vida cumplir con las medidas para evitar la transmisión del virus", ha concluido.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves por unanimidad la toma en consideración de la Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución Española, un proyecto de ley de medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas, presentada por el Grupo Socialista.

El consejero de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando, ha emplazado al PP y Ciudadanos a presentar enmiendas a la ley contra la okupación ilegal de viviendas presentada por el PSOE y que será elevada al Gobierno de España y ha confirmado que las Cortes de Castilla-La Mancha no van a aprobar dos textos --el PP ha presentado otra iniciativa similar-- porque, a su juicio, sería "bochornoso" y enviaría un mensaje a las mafias de que no hay "un mensaje común".

"Si ustedes están dispuestos a que lleguemos a un acuerdo, una vez más, ya solamente nos queda la vía formal y parlamentaria. Me tienen a su disposición en la Comisión de Fomento para poder estudiar tantas enmiendas como ustedes consideren necesarias para que haya un único texto. No se aprobarán dos porque sería bochornoso", ha dicho durante su intervención en el debate parlamentario.

Ha explicado que el Gobierno ha traído esta ley antes porque el PP no ha querido "sentarse antes en los despachos". "Si el Gobierno ha podido no oponerse a la tramitación de esta ley es porque hemos tenido la oportunidad de trabajarla con el PSOE", ha recalcado.

"La suya --en relación al PP-- me ha llegado a través de la vía parlamentaria. Si las normas nos permiten 30 días para estudiarla, pues la estamos estudiando todavía. Ojalá la hubiera visto antes, hubiéramos corrido más y hubiéramos podido llegar a consensos".

Ha indicado que la okupación ilegal de viviendas es "un problema real", con el que el Gobierno de Castilla-La Mancha está comprometido a dar soluciones a la gente que evite --ha destacado-- que el agresor tenga mayor respaldo jurídico que la víctima, por ejemplo.

Así, ha puesto de relieve que las okupaciones ilegales de viviendas no se producen en los municipios más pudientes sino que es la clase trabajadora la que tiene que soportar este fenómeno que "entre todos y con cambios bastante concretos se puede solucionar", ha comentado.

"No se trata de quién llegó primero o no", ha asegurado en contestación a los partidos de la oposición, a quienes les ha preguntado qué hubiera pasado si el PSOE, en colaboración con el Gobierno, no hubiera llegado primero en esta cuestión. "Nos hubieran juzgado por ello y no lo hubieran echado en cara", ha enfatizado.

Además, ha recalcado que el texto que se debate este jueves no es un "copia y pega", sino que es un texto "serio, trabajado y consensuado" con quienes sufren el problema. Al PP le ha dicho que su propuesta de consenso "no es sincera" porque no se ha puesto en contacto ni con él ni con el PSOE para hablar del tema. "Han pretendido dar la sensación de que nosotros queríamos dejar a la gente tirada y han conseguido todo contrario".

Finalmente, ha defendido que el Gobierno de Emiliano García-Page es un gobierno que, independientemente de que tenga que estar abordando la mayor crisis de la Guerra Civil, ha estado "en lo urgente" y además está "en lo necesario". "No perseguimos medallas, perseguimos resultados", ha zanjado el consejero.

La diputada del PSOE María Isabel Sánchez que ha abierto este punto confiando en que "se escuche alto y claro una sola voz de unidad" en la región contra la ocupación ilegal de viviendas, para lo que ha solicitado el apoyo del PP y Ciudadanos.

Como encargada de defender y detallar el dictamen de este texto que defiende el derecho a la vivienda "defendiendo el derecho a la propiedad", al que se ha llegado tras "un trabajazo" y que ha definido como "bien armado", ha invitado a apoyar esta propuesta a los tres grupos de la Cámara. CS: MEJOR UNA "CARRERA COLECTIVA"

De su lado, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha confirmado que su grupo parlamentario --"que fue el primero que llevó a las Cortes el problema de la okupación ilegal de viviendas"-- apoyará la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE, al igual que hará con la iniciativa que traiga el PP al Parlamento porque "en el fondo estamos alineados en el 99 por ciento de las medidas".

