El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido al Gobierno central que prorrogue los fondos Covid-19 al año 2021 porque "los cursos académicos no conocen de años naturales".

"Eso sería un importante elemento para mantener todos esos 16.000 profesores que hemos contratado", ha señalado Ossorio en declaraciones a los medios desde el IES Ramiro de Maeztu, donde se han presentado los catálogos de la exposición 'Gregorio Ordóñez: La vida posible', que se distribuirán entre los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

"En la medida de lo posible, en función de las necesidades educativas, nosotros estaríamos encantados de que todos los docentes que hemos contratado permanezcan con nosotros, pero hay que entender que 370 millones de euros de gastos no hay cuenta autonómica que los soporte y por tanto tenemos que tener recursos para poder seguir así", ha agregado.

Respecto a los profesores del refuerzo Covid del primer cuatrimestre, cuyo contrato finaliza el 22 de diciembre, ha manifestado que estarán "atentos" y ha asegurado que quieren "lo mejor para los centros educativos", por lo que tomarán "todas las decisiones que sean buenas para los centros educativos".

Ossorio ha recordado que la Comunidad de Madrid ha contratado hasta la fecha 16.000 profesores, de los cuales 1.116 corresponden al plan de refuerzo para compensar los efectos del confinamiento durante el último cuatrimestre del curso pasado, 500 en Primaria y 617 en Secundaria.

Por otro lado, ha aclarado que existen planes de refuerzo para todo el año, como el Plan PROA+, Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, otro para la Secundaria que se llama Refuerza, y el programa de refuerzo de Primaria.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado que el Gobierno de España reforzará su política migratoria en Canarias con mayor vigilancia, cesión de terrenos y aumentando la diplomacia con los países desde donde parten los inmigrantes.

Así lo ha afirmado este viernes durante una rueda de prensa junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde añadió que estas medidas se sumarán a las que ya se están llevando a cabo para hacer frente a la constante llegada de embarcaciones irregulares.

Darias, que ha ejercido de portavoz de todos los ministerios implicados en las medidas de refuerzo para abordar la inmigración, ha señalado que el objetivo es dar respuesta al fenómeno migratorio, que en el caso de Canarias ha aumentado un 900 por 100 en lo que se refiere a la llegada de pateras y cayucos respecto al pasado año, superándose ya los 16.000 migrantes que han arribado al archipiélago en lo que va de 2020.

Asimismo, apuntó que la ruta del Atlántico ha cobrado "muchísima fuerza" como demuestra que el 57 por ciento de todas las llegadas se producen por dicha ruta. Estas medidas de refuerzo se adoptan después de que el pasado fin de semana --7 y 8 de noviembre-- alcanzaran las costas del archipiélago más de 2.300 personas.

En este sentido, Darias ha detallado las diferentes medidas que se proyectarán con carácter integral para abordar la inmigración, de tal forma que desde el Ministerio de Interior el titular de su cartera, Fernando Grande-Marlaska prevé viajar el 20 de noviembre a Marruecos para "reforzar lazos" y evitar las salidas que se están produciendo.

Añadió que previamente Marlaska ha viajado a países del continente africano como Argelia, en tres ocasiones; Costa de Marfil en dos; Gambia en una; o Marruecos hasta seis veces, entre otros. A ello, agregó, que se mantendrán también los más de 200 millones de euros con los que se colabora con los países que se colaboran, especialmente con Marruecos, para el desarrollo de proyectos.

Asimismo, Interior aumentará su capacidad de efectivos y destacamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con dos buques oceánicos más, una patrullera de altura, un avión, un helicóptero y una embarcación sumergida.

A ello se suma un despliegue del equipo de Frontex entre el 4 de noviembre y el 21 de enero de 2021 en el edificio de RCC, en Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de combatir la lucha contra el tráfico de personas, ya que es un "objetivo prioritario" del Gobierno central y europeo.

Por otro lado, apuntó que también se negocia con Senegal el despliegue de medios aéreos en la ruta del Atlántico en 2021 para seguir reforzando los que hay actualmente.

CATE DE BARRANCO SECO

Darias expuso que Interior también instalará un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en la zona del polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ejército de Tierra ha levantado de forma provisional un campamento para poder acoger a unas 800 personas para las primeras 72 horas desde que llegan los migrantes.

Todo ello se suma a los 28 agentes de la Guardia Civil que se encuentran en Mauritania y que realizan junto a las autoridades mauritanes patrullaje aéreo, marítimo y terrestre; dos patrulleras de apoyo, un buque no permanente oceánico y helicópteros y un avión.

En el caso de Senegal, España tiene 15 agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil con dos embarcaciones, un oficial de enlace y tres agentes de la Policía Nacional; y junto con el trabajo que se hace con Marruecos de intercambio de información, de colaboración policial y de cooperación en la vigilancia.

Respecto a Mauritania, matizó, que desde el año 2008 hay un equipo de investigación --6 agentes españoles y 6 mauritanos-- que investigan el tráfico ilícito de personas, mientras que en Níger también hay otro equipo de investigación con el mismo fin.

MÁS DINERO PARA COOPERACIÓN

En cuanto al Ministerio de Exteriores, Darias apuntó que en las cuentas del Gobierno central para 2021 se ha previsto un incremento de 500 millones de euros para cooperación, de tal forma que el montante total ascendería a 3.100 millones de euros (+19%).

Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, prevé viajar próximamente a Senegal donde abordará el fenómeno migratorio.

CESIÓN DE INSTALACIONES

En lo que se refiere a las acciones que se ejercerán desde el Ministerio de Migraciones están relacionadas básicamente con la cesión por parte del Ministerio de Defensa de varias instalaciones para poder acoger a los migrantes llegados a las costas del archipiélago.

En concreto en el caso de Fuerteventura, Defensa ha cedido definitivamente El Matorral a los ministerios de Interior y Migraciones; en Tenerife junto a la cesión definitiva del cuartel de Las Canteras, se abrirá también el cuartel de Las Raíces de forma temporal para la instalación de carpas y que tiene una capacidad alojativa "amplia".

Respecto a Gran Canaria, además del antiguo polvorín de Barranco Seco, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cedido el colegio León que se abrirá "inminentemente" porque se están terminando las obras que se estaban realizando. Todo ello, con el fin de que el Muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), "vuelva a los usos que siempre tuvo", si bien no puso fecha a ese momento, ya que apuntó que será "cuanto antes".

En lo que se refiere a la asesoría legal de los inmigrantes, matizó que es un objetivo prioritario del Gobierno, al igual dijo que en las personas que no tenga la condición de vulnerabilidad --que son las que se están derivando a Península--, el énfasis se va a poner en la repatriación.

En este sentido, apuntó que esta semana se han realizado las primeras repatriaciones, con 22 personas, afirmando que "es un vía que está ahí".

Darias expuso que el fenómeno migratorio es un "desafío moral y humanitario" de alcance que hay que superar con una política "de país y europea" ante las imágenes de naufragios que "golpean".

CANARIAS NO PUEDE CONVERTIRSE EN "UN MURO"

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha agradecido que se hayan dado respuesta "a tantos interrogantes" después de que en la ruta del Atlántico entre 500 y 1.000 personas hayan perdido la vida, mientras que 16.064 migrantes han llegado al archipiélago en lo que va de año --1.665 menores--, si bien consideró que Canarias no puede convertirse en "un muro", ni en "una cárcel" porque las islas están en Europa.

Así, Torres ha valorado que tanto Marlaska como González Laya viajen a Marruecos y a Senegal, respectivamente, así como que se multipliquen las medidas de vigilancia para perseguir las mafias.

Además, consideró necesario activar los mecanismos de repatriación de acuerdo a los convenios firmados, así como a los derechos humanos, al tiempo que pidió simplificar para la concesión de visados; así como instó a que se establezcan los corredores humanitarios para que la migración que llega a Canarias, "llega a Europa".

Canarias ha registrado un total de 126 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los que 84 se han producido en Tenerife, isla que está en semáforo rojo y con un aumento de las restricciones desde este viernes.

Según los datos que publica diariamente la Consejería de Sanidad, el total de casos acumulados en las islas es de 19.014, de los que 4.154 activos.

Entre los activos, unas 39 personas están ingresadas en una UCI, 200 permanecen hospitalizados en planta y los 3.915 restantes están en aislamiento domiciliario.

Por otra parte, en las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de una persona, que eleva el total de muertes a 306 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a la Incidencia Acumulada a los últimos siete días, en Canarias se sitúa en 40,4; y si se contabilizan los últimos catorce días la cifra sube a 82,1.

Por islas, Gran Canaria suma 35 casos con un total de 9.046 casos acumulados y 1.434 casos activos epidemiológicamente; Tenerife cuenta con 7.443 casos acumulados, 84 más que el día anterior y 2.593 activos.

Lanzarote suma 2 nuevos casos con 1.327 acumulados y 56 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 832 casos acumulados con 5 casos más que la jornada anterior y 59 activos.

La Palma no tiene ningún nuevo caso y cuenta con 201 acumulados y 5 casos activos; La Gomera tampoco registra nuevos casos, manteniéndose en los 98 acumulados y 6 activos. Por su parte, El Hierro sin casos nuevos, mantiene sus acumulados en 67 y 1 activo.

Mientras, hasta este viernes se ha realizado un total de 543.848 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.826 se corresponden al día de ayer.

Finalmente, respecto al brote de COVID-19 en la residencia de la tercera edad de Vistabella (San Pancracio), en Santa Cruz de Tenerife, notificado el pasado sábado, no se han registrado nuevos casos, ni fallecidos, ni hospitalizaciones, por lo que el brote se mantiene estable y controlado.

El exgerente de la extinta CDC Germà Gordó ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ser el responsable de haber ideado un sistema de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades en el partido, contradiciendo así lo manifestado por el extesorero 'convergente' Daniel Osácar.

Gordó ha declarado como imputado, mediante videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, en una pieza separada del caso conocido como '3 por ciento', en el que se investiga la presunta financiación irregular de CDC. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 le atribuyó la condición de investigado, a petición de la Fiscalía Antiocrrupción, después de que Osàcar le señalara como el presunto responsable que controlaba el sistema de blanqueo, denominado 'pitufeo'.

"Era la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación", apunta el juez De la Mata en su auto. No obstante, Gordó ha desmentido todo lo dicho por el extesorero y ha negado haber hecho una lista de miembros y simpatizantes del partido que pudieran ser potenciales donantes, pues se ha enterado de ello por la prensa, han informado fuentes jurídicas.

Así, el exgerente --que ha sido citado a declarar hasta en cuatro ocasiones porque las tres anteriores tuvieron que ser suspendidas-- también ha dicho que no era cierto que Osàcar le entregara el dinero que los donantes rehusaban recibir cuando rechazaban que se les devolviera la cantidad que el partido le daba en efectivo.

EL 'MODUS OPERANDI'

Según explica el magistrado, el 'modus operandi' del blanqueo era que el extesorero proponía a los donantes que efectuaran una donación de 3.000 euros al partido mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que éste les entregaría en mano.

Las fuentes consultadas han apuntado que el que fuera la mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas cree que Osàcar ha confesado una supuesta dinámica irregular de proceder en el partido para conseguir un mejor trato penitenciario. El extesorero se encuentra en tercer grado penitenciario, cumpliendo la condena de tres años y seis meses de prisión por el caso 'Palau'.

De hecho, ha asegurado que tiene información de que Osàcar habría pedido a dirigentes del partido "arreglar de alguna manera esto" y que al no haber conseguido ayuda, habría optado por hacer dichas declaraciones sobre unos hechos que Gordó no reconoce.

LA CARTA DE ARTUR MAS

Para apuntalar su defensa, el que fuera gerente de CDC se ha ceñido al escrito que Mas dirigió al magistrado instructor, así como a la rueda de prensa que ofreció el mismo día que Osàcar declaró ante el juez de la Audiencia Nacional.

En dicha carta, que precisamente aportó el abogado de Gordó, el expresidente catalán indicaba que el responsable de finanzas de CDC (Osàcar) dependía jerárquicamente de él, como secretario general, y no del gerente.

Así, Gordó ha hecho hincapié en que, teniendo en cuenta esta organización jerárquica en el partido, no dio ninguna orden a Osàcar porque el único que podía hacerlo era el secretario general. Y así lo manifestó Mas en la rueda de prensa que dio el pasado 20 de octubre en la que subrayó que si no dio él la instrucción relacionada con las donaciones "no la podía dar nadie".

También ha resaltado que al ostentar cargos que no dependían orgánicamente el uno del otro, reportaban al secretario general por separado. En este sentido, ha negado que despachara diariamente con su superior, tal y como sostuvo Osàcar, alegando que era imposible, ya que en ese momento Mas era el jefe de la oposición.

Con todo ello, Gordó ha explicado que él como gerente tenía competencia en materia de gastos y que el control absoluto sobre los ingresos la tenía el responsable de finanzas. En este sentido, ha apuntado que el gerente no se hacía cargo de ciertos gastos del partido durante las campañas electorales y que precisamente en la de 2010 Osàcar, como administrador general de la federación de Convergència i Unió (CiU), se encargó de ello.

El administrador de Izquierda Unida (IU) para la coalición electoral Unidas-Podemos en los comicios generales de 2019, Carlos García Ramos, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la cuentas 'moradas' que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.

García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Juan José Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una "colaboración mutua", conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.

"No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral", ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. "A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua", ha remachado.

De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes.

Además, el administrador de IU ha señalado que ninguna persona de su partido político se puso en contacto con los ex abogados de Podemos José Manuel Calvente --el denunciante-- y Mónica Carmona para poner en su conocimiento presuntas irregularidades. "El propio investigado certifica que nadie de Izquierda Unida se ha puesto en contacto" con ellos, ha sostenido Vellé.

