El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que "todos los planes están preparados" ante el inicio del nuevo curso universitario, y ha avanzado que la docencia online primará en aquellas universidades que se encuentren situadas en provincias con un alto índice de contagios de COVID-19.

Villamandos ha señalado, en una entrevista, que la planificación del nuevo curso universitario lleva elaborada desde junio --fecha en que el Ministerio de Universidades lanzó su guía de recomendaciones para el nuevo curso universitario--, aunque ha matizado que "ahora mismo", debido a la situación en algunas provincias o comunidades autónomas, donde se han disparado los contagios, "se están adoptando medidas". Una de ellas, según explica, es el incremento del porcentaje de docencia virtual en aquellas regiones más castigadas por el virus.

Si bien, este modelo mixto de docencia presencial y online solo será aplicable en la parte teórica, ya que en el terreno de las prácticas académicas "se va a garantizar la presencialidad". "Todavía jugamos con tiempo, porque el inicio de las prácticas suele ser más adelante en el curso, una vez los alumnos ya se han matriculado", señala Villamandos al ser preguntado sobre cómo se va a garantizar la presencialidad en el terreno de las prácticas.

Por el momento, las universidades continuarán con los planes de junio, que contemplan este modelo bimodal, según explica el presidente de los rectores, y en el que se plantea también la "rotación de grupos", esto es, la mitad de los alumnos estarán presencialmente en clase mientras que la otra mitad seguirá la clase por videoconferencia, "siempre que las condiciones sanitarias lo permitan".

"Todos los planes están preparados, faltan los últimos ajustes, se están haciendo las cosas con muchísima cabeza, no de forma arbitraria, según las recomendaciones sanitarias, según la normativa... se han adoptado todos los refuerzos y medios telemáticos posibles para que la parte de la docencia que sea por videoconferencia sea por videoconferencia, y garantizar la presencialidad", resume.

En este sentido, el también rector de la Universidad de Córdoba (UCO) confía en que los alumnos podrán seguir las clases de manera online porque, tal y como asegura, "la brecha digital en el ámbito universitario es mucho menor que en el ámbito educativo, entre el 1% y 1,5%, con variaciones según provincias". Para este porcentaje de alumnos que no puedan hacerlo, se les facilitará ordenadores y tarjetas de datos, como ya se hizo durante el Estado de Alarma, según indica.

NO HAY MOTIVOS PARA HUELGA EN LA UNIVERSIDAD

A pesar de los inconvenientes que puedan surgir, y después de que este mismo miércoles el Sindicato de Estudiantes haya llamado a la huelga en toda España para los días 16, 17 y 18 de septiembre, Villamandos no cree que puedan extenderse los paros al ámbito de la enseñanza superior: "A día de hoy, no veo motivo para que en el ámbito universitario se produzca una huelga".

"Las universidades dejamos toda nuestra planificación preparada en julio con las recomendaciones sanitarias del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, en la mayoría de los casos las medidas han sido consensuadas con las consejerías de Sanidad y con competencias en Universidades y estos días estamos realizando ajustes para la situación epidémica que tenga cada provincia", justifica.

REUNIÓN EN SEPTIEMBRE

Precisamente, este mismo miércoles el Ministerio de Universidades ha informado de que se reunirá con la CRUE a principios del mes de septiembre para abordar el inicio del próximo curso universitario 2020-2021. "Estamos pendientes de confirmar fecha, pero será en la primera semana de septiembre", ha confirmado Villamandos.

En dicha reunión, no solo se abordará el inicio del curso en el contexto de la pandemia de COVID-19, sino que se tratarán otros temas, como el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), en fase de borrador, y otras "inquietudes", como el Real Decreto de 2007 de enseñanzas universitarias oficiales, también en fase de borrador.

CASTELLS, "MUY RECEPTIVO" A LAS PROPUESTAS DE CRUE

Durante la entrevista, Villamandos ha alabado el trabajo realizado por el Ministerio de Universidades y el ministro Manuel Castells. "Desde antes de la pandemia y desde el 14 de marzo la relación ha sido estrecha, hemos tenido reuniones prácticamente semanales, y se han creado diversos grupos para abordar las distintas problemáticas que han ido surgiendo".

En este sentido, añade que el Ministerio y el ministro se han mostrado "muy receptivos" a las propuestas de la CRUE y ha destacado el papel de "mediadores" que han tenido ante otros ministerios en asuntos clave durante la pandemia, como ha sido el de la movilidad, por ejemplo. "El ministro ha sido tremendamente colaborativo", destaca.

No obstante, la oposición se ha mostrado crítico con Castells, al asegurar que se encuentra "desaparecido" a tan solo unas semanas del regreso a las aulas. "No termino de entender lo de la desaparición, a primeros de septiembre vamos a tener una reunión y las tareas se quedaron hechas en julio", defiende el presidente de CRUE, que no ha entrado a valorar en si ve falta de liderazgo en el ministro, después de que Unidas Podemos asegurara esto mismo de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.

REPARTO PROPORCIONAL AL NÚMERO DE ALUMNOS

El presidente de los rectores también ha mostrado su interés por que lleguen los 400 millones comprometidos por el Gobierno del Fondo Covid para la enseñanza universitaria, que en principio se abonarán en septiembre.

Villamandos espera que se distribuyan estos fondos a las universidades de manera proporcional al número de alumnos en cada una de ellas: "Si no es así, las universidades tendremos que sacrificar otros programas, como de becas o de investigación; sería una desconsideración muy grande a las universidades y a los estudiantes".

Si bien, que esta partida se distribuya en función del número de alumnos no va a suponer el 100% de la inversión que las universidades van a hacer. "La universidad tendrá que sacar recursos propios, veremos de dónde se quita", lamenta.

