El presidente de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, aplaudió este miércoles la flexibilización de los criterios para la acreditación de trabajadores dedicados a la atención de personas en situación de dependencia, ya que «todo hace prever que harán falta».

«Estamos ante una situación de fuerza mayor, y lo primero es asegurar la asistencia», dijo Ramírez en declaraciones a Servimedia. Por ello, se felicitó ante la resolución que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) que permite reforzar las plantillas con personas sin titulación pero con experiencia en el cuidado de personas dependientes.

A su juicio, «el Gobierno se ha adelantado a un eventual brote de contagios en el sector. Se trata de «una medida muy lógica», prosiguió, pues «lo que no podemos permitir es que las personas en situación de dependencia se queden sin los asistentes personales y sin los auxiliares que necesitan. Su vida depende de ellos, y había que anticiparse».

Por otro lado, Ramírez exigió reforzar todos los centros de atención a personas mayores o con discapacidad con personal sanitario. «En general somos centros de servicios sociales y carecemos de los profesionales (médicos, enfermeras…) para hacer frente a una crisis como esta».

Por eso, además de los equipos de protección que «por supuesto pedimos de manera urgente, también requerimos recursos humanos para gestionar la situación», concluyó.

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La Reina, presidenta de honor de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), habló este miércoles con el presidente de esta entidad, Ignacio Bayón, para conocer las acciones que está impulsando durante la situación de confinamiento que vive España a causa del coronavirus.

Estas acciones pasan por el fortalecimiento del pensamiento crítico en adolescentes para combatir noticias falsas a través del programa ‘(In)fórmate’ y el apoyo y orientación a particulares, familias y jóvenes con problemas de adicciones o de malestar psicológico a través del Servicio de Información y Orientación de FAD (SIOF).

A pesar de esta situación, según indica Fad en una nota, el proceso de transformación digital que la entidad inició hace dos años ha permitido que el 100% de su personal esté trabajando ‘online’ para poder seguir cumpliendo con su misión en momentos «tan delicados como los que estamos viniendo con la crisis del Covid-19».

En este sentido, señaló que el impacto de ‘fake news’ en las formas de afrontar la emergencia sanitaria en la adolescencia es una de las prioridades de FAD. Por ello, a través del juego ‘online’ Eraser, del programa ‘(In)fórmate’, los jóvenes pueden adquirir habilidades para lidiar con el exceso de información y discriminar entre los bulos y las noticias. Hasta el momento, 482 profesores y 3.288 chicos han participado en esta iniciativa.

Este programa también pone a disposición de la comunidad educativa y de los propios jóvenes unos vídeos experienciales sobre cómo se elaboran las noticias en los principales medios de comunicación de España, así como de reporteros de guerra. Estos vídeos están protagonizados por personalidades relevantes del panorama mediático actual y cuentan con la colaboración de la práctica totalidad de las empresas informativas españolas.

APOYO TELEFÓNICO

Por otro lado, el Servicio de Información y Orientación FAD (SIOF) sigue disponible para ofrecer apoyo y asesoramiento a familias y particulares sobre cómo actuar ante problemas relacionados con los consumos de drogas o sobre cómo abordar la educación y la prevención en casa.

Este servicio está disponible de 9 a 21 horas a través del teléfono gratuito 900 16 15 15, el e-mail consultas@fad.es y el WhatsApp 681 155 160. Ademas, desde el mes de febrero, el SIOF se está especializando en la atención a jóvenes que se encuentren en situaciones de malestar social y psicológico.

A través de los canales señalados anteriormente y del WhatsApp 623 22 05 70 se ofrece información y orientación a personas jóvenes que tienen o creen tener problemas de salud mental relacionados con sus vivencias y experiencias.

Asimismo, con el objetivo de informar y asesorar a la sociedad, Fad rá lanzando en su canal de Youtube una serie de vídeos de expertossobre diferentes temáticas entre las que destacan la prevención de consumo de drogas en estas circunstancias, la comunicación asertiva, o la resolución de conflictos en la familia.

Además, dentro del programa de ‘Cine y Valores’, se han puesto a disposición de las familias y del profesorado guías descargables sobre películas dirigidas a edades entre 10 y 18 años. Este programa pretende ofrecer herramientas educativas incorporando el cine como eje clave, así como facilitar y enriquecer el trabajo de todos aquellos profesionales que contribuyen al crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes en aquellos ámbitos más o menos formales.

