El conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló, ha anunciado este miércoles que el Gobierno catalán ha abierto dos canales de Telegram que dispondrá de información "diaria, continua y actualizada" de la situación por el coronavirus en los centros educativos para las familias y el profesorado.

En una atención a los medios tras visitar las obras de ampliación del Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha afirmado que con el canal Salut Escola para las familias se quiere acabar con "fakes' y rumores en torno a la escuela" siendo lo máximo de transparentes.

Bargalló ha subrayado que la voluntad de los departamentos de Educación y de Salud es dar la máxima información con transparencia en una situación de nerviosismo como la actual para la escuela y las familias: "La información es fundamental y la transparencia es obligada", ha señalado.

Ha afirmado que tanto en el canal Salut Escola como en el Salut Escola i Salut Escola Professionals informarán de las incidencias en cada centro, los casos sospechosos, los cribados que se puedan hacer y sus resultados, las actuaciones en caso de un positivo y las nuevas instrucciones que se puedan originar.

Bargalló ha dicho que junto a la consellera de Salud, Alba Vergés, han tramitado una carta a las direcciones --que la remitirán a las familias-- y el profesorado sobre las medidas que se han tomado y el anuncio de estos canales de información diaria.

Ha explicado que las familias podrán consultar las incidencias a través del canal de Telegram, pero también se dará información en webs de Educación y Salud, y la información será actualizada una vez al día.

"MEJOR MANERA DE ACABAR CON RUMORES"

Bargalló ha explicado que la Generalitat recibirá la información a través del aplicativo Traça Covid en el que los centros irán introduciendo las incidencias: "Es la mejor manera de acabar con los rumores", ha dicho.

El conseller ha agradecido el esfuerzo de las escuelas para ultimar los planes de organización para garantizar la calidad de la enseñanza y la seguridad, y ha dicho que está a la espera de recibir el informe de la Inspección educativa para tener una "radiografía real" del número de alumnos por grupo estable, ante el que podrán decidir cómo mejorarlo o qué medidas y recursos necesita para hacerlo.

Bargalló también ha insistido en la necesidad urgente de que el Gobierno proporcione una alternativa legal a las familias con menores o mayores a cargo en cuarentena: "Si no lo quiere hacer, que nos deje a nosotros", ha subrayado.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha suscrito con los sindicatos el acuerdo sobre inicio de curso escolar en escenario 2 al que se adhirieron tres de las cinco organizaciones sindicales con representación en el sector (CSIF, CC.OO. y UGT) que recoge un tratamiento diferenciado para embarazadas, a las que se les ofrecerá la posibilidad de teletrabajar con alumnado vulnerable o con grupos en situación de aislamiento por contacto por Covid-19.

El acuerdo se ha rubricado este miércoles y, posteriormente, se ha celebrado la primera sesión de la comisión de seguimiento, en la que se han llegado a tres decisiones de forma conjunta.

En este nuevo foro de diálogo entre Educación y sindicatos la administración acepta el teletrabajo para las embarazadas que es una de las peticiones realizadas por las organizaciones sindicales, junto a otras que también tienen el visto bueno como la implementación de la docencia telemática para el alumnado que no pueda incorporarse al centro por tener la condición de vulnerable o encontrarse en aislamiento.

OTROS ACUERDOS

Asimismo, se ha autorizado la revisión de centros de Educación Infantil y Primaria en las zonas con mayor presión demográfica para tratar de reducir sus ratios a través de la concesión de más cupos de profesorado.

La primera comisión de seguimiento de este pacto ha concluido asimismo seguir trabajando en todo tipo de medidas centradas en materia sanitaria y prevención de riesgos laborales.

El Departamento de Educación alcanza la pasada semana en el seno de la mesa sectorial a este acuerdo, que servirá para poner en marcha una serie de iniciativas encaminadas a trabajar una mejor organización del curso entre los distintos actores implicados.

Educación ha mantenido desde que se declaró el estado de alarma un contacto fluido con toda la comunidad educativa en la búsqueda de consensos para tomar las medidas más adecuadas ante esta vuelta al cole excepcional y, ahora, da un paso más con la rúbrica de este pacto.

En este sentido, el Departamento ha ofrecido a los sindicatos la posibilidad de trabajar junto a ellos en tres grandes bloques durante el presente curso: prevención, personal vulnerable y las contingencias que produzca el desarrollo de la pandemia.

Tres de los cinco sindicatos con representación en la mesa sectorial mostraron su disposición a trabajar con la Administración en estos puntos ante el complicado escenario actual y hoy han ratificado su compromiso con la firma del acuerdo. Los otros dos podrán adherirse en el futuro.

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha destacado este miércoles "el excelente trabajo" que están realizando los profesionales de las escuelas y centros de Educación Infantil para que los más pequeños regresen a las aulas "en un entorno seguro", al tiempo que ha apuntado que en la vuelta a los centros educativos "el riesgo cero no existe", pero que "no existe tampoco en el ámbito familiar, que casualmente es donde se están produciendo los mayores rebrotes del virus".

Así, durante la visita a la Escuela Infantil Los Príncipes en Palos de la Frontera (Huelva), Imbroda ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a las familias en unas circunstancias "excepcionales" provocadas por el Coronavirus y ha hecho hincapié en que la Consejería ha velado porque en estos centros se hayan puesto en marcha "todas" las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

Entre estas medidas ha destacado los más de 16.400 test de detección del Covid-19 que se han puesto a disposición de los profesionales de estos centros en los días previos a la apertura de los centros.

Con las Escuelas Infantiles hemos dado un primer paso en una vuelta a las aulas compleja por la situación pero con responsabilidad por todo el trabajo que hay detrás, de tantos profesionales y expertos, por parte de los equipos directivos, de los profesionales de las Consejerías de Salud y Educación, y con la colaboración de las familias, de todos, porque si no es posible", ha recalcado.

En este sentido, el consejero ha afirmado que las escuelas infantiles "están dando una lección" de cómo abrir los centros "en una situación de excepcionalidad" y que harán también los colegios e institutos. "Este es el mejor mensaje que podemos trasmitir a las familias para que tengan la tranquilidad de llevar a sus hijos e hijas a los centros docentes", ha reseñado.

Además, Javier Imbroda ha informado de que la apertura del curso del primer ciclo de Infantil se ha producido sin incidencias y con absoluta normalidad y ha animado a las familias a que escolaricen a sus hijos e hijas en el primer ciclo de Infantil porque "se trata de una etapa decarácter educativo y no solo asistencial", destacando los "beneficios" de la escolarización temprana en el itinerario educativo.

Además, ha recordado que desde el 1 de septiembre se ha vuelto a abrir la convocatoria para solicitar plaza en las escuelas infantiles, un procedimiento abierto durante todo el curso.