Preguntado sobre el destino específico de estos 400 millones de euros, Villamandos menciona que el "gran problema" que se está intentando solucionar es el de los estudiantes internacionales, que cursan sobre todo estudios de Máster y Doctorado, hacia los que se prestará especial atención para que puedan seguir las clases de manera online.

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un "cambio de actitud con Cataluña y con el conflicto político" como condición para apoyar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.

En su intervención este miércoles en la conferencia 'Recuperación económica. Poniendo las bases a la Catalunya del 2030' en el ciclo de la Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà, Aragonès ha reprochado que los acuerdos para la investidura para abordar "el conflicto político por la vía política y no la judicial ni penal" no se hayan cumplido.

Tras ser preguntado por la creación de un único partido para impulsar un referéndum en Cataluña, ha defendido que el independentismo debe aspirar a representar al conjunto de la sociedad catalana y ha abogado por la coordinación y por el consenso estratégico y compartido entre las fuerzas independentistas: "Deben estar organizadas".

Por otro lado, en referencia a la mesa de diálogo con el Gobierno central, ha puesto en valor que ERC ha estado disponible cuando se han presentado oportunidades de abordar la situación de Cataluña y el "conflicto político" con el Estado, a diferencia del Ejecutivo central que, según él, va arrastrando los pies.

Además, ha anunciado que desde la Generalitat están trabajando en la creación de una agencia independiente que pueda "pilotar el seguimiento" de los proyectos estratégicos para que Cataluña pueda obtener los 30.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos para la reactivación económica y social por la crisis del coronavirus.

El director general de Salud Pública del Principado de Asturias, Rafael Cofiño, ha descartado que el Gobierno asturiano solicite por el momento la colaboración de los 2.000 rastreadores del Ejército que el Ejecutivo central puso a disposición de las autonomías este martes.

En una rueda de prensa concedida para informar de la situación del coronavirus en el oriente asturiano, Cofiño ha asegurado que, si bien Salud está "abierta" a "todo tipo de ideas", no tienen en mente solicitar esta ayuda por ahora.

Sí están trabajando reforzar el sistema de rastreadores activo en Asturias a través de una reestructuración. El planteamiento actual de la consejería que dirige Pablo Fernández Muñíz es revisar el circuito de comunicación con el servicio de vigilancia epidemiológica, los servicios de vigilancia nuclear, de vigilancia en residencias, los rastreadores de contactos estrechos y el servicio de vigilancia que se prevé poner en marcha para la detección rápida de casos en la Educación. Actualmente estos equipos los componen 130 personas.

La Xunta publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un protocolo sobre las cuarentenas que incluirá instrucciones para "sancionar" en caso de que se incumplan las medidas de aislamiento, y facilitará que las fuerzas del orden puedan tomar medidas como la suspensión de espectáculos y el desalojo de establecimientos en el caso de detectar "incumplimientos manifiestos".

Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa tras la reunión del comité clínico el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que ha detallado que estas cuestiones se incluirán en una orden que publicará el DOG a lo lardo de esta jornada.

En su intervención, el máximo mandatario autonómico ha explicado que, "aunque en términos generales la ciudadanía responde con absoluta responsabilidad" a las medidas de cuarentena y aislamiento, "es necesario tener claro qué criterios seguir y qué hacer".

Por ello, el protocolo incluirá, entre otras cuestiones, medidas de prevención y control relacionadas con "aislamientos forzosos" en el caso de que no exista colaboración voluntaria" e instrucciones "para sancionar" para los "incumplimientos".

Asimismo, el DOG publicará una modificación de la orden de medidas para hacer frente a la COVID-19 para "facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los ayuntamientos" en el "control de los espectáculos públicos".

En este sentido, la Administración autonómica facilitará las inspecciones ante "incumplimientos manifiestos" y posibilitará que los agentes puedan "tomar medidas inmediatas", "incluso de suspensión" del evento y de "desalojo de establecimiento".

El Principado de Asturias ha decidido declarar la 'Alerta naranja' en los concejos de Parres, Cangas de Onís, Cabrales, Ribadesella y Llanes, tras detectar en la zona un incremento de los casos de coronavirus. En agosto se han declarado en total 36 casos de COVID-19 en estos municipios, cifra que supone "el doble" de la tasa de contagio global de Asturias, con 64 contagios por cada cien mil habitantes.

Según ha indicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, esta declaración pretende apelar a la responsabilidad del tejido empresarial de la zona, la ciudadanía --tanto residentes como turistas-- y a las instituciones locales para extremar el cumplimiento de las medidas actualmente vigentes de control de la pandemia y evitar así "cierres perimetrales o confinamientos", dos medidas que no descarta la Consejería de Salud si la situación empeora.

En la práctica esta declaración implica incrementar los mensajes sobre la necesidad de ser "rigurosos" con las medidas sanitarias y extender la recomendación de que se eviten agrupaciones de más de diez personas y de que se posterguen eventos que, por sus características, sean de riesgo. "Esta alerta indica que podríamos pasar a otro escenario con medidas más drásticas y restrictivas", ha subrayado Cofiño.

Antes de la rueda de prensa, miembros de la Consejería de Salud se reunieron con los alcaldes de los municipios implicados y con la Delegación del Gobierno para incrementar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la intención de implantar más controles para el cumplimiento de las medidas.

Salud ha tomado esta decisión después de observar que el riesgo de exposición e infección en estos cinco concejos es "más elevado" en que el resto de Asturias. Solo en agosto, ha explicado en la rueda de prensa el coordinador del Observatorio de la Salud, Mario Margolles, se han estudiado 250 contactos en la zona, que corresponde al Área Sanitaria VI. Entre estos contactos no se incluyen los llamamientos públicos a personas que estuvieron en locales con casos positivos ni la actuación realizada en Poo de Cabrales.