En donde no va a estar Ciudadanos es en la carrera por ver quién presenta antes una iniciativa legislativa, porque "cuando se hacen carreras uno tropieza". "Nos hubiera gustado una carrera colectiva" y haber podido participar en la proposición de ley que hoy se debate. También ha criticado "el espectáculo bochornoso" para ver quién se ponía "la banderita", en el que Cs no ha querido entrar porque sus diputados "no son grandes corredores", ha ironizado Ruiz.

Esta actitud de socialistas y 'populares' demuestra, a juicio de Ruiz, que "la okupación ilegal no es más que una bandera política para intentar arrogarse un grupito de votos más que una preocupación de los partidos políticos". Así, ha advertido de que si el PSOE y el PP hubieran querido consenso en este tema, hubieran llamado a los grupos. "Estoy cansado del postureo político", ha lamentado.

PP: OTRO COMPROMISO "INCUMPLIDO"

Desde la bancada 'popular', Ana Guarinos ha incidido en que este asunto "no estaba en la agenda política" ni de García-Page ni del Gobierno regional defendiendo la iniciativa primigenia del presidente regional del PP, Paco Núñez, de trabajar juntos en una iniciativa sobre este particular, criticando que el PSOE, en cambio, haya presentado "una iniciativa al margen del PP, de Cs, y en colaboración exclusivamente con el Ejecutivo" y la lleve a las Cortes "sin consensuar con todos los grupos".

"Otro compromiso incumplido, porque no estaba en agenda y porque no ha sido capaz de consensuar la ley", ha subrayado Guarinos, que ha lamentado que los socialistas hayan "dejando sin traer" la iniciativa del PP, que ni siquiera se ha tomado en consideración aún, y con la que se "define de forma clara la okupación ilegal, se permite el desalojo exprés en doce horas y se acaba con la impunidad de la okupación".

La parlamentaria del PP ha recalcado que los diputados están aquí "para resolver los problemas de los ciudadanos" y por ello seguirán trabajando "para combatir la impunidad de este asunto", lamentando que los socialistas, incluidos los parlamentarios de la región, han votado en contra de iniciativas sobre ese tema en el Congreso y apelando a no quedarse "de brazos cruzados" y buscar la unidad en ese punto.

PSOE: VOLUNTAD POLÍTICA

La socialista Ana Isabel Abengózar, de su lado, ha asumido que esta Proposición de Ley es "rigurosa y aplicable", además de dar "una respuesta firme al hecho delictivo" y acabar "con la sensación de impunidad que disfruta el okupa y su entorno", en referencia a las mafias.

Abengózar, que ha aludido a la primera vez que el presidente regional, Emiliano García-Page, habló de actuar contra la okupación, ha pedido no caer "en el error de los protagonismos" sobre quién habló antes de este asunto y ha pedido que "la voluntad política esté por encima de cualquier rédito electoral que se quiera sacar" sobre el tema de la okupación ilegal de viviendas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha asegurado que su Administración no va a ceder en el diseño de su política energética, enfocada a limitar el acceso a las compañías privadas y dar mayor protagonismo a los entes públicos, en respuesta al anuncio de Iberdrola de no invertir en el país azteca hasta que el Gobierno no aclare su política en esta materia.

"Yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex no estén conforme, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación, a nosotros no nos interesa los negocios privados, nos interesan los negocios públicos", ha aseverado el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

En el día de ayer, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, advirtió de que el grupo no prevé inversiones en el país después de que en los últimos tiempos el mandatario azteca haya lanzado ataques contra las energéticas españolas con presencia allí, especialmente dirigidos a Iberdrola.

En este contexto, López Obrador ha vuelto a apuntar contra la española y los contratos "muy jugosos" que esta obtuvo con las anteriores administraciones del país para la construcción de diferentes plantas de generación de energía.

Además, ha reincidido en el hecho de que la compañía nombrara como consejeros al expresidente Felipe Calderón y a la exsecretaria de Energía del país Georgina Kessel.

"Estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales porque se abusó mucho, el propósito, por dejarlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero", ha apuntado.