Carmona afirmó el pasado 28 de octubre ante Escalonilla, en calidad de testigo, que "Izquierda Unida estaba inquieta y reticente a estos contratos" con Neurona porque se habrían hecho "sin el conocimiento ni consentimiento del administrador de IU". No obstante, se negó a revelar la identidad de las personas que acudieron a ella, como responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, para denunciar las supuestas irregularidades.

INGENTE DOCUMENTACIÓN

Tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que ha declarado como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.

En el caso de Podemos, Vellé ha destacado que han entregado al juez "más de 1.400 documentos y productos elaborados por Neurona durante la campaña electoral". "Para que nos hagamos una idea de la magnitud, no hemos podido presentarlos ni siquiera en un 'pendrive', hemos tenido que aportarlos en una memoria interna", ha enfatizado.

El abogado de la formación 'morada' ha revelado que el dossier incluye otros documentos relativos a los salarios de los trabajadores y a las obras en la sede nacional, dos cuestiones que también forman parte de la causa porque --de acuerdo con Carmona y Calvente-- se habrían pagado excesos no justificados en ambos casos. "Hemos hecho un ejercicio total de transparencia", ha resaltado Vellé, que se ha mostrado satisfecho con la sesión judicial de este 13 de noviembre.

Por su parte, el arquitecto encargado de dichas obras, Manuel Campos García, que acudía como testigo, ha justificado ante el juez por qué el presupuesto pasó de 649.000 euros en licitación a 1,3 millones de euros en adjudicación, conforme a las cifras apuntadas por Carmona. Según fuentes presentes en la declaración, ha dado cuenta de cada gasto en un minucioso informe, achacando el baile de cifras a la diferencia entre un proyecto básico y la ejecución material del mismo.

"Ha habido muchísimos datos", ha corroborado Marta Castro, la abogada de Vox, que ejerce de acusación popular en este caso, aludiendo a la documentación aportada por investigados y testigos. En su opinión, "al juez no le va a quedar más remedio que acordar mas diligencias para ampliar toda la información que hemos tenido hoy".

En un principio, también debían declarar como investigado Eduardo López, persona de contacto de Neurona, y como testigo Pablo Manuel Fernández Alarcón, ex gerente de Podemos, aunque finalmente no han comparecido. Está previsto que el próximo 20 de noviembre declaren como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.

NEURONA, EN EL PUNTO DE MIRA

El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por Calvente, en la que se recoge la investigación interna que hizo junto a Carmona a raíz de diversas denuncias que habrían recibido de trabajadores de Podemos por supuestas irregularidades y que, según sostienen ambos, fue el motivo de que fueran despedidos.

La denuncia de Calvente apunta a una serie de hechos supuestamente delictivos, entre los que destacan los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras 'moradas' --la abogada Marta Flor--; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Escalonilla ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada 'Caja B', manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados, aunque la atención se centra en la relación contractual entre Neurona y Podemos, donde el juez, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas ven indicios de que podrían ser contratos simulados para desviar dinero de las cuentas del partido.

El Ministerio Público ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias", aconsejando igualmente al juez que mantenga a la organización politica como investigada porque "resulta más garantista".

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado que el Gobierno de España reforzará su política migratoria en Canarias con mayor vigilancia, cesión de terrenos y aumentando la diplomacia con los países desde donde parten los inmigrantes.

Así lo ha afirmado este viernes durante una rueda de prensa junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, donde añadió que estas medidas se sumarán a las que ya se están llevando a cabo para hacer frente a la constante llegada de embarcaciones irregulares.

Darias, que ha ejercido de portavoz de todos los ministerios implicados en las medidas de refuerzo para abordar la inmigración, ha señalado que el objetivo es dar respuesta al fenómeno migratorio, que en el caso de Canarias ha aumentado un 900 por 100 en lo que se refiere a la llegada de pateras y cayucos respecto al pasado año, superándose ya los 16.000 migrantes que han arribado al archipiélago en lo que va de 2020.

Asimismo, apuntó que la ruta del Atlántico ha cobrado "muchísima fuerza" como demuestra que el 57 por ciento de todas las llegadas se producen por dicha ruta. Estas medidas de refuerzo se adoptan después de que el pasado fin de semana --7 y 8 de noviembre-- alcanzaran las costas del archipiélago más de 2.300 personas.

En este sentido, Darias ha detallado las diferentes medidas que se proyectarán con carácter integral para abordar la inmigración, de tal forma que desde el Ministerio de Interior el titular de su cartera, Fernando Grande-Marlaska prevé viajar el 20 de noviembre a Marruecos para "reforzar lazos" y evitar las salidas que se están produciendo.

Añadió que previamente Marlaska ha viajado a países del continente africano como Argelia, en tres ocasiones; Costa de Marfil en dos; Gambia en una; o Marruecos hasta seis veces, entre otros. A ello, agregó, que se mantendrán también los más de 200 millones de euros con los que se colabora con los países que se colaboran, especialmente con Marruecos, para el desarrollo de proyectos.

Asimismo, Interior aumentará su capacidad de efectivos y destacamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con dos buques oceánicos más, una patrullera de altura, un avión, un helicóptero y una embarcación sumergida.

A ello se suma un despliegue del equipo de Frontex entre el 4 de noviembre y el 21 de enero de 2021 en el edificio de RCC, en Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de combatir la lucha contra el tráfico de personas, ya que es un "objetivo prioritario" del Gobierno central y europeo.

Por otro lado, apuntó que también se negocia con Senegal el despliegue de medios aéreos en la ruta del Atlántico en 2021 para seguir reforzando los que hay actualmente.

CATE DE BARRANCO SECO

Darias expuso que Interior también instalará un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en la zona del polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ejército de Tierra ha levantado de forma provisional un campamento para poder acoger a unas 800 personas para las primeras 72 horas desde que llegan los migrantes.

Todo ello se suma a los 28 agentes de la Guardia Civil que se encuentran en Mauritania y que realizan junto a las autoridades mauritanes patrullaje aéreo, marítimo y terrestre; dos patrulleras de apoyo, un buque no permanente oceánico y helicópteros y un avión.

En el caso de Senegal, España tiene 15 agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil con dos embarcaciones, un oficial de enlace y tres agentes de la Policía Nacional; y junto con el trabajo que se hace con Marruecos de intercambio de información, de colaboración policial y de cooperación en la vigilancia.

Respecto a Mauritania, matizó, que desde el año 2008 hay un equipo de investigación --6 agentes españoles y 6 mauritanos-- que investigan el tráfico ilícito de personas, mientras que en Níger también hay otro equipo de investigación con el mismo fin.

MÁS DINERO PARA COOPERACIÓN

En cuanto al Ministerio de Exteriores, Darias apuntó que en las cuentas del Gobierno central para 2021 se ha previsto un incremento de 500 millones de euros para cooperación, de tal forma que el montante total ascendería a 3.100 millones de euros (+19%).

Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, prevé viajar próximamente a Senegal donde abordará el fenómeno migratorio.

CESIÓN DE INSTALACIONES

En lo que se refiere a las acciones que se ejercerán desde el Ministerio de Migraciones están relacionadas básicamente con la cesión por parte del Ministerio de Defensa de varias instalaciones para poder acoger a los migrantes llegados a las costas del archipiélago.

En concreto en el caso de Fuerteventura, Defensa ha cedido definitivamente El Matorral a los ministerios de Interior y Migraciones; en Tenerife junto a la cesión definitiva del cuartel de Las Canteras, se abrirá también el cuartel de Las Raíces de forma temporal para la instalación de carpas y que tiene una capacidad alojativa "amplia".

Respecto a Gran Canaria, además del antiguo polvorín de Barranco Seco, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cedido el colegio León que se abrirá "inminentemente" porque se están terminando las obras que se estaban realizando. Todo ello, con el fin de que el Muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), "vuelva a los usos que siempre tuvo", si bien no puso fecha a ese momento, ya que apuntó que será "cuanto antes".

En lo que se refiere a la asesoría legal de los inmigrantes, matizó que es un objetivo prioritario del Gobierno.

Darias expuso que el fenómeno migratorio es un "desafío moral y humanitario" de alcance que hay que superar con una política "de país y europea" ante las imágenes de naufragios que "golpean".

CANARIAS NO PUEDE CONVERTIRSE EN "UN MURO"

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha agradecido que se hayan dado respuesta "a tantos interrogantes" después de que en la ruta del Atlántico entre 500 y 1.000 personas hayan perdido la vida, mientras que 16.064 migrantes han llegado al archipiélago en lo que va de año --1.665 menores--, si bien consideró que Canarias no puede convertirse en "un muro", ni en "una cárcel" porque las islas están en Europa.

Así, Torres ha valorado que tanto Marlaska como González Laya viajen a Marruecos y a Senegal, respectivamente, así como que se multipliquen las medidas de vigilancia para perseguir las mafias.

Además, consideró necesario activar los mecanismos de repatriación de acuerdo a los convenios firmados, así como a los derechos humanos, al tiempo que pidió simplificar para la concesión de visados; así como instó a que se establezcan los corredores humanitarios para que la migración que llega a Canarias, "llega a Europa".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este viernes que su partido está demostrando "sentido de Estado", al hacer "lo que nadie más quiere hacer", que es pactar con un Gobierno como el de Pedro Sánchez para conseguir "medidas buenas" para los españoles. Por su parte, el eurodiputado Jordi Cañas ha defendido la estrategia de Arrimadas y ha desdeñado las "críticas en Twitter".

Ambos han compartido un encuentro virtual con cientos de afiliados de la formación naranja durante el cual Arrimadas ha afirmado que "tener sentido de Estado no es solo llevar una bandera" de España, sino, sobre todo, "hacer lo que sabes que es bueno para tu país, pero que es difícil y nadie más quiere hacer".

"Y ahí vamos a seguir", ha asegurado al destacar, por ejemplo, las "líneas naranjas" con las que Ciudadanos ha limitado las subidas de impuestos en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras dialogar con el Ejecutivo.

Considera que "lo fácil" es la postura del PP y Vox, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos --rechazadas en el Congreso-- y que "gritan mucho pero no consiguen nada". En cambio, ve más útil negociar con el Gobierno para conseguir medidas e intentar que vaya "por la vía moderada" y no pacte los PGE con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu.

"CASTIGAR" AL GOBIERNO Y TRABAJAR POR LOS ESPAÑOLES

Cañas, que fue portavoz en el Parlament de Cataluña en los orígenes de la formación naranja y que se caracteriza por su discurso duro frente al independentismo, ha indicado que, además de estar "permanentemente castigando a un Gobierno que se lo merece", hay que "hacer todo lo posible para mejorar la situación de millones de españoles que lo están pasando tan mal" por la crisis del coronavirus.

"Eso bien merece la pena las críticas por Twitter, las descalificaciones en redes sociales y alguna falta de comprensión", ha asegurado, añadiendo que "al que no le parezca bien" lo que está haciendo Arrimadas es que "no entiende lo que es la política".

Estas declaraciones de Arrimadas y Cañas se producen mientras exdirigentes de Cs como Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto critican a diario en Twitter a la actual Ejecutiva del partido y un día después de que su expresidente, Albert Rivera, dijera que ante el Gobierno de Sánchez se puede ser "flexible" pero sin perder la "dignidad", y que él no aguantaría "ni un minuto" apoyando cosas en las que no cree.

ARRIMADAS GANÓ AL NACIONALISMO EN LAS URNAS

Por otro lado, el eurodiputado ha reivindicado el "liderazgo" de Arrimadas y ha recordado a los que "tienen la memoria frágil" que fue ella quien, como candidata a la Presidencia de la Generalitat, convirtió a Ciudadanos en el partido más votado en las elecciones catalanas de 2017.

"Una persona como tú fue capaz, junto con su equipo, con todos los afiliados y más de un millón de catalanes", de "derrotar al nacionalismo" en las urnas "y eso te da una experiencia política y personal muy potente para ahora derrotar no solo al nacionalismo, sino a esa forma de entender España que busca dividirnos", ha destacado.

Cañas ha afirmado que Cs supo crear su propia "semántica" en Cataluña y no jugar en el terreno del nacionalismo, como cree que siempre han hecho otros partidos. Además, ha agregado que en Cataluña aprendieron que "el virus del nacionalismo hay que atajarlo cuanto antes", para evitar el "contagio", y que es "letal" para la sociedad porque "la divide y la empobrece", además de ser "una amenaza para la democracia".

Arrimadas, por su parte, ha afirmado que la formación naranja conoce bien a los partidos nacionalistas y por eso nunca ha pactado con ellos, al contrario que el PP y el PSOE, que "han hecho creer" a los españoles durante 40 años que sus votos eran "imprescindibles" para la gobernabilidad de España al negarse a llegar a acuerdos el uno con el otro.

Los nacionalistas "han sido decisivos una y otra vez, pero nunca han pedido cosas para los catalanes, han pedido cosas para sus partidos y sus élites", y "así están todos" sus líderes políticos, "forrados", ha denunciado.

LA "IGNOMINIA" DE "TACHAR" EL CASTELLANO

Evitar que esto ocurra de nuevo es, según ha explicado, el motivo por el cual Ciudadanos se ofrece a negociar los Presupuestos con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, para que pueda escoger pactarlos con ellos en lugar de recurrir a Esquerra y Bildu.

Y si, a pesar de tener esa alternativa, Sánchez elige a los independentistas, "nunca jamás podrá decir que no tenía otra opción", y entonces a muchos votantes "se les caerá la venda de los ojos", ha resaltado.