JÓVENES Y TIC

Además de animar a los jóvenes a quedarse en casa y a llevar a cabo actividades que mantengan el buen ánimo haciendo un especial esfuerzo de acompañamiento y motivación en redes sociales y blogs, FAD considera de vital importancia mantener la atención sobre los riesgos que implican los usos de TIC.

Por ello, en el marco de la campaña ‘Defiende lo obvio’, la entidad lanzará en los próximos días en redes sociales una campaña digital dirigida a adolescentes con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de las apuestas con dinero y prevenir el aumento de juego y apuestas online durante los días de aislamiento.

Finalmente, también se mantiene activo el proyecto ‘Conectados’ en el que, a través del juego ‘Conectados. Gestiona tu yo online’, se promueve el uso adecuado de las TIC e Internet por parte de adolescentes. Este proyecto también cuenta con investigaciones sobre socialización tecnológica y herramientas de apoyo a agentes educativos.

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Hostelería de España, organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs del país, trasladó al Gobierno la preocupación del sector ante las dificultades que encuentran los hosteleros para aplicar el real decreto del Ejecutivo para hacer frente a la crisis del coronavirus, y reclamó la ampliación de las iniciativas anunciadas para poder salvaguardar la continuidad de los negocios hosteleros

La patronal hostelera mantuvo una reunión con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto con las entidades del sector Marcas de Restauración, Restauración Colectiva, Aecoc y Competur. Tanto en la reunión como en un documento de propuestas que remitió al Ejecutivo, Hostelería de España explicó cómo los empresarios hosteleros se están encontrando con numerosas dudas y obstáculos en relación a la aplicación y tramitación de los ERTE, contemplados en el mencionado real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus.

“Precisamente este tipo de medidas tomadas por el Gobierno tienen por objetivo la flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los empresarios, con el fin último de aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, pero nos hemos encontrado con diversos obstáculos que impiden esa agilidad”, señaló el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

“Un ejemplo claro es que el acceso a los ERTE varía a lo largo del territorio y que en muchas regiones las delegaciones de Empleo están exigiendo a los negocios aportar toda la documentación de los trabajadores, lo que alarga y complica indudablemente los trámites”, apostilló.

Otro de los principales problemas que cita es la obligatoriedad de comunicación a los trabajadores por parte del empresario del cese o disminución de la actividad del negocio. “Se están devolviendo Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por defecto en la comunicación, cuando el anuncio del presidente del Gobierno del cierre de los centros de trabajo relacionados con la hostelería debería ser una notificación válida de por sí”, aseguró el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego. “Necesitamos que el ERTE solicitado por la empresa, ya sea de reducción de jornada o de suspensión temporal de la actividad, sea automáticamente autorizado por la Autoridad Laboral, o al menos, que se conceda una autorización provisional de manera inmediata. Con esto se conseguiría no dilatar de manera innecesaria el procedimiento, ya que se considera proveniente de una causa de fuerza mayor”, añadió.

La patronal hostelera señaló otras dudas que se le han presentado al sector en relación al funcionamiento de los ERTE, como la obligatoriedad por parte de la empresa de mantener los puestos de trabajo en los seis meses siguientes desde la fecha de reanudación de la actividad. “Es realmente difícil asegurar el mantenimiento de los mismos empleos en los seis meses siguientes al ERTE, puesto que los negocios se van a ver duramente afectados por el parón provocado por la crisis sanitaria”, señalaron.

Además, Hostelería de España reclamó otros asuntos que el sector viene reivindicando en las últimas semanas con el fin de garantizar la subsistencia de los negocios hosteleros. Por un lado, expresó la urgencia por buscar la flexibilización de la financiación bancaria y la renegociación de pólizas y solicitaron moratorias de las hipotecas y créditos con los bancos de préstamos. Por otro, reclamó la suspensión total de la cotización de autónomos de hostelería, incluyendo la del mes de marzo, ante la falta de ingresos y liquidez que sufren estos empresarios hosteleros desde que se anunciara el cierre de los establecimientos.

Otra de las medidas por las que abogó la patronal es la búsqueda de una real flexibilización de la financiación bancaria, reducción de costes y la renegociación de pólizas “con la finalidad de que las empresas obtengan liquidez para hacer frente a todas sus obligaciones”. Así, una de las medidas por las que aboga la patronal es la búsqueda de líneas de crédito específicas para las pymes.

Además, la entidad hostelera recordó otra de las medias que califica de “urgentes”, la de resolver la suspensión de pago de los arrendamientos de los locales hosteleros durante el tiempo que éstos se encuentran inactivos.