En esta línea, el presidente ha vuelto a hacer defensa del poder público y ha asegurado que si llegara a ser necesario, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio público en la gestión de recursos naturales del país.

Por su parte, Galán incidió en que las políticas energéticas "las elaboran los gobiernos", añadiendo que la compañía prevé completar su actual plan inversor y que no iniciará nada hasta clarificarse la situación del país.

"Si dicen que no inviertan empresas extranjeras, no lo haremos", aseguró Galán señalando que de todas maneras las inversiones en el país representan "muy poca cosa en el balance".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem', Manuel García-Castellón, ha imputado al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín en el marco de la pieza separada número 25 que está relacionada con un supuesto encargo de la empresa Persán al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Tal y como adelanta El Mundo, y ha podido confirmar Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga en esta pieza ese posible encargo de la empresa de detergentes al comisario que tendría por objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

El encargo, que fue denominado por Villarejo 'poyecto Saving' podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

En la pieza se imputan delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al representante de Persán José Moya Sanabria y al exsenador del PSOE, Francisco Rodríguez Martín como intermediario.

PROYECTO SAVING

Ese 'proyecto saving' tiene su origen en la operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito.

Al sospechar que "podría haber algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", el empresario en 2011 decidió acudir a Villarejo.

El diseño de Villarejo para abordar el problema constaba de tres fases, debía recuperar el estatus jurídico de José Moya, disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses y ayudarlo a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Según destaca El Mundo, en la investigación se ha podido acreditar la existencia de al menos cuatro abonos realizados por el Persán a las cuentas de las mercantiles de Villarejo. Y en los audios que fueron incautados en la entrada y registro de la casa del comisario queda claro el preponderante papel que desarrolló el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, persona de la entera confianza de José Moya.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca el pasado 14 de julio, que condenaba a 25 años de prisión al hombre acusado de acabar con la vida de su exesposa en la localidad oscense de Monzón. Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2018 y el acusado utilizó un cuchillo de cocina.

Los magistrados han considerado que sí existió ensañamiento y que no ha quedado probado el trastorno mental transitorio. La víctima no murió por una puñalada en concreto sino a causa del gran número de ellas --más de 90-- porque le produjeron una gran pérdida de sangre.

Otra de las razones argumentadas para rechazar el recurso es el trastorno mental transitorio expuesto por la defensa. Sobre ello la Sala ha reiterado los argumentos de la sentencia recurrida y ha concluido que "no se ha declarado probada disminución alguna de la capacidad del sujeto para entender la maldad de su acción" y por ello no cabe plantearse la inimputabilidad del acusado.

Frente a las alegaciones de la defensa, reconocen también los magistrados que no existe motivo alguno que pueda justificar un evidente error por parte del jurado, ni de que sus apreciaciones y valoraciones hayan afectado a los derechos constitucionalmente reconocidos al acusado.

Por tanto, el TSJA confirma la resolución recurrida que condenaba a M.D. a 25 años de prisión por un delito de asesinato caracterizado con las circunstancias de alevosía y ensañamiento, con agravantes de parentesco y violencia de género.

Contra la sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del TSJA se puede interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado la orden foral dictada ayer por el Gobierno de Navarra que, entre otras medidas, limita la entrada y salida de la Comunidad foral salvo por motivos laborales o sanitarios y ordena el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración como consecuencia de la evolución epidemiológica derivada del Covid-19.

En el auto, que puede ser recurrido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN advierte, para futuras decisiones, de que las medidas deberán ser presentadas por el Gobierno de Navarra para su autorización previa, no para su ratificación posterior. Es decir, tendrán que plantearse para su control judicial con anterioridad a su entrada en vigor, según ha informado el TSJN.

En la parte dispositiva de la resolución judicial, el Tribunal exige que, transcurridos siete días, el Ejecutivo navarro entregue un informe "sobre la evolución epidemiológica y la efectividad de las medidas adoptadas".

Este jueves han entrado en vigor las nuevas medidas implantadas por el Gobierno de Navarra para frenar la expansión de la Covid-19 y que incluyen la limitación de movimientos al perímetro de la Comunidad foral, con excepciones de tipo sanitario, laboral, docente y de fuerza mayor y otras restricciones horarias y de actividad de los establecimientos.