"Son muchísimos contactos y encontramos que muchos de ellos tienen múltiples contactos entre sí", ha lamentado Margolles, quien ha subrayado que los cuatro brotes que se conocen en la zona están relacionados con restaurantes, sidrerías, las piraguas, campings, supermercados o terrazas. En este punto Margolles ha recordado que, si no se toman medidas de prevención como la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos, "puede haber gran diseminación del virus".

UNA RESIDENCIA CERRADA POR EL POSITIVO DE UN USUARIO

Además, la residencia de ancianos Ulpiano Cuervo de Colombres (Riadedeva), ha cerrado tras conocer el positivo de un residente. Junto a este establecimiento, otros dos están cerrados de manera preventiva, uno por la sospecha de que un residente esté infectado, y otra por un trabajador que es contacto estrecho de una persona contagiada.

El Principado aspira a mantener el resto de residencias abiertas a visitas, "siendo rigurosos" con las entradas y salidas tanto de residentes como de familiares. De este modo Salud trabajará con los ayuntamientos de la zona para diseñar intervenciones específicas en zonas de mayor incidencia del virus. Entre las opciones que hoy se han puesto sobre la mesa en una reunión con los alcaldes de los concejos afectados, figura establecer un perímetro "seguro" alrededor de las residencias para que los usuarios puedan tener movilidad y actividad física fuera del recinto del centro.

Aunque a nivel autonómico la incidencia del virus "es contenida", con 48 nuevos positivos registrados este miércoles, Salud quiere, con esta 'Alerta naranja', realizar una detección precoz "cuanto antes" y evitar la transmisión comunitaria". Se trata, según ha explicado Cofiño, de "una especie de semáforo", una "llamada de atención" para evitar medidas "más drásticas". Esta declaración tendrá una "revisión continua y periódica", ha agregado el director general de Salud Pública.

719 CASOS DESDE EL 1 DE JULIO EN ASTURIAS

El coordinador del Observatorio de la Salud, ha explicado que desde el 1 de julio la aparición de nuevos casos se fue incrementando "progresivamente" en Asturias, especialmente en las zonas más turísticas de costa e interior.

Así, son 719 casos los detectados desde el 1 de julio en el Principado, de los cuales 624 se identificaron en agosto. Sin embargo, Margolles ha explicado que estos casos "tienen muy poco que ver" con la situación vivida en los meses del estado de alarma. Así, ha explicado que la edad media se sitúa en 39 años de promedio, cuando antes se situaba en los 62. "Está afectando a la población joven, que es la que más se desplaza y la que tiene más actividad social", ha apuntado.

En concreto, hay 56 casos entre menores de 14 años; nueve en menores de un año; 81 entre menores de 18 años; 80 entre jóvenes de entre 18 y 24 años; seis en mayores de 90 años; y 15 entre personas de 80 a 89 años.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF han remitido a la Dirección General de Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un documento que recoge aportaciones para diseñar un "verdadero" Plan de Protección del Borde Litoral del Mar Menor, informaron fuentes de ambas organizaciones en un comunicado conjunto.

ANSE y WWF han coincidido en destacar que el plan diseñado por el Gobierno central persigue "unos objetivos ambiciosos que abarcarían la mayoría de las causas que contribuyen a la degradación del borde costero del Mar Menor", pero, al mismo tiempo, el texto "se queda solo en propuestas convencionales para los directamente relacionados con las playas".

En este sentido, han lamentado que el Plan planteado "no proponga soluciones basadas en la naturaleza, y sí, por el contrario, exclusivamente ingenieriles entre las actuaciones prioritarias como la construcción y prolongación de diques, traslado de arena entre unos puntos y otros, extracción de lodos o nuevos aportes de arenas".

Estas, a juicio de sendas organizaciones, "no constituyen soluciones definitivas, como así lo reconoce el mismo documento, y habrá que mantenerlas anualmente, independientemente de su elevado impacto ambiental y coste económico".

Según ANSE y WWf, el documento reconoce que los puertos deportivos han conllevado un elevado impacto sobre el Mar Menor, pero "no plantea ninguna propuesta para eliminar ninguno de los existentes, por ejemplo, aquellos de mayor impacto o en los casos en que las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DMPT) hubieran caducado".

El documento del Gobierno de la Nación también prevé "una afección negativa elevada para el año 2040 por impactos asociados al cambio climático en lugares, como la ensenada del Pudrimel o la zona norte de la Playa del Estacio, además de socavación de algunos tramos y rebase con rotura de paseos marítimos".

En el caso de la orilla interior de La Manga, el documento estatal apunta que "la elevada rigidez de prácticamente toda la costa interior de La Manga, donde se alternan tramos de invasión urbana y de revestimientos longitudinales con fines diversos, impedirá que los efectos de la subida del nivel del mar puedan ser absorbidos por sus playas, lo que provocará un estado mayor de inseguridad futura".

Sin embargo, "no incluye entre las actuaciones previstas algunas que ayudarían a solucionar el problema en origen, y que ya fueron incluidas en la Estrategia para la sostenibilidad de la costa, como la compra de terrenos no urbanizados del DMPT, liberar parte de la costa mediante la demolición de las construcciones en las zonas más expuestas o la restauración de la franja costera de la Caleta del Estacio, afectada por las obras de Puerto Mayor".

Además, ANSE y WWF han asegurado que, a la hora de evaluar las prioridades ambientales, "el documento olvida la presencia de elevados valores ambientales en los arenales costeros, como la existencia de especies endémicas como la esparraguera del Mar Menor, especie endémica a escala mundial del sureste de la Región y cuyo núcleo principal se localiza en zonas donde existe una fuerte presión urbanística de La Manga, o de poblaciones de especies de fauna en peligro como el fartet y la anguila en algunas zonas costeras, donde se proponen diferentes actuaciones".