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La eurodiputada de la delegación de Ciudadanos Maite Pagaza pidió este miércoles que se asegure “la disponibilidad de protecciones sanitarias contra el Covid-19 a los trabajadores que atienden a personas con discapacidad”.

Así lo hizo en unas declaraciones recogidas en una nota de prensa remitida desde Bruselas. “Los profesionales que atienden a las personas con discapacidad en estos momentos de gravedad deben recibir la misma protección que los trabajadores de la salud que se ocupan de la Covid-19”, aseguró la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.

Por ello, pidió “asegurar que los auxiliares de servicios para personas con discapacidad, asistentes personales, intérpretes de lengua de signos y demás profesionales del sector trabajan con las máximas garantías”.

Según explicó, en una situación tan difícil como la actual para toda la población, “hay que tener en cuenta que puede ser aún más difícil para las personas con discapacidad” por lo que “es importante garantizar» que no se queden sin «bienes esenciales, apoyo y contacto humano”, y en este sentido es primordial “priorizar la protección de estos trabajadores que trabajan con personas con especial vulnerabilidad”.

El comunicado señala que las personas con discapacidad se enfrentan al mismo riesgo que el resto de la población, agravado en ocasiones por la exclusión de los canales de información sobre salud y de la prestación de servicios de salud en general.

Por este motivo, la eurodiputada insistió en que “son precisas iniciativas proactivas y medidas preventivas más estrictas. “Estas medidas deberían extenderse a su red de apoyo”, remarcó.

Por último, señaló la importancia de que “la información sobre la salud pública sea plenamente accesible”, de modo que los números de emergencia (tanto el 112 como los números de teléfono específicos establecidos para esta pandemia) tengan alternativas para las personas sordas o con problemas de audición. “Las instrucciones para el personal de atención a la salud deben poner de relieve la necesidad de evitar toda discriminación por motivos de discapacidad, entre otras”, concluyó Pagaza.

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres (FCM) pidieron este miércoles a la Unión Europea fondos adicionales para hacer frente a la pandemia de coronavirus, en los que se debe tener en cuenta de manera especial a los grupos sociales más vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad o mayores.

Así lo pusieron de relieve la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, y la vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres, Ana Peláez, durante una reunión telemática con la europarlamentaria española Maite Pagazaurtundúa, miembro del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo.

Las representantes del movimiento CERMI alertaron de que hay “un problema grave en las residencias y centros de personas con discapacidad, que precisan con urgencia de personal de apoyo, medios técnicos, limpieza y desinfección y test de diagnóstico”, al tiempo que advirtieron de que cualquier discriminación que se produzca contra personas con discapacidad en el acceso a tratamientos atenta contra la Convención Internacional de la Discapacidad de Naciones Unidas.

Tanto la FCM como el Cermi pidieron que todas las medidas que se adopten tengan en cuenta la doble perspectiva de género y discapacidad, con el fin de que las mujeres y niñas con discapacidad “no se vean perjudicadas de manera más intensa”. En este sentido, han exigido que se proteja de manera adecuada a los cuidadores de personas con discapacidad o en situación de dependencia, que mayoritariamente son mujeres.

VIOLENCIA MACHISTA

Del mismo modo, instaron a que desde la UE y los Estados miembro se preste especial atención a todas las formas de violencia machista y abusos, a las que la población femenina con discapacidad está más expuesta, en general, y durante una situación de confinamiento, en particular.

En suma, ambas entidades exigieron que las instituciones comunitarias “se impliquen más” en la lucha contra la actual crisis de salud pública y han lamentado que por el momento, especialmente, “la Comisión Europea no esté a la altura”.

Eso sí, tanto el CERMI como la FCM destacan la receptividad de la eurodiputada Maite Pagaza con todas las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad y sus familias.

En el encuentro, Pagazaurtundúa señaló que la agenda de la Eurocámara “prácticamente se ha paralizado” para hacer frente a la pandemia y subrayó que este mismo jueves se dará un impulso desde el Parlamento Europeo a la movilización de recursos económicos. Igualmente, Pagaza ha pedido a las organizaciones de la discapacidad que trasladen a la Eurocámara las situaciones de discriminación de las que tengan conocimiento.

Por último, se acordó mantener la interlocución permanente, no solo con el movimiento Cermi, sino con el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés).

En este sentido, se pidió que el prontuario del CERMI con recomendaciones para garantizar los apoyos necesarios ante la crisis de coronavirus se difunda en inglés a todos los países de la UE y a las instituciones comunitarias.