En este contexto, la líder de Cs ha subrayado que van a tender la mano al Ejecutivo para "salvar vidas y empleos" y, al mismo tiempo, se van a mostrar "implacables cuando se violan los valores constitucionales y democráticos" y "firmes" frente a las "cacicadas nacionalistas" y en la defensa de la "igualdad de los españoles".

Con ese objetivo, se negarán a apoyar los Presupuestos si en la futura ley de educación se mantiene la "ignominia" de "tachar el castellano" como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades donde hay otra lengua cooficial, como pactó ERC con los partidos de la coalición gobernante, y exigirán también que el Ejecutivo firme un compromiso donde descarte un referéndum de secesión, según ha recordado.

DIRIGENTES DEL PSOE QUE RECHAZAN PACTAR CON BILDU

Según Arrimadas, Sánchez "está a tiempo de rectificar" y escuchar a "la parte moderada" del PSOE y de su Gobierno, en vez de al sector "radical" del partido y al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias. "Tiene que elegir a quién hace caso", ha añadido.

A su juicio, "no es necesario pasar por la humillación" de pactar los Presupuestos con Bildu, y ve positivo que dirigentes autonómicos del PSOE como Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara o Emiliano García-Page "se atreva a verbalizar públicamente que hay que coger la mano de Cs y no la de Otegi".

Para Cañas, esas voces críticas "no serían posibles sin Ciudadanos", cuya posición puede, además, contribuir a "desenmascar la estrategia" del presidente del Gobierno si finalmente elige a Esquerra y Bildu y queda claro que busca "alentar la polarización".

Además de referirse a las exigencias políticas, Arrimadas ha dicho que les preocupan las estimaciones de crecimiento económico y de ingresos en los Presupuestos, que "no se corresponden con la realidad", y también reclamarán al Ejecutivo reformas, ayudas directas a las pymes y los autónomos y un permiso retribuido para padres cuyos hijos tengan que hacer una cuarentena.

'Las Niñas', de Pilar Palomera, ha sido el primer largometraje que se ha presentado al público en el Certamen Nacional de Ópera Prima del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde la directora y la productora, Valerie Delpierre, han dado detalles sobre este film que tiene "una parte autobiográfica con un peso muy importante" en la película, según su creadora.

Ambas han estado acompañadas por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, así como el director del Fical 2020, Enrique Iznaola, quienes han dado la bienvenida a una película que viaja con el aval de haber conquistado los festivales de Berlín y Málaga.

"El personaje de Celia, la protagonista, tiene mucho que ver con cómo me recuerdo yo", ha explicado Palomera, quien en este sentido ha asegurado que la actriz Andrea Fandos también "se parece mucho" a un personaje que encarna parte de ella misma y de "las vivencias que hemos compartido muchas personas de mi generación y amigos".

El proyecto nació tras un primer contacto entre la directora y la productora a través de un cortometraje, que dio lugar a una experiencia "muy positiva en el proceso creativo", según ha detallado Delpierre, quien ha partir de ahí pidió a la directora un nuevo proyecto que dio lugar a una idea "de cuatro páginas casi" que fueron la "semilla" de 'Las Niñas'.

"En estas cuatro líneas estaba toda la esencia de lo que quería contar, que podría trascender mucho la experiencia personal y podría hablar de muchas personas, y me pareció muy interesante indagar en eso", ha explicado la productora.

Ambas han explicado la frustración que ha supuesto ver cómo el esfuerzo de un equipo entero no ha podido llegar a tiempo a los cines. "Es doloroso, pero gracias a momentos tan gratificantes como estos podemos compartirla con la industria y el público", ha indicado la directora del film mientras que la productora ha asegurado que el covid-19 ha supuesto un golpe para la industria.

Durante el debate, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha destacado que esta película cuenta con dos avales en el marco del festival, como son "el retrato de una época que define a las mujeres de hoy" y que la película "ha cosechado grandes éxitos en Berlín y Málaga" aunque su estreno se ha visto afectado por la pandemia.

Además, "su productora ya tiene experiencia previa en este festival", ha apuntado Iznaola en relación a su participación en 'Verano 1993', que fue premiada como mejor ópera prima en Fiscal en 2017. El director del festival ha definido esta película como una "maravillosa propuesta llena de matices que muestra los cuartos e historias de las niñas que refleja una etapa de su vida como si fuera un documental".

Por su parte, el diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha celebrado el arranque de la sección competitiva con "el nombre de una directora con presente, pero sobre todo con mucho futuro" puesto que "Pilar Palomera es un nombre que oiremos mucho en el futuro", según ha dicho.

El director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Magdy Martínez Solimán, ha finalizado este viernes un viaje a Panamá en el que ha hecho entrega de ayuda humanitaria para los afectados por el huracán Eta, según ha informado la AECID.

Además, ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Exteriores panameño para un 'Acuerdo de Nueva Generación' y ha hablado con el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, sobre cooperación cultural y la celebración del bicentenario de independencia de Panamá, que contará con el apoyo de España a través de la Embajada y el Centro Cultural a actividades conmemorativas y de celebración.

Martínez-Solimán repasó con sus interlocutores la cartera de proyectos actuales en cooperación reembolsable, Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento o electrificación rural con los responsables del área en el Gobierno panameño.

Durante su visita, hizo entrega formal al Despacho de la Primera Dama de materiales para los afectados por el paso de la tormenta Eta en Panamá y se reunió con con actores clave en el ámbito humanitario en la región Latinoamericana y Caribe en coordinación con ECHO, OCHA, ACNUR y FICR.

Además, visitó el Centro Logístico Humanitario, junto con actores humanitarios de Naciones Unidas y representantes del Gobierno de Panamá, donde pudo conocer el trabajo de la Cooperación Española en materia humanitaria, y la importancia del Centro en la región.

En este Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá AECID tiene preposicionado stock humanitario para la respuesta a emergencias en América Latina y El Caribe. Representantes de Cruz Roja Española y Acción contra el Hambre expusieron su trabajo que realizan en la región en el ámbito humanitario y de respuesta a emergencias.

Por su parte, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha concluido este jueves un 'viaje virtual' a Paraguay de tres días en el que ha visitado diversos proyectos de desarrollo, se entrevistó con cargos del Gobierno paraguayo y se reunió con representantes de ONGD y empresas españolas.

Las ONGD españolas presentes en Paraguay canalizan, en alianza con sus socios paraguayos, aproximadamente el 64% de la Ayuda Oficial al Desarrollo proveniente de España. Moreno Bau ha conocido además dos proyectos de agua y saneamiento --la Cooperación Española ha destinado más de 110 millones de euros a programas mejorar la calidad y ampliar el acceso a los servicios de agua y saneamiento a unas 771.000 personas--, así como proyectos europeos en cuya ejecución participan AECID y FIIAPP.

La presidenta de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), que representa a más de 200 residencias privadas de mayores de la región, Pilar Ramos, ha explicado este viernes que vivieron "un estado de guerra" en los centros en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y que fueron "maltratados" por las administraciones públicas y criminalizados por la sociedad y los medios de comunicación.

"Nos hemos sentido maltratados porque todo el mundo nos ha juzgado como si fuéramos asesinos, los medios y la sociedad y eso no es justo. A los políticos los meto en sociedad", ha apuntado la interviniente, que también ha criticado aquellas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robleas, en las que decía que los militares de la UME encontraban cuerpos en las residencias, ya que ellos "eran los primeros interesados" en que los retiraran las funerarias.

En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 de la Asamblea de Madrid, Ramos ha manifestado que al principio la pandemia les pilló a todos "desprevenidos" y que las instituciones "se olvidaron de los mayores, los más vulnerables", ya que se "priorizaron" los recursos, medios y personal a los hospitales y no tanto a los geriátricos.

"Nos reunimos con Sanidad y Servicios Sociales antes del estado de alarma y se manifestó que la situación era de estado de guerra y que había que ser conscientes de que se trataba de una política de guerra. Durante esos 15 a 20 días los hospitales colapsaron y pagamos ambulancias privadas para derivar a hospitales privados a través de contactos o como podíamos", ha indicado la compareciente.

Ramos ha confirmado que les llegaron protocolos de no derivación a hospitales de residentes con determinadas patologías o dependencias y considera que todas las personas tienen derecho al tratamiento sanitario en todos los momentos de su vida, algo que a entender "no depende de la edad ni que tenga Alzheimer".

La presidenta de esta patronal de geriátricos ha señalado que algunos residentes enfermos de Covid acabaron en el hospital de Ifema y unas 70 personas se derivaron a otros centros para ayudar a la sectorización. "Algunos llegaron a morir sin saberse ni como se llamaban. Muchos mayores estuvieron en Ifema deambulando porque tenían Alzheimer. No sé si es más digno o menos digno, yo no me atrevo a decir eso", ha dicho.

La coordinación entre Atención Primaria y las residencias, según ha explicado Ramos, fue al principio "un desastre" porque los ambulatorios estaban cerrados. Sufrieron una baja del personal de un 30 por ciento y al principio sin equipos de protección individual (epis), que más adelante les aportó la Comunidad de Madrid.

"Parecíamos traficantes de droga. Era vergonzoso. Yo compré material e iba con el coche rogando que no me parara la Guardia Civil porque me iba a confiscar un material que necesita un centro. Nos hemos sentido de segunda clase. Cuando veíamos grandes titulares que estaba llegando material los hospitales y se aplaudía a los hospitales, a nosotros no nos llegaba nada. Todo estaba parado en las aduanas porque era prioritario para los hospitales", ha relatado.

La presidenta de AMADE ha detallado que hasta que se les consideró como servicio esencial a finales de marzo no pudieron comprar EPIs. De hecho, le constan requisamientos de material en sus almacenes "con facturas pagadas", así como la paralización de material de aduanas, "con un pedido muy grande que nunca llegó".

"NECESITÁBAMOS MÁS MANOS, PERSONAL Y SOLUCIONES RÁPIDAS"

Pilar Ramos también ha reconocido que durante esas primeras semanas de pandemia hubo desinformación a los familiares de los usuarios de los geriátricos porque no tenían tiempo para responder al teléfono con todo lo que estaban pasando. Y también por el cierre a visitas de los centros, algo a lo que reaccionaron de forma "visceralmente" en contra los familiares.

Al igual que señaló en la primera comparecencia de la sesión de hoy de la comisión la directora de la residencia Amavir Alcorcón, la presidenta de AMADE ha destacado que recibían protocolos y llamadas diarias de inspectores para que apuntaran los datos de cada centro, pero que ellos lo que necesitaban eran "manos, personal y soluciones rápidas" y eso "no lo han tenido".

Igualmente, ha agradecido el trabajo de la UME por ayudarles a desinfectar y a sectorizar, pero no tanto el desarrollado por la Consejería de Políticas Sociales para ofrecerles bolsas de empleo que cubrieron la ausencia de personal que sufrían, ya que ofrecían "médicos jubilados que cuando llamabas o ya estaban contratados o no les interesaba" el puesto de trabajo.

Tampoco cree que fuera efectiva la intervención de algunas residencias por parte de la Comunidad porque se pusieron al frente funcionarios directores de centros de día que, a su juicio, desconocían el funcionamiento de un geriátrico. "Nos acompañaron, sí, con canal más directo, pero solo eran visitas de unas pocas horas, no el día completo", ha expuesto.

No obstante, Pilar Ramos considera que "todo el mundo intentó dar lo que pudo e hizo lo que pudo" y que siempre han recibido apoyo tanto del exconsejero Alberto Reyero como del entonces viceconsejero Javier Luengo.

Por último, la compareciente en la comisión ha aplaudido el trabajo de personas anónimas y entidades asociativas que les han donado batas y mascarillas a doquier y a los trabajadores por su labor tantas horas dedicadas a cuidar a los ancianos.

Profundamente emocionada, y entre lloros, Pilar Ramos ha repetido que la situación que vivieron en el punto álgido de la pandemia en las residencias fue "como un guerra", llorando porque no podían salvar más vidas. "Nos acusaron de esconder cadáveres, pero nosotros solo queríamos que los recogieran porque esas personas son parte de nuestra familia, porque en las residencias se hacen familias", ha concluido.

El movimiento B Corp ha celebrado este viernes la quinta edición del B GOOD DAY bajo el título #Eselmomento. Durante esta mañana han tenido lugar varias charlas en las que han reclamado un mayor papel para la ciencia y la educación en un momento que han calificado como "único" e "irrepetible" para cumplir con la Agenda 2030.

Uno de los invitados a este evento ha sido el High-Level Climate Action Champion de la COP 25, Gonzalo Muñoz, que ha tenido una charla con la periodista Ana Pastor, en la que han coincido en que la sociedad está ante "una crisis sin precedentes" pero que representa "una oportunidad" para convertirse en el "momento de la contribución". Muñoz ha asegurado que la pandemia ha demostrado que "los líderes han fallado" y ha enumerado las tres principales causas por las que lo han hecho.

En primer lugar, Gonzalo Muñoz ha denunciado la falta de atención de los políticos frente a los avisos de la ciencia algo que está relacionado con la segunda causa, la falta de empatía con otras especies, y por último la incapacidad de colaborar entre los gobiernos. Ante esto, la periodista Ana Pastor ha apelado a la importancia de "la bandera de la ciencia", ya que ha considerado que debe situarse en el centro de cualquier política.

Además, la periodista ha abogado por el momento del cambio porque "las nuevas generaciones lo están exigiendo y practicando", algo que también ha recalcado Muñoz. "En estos momentos estamos viendo la muerte de algo pero también estamos presenciando el nacimiento de algo que puede ayudar a tener un camino sólido hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)", ha señalado.