"El Plan olvida también la retirada masiva desde hace años de miles de Tm de arribazones de Posidonia oceanica (incluido un importante porcentaje de arena) en el frente mediterráneo de La Manga, para las que WWF y ANSE proponen su manejo 'in situ', que evite el traslado al Campo de Cartagena y a vertederos de un elemento de gran relevancia para la mitigación de la acción del oleaje en diferentes puntos", han añadido.

Además, las asociaciones ecologistas han manifestado que el documento indica, con respecto a la revisión del deslinde, que se llevará a cabo con criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental, al objeto de incorporar al DPMT los terrenos con características naturales propias del mismo, "sin especificar ni cómo, ni cuándo, ni aportar planos con una aproximación al futuro deslinde".

Por último, han destacado que el Plan, que deberá someterse a Evaluación Estratégica por afectar a red Natura 2000, propone un manejo que requerirá de proyectos específicos de gestión del sedimento y control periódico en numerosas playas, donde el denominado reperfilado requerirá de un mantenimiento anual.

Por eso, han solicitado que el Plan incluya una memoria económica en la que se valoren las diferentes actuaciones propuestas, por fases, incluyendo los costes del mantenimiento posterior, y así "poder valorar adecuadamente las más útiles desde un punto de vista ambiental, económico y social".

Izquierda Unida, cuyo coordinador federal es el ministro Alberto Garzón, ha puesto de manifiesto una nueva discrepancia con las posiciones de política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez, dando por buenas las elecciones presidenciales en Bielorrusia y acusando a la UE de injerencia en ese país.

La posición de IU la expresó este martes el eurodiputado Manu Pineda, en un debate en la Eurocámara en el que participó telemáticamente la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, desde Lituania.

Mientras la UE y el Gobierno español consideran que las elecciones del 9 de agosto no fueron "ni libres ni justas", Pineda dio por bueno el resultado, que otorgó a Tijanovskaya un 10 por ciento de los votos, e instó a la UE a no interferir más allá de procurar "el diálogo y una salida política y pacífica".

En un momento en que la UE prepara sanciones contra personalidades del régimen, el eurodiputado de IU se encaró con Tijanovskaya y le preguntó si está dispuesta a "castigar a su pueblo porque no la han elegido presidenta" y a "facilitar un baño de sangre como en Ucrania, a que el pueblo de Bielorrusia pague con hambre, sufrimiento y dolor el no haberla elegido".

DEFIENDE EL PROCESO ELECTORAL

"Usted sabe la manera de presionar que tiene la UE, la podemos ver en Venezuela", añadió Pineda, que urgió a los Gobiernos europeos a abandonar una política exterior que considera "subordinada a la Casa Blanca".

Además, echó en falta que no se invitase al debate a un representante del Gobierno bielorruso, "al que se le acusa sin aportar ninguna prueba de tantísimas cosas", empezando por falsificar los resultados electorales.

A su modo de ver, no hay pruebas del amaño electoral y no es suficiente con que el Servicio Europeo de Acción Exterior diga que "se habla de violencia y de tortura" para imponer sanciones. En cuanto a los muertos en las protestas, afirmó que el primero de ellos fue víctima de un explosivo que él mismo preparaba.

PODEMOS CONDENÓ LA REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS

Podemos, socio de coalición de IU, ha mostrado una posición más matizada. En un comunicado el 19 de agosto, el partido de Pablo Iglesias hablaba de "movilización social masiva contra el régimen y los resultados electorales que están siendo calificados como fraudulentos" y condenaba la represión de las protestas.

Eso sí, también advertía de que la UE "no tiene suficiente credibilidad para denunciar estos hechos" porque su política exterior es "manifiestamente dependiente de sus alianzas" e insiste en las sanciones frente al diálogo.

En el debate de teste martes, Pineda también rechazó la tesis de los opositores de que las protestas contra el presidente, Aleksandr Lukashenko, no son un "juego geopolítico": "Como que no, se trata de llevar los tanques y los bombarderos de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia".

A su juicio, en Bielorrusia hay "una injerencia por parte de Rusia", que es legítima porque es a petición del Gobierno, y otra "absolutamente ilegítima por parte de quien no ha sido invitado por el legítimo Gobierno y está queriendo intervenir".

IU se desmarca así de la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha alineado con la UE y ha apoyado la aprobación de sanciones individuales contra los responsables de la violencia. También ha pedido al Gobierno de Bielorrusia la liberación de los presos "arbitrariamente encarcelados" y el inicio del diálogo con la sociedad civil. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, expresó su preocupación por el "fraude electoral" y las detenciones arbitrarias a su colega bielorruso.

GONZÁLEZ PONS: "ESTÁN EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

La posición de IU la ha subrayado en Twitter el eurodiputado 'popular' Esteban González Pons, comentando simplemente que IU "está en el gobierno de España".

No es la primera vez que IU o su socio de coalición, Podemos, discrepan de las posiciones del Ejecutivo en política exterior, si bien en el acuerdo de gobierno los de Pablo Iglesias asumieron que ésta la marcaría el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

Las diferencias, más patentes con IU que con Podemos, se han visto principalmente en relación con Venezuela y con el Sáhara Occidental. El mayor problema surgió en febrero, cuando el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, recibió a una representante del Frente Polisario refiriéndose a ella como "ministra" saharaui, y González Laya tuvo que aclarar a Marruecos que España sigue sin reconocer a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

En alguna ocasión, socialistas y 'morados' han votado distinto en el Congreso. La primera vez fue en febrero, cuando Podemos se abstuvo en la adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN, por su rechazo a la política "expansiva y de confrontación de la Alianza".

La Policía Local de Sant Antoni intervino el pasado viernes en una fiesta con 25 personas a bordo de un barco por infracción de las normas sanitarias.

Según ha informado la Policía Local, los agentes recibieron un aviso del 112 sobre las 20.30 horas alertando de que había un barco que se encontraba a escasos metros de la costa en la zona de Ses Variades.