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Un total de 90 de deportistas pueden entrenar en casa gracias con material nuevo tras la gestión realizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) con diferentes proveedores.

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, enfermedad causada por el coronavirus, el CPE puso en marcha el pasado 13 de marzo un Plan Deportivo de Contingencia para dotar a sus deportistas del material necesario para continuar con su preparación desde sus domicilios, según informó este miércoles el Comité Paralímpico Español.

Aunque los Juegos de Tokio hayan sido pospuestos a 2021, los deportistas deben continuar con sus rutinas de trabajo y el material solicitado les ayudará a seguir cumpliendo con el confinamiento y con las directrices que marcan las autoridades competentes, con lo que, una vez más, los deportistas paralímpicos demuestran su capacidad de readaptación a situaciones complejas.

Mucho antes del propio aplazamiento de los Juegos y a la vista de los acontecimientos que se venían produciendo respecto a la pandemia en España, el CPE se anticipó y rápidamente puso en marcha una partida presupuestaria extraordinaria para ayudar a los integrantes del Plan ADOP.

Para ello, consultó a los 150 deportistas con discapacidad o de apoyo sobre sus necesidades de material, bien a través de ellos mismos o de sus técnicos y seleccionadores. De ellos, a 90 se les ha aportado material para entrenar en casa, 58 manifestaron no necesitarlo y a dos no se les ha podido hacer llegar debido al cierre de almacenes o a la dificultad encontrada para poner en marcha ciertos envíos a Canarias.

Entre el material suministrado hay pesas, máquinas de remo, ergómetros, bicicletas, rodillos, cintas de correr, material de fuerza, etc. Son elementos aportados a los deportistas, con la excepción de las 25 bicicletas de ‘spinning’ prestadas por la cadena de gimnasios GoFit y los cuatro ‘krankcycle’ cedidos por Matrix, y que han sido adquiridos por el CPE en régimen de cesión temporal hasta que finalice el periodo de confinamiento por el Covid-19.

Con motivo del envío y recepción de este material, desde del departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español también se ha llevado a cabo una campaña en canales digitales con la que se impulsa el mensaje de concienciación de quedarse en casa y colaborar así con las directrices que marcan las autoridades a fin de no ayudar en la propagación del virus.

Bajo el hashtag #ParalimpicosEntrenanEnCasa, los deportistas han hecho gala de esa responsabilidad individual que debe tener toda la sociedad en la lucha contra esta pandemia mientras continúan con sus quehaceres diarios.

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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha dado positivo en el contagio de Covid-19 en una segunda prueba sanitaria. Así se suma a las ministras Carolina Darias e Irene Montero, también afectadas por este coronavirus dentro del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Según informó esta tarde La Moncloa, Calvo ha dado resultado positivo en coronavirus “en la última prueba médica que le fue realizada ayer”. “La vicepresidenta había tenido en pruebas anteriores un resultado negativo, pero, a juicio médico, el último no proporcionaba datos concluyentes”.

“Por este motivo, se le ha repetido la prueba, cuyo resultado se acaba de conocer”, aseguran desde el Gobierno en un comunicado oficial. La vicepresidenta evoluciona “favorablemente y recibe el tratamiento médico prescrito”, en la clínica Ruber de Madrid, donde permanece “con el protocolo de aislamiento y cuarentena preceptivo”.

Calvo ingresó el domingo por problemas respiratorios en este centro hospitalario derivada por Muface, la mutualidad que presta servicio sanitario a los funcionarios públicos.

NEGATIVO NO CONCLUYENTE

Allí se realizaron varias pruebas médicas entre ellas los conocidos PCR que determinan si padece el coronavirus que azota a España. Pero, según informó el martes La Moncloa, el resultado de la prueba del Covid-19 practicada fue “negativo” aunque no se consideró “concluyente”.

En una comunicación oficial del martes, el Gobierno aclaró entonces que Calvo, de 62 años, “continúa hospitalizada con el tratamiento médico prescrito para la infección respiratoria que padece” y que, desde una habitación aislada de la clínica Ruber de Madrid, le iban practicar nuevas pruebas.

Por su situación hospitalaria, Calvo se sumó a las ministras Carolina Darias e Irene Montero -contagiadas ambas de Covid-19- en ausentarse del Consejo de Ministros telemático que se celebró este martes para aprobar la solicitud de prórroga del estado de alarma.

La vicepresidenta publicó en la tarde del martes un mensaje con su firma en su perfil oficial de Twitter para “agradecer los mensajes” que ha recibido estos días y que le “transmiten tanto afecto». «Estaré siempre en deuda con vosotras y vosotros”, concluyó el mensaje de Calvo desde el hospital.