Esta quinta edición ha contado, según los organizadores, con más de 1.300 personas que han encontrado en las compañías e instituciones una razón de peso para mantener el ánimo ante la situación originada por la COVID-19. Durante el evento han participado organizaciones como la Institución Educativa SEK, Chiesi, ECOALF, CAPSA Foods o con el Director General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares.

Castañares ha reconocido que aún tienen mucho que hacer para difundir qué es la Agenda 2030 y ha afirmado que para ello deben "pasar de la acción a los hechos" mediante la puesta en marcha de acciones que permitan "ponerla de manifiesto en el día a día". "Tenemos que ir de la mano de la sociedad civil y conseguir una implementación efectiva de todas las reivindicaciones", ha reconocido.

Por su parte, la presidenta de la Institución Educativa Sek, Nieves Segovia, ha pedido creen en los más jóvenes porque "tienen el interés, la capacidad y la sensibilidad" para hacer frente a las crisis a las que se enfrenta la sociedad. En este sentido, ha asegurado que cada vez son más los alumnos que en las clases realizan proyectos con impacto social y ha instado a fomentar una mayor conciencia social acerca de la educación porque considera que "se ha centrado exclusivamente en las escuelas y docentes" a pesar de que es un deber de toda la sociedad.

"Los jóvenes saben dónde están los problemas y los quieren solucionar. Desde la educación y la sociedad debemos ser facilitadores e intentar acompañar en esos cambios", ha insistido Nieves Segovia.

"HAY PERSONAS QUE NO SON CONSCIENTES DE LA SITUACIÓN DEL PLANETA"

Siguiendo la línea en la que se ha reclamado una mayor importancia de la educación y la juventud ante los retos climáticos, el movimiento B Corp ha contado con la presencia de Lucía Hernández y Olivia Mandle, dos niñas que pertenecen al programa educativo Raíces y Brotes del Instituto Jane Goodall.

"Hay personas que no son conscientes de la situación del planeta, pero sabemos que cada vez somos más los que sí tenemos conciencia y hacemos más cosas. Ahora es el momento de moverse, de actuar. No nos podemos quedar quietos", ha comentado Lucía Hernández, que ha contado cómo en su casa ahorran 1.500 litros de agua al poner una garrafa en la ducha para no desperdiciar el agua que no sale caliente a la hora de ducharse.

En este sentido, Olivia Mandle ha hecho hincapié en la iniciativa que ha lanzado ella misma bajo el nombre 'No es país para delfines' en la que pide al gobierno que se adhiera a la ley de prohibición de delfinario y ya cuenta casi con más de 50.000 firmas en poco más de mes y medio.

LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE LAS EMPRESAS

Otro de los principales temas que se han debatido en las numerosas charlas ha sido el papel que han tomado algunas empresas en la lucha contra el cambio climático. Así, algunas como Danone o Chiesi han explicado el compromiso y esfuerzo de sus empresas para llegar a un modelo sostenible y responsable donde las personas y el medioambiente sean la prioridad.

Por esta razón, las empresas del movimiento B Corp han señalado que es un buen momento para impulsar una "visión transformadora" de la empresa que redefina el éxito empresarial y lo asocie a la generación de respuestas efectivas a los desafíos sociales y ambientales de esta era.

Un total de 235 docentes y 2.065 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 1.069 personas --129 docentes y 940 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 332 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 24 nuevos positivos --19 alumnos y cinco docentes-- con respecto al último balance aportado por la Comunidad este jueves.

La Consejería de Educación recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 235 docentes aislados representan el 0,87% del total, y los 2.065 alumnos, el 0,73%.

Además, un total de 6.327 estudiantes y 652 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, en el colegio concertado Miralmonte de Cartagena un docente ha dado positivo y dos personas permanecen aisladas (el positivo y otro docente) y en el colegio público La Asomada, también en Cartagena, hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno).

En el colegio público Garre Alpáñez de Balsicas, en Torre Pacheco, hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo, tres alumnos y un docente) y en el instituto José Planes de Espinardo, en Murcia, un alumno ha dado positivo y hay siete aislados (el positivo y seis alumnos).

En el instituto José Luis Castillo Puche de Yecla hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno); en el colegio público San Francisco de Jumilla hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno) y en el instituto Alquerías de Murcia hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos).

En el colegio concertado Severo Ochoa de Los Garres, en Murcia, una persona externa ha dado positivo y un alumno ha sido aislado; en el colegio público Maestro Sixto López Navarro de Fortuna hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos) y en el instituto Los Albares de Cieza hay un alumno positivo y siete aislados (el positivo y seis alumnos).

En el colegio público Deitania de Totana dos alumnos sin relación entre ellos han dado positivo, dejando un total de 26 aislados en el primer caso (el positivo, 24 alumnos y un docente, esto es, el aula de Infantil) y ocho en el segundo (el positivo, cinco alumnos y dos docentes).

En el colegio público Joaquín Carrión Valverde de San Javier hay un alumno positivo y 21 aislados (el positivo, 19 alumnos y un docente, el aula de Infantil) y en el instituto Valle de Leyva de Alhama de Murcia hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos).

En el colegio público Don Antonio Buitrago Gómez de Cieza un alumno ha dado positivo y hay 24 aislados (el positivo, 22 alumnos y un docente, el aula de Infantil) y en el colegio concertado San Pablo CEU de Molina de Segura hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno).

En el instituto Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras un alumno y un docente sin relación entre ellos ha dado positivo, con un total de tres aislados en el primer caso (el positivo y dos alumnos) y cuatro en el segundo (el positivo y tres docentes).

También en el colegio concertado Herma de Murcia se han registrado dos casos, en este caso de alumnos, que dejan tres aislados en ambos casos, todos estudiantes, y en el colegio concertado La Milagrosa de Blanca hay un alumno positivo y ocho aislados (el positivo y siete alumnos).

En el Colegio público San Fernando de Lorca hay un docente positivo y tres aislados (el positivo y dos docentes) y en el colegio público Nuestra Señora de Los Dolores de Los Dolores, en Cartagena, hay otro positivo y cuatro personas permanecen aisladas (el positivo y tres alumnos).

Por último, en el colegio público Jerónimo Belda de Cieza hay un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos), y en el instituto Vega del Thader de Molina de Segura hay un docente positivo y dos aislados (el positivo y otro docente).

Los grupos en defensa de los consumidores financieros están convencidos de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) choca con la doctrina jurisprudencial europea y esperan que Luxemburgo aclare de nuevo la cuestión.

Asufin ha manifestado su "indignación y estupor", aunque ve esperanzador el voto particular del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, que sigue la doctrina de Francisco Javier Orduña y deja claro que ha habido ausencia de buena fe y situación de desequilibrio.

En opinión de Asufin, el IRPH debería declararse nulo porque no se le dejó al consumidor elegir de forma clara y transparente entre este índice y otros. Ya estamos trabajando en iniciativas para que en Europa conozca que el Supremo no está respetando la doctrina jurisprudencial que está marcando el TJUE", ha indicado la presidenta de la asociación, Patricia Suárez.

De hecho, y tal y como ha mantenido hasta ahora, cree que lo lógico es que el préstamo quede sin remunerar. Así también lo ha entendido el 37% de los jueces que falla sobre hipotecas referenciadas al IRPH.

En la misma línea, Adicae entiende que no es que deba declararse nula la cláusula IRPH porque su evolución posterior haya revelado ser más perjudicial que el Euríbor por el consumidor, sino porque desde el momento de la contratación ya se sabe que esto va a ser así, no es una cuestión aleatoria.

De este modo, ha calificado la sentencia del Alto Tribunal de "decepcionante" y ha indicado que requiere de nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE que consigan, más pronto que tarde, que el consumidor no quede vinculado por una cláusula abusiva, perjudicial, falta de transparencia y nula de pleno derecho.

"Esta cláusula debe ser expulsada del contrato de préstamo, que debería quedar sin interés o, como poco, sustituida por el Euríbor, y serles restituidas las cantidades indebidamente pagadas", ha apostillado Adicae.

Por su parte, la co-directora legal de reclamador.es Almudena Velázquez también considera que el voto particular de Arroyo Fiestas es de sentido común y lo más lógico. "Si el consumidor no conoce claramente este índice ni tiene elementos comparativos, difícilmente puede escoger entre su aplicación y el Euríbor, por lo que el banco juega con las cartas marcadas", ha explicado.

Esta afirmación confirmaría la vulneración de la buena fe en la contratación de este tipo de préstamos. Además, el voto en contra "supone exponer sin tapujos la contradicción en que incurre la Sala con estos pronunciamientos".

Velázquez entiende que la contradicción se hace más evidente con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por lo considera que abre, más aún si cabe, la puerta a una nueva cuestión prejudicial en defensa de los argumentos del magistrado discrepante.

De su lado, el socio director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, ha subrayado que el perjuicio económico para el cliente "es claro y no sólo por la evolución negativa del mismo, sino porque en sí, el IRPH, ha sido sustancialmente siempre superior al Euríbor".

"Tanto la directiva de defensa del consumidor como la legislación nacional dejan claro que la falta de transparencia en sí misma genera abusividad y que las cláusulas abusivas se tendrán por no puestas", ha indicado Navas, quien igualmente prevé que el voto particular del magistrado ayudará a que muchos jueces se animen a presentar cuestiones prejudiciales.

"El Supremo ha perdido la oportunidad de dar la última palabra en este tema; al final Luxemburgo resolverá la cuestión y probablemente desautorizará a nuestro Supremo, como ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo", ha añadido el abogado.

En definitiva, Navas ha indicado que este capítulo no ha terminado y espera que Luxemburgo se pronuncie pronto para dar certidumbre a los miles de españoles afectados por un IRPH "sustancialmente más caro y colocado en la mayoría de los casos sin la debida transparencia".

Más de un millón de personas se ha unido a la consulta de la Comisión Europea, que aún estará vigente hasta el 10 de diciembre, para pedir una estricta ley contra la deforestación que está impulsada los productos de consumo que llegan al mercado europeo. Se trata de la consulta pública con más firmas hasta la fecha en temas ambientales.

La campaña #NoTeComasElBosque es una iniciativa de 140 organizaciones entre las que participan las españolas WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife y el Instituto Jane Goodall en España que piden a la Comisión Europea a través de una consulta pública una ley "estricta" que matenga "fuera del mercado" de los Veintisiete los productos vinculados a la deforestación, destrucción de otros ecosistemas, o que pongan en peligro los derechos de los pueblos indígenas. El millón de firmas alcanzado hoy supone un récord en la historia de la UE en cuanto a una consulta pública sobre temas ambientales.

Además de la petición ciudadana, el Parlamento Europeo apoyó el mes pasado una ley para detener la deforestación. El director de conservación de WWF España, Enrique Segovia, asegura que los productos vinculados con la deforestación "están en todas partes de Europa, desde cerdos o pollos alimentados con soja, hasta helados que contienen aceite de palma insostenible".

Por eso, considera que la gente en la actualidad no tiene forma de saber si sus compras han contribuido a destruir la naturaleza. "Podemos cambiarlo. Más de un millón de personas quieren una ley estricta de la UE que frene la deforestación", ha celebrado Segovia que añade que ahora la Comisión Europea debe publicar un proyecto de ley para retirar "para siempre" los productos de los supermercados cultivados tras arrasar bosques u otros ecosistemas de los arrasando bosques u otros ecosistemas.

Desde SEO/BirdLife, la coordinadora de conservación, Ana Carricondo, ha recordado que la Estrategia Europea de Biodiversidad recoge que hay que proteger de manera estricta los bosques relictos en Europa y aumentar la superficie de espacios protegidos al 30 por ciento, y que de ellos el 10 por ciento con una protección estricta, junto con el fomento de un agricultura sostenible; tanto por los servicios ecosistémicos que generan como por su función de contención ante el cambio climático.

Por tanto, opina que "no sería aceptable, por ser contradictorio, que la UE pretenda proteger los bosques europeos pero no aplique ese mismo criterio a escala mundial, cuando la destrucción forestal se produce por el consumo de productos procedentes de la tala de bosques externos a la UE".

Mientras, el portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha destacado que desde las importaciones de soja para piensos de engorde de la ganadería industrial, hasta el aceite de palma del mal llamado biodiesel, las cadenas de suministro del modelo agroalimentario y de transporte de la UE tienen un "enorme impacto ambiental y social que se traslada más allá de las fronteras europeas".

Asimismo, ha advertido de que más del 40 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Brasil proceden de los cambios de uso del suelo, de la deforestación principalmente. "Esta deforestación y estas emisiones contaminantes son también responsabilidad de nuestro consumo del sistema agroalimentario y de transporte europeo", denuncia.

A nivel mundial, la UE es responsable de más del 10 por ciento de la destrucción de los bosques, impulsada por el consumo de productos básicos como carne, lácteos, soja para alimentación animal, aceite de palma, caucho, café y cacao. Desde 2015, cada año se han perdido 10 millones de hectáreas (una superficie más grande que Portugal) de bosques en todo el mundo debido a la deforestación.

Por último, la doctora Jane Goodall, fundadora del Instituto que lleva su nombre, ha destacado que para reducir el impacto que las acciones cotidianas tienen en la biodiversidad global, cada persona cuenta. "Cada uno de nosotros tiene un rol a jugar, como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores, votantes o activistas; juntos marcamos una gran diferencia para hacer de este mundo un lugar mejor", ha apostillado Goodall, que anima a los ciudadanos a seguir participando en la consulta pública de la Comisión sobre la deforestación, que finalizará el 10 de diciembre.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien este viernes se enfrentaba a un careo en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha echado en cara al que fuera su superior, y a la cúpula del PP, que en el caso 'Kitchen' le hayan arrojado "a las fauces de la prensa".