Los policías comprobaron que había 25 personas bailando en la embarcación sin respetar las distancias de seguridad y sin llevar la mascarilla obligatoria, además de tener música a un volumen muy alto molestando a los vecinos de la zona.

Los agentes identificaron al capitán del barco y realizaron la denuncia, una vez atracó en el puerto de Sant Antoni.

DENUNCIAS EN ESTABLECIMIENTOS

Por otro lado, la Policía Local de Sant Antoni ha interpuesto varias denuncias durante el fin de semana por infracciones de las normas sanitarias.

Entre ellas, los agentes levantaron un acta a un restaurante por incumplimientos como el no uso de mascarillas. También se interpuso una denuncia a otro establecimiento por carecer de cartelería informativa y realizar una actividad con DJ y música en vivo.

Durante el fin de semana también se han interpuesto dos denuncias a locales de ocio nocturno por tener las puertas y ventanas abiertas emitiendo música al exterior y se han formulado cinco denuncias a domicilios particulares por realizar fiestas causando molestias a los vecinos.

En la noche del domingo, los agentes realizaron una actuación puntual con el perro detector de drogas con resultado de una denuncia por infracción a la Ley 4/2015 por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha indicado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede desentenderse de sus responsabilidades ante el aumento de casos de coronavirus y debe asumir el liderazgo que le compete para declarar el estado de alarma si fuera necesario.

En una entrevista en 'laSexta' ha explicado que Sánchez, en su declaración institucional del martes, se desatendió de los rebrotes y "puso la pelota en el tejado de las comunidades autónomas" para decidir si se decreta un nuevo estado de alarma.

A su juicio, el presidente debe explicar qué diferencias existen entre la situación actual y marzo, cuando declaró por primera vez el estado de alarma, y le ha recordado que la epidemia es nacional por lo que no es asunto de las comunidades autónomas. "El Gobierno debe asumir esa responsabilidad para no tener 17 respuestas diferentes a una sola epidemia nacional", ha apostillado.

Al hilo, ha señalado que tras la declaración del martes de Sánchez posterior al Consejo de Ministros, la realidad "no es que no sea un mal líder, sino que no hay líder".

Así, ha incidido en que el estado de alarma es competencia del Ejecutivo, lo pueden pedir las CCAA pero Sánchez "no puede quitarse de encima esa responsabilidad". "No puede echar la culpa a las comunidades sobre si lo piden o no, la responsabilidad es suya y para eso le pagamos el sueldo", ha añadido.

Vox ha solicitado diligencias al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para recabar información de Podemos y una serie de empresas vinculadas al partido, en el marco de la causa en la que se investiga la financiación de la formación morada tras las denuncias de su antiguo abogado José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros delitos.

Según ha explicado Vox, el objetivo es "aclarar las cuentas de Podemos y las empresas vinculadas", después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas haya apreciado un posible delito en la contabilidad de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Así, ha pedido que se libre oficio al Registro Mercantil de Madrid para obtener una certificación completa, con todos los actos que consten desde su fundación hasta ahora, de cinco empresas: Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones, Motiva 2 Herramientas de Pensamiento SL, Kimena Sociedad Cooperativa Madrileña, Revolt Clothing y Creative Advice Interactive Group.

Ha pedido lo mismo del Registro Mercantil de Sevilla respecto a Neurona Comunidad SL, la empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos y sobre la que recaen las sospechas de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, busca que el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid entregue certificaciones completas de #404 Comunicación Popular y de la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda.

De modo más general, Vox pretende que se aporte información sobre las empresas en las que Juan Carlos Monedero aparezca como miembro de la administración societaria y apoderado.

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, se ha preguntado este miércoles "de qué sirve el Ministerio de Educación" si no es capaz de coordinar el inicio del curso escolar en una situación como la actual.

"Si en una situación de pandemia el Ministerio de Educación no ejerce una mínima coordinación, ¿de qué sirve el Ministerio? ¿Para qué tenemos una ministra de Educación?, ha dicho en una entrevista en Telecinco.

En su opinión, si bien las comunidades tienen las competencias en esa materia, en un escenario "extraordinario" como el actual, las actuaciones deben estar coordinadas desde la Administración del Estado y el Gobierno de la Nación "va tarde" al convocar reuniones con las administraciones autonómicas para abordar la vuelta a las aulas a pocos días del inicio del curso.

De hecho, cree que "un ejemplo" del éxito de la colaboración entre el Estado y las comunidades fue la reunión mantenida hace unas semanas entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros del ramo, en el marco del Consejo Interterritorial.

En ese encuentro, el ministro "propuso medidas de forma global", como la prohibición de fumar en la calle si no se puede respetar una distancia de seguridad de dos metros, y "no hubo ningún problema" por parte de las administraciones implicadas.

"Ese es ejemplo que hay que seguir tanto en el inicio del curso escolar como en otras medidas, la coordinación, porque desde las comunidades no podemos luchar cada uno por nuestra cuenta frente a un virus que tiene un incidencia mundial", ha agregado.

De hecho, ha asegurado que esa exigencia de coordinación no es solo una posición de los presidentes autonómicos 'populares', sino que también lo quieren en el seno del PSOE: "Lo que pedimos es de sentido común", ha defendido.

Para López Miras, la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que sean los presidentes autonómicos quienes pidan la declaración del estado de alarma cuando lo consideren necesario en su territorio "cae por su propio peso".

A su juicio, "no tiene sentido" que la respuesta a un virus que es "letal" y "que afecta a todo el mundo" sea que las comunidades autónomas españolas soliciten el estado de alarma para sus territorios, sino que hay que actuar "de la forma más global posible", y eso pasa por la coordinación.

No creo que la solución para enfrentarnos al covid-19, que está atacando al mundo entero, sea que la Región de Murcia, que la Comunidad Valenciana o que Madrid soliciten la aprobación de un estado de alarma", ha comentado el jefe del Ejecutivo regional.