El consejero ha recordado que más de 79.300 menores de tres años haniniciado el curso escolar 2020/21 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Andalucía. Este curso, nuestra comunidad cuenta con 2.078 centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, 54 más que en el curso anterior.

La Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición de las familias 120.646 plazas financiadas con fondos públicos, 1.956 más que el pasado curso.

PROTOCOLOS

Asimismo, Imbroda ha explicado que la Consejería de Educación y Deporte envió el pasado mes de julio a los centros que imparten primer ciclo de Infantil sostenidos con fondos públicos unas instrucciones relativas a su organización para el curso escolar 2020/21, que tienen como objetivo establecer medidas para que los procesos de enseñanza y aprendizaje así como los asistenciales se desarrollen con seguridad durante el curso, en el marco de las recomendaciones sanitarias.

Así, cada centro ha elaborado un protocolo de actuación Covid-19 que ha contado con el asesoramiento y apoyo del servicio de Inspección de la Consejería.

Entre las medidas puestas en marcha en estos centros destaca que las clases se organizarán en grupos de convivencia escolar, los centros organizarán las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones, tras la entrada de los menores se procederá al lavado de las manos con agua y jabón y deberán ir directamente a su aula y de ella a la salida cuando finalice su jornada.

De este modo, cada grupo de convivencia comerá preferentemente en sus aulas y, si lo hicieran en el comedor, éste no podrá ser utilizado por más de un grupo al mismo tiempo, garantizando la limpieza y desinfección del mismo entre turnos.

Sobre las salidas al patio, a cada grupo se le asignará tiempo para jugar al aire libre. Las instrucciones también incluyen recomendaciones para los momentos de sueño y descanso de los niños, para el cambio de pañal, medidas previas para los padres y madres como medir la temperatura del menor antes de salir de casa e indicaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro.

Asimismo, Imbroda ha recordado que la semana pasada las comunidades autónomas mantuvieron una reunión con los ministros de Sanidad y Educación y que todas consideraron que la vuelta a las aulas era "irrenunciable" ya que "es un derecho básico fundamental de los niños, en entornos seguros y de forma responsable".

POSIBLES INCIDENCIAS EN CENTROS

Por otra parte, el consejero ha indicado que en caso de incidencias en centros, "se actuará en consecuencia" y que las decisiones las tomarán las autoridades sanitarias" que serán "las que digan si esos centros se pueden o no abrir o tendrán que esperar unos días más".

Por otra parte, la Consejería destinará el este curso que comienza 40 millones a "mejorar" la financiación de las escuelas infantiles y los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias que imparten el primer ciclo de Educación Infantil.

Este incremento en el presupuesto destinado al 0-3 permitirá subir el precioplaza en un 15 por ciento, es decir, pasará de los 278,88 actuales a 320,71 euros, incluido el servicio de comedor, así como la subida de los tramos de las bonificaciones.

Así, cada alumno de esta etapa contará con una inversión de 42 euros más al mes y, por tanto mejorará la calidad en la atención educativa ofrecida por miles de profesionales comprometidos.

La mejora de la financiación, que se aplicará a partir de 1 de septiembre, se realizará sin que suponga un mayor coste para las familias ya que será la Consejería quien asuma el coste total del incremento del precio-plaza y de las bonificaciones de las que se beneficiarán las familias que escolaricen a sus hijos en el primer ciclo de Infantil.

La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas.

Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 48 por ciento aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para este año 2020 y que se sitúa en una tasa de cobertura superior al 33 por ciento.

La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.

El Rey Felipe VI ha retomado este miércoles su agenda oficial, tras su descanso veraniego y varios actos en Baleareas, con una visita a la Comandancia Naval del Miño, en Tui (Pontevedra), donde ha sido recibido por unas 200 personas que le dedicaron vítores y aplausos a su llegada.

El monarca hizo su entrada en el recinto a las 11.00 horas, en coche y vestido con el uniforme de capitán general de la Armada, y ha pasado revista a la dotación de la Comandancia, en una explanada en la que ha recibido honores.

Así, tras escuchar la versión corta del himno interpretada al cornetín y saludar a los miembros de la Comandancia, Felipe VI ha mantenido un encuentro de trabajo para conocer la labor de estos efectivos: aplicación de la legislación, fiscalización y sanciones relacionadas con la pesca fluvial y la caza, control de la náutica, coordinación de medios en la búsqueda de ahogados, o apoyo en operaciones de carga de hidroaviones.

Posteriormente, el Rey ha visitado una pequeña exposición de artes de pesca en los jardines de la Comandancia, antes de embarcarse para navegar un tramo del río Miño, a bordo del patrullero 'Cabo Fradera' (el buque en activo más antiguo de la Armada, después del 'Juan Sebastián Elcano').

La visita ha finalizado con el saludo a las autoridades, en el que han participado el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno, Javier Losada; y algunos de los alcaldes de la demarcación de la Comandancia Naval, como el de Arbo, el de Tui, el de Crecente y la alcaldesa de Salvaterra. Los alcaldes nacionalistas de la comarca (Tomiño, O Rosal y As Neves) no acudieron al acto.

APOYO Y RECHAZO

La visita de SM el Rey ha causado gran expectación en Tui y, además de las docenas de personas congregadas a las puertas de la Comandancia (a quienes el monarca se acercó dos veces para saludar), también varios usuarios, trabajadoras y religiosas de la residencia geriátrica San Telmo (ubicada justo detrás del recinto militar) mostraron su apoyo al Jefe del Estado con vítores, agradecimientos y banderas que engalanaban todas sus ventanas y balcones.

Asimismo, la asociación Concordia Real Española había convocado una concentración de apoyo a Felipe VI en las inmediaciones de la Comandancia Naval. "¡Le queremos! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!", fueron algunos de los mensajes proclamados por los presentes.

No obstante, no todo fueron manifestaciones de apoyo, ya que un pequeño grupo de personas se reunió en la orilla opuesta del Miño, en la parte portuguesa, justo frente al embarcadero de la Comandancia, para mostrar su rechazo al monarca exhibiendo el mensaje 'Galiza non ten rei', así como banderas nacionalistas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que contesta favorablemente a la propuesta de la defensa de la empresaria y examiga del rey emérito Corinna Larsen para que su declaración como imputada fijada para el próximo 28 de septiembre se realice desde la embajada Española en dicho país.

En principio la comparecencia se solventará por videoconferencia, si bien el juez deja abierta en su resolución la posibilidad de acudir personalmente a Reino Unido para tomar declaración a la alemana, han informado fuentes jurídicas. Esta posibilidad arrastra dificultades debido a las restricciones que las autoridades británicas han impuesto a los extranjeros, que deben aislarse durante 14 días al llegar a la islas.