Ha confesado que se ha sentido abandonado por el partido y de hecho ha indicado que si Casado --presidente del PP-- no sabe cuidar a la gente que trabaja para el partido --por él-- tampoco sabrá cuidar de los españoles en caso de que llegue a gobernar.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, han explicado que a lo largo del careo --correcto pero tenso-- que se ha extendido durante aproximadamente dos horas, ambos han mantenido sus versiones frente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en relación al papel que jugaron en la operación que se sufragó con fondos reservados para sustraer documentación sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas, la operación 'Kitchen'.

Con los dos ex altos cargos sentados uno junto a otro frente al juez y con los dos fiscales (uno nuevo en sustitución de Ignacio Stampa) en el lateral, han mantenido lo declarado ya en octubre, y desde el principio la situación ha tornado en tensa. Al principio se dirigían al juez para responderse uno al otro, hasta que el magistrado les ha explicado que esa no era la dinámica, sino que debían hablar entre ellos.

Mientras que Fernández Díaz no reconocía haber enviado a su 'número 2' mensajes sobre Kitchen o haber mantenido una llamada telefónica al respecto en julio de 2013, Martínez defendía la veracidad de esos mensajes, que de hecho llegó a protocolizar ante notario. Y sobre ese acta también se han enzarzado, ya que el exministro ha afirmado que el notario y Martínez son amigos y ha puesto en duda la veracidad de los mensajes, como ya hiciera en su declaración del 30 de octubre.

EL EXMINISTRO SE QUEDA DE QUE LE LLAMARA "BOBO Y MISERABLE"

Después de que el exministro negara que envió a Martínez mensajes relacionados con la operación, éste ha espetado que no ha pasado "de ser secretario de Estado y diputado a falsificador", y que de informática sólo tiene un nivel de usuario, por lo que no sería capaz de manipular mensajes que hubiera podido recibir de Fernández Díaz.

Durante esas dos horas también ha habido tiempo para los reproches, y es que el exministro se ha quejado a Martínez de que le hubiera insultado a sus espaldas llamándole "bobo y miserable" y le ha echado en cara que de no ser por él, no estarían en esa situación. Esas mismas fuentes inciden en que el ministro ha llegado a decir que sin la intervención de Martínez él sólo hubiera sido testigo, a lo que éste le ha respondido que como testigo no hubiera aportado mucho dado que niega la existencia de la operación.

Sobre los insultos --que se hicieron públicos tras el levantamiento del secreto del sumario-- el que fuera mano derecha en el ministerio le ha respondido que lamentaba esas palabras malsonantes pero que cuando uno se siente "abandonado" a veces se dicen palabras fuertes. En el sumario también constan las gestiones que intentó hacer sin éxito Martínez para que el partido le incluyera en las listas de la Asamblea de Madrid para poder seguir siendo aforado.

Dada la situación, en un momento dado el exministro ha perdido la serenidad y, si bien no ha roto a llorar, sí que se ha azorado por lo "doloroso" del momento, ante lo que el magistrado García-Castellón le ha pedido que se calmara e incluso le ha ofrecido hacer un pequeño receso.

EL INFORME PERICIAL Y LA 'K'

Tras el careo, la defensa del exministro ha aportado además un informe pericial elaborado por un perito informático con el que pretenden reforzar la tesis de que los mensajes protocolizados por Martínez están "manipulados" y por tanto no son veraces.

Sobre el móvil que usaba el ministro en la época en la que supuestamente se mensajeó con su segundo, la defensa ha mantenido que ese terminal ya no lo tienen pero han ofrecido a cambio mostrar los mensajes del inmediatamente anterior al actual.

Respecto a los usos y costumbres del exministro a la hora de escribir mensajes de texto, y que suscitaron controversia dado que él defendía que no solía usar la 'K' como sustituta de la 'Q' y que por lo tanto los mensajes protocolizados por Martínez no serían escritos por él, Martínez ha apuntado que Fernández Díaz era un ministro "muy moderno" y que sí usaba la 'K' e incluso términos en inglés en sus mensajes. De hecho le ha puesto dos ejemplos en los que sí usaba la 'K' incluso para nombres como el de Cañizares o Casals.

Tras este careo, el magistrado instructor seguirá en próximos días con declaraciones como la del que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas en calidad de investigado o la testifical del coronel Diego Pérez de los Cobos que salió a colación por ser quien coordinaba en Interior en relación con el uso de los fondos reservados.

El World Press Photo vuelve al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) entre el 13 de noviembre y el 20 de dicembre con las imágenes finalistas y ganadoras de este certamen internacional de fotoperiodismo que, pese a retratar eventos del año pasado, "anticipan lo que se ha vivido en 2020" con la crisis del coronavirus.

Así lo ha expresado este viernes en una rueda de prensa la directora de Photographic Social Vision, Sílvia Omedes, que ha destacado que muchas fotografías tomadas en 2019, que muestran protestas sociales, catástrofes naturales, fauna en peligro o vulneraciones de los derechos humanos, sirven de prólogo de la actual crisis.

"No retratan únicamente los fenómenos principales del año, sino que permiten hacer un lúcido diagnóstico de los grandes retos del mundo antes de la pandemia. Se trata de una mirada al pasado para entender el presente y prepararnos para el futuro, algo más necesario que nunca", ha destacado la organización de la exposición en un comunicado.

En la misma línea, la directora del CCCB Judit Carrera ha destacado que tanto la presente edición como la actual pandemia del coronavirus demuestran que el fotoperiodismo "es más importante que nunca", y que resulta vital tanto para informar de la crisis del Covid-19, como de otras que han quedado olvidadas a causa de su impacto.

MÁS ALLÁ (Y ANTES) DEL COVID-19

Muchas veces hay conflictos que no se ven reflejados en los medios de comunicación", ha corroborado el fotoperiodista catalán Ricard Garcia Vilanova, que ha participado en la rueda de prensa y aporta a la muestra una fotografía tomada en las protestas de octubre del 2019 en Irak, ganadora del tercer premio en la categoría Temas de Actualidad.

Junto a él, exponen su obra dos fotógrafos españoles más --Antonio Pizarro y Ramón Espinosa-- que presentan, respectivamente, una fotografía sobre el lince ibérico ganadora del tercer premio en la categoría de Naturaleza; y una de la devastación del huracán Dorian ganadora del tercer premio en la categoría de Noticias de Actualidad.

Los ganadores de la mejor fotografía y el mejor reportaje, el japonés Yasuyoshi Chiba y en francés Romain Laurendeau, también están presentes en la muestra: aportan imágenes sobre las protestas ciudadanas en Jartum (Sudán) y fotografías de las revueltas de los jóvenes argelinos en febrero del 2019.

"El año 2019 se puede describir como el año de las protestas, y esto se ve claramente en la exposición", ha destacado en una intervención en vídeo la directora de exposiciones del World Press Photo Babette Warendorf, que ha destacado la calidad de las fotografías presentadas en esta edición.

VISITAS VIRTUALES

La exposición 'World Press Photo 2020' en el CCCB de Barcelona se ha tenido que adaptar a la situación epidemiológica en la ciudad, reduciendo el aforo en la sala, ampliando las visitas guiadas y ofreciendo por primera vez un nuevo formato de visita online a través de la plataforma Flimin.

Se trata de un recorrido audiovisual de 40 minutos por la muestra, acompañado por el análisis del equipo educativo de Photographic Social Vision, y que se podrá disfrutar tanto en castellano como en catalán en abierto; gratuitamente los suscriptores de Filmin y en alquiler el público en general.

Además, según ha informado la organización, los escolares y docentes dispondrán de un acceso específico a la visita guiada online, que irá acompañada de una "completa guía pedagógica", y que también se alojará en Filmin, aunque únicamente será accesible mediante la previa contratación del servicio a Photographic Social Vision.

Castilla y León contabiliza un total de 110.724 positivos por coronavirus, de ellos 1.587 nuevos, con 42 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (39 de ellos en hospitales y tres en residencias) y 172 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este viernes registran 39 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han registrado hasta el momento en la Comunidad 3.249 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 15.091, tras sumarse otras 172 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 794 y los casos positivos a ellos vinculados ascienden a 7.026. De ellos, Ávila contabiliza 94, uno menos; Burgos, 69, uno más; León, 44, dos más que la cifra que este jueves; Palencia, 65, uno menos; Salamanca, 95, cuatro menos; Segovia, 90, dos más; Soria, 69, tres menos; Valladolid, 196, tres menos, y Zamora 72, cinco menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 110.724 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.587 más. Según los datos de la Administración regional, 104.043 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos este viernes, con 421 más y un total de 25.041; seguida de León con 306 más y 17.995 en total; Burgos con 347 más y 18.349 en total; Zamora, con 123 y 6.723 en total; Salamanca, con 152 más y 16.471; Segovia, con 48 más y 7.481 en total; Palencia, con 59 más y 7.238; Ávila, con 79 más y 6.420; y Soria, con 52 más y 5.006 en total.

FALLECIDOS EN HOSPITALES

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.249, 39 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 673 --ocho más--, le sigue Valladolid con 660 --13 más--; a continuación figura Salamanca, con 548 --los mismos--; Burgos, con 364 --nueve más--; Segovia con 245 --dos más--; Zamora 229 --cuatro más--; Ávila registra 210 --los mismos--; Palencia tres más, hasta 172 y Soria, 148 --los mismos--.

En el caso de las altas, un total de 15.091, se han computado 3.674 en Valladolid; 2.778 en León; en Salamanca 2.276; en Burgos 1.984; en Segovia 1.130; en Ávila 1.013; en Zamora 952; en Palencia, 802 y en Soria 606.

MÁS HOSPITALIZADOS EN PLANTA Y MENOS EN UCI

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.786 personas --una menos que en la jornada anterior--. Del total, 1.562 pacientes se encuentran en planta --cinco más-- y 224 en unidades de críticos --seis menos--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 70 por ciento de las camas en unidades de críticos, dos puntos porcentuales menos.

Así, se informa de 42 ingresados en la unidad de críticos del Complejo Asistencial Universitario de Burgos; 35 en el Clínico Universitario de Valladolid, 33 en el Río Hortega de la capital vallisoletana, 27 en el Complejo Asistencial de León, 22 en el de Palencia; también 22 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca; once en el Hospital de El Bierzo; nueve en el Complejo de Segovia; diez en el Complejo Asistencial de Ávila; nueve en el de Zamora y cuatro en el Complejo de Soria.

RESIDENCIAS

Por su parte, la cifra de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.143 --18 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.038 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 18 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.143 finados, 1.896 personas han perdido la vida en su residencia o centro, tres más que el dato de ayer, mientras que 15 personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.247.

Un total de 59 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, siete menos, y 2.105 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 62 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se sitúa en 265 (uno más), de ellos 148 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 35 residentes, tres menos que en la jornada anterior, y ascienden a 883 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, dos más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 222 aislados de forma preventiva sin síntomas, tres menos que en la jornada anterior.

Vox, personado como acusación popular en la causa en la que se investigaba a varios funcionarios por la escala que hizo en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recientemente archivada por el instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal, recurrirá esta decisión y pedirá la nulidad de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Así lo ha señalado la portavoz jurídica de la formación, Marta Castro, tras asistir a otras diligencias penales en las que el partido liderado por Santiago Abascal está personado en relación con las finanzas de Podemos.

"Hemos presentado una nulidad de actuaciones porque no hemos tenido acceso ni a la grabación ni a ninguna de las pruebas que el fiscal sí que ha tenido acceso, y por eso ha pedido el archivo", ha explicado Castro a las puertas de los juzgados de instrucción de Madrid. La denuncia se interpuso tras desvelarse que, durante su escala, Rodríguez fue visitada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

A juicio de Castro, y para pode pronunciarse, Vox debe tener acceso como acusación popular de todo lo actuado. También recurrirán el auto de archivo dictado hace unos días por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.

En su resolución, de apenas unas páginas, Serrano-Arnal archiva las actuaciones y determinaba que, "en cualquiera de las versiones" que ha escuchado sobre la escala que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto Barajas, ésta no llegó a entrar en el espacio Schengen, ni consta indicio alguno de que lo intentara, razón por la cual ha archivado el 'Delcygate' en lo relativo a un presunto delito de prevaricación administrativa contra funcionarios.

Serrano-Arnal ordenó el sobreseimiento provisional de la causa en la parte que corresponde a su juzgado, que partió de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen.

El juez se apoyó para ello en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español.

El juez indicaba igualmente en su resolución que tampoco podrían interpretarse como una vulneración de las sanciones europeas "aunque se hubiere producido una desviación de la ruta seguida y traspasado escasos metros el territorio Schengen, alojándose, en su caso, en estancias al efecto dispuestas para la espera del vuelo de enlace a destino".

El juez se refiere específicamente al caso de uno d ellos imputados Koldo García Izaguirre, miembro de la comitiva que se trasladó junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto madrileño y contra el que se querelló Vox. Respecto a él, ha entendido que al no ser funcionario público solo podría ser sujeto pasivo de un delito de desobediencia, pero también lo ha descartado.

El 'Delcygate' también está en el Tribunal Supremo (TS) por las querellas presentadas por Vox y el partido Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.

Ante este órgano la Fiscalía del Supremo también ha pedido inadmitir estas querellas porque no ve "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos. El Ministerio Público no cree que la actuación del ministro "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático".