"MEDIDAS EXCEPCIONALES" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Así, ha insistido en que un contexto como el actual, marcado por una "extraordinaria dificultad", requiere una respuesta basada en "medidas excepcionales" desde la Administración estatal.

"Qué sentido tiene, por ejemplo, que entre la primera comunidad que aprobó el uso obligatorio de la mascarilla y la ultima pasasen 37 días. ¿Esto es eficaz? ¿Ayuda a luchar contra esta pandemia? Sinceramente no", ha comentado al respecto.

Preguntado sobre si los presidentes autonómicos del PP se han puesto de acuerdo en no pedir el estado de alarma para sus respectivos territorios, López Miras ha afirmado que "no hay una posición común".

RASTREADORES MILITARES

En relación con la disposición de militares para las labores de rastreo en las comunidades, López Miras ha explicado que la Región de Murcia "cumple con la cantidad" de profesionales recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque ha matizado que "cuantos más refuerzos vengan y recursos haya, mucho mejor.

Así, "una vez que todas las comunidades estén cumpliendo estos parámetros", la Región de Murcia no tendrá "ningún problema" en materializar la propuesta del Gobierno central para incrementar el número de rastreadores y combatir así el avance del covid-19.

Navarra se encuentra en la "fase final" de la implementación de la App de rastreo de contactos de Covid-19, según ha asegurado el vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, que ha explicado que se está realizando un trabajo conjunto entre los departamentos de Salud y de Innovación y el Gobierno central.

Actualmente, según ha señalado Remírez, se está trabajando en la "compatibilización entre la App y el Servicio Navarro de Salud, se está definiendo cómo proporcionar los códigos de contagio que la persona que ha dado positivo deba introducir en la aplicación, la integración de la carpeta de salud para incluir los resultados del test o los protocolos de acción en caso de usuarios que hayan sido expuestos al virus dos veces en un breve espacio de tiempo".

Remírez ha afirmado que "la App está en la fase final de implementación" y "la semana que viene se dará cuenta de ellos por parte de la consejera de Salud y del consejero de Innovación".

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se reunirá el próximo día 2 de septiembre con el líder del PP, Pablo Casado, una cita con la que dará inicio la ronda con la oposición que anunció este martes para afrontar la pandemia del coronavirus y la renovación pendiente de órganos constitucionales.

Según Moncloa, los ejes principales de estos contactos de la Moncloa serán la despolitización de la lucha contra la pandemia y el desarrollo de las medidas de cogobernanza, la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, unos presupuestos de país, así como el refuerzo institucional y la renovación de cargos de las altas instituciones del Estado, como el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, así como RTVE.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descargue la responsabilidad de combatir la pandemia a las comunidades autónomas, cuando precisamente se requiere ahora el "liderazgo y coordinación" del Gobierno.

"La sensación que tienen los españoles hoy es, bueno, sálvese quien pueda; 17 soluciones distintas para la pandemia, 17 soluciones diferentes. No, esto va de que esto tiene que ir de todos y para todos y eso se tiene que hacer desde el Gobierno de la nación, al gobierno de las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, por supuesto", ha subrayado Almeida.

Tras visitar el Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito de la capital, el dirigente popular ha insistido en que la lucha contra el Covid-19 concierne a todos y se necesita un esfuerzo "conjunto" de todas las administraciones y la sociedad.

LA SOLUCIÓN NO SON LOS ESTADOS DE ALARMA LOCALES

Por tanto, se requiere un liderazgo por parte del Gobierno y no puede ser que la solución que da Sánchez al resto de administraciones es aplicar la ley que regula el estado de alarma, que tiene 35 años de vigencia, cuando se anunció por su parte "todo un conjunto legislativo" para frenar la pandemia sin recurrir a este mecanismo excepcional.

Y es que para Martínez-Almeida el presidente del Gobierno "no ofrece nada" a las autonomías con la opción de solicitar la declaración del estado de alarma singularizado al territorio.

"Es que no es ni un ofrecimiento que hace el presidente del Gobierno, es que es el mecanismo que existe desde hace 35 años, pues el artículo cinco (de la Ley Orgánica 4/1981) viene que el presidente de una comunidad puede solicitar al presidente del Gobierno la declaración del estado de alarma. No es un ofrecimiento sino lo que dice la ley", ha desgranado Almeida.

En consecuencia, Almeida ha replicado a Sánchez que la coyuntura actual exige a todos "arrimar el hombro", colaborar entre las distintas administraciones y ser "leales". Pero en su lugar, el mensaje que lanza el presidente del Gobierno, a su juicio, es que desde el estado de alarma que decretó "ya no tiene que decir nada más ni tiene nada más que hacer".

El portavoz del PP ha alertado del planteamiento erróneo que supone la actitud del jefe del Ejecutivo con su posición de derivar a las autonomías la responsabilidad de gestionar la crisis sanitaria.

"¿Qué esfuerzo y responsabilidad vamos a pedir a los españoles, qué les vamos a decir a los españoles desde las instituciones? ¿Que no hay que escurrir el bulto? ¿Que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos?", ha cuestionado.

Además, Martínez-Almeida se ha preguntado qué pueden esperar los españoles de un Ejecutivo que opta por trasladar a las autonomías todo el peso del combate contra la pandemia, que "no entiende de personas ni territorios y lo único que conoce es hacer daño".

SÁNCHEZ PIDE UNIDAD MIENTRAS EL PSOE QUIERE CENSURAR A AYUSO

La única solución para el portavoz del PP es apelar a la unidad institucional y asumir cada administración su responsabilidad para sumar "esfuerzos" en el camino frente al Covid-19, algo fundamental para un otoño que apunta "difícil".