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La confederación Aspace de atención a personas con parálisis cerebral exigió este miércoles que este colectivo sea incluido entre los grupos «de alto riesgo» ante el coronavirus por su característica pluridiscapacidad, que suele ir acompañada de patologías respiratorias crónicas y problemas cardiovasculares asociados.

De este modo, estas personas, sus familias y los trabajadores que les atienden podrían recibir de forma prioritaria equipos de protección y acceder también a las pruebas diagnósticas.

Según Aspace, el cierre de centros y la crisis sanitaria a causa del Covid-19 ha dejado a 120.000 personas con parálisis cerebral en «total desprotección». De ellas, el 80% tienen grandes necesidades de apoyo.

En esta línea, Aspace pidió que se faciliten elementos de protección a las residencias que atienden al colectivo, así como el establecimiento de protocolos claros ante contagios que tengan en cuenta las particularidades de estas personas.

También señaló que este colectivo debería ser prioritario a la hora de recibir atención y seguimiento sanitario, y pidió que no se les discrimine en su derecho a la salud.

Por otro lado, propuso crear una bolsa de trabajadores del ámbito social para la eventual sustitución de profesionales sometidos a cuarentena, promover campañas de voluntariado para atender a las personas más vulnerables y aprobar mecanismos de apoyo a los Centros Especiales de Empleo y a las personas con discapacidad que trabajan en ellos, a fin de no poner en peligro su viabilidad.

En cuanto a las administraciones locales, Aspace les instó a primar la limpieza en la atención domiciliaria y a prestar servicios de compra y apoyo a las personas en mayor riesgo.

Reclamó que las prestaciones transitorias de la Seguridad Social destinadas a padres que deben permanecer en su domicilio al cuidado de sus hijos por el cierre de colegios se extiendan a las familias de personas adultas con discapacidad afectadas por el cierre de centros de atención y, ante el uso de hoteles como espacios sanitarios, recomendó que la accesibilidad de estos lugares sea un criterio a tener en cuenta para atender a personas con parálisis cerebral.

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Autismo España denunció este miércoles que muchas personas con TEA y sus familiares han recibido «gritos, insultos y vejaciones» cuando han salido a la calle por motivos terapéuticos, solos o en compañía de un familiar, posibilidad que contempla la normativa aprobada por el Ministerio de Sanidad.

Según la confederación, durante los últimos días se han recibido «cientos de denuncias y quejas por este motivo». Por ello, pidió «comprensión y respeto» a la ciudadanía, y recordó que, entre las excepciones al confinamiento decretado para hacer frente al Covid-19, figuran las «salidas terapéuticas» para aquellas personas con discapacidad cuya conducta o estado de salud puedan verse gravemente perjudicadas.

Una instrucción del Ministerio de Sanidad publicada en el BOE el pasado 19 de marzo así lo autoriza. Además, Autismo España insistió en que no es preciso salir a la calle con distintivos visuales como chalecos reflectantes, camisetas o pañuelos azules, algo que muchas personas han decidido hacer para evitar insultos y vejaciones.

En primer lugar resulta «estigmatizante», señaló, y también puede facilitar «un mal uso por parte de otros ciudadanos que quieran aprovechar la situación para salir a la calle».

En cambio, la confederación recomendó llevar, siempre que se posea, el certificado de discapacidad, la prescripción sanitaria de los paseos, otros informes médicos y una copia de la citada instrucción.

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El comité organizador de la World Blindness Summit Madrid 2020 ha tomado la decisión de aplazar su fecha de celebración, prevista para este mes de junio, tras analizar la situación generada por el coronavirus a nivel mundial y siguiendo las indicaciones fijadas por el estado de alarma declarado por las autoridades.

Impulsada por la Unión Mundial de Ciegos (UMC), ICEVI (entidad que aglutina a los mayores expertos del mundo en educación de personas ciegas) y organizada en España por el Grupo Social ONCE, esta cumbre histórica se mantendrá en Madrid entre los días 21 y 26 de mayo de 2021, para debatir y marcar el camino hacia el futuro de los más de 285 millones de personas ciegas del mundo.

Se trata de la mayor asamblea internacional en torno a la discapacidad visual, que contará con una asistencia de más de 1.500 personas ciegas venidas de 190 países y más de 200 organismos relacionados con la discapacidad visual compartiendo espacios, talleres, ponencias, conocimientos y experiencias en favor del debate hacia un futuro mejor y sobre el que trabajar juntos, globalmente.