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, ha advertido este viernes de que, quienes "diseñaban las estrategias de terror de ETA" sin mancharse "las manos de sangre" y hoy "condicionan la política a todos los niveles", en alusión a los dirigentes de EH Bildu, son "más peligrosos" que los que mataban.

En su discurso durante el XVIII seminario Fernando Buesa, que se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz, Ordóñez ha lamentado que se haya asistido a "un supuesto final de ETA, permitido y calculado al milímetro, que ha sido consecuencia de la cesión de los Gobiernos a sus exigencias: legalización de su brazo político, excarcelación paulatina de los presos y un final sin vencedores ni vencidos".

Además, esto va en contra de lo que "venden los dos grandes partidos de este país", el PSOE y el PP, de que ETA "ha sido derrotada por el Estado de Derecho". "Hay decenas de terroristas a los que no se ha detenido ni se piensa detener. Nunca una derrota ha resultado tan poco evidente", ha añadido.

Consuelo Ordóñez ha recordado los crímenes de ETA sin esclarecer y sin que sus autores hayan "pagado por sus asesinatos". "ETA no son solo unas siglas, es un proyecto", ha recordado, para considerar que EH Bildu están en las instituciones "gracias a ETA". "Y, desde ellas y gracias a la inestimable ayuda del nacionalismo vasco, están intentando imponer ese proyecto político, el que sirvió de base a ETA para atentar contra nuestros familiares", ha destacado.

En este sentido, se ha referido a las declaraciones del parlamentario de la coalición soberanista y líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, "que ayer se jactaba del poder que tenían sobre la gobernabilidad de este país".

"Para ellos, nuestra democracia es un régimen y la dictadura de terror a la que nos tenían sometidos, y que no han condenado ni de la que se arrepienten, es su ideal de nación, el proyecto político que nos quieren llegar a imponer", ha manifestado.

Ordóñez ha apuntado en que, en esta etapa de post-terrorismo, hay que trabajar para reflejar "la verdad tan reciente" que han vivido las víctimas. A su juicio, las series y documentales sobre ETA son "un regalazo para las víctimas y están haciendo mucho bien".

La presidenta de Covite ha criticado que el nacionalismo ponga en marcha "toda su maquinaria para intentar diluir su relato" y pretenda "hacer política como si ETA no hubiera existido jamás". "Mientras esas personas, los herederos políticos de ETA, sigan teniendo ese soporte político y social, nunca me va a parecer que están derrotados. No hay diferencias entre quienes apretaban el gatillo y entre quienes ordenaban y jaleaban el asesinato", ha subrayado.

En su opinión, los que "diseñaban las estrategias del terror y no se manchaban las manos de sangre, son mucho más peligrosos que los que apretaban el gatillo y estos son los que están condicionando la política a todos los niveles". "¡Qué rentable les ha salido matar!", ha apuntado.

En esta línea, ha asegurado que, "mientras haya quien evite condenar el terrorismo" y admitir su responsabilidad "en la historia criminal de ETA", Covite seguirá actuando como "conciencia moral de esta sociedad". "Seremos el espejo en el que, quienes justifican a ETA, no quieren mirarse", ha añadido.

También ha apuntado que no permitirán que se implante un relato "basado en el olvido y la impunidad", ni la equiparación de otras víctimas, que tienen "todo el derecho a ser reparadas y deben ser tratados de forma específica".

La incidencia acumulada de la COVID-19 en los últimos 14 días en el conjunto de Baleares ha moderado su incremento en la última semana y aunque ha pasado de 244,8 casos por cada 100.000 habitantes a 268,0, esta subida es más suave que la registrada la semana anterior.

Según ha informado la Conselleria de Salud este viernes en nota de prensa, estos datos han sido recogidos en el informe 25 del Servicio balear de Epidemiología publicado esta jornada, el cual contiene información hasta el 9 de noviembre.

Concretamente, la incidencia acumulada a 14 días --del pasado 27 de octubre al día 9 de noviembre-- ha subido menos de un 10% y en el anterior --cuando se pasó de 192,4 casos a 244,8, entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre-- la subida rozó el 30%.

Por islas, en el caso de Ibiza ya la incidencia acumulada a 14 días se ha mantenido estable en una semana --de 332,6 casos a 339,4-- e incluso ha bajado en la incidencia acumulada a siete días --que pasa de 187, tres casos por cada 100.000 habitantes a 142--, así como en el caso de Formentera --de 41,3 a 33--.

En cuanto Menorca, la tasa de incidencia acumulada a 14 días ha sufrido un descenso --de 123,1 a 97,4-- pero en cambio la de los últimos días se ha incrementado ligeramente --de 45,0 a 50,3--.

Finalmente, en la isla de Mallorca, ambas tasas han ido al alza, la incidencia acumulada a 14 días pasa de 245,4 a 276,4 y la de siete días de 126,7 a 147,3.

Este nuevo estudio técnico ha constatado que del 27 de octubre al 9 de noviembre se diagnosticaron 3.080 casos en Baleares --502 en Ibiza, 10 en Formentera, 2.477 en Mallorca y 91 en Menorca--, y de éstos 1.581 los últimos siete días, del 3 al 9 de noviembre --210 en Ibiza, cuatro en Formentera, 1.320 en Mallorca y 47 en Menorca--.

MUNICIPIOS Y ZONAS BÁSICAS DE SALUD

Asimismo, entre los datos facilitados en este estudio han figurado las tasas de incidencia acumulada por municipios y por zonas básicas de salud. Estos datos pueden variar respecto de aquellos que ofrece a diario la Conselleria de Salud y Consumo y que tienen como referencia la positividad de las pruebas PCR, indicador que también se considera válido para tener información diaria de la evolución de la pandemia de COVID-19.

Por municipios, los que se han mantenido con una incidencia más alta por cada 1.000 habitantes --contando el número total de casos registrados hasta el 10 de noviembre e incluyendo los diagnósticos en geriátricos-- han sido, por este orden, el municipio mallorquín de Sant Joan con 49,81, seguido de Ibiza con una tasa de 32,02, Montuïri con 31,25, Palma con 25,04 casos, Vilafranca con 23,08 y Ariany con 23,04. Tanto en el caso de Sant Joan, Montuïri y en menor medida Palma e Ibiza, han sufrido importantes brotes en sus residencias que han disparado la incidencia.

Por el contrario, los municipios menos afectados han continuado siendo Fornalutx (0), Ferreries (1,05), Es Migjorn (1,42) o Santa Eugènia (3,2).

En cuanto a zonas básicas de Salud, el Servicio de Epidemiología ha hecho una comparativa entre los diagnósticos entre la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre y del 3 al 9 de noviembre, en la que se ha constatado como el número casos diagnosticados ha subido en 30 zonas, ha bajado en 26 de ellas y en dos se ha mantenido igual.

En números absolutos, la que más ha subido el número de casos ha sido Pollença, con 33 diagnósticos más que la semana anterior --de 16 a 49-- e Inca, con 30 casos más --de 58 a 88-- o Porto Cristo con 25 casos más, de 23 a 48 contagios de coronavirus confirmados.

Por el contrario, se han reducido notablemente en Vila, --con 34 casos menos de una semana a otra, pasando de 102 casos a 68-- y en Es Viver con 32 diagnósticos menos --de 82 a 50--, así como en Manacor, donde se han encontrado 27 positivos menos que la semana anterior --de 111 a 84--. Estas tres áreas básicas de salud están sometidas a restricciones especiales para reducir la incidencia de coronavirus.

Respecto a la tasa de la incidencia de los casos por cada 1.000 habitantes, el área que registró su cifra más elevada del 3 al 9 de noviembre ha sido Porto Cristo, con 4,08 casos, seguido de Pollença con 2,99, Vila con 2,93 y Santanyí con 2,75.

PERFIL DE LA PERSONA AFECTADA POR COVID-19 EN BALEARES

En total, desde el inicio de la pandemia y hasta el día 10 de noviembre, el Servicio balear de Epidemiología ha validado 21.254 diagnósticos positivos de SARS-CoV-2 en la comunidad --3.108 en Ibiza, 155 en Formentera, 17.351 en Mallorca y 640 en Menorca--, un 70% --14.888-- de los cuales han presentado síntomas, mientras que un 30% --6.366-- han sido asintomáticos.

Un total de 229 casos diagnosticados han sido catalogados como casos llegados de otras comunidades autónomas y 137 importados de otros países. Otros 917 han sido usuarios de residencias geriátricas y 1.026, sanitarios. Finalmente, 383 muertes han sido validadas como causa de la COVID-19 hasta que se ha cerrado la elaboración de este informe.

Asimismo, desde el 11 de mayo --cuando entró en vigor la nueva estrategia de diagnósticos por parte del Ministerio-- la mitad de los casos --9.599-- eran contactos de un caso identificado, un 25% de los casos --4.701-- eran contactos que estaban en seguimiento, y un nueve por ciento--1.685-- eran casos asociados a brotes.

El informe de Epidemiología también ha hecho un análisis completo del perfil de personas afectadas por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, estableciendo que el virus ha afectado prácticamente igual mujeres --10.873 casos, 51% del total-- y hombres --10.381 casos, 49% del total-- y que, por grupos de edad, los más numerosos han sido las personas de entre 40-49 años --3.783-- seguidos de los de 30-39 años --3.760-- y de 20-29 --3.452--.

Del total de casos detectados en octubre y noviembre, la mayoría --un 49,4%-- tenían entre 20-49 años, un 23% tenían entre 50 y 69 años, un 17,3% eran menores de 19 años y un 10,3% mayores de 70 años.

UN TOTAL DE 315 BROTES DETECTADOS

El informe 25 elaborado por el Servicio balear de Epidemiología ha ofrecido, además, amplia información sobre brotes --agrupaciones de tres casos o más de COVID-19--.

Hasta la publicación del estudio, en Baleares se han detectado hasta 315 desde el inicio de la pandemia, 18 de ellos la última semana, y 92 con investigación aún abierta.

En total, se han diagnosticado 2.348 casos positivos asociados --aproximadamente el 11% del total--. El 50% de estos casos --1.179-- ha presentado síntomas, además un 31% de los brotes --100-- han sido de ámbito familiar, un 21% (67) de ámbito mixto, y un 19% (61) se han originado debido a reuniones sociales.

En 306 brotes el caso primario era autóctono. La media de casos por brote detectado en las Islas ha sido de siete positivos, los mínimos han registrado tres casos y el máximo --caso de residencia geriátrica-- tuvo 94 casos asociados.

Por franjas de edad, en los positivos ligados a brotes, la más numerosa ha sido la de personas entre 30-39 años --249 casos--, seguida de la de 20 a 29 --248-- y la de 40 a 49 años --237 casos--.

Mientras, por zonas básicas de salud la que ha registrado un mayor número de positivos asociados a brotes ha sido la de Inca, con 116 diagnósticos relacionados, seguido de Es Viver (80), Villafranca (73) y Serra Nord (72).

El segundo encuentro interregional del proyecto europeo 'MOMAr' ha contado con la participación de más de 70 entidades de seis países, 40 de ellas de la provincia de Zaragoza. Este programa, liderado por la Diputación de Zaragoza (DPZ), tiene como objetivo de diseñar nuevos modelos de gestión del patrimonio rural que permitan un desarrollo sostenible y que se adapten a la especificidad de cada territorio.

El evento se ha celebrado de forma telemática, bajo el título 'El patrimonio más allá del turismo, un futuro sostenible'. Durante tres días, las organizaciones participantes han podido intercambiar proyectos que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas y también como experiencias fallidas.

Muchas de las iniciativas abordadas han estado relacionadas con las consecuencias de la pandemia del coronavirus y las iniciativas que se están desarrollando para adaptarse a esta situación, han señalado desde la DPZ.

SESIÓN COVID

La jornada de este jueves se ha dedicado al trabajo interno de los seis socios principales del proyecto 'MOMAr', y la sesión de este viernes, 13 de noviembre, ha servido para analizar y reflexionar sobre el impacto de la pandemia en la gestión del patrimonio en áreas rurales.

Así, desde la Fundación Uncastillo, se ha expuesto la estrategia aplicada en el yacimiento arqueológico de Los Bañales en los que han optado por usar las redes sociales y hasta métodos de crowdfunding para dar respuesta a la disminución de los visitantes presenciales.

También la asociación Territorio Mudéjar ha usado los recursos digitales, en este caso estableciendo procesos de teletrabajo que les han llegado a reportar un aumento de la visibilidad en un 400 por ciento.

La pandemia de la COVID-19 ha obligado a modificar el plan original de este encuentro interregional, que estaba previsto tuviera lugar en la provincia holandesa de Groningen, combinando un programa científico con visitas prácticas sobre el terreno.

Sin embargo, los socios de 'MOMAr' están comprometidos a completar el trabajo de campo en los próximos meses, una vez que la movilidad en Europa vuelva a tener las garantías de seguridad.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Por otra parte, la primera sesión estuvo dedicada al intercambio de experiencias para abordar distintas facetas de los modelos de gestión, como el patrimonio y el arte, el patrimonio como motor para descubrir los espacios naturales y el paisaje cultural, y el patrimonio vinculado a la educación.

Desde la Diputación de Zaragoza, se invitó a hablar a la alcaldesa de Torrellas, Pilar Pérez, para explicar el éxito logrado con la iniciativa GUAU --Galería de usos de arte urbano--. Esta localidad de 269 habitantes organizó un concurso de murales en el que los propios vecinos cedieron las fachadas y paredes exteriores de sus casas para que artistas las llenaran de creatividad, convirtiendo Torrellas en un museo al aire libre.

