Una noticia positiva, pero insuficiente. La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de la Xunta ha valorado el anuncio "oficial" del reparto del 'fondo covid' para las comunidades autónomas. Galicia recibirá 92,9 millones de euros de una partida de 2.000 destinada exclusivamente al ámbito educativo, y en el que Andalucía, Cataluña y Madrid copan la mitad de la cuantía total.

La Xunta ha considerado "imprescindible" esta inyección de fondos del Estado, pero ha advertido de que el montante repartido es "insuficiente" para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad pactadas en el documento suscrito entre las comunidades autónomas y los Ministerios de Educación y de Sanidad.

En particular, Educación apunta a la distancia de seguridad de 1,5 metros que se aplica a partir de secundaria y que obligará a la realización de desdobles de grupos por la falta de espacios en los centros de enseñanza. "Lo que implica una contratación de personal docente superior a la prevista inicialmente", han trasladado.

El Gobierno gallego pide agilidad para que la transferencia de fondos "se haga efectiva con la mayor celeridad" ante la proximidad del inicio del curso "en escasos días" y la urgencia de dar respuesta a "las múltiples necesidades" derivadas del acuerdo con el Gobierno central para adaptar los centros a la COVID-19.

En todo caso, ha recordado la petición de que se establezca cuanto antes un fondo a mayores para el próximo año, puesto que esta partida únicamente incluye cuantías para 2020. "El curso escolar continúa durante toda la mitad de 2021 y los recursos van a ser necesarios a lo largo de todo ese periodo", zanjan.

COMIENZO GRADUAL

El curso arrancará en Galicia a partir del 10 de septiembre y de forma gradual, a lo largo de varias jornadas y por niveles educativos, entre otras medidas anunciadas y recogidas esta misma semana en las nuevas instrucciones para el inicio de la actividad lectiva.

Las aulas mantendrán grupos de convivencia estable para infantil y primaria, y una distancia de seguridad de 1,5 metros de separación medidos desde el centro de las sillas para el resto de etapas educativas.

Para hacer cumplir esta medida, los centros podrán retirar muebles y buscar espacios alternativos para aquellos casos en los que el tamaño del habitáculo impida cumplir con el distanciamiento decretado.

Educación abre la puerta a efectuar nuevos desdobles en aquellos grupos en los que resulte inviable y carezca de alternativa en cualquiera de estas dos opciones para poder cumplir con las medidas de seguridad, aunque de momento se desconoce el alcance de esta circunstancia y el refuerzo de medios humanos que implicará a mayores de los previstos.

La localidad pacense de Llera entra en situación de aislamiento social y pasa a la Fase 2 de la desescalada ante la situación del Covid-19 en el pueblo, según una resolución publicada esta tarde en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

En concreto, el DOE ha publicado a las 15,00 horas un suplemento con la resolución de 1 de septiembre de 2020, del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia de la Covid-19 en el municipio de Llera, informa la Administración regional en nota de prensa.

Las medidas son efectivas desde su publicación este mismo miércoles, día 2, y mantendrá su vigencia hasta el próximo 15 de septiembre incluido, aunque podrá prorrogarse en función de la situación epidemiológica de Llera, según la resolución publicada en el DOE, y que recoge Europa Press.

En virtud de la resolución, se restringe la libre entrada y salida de personas del municipio de Llera, salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos establecidos.

Estos motivos son asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales; el retorno al lugar de residencia habitual; la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Asimismo, la circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen el territorio de la localidad estará permitida, siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.

De igual modo, se permite la circulación de personas residentes dentro del municipio afectado, si bien se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este miércoles que los ayuntamientos deben participar en el modelo de cogobernanza que desarrolla el Ejecutivo, y ha acordado con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, la creación de una comisión de trabajo para abordar las cuestiones relacionadas con la Justicia en el seno de la federación.

En un comunicado, Justicia informa de que en la reunión mantenida entre ambos han analizado la situación de la Justicia tras la pandemia, y Campo ha explicado las medidas que su departamento pone en marcha "orientadas a aproximar la justicia a la ciudadanía de todo el Estado" gracias a cambios "tecnológicos y organizativos".

Al hilo, le ha trasladado las líneas de actuación del ministerio en ese campo, como la transformación de los juzgados de paz en Oficinas de Justicia en los municipios para que presten servicios más amplios a la ciudadanía.

"También hemos hablado de otros temas como el papel del registro civil en el municipio y otras medidas que permitan la articulación del Estado en el territorio y contribuir desde la administración de Justicia a la vertebración territorial", ha explicado Campo. En este sentido, desde Justicia se incide en que esas medidas pretenden acercar el Estado y la digitalización a la 'España vaciada'.

Por su parte, Caballero ha saludado la creación de esa comisión en el seno de la FEMP para tratar asuntos de Justicia y lograr una relación fluida, y ha destacado el impacto que tendrá el plan 'Justicia2030' del ministerio en las corporaciones locales.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesus Montero, ha afirmado este miércoles que la reunión que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tendrá mañana con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es una reunión "esperada" y ha dicho que "ojalá" este partido esté dispuesto a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

"Cuando los números no salen porque algunas formaciones políticas están esperando otro momento, o porque ponen requerimientos imposibles porque eso es lo mismo que decir que no, obligan a buscar otras alianzas", ha dicho Montero en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión de Sánchez con el presidente del PP, Pablo Casado. Montero ha confiado en que el proyecto de Presupuestos reciba los apoyos necesarios pese al 'no' de los 'populares'.