De forma paralela, también se ha decidido aplazar TifloInnova 2020, feria de referencia global en tecnología adaptada a personas con discapacidad. El comité organizador entiende que debe celebrarse en las mismas fechas que la World Blindness Summit para que las personas ciegas de todo el mundo puedan ver las ayudas técnicas más avanzadas para la mejora de su calidad de vida.

Una vez finalice el estado de alarma en España y se normalice la situación generada por coronavirus en todo el mundo, el comité organizador notificará a colaboradores e instituciones implicadas la nueva fecha de celebración, que será en mayo de 2021. En esa línea, se seguirá trabajando en la organización de esta cumbre en la que se caminará hacia una nueva visión de la ceguera con más de 17 eventos, 45 conferencias y 29 actividades que harán de Madrid la capital mundial de la ceguera.

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Universidades, además de las CCAA, acordaron este miércoles cambios en el calendario y en las pruebas de acceso a la Universidad (EBAU), que se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en extraordinaria, según ha aprobado la Conferencia Sectorial de Educación.

En una reunión telemática, además de permitir ese retraso de más de tres semanas en el margen establecido inicialmente, también se ha acordado que «el modelo de examen se ajustará a la excepcionalidad que supone el actual estado de alarma para no perjudicar al alumnado», indicó el Ministerio de Educación en una nota.

La reunión, presidida por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, tuvo como objetivo alcanzar decisiones “para que ningún alumno pierda el curso por esta situación provocada por el Covid-19”.

Tanto Educación como Universidades y las Comunidades Autónomas aseguran que son conscientes de la dificultad que está suponiendo para el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato, la suspensión de las clases presenciales, por lo que recalcaron que sus decisiones persiguen la “equidad y justicia” en el acceso a la Universidad.

Por ello, «se ha acordado además modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias», asegura el Gobierno en la citada nota.

“Aunque las fechas propuestas para la realización de la EBAU dependerán de la evolución de la pandemia, se ha establecido que las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre”, subrayó Educación en su nota.

LA PRUEBA

En concreto, según la documentación facilitada por el Ministerio de Universidades, se hará al alumnado una propuesta de examen con varios enunciados (preguntas, cuestiones, problemas, etc.) y en la elaboración de cada una de las pruebas de evaluación se procurará utilizar al menos un elemento curricular de cada uno de los bloques de contenido.

“Los enunciados propuestos serán opcionales para el alumnado, de forma que pueda configurar un conjunto de respuestas que les permitan alcanzar la máxima puntuación (10), aunque en las clases presenciales, hasta el 10 de marzo de 2020, no se haya desarrollado una parte del currículo de la materia. Ninguna pregunta o cuestión puede ser obligatoria”, puede leerse en el documento de Universidades.

EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS Y FP

Educación ha propuesto también a las CCAA que se cancelen las pruebas de evaluación diagnóstica que establece la Lomce, ley actualmente en vigor, para 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO; y para los alumnos que están realizando este curso en el extranjero, el Gobierno establecerá sistemas específicos para homologar sus estudios.

Además, la Conferencia de Educación ha aprobado medidas acordadas en la Comisión de FP: flexibilizar las prácticas en el centro de trabajo para superar el curso, ampliando el periodo establecido en el calendario escolar. Esta medida extraordinaria deberá coordinarse con las fechas de celebración de la EBAU para permitir que todos los estudiantes que así lo deseen puedan presentarse a la prueba de acceso a la Universidad.

La duración de la Formación en el Centro de Trabajo (FCT) se limita de manera excepcional a las horas mínimas recogidas en la normativa básica, es decir, 220 horas. Asimismo, se integrará de forma excepcional el módulo de FCT con un módulo de proyecto para que se puedan abordar los objetivos asociados al entorno laboral. Esta medida afectará tanto a la FP básica, como a la de grado medio y grado superior.

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es uno de los nueve líderes de la UE que han reclamado por escrito al presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, que despliegue la máxima artillería posible para combatir la crisis generada por el Covid-19, la puesta en marcha de los denominados ‘coronabonos’ y financiar los gastos vinculados con el coronavirus en los países hasta el 2021.

“Necesitamos reconocer la gravedad de la situación y la necesidad de una mayor acción que apuntale nuestras economías hoy y nos ponga en las mejores condiciones para una pronta recuperación mañana”, abogan desde la misiva Sánchez y los presidentes y primeros ministros de Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia.