Estas limitaciones se mantendrán, en principio, hasta el 4 de noviembre. Entre otras, se determina el cierre total de establecimientos de hostelería y restauración, bingos, salones de juegos y recreativos; el adelanto a las 21 horas del cierre de comercios y espacios de servicios y de ocio.

Por su parte, las reuniones en el ámbito público y privado se limitan a 6 personas, excepto convivientes. Asimismo, se dispone la reducción al 50% de transporte público de la comarca de Pamplona y se limita el aforo de los cementerios con motivo de la festividad del 1 de noviembre.

Parte de estas medidas preventivas, las referidas a aforos de establecimientos y locales comerciales, lugares de culto, enseñanza no reglada o instalaciones deportivas ya estaban vigentes tras la aprobación de la orden foral aprobada el pasado 11 de octubre.

Respecto a la solicitud de ratificación, la Sala afirma "la improcedencia jurídica de tal articulación procesal por parte de la Administración". Así, agrega, la regla general sería la autorización previa, salvo que se justifique por la Administración "especial urgencia y necesidad" en su adopción.

En el caso de las anteriores órdenes forales ratificadas, el Tribunal entiende que se daba esa urgencia. Sin embargo, pone de relieve que, en el caso de esta orden foral, las medidas fueron anunciadas a los medios de comunicación el lunes para su entrada en vigor el jueves.

En este sentido, los magistrados constatan que no ha existido la especial urgencia a la que se refiere la ley, dada la actuación de la Administración, que demoró la entrada en vigor desde su anuncio y presentó la solicitud de ratificación judicial ayer a las 13.29 horas, a las pocas horas de su entrada en vigor, lo que impide el control previo del Tribunal.

"Esta cuestión no es baladí, y aunque en el presente caso no empece a su toma en consideración, este tipo de actuación procedimental de la Administración puede determinar el juicio de proporcionalidad de este Tribunal a la hora de valorar las medidas adoptadas, al margen de las responsabilidades que se pudieran derivar, en particular en caso de no ratificación de las medidas respecto de las cuales se debió pedir autorización previa", remarca la Sala.

Desde el punto de vista procedimental, argumenta el Tribunal, la orden foral ha sido dictada por la consejera de Salud, que es la autoridad sanitaria competente, y las medidas que adopta tienen su anclaje en el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. "En este sentido cumple el canon de legitimidad constitucional para la restricción de los derechos fundamentales antes referidos establecido por el Tribunal Constitucional", sostienen los magistrados.

Así, resaltan los jueces, el Tribunal Constitucional admite la posibilidad de que por ley orgánica, e incluso mediante ley ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales, con las matizaciones hechas acerca del ámbito aceptable de intromisión de una y otra en el derecho fundamental, y siempre que esta limitación se encuentre suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y en cuanto a los fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales.

Por ello, la Sala considera que el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública habilita a la Administración foral para la adopción de medidas sanitarias al darse el supuesto establecido en la norma, esto es, la situación de crisis sanitaria por la pandemia ocasionada por el Covid-19 y estar orientadas a conseguir la finalidad de evitar la transmisión de la enfermedad.

Andalucía suma este jueves 22 de octubre 44 personas fallecidas por coronavirus (Covid-19), cifra más alta de defunciones en la segunda ola, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, que contabilizan 2.954 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, segunda cifra más alta tras los 3.442 casos detectados el miércoles.

Nuevamente, Sevilla y Granada son las provincias que más contagios suman en esta jornada, la primera con 799 y la segunda con 786. Les siguen Málaga con 306, Jaén con 265, Córdoba con 255, Cádiz con 203, Huelva con 178 y Almería con 162.

Los 2.954 positivos de este jueves sólo son superados por los 3.442 casos del miércoles. Respecto a las 44 defunciones, es la cifra más alta de muertes en la segunda ola, seguida por los 42 fallecimientos del martes 20 y los 41 del día 13 de octubre.