La también ministra de Hacienda ha dicho que los Presupuestos "sin duda serán buenos para Cataluña" y ha añadido que la reunión con ERC es "esperada" y "necesaria para conocer las aspiraciones de ERC, su cronograma y sus plazos". El Gobierno espera "profundizar" con ERC lo que no es posible hablar en "comparecencias públicas".

En cuanto al PNV, con cuyo portavoz, Aitor Esteban, también se reúne Sánchez este jueves, Montero ha señalado que la relación es muy fluida y que suelen alcanzar consensos dentro del respeto a la ideología de cada partido y las competencias de cada Gobierno, así que se ha mostrado convencida de que la reunión será "constructiva". Los representantes del PNV, ha opinado, son un "permanente ejemplo de cómo hacer útil la política".

Las Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (Fdv) han recibido positivamente, en espera de conocer los detalles, la reforma anunciada ayer por el Ministerio de Justicia que permitirá atribuir a los tribunales superiores de justicia (TSJ) la competencia de determinadas resoluciones judiciales como las referidas a medidas limitativas de derechos fundamentales ante rebrotes por covid-19.

Hasta ahora las ratificaciones corresponden inicialmente a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de cada territorio. La reforma además de traspasar estos asuntos a las salas de los TSJ permitirá establecer como preferente la tramitación estas autorizaciones, lo que acortará los plazos de decisión.

Para la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, está claro que se necesita una redacción más clara del articulado de la ley que usan los jueces para resolver estos asuntos, que en principio estaba pensada para situaciones individuales como, por ejemplo, sería la de un paciente con una enfermedad infecciosa que se negara a ser ingresado en un hospital.

En todo caso la APM, antes de dar su aval definitivo a la reforma, esperará a conocer cómo se articula el ámbito de la competencia y sobre todo los recursos de los ciudadanos, a los que se priva de una instancia al residenciar estos asuntos directamente en los tribunales superiores. Respetamos la división de poderes y por lo tanto lo que haga el legislador, que es lo que los jueces tendremos que aplicar, pero esperamos que no se ponga un parche", ha manifestado a Europa Press.

Según el Ministerio esta propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los Grupos Parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

PROYECTO YA EN EL SENADO

Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.

Para Ascensión Martín, de JJpD, lo proponentes de la reforma creen que los TSJ tendrán criterios "con mayor previsibilidad del resultado". El plazo reducido para las resoluciones les parece muy oportuno, así como el hecho de que sea un órgano colegiado y no formado por un juez individual el que resuelva estos asuntos, al afectarse a derechos fundamentales. "De todas formas hasta conocer, reitero el texto definitivo, éstas son solo unas primeras impresiones", ha manifestado a Europa Press.

Por su parte Jorge Fernández Vaquero, portavoz de FdV, ha señalado a Europa Press que lo importante es que exista un control judicial efectivo de las medidas que limitan o restringen derechos fundamentales, y no es tan relevante si este control lo efectúan los jueces de lo contencioso-administrativo o las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia.

"Entre otras cosas, estas últimas ya tienen funciones en materia de derecho de reunión -ha añadido-. Por lo tanto no vemos ningún inconveniente en principio en que el control de medidas de alcance general corresponda a estas salas".

La comunidad de Extremadura ha registrado hoy 101 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, una persona fallecida y cinco nuevos brotes en Badajoz (dos brotes), Trujillo-Belén, Casar de Cáceres y Villanueva de la Serena.

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 305 casos sospechosos y se han descartado 235. Hay 45 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 8 de ellas en UCI.

De igual modo, hoy hay que lamentar un fallecimiento en el Área de Salud de Cáceres por lo que el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia en la región asciende a 529 personas.

En concreto, la persona fallecida es una mujer de 72 años, natural de Alcántara y que ingresó el pasado 27 de agosto en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

También, se han dado en la región 37 altas, lo que eleva a 5.118 los pacientes curados, según ha informado en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Por otra parte, en cuanto a los brotes declarados al Ministerio de Sanidad por parte de Salud Pública se localizan dos en Badajoz (uno con cinco positivos y 10 contactos y otro con cuatro positivos y 35 contactos); uno en Trujillo-Belén (seis positivos y ocho contactos); uno en Casar de Cáceres (cinco positivos y 20 contactos); y un en Villanueva de la Serena (cinco positivos y 34 contactos).

DATOS POR ÁREAS SANITARIAS

En concreto, en el Área de Salud de Badajoz ha detectado 82 casos sospechosos y ha descartado 39. Notifica cinco casos positivos (uno en San Vicente de Alcántara y cuatro en la ciudad de Badajoz). Los cinco casos tienen trazabilidad conocida. En el área hay ocho pacientes ingresados, dos de ellos en UCI. Acumula 34 fallecidos. Se han curado 805 pacientes.

A su vez, el Área de Salud de Cáceres ha notificado 68 casos sospechosos y ha descartado 79. Declara 21 casos positivos (tres en Alía, uno en Guadalupe, dos en Belén, tres en Trujillo, uno en Huerta de Ánimas, tres en Casar de Cáceres, uno en Valdefuentes, uno en Malpartida de Cáceres, dos en Cáceres, uno en Alcántara, uno en Brozas, uno en Pizarro y uno en Torreorgaz). Todos tienen trazabilidad conocida menos cuatro que están en investigación. El área tiene 12 pacientes ingresados. Acumula 272 fallecidos y 2.028 pacientes curados.