La propuesta resultó un éxito tanto por el beneficio arquitectónico, se revitalizaron edificios en estado de degradación, como por el incremento de visitantes foráneos.

Por su parte, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Abigail Pereta, presentó el plan de trabajo realizado en los parques culturales de Aragón. Se trata de una red de siete parques declarados en áreas altamente despobladas, pero con un paisaje único y de gran valor ecológico.

Su creación como parques culturales se ha convertido en un modelo de planificación territorial que ha impulsado el enfoque del patrimonio cultural a la sociedad, estructurando y generando una red completa de instalaciones, infraestructuras y centros de diversa temática, que permiten la difusión de los principales valores del territorio, y que se ha convertido finalmente en un factor socioeconómico fundamental para el desarrollo de su población.

PATRIMONIO Y EDUCACIÓN

Para abordar la relación entre patrimonio y educación, Julián Millán y Pablo Sebastián, ambos de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III, mostraron a los asistentes el modelo formativo que han implementado con grandes resultados, basado en la aplicación de la tecnología digital.

Su módulo de Digitalización de Patrimonio Cultural propone un sistema de aprendizaje cooperativo y colaborativo, que se ofrece a estudiantes en situación de desempleo durante un año y medio, y que les capacita para llevar a cabo todo el proceso de digitalización patrimonial y la puesta en marcha del Centro Comarcal de Patrimonio Digital.

Por parte de los partners y stakeholders europeos, se compartieron casos de éxito llevados a cabo en Alemania, Rumania, Holanda y República Checa.

Destacaron la Ruta de autobús del Patrimonio Mundial de la región de Saxony-Anhalt, que combina los cuatro lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto con un total de 115 atractivos turísticos de la región.

También, la Vía Transilvánica presentada por la representante del Condado de Mehedinti en Rumania, un sendero de 1.200 kilómetros que muestra 200 años de historia de la región.

La sesión concluyó con la exposición de varias experiencias fallidas o que están siendo en la actualidad un reto para los gestores de patrimonio local. Esta nueva perspectiva, promovida por el proyecto 'MOMAr', tiene la voluntad de convertir los errores en éxitos a través del conocimiento compartido.

MÁS DE 35 ENTIDADES ZARAGOZANAS

Más de 35 entidades zaragozanas de diferentes ámbitos forman parte de este proyecto. La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad; el Gobierno de Aragón; grupos de acción local como Fedivalca, de Campo de Cariñena y Valdejalón; Adrae, de la Comarca Ribera Alta del Ebro; Adefo, de las Cinco Villas, y Adecobel, de Campo de Belchite.

Fundaciones como Tarazona Monumental y Fundación Uncastillo; asociaciones como Territorio Mudéjar y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza; la Universidad de Zaragoza, y profesionales independientes de la Gestión Cultural también se encuentran en el proyecto.

Navarra detectó este jueves 220 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.520 pruebas (1.744 PCR y 1.776 test de antígenos), con un 6,2% de positivos.

Por otro lado, este jueves se produjeron en la Comunidad Foral 21 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, dos en la UCI, y se han registrado tres fallecimientos correspondientes a dos mujeres de 85 y 91 años y un hombre de 90 años. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 788.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 45% de los positivos, en el Área de Tudela, el 20% de los casos y en el Área de Estella, el 10%. El resto de positivos (25%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26%, seguido del de 30 a 44 años, con un 22%. A continuación, se sitúan los grupos de 60 a 75 años y el de menores de 15, con un 14% cada uno; y los grupos de 15 a 29 años y de mayores de 75, ambos con un 12%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 45,9 años.

Respecto al género, el 55% de los casos son mujeres y el 45%, hombres, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 341 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (11 más que ayer), 61 de las cuales se encuentran en puestos UCI (cuatro menos que ayer) y otras 49 en hospitalización domiciliaria (igual que ayer). Los demás, 231 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 37.232.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Abogado de la Comunidad Autónoma de Baleares contra un acuerdo del Consejo de Ministros para poder gestionar las aguas exteriores del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera.

En concreto, la Sala estima el recurso de Baleares contra los párrafos segundo y tercero del punto tercero de la parte dispositiva del acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de febrero de 2019, por el que se ampliaron los límites del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de Cabrera por la incorporación de espacios marinos colindantes al mismo.

Estos párrafos han sido anulados por ser contrarios al ordenamiento jurídico en cuanto, negando la continuidad ecológica, atribuyen la gestión de la ampliación del Parque Nacional a la administración del Estado.

En estos apartados se determinaba que la gestión de las aguas exteriores marinas que se incluyen en el Parque correspondían al Estado y, para argumentarlo, se especificaba que no había evidencias científicas que avalasen la continuidad con el ecosistema terrestre. No obstante, el Govern balear interpretaba que la administración competente para gestionar el Parque es la autonomía, tal y como lo ha hecho desde el traspaso de estas competencias en el 2009.

Asimismo, Baleares entiende que la ampliación del Parque es "precisamente una consecuencia directa del interés de la Comunidad, que es la que ha instado e impulsado la ampliación de sus límites".

Asimismo, el escrito de la Abogacía sostenía que la Comunidad Autónoma, de hecho, "ya ha estado gestionando aguas exteriores incluidas en el Parque Nacional", dado que la anterior delimitación del Parque ya comprendía aguas exteriores.

La Sala declara la procedencia de la gestión unitaria del Parque Nacional resultante de la ampliación, por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias que la legislación general o sectorial atribuya a distintos órganos de la Administración General del Estado o a sus organismos públicos vinculados o dependientes y de los correspondientes mecanismos de coordinación y colaboración interadministrativa; con imposición de las costas a las partes demandadas en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.

DESESTIMADO EL RECURSO DE LOS PESCADORES DE CARBONERAS

Por otra parte, la Sala ha dictado otra sentencia en la que desestima el recurso contencioso administrativo planteado por la representación procesal de la entidad Pescadores de Carboneras, Sociedad Cooperativa Andaluza, contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2019, por el que se ampliaron los límites del Parque Nacional de Cabrera por la incorporación de espacios marinos colindantes al mismo; con imposición de las costas a la recurrente en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la Cámara autonómica una proposición no de ley urgente ante la "preocupación" que le suscita las modificaciones con respecto al idioma en la reforma educativa que denomina "Ley Celáa". De este modo, el PPdeG quiere un posicionamiento que deje claro el "rechazo de la Cámara ante cualquier modificación que posibilite que gallego o castellano dejen de ser vehiculares en la enseñanza, poniendo así en peligro el equilibrio entre las dos lenguas cooficiales".

Los populares, que registraron el pasado lunes 9 de noviembre esta iniciativa urgente, quieren que el hemiciclo autonómico "reafirme su compromiso con el marco lingüístico recogido en la Constitución, Estatuto de Autonomía y en la Ley de Normalización Lingüística de Galicia", normas que, añade el texto resolutivo, "aseguran el equilibrio entre el castellano y el gallego y contribuyen a asegurar la convivencia lingüística de los ciudadanos que valoran conocer ambas lenguas para poder comunicarse con hablantes de todo el Estado, así como con millones de ellos en países lusófonos e hispanos".

Este es el texto registrado por los populares y que nace, como explicó el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, en rueda de prensa, a raíz de la enmienda acordada en la ponencia educativa y que dice lo siguiente: "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable".

La Constitución Española recoge que el castellano es la lengua española oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, mientras que las "demás lenguas españolas" serán también "oficiales" en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Asimismo, el texto del 1978 incluye que la "riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Los populares gallegos interpretan que esta enmienda, en la que no se recoge explícitamente la palabra vehicular, puede facilita la "inmersión lingüística" por parte de los "nacionalistas", al tiempo que significa para el PP que se han "saltado los marcos normativos de rango superior" y se "habilita que la lengua castellana deje de ser vehicular, con lo que se altera el equilibrio lingüístico entre las lenguas cooficiales del Estado y se renuncia a que los ciudadanos aprendan en la lengua que les vincula con hablantes de distintos territorios, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Con esta iniciativa, los populares quieren conocer la opinión del PSdeG, puesto que la del BNG, que dicho que es el "nexo" de unión entre el PSOE y Bildu "ya se imaginan" cuál será.

Tellado ha insistido en que si esta enmienda "no cambia nada, por qué" se hizo y se ha preguntado si ha sido "el precio" que le han puesto para "aprobar esta ley" y si se "pretende legalizar la inmersión lingüística". "Estamos preocupados y exigimos respuestas", ha remarcado el dirigente popular, quien indicó que esta iniciativa será extensible a mociones en ayuntamientos.

"PREOCUPACIÓN" ACUERDO BILDU

En su intervención ante los medios, Tellado también mostró la "profunda preocupación" del PP gallego por los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con la formación independentista vasca. "Mala noticia que sea socio preferente", ha manifestado el secretario general del PP gallego, quien ha apuntado que es "un insulto intolerable para las miles de víctimas del terrorismo" cualquier pacto con Bildu.

Tellado ha apelado a las críticas de barones socialistas contra Pedro Sánchez y ha lamentado que el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, no sea una de esas voces y haya "aplaudido, como aplaude todo" lo que --dijo-- hace Pedro Sánchez, a quien ha acusado de pactar con Bildu para mantenerse en la Moncloa.

El dirigente popular ha echado en falta que Caballero no haya seguido los pasos de "reconocidos líderes autonómicos o presidentes de comunidades autónomas" que han rechazado el acuerdo. "Cosa que Gonzalo Caballero nunca será, precisamente por cosas como esta, entre otras", ha condenado Tellado.

"Este acuerdo entre el PSOE y Bildu sorprendió a muchas personas, pero en Galicia nos sorprendió menos, porque es el socio preferente del BNG, se presentan juntos (a las elecciones europeas) y se reparten escaños", ha apuntado, tras lo que matizó que "es verdad que tienen un paso muy distinto".

Es más, el secretario general del PP gallego ha apelado a que "hubo un tiempo" en el que el nacionalismo gallego "compartía inquietudes con PNV y CiU", pero "lamentablemente" ahora sus "socios" son Bildu y ERC. "Nosotros desde luego estamos francamente preocupados", ha insistido Tellado, quien ha lamentado, asimismo, que los presupuestos "están diseñados para ser negociados con partidos extremistas" y no con el PP.

"El PP estaría dispuesto a apoyar unos presupuestos distintos", ha respondido a propósito de una pregunta, en la que afirmó que "en la misma ecuación con Bildu, es imposible que esté el PP, por decencia política".

LEY SANITARIA

Por otro lado, preguntado al respecto de la reforma de la Ley de salud propuesta al Gobierno central y sobre si recibió contestación, Tellado ha indicado que no tiene constancia de contestación. Ya sobre el contenido, ha indicado su rechazo a "recurrir de forma permanentemente al estado de alarma" para combatir la pandemia.

Así, los populares sostienen que una ley sanitaria "podría resolver esta cuestión" y "evitar el recurso continuado al estado de alarma", un elemento que tendría que ser "excepcional" y del que "no se debería abusar". "Lamentamos que el Gobierno de España prefiera usar y abusar el estado de alarma", ha indicado, al respecto de lo que ha recordado que ello le facilita no someterse al control parlamentario obligatorio.

Una juez de lo social italiana ha dado la razón a un empleado de la Embajada de España en Roma y ha condenado al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación a abonarle la paga extra que recoge la legislación italiana con efecto retroactivo desde 1999.

Así lo ha anunciado este viernes el sindicato CSIF, que considera además que la sentencia sienta un precedente muy importante en defensa del personal laboral en el exterior. Es la primera condena de un tribunal de lo Social al Ministerio de Exteriores español en Italia por no cumplir la legislación laboral local.

La sentencia, dictada el pasado octubre, reconoce los derechos laborales de un empleado con más de 21 años de servicio. Según el sindicato, el trabajador sí había obtenido el reconocimiento de la Justicia española en varias ocasiones y ahora estima la cantidad adeudada en unos 30.000 euros.

La Justicia italiana reconoce en la sentencia que este empleado está en el justo derecho a percibir sus pagas extraordinarias conforme a la ley, de forma íntegra y aplicándose correctamente la normativa local. Se le reconoce además su derecho a percibirla en su totalidad en los años sucesivos, sin que tenga que acudir de nuevo a los tribunales para reclamarla.

CSIF ha denunciado además como "desproporcionado" el gasto en el que ha incurrido el Ministerio, a través de la Embajada española en Roma, en despachos de abogados y que superan en varios miles de euros la petición de este trabajador "con sueldo mileurista". La juez también condena a Exteriores a abonar 4.000 euros en costas.

Los sueldos y las condiciones del personal laboral en el exterior son una de las principales batallas de los sindicatos que los representan. Son unas 7.000 personas, de las que aproximadamente la mitad dependen de Exteriores.

La subsecretaria de este Departamento, Celsa Nuño, admitió recientemente ante la Comisión de Exteriores del Congreso que existe un problema serio con estas retribuciones y su falta de actualización y aseguró que seguirá tratando de resolverlo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá la sentencia de este órgano que absuelve a la que fuera dirigente de ETA Carmen Guisasola y a otros dos miembros de la banda, Oscar Abad Palacios y José Ramón Martínez, del atentado cometido en Galdácano en 1990 con una bicicleta bomba en el que murió el policía Ignacio Pérez Álvarez, han confirmado fuentes fiscales.

El Ministerio Público discrepa del criterio de los magistrados de la Sala de lo Penal, que entendieron que los hechos están prescritos y que por lo tanto no puede hacerse reproche penal a la que fuera dirigente etarra por esta causa concreta.