De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde al recurso de Larsen contra su decisión de no permitir que el interrogatorio tuviera lugar por videoconferencia desde el despacho de la propia Larsen en Londres, tal y como proponían sus abogados. El juez respondió instando al desplazamiento de la empresaria a nuestro país para acudir personalmente a la sede de la Audiencia Nacional, si bien finalmente la imputada declarará desde la embajada española en aquel país.

La empresaria y examiga del rey emérito es investigada en el marco de la pieza número 5, denominada 'Carol', de la macrocausa Tándem. El juez la quiere interrogar sobre el supuesto encargo que habría realizado al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.

En dichas conversaciones también se abría aludido al patrimonio del rey Juan Carlos fuera de España y al supuesto cobro de comisiones por obras como la del AVE en la Meca, una cuestión que comenzó a estudiar la Fiscalía Anticorrupción y actualmente se encuentra sobre la mesa de la Fiscalía del Supremo, que estudia si pide la apertura de una causa por estos hechos en la que el monarca podría ser investigado.

La defensa también pidió al juez que la empresaria vaya acompañada de un letrado británico de su elección para "salvaguardar los derechos reconocidos por la legislación del Reino Unido a tal efecto" porque "no puede admitirse que la declaración mediante videoconferencia desde la Embajada de España cuente con menos garantías que la ejecución de una OEI (Orden Europea Internacional)".

La comunidad educativa alerta de que es "imposible" arrancar el próximo curso escolar el 15 de septiembre, tal y como espera la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, dado que los planes de contingencia en los centros no estarán culminados.

En un comunicado conjunto suscrito por las principales organizaciones sindicales, de estudiantes y asociaciones de padres y madres, sostienenque "aún falta mucho por concretar" para garantizar un inicio de curso seguro, aparte de que debe definirse mejor el modelo de educación a distancia si empeora la situación de la pandemia.

En esa línea, apuntan que no va a dar tiempo, antes del 15 de septiembre, de establecer y regular las actividades extraescolares, la acogida temprana y tardía o las actividades para el alumnado de 0 a 3 años, lo mismo que garantizar la seguridad en los comedores escolares y el transporte escolar, que se pueda disponer de plataforma y recursos digitales suficientes y que se produzca la incorporación de nuevas figuras o servicios en los centros educativos como el de enfermería escolar --rechazado por falta de oferta en el mercado laboral--.

Además, entienden que tampoco dará tiempo de dar la formación e información necesaria en competencia digital y prevención de riesgos laborales a los estudiantes, al profesorado, a las familias y al personal no docente.

Sobre las ratios de alumnos por aula y profesor, apuntan que la consejería "parece renunciar" a su disminución y por consiguiente al aumento de personal alegando que no se dispone de espacios suficientes o adecuados en los diferentes municipios "pero muchos ayuntamientos reconocen no haber sido consultados".

Por ello, exigen que las ratios sean como máximo de 15 alumnos por aula en Educación Infantil, 18 en Educación Primaria, 20 en Educación Secundaria y 23 en Bachillerato, y la misma proporción según los casos en Formación profesional y resto de enseñanzas.

PRUEBAS PCR AL PERSONAL EN RIESGO

"Pedimos que se respete en todos los niveles la distancia mínima de seguridad de metro y medio, que se realice un control real de temperatura del alumnado y personal del centro tomando la misma en el momento de acceso al centro, durante la jornada escolar y al finalizar las clases y que se disponga de varios accesos en los centros educativos para evitar aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida", destacan.

Asimismo, proponen que se realicen PCR al personal que se ha declarado como especialmente sensible al coronavirus, que se informe ya de qué centros y qué grupos tendrán que asistir a clases por las tardes y en qué horario, que se clarifique y se den los datos reales de las actuaciones practicadas por la empresa QuirónPrevención y se informe del coste de estos servicios, y que el 'coordinador Covid' de los centros sea asumido por algún miembro del equipo directivo y disponga de horas para ello.

Para la comunidad educativa, se trata de que "no se siga dando largas y se hable de inversión en educación, la necesaria para que nuestros centros educativos sean espacios seguros y saludables.

Para poder valorar la inclusión de todas estas cuestiones en los diferentes protocolos de la consejería o planes de contingencias de centros demandamos solicitan una nueva reunión antes del 10 de septiembre, día en el que el Gobierno determinará si definitivamente se aplaza o se inicia el curso el 15 de septiembre.

La Junta de Portavoces del Congreso ha fijado para el próximo 10 de septiembre el debate y votación del decreto ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales, una norma para la que el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante ante el rechazo unánime de la oposición.

Ese acuerdo para permitir que los ayuntamientos usen su superávit para afrontar los gastos del coronavirus salió adelante por la mínima en la FEMP y, tras su transformación en decreto ley, debe ser sometido a votación en el Congreso para decidir su convalidación o su derogación.

En su comparecencia del lunes ante el Congreso, la ministra María Jesús Montero señaló que el Gobierno no tiene ninguna otra fórmula alternativa para el uso de los remanentes y lo único que ofreció es congelar el mecanismo de la cesión de los mismo al Estado y tramitar el decreto como proyecto para que el Congreso haga los cambios que estime oportunos en ese punto.

LA REBELIÓN DE LOS ALCALDES

Pero la oposición no se conforma con eso, sino que reclama la retirada del decreto para empezar una nueva negociación. Más de treinta alcaldes de buena parte de las grandes ciudades del país y de una decena de partidos políticos se han unido para reclamar como alternativa un fondo de 5.000 millones para repartir entre los municipios según su población, tengan o no remanentes.

Estos alcaldes críticos con el acuerdo se plantean llevar su 'rebelión' al Congreso la próxima semana, aprovechando el día del debate y votación del decreto ley, que corre serios riesgos de ser derogado.

"Lo veo muy complicado", ha reconocido este miércoles el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien considera que el fondo de remanentes, tal y como está planteado, "no es admisible". Y más allá de ese punto, los nacionalistas vascos acusan al Gobierno de respetar la "foralidad , ya que debería haberse negociado en la comisión bilateral del concierto.

El diputado del BNG, Néstor Rego, se ha quejado de que el Gobierno no muestre ninguna "capacidad negociadora" con este decreto, que ni contó con mayoría entre los representantes municipales ni con mayoría en el Parlamento.

A su juicio, la alternativa es derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno Rajoy que impide el uso del superavit, y cree que hay votos suficientes para hacerlo "con relativa rapidez" buscando entre los socios de investidura.

Las consellerías de Sanidade y de Política Social, en el marco del comité de expertos para la pandemia de COVID-19, abordarán la creación de un "protocolo estricto" que, a través de medidas "importantes", permita que se reanuden las visitas a todas las residencias de la comunidad.

Así lo ha avanzado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en una rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico que, la próxima semana, abordará "junto con Política Social" esta cuestión.

El conselleiro ha explicado que los expertos están "preocupados" por los efectos que las restricciones y su prolongación en el tiempo tengan sobre los mayores usuarios de las residencias, como es el caso de la suspensión de visitas, que "puede repetirse en los próximos meses".

"No es lo mejor para los mayores", ha dicho Vázquez Almuiña, que ha avanzado que se desarrollará un "protocolo muy estricto" y con medidas de seguridad "importantes" para permitir que los usuarios de estos centros puedan recibir visitas.

Esto se acompañará, ha abundado, con medidas de control para los trabajadores, a los que ya se realizan pruebas a su incorporación a su puesto a la vuelta de las vacaciones.

"Sigue siendo fundamental hacer test, test y más test", ha explicado el responsable de Sanidade, que ha vinculado esta cuestión al nuevo test masivo de saliva, que la Xunta pondrá en marcha este mismo mes. De hecho, esta metodología, que favorece la autotoma de muestras, se implantará primero en el ámbito sanitario, sociosanitario y en las grandes empresas con muchos trabajadores.

El Gobierno de Aragón ha supervisado los protocolos de las universidades aragonesas --la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge-- para un curso semipresencial con la máxima seguridad y calidad en la docencia.

Las consejeras de Sanidad, Sira Repollés, y de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, han mantenido una reunión de coordinación con los rectores de las universidades aragonesas para abordar el inicio del curso, el próximo día 14, y transmitir un mensaje de confianza a toda la comunidad universitaria pese a la situación generada por la Covid19.

En el encuentro se han analizado las distintas recomendaciones sanitarias para una vuelta segura a las aulas y se han supervisado los protocolos que ya aprobaron en su día ambos campus en virtud de la autonomía universitaria, con el objetivo de incluir los últimos ajustes requeridos ante el inminente arranque de la docencia y la evolución de la crisis sanitaria.

La reunión ha servido para constatar "la planificación y el esfuerzo" con el que han afrontado los dos campus el regreso a las aulas, después de un final de curso abrupto debido a la pandemia.

Ambas Universidades "han hecho los deberes" y están "preparadas" para empezar las clases "en las mejores condiciones posibles, tanto para el estudiantado como para el profesorado", ha señalado la consejera de Universidad, Maru Díaz, quien ha agradecido la buena disposición de ambas instituciones y la previsión con la que ambas han trabajado durante todo el verano en contacto estrecho con la Consejería.

En todas estas semanas, la "máxima prioridad ha sido siempre la seguridad del alumnado y de todo el personal universitario, así como la calidad de la enseñanza", ha afirmado la consejera.

Con esa premisa, ha recordado Díaz, tanto la Universidad de Zaragoza, como la Universidad San Jorge ya previeron hace semanas un modelo híbrido de docencia, apostando por una presencialidad adaptada a la situación y concentrada por semanas, con reducción de aforos al 50% para mantener las distancias de seguridad y apoyo online, tal y como ha recomendado esta misma semana el Ministerio de Universidades a las autonomías en la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria.

PÚBLICA

En la Universidad de Zaragoza, de esta forma, si el aforo no permite la asistencia presencial de todos los alumnos o en caso de que la evolución de la pandemia lo haga necesario se podrán seguir las lecciones desde casa, en streaming. Para garantizar el seguimiento online, se han invertido más de 245.000 euros.

Se ha adquirido equipamiento -principalmente, cámaras web, micrófonos y ordenadores- para digitalizar más de 200 aulas. El campus ofrecerá formación a alumnos y docentes y garantizará espacios para seguir las clases a aquellos alumnos que tengan problemas de conectividad.

Las tutorías y dirección de trabajos se harán preferentemente por vía telemática, mientras las prácticas se mantendrán de forma presencial. Además, la Universidad podrá ofertar llevar a cabo toda la docencia online, en unos determinados supuestos, si así lo solicita el estudiante.

Cada centro tendrá un espacio de aislamiento y un responsable Covid, y los grupos serán estables para ayudar a la trazabilidad de los posibles contagios. Para facilitar la ventilación de los espacios, se reducirá la duración de las clases.

PRIVADA

En la Universidad San Jorge, el protocolo es también muy similar. Los grupos se reducirán para mantener las distancias de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias y se organizarán turnos rotatorios estables para la asistencia a clase por semanas. Así la mitad de alumnos seguirá unos días las sesiones desde casa en directo y la otra mitad, en clase.

El campus de Villanueva contará también con control voluntario de temperatura en todos los edificios. Ante un posible caso positivo, será un grupo de sanitarios quien se encargue de la atención y la trazabilidad.

Además, ambos campus han reforzado las labores de limpieza, han establecido señalización para evitar cruces en los desplazamientos por las distintas facultades y contarán con gel hidroalcohólico.

MÁS MEDIDAS

A estos protocolos, ha explicado Díaz, se incorporarán ahora los últimos ajustes comunicados este lunes por el Ministerio, ante la evolución de la pandemia. Son dos fundamentalmente: la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento y pese a que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, y la designación de un responsable Covid, que rastree los contactos estrechos de los contagiados en el campus.

La consejera no ha ocultado que, pese a las medidas adoptadas, "habrá casos", pero ha asegurado que ambas universidades "están preparadas para dar una buena respuesta". En este sentido, ha apelado a la "responsabilidad individual" de cada estudiante en su comportamiento fuera del aula, donde "la convivencia suele ser más estrecha".

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Los rectores, por su parte, han lanzado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y han comentado que las medidas están en continua revisión para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la pandemia; garantizando en todo caso la seguridad y la calidad de la docencia.

El responsable en funciones de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha destacado la disposición permanente y el apoyo recibido con las Consejerías de Sanidad y Universidad, así como la coordinación con los distintos centros del campus para adaptar la normativa general a las especificidades de cada titulación. Y ha explicado que cada estudiante recibirá esta semana un correo con todas las instrucciones concretas.

Mayoral ha avanzado también que por prudencia se va a reducir el número de salas de estudio, que no abrirán por la noche y contarán con vigilancia permanente, y que se producirá en breves fechas una reunión con los directores de los colegios mayores para garantizar también la máxima seguridad en los centros. En estos se reservará, a priori, un 5 por ciento de espacios para el aislamiento de posibles contagios.

Por su parte, la rectora de la Universidad San Jorge ha asegurado que el campus "está preparado para afrontar un curso atípico, que será diferente, pero al mismo tiempo igual". "Priorizamos la seguridad del alumnado y apostamos por la mejor enseñanza", ha afirmado.

Saéz ha explicado que llevan trabajando desde junio en la elaboración de los planes de contingencia adaptados a las diferentes titulaciones de cada centro y ha detallado algunas de las medidas implantadas, como el acceso escalonado a edificios y los grupos estables de alumnos para garantizar la trazabilidad.

Castilla y León contabiliza un total de 36.566 positivos por coronavirus, 441 más que en los datos de este martes, de ellos 72 han sido diagnosticados en la jornada anterior, según datos ofrecidos este miércoles por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas, según el departamento de Casado, no registran más fallecimientos en hospitales, si bien la Consejería de Familia incorpora cinco víctimas más de internos en residencias que habrían fallecido en sede hospitalaria.

La cifra de víctimas mortales alcanzaría por tanto los 2.133, teniendo en cuenta los datos de Familia, mientras que el número de altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanza ya las 9.175, 33 más que en la jornada anterior.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 189 y el número total de casos de la COVID-19 a ellos vinculados es de 1.171 más.

Del total de brotes, 21 corresponden a Ávila --cuatro más--, 40 a Burgos --dos más--, nueve a León --dos menos--, 25 a Palencia --los mismos--, 37 a Salamanca --dos menos--, doce a Segovia --idéntica cirra--, 15 a Soria --dos menos--, 16 a Valladolid --tres menos-- y 14 a Zamora --cuatro menos--.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 36.566 positivos por COVID-19 en los distintos tipos de pruebas y según los datos de la Administración regional, 30.112 lo han sido en test PCR.

Por provincias y en total, Ávila suma 22 positivos más, con un total de 2.706; Burgos suma 77 positivos, con 5.351 en total; León 26 más, hasta 4.580; Palencia 32 más, con 1.848; Salamanca suma 81 más hasta un total de 6.037; Segovia incorpora 21 nuevos positivos hasta los 4.243 en total; Soria añade 11 más hasta 3.106; Valladolid incorpora 166 positivos, hasta 7.251 y Zamora suma cinco, hasta los 1.444.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.128, sin variación. La mayor parte continúa registrándose en la provincia leonesa, con 427, seguida de Valladolid, con 410; Salamanca, 387; Burgos, con 222; Segovia con 217; Ávila con 155; Soria, con 124; Zamora, con 96, y Palencia, con 90.

En el caso de las altas, un total de 9.175, se han computado 2.002 en Valladolid; 1.765 en León; en Salamanca 1.410; en Burgos 1.075; en Segovia 960; en Ávila 713; en Soria 455; en Palencia 403, y en Zamora 392.

ESTABLE LA HOSPITALIZACIÓN EN CRÍTICOS

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 311 personas --cuatro más que este martes--, 277 de ellas en planta --cuatro más-- y 34 en unidades de críticos, los mismos que en la jornada anterior.

Los pacientes en UCI se encuentran en nueve hospitales de la Comunidad, ocho de ellos en los complejos de Burgos y Salamanca, seis en el Clínico Universitario de Valladolid, cuatro en el Río Hortega de esta misma ciudad, dos en los complejos de Ávila, Soria y Zamora y uno en los de Palencia y Segovia.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, a través de Familia, informa de 2.624 fallecimientos --cinco más-- de personas alojadas en 1.214 residencias de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad, según la estadística facilitada por la Consejería de Familia.

De los fallecidos, 1.519 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 y otros 1.105, a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.624 finados, 1.728 personas han perdido la vida en su residencia o centro, los mismos que el lunes, mientras que otras 896 han fallecido en el hospital, cinco más.

Un total de 41 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, uno más que el martes; y 507 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 121 menos que en la última estadística.

En cuanto a los centros bajo la tutela de Castilla y León, los datos de fallecidos se mantienen desde el pasado 3 de julio, con 252, de ellos 135 con positivo confirmado y 117 con síntomas compatibles. Además, hay 30 residentes hospitalizados --uno más que el martes--, mientras que se contabilizan 651 usuarios con diagnóstico confirmado en estos meses.

Además, hay cuatro residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, los mismos, mientras que otros 113 --idéntica cifra-- están aislados de forma preventiva sin síntomas.

El Gobierno de Cantabria ha establecido un cordón sanitario en Santoña, de donde no se podrá entrar ni salir en los próximos 14 días, ante la evolución de la pandemia de Covid-19 en el último mes y el aumento de casos, actualmente 64 activos, tanto en el municipio como en otros limítrofes.

La medida se hará efectiva hoy mismo, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Se trata de una decisión "muy difícil", que correspondería a una fase dos "intensiva" o una fase uno "más ligera" de la desescalada, ha explicado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que se ha adoptado para velar por la salud de las personas y evitar el colapso de los servicios sanitarios, y que se aplicará a otros lugares en caso necesario.

De este modo, se restringe en el municipio la libre entrada y salida salvo aquellos desplazamientos autorizados en el ordenamiento jurídico como la asistencia a centros sanitarios y de enseñanza obligatoria --lo que supone que "de momento los colegios no se van a cerrar"--, al trabajo, el cuidado de personas mayores, menores y dependientes, y por causas de fuerza mayor.

Para asegurar el cumplimiento del cordón, se establecerá un control de entrada y salida al municipio las 24 horas, tanto por tierra como marítimo, en el que participarán alrededor de 50 agentes. Según ha informado el coronel de la Guardia Civil, Luis del Castillo, solo se podrá acceder a Santoña a través de la CA-141, mientras que se cerrará la entrada por la CA-241. En el control terrestre, en el que la Guardia Civil contará con el apoyo de la Policía Local, participarán unos 40 agentes, y en el marítimo, con una embarcación, entre siete y ocho.

En el ámbito de la residencias, se suspenden las visitas y salidas al exterior. También se suspenden todas las actividades de hostelería y restauración excepto el servicio de comida a domicilio y recogida en establecimiento; todas las actividades colectivas deportivas; y todas las actividades en centros y establecimientos deportivos, culturales, artísticos, recreativos, espectáculos y de ocio.

Los hoteles no se cierran pero sí sus zonas comunes. La ley contempla la excepción de que las personas alojadas en ellos podrán abandonar el municipio para dirigirse a su lugar habitual de residencia.

Asimismo, se restringe la concentración de personas en bodas, bautizos, comuniones, velatorios, funerales, entierros y celebraciones religiosas a un máximo de 10.

Además, desde Sanidad se ha pedido "encarecidamente" a la población de Santoña que limite las salidas de sus domicilios "lo máximo posible" y solamente lo hagan para "las cuestiones fundamentales".

Aunque también han aumentado los casos en municipios colindantes a Santoña, el número "no es significativo", según el consejero, porque, si bien han crecido, todavía no los pone "en una situación comprometida". "En Santoña no solo ha aumentado el número sino que ya hay casos de cuarta generación", ha subrayado.

SITUACIÓN EN SANTOÑA

En la misma rueda de prensa, la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, ha explicado que el cordón sanitario se ha adoptado por la tasa de casos activos de los últimos 14 días, con 562 por cada 100.000 habitantes cuando en Cantabria es de 193; por el aumento de positivos en PCR, del 7,4% al 9,4%, y por la aceleración de la curva epidémica. Ha aumentado la incidencia acumulada y el nivel de contagio de transmisión. Solo en agosto se han detectado 77 casos positivos.

El 32% de los contagios en Santoña se ha producido en el entorno laboral; el 25% dentro del domicilio; el 13% en eventos sociales y celebraciones; y el 29% tiene origen desconocido.

En este sentido, preguntado por el brote en una conservera la semana pasada que inicialmente afectó a 13 trabajadores, el consejero ha explicado que este tipo de industria "favorece" la transmisión de virus, que posteriormente se llevan al domicilio y de ahí a la comunidad, mientras que Navas ha apuntado que estas "ramificaciones" se deben a que las medidas de control "no han funcionado".

En este sentido, Rodríguez ha confirmado que se mantiene la reunión prevista este jueves con la industria conservera de Santoña para reforzar las medidas de prevención.

La directora general ha recordado que la conservera, como muchas otras industrias, ha sido objeto de una inspección que, de momento, se ha saldado con un apercibimiento, aunque todavía se están evaluando las inspecciones, siguiendo el procedimiento. La Ley de Salud Pública establece un régimen sancionador de hasta 600.000 euros.

Según Navas, la situación de la villa es "preocupante pero controlable si toda la población colabora" y adopta las medidas de precaución conocidas --mascarilla, distancia social y limpieza de manos-- que permitirían aplacar la curva.

En este sentido ha hecho un llamamiento a toda la población de Cantabria para que respete las medidas de precaución, fundamentalmente, la de limitar el contacto social. "Es fundamental que Cantabria controle la curva epidémica" porque actualmente el nivel de los brotes está creciendo en la región.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, arremetió esta tarde contra el líder del PP, Pablo Casado, acusándolo de dar la espalda y tener una actitud obstruccionista, por su rechazo a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y oponerse a la renovación de los órganos institucionales.

Montoro que compareció en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que lo hiciera Casado, tras la entrevista de éste con el presidente del Gobierno, denunció que durante el encuentro rechazó despolitizar la gestión de la pandemia, como le pidió Pedro Sánchez.

En segundo lugar criticó que el PP rechace la renovación de los órganos institucionales pendientes como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Montero añadió que Casado había señalado en rueda de prensa que ese veto lo extiende a toda la legislatura, motivo por el que lo acusó de faltar a los mandatos de la Constitución, pese a envolverse en la bandera.

Asimismo, criticó que los populares no apoyen los Presupuestos Generales, concluyendo que el balance del encuentro entre Casado y Sánchez ha sido decepcionante, porque el líder del PP le ha dado la espalda al diálogo, acusándolo de obstruccionismo. Montero cuestionó que Casado haya dado ningún giro al centro, destacando que solo gira sobre si mismo en espiral.

La Consejería de Salud ha notificado 16 casos positivos de COVID-19 relacionados con un brote en tres bares del barrio de La Magdalena en Avilés. Se trata de los establecimientos Piol, Valsa y Pelayo, a cuyos clientes de entre el 17 y el 30 de agosto Salud ha hecho un llamamiento para que acudan a realizar una PCR.

Según ha confirmado  uno de los propietarios de la cafetería Valsa, tres de esos positivos corresponden a trabajadores de su cafetería.

Las personas que hayan visitado alguno de estos establecimientos en dichas fechas ya pueden cumplimentar el formulario que está disponible en el siguiente enlace de la web Astursalud (https://www.astursalud.es/en/formulario-pcr) o llamar al teléfono 984 100 400. Este número gratuito atiende las consultas de la ciudadanía sobre el coronavirus y redirige las llamadas si se precisa asistencia sanitaria.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) contactará con los afectados para practicarles una prueba PCR. Mientras tanto, estas personas deberán limitar su vida social, vigilar su estado y cumplir rigurosamente con las medidas de protección.

El Bar Piol y el Café Valsa cerraron sus puertas por precaución el pasado sábado, cuando un cliente habitual de ambos bares les informó que había dado positivo en la prueba del Covid-19. El brote se ha extendido y este miércoles se ha incluido también al Bar Pelayo. Los tres bares que están en la misma acera, está a apenas 50 metros del Centro de Salud de la Magdalena.

32 CASOS NUEVOS

En relación a la evolución de la pandemia, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado este miércoles 32 nuevos positivos diagnosticados en el día de ayer. De ellos, cuatro están relacionados con el área del Oriente. De estos últimos, dos casos se han detectado durante un cribado en el Centro de Educación Especial Don Orione. Ambos son trabajadores del citado equipamiento de Posada de Llanes. El resto de profesionales y residentes han dado negativo en la prueba.

Los afectados, incluidos estos trabajadores sociosanitarios, son asintomáticos o presentan síntomas leves, por lo que están en aislamiento en sus domicilios, excepto una persona que ha precisado ingresar en el hospital.

Los datos de la situación epidemiológica desvelan que ha aumentado a cinco los pacientes que actualmente están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otras 22 personas permanecen ingresadas en planta. Desde el inicio de la pandemia se han confirmado en Asturias 3.384 casos.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido la Política Agrícola Común (PAC) como instrumento de consolidación de la explotación familiar y profesional.

Así lo ha puesto de manifiesto en la reunión que ha mantenido este miércoles con una representación de Unión de Uniones en un encuentro centrado en la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027 y en la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

En concreto, Planas ha informado sobre el punto en el que se encuentran las negociaciones, tanto en Europa como en España, así como del Plan Estratégico Nacional.

Respecto a las negociaciones europeas, el ministro ha subrayado el apoyo a la Presidencia alemana para alcanzar un acuerdo político este semestre y con respecto al Plan Estratégico, ha expuesto el calendario, así como el estado de los principales elementos del debate político con las comunidades autónomas.

Otros elementos claves del plan, que ya ha sido abordado con las comunidades autónomas y con el sector, es la definición de agricultor genuino, régimen de pequeños agricultores, ayuda básica, regionalización y derechos individuales, limitación de pagos y ecoesquemas y agricultura ecológica.

El ministro ha explicado las propuestas de su departamento para cada uno de estos temas a Unión de Uniones y ha agradecido a la organización sus aportaciones para lograr un documento nacional de consenso centrado en los agricultores y ganaderos y en la explotación familiar y profesional como eje de la política agraria en España.