Igualmente, el Área de Salud de Mérida ha notificado 43 casos sospechosos y ha descartado 26. Tiene cuatro positivos confirmados todos con trazabilidad conocida (uno en Mérida, uno en Aceuchal, uno en Solana de los Barros y uno en Hornachos). Hay cinco pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 32 fallecidos y 454 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Plasencia ha detectado 24 casos sospechosos y ha descartado 22. Notifica 11 casos positivos (tres en Palomero, cinco en Plasencia, dos en Riolobos y uno en Montehermoso). Nueve de los confirmados tienen contacto con positivos y dos están en investigación. Tiene cinco pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 77 fallecidos y 634 pacientes curados.

Mientras, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha detectado 33 casos sospechosos y ha descartado 47. Notifica 18 casos positivos, 17 tienen trazabilidad y uno están en investigación (uno en Cabeza del Buey, uno en Quintana, uno en Santa Amalia, uno en Don Benito, uno en Navalvillar de Pela, uno en Talarrubias, uno en Esparragosa de Lares, ocho en Villanueva de la Serena, dos en Puebla Alcollarín y uno en La Coronada). Tiene 12 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 25 fallecidos y 510 altas.

De su lado, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 20 casos sospechosos y ha descarta 16. Notifica 15 casos positivos (cuatro en Talayuela, uno en Barquilla, uno en Garbín, seis en Navalmoral de la Mata, uno en Losar de la Vera, uno en Villar del Pedroso y uno en Valdelacasa del Tajo). Sólo uno está en investigación, el resto con trazabilidad positiva. Tiene dos pacientes ingresados. Acumula 60 fallecidos y 396 pacientes curados.

Además, el Área de Salud de Coria notifica tres casos sospechosos y ha descartado cuatro. Notifica cinco casos positivos (dos en Torrejoncillos y tres en Coria). No contabiliza ingresos. Han fallecido 22 personas y se han dado 216 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 32 casos sospechosos y ha descartado dos. Notifica 22 casos positivos todos con trazabilidad (10 en Llera, cinco en Valencia de las Torres, uno en Higuera de Llerena, uno en Zafra, uno en Valencia del Ventoso y cuatro en Monesterio). Tiene un paciente ingresado. Acumula 7 fallecidos y 75 pacientes curados.

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha señalado este miércoles que el incendio forestal en Almonaster la Real (Huelva) ha afectado a "zonas con alto valor ecológico". Así, aunque no ha entrado en espacios protegidos, tendrá "graves consecuencias para la conservación de aves prioritarias de la zona".

En una nota de prensa, SEO/BirdLife ha indicado que el incendio ha calcinado zonas de nidificación de especies en peligro de extinción, como la cigüeña negra, así como otras aves amenazadas.

De este modo, a la espera de una valoración precisa de la superficie afectada, el incendio declarado el pasado jueves en el municipio onubense de Almonaster la Real (aunque también ha afectado a otros colindantes) ha quedado ya controlado, tras arrasar al menos 12.000 hectáreas. De esta superficie, "aproximadamente la mitad correspondían a plantaciones de eucalipto y coníferas".

Así, según ha recordado la organización, "varios miles de vecinos han tenido que ser evacuados y su vida no volverá a ser igual hasta que recuperen su paisaje y su patrimonio natural".

En cuanto a su impacto ambiental, si bien no ha afectado a ninguna zona protegida, las consecuencias para la conservación de la biodiversidad serán "graves". El área calcinada albergaba varias parejas de cigüeña negra, especie incluida en la categoría de 'en peligro de extinción' en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Además, el área quemada era zona de campeo de águila imperial ibérica, también catalogada como 'en peligro', y buitre negro, 'vulnerable'. Destaca también la presencia de búho real, culebrera europea, alcotán europeo, águila real, aguililla calzada o azor común, todas ellas incluidas en el Listado Andaluz de Especies de Protección Especial.

Como han indicado, atrás quedan cuatro intensos días en los que el personal del Infoca ha trabajado duro enfrentándose a unas situaciones muy adversas. Gran parte de los efectivos ya han regresado a sus retenes, pero aún queda trabajando un importante operativo hasta que quede extinguido. A partir de entonces, "será tiempo de hacer balance y comenzar sin dilación un plan de restauración que permita recuperar cuanto antes el patrimonio natural de estos montes andaluces", han concluido.

La Fiscalía se ha opuesto al recurso presentado por la acusación popular contra el archivo del caso de la Casa Ágreda, en el que se ha investigado si hubo irregularidades en la adjudicación del derecho de superficie con opción a compra de este inmueble del siglo XVI a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).

En un escrito fechado el 26 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha interesado la confirmación del auto del Juzgado de Instrucción 9 de Granada que en febrero de este año decretó el archivo y sobreseimiento provisional de la causa, en la que declararon en su día como investigados el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

La Fiscalía comparte la versión del juez respecto a que "en modo alguno" puede existir un delito de tráfico de influencias en este asunto, tampoco en las gestiones previas realizadas por Torres Hurtado y los representantes de la entidad privada AIDE antes de que el que fuera gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, también investigado en esta causa, hiciera la valoración del inmueble.

También coincide con el juez en que el procedimiento escogido para la adjudicación de la Casa Ágreda, situada en el Albaicín, "es acorde con la normativa vigente", en tanto que la ley permite la cesión gratuita de esta clase de inmuebles a entidades privadas sin ánimo de lucro cuyas actividades de interés social se consideren de utilidad pública.