DOCE MUERTES EN 24 HORAS Y MÁS DE 500 INGRESADOS EN SEVILLA

De las 44 muertes que se han contabilizado, Sevilla ha sido la que más concentra con un total de doce, seguida de Granada con once, Málaga con seis, Jaén y Córdoba con cinco y Almería con cuatro. Huelva es la única provincia sin fallecidos.

Por otro lado, los hospitales andaluces vuelven a aumentar este jueves su presión asistencial con 1.675 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 108 más en 24 horas y 455 más que hace una semana, de los que 201 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), tres más que este miércoles y 35 más que hace siete días.

Sevilla repite de nuevo como la provincia con más hospitalizados con 518, de los que 48 están en UCI, seguida de Granada con 360, 51 en UCI --provincia con más pacientes en esta Unidad--; Málaga con 203, 30 en UCI; Jaén con 157, 19 en UCI; Cádiz con 171, 19 en UCI; Córdoba con 155, 15 en UCI; Almería con 58, 14 en UCI; y Huelva con 53, cinco en UCI.

128 BROTES EN LA ÚLTIMA SEMANA CON 1.087 CASOS

El parte diario de la Consejería de Salud y Familias informa de que durante la última semana se han comunicado al Ministerio de Sanidad 128 brotes con 1.087 casos confirmados por PCR y test de antígenos, lo que supone un aumento en relación con los 112 brotes y 858 positivos de la semana anterior. Además de los focos declarados en los últimos siete días, en la comunidad siguen activos 160 brotes declarados con anterioridad.

Por provincias, Granada se sitúa como la provincia que concentra mayor número de brotes con 28 con 231 positivos, seguida de Málaga, con 23 brotes y 168 casos; Jaén con 22 focos y 201 contagiados; Sevilla, con 17 brotes y 126 afectados y Cádiz con 14 brotes con 134 positivos. Las provincias que han registrado diez brotes o menos en la última semana vuelven a ser Córdoba, con diez focos y 111 positivos; Huelva, con ocho focos y 75 contagios, y Almería con seis brotes y 41 casos.

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde este jueves se han notificado seis fallecimientos. Así, en la residencia Domusvi de Puente Genil (Córdoba) tres personas han perdido la vida --cinco muertes en total y 102 positivos--; la residencia San José de San Fernando (Cádiz) ha registrado una muerte y cuenta con 44 casos; la residencia Vista Nevada de Ogíjares (Granada) ha registrado un fallecimiento que eleva a tres el total --cuenta con 69 positivos-- y la residencia Senior de Benalmádena (Málaga), que tiene 85 contagios, ha contabilizado un nuevo fallecimiento, que eleva a tres las víctimas mortales.

Además de las mencionadas, en nueve centros de mayores los positivos se han incrementado en esta jornada: Vitalia de San Fernando cuenta ya con 35 casos; Jesús Nazareno de Córdoba, con 24 afectados; Misericordia de Loja (Granada), con 57 afectados; El Pinar de La Zubia, con 19 casos; San Jaime de Huéscar, con 56 confirmados; Santa Clara Los Milagros de Málaga, con 19 positivos; Madre de Écija, con 30 casos; Sagrados Corazones de Sevilla, con 15 afectados, y la residencia Santiago-Pontones (Jaén), con 25 contagiados.

NUEVOS BROTES EN RESIDENCIA DE MAYORES Y DE ESTUDIANTES

Un nuevo foco de Covid-19 ha sido detectado en la residencia de mayores La Granja de Jerez de la Frontera (Cádiz), con 23 casos, 16 residentes y siete trabajadores. También se ha notificado un brote de coronavirus en la residencia de estudiantes Ramón Carande de Sevilla con once contagios.

Respecto al brote del centro de personas con discapacidad Zaytum de Linares (Jaén), los casos ascienden a 34. El resto de focos no presentan cambios con respecto al miércoles.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 104.189 casos confirmados, 2.954 en 24 horas, y ha alcanzado las 2.286 muertes tras sumar 44 de un día para otro, cifra más alta en esta segunda ola.