Tampoco ve de recibo que Sánchez apele en Moncloa a la unidad institucional y a que no haya partidismo cuando "a los dos minutos" dice que hay comunidades progresistas que "lo han hecho mejor que otras".

También ha añadido que "nadie entiende" que se exhorte a esa unidad y a desplegar "grandes esfuerzos" cuando en Madrid el PSOE, el mismo partido del Gobierno, pide una moción de censura contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El número de positivos en coronavirus se ha incrementado en las últimas 24 horas con un total de 700 positivos en coronavirus, 223 más que la jornada anterior cuando se contabilizaron 477 nuevos casos. Osakidetza ha informado de que la semana pasada se han registrado 19 fallecimientos con covid como causa directa y 30 personas con coronavirus han ingresado en las últimas 24 horas en hospitales vascos donde las UCI atienen a otros 30 pacientes covid.

En un comunicado, el Departamento vasco de Salud ha informado de que ayer se realizaron un total de 8.355 pruebas PCR, de las que 700 fueron positivas.

Por Territorios, se han detectado 96 en Álava (41 más que ayer), 363 en Bizkaia (92 más), 215 en Gipuzkoa (83 más) y 26 en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Además, en las últimas 24 horas 30 personas han ingresado por coronavirus en planta, y en las UCIs hay actualmente 30 personas con covid-19, una más que en el día de ayer.

Por otra parte, tras analizar los datos acumulados en la semana del 17 al 23 de agosto, Osakidetza ha informado de que ha habido 19 fallecimientos con covid-19 como causa directa.

El Gobierno de Cantabria no descarta tener que recurrir a los rastreadores militares que ofreció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, quien ha señalado que Cantabria ha hecho "un esfuerzo inmenso" para contratar a rastreadores pero "no descarta tener que recurrir a esa medida".

Por un lado, ha explicado, porque "las listas de empleo del Gobierno de Cantabria se están agotando para determinadas profesiones y ya no encontramos, por ejemplo, biólogos o farmacéuticos". Y por otro lado, porque si sigue creciendo el número de casos, seguirá creciendo también el número de contactos "y vamos necesitar más personas dedicadas a ello".

"Por lo tanto, no descarto solicitar que también a Cantabria se le adjudiquen rastreadores de origen militar", ha señalado Rodríguez, quien ha explicado que actualmente hay más de 2.000 personas en seguimiento. Los rastreadores en plantilla son 128 y esta semana está previsto que se incorporen 10 más.

ENLACE PARA COMUNICAR CONTACTOS

El consejero ha anunciado que para ganar tiempo y facilitar el trabajo de los rastreadores, a partir de ahora se va a proporcionar a las personas que den positivo un enlace, "por supuesto con todas las medidas de seguridad", para que faciliten sus contactos estrechos y sus números de teléfono, de forma que los rastreadores se puedan poner en contacto con ellos más rápido.

Por otro lado, Rodríguez ha pedido a los ciudadanos que si saben de personas que tienen que estar confinadas y no cumplen la cuarentena, que "nos lo comunique o se lo comuniquen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, porque en esos casos tenemos que actuar".

No podemos permitirnos que gente que tiene que estar confinada esté por la calle danzando y por lo tanto, transmitiendo la infección; es un aspecto en el que nos gustaría que toda la población, si lo conoce, pueda colaborar", ha señalado.

Según ha explicado, en estos casos desde la Consejería no sólo se abre expediente sancionador sino que además se pone en comunicación de la autoridad judicial porque "es también un posible delito.

Por otro lado, ha vuelto a incidir en la imposibilidad de contratar médicos de familia porque no hay profesionales en las listas de empleo.

Las reestructuraciones anunciadas por empresas del sector aeronáutico en España ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus podrían afectar en torno a unos 2.500 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos, según las estimaciones del sindicato USO.

"A la situación conflictiva de Airbus, se han sumado en los últimos días empresas como el Grupo Aciturri, Alestis o Aernova, que han anunciado medidas de reestructuración de las plantillas que tienen repartidas por todo el territorio nacional, con el impacto que este hecho puede ocasionar tanto en el empleo de dichas empresas como en el conjunto de la industria auxiliar. Estas reestructuraciones podrían afectar en torno a unos 2.500 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos", ha señalado el sindicato en un comunicado.

Por ello, la Federación de Industria del sindicato USO (FI- USO) ha pedido este miércoles al Gobierno que adopte las soluciones industriales que fueran necesarias para garantizar la actividad productiva y el mantenimiento de la totalidad del empleo del sector aeronáutico.

El sindicato ha solicitado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) una reunión urgente para realizar un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el sector aeronáutico en España y determinar una serie de medidas que lo refuercen.

"Estamos asistiendo a una pérdida del tejido industrial y productivo de nuestro país. Situación que se está viendo agravada por la tremenda crisis por la que atraviesa casi toda la industria ligada al transporte y la movilidad, de la que no escapa el sector aeronáutico, uno de los sectores tradicionales y más estratégicos de nuestro sistema productivo", ha explicado Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

El 23% de los españoles estaría dispuesto a recibir su sueldo en 'B', según se desprende de un informe realizado por Infojobs, en el que se señala que son los hombres lo más predispuestos a recibir su sueldo en negro (25%).

Teniendo en cuenta la edad, los encuestados más jóvenes, de entre 16 y 24 años, son los que constituyen el colectivo con mayor voluntad para recibir su sueldo de esta forma.

Además, también son el grupo de edad que declara en un mayor porcentaje haber recibido este tipo de ingresos en los últimos tres años (30%).

No obstante, tan solo un 20% de los que tienen entre 45 y 65 años aceptaría recibir su sueldo en negro. Tan solo el 9% de los encuestados en este grupo de edad afirma que ha recibido su retribución así en los últimos tres años.

Los que cuentan con una formación no reglada están más dispuestos a percibir un salario en B (41%) y también quienes solo han cursado estudios básicos (30%).