A ello suma que el pliego de condiciones recogía expresamente que el fin que debía darse al inmueble debía ajustarse a su catalogación (Servicio de Interés Público y Social), por lo que descarta la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

Respecto al método utilizado por Lorente para determinar el valor de enajenación del inmueble, matiza que si bien pudo no ser el más idóneo no constituye un delito de prevaricación urbanística.

Mantiene así el fiscal que las irregularidades o disfunciones apreciadas a lo lago de la tramitación del expediente pueden conllevar una ilegalidad administrativa pero no se han visto afectados trámites esenciales ni se aprecia un ejercicio arbitrario de poder que pueda encajar con el delito de prevaricación urbanística.

Por todo ello, se opone al recurso interpuesto por la acusación popular ejercida por el empresario Ramón Arenas e interesa que se mantenga el auto que decretó el archivo de la causa en todos sus términos.

Hoy nos hemos despertado con una noticia que nos ha dejado con la boca abierta. Y es que el Juzgado de Primera Instrucción número 1 de A Coruña ha dictaminado que los herederos de Francisco Franco deben devolver el Pazo de Meirás al Estado. No obstante, la sentencia puede ser recurrida.

Hemos hablado con el abogado de la familia y, efectivamente, nos ha confesado que van a recurrir: "Si, por supuesto vamos a recurrir. Nos vamos a tomar nuestro tiempo en analizar la sentencia, desde el punto jurídico, no puedo estar en más desacuerdo con la sentencia. Es una sentencia que sin perjuicio a analizarla más profundamente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las estancias superiores resuelvan en derecho porque sinceramente estoy muy decepcionado porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable, pero no ha sido así. Esa es mi opinión, pero es mi opinión encontrarse una primera lectura rápida de la sentencia y no quiero decir más en este momento".

Y es que parece ser que esta sentencia no se lo esperaba ningún miembro de la familia: "El Estado siempre ha considerado el pazo como una propiedad suya cuando todos los españoles o a gran parte, o los que no están contaminados ideológicamente, saben que no ha sido así porque el Estado, cuando se destruyó el pazo en el año 78, se olvidó por completo. Cuando lo reconstruyó Carmen Polo se olvidó por completo del pazo y se olvidó que era suyo. Eso es así y el Ayuntamiento de A Coruá le cobró 500.000 pesetas a doña Carmen Polo por la extinción del incendio ¡Caramba! se lo podría haber cobrado al Estado si era suyo. Por tanto, son muchos los argumentos".

Finalmente, el abogado nos ha confesado que los Franco no se han podido reunir todavía con él, pero ya están haciendo todo tipo de gestiones para defender su propiedad: "No, no he tenido tiempo y sin me dejan voy a comer, gracias".

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu ha presidido esta mañana las reuniones de trabajo mantenidas entre el Gobierno de La Rioja y los directores de centros educativos y alcaldes de municipios de La Rioja Alta en la primera de las reuniones para informar del inicio del curso escolar.

En este sentido, la presidenta ha agradecido a la comunidad docente y a los alcaldes "el trabajo fundamental" que están realizando y les ha pedido precaución, serenidad y responsabilidad: "El reto que tenemos por delante es grande pero lo es mucho más nuestro compromiso con el futuro de esta región, en este caso a través de la educación".

Andreu ha estado acompañada por el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, en estos dos primeros encuentros de la ronda que a lo largo de estos días el Gobierno regional va a mantener con los agentes de la Comunidad Educativa de La Rioja para explicar de primera mano el regreso a las aulas en un curso excepcional y marcado por la pandemia del coronavirus. Por ello, estas reuniones incluyen también la presencia de los directores generales de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo, Innovación Educativa, Alberto Abad, y Formación Profesional, Félix Alonso, así como el responsable de la Inspección Médica Educativa, José Ignacio Aguado, y la jefa de Inspección Educativa, Pilar Manero, entre otros representantes de la Consejería.

Estos dos primeros encuentros se han celebrado de forma consecutiva en el salón de actos del IES Rey Don García, en primer lugar con los directores de centros educativos, y a continuación con los alcaldes de municipios de La Rioja Alta. Ambas sesiones han estado marcadas por las medidas de seguridad entre los asistentes, y han discurrido en un clima de cordialidad. En él, tras la presentación del Plan de Contingencia y el marco general para el regreso a las aulas realizado por el Gobierno, tanto los directores de los centros como los alcaldes han compartido sus preocupaciones y propuestas con la presidenta, el consejero y directores generales.

ESFUERZOS FUNDAMENTALES

Durante su intervención, la presidenta Concha Andreu ha recordado que "los efectos propios de la pandemia y de las medidas que adoptamos para frenar su propagación se están haciendo sentir en todos los sectores, pero ninguno de ellos puede hipotecar con tal calado nuestro futuro como la educación, y por eso son tan fundamentales los esfuerzos que estamos haciendo".

Andreu ha agradecido el trabajo y esfuerzos estos meses de la Comunidad Educativa "por saber adaptarse a las difíciles circunstancias y por el trabajo admirable de la propia Consejería de Educación: La Rioja fue la primera Comunidad Autónoma en España en garantizar dispositivos digitales y conexión a red a todos los alumnos con insuficiencia de recursos".

"Ahora nos toca encarar un nuevo curso que llevamos planificando todo el verano. Orientarlo hacia la presencialidad se hacía necesario para un gobierno que apuesta por la igualdad porque la transición abrupta de un modelo presencial a uno online no fue inocua y los defectos académicos que arrastraremos durante años se hicieron más evidentes en los alumnos que pertenecían a familias más desfavorecidas", ha indicado la presidenta, quien ha introducido el Plan de Contingencia de La Rioja, "que supone una enorme inversión de recursos adicionales y tiene por objetivos básicos la creación de entornos escolares saludables y seguros, y la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos.En su conclusión, Andreu ha recalcado ser consciente de que "este plan no es una receta mágica, pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es que nos enfrentamos a lo inédito; que tenemos que ser capaces de adaptarnos a un escenario donde apenas quedan certezas". El Gobierno riojano seguirá la ronda de reuniones con la Comunidad Educativa en el día de mañana en Calahorra y Logroño.

El presidente de la Fundación Víctimas de Terrorismo, Tomás Caballero, ha instado a la "inmediata retirada" de la publicidad de la serie 'Patria' con el actual cartel y que se prohíba su continuación "a través de cualquier medio o soporte publicitario".

Asimismo, ha solicitado que se prohíba cualquier otra campaña de la serie "en términos similares, con expresa advertencia de la imposibilidad de trivializar el terrorismo ni permitir la normalización y aceptación social de la banda terrorista".

"La Fundación considera que determinadas estrategias de comunicación no son aceptables ni lícitas cuando se trata de terrorismo. Parece que el anunciante, HBO, busca de forma deliberada la respuesta del colectivo de las víctimas del terrorismo y de los poderes públicos, y también de la sociedad en general, para lograr una mayor difusión de su producto de forma gratuita", ha criticado en una carta dirigida al responsable de contenido original de la plataforma, Miguel Salvat.

Caballero ha recordado la "indignación" que ha generado este cartel en las víctimas de ETA, para quienes "no todo vale a la hora de promocionar un producto audiovisual con una imagen gráfica y un slogan que en nada se asemejan a lo brillantemente escrito por Fernando Aramburu".

"La publicidad denunciada supone una humillación a las víctimas del terrorismo, al obviar flagrantemente el derecho a la memoria y a un relato justo que la Ley les confiere", ha señalado, para luego calificar a este tipo de publicidad como un "acto de trivialización del terrorismo".

"El derecho a la protección de la dignidad de las víctimas choca frontalmente con la equidistancia que implica el mensaje contenido en la campaña promocional, máxime cuando ésta va a ser contemplada por numerosas víctimas bien de forma directa, bien a través de los medios de comunicación", ha asegurado.

El BNG y el PSdeG han coincidido en trasladar su satisfacción por la sentencia judicial que determina la devolución del Pazo de Meirás al Estado y han apelado a seguir trabajando para "restituir" la memoria histórica y avanzar en "recuperar la dignidad de las víctimas".

En un comunicado, los nacionalistas se congrantulan por el pronunciamiento del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, del que afirman que es "un primer paso para la devolución de este inmueble a los vecinos y al pueblo gallego".

Recuerdan también que, a instancias del BNG en la Diputación de A Coruña con Goretti Sanmartín como vicepresidenta, se promovió la elaboración de un informe "que abría las puertas legales a la reclamación". También afirman que es "necesario proseguir en este camino democrático" para recuperar también la Casa Cornide.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, pone en valor "el innegable compromiso" del Gobierno socialista "con la memoria histórica", aunque apela a seguir trabajando "para avanzar en la construcción de un país que repare la memoria y la dignidad de las víctimas de la dictadura". También aboga, en este sentido, por avanzar para recuperar bienes como la Casa Cornide.

OTRAS REACCIONES

Mientras desde el colectivo los '19 de Meirás', denunciados por la familia Franco tras una protesta en el inmueble en 2017, han calificado de "muy buena noticia" una sentencia que vinculan con "la presión y la lucha incansable durante muchos años de colectivos y activistas de la memoria histórica".

Como ha pedido el BNG, plantean el archivo de la denuncia contra ellos de la que afirman que "hoy tiene menos sentido que nunca". También piden mantener "la lucha" hasta que haya sentencia firme sobre la devolución del inmueble.

En similares términos, se pronuncia la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que considera una "victoria de la democracia y de la justicia social" un fallo "que se consigue después de mucho trabajo de la ciudadanía y de diferentes instituciones".

"Que muestra que todos los días hay que trabajar por el futuro y por la democracia que queremos", añade, instando a seguir haciéndolo para recuperar la Casa Cornide, de A Coruña.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha visitado este miércoles el Monumento Natural de As Catedrais, un "imán turístico para A Mariña" que, a pesar de las circunstancias, recibió desde el 1 de julio más de 153.000 visitantes y mantuvo los turistas en el mes de agosto en niveles de hace un año.

La conselleira ha puesto en valor estos datos positivos teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la pandemia de COVID-19 y su influencia, de modo especial, en el turismo.

Así, ha destacado, el número total de autorizaciones emitidas para visitar el Monumento Natural de As Catedrais en los meses de julio y agosto se situaron en 153.795, un 18,16% menos que en el mismo período del año anterior.

Sin embargo, ha explicado Ángeles Vázquez, el descenso se registró principalmente en el mes de julio, en buena parte por las medidas de restricción al acceso establecidas en la comarca por el brote de COVID-19 de A Mariña. En agosto, sin embargo, las solicitudes fueron prácticamente como las de hace un año.

RICA ALTERNATIVA TURÍSTICA

La conselleira ha considerado esta demanda la "prueba más evidente" de que Galicia y A Mariña "tienen la suerte de ofrecer una rica alternativa turística que permite realizar actividades al aire libre, en espacios abiertos y, por lo tanto, con muchos puntos a favor en este contexto reciente marcado por las precauciones sanitarias que se deben cumplir".

En ese sentido, la responsable de Medio Ambiente ha recordado que, para facilitar las visitas, y que estas se realizasen siguiendo las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, la consellería introdujo una serie de cambios para garantizar el distanciamiento social, como organizar la subida y la bajada al arenal mediante turnos, priorizar la lectura de códigos QR en formato digital, en vez de papel y la recomendación a los visitantes de que circulasen por su derecha.

Por último, la conselleira ha agradecido la labor del dispositivo de trabajadores desplegado por la Xunta, 12 efectivos y un agente medioambiental presente en la zona, que se encargaron de controlar las autorizaciones de acceso, supervisar el aparcamiento y realizar las visitas guiadas; así como de los propios visitantes y turistas que se acercaron a este enclave natural.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apelado este miércoles al "diálogo" con el ocio nocturno, después de que la Asociación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche haya presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para denunciar "el injustificado" cierre del sector en todo el país y que en el caso de la Comunidad Valenciana, se ha establecido por 21 días.

Tras este período, ha explicado Puig, se hará la evaluación correspondiente y "en función de cómo esté la pandemia se tomarán las decisiones, que puede que no afecten toda la Comunidad Valenciana porque es cierto que la evolución de la pandemia no es igual en todos los lugares", ha apuntado.

En todo caso, ha defendido el cierre temporal del ocio nocturno para "frenar la conexión entre personas" con un objetivo común: la lucha contra la Covid-19. "Para la reactivación económica tenemos que frenar la pandemia, para la normalización social y económica tenemos que frenar la pandemia", ha advertido.

El jefe del Consell ha apelado al diálogo y cree que "no es conveniente buscar espacios de confrontación entre salud pública e intereses económicos".

Puig ha asegurado que en absoluto se pretende "estigmatizar" ni ocio nocturno y ni al ocio general. De hecho, "se ha hecho por parte de muchas empresas un trabajo muy positivo de adecuación a esta situación", ha valorado. No obstante, "en un momento determinado de agosto era necesario tomar decisiones porque estábamos en un aumento muy considerable de contagios y había que tomar medidas que frenaran de alguna manera la conexión entre las personas", ha argumentado.

Abengoa ha explicado que toda política de remuneraciones del consejo de administración, que incluye al consejero ejecutivo, ha sido aprobada por la junta general de accionistas, como es preceptivo, y que la celebrada en junio de 2019 aprobó una modificación de esta política para incluir un Plan de Incentivos a Largo Plazo 2019-2024 (New MIP I).

Según ha precisado la compañía en un comunicado, en este Plan no se contempla ningún incentivo a largo plazo para los miembros del consejo salvo para aquellos consejeros que desempeñen funciones ejecutivas, caso del presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo.

Así, Urquijo participa en dicho Plan de Incentivo "que vincula al consejero ejecutivo y al equipo directivo clave de Abengoa (hasta un máximo de 25 directivos) con la creación de valor para la sociedad".

El devengo de las percepciones previstas para este nuevo plan se establece en acciones, repartiéndose el importe íntegro del mismo entre acciones de Abengoa (Clase A) y acciones de Abenewco1.

Las condiciones para la percepción de este incentivo van ligadas a la revalorización, de un lado, de Abengoa S.A. y, de otro, de la deuda SOM, tal y como se recoge pormenorizadamente en dicha política de remuneraciones.

En ambos casos, para alcanzar el máximo del Plan se exigía como mínimo una revaloración muy significativa (de más de cinco veces del valor de la SOM) "que no se da en este momento", según precisa Abengoa.

El vencimiento del plan tendrá lugar el 31 de diciembre de 2024, salvo que se produzca un evento de liquidez que aceleraría el vencimiento del mismo.

En este sentido, no se dan, como consecuencia de la operación en curso, ninguno de los eventos de liquidez que se contemplan en la política (toma de control por un tercero con más del 50% de Abenewco1, admisión a negociación de las acciones de Abenewco1 o de Abenewco 2 bis), aclara la compañía.

Abengoa sale así al paso de la información difundida por la plataforma de accionistas Abengoshares, según la cual el consejo de administración de Abengoa se embolsaría un total de 58 millones de euros en acciones de la nueva Abengoa (Abenewco1) si culmina con éxito su plan de reestructuración en virtud del plan de incentivos del máximo órgano de gobierno.

Esta plataforma, que agrupa a más de 1.000 ahorradores y sus familias y que representa, según sus datos, más del 10% del capital social de la compañía, indican que para cobrar ahora dicho bonus el consejo necesita una conversión anticipada de los bonos que no resultaban convertibles antes del 2022.

Según la tesis de estos accionistas, para salvar dicha situación, el consejo habría colocado a Abengoa S.A. en situación de 'default', facilitando su conversión anticipada y "actuando bajo un claro y censurable conflicto de interés".

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha calificado de muy etérea la propuesta del expresidente Carles Puigdemont de iniciar una confrontación inteligente con el Estado y ha advertido: "Si iniciamos una confrontación con el Estado en las condiciones actuales iremos a perder, y nosotros lo que queremos es ganar".

"Si queremos resultados diferentes deberemos prepararnos mejor", ha añadido en una entrevista de Europa Press, y ha concretado que lo más inteligente es internacionalizar más el objetivo, sentarse en todas las mesas para dialogar, ganar elecciones y trabajar incansablemente

Junqueras respeta la propuesta de Puigdemont y está dispuesto a debatirla, pero ve imprescindible concretar lo que se plantea: "¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se hará?".

MESA DE DIÁLOGO ES "SIT AND TALK"

Ha defendido aprovechar la actual mesa Gobierno-Generalitat, para apostar por el diálogo y para constatar ante el mundo que existe un conflicto: "Nuestros conciudadanos y conciudadanas reclamaban diálogo y 'sit and talk', ¿no?".

Pero reclama ir más allá: "Tienen que pasar cosas y el PSOE se tiene que mover porque la paciencia no es infinita".

Además, advierte de que no apoyarían los Presupuestos (PGE) si el Gobierno de PSOE y de Podemos --concreta-- "se siente cómodo haciendo sólo propuestas a la derecha. Si es así, seguro que no encontrará a ERC. Los votos de ERC nunca serán gratis", aunque dice que habrá que valorar todos los escenarios.

ELECCIONES: CONSENSUAR

Ha reiterado que el presidente Quim Torra es quien debe convocar elecciones, pero que deberían acordarlo los socios del Govern, ya que, con la situación judicial y política, "puede ser que no dependa de la voluntad única del Govern convocar o no".

"Por eso es tan importante sentarse y consensuar los escenarios que vendrán, teniendo en cuenta la pandemia y la decisión del Supremo" sobre la posible inhabilitación de Torra.

"En todo caso, visto con perspectiva, parece evidente que no fue la mejor decisión anunciar unas elecciones en enero", según él, porque no haberlas convocado aún tras anunciarlo Torra debilita a las instituciones, al independentismo y a Cataluña.

SÓLO ERC PUEDE CAPTAR MÁS VOTO

Junqueras ve como candidato al vicepresidente y 'número 3' de ERC, Pere Aragonès, aunque recuerda que lo decidirán unas primarias, y está "convencido de que el independentismo volverá a sacar un gran resultado".

Considera positivo que no haya candidaturas independentistas unitarias, porque "está demostrado que una única candidatura independentista sumaría menos que candidaturas diversas".

Sí ha defendido compartir estrategias, y también conseguir votantes a los que no se ha llegado, logro que puede conseguir ERC, "el único que aún es permeable a ganar simpatías por personas que aún no son independentistas".

UN GOVERN LO MÁS AMPLIO POSIBLE

Cree que todo el proyecto se debilitará "si alguien trata de ganar una carrera electoral atacando" a otros independentistas; y no ha querido valorar la tensión PDeCAT-JxCat, pero desea que el centroderecha se reorganice cuanto antes, porque no sobra ningún voto.

Junqueras desea también sumar al máximo en el próximo Ejecutivo tras las elecciones: "Nos gustaría un Govern amplio. Contar con todos en la medida de lo posible. JxCat, comuns y CUP. Pero la realidad es que habrá que ver cómo queda el espacio después", y ha repetido que nunca será con el PSC, mientras que ve contradicciones en los comuns.

"NOS TIENEN MIEDO"

Respecto a su situación y la del resto de condenados por el 1-O, considera que no está habiendo justicia, sino venganza: "Nos quieren encerrados y callados porque nos tienen miedo", y ha reiterado que la justicia llegará cuando el caso llegue a Europa.

También ha criticado al TS ante la posible inhabilitación de Torra, lo que consideraría un escándalo democrático: "Del Supremo se puede esperar de todo menos justicia, incluso que inhabiliten a un presidente de la Generalitat por una pancarta".

Sobre el caso que afecta a Juan Carlos I, es "reticente a creer que habrá justicia", y ha asegurado que la aspiración de ERC no es una república para toda España, sino para Cataluña, aunque apoyarían un referéndum sobre monarquía o república si surge la propuesta.

Marcos Lechet, sordo desde los 5 años, entregará este jueves en el Ministerio de Sanidad las más de 70.000 firmas que ha recogido solicitando la homologación de mascarillas transparentes que permitan la lectura labial, a través de una campaña en Change.org ('https://bit.ly/3jBMlMP') iniciada el pasado 7 de agosto. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, le recibirá tras el registro de las firmas.

"Me llamo Marcos, soy sordo y desde hace unas semanas me siento completamente aislado. Hasta ahora, para comunicarme con otras personas, leía sus labios, pero de repente me he encontrado con que todo el mundo los lleva cubiertos por una mascarilla. Mi médico, los cajeros de mi supermercado... y lo que es más duro: mi familia y mis amigos. Hace tiempo que no puedo entender lo que dicen. Y como yo, las miles de personas sordas o con problemas de audición en España", reza su petición.

Si bien, Lechet explica que "la buena noticia es que tiene solución: existen mascarillas inclusivas que son igual de efectivas que las comunes". "Simplemente tienen incorporada una ventana transparente que nos permite leer los labios", explica, pero añade que también hay una "mala noticia": "que el Ministerio de Sanidad todavía no las ha homologado, lo que nos deja totalmente incomunicados".

A su juicio, las mascarillas "deben ser una barrera para los virus, no una barrera en la comunicación para personas sordas o con pérdidas de audición. Hasta la fecha, ha reunido más de 77.000 apoyos.

El impulsor de la recogida de firmas entiende que la homologación necesita sus tiempos: "Es comprensible que al principio del todo no contaran aún con la homologación, la evolución del COVID ha sido imprevisible para todos y homologar requiere sus pasos". Pero cree que de eso ya ha pasado el tiempo suficiente como para haber puesto en marcha la homologación: "Esa excusa ya no nos vale. Ya llevamos meses de obligatoriedad de uso de mascarillas y seguimos igual".

De hecho, recuerda que el hecho de que en algunas comunidades autónomas haya homologaciones en proceso no es suficiente. "No puede depender de cada comunidad, necesitamos que en toda España haya una mascarilla transparente homologada y lo necesitamos ya", exige.

OTROS COLECTIVOS SE BENEFICIARÍAN

En cualquier caso, Lechet asegura que las personas con problemas de audición no son el único colectivo que se beneficiaría de esta homologación. En su petición, han publicado comentarios muchas personas que explican por qué para ellas también supondría una mejora.

Es el caso de una trabajadora de un comercio, que asegura que muchas personas de las que atiende no la comprenden bien desde que no la ven gesticular, especialmente personas mayores. O de una madre que habla de las dificultades que supone para su hijo con Trastorno del Espectro Autista mantener una sesión de logopedia "a través de una pantalla de ordenador". A la gente que depende de terapias o logopedas para hacer su vida un poco más fácil, una mascarilla así les ayudaría mucho y les facilitaría las cosas", señala.

También han sumado su apoyo a la petición algunos profesionales que trabajan con personas sordas y cuentan que han visto cómo muchas se sienten aisladas y algunas de ellas incluso han perdido sus empleos debido a la imposibilidad de comunicarse desde que es obligatorio el uso de mascarillas.

EL MINISTERIO LO ESTÁ VALORANDO

Según informa Change.org, el viernes pasado el ministro Illa aseguró a Lechet que desde el Ministerio están valorando esta petición. "Pero las personas que necesitamos estas mascarillas no podemos esperar más", lamenta el impulsor de la campaña.

Este martes, Marcos Lechet avisó al Ministerio de Sanidad de la entrega de sus firmas en el registro y solicitó mantener una reunión con el ministro de Sanidad. Salvador Illa aceptó su petición y mantendrá un encuentro con Lechet después del registro de sus firmas.

El Servicio balear de Epidemiología ha informado este miércoles que Baleares suma 326 nuevos positivos por COVID-19, por lo que el total acumulado en las Islas desde el inicio de la pandemia se sitúa en 8.770 casos.

Así lo ha comunicado la Conselleria de Salud en un comunicado de prensa, en el que se indica que el archipiélago no ha registrado nuevos fallecimientos en las últimas horas y, por tanto, el acumulado en Baleares es de 244 personas muertas a causa del coronavirus.

Siguiendo con los criterios de contabilización del Ministerio de Sanidad, --que excluyen las 105 serologías positivas anteriores al 11 de mayo-- el Servicio balear de Epidemiología ha notificado 8.665 casos en las Islas al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Por otra parte, también se ha comunicado que este miércoles hay 297 nuevas altas en la comunidad, sumando así un total de 6.289 verificaciones de personas que han superado la enfermedad en el archipiélago.

Estos datos suponen que en la comunidad hay 2.237 casos de COVID-19 activos, 29 más que este martes.

SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES DE LAS ISLAS

De acuerdo con la Conselleria, en estos momentos el Servicio de Salud atiende 6.606 personas por contagio de SARS-CoV-2. De estas, 341 reciben atención hospitalaria, 56 en la UCI y 6.262 en primaria. Entre estos casos se incluyen personas con infección superada.

En Mallorca hay 297 personas hospitalizadas (26 por causas sociales, no clínicas, y 51 pacientes en unidades de cuidados intensivos). Además, 5.484 personas están en el domicilio donde reciben atención por parte del servicio de atención primaria.

En Menorca hay seis personas ingresadas, una de ellas en UCI, y otras 162 están en el domicilio atendidas por parte de Primaria; mientras que en Ibiza son 38 las personas hospitalizadas (cuatro en UCI). Además, en las Pitiusas hay 616 casos confirmados seguidos en el domicilio.

En cuanto a los profesionales sanitarios, hay 367 en vigilancia y 174 con contagio activo. En total, se han notificado 508 casos entre el personal sanitario desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, los laboratorios de los hospitales públicos de la comunidad han llevado a cabo 257.032 pruebas diagnósticas. En total son 205.685 PCR, 8.230 tests rápidos de anticuerpos y 43.117 serologías.

La familia Franco recurrirá la sentencia dada a conocer este miércoles por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que ordena la devolución del Pazo de Meirás al Estado, al que declara propietario del Inmueble.

Según su abogado, Luis Felipe Utrera, la resolución adolece de errores y evita rebatir los argumentos fundamentales esgrimidos por la familia del dictador para retener la posesión. No obstante, entiende que los Franco no deben abandonar el inmueble hasta que haya una resolución judicial firme.

En declaraciones a Europa Press, el letrado ha señalado su intención de recurrir pese a admitir que aún le falta realizar un estudio pormenorizado de la resolución, que tiene 400 páginas, y que además de ordenar la devolución del pazo dictamina que los Franco no deben ser indemnizados por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

"Desde el punto de vista jurídico, no puedo estar más en desacuerdo con la sentencia, que a falta de una lectura en profundidad parece que evita rebatir los argumentos fundamentales de la contestación a la demanda -ha afirmado el abogado-. A veces uno piensa que ni siquiera se ha leído la contestación a la demanda." A su juicio, la resolución es "técnicamente deficiente".

Utrera también critica que la resolución de por probados todos los hechos contenidos en un libro sobre el Pazo de Meirás escrito dos militantes del Bloque Nacionalista Gallego que declararon claramente su antifranquismo. "Evidentemente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las instancias superiores resuelvan