Con respecto a la representatividad de las organizaciones agrarias, el ministro se ha comprometido a desbloquear la situación actual motivada por el marco legal vigente, para lo cual ha pedido el máximo consenso posible para poder llevarlo a cabo.

Por su parte, Unión de Uniones ha trasladado a Planas la "mala situación" de precios que afecta a importantes producciones de la agricultura y ganadería y ha pedido la actuación del Gobierno para revertirla.

En la reunión, la organización ha marcado también sus prioridades sobre la aplicación nacional de la futura PAC y ha vuelto a reiterarse en la obligación de cumplir la Ley de Representatividad y convocar elecciones en el campo.

Unión de Uniones ha recalcado la crisis de precios que afecta a los sectores estratégicos como aceite de oliva, vitivinícola, cereales o leche y que, pese a las modificaciones introducidas en la ley, persisten los desequilibrios en la cadena alimentaria y la debilidad de los productores.

Ciudadanos ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley por la que pide al Gobierno medidas para que garantizar que todos los padres y madres cuyos hijos deban guardar cuarentena, pese a no haber dado positivo, tengan oportunidades de conciliar sin renunciar a todo su salario.

En concreto, piden que se establezca una prestación económica extraordinaria para todas las personas trabajadoras que, no siéndoles posibles teletrabajar, se acojan a la reducción de jornada especial del Plan MECUIDA para el cuidado de sus hijos o de otros familiares dependientes a cargo, inclusive en el supuesto de que deban permanecer en el domicilio por el cierre del centro educativo, centro social u otros análogos decretados por las autoridades sanitarias por riesgo de contagio por coronavirus.

La formación propone que, durante el tiempo en que estén pendientes de resultados de una PCR y en el caso de que estos fuesen negativos, se garantice que todas las personas trabajadoras puedan conciliar en estas circunstancias excepcionales sin tener que renunciar a su salario o sus vacaciones.

PIDEN EXTENDER LOS BENEFICIOS INDEFINIDAMENTE

Los naranjas señalan que no todas las familias pueden optar por el teletrabajo o la flexibilización de horarios por las características de su empleo o la brecha digital. También recuerda que la reducción de jornada conllevaría, según el Plan MECUIDA, una reducción proporcional del sueldo que no todos se pueden permitir.

"Estas limitaciones hacen necesario articular las medidas excepcionales oportunas, al menos mientras persista la emergencia sanitaria de Covid19", apunta Ciudadanos.

Del mismo modo, quiere que se extienda "de manera indefinida" la vigencia del carácter preferente del teletrabajo y del derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de trabajo del Plan MECUIDA, de modo que los trabajadores puedan acogerse a estos beneficios una vez que concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la emergencia sanitaria de la Covid19. Con la redacción actual y la ampliación realizada posteriormente, estos beneficios se acabarían el próximo 30 de septiembre.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha rechazado este miércoles tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyar los Presupuestos Generales del Estado o llevar a cabo la renovación de las instituciones públicas, aunque ambos han acordado la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España.

En una rueda de prensa en Moncloa, el líder de los 'populares' ha criticado que Sánchez no le haya presentado ni "una sola línea" del anteproyecto de las cuentas públicas. "A una negociación se llega con papeles", ha asegurado, para después señalar que el acuerdo con el PP no puede ser "un trágala".

Así, Casado ha lamentado que el Ejecutivo no haya hecho "los deberes" y que ahora traten de correr para "llegar a tiempo". "No me ha aclarado los plazos, o si es un señuelo para marcar territorio, pero ni han empezado a redactar el anteproyecto", ha añadido, insistiendo en que, además, el PP no negociará unas cuentas con Podemos en el Gobierno.

En este contexto, el líder del PP ha señalado al líder de la formación morada y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el punto de bloqueo para la renovación de las instituciones. "Está en una petición de cambio de régimen constitucional. Han pedido que el Rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía, y así empezamos muy mal", ha lamentado.

Con todo, Casado ha explicado que sí ha coincidido con Sánchez en la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir el coronavirus, buscar un pacto de Estado sobre Sanidad y aplicar medidas que aseguren la sostenibilidad y digitalización en el largo plazo.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha adelantado este martes su rechazo a las comisiones de investigación pedidas en la Cámara baja sobre la financiación de Podemos y sobre el AVE a La Meca.

En su primera reunión del nuevo periodo de sesiones, la Mesa del Congreso ha estudiado este miércoles todos los escritos registrados en el paréntesis estival y, entre ellos, ha acordado admitir a trámite las comisiones de investigación sobre la financiación de Podemos, que había sido solicitada en agosto por el PP, y sobre las supuestas comisiones abonadas para el contrato del AVE a la Meca, registrada en julio por ocho partidos como respuesta a los vetos a investigar al Rey Juan Carlos.

Una vez calificadas por la Mesa, las comisiones de investigación pasarán a la Junta de Portavoces, que es la encargada de poner fecha al debate de estas iniciativas y de incluirlas en el orden del día del Pleno del Congreso para su votación, y ahí es donde puede terminar su recorrido parlamentario.

NI PERTINENTE, NI DE INTERÉS

Y es que el PSOE ya ha adelantado su rechazo a que esas comisiones de investigación sigan adelante en el Congreso pues, al margen de que se ajusten a reglamento y los servicios jurídicos den su visto bueno formal, no considera que sean de interés ni "pertinentes".

En el caso de la investigación sobre Podemos, sostiene que es un asunto que ya investiga la Justicia y que "no hay caso", por lo que anticipa que el PSOE "no va a colaborar en la estrategia del ventilador del PP", que, según ha recordado, es el único partido condenado en un caso de corrupción.

Y en cuanto a la comisión sobre el AVE a La Meca, ha recordado que sus propios proponentes no ocultan su "propósito implícito" de "controlar la acción del anterior jefe del Estado", algo que ni la Constitución ni el Reglamento establecen que esa sea labor del Congreso. "No la consideramos de interés relevante, ni pertinente", ha señalado.

El Gobierno de Cantabria ha establecido un cordón sanitario en el municipio Santoña, de donde no se podrá entrar ni salir en los próximos 14 días, ante la evolución de la pandemia de Covid-19 en el último mes y el aumento de casos, actualmente 64 activos.

Se trata de una medida "muy difícil", que correspondería a una fase dos "intensiva", ha explicado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y que se adoptado para velar por la salud de las personas y evitar el colapso de los servicios sanitarios, y que se adoptará en otros lugares en caso necesario.