En su sentencia, dada a conocer a finales del pasado mes de octubre, Sala estima la cuestión planteada por las defensas en la que sostenían que la providencia dictada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 el 1 de junio de 1993 no interrumpe el plazo de prescripción de los hechos objeto de enjuiciamiento.

La Fiscalía solicitó en este juicio --que se celebró a finales del mes septiembre-- 30 años de prisión para los tres acusados por un delito de asesinato con finalidad terrorista y cargó contra Guisasola, que se acogió a la denominada 'vía Nanclares', por usar durante el juicio su "arrepentimiento" para exculparse.

El tribunal recordaba que la actuación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 5 procede de otro procedimiento en el que Abad y Martínez reconocieron distintos hechos delictivos. El tribunal explica que, aunque el juez instructor acordó oficiar al juez decano y otro órgano instructor de las declaraciones sobre los hechos ahora enjuiciados, "no se incluye el hecho investigado en las presentes actuaciones, por lo que no se remitió antecedente alguno para la prosecución del procedimiento".

Por ello, entendía que, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, esta "resolución de mero trámite" no es una "actuación judicial dirigida a la investigación del hecho objeto de las presentes actuaciones" y por tanto no interrumpe la prescripción del delito, que en este caso tiene un plazo de 20 años.

Según explicaba la Fiscalía en su escrito de acusación, Abad y Martínez como integrantes de ETA accionaron hace 30 años, por medio de radio control de iniciación eléctrico, el artefacto explosivo que previamente habían colocado en la alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.

Guisasola y un cuarto miembro de la banda terrorista, Julián Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terroristas y facilitaron la información sobre el día a día del policía. Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bicicleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el atentado.

El Grupo Municipal Socialista se ha querellado por prevaricación contra el concejal-presidente de Chamberí, Javier Ramírez (PP), la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento tras la retirada de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero.

La querella ha sido interpuesta este viernes después de que hace una semana encontraran la placa "destrozada" en el Almacén de la Villa. A los querellados se les atribuye un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha manifestado que continuarán las acciones judiciales contra estas acciones nacidas del "revanchismo, del revisionismo y el odio de los franquistas a la Memoria Histórica y a sus protagonistas más significativos".

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Tras presentar la semana pasada un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Pleno propuesto por Vox y apoyado por PP y Cs para eliminar del callejero los homenajes a Largo Caballero e Indalecio Prieto, así como sus placas conmemorativas, ahora el Grupo Municipal Socialista presenta una querella penal.

Creemos que se ha podido cometer un delito de prevaricación y un daño contra el patrimonio histórico de Madrid, irreversible en este caso con la destrucción de la placa", ha manifestado Hernández, que ha cargado contra la "propuesta infame de Vox, contestada por múltiples historiadores, que han dicho unánimemente que no tiene ningún sentido.

Pepu Hernández ha tildado la medida aprobada en el Pleno de "grave error" cometido por Vox, PP y Cs. "Vox hace lo que quiere hacer, que es utilizar la democracia en contra de ella para dañarla pero también PP y Cs han cometido un grave error al tratar de ser equidistantes cuando no se puede ser equidistante entre franquistas y demócratas", ha remarcado el edil.

El concejal socialista Ramón Silva ha recordado que se instaló en 1981 por acuerdo unánime de los grupos políticos la placa a Largo Caballero en la que hoy es la Junta de Chamberí y que en su momento fue la casa en la que nació el que fuera presidente de la II República. En 1990 se desmontó la placa para chapar la fachada de granito de la Junta y se volvió a montar "sin que eso generase ningún problema en la placa".

"ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO"

"Ahora, con la infame proposición de Vox, la placa se ha retirado y destruido", ha expuesto Silva, que ha justificado así la interposición de la querella criminal por este "atentado contra el patrimonio y por un posible delito de prevaricación".

Los socialistas consideran a Javier Ramírez "máximo responsable de lo ocurrido". De la coordinadora del distrito y el director general de Patrimonio del Ayuntamiento dice que han tenido "un papel imprescindible para la retirada y la destrucción de la placa".

El sindicato UGT adelantó la semana pasada que interpondrán "una querella contra las personas del Ayuntamiento de Madrid responsables por los daños y destrozos" de la placa dedicada al que fuera presidente de la II República Francisco Largo Caballero en la fachada de la vivienda en la que nació, hoy reconvertida en la Junta Municipal de Chamberí.

El sindicato interpondrá la querella en base a los artículos 289 (delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural) y 323.1 (delito de daños a elementos del patrimonio histórico) del Código Penal.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendía hace una semana que la placa de bronce en homenaje a quien fuera presidente de la Segunda República está "intacta".

"La placa de bronce de Largo Caballero sigue intacta y en adecuado estado de conservación", afirmó, y para retirarla "se tocó una inscripción en mármol que no forma parte del conjunto escultórico". Además, precisó que la Dirección de Patrimonio ya acreditó que ni el bronce ni la placa de mármol tenían protección.

El administrador de Izquierda Unida (IU) para la coalición electoral Unidas-Podemos en los comicios generales de 2019, Carlos García Ramos, ha declarado este viernes ante el juez que investiga la cuentas 'moradas' que se fiaba de los contratos celebrados por el administrador de Podemos, Daniel de Frutos, explicando que cada parte realizaba sus propios contratos y solo comunicaba a su socio el detalle de los gastos para no exceder el límite legal.

García Ramos, que ha comparecido ante el juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de investigado, ha contado al juez Juan José Escalonilla que la administración mancomunada de la coalición electoral se basaba en una "colaboración mutua", conforme a la cual cada partido contrataba de forma independiente los servicios electorales que necesitaba y se avisaban únicamente del gasto.

"No se validaban los contratos uno a otro, no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición, cada uno tenía sus proveedores. Sí había una mancomunidad en relación al exceso de gastos, porque evidentemente hay un tope de gastos en una campaña electoral", ha dicho el abogado de Podemos, Gorka Vellé, sobre la declaración de García Ramos. "A efectos de control de gasto, no de los contratos, había esa colaboración mutua", ha remachado.

De hecho, García Ramos ha precisado a Escalonilla que no tuvo ocasión de leer el contrato entre Podemos y Neurona hasta los meses de octubre y noviembre, una vez transcurrida la campaña electoral, cuando ambos administradores pusieron en común toda la documentación para enviarla al Tribunal de Cuentas, según fuentes presentes en la ronda declaraciones de investigados y testigos que ha tenido lugar este viernes en relación a este caso.

Además, tanto Podemos como el administrador de Neurona, Elías Castejón, que también ha declarado como investigado, han aportado una extensa documentación para probar que los servicios contratados con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 efectivamente se prestaron, una cuestión que constituye en estos momentos el objeto principal de la causa.

El caso parte de una denuncia realizada el pasado mes de diciembre por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre supuestas irregularidades en la formación de Pablo Iglesias, entre ellas los contratos electorales con Neurona, las obras de la sede nacional del partido político y los sueldos cobrados por altos cargos. El juez ha archivado el caso en lo relativo a la llamada 'Caja B' y a los contratos electorales con ABD.

EL CONTRATO CON NEURONA

Escalonilla cree que existen "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Podemos --por valor de 363.000 euros-- "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

Sigue así el criterio de la Fiscalía, que aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados por Podemos con Neurona, a la que describe como "una empresa creada 'ad hoc'" cuyo objeto real sería "la propia financiación del partido desde la cuenta electoral".

El Tribunal de Cuentas ya apuntó dos tipos de delitos --fraude electoral y falsedad en documento mercantil-- en los servicios facturados por Neurona a Podemos al no estar suficientemente acreditada su elaboración por parte del proveedor.

Barclays ha elevado un 27% el precio objetivo de Cellnex Telecom, desde los 55 euros hasta los 70 euros, y ha reiterado su recomendación de 'sobreponderar' después del acuerdo "transformador" alcanzado este jueves por la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones para adquirir 24.600 torres y emplazamientos de CK Hutchison en Europa por un valor de 10.000 millones de euros.

En un comunicado, los analistas de Barclays señalan que han actualizado su informe sobre la compañía para incorporar a sus estimaciones las recientes operaciones corporativas en Polonia y, especialmente, con Hutchison, con quien ha alcanzado un acuerdo que califica de "atractivo y mejor de lo esperado".

"Creemos que el acuerdo con Hutchison es transformador y llevará a nuevas operaciones, particularmente en algunos de los nuevos mercados de Cellnex", inciden los analistas, que apuntan en concreto que los acuerdos en Reino Unido y Suecia son "más complicados de lo habitual", pero tiene un carácter positivo.

Asimismo, remarcan que la estructura del acuerdo permite a Cellnex conservar su flexibilidad, al mismo tiempo que hace crecer materialmente su negocio con una valoración atractiva, y añaden que los bajos ratios de ocupación de las torres sugieren que se mantendrá el crecimiento orgánico del negocio "e incluso podría acelerarse".

Por otro lado, Barclays destaca que la entrada en nuevos mercados puede suponer nuevas oportunidades para Cellnex y apunta en especial a Austria, que debería ser un mercado "dinámico" con capacidad para un fuerte crecimiento orgánico, apoyado por la prevalencia en el país de la banda ancha móvil.

En el caso de Suecia y Dinamarca, apunta que al principio las oportunidades pueden parecer limitadas dadas las estructuras de red en cada uno de ellos, al igual que en el Reino Unido, pero considera que el acuerdo de Hutchison podría desbloquear el camino para nuevas transacciones.

Asimismo, Barclays no cree que el acuerdo con Hutchison vaya a superar que Cellnex detenga por el momento su fase de fusiones y adquisiciones y apunta que esta operación se ha estructurado en seis transacciones separadas, una por cada país afectado, lo que podría retrasar los cierres hasta 18 meses en algunos casos.

Así, agrega que este proceso podría hacer más fácil la incorporación de nuevos mercados o nuevos activos, pero manteniendo la flexibilidad financiera para capitalizar cualquier otra oportunidad que pueda surgir durante este periodo.

En esta línea, también indica el hecho de que la compra se haga por fases podría reducir la necesidad de aumento de capital en el corto plazo de cara a otra posible operación, dado que los 10.000 millones de euros que supone el acuerdo con Hutchison acabarían con toda la liquidez de Cellnex.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han pedido una "tregua política" a los partidos para que sean capaces de llegar a acuerdos como así lo han hecho las organizaciones empresariales y sindicales.

En una conferencia sobre recuperación laboral en el XXV Encuentro de Economía de S'Agaró, celebrado este viernes en Barcelona, Álvarez ha señalado que, tanto en el Gobierno como en la oposición, "falta sentido de Estado" ante una situación económica y sanitaria sin precedentes.

Ha coincidido en ello Garamendi, que ha destacado los seis pactos entre patronal y sindicatos durante la pandemia, y ha asegurado que los empresarios "echan de menos esta capacidad de acuerdo en otros ámbitos de la sociedad".

"El diálogo social se ha puesto en valor en este país. Empresarios y trabajadores, si es necesario, pactamos los desacuerdos", ha afirmado el líder empresarial, que ha intervenido a través de videoconferencia.

También se ha referido al diálogo social Unai Sordo, que ha valorado que gracias a él --con el acuerdo sobre los ERTE--, se ha evitado una gran destrucción de puestos de trabajo, algo tradicional de la economía española cuando sufre una crisis, ha apuntado.

El profesor de economía y miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Marcel Jansen ha reflexionado que, a diferencia de la crisis pasada, se han alcanzado "acuerdos rápidos" que han permitido dar una mejor respuesta.

Aún así, Jansen ha hablado de la "responsabilidad histórica" de los agentes sociales y del Gobierno para aprovechar los fondos europeos y volver a facilitar el empleo a quienes hayan perdido su trabajo en los últimos meses sin haberse acogido a un ERTE.

REFORMA LABORAL

Donde no han coincidido plenamente patronal y sindicatos ha sido sobre la necesidad de retocar la reforma laboral y, sobre todo, cuándo deberían hacerse esos cambios.

Sordo ha hablado del "problema de sobrecualificación" de los empleados españoles para los trabajos que realizan y se ha mostrado partidario de derogar o eliminar algunos aspectos destacados de la reforma laboral.

Por su parte, Garamendi no ha descartado la posibilidad de modificar algunos aspectos de la reforma, pero ha instado a no precipitarse por la elevada deuda de España, el déficit público y los inversores internacionales.

"Es importante generar marcos de seguridad jurídica. Hay anuncios que hacen más daño que acuerdos", ha asegurado Garamendi, y ha incidido en la importancia de incrementar la confianza en las instituciones.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha entregado este viernes, en la sede del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, la Cruz de San Raimundo de Peñafort al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, que ejerce de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Este juzgado, cuya titularidad corresponde al juez Manuel García-Castellón, instruye en la actualidad las causas de corrupción política más mediáticas, como son Púnica, Lezo y también la macrocausa 'Tándem' por las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado en prisión José Manuel Jiménez Villarejo, que lleva el magistrado titular, por lo que la labor de Abascal es primordial para tener a este órgano al día en otras muchas cuestiones que le corresponden.

La segunda juez distinguida este viernes con la "raimunda" ha sido Yolanda San Pastor Sevilla, Magistrada en el Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid, condecorada como Abascal con la Cruz Distinguida de primera clase. Durante la ceremonia, el ministro de Justicia ha destacado el mérito extraordinario y la gran aportación al mundo del Derecho de los condecorados.

En su intervención, Campo también ha aludido al esfuerzo realizado por los profesionales de la Administración de Justicia durante la pandemia. "Es una satisfacción como ministro de Justicia ver cómo se han doblegado esfuerzos", ha dicho.

Al acto también han asistido el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez; el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López; y el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego.