Se trata de una medida cuyo objetivo es apoyar la recuperación económica de las familias más vulnerables
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy ampliar hasta el mes de junio las medidas de exoneración del pago del alquiler de las viviendas sociales de titularidad pública, una decisión que beneficiará a 17.253 familias del Archipiélago a los que no se les cobra la mensualidad desde el pasado 1 de abril.
Se trata de una medida cuyo objetivo es apoyar y colaborar en la recuperación económica de los sectores más vulnerables de la población afectados en sus ingresos por la crisis sanitaria causada por el coronavirus de la enfermedad COVID-19, como son los adjudicatarios de viviendas protegidas (VPO).
Esta medida se aprobó hoy en el Consejo de Gobierno al considerar que aún no se dan las condiciones para una plena recuperación económica, al mantenerse el estado de alarma, la limitación de movimientos y las restricciones a determinadas actividades a causa del obligatorio distanciamiento social.
Esa medida para eximir del pago del alquiler mensual a más de 17.000 familias que viven en régimen de alquiler en una VPO del Gobierno forma parte del decreto-ley de
Medidas Extraordinarias de carácter social aprobado por el Gobierno canario el pasado mes de abril para hacer frente a las consecuencias económicas a las que se enfrenta gran parte de la ciudadanía de las Islas, al perder o ver reducido sus ingresos como consecuencia de la paralización económica que han sufrido muchos sectores a causa de la crisis sanitaria.
Se aplicará a las 12.725 viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler dependientes de Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y a las viviendas titularidad de la sociedad pública Visocan que mantienen un convenio con el Icavi, que son un total de 4.528 viviendas.
El Icavi ha dejado de cobrar las mensualidades a estas más de 17.000 familias desde el pasado 1 de abril, ya que los inquilinos de estas viviendas protegidas del parque público regional se benefician automáticamente de la exoneración, sin tener que hacer ninguna gestión. También se impide durante ese mismo periodo resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida de derecho a la adjudicación de la vivienda o sufrir intereses por causa de impago.
El Icavi estima en cerca de 600.000 euros el impacto económico que supone la aplicación de esta medida de ampliación.
El Gobierno aprueba el decreto que determina las masas de agua afectadas por contaminación de nitratos
La normativa también designa las zonas vulnerables por ese tipo de contaminación de origen agrario, con el objeto de adoptar las medidas adecuadas al respecto
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, tras el pertinente dictamen emitido por el Consejo Consultivo, el decreto que determina las masas de agua afectadas por la contaminación de nitratos de origen agrario y designa las zonas vulnerables por dicha contaminación.
Esa decisión viene motivada por la necesidad de modificar tanto la relación de masas de agua afectadas como la designación de zonas vulnerables existentes para ajustarlas a la realidad actual.
El decreto también establece la obligación, en el plazo de seis meses, de elaborar un programa de actuación específico, con el objetivo de prevenir y reducir la contaminación causada por nitratos de origen agrario.
En esta línea, deberá desarrollarse un programa de muestreo y seguimiento que verifique las actuaciones previstas y la calidad de las aguas a los efectos de conocer la posible contaminación por afección de ese tipo de nitratos.
El Ejecutivo regional considera que con dicho decreto se cumple el principio de proporcionalidad, porque la norma contiene la regulación imprescindible para atender tal necesidad y la de dar cumplimiento a lo exigido por normativas europea y estatal.
También considera que con este decreto queda garantizado el principio de seguridad jurídica porque se establece un marco normativo estable que se adopta teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico nacional de carácter básico y la normativa de la Unión Europea.
Esta normativa se adecua a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia, tal y como establece la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La citada norma además encuentra su justificación, en cuanto a la necesidad y la eficacia, en el cumplimiento del mandato contenido en el Real Decreto 261/1996, sobre medidas para la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, pues tiene como fin designar tanto las masas de aguas como las zonas vulnerables que estén o puedan verse afectadas por contaminación de nitratos para adoptar las medidas adecuadas al respecto.
Educación destina 104.746 euros a la reparación del muro exterior del IES Franchy Roca
La Consejería dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno de esa obra, que se inició el 13 de abril y se encuentran actualmente en ejecución
El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del estado de las obras de reparación del muro exterior del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Franchy Roca, situado en Las Palmas de Gran Canaria y que se iniciaron el pasado 13 de abril, con un presupuesto de 104.746 euros.
Esas actuaciones fueron tramitadas por vía de emergencia con la finalidad de que los trabajos de restitución y rehabilitación comenzaran lo antes posible debido al estado de deterioro del muro de cerramiento, colindante con las instalaciones deportivas del propio centro educativo y que suponía un problema para las personas que transitaban junto a dicha infraestructura ante la posible caída de este.
Se prevé que la obra finalice a mediados de julio.
El Gobierno aprueba la implantación del grado de Fisioterapia por la Universidad Fernando Pessoa
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno hoy a la incorporación de este título universitario oficial a la oferta de esta institución educativa
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 4 de junio, el decreto por el que se acuerda la implantación del grado de Fisioterapia por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C), que se localiza en Santa María de Guía, Gran Canaria.
La Ley Orgánica de Universidades determina que para impartir enseñanzas oficiales es necesario poseer la autorización pertinente de la Comunidad Autónoma y posteriormente obtener la verificación del Consejo de Universidades estatal de que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.
La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) ha informado de que ese título oficial cumple con los requisitos y criterios de evaluación para la autorización de las enseñanzas universitarias en el Archipiélago, cuya propuesta fue informada también por el Consejo de Universidades de Canarias.
El alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a esta nueva enseñanza, previa admisión de dicha universidad.
El Gobierno prorroga el contrato del servicio de gestión procesal y asistencia jurídica gratuita
El importe asciende a 2,9 millones de euros y tendrá una vigencia de un año, desde el 1 de julio de 2020 hasta 30 de junio de 2021
El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la segunda prórroga del servicio de gestión integral y evolutiva de las aplicaciones de gestión procesal implantadas en los Órganos Judiciales, Fiscales e Institutos de Medicina Legal radicados en Canarias. Además autorizó también su adaptación a las nuevas estructuras organizativas, así como a los aplicativos de asistencia jurídica gratuita, por un importe total 2.999.210 euros, IGIC incluido. El plazo de la prórroga abarcará del 1 de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
Mediante orden de 12 de mayo de 2016, se formalizó contrato para dichos servicios por cuatro años, con fecha de ejecución del 1 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2020. En abril de este año, se acordó la continuación de la tramitación del expediente para la autorización de las prórrogas del contrato de los servicios mientras esté vigente el estado de alarma.
Al respecto, y en virtud de una orden del 26 de mayo de 2020, se autorizó la primera prórroga del citado contrato durante un mes, del 1 al 30 de junio de 2020, por importe de 249.934,17 euros, IGIC incluido.
Al tener como fecha de terminación del contrato el próximo 30 de junio de 2020, y estando contemplada la posibilidad de seguir prorrogándolo, el Ejecutivo considera necesario la tramitación de una segunda prórroga por el plazo de un año, la cual abarcaría desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
El presupuesto de la segunda prórroga asciende a 2.999.210 y se distribuirán en las anualidades 2020 y 2021, a razón de 1.499.605 en cada año.
El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto en cumplimiento de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma de Canarias para 2020.
El Consejo prorroga el plazo para la construcción de un centro sociosanitario en La Gomera
El pasado mes de mayo se acordó con los siete cabildos insulares laampliación de los periodos para la ejecución de las obras contempladasen el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias
El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado prorrogar el plazo de ejecución y justificación de la subvención concedida al Cabildo Insular de La Gomera con destino a la financiación del proyecto Construcción de un centro sociosanitario en San Sebastián de La Gomera, por importe de 1.900.000 euros. El plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020.
Con fecha de 21 de diciembre de 2018, se emitió la orden por parte de la entonces Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que concedió, de forma directa, una subvención nominada a favor del Cabildo Insular de La Gomera por importe de 1.900.000 euros, con destino a la financiación del proyecto de construcción de un centro sociosanitario en San Sebastián de La Gomera, en el marco del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias. Este recinto tendrá capacidad para la atención de 185 usuarios, 150 en recurso residencial y 35 en centros de día.
La subvención estableció el abono anticipado y fijó como plazos para la ejecución y justificación el 31 de diciembre de 2019. En octubre de ese mismo año, el Cabildo de La Gomera solicitó la prórroga del plazo de ejecución y de la justificación de la subvención hasta el 31 de diciembre de 2020.
El Gobierno de Canarias acuerda la prórroga del plazo de ejecución y justificación de esa subvención en sintonía con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y los siete cabildos insulares el pasado mes de mayo de 2020, con el fin de ampliar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, tanto respecto a los plazos de ejecución previamente establecidos como al nivel presupuestario conveniado entre esas dos administraciones públicas.