Según sostienen en ella, la situación “requiere la activación de todos los instrumentos fiscales comunes existentes para apoyar esfuerzos nacionales y garantizar la solidaridad financiera, especialmente dentro del zona euro”, apuntando de manera expresa a la emisión de una deuda común o los llamados ‘coronabonos’ para financiar a los países.

Su demanda es “trabajar en un instrumento de deuda común” emitido por una institución europea que recaude fondos en el mercado con las mismas condiciones y “en beneficio de todos los Estados miembros, garantizando así una estabilidad a largo plazo en la financiación de las políticas requeridas para contrarrestar los daños causados por esta pandemia”.

Quieren que cuente con un tamaño suficiente y un vencimiento largo para que “sea completamente eficiente y evite riesgos de vuelco ahora y en el futuro”, y sus fondos irán a financiar las inversiones necesarias de los países para los sistemas de salud “y políticas temporales para proteger nuestras economías y modelo social”.

A su juicio el argumento para ponerlo en marcha “es fuerte”, ya que los países enfrentan el mismo shock externo, cuyas consecuencias negativas “son soportadas por todos”. “Estamos colectivamente responsabilizándonos de una respuesta colectiva y unida”, abogan.

En segundo término y, “con el mismo espíritu de eficiencia y solidaridad”, instan por “explorar” otras herramientas como una financiación específica para el gasto relacionado con la crisis del coronavirus desde el presupuesto de la Unión Europea, “al menos para los años 2020 y 2021, y más allá de los anuncios ya realizados por la Comisión”.

“Al dar un mensaje claro de que estamos enfrentando este choque único todos juntos fortaleceríamos la UE y la Unión Económica y Monetaria y, lo más importante, daríamos el mensaje más fuerte a nuestros ciudadanos sobre la cooperación decidida europea y la determinación de proporcionar una respuesta efectiva y unida”, sostienen los altos dignatarios.

A su juicio es ahora cuando se debe abordar el debate del “futuro común” y tomar medidas, y habrá que prepararse igualmente “juntos para el día siguiente y reflexionar sobre cómo se organizarán las economías a través de las fronteras, las cadenas de valor globales, los sectores estratégicos, sistemas de salud, inversiones comunes europeas y proyectos».

Los líderes europeos recuerdan que todos los países están ya articulando medidas de contención para detener la propagación y su éxito dependerá de cuándo, con qué alcance y coordinación de los sistemas sanitarios se implementen en todos los países, poniendo en valor la coordinación que ya se está fomentando desde la Comisión Europea.

Pero reclaman al Ejecutivo Comunitario una base común para la recolección y el intercambio de información médica y epidemiológica, así como una estrategia que evite la reimportación del virus desde otros países.

En la misiva realizan además una defensa cerrada del mantenimiento de las fronteras internas comunitarias abiertas, ya que se necesita “garantizar la producción y entrega de bienes y servicios esenciales y el libre movimiento de suministros vitales dentro de la UE”. “Preservando el funcionamiento del mercado único es esencial para dar a todos los ciudadanos europeos la mejor atención posible y la garantía más sólida de que no habrá escasez de cualquier tipo”, defienden.

Se comprometen así a mantener las fronteras abiertas de los ocho países al comercio necesario, a la información y a los movimientos esenciales de los ciudadanos, especialmente para trabajadores transfronterizos, y avalan actuaciones para que ningún activo estratégico “sea presa de adquisiciones hostiles durante esta fase de dificultades económicas”.

SERVIMEDIA

La Junta Directiva de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicos (Aeepp) anunció este miércoles a Juan M. Zafra Díaz como su nuevo secretario general.

El nuevo dirigente de la asociación, que está formada por más de 150 grupos y empresas editoriales que editan más de mil cabeceras, reclama al Gobierno un “plan de choque de ayudas a las publicaciones periódicas” para compensar la caída de ingresos por publicidad en la crisis del coronavirus.

Juan M. Zafra Díaz ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del periodismo y la comunicación corporativa e institucional. Comenzó su trayectoria en Radio Nacional de España (RNE) y pronto pasó al ejercicio del periodismo económico en la revista ‘Mercado’ y, posteriormente, en el diario ‘El País’.

Ha sido asesor en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de España y responsable de comunicación del Plan Avanza para el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación en España.

En la actualidad, es director de contenidos de ‘Telos. Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología‘, que edita Fundación Telefónica. También es asesor en estrategia corporativa para empresas e instituciones con la firma Análisis, Inteligencia y Comunicación (AIC).