MÁS DE 12.000 HOSPITALIZADOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 12.041, hasta 171 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.201, tras sumar 18 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 44.672, después de sumar 1.030 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.286 muertes desde el inicio de la pandemia --44 más en 24 horas--, Sevilla con 474 --doce más-- y Málaga con 463 --seis más-- se sitúan como las provincias con más fallecidos, seguidas de Granada con 401 --once más--, Cádiz con 260 --una más--, Jaén con 260 --cinco más--, Córdoba con 226 --cinco más--, Almería con 136 --cuatro más-- y Huelva con 66 --única provincia que no suma fallecidos--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 104.189 desde el inicio de la pandemia --2.954 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, que alcanza los 23.672 casos --799 más--, seguida de Málaga con 20.202 positivos --306 más--, Granada con 17.045 --786 más--, Córdoba con 11.145 --255 más--, Cádiz con 10.173 --203 más--, Almería con 9.819 --162 más--, Jaén con 9.375 --265 más-- y Huelva con 2.758 --178 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 12.041 --171 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 2.709 --28 más--, seguida por Málaga con 2.643 --33 más--, Granada con 1.887 --28 más--, Jaén con 1.286 --27 más--, Córdoba con 1.220 --21 más--, Cádiz con 1.139 --18 más--, Almería con 814 --seis más-- y Huelva con 343 --diez más--.

De ellos, 1.201 han pasado por la UCI en Andalucía, 18 más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 249 --dos más--, seguida de Sevilla con 238 --cinco más--, Granada con 168 --uno más--, Córdoba con 146 --cuatro más--, Cádiz con 127 --uno más--, Jaén con 130 --cinco más--, Almería con 107 y Huelva con 36.

MÁS DE 400 CURADOS EN MÁLAGA EN 24 HORAS

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 44.672 en toda la región tras sumar 1.030 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 11.867 --406 más--, seguida de Almería con 7.575 --226 más--, Sevilla con 6.999 --48 más--, Granada con 4.802 --82 más--, Cádiz con 4.555 --91 más--, Córdoba con 4.229 --104 más--, Jaén con 3.771 --52 más-- y Huelva con 874 --21 más--.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha asegurado este jueves que "siempre es lo más deseable" contar con los criterios del Tribunal Supremo para aclarar interpretaciones diferentes que puedan dar los tribunales de diferentes territorios sobre restricciones en el ámbito del Covid-19 u otras materias que puedan dar lugar a resoluciones contradictorias.

Así lo ha aseverado Celso Rodríguez durante la presentación de la Memoria Anual correspondiente al año 2019 en donde ha llamado la atención en el hecho de que diferentes tribunales emitan resoluciones contradictorias sobre cuestiones con una misma base fáctica puede crear cierta perplejidad entre los ciudadanos.

"Todos los asuntos no son iguales ni contienen el mismo marco jurídico. No es la misma legislación en todas las Comunidades Autónomas. Muchas personas perciben que los tribunales de unos y otros territorios están dictando resoluciones y abriendo una llave. Una cosa es hablar de resoluciones sobre cosas distintas y otra de resoluciones contradictorias, ha aseverado.

En el caso de que diferentes tribunales dicten resoluciones que puedan considerarse contradictorias, el magistrado ha apuntado que llevará a la perplejidad del ciudadano que pedirá explicaciones ante supuestos similares con la misma base fáctica, lo que a su juicio "no contribuye a fortalecer la credibilidad del sistema de judicial". "Para eso existe la unificación de doctrina del Supremo", ha dicho.

"Es una obviedad. Respetamos la jurisdicción del Tribunal Supremo y siempre es más que deseable que la jurisprudencia del Supremo para aclarar determinados en este y en cualquier otro asunto que puedan dar lugar a interpretaciones diferentes", ha dicho.

Al hilo, ha indicado que en Derecho en ocasiones "hay cuestiones limítrofes que pueden ver dos tribunales desde puntos de vista complementarios que no tienen por qué ser contradictorias".

"Y por tanto, en Derecho siempre es deseable contar con criterios seguros, fijos y uniformes en todo el Estado y que procedan del Supremo e incluso del Tribunal Constitucional en función de la materia", ha reseñado.

Por ello, ha insistido en que "contar" con su opinión del Supremo siempre es una garantía de seguridad jurídica para los tribunales y para los ciudadanos", ha apostillado.