De este modo, se restringe en el municipio la libre entrada y salida salvo aquellos desplazamientos autorizados en el ordenamiento jurídico como la asistencia a centros sanitarios y de enseñanza obligatoria -lo que supone que "de momento los colegios no se van a cerrar"- al trabajo, el cuidado de personas mayores, menores y dependientes y por causas de fuerza mayor.

Para asegurar el cumplimiento del cordón, se establecerá un control de entrada y salida al municipio, tanto por tierra como marítimo, en el que participarán alrededor de 50 agentes. Según ha informado el coronel de la Guardia Civil, Luis del Castillo, solo se podrá acceder a Santoña a través de la CA-141, mientras que se cerrará la entrada por la CA-241. En el control terrestre, en el que la Guardia Civil contará con el apoyo de la Policía Local, participarán unos 40 agentes, y en el martímo entre siete y ocho.

En el ámbito de la residencias, se suspenden las visitas y salidas al exterior; y se suspenden todas las actividades de hostelería y restauración excepto el servicio de comida a domicilio y recogida en establecimiento; todas las actividades colectivas deportivas; y todas las actividades en centros y establecimientos deportivos, culturales, artísticos, recreativos, espectáculos y de ocio.

Asimismo, se restringe la concentración de personas en bodas, bautizos, comuniones, velatorios, funerales, entierros y celebraciones religiosas a un máximo de 10 personas.

Además, desde la Consejería de Sanidad se ha pedido "encarecidamente" a la población de Santoña que limite las salidas de sus domicilios "lo máximo posible" y solamente salgan para "las cuestiones fundamentales".

La secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aaegesen, ha considerado que la pandemia del coronavirus supone una "oportunidad" para poner en marcha medidas económicas y sociales para abordar el "reto" de la transición energética, ya que, además, "las medidas de recuperación verde son las más eficaces para salir de la crisis".

Así, ha instado a pensar con "optimismo" en la recuperación y ha insistido en que las medidas de transición energética presentan "muchísimas ventajas" no solo de reactivación económica y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sino también de cara a lograr una industria "más competitiva".

En este sentido, ha confiado en que "todos los sectores van a ser muchísimo más competitivos" gracias a esta transición, ya que especialmente el energético es capaz de ofrecer respuestas "muy rápidas" pero que, además, perdurarán en el tiempo y "responden a retos de futuro".

Así lo ha dicho Aaegesen este miércoles durante la inauguración del seminario 'El Sector Energético ante la crisis del Covid-19', que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en la que ha participado junto al consejero de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Mariano Bacigalupo; al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y al presidente y CEO de Viesgo, Miguel Antoñanzas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que puede garantizar que el "acuerdo de presupuestos implicará una revisión de la fiscalidad en un sentido progresista y redistributivo".

En una entrevista en La Sexta ha reconocido que eso se tendrá que negociar y ha dicho ser consciente de que "el momento es particularmente difícil para algunas empresas" pero cree que eso tiene que ser "compatible con una revisión de la fiscalidad". "No tanto en clave ideológica sino para que el Estado tenga los recursos necesarios para afrontar desafíos que son de país", ha argumentado.

Además, ha insistido en que él preferiría que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben gracias a la mayoría parlamentaria que permitió sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez porque es la única fórmula que "garantiza estabilidad".

Iglesias ha asegurado que él no excluye el diálogo con otros partidos, pero ha pedido "no perder el sentido de la realidad", porque cree que será "muy difícil" que partidos que gobiernan con "la ultraderecha" en algunas administraciones apoyen las cuentas de un Gobierno progresista.

Es más, cree que el Ejecutivo tiene la "obligación" de buscar el apoyo de la mayoría de la investidura y no solo por una "preferencia ideológica" sino por la estabilidad del Gobierno: "debemos cuidar a nuestros aliados más obvios".

Así, aunque ha reconocido que "hay muchos actores y no se puede despreciar a ninguno", él defiende que se negocie primero con los partidos que dieron su apoyo y en segundo lugar con los que se abstuvieron como fue el caso de ERC. "No es lo mismo negociar una abstención que un apoyo", ha añadido.

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha marcado este miércoles con motivo del acto institucional por el Día de la Autonomía cinco "prioridades" para garantizar la "supervivencia" de la ciudad, objetivo que según su criterio exige un apoyo económico y político firme por parte del Ejecutivo central para blindar las transferencias que recibe la Administración local, invertir en la frontera, repartir la carga migratoria y exigir "respeto" a Marruecos.

Durante su discurso en el Auditorio del Revellín el líder del Gobierno local ha subrayado que "todos deseamos unas buenas relaciones con el país vecino basadas en el respeto recíproco, pero no a cualquier precio, no hasta consentir injerencias que dañan la moral de nuestro pueblo y lesionan nuestra dignidad como Nación".

Vivas ha pedido "mucha unidad, mucho esfuerzo y mucho sacrificio" para salir de la coyuntura "de la mayor calamidad nacional, sanitaria, económica y social que España ha sufrido en las últimas décadas", contexto en el que la ciudad "se enfrenta a unos problemas, retos y desafíos de los que depende su supervivencia".

Para conseguirlo ha advertido que hace falta "dotar a la frontera de las instalaciones, medios y recursos, incluidos los de índole legal, que sean precisos para que la misma funcione conforme a su naturaleza de frontera exterior de la Unión Europea" con el fin de "evitar que Ceuta se convierta toda ella en un territorio al que se le asigne, de hecho, el papel de servir de tapón para la contención de la inmigración irregular que tiene como objetivo dar el salto a la península".

En relación con la inmigración irregular, cualquiera que sea su origen y procedencia, la frontera tiene que estar donde se encuentra, en el Tarajal, y no en el puerto porque aquí, tras la frontera, es donde empieza España y, por tanto, Europa a todos los efectos", ha dejado claro el presidente.

El presidente ha señalado como segunda prioridad que el Estado "asuma" la "problemática" de los menores extranjeros no acompañados (MENA) como "un asunto de inmigración directamente asociado al funcionamiento de la frontera". A partir de ahí, ha reivindicado que se procure "el reagrupamiento familiar y retorno a su país de origen" y que, mientras, la "carga" se reparta, ya que "no es justo ni solidario ni sostenible que soportemos una presión que multiplica por 30 a la media nacional".

Vivas cree que es momento también de "sentar las bases para lograr un modelo económico más sólido y estable que no dependa de decisiones que se tomen al otro lado de la frontera" y por "potenciar la presencia del Estado en Seguridad, Defensa, Justicia, Educación y Sanidad ampliando servicios y plantillas y acometiendo inversiones que llevan mucho tiempo aplazadas".

Finalmente ha apostado por "reactivar nuestra administración autonómica y local", algo que a su juicio exige "actualizar y garantizar las transferencias que, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, recibimos para atender necesidades y servicios fundamentales".