Ha sido fundador y co-director el diario digital ‘bez.es’, premiado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España por su carácter innovador, y de la revista de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), que ha recibido en repetidas ocasiones el Premio Victory Award a la Mejor Publicación Política.

Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce como profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Es miembro del patronato de Fundación España Digital, del Consejo Asesor del Foro de Gobernanza de Internet en España (IGF-Spain) y del consejo asesor de la revista de información universitaria Ibercampus.

PLAN DE CHOQUE

Cuatro asociaciones de editores de prensa y publicaciones periódicas que representan a unos 260 grupos editoriales diferentes y editan unas 1.500 cabeceras han presentado al Gobierno la propuesta del plan de choque para “frenar el descalabro económico y social que la crisis del coronavirus está provocando en el sector”.

En este sentido, la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas, la Asociación de Revistas de Información (ARI), la Asociación de Prensa Profesional y Contenidos Multimedia (Coneqtia) y la Asociación de Revistas Culturales de España (ARCE) han enviado este lunes un documento conjunto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el que plasman sus reivindicaciones.

Los editores reclaman la suspensión de cotizaciones a la Seguridad Social mientras se mantengan las medidas del estado de alarma, facilitar la presentación de ERTEs, abonar de modo urgente los pagos que deban las administraciones públicas a los editores, implantar el IVA superreducido a las publicaciones digitales, abrir una línea de financiación bonificada al sector a través de ICO o de Cesce y lanzar un plan especial de publicidad y comunicación institucional por la pandemia que llegue a todos los editores, incluidos los pequeños y medianos.

SERVIMEDIA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) aseguró este miércoles que la modificación de los criterios para acreditar profesionales del sector de la dependencia a causa de la pandemia del Covid-19 «es una medida lógica y razonable en un momento excepcional como el que vivimos».

Así, la resolución que hoy publica el Boletín Oficial del estado (BOE) permite reforzar las plantillas con personas sin titulación pero con experiencia en el cuidado de personas dependientes.

En declaraciones a Servimedia, el Cermi subrayó que «los servicios sociales de proximidad en el ámbito de la autonomía personal y la atención a la dependencia no se pueden quedar sin personal por cuestiones de cualificación profesional acreditada». «En esta coyuntura, lo primero son las personas y una correcta y debida atención», prosiguió, «y no los títulos y créditos, que están pensados para la normalidad social».

Por ello, «si no hay personal profesional de atención en regla absoluta, hay que relajar los requisitos y disponer del que pueda prestar el servicio o proporcionar la atención en condiciones aceptables sin las exigencias administrativas», señaló. Además, el Cermi valoró de forma positiva que se haga mención expresa en el acuerdo a la asistencia personal, «como prestación más inclusiva y comunitaria de todo el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia”.

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El número de muertos por coronavirus asciende ya a 3.434 personas en España, con lo que supera a China y se convierte en el segundo país con mayor número de fallecidos del mundo tras Italia. La curva de muertos y contagiados sigue incrementándose a gran ritmo en España. En las últimas 24 horas han perdido la vida 738 personas y la cifra de afectados se ha disparado hasta 47.610, lo que supone casi 8.000 más.

En las UCI hay 3.166 pacientes graves, 530 más que ayer. Por su parte, la cifra actual de altas es de 5.367, según los datos faciliados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Esto supone 1.573 personas curadas más respecto a los datos de ayer.

La situación es alarmante en Madrid, donde ya han muerto por el coronavirus 1.825 personas, 290 más que ayer, y hay 14.597 contagiados, 2.245 más que el martes. Los 1.825 fallecidos de Madrid representan el 53% del total.

Tras la Comunidad de Madrid, Cataluña ocupa el segundo lugar en el número de fallecidos, con 516 óbitos, un 15% del total. Le sigue Castilla-La Mancha, con 263 muertos; Castilla y León, con 165; País Vasco, con 155; Comunidad Valenciana, con 143; Andalucía, con 113; Aragón, con 40; Extremadura, con 39; La Rioja, con 37; Navarra, con 33; Galicia, con 27; Asturias, con 25; Canarias, con 21; Cantabria, con 14; Baleares, con 13; y Murcia, con 5. En Ceuta y Melilla todavía no ha habido fallecidos.

Respecto al número de ingresados en las UCI, Madrid también ostenta el mayor número con 1.150 pacientes en estado grave; Cataluña, 781; Castilla-La Mancha, 210; y la Comunidad Valenciana, 198.

Los datos sobre las altas indican que Madrid registra el mayor número, 3.031, y Cataluña, 1.274. En tercer lugar está el País Vasco con 466.

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