Una predisposición que, según Infojobs, "está alineada con la realidad ya que del informe se desprende que el 30% de los encuestados con estudios no reglados afirma haber cobrado en negro una parte de sus ingresos en los últimos tres años". En concreto, el 31% de ellos señala haber recibido entre el 21% y el 60% de sus ingresos en 'B'.

La directora de comunicación de Infojobs, Mónica Pérez, ha señalado que los resultados muestran que son los más jóvenes quienes entran al mercado laboral con trabajos ocasionales poco regularizados y que también son las personas con titulaciones no reconocidas o con una formación básica las que corren "más riesgo de acceder al mercado laboral en condiciones más precarias".

De hecho, el estudio muestra que la situación laboral también influye a la hora de plantearse recibir ingresos en 'B'. Así, se observa una mayor disposición a recibir este tipo de salarios entre los desempleados (31%) en comparación con los ocupados (21%).

Según Infojobs, llama la atención el porcentaje de encuestados que ocupan cargos directivos y que muestran su predisposición a recibir una parte de su salario en negro, según lo han afirmado un 29%.

En esta línea, dice que un 15% de los encuestados en posiciones de liderazgo confirma haber cobrado este tipo de ingresos en los últimos tres años y un 38% de ellos asegura además haber recibido entre el 21% y el 60% de su salario en B.

El motivo principal que aluden es que necesitan completar su salario (el 40% de ellos así lo afirma). "Un dato que vuelve a sorprender por ser un grupo que está arriba en la pirámide salarial", dice la plataforma de empleo.

NECESIDAD DE COMPLETAR SU SALARIO

Preguntados por los motivos, la población activa española que afirma recibir este tipo de ingresos alude que la empresa no le da otra opción (50%).

No obstante, también destaca, según el 29% de los encuestados, la necesidad de completar su salario. Por otro lado, un 7% apunta a no querer pagar impuestos desproporcionados y un 4% señala no querer perder la prestación por desempleo o bien porque se trata de trabajos interpersonales de pocas horas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha aplazado hasta el próximo 28 de septiembre la declaración de la empresaria Corinna Larsen como investigada un supuesto encargo al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Pese a autorizar a que ésta se realizara por videoconferencia el próximo día 8 ahora deja esta posibilidad en el aire al no ver razones de seguridad ni orden público que justifiquen que no se desplace a España para prestar declaración en persona.

El juez señala que no se razona qué interés de utilidad o conveniencia para la causa puede presentar la declaración desde "su despacho de abogados en Londres", que resulta especialmente problemática cuando se trata de un investigado.

"Pues no solo impide asegurar a este instructor que en efecto la declaración se vaya a realizar donde se afirma, sino que además no se aclara en qué modo se puede dar fe alguna de la efectiva identidad de aquella, de sus letrados, intérpretes, asistentes o cualquier otra persona o circunstancia concurrente, en términos que permita garantizar que la declaración se acomoda a las exigencias previstas en la ley procesal penal española", añade.

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 admite que no se puede obviar la situación sanitaria concurrente y la evolución de la pandemia del Covid-19, así como las restricciones a la movilidad vigentes o que puedan acordarse por los diferentes Gobiernos.

"De este modo, queda siempre a salvo la posibilidad que la investigada pudiera alegar razones de salud u otras de orden público para justificar los peligros inherentes al desplazamiento a la sede del órgano judicial".

En ese caso, de cursarse la petición, "se valoraría la oportunidad de la realización de la declaración por medio de videoconferencia, en condiciones que permitan garantizar la salvaguarda del derecho de defensa, en todo caso, en lugar distinto al despacho de abogados de la investigada, como pudiera ser, por ejemplo, en la Embajada de España en el Reino Unido, y en presencia del Magistrado Instructor".

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado una huelga en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre en protesta por las condiciones con las que se va a iniciar el próximo curso escolar 2020-2021, marcado por la Covid-19.

A las puertas del Ministerio de Educación, el sindicato ha hecho un llamamiento al derecho "a una educación pública presencial, de calidad y con aulas seguras". También ha reclamado una bajada de las ratios y una contratación masiva de profesorado.

Parece que todavía no hay consenso en lo que la 'vuelta al cole' se refiere, y desde diversos sindicatos educativos denuncian la "inacción" y "falta de liderazgo" de la ministra Celáa.

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha defendido que el independentismo debe marcarse como objetivo su internacionalización porque "un referéndum reconocido, el ejercicio de la autodeterminación y la independencia de Cataluña es inevitable".

En su intervención este miércoles en la conferencia 'Recuperación económica. Poniendo las bases a la Cataluña del 2030' en el ciclo de la Associació d'Empresàries i Directives de l'Empordà, Aragonès ha asegurado que ERC sólo dejará de ser independentista cuando Cataluña sea independiente.

Asimismo, según el vicepresidente, la reactivación de la economía catalana tras la crisis del coronavirus requiere un "cambio cultural y un replanteamiento de algunas maneras de hacer", como la substitución de la desconfianza entre administraciones y el sector económico por la cultura de la colaboración y una visión emprendedora.

En ese sentido, ha instado a los sectores económicos a apostar por el talento pese a que Cataluña no cuente con grandes infraestructuras, fuentes de energía baratas o reservas de materias primas: "Los que somos independentistas estamos obligados a pensar en grande y en cómo lo gestionaríamos si fuéramos un estado independiente".

Ha defendido un cambio en la orientación del mercado interno hacia la diversificación y hacia el aumento de volumen de la demografía empresarial para competir en el mercado global, además de apostar por la "economía del valor y calidad", que permite ganar en competitividad.

Asimismo, ha hecho una "apuesta inequívoca" por la equidad de género y por medidas concretas para favorecer la conciliación y el acceso de mujeres directivas a mayores cargos de responsabilidad para aportar bienestar a las personas y rentabilidad a las empresas.