El Gobierno aprueba el decreto que regula la participación ciudadana en caso de emergencia
El Ejecutivo considera de especial importancia impulsar y ordenar la actividad del voluntariado, fomentar su capacitación, garantizar su seguridad y concretar las actividades y acciones que puede desarrollar
El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, tras su paso por el Consejo Consultivo de Canarias, el decreto que tiene por objeto la regulación de la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que se inscriban en el registro que se crea a tal fin.
Con esta norma, propuesta conjunta de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se pretende regular el sistema de acreditación y organización del voluntariado que pueda actuar en los casos de emergencia como parte del sistema de protección civil de Canarias.
La particularidad de las Agrupaciones locales de Voluntariado de Protección Civil, en tanto que agrupaciones fundamentalmente municipales, sin personalidad jurídica, que con diferentes denominaciones encuadran a las personas voluntarias en torno al ámbito de competencia local en materia de Protección Civil, requieren de una norma específica que precise su régimen, organización y funcionamiento para poder integrarse y participar coordinadamente del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.
El Ejecutivo entiende que la colaboración y participación ciudadana, coordinada, fomentada e instrumentada a través de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y las Entidades de Voluntariado Acreditadas, se configura como un soporte básico en el ámbito de la autoprotección y de la solidaridad social.
Dichas entidades y agrupaciones han generado un importante incremento de la capacidad preventiva y operativa de las Administraciones Públicas Canarias ante situaciones de emergencia, siendo reconocidas en la estructura operativa de los Planes de Protección Civil territoriales y especiales aplicables en las Islas.
Por tales razones, se considera de especial importancia impulsar y ordenar la actividad de este voluntariado, fomentar su capacitación, garantizar su seguridad, concretar las actividades y acciones que pueden desarrollar y lograr una adecuada integración en el marco de la gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Así, el decreto por el que se aprueba el reglamento de Agrupaciones Locales de voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil en Canarias tiene como objetivo el impulso de la participación ciudadana en el sistema Canario de Seguridad y Emergencias y promueve la presencia igualitaria de hombres y mujeres.
Además, regula la creación, organización, formación y funcionamiento de las Agrupaciones de Protección Civil; crea un registro de Agrupaciones y Entidades Colaboradoras y establece los requisitos para ser personal voluntario de protección civil. Fija además las obligaciones de las entidades en la dotación, formación, uniformidad e identidad y registro del voluntariado.
Así, se reglamenta el régimen general aplicable a la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, instrumentada a través de las Agrupaciones Locales que hayan sido inscritas en el registro que se crea, y estima conveniente coordinar con la normativa específica del voluntariado el Registro de las Entidades de Voluntariado Acreditadas que obtengan su reconocimiento como
Entidades Colaboradoras en materia de Protección Civil
Asimismo, regula el reconocimiento y registro de las entidades sin ánimo de lucro que, no siendo entidades de voluntariado, colaboran en la prestación de los Servicios de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.
De este modo, se concretan bajo una misma denominación la determinación de lo que serán las Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, homologando para todas ellas los requisitos exigibles, tanto para las entidades de voluntariado, como resto de entidades sin ánimo de lucro que no sean de voluntariado y operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dispone así de una información valiosa, tanto desde el ámbito preventivo, de implicación ciudadana, como para acometer con conocimiento preciso las eventuales activaciones de los planes de Protección Civil.
El decreto asume aquellas cuestiones vinculadas tanto a la observancia de la igualdad entre hombres y mujeres, precisando que las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil han de ser vigilantes en el respeto de estos principios, como al acceso a la formación que han de recibir, y a la participación de la juventud.
Legislación
La participación ciudadana en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.
En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el voluntariado de Protección Civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de voluntariado, de acuerdo con el régimen jurídico, valores y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la normativa propia del voluntariado. Asimismo, prevé que los poderes públicos promoverán la participación y la formación del voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.
A este respecto, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, con el objeto de reconocer, ordenar y promover la acción voluntaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, regula las entidades que desarrollen actividades de voluntariado, así como la actividad de las personas voluntarias integradas en éstas.
Dichas leyes deben enmarcarse en el contexto de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo referido a las competencias autonómicas en materia de servicios sociales, voluntariado y Protección Civil, respectivamente. Asimismo, han de contemplarse las competencias de las entidades locales, en particular las de Protección Civil, previstas tanto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como en la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, y también en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos, respecto de las competencias insulares de asistencia social y servicios sociales, así como de prevención y extinción de incendios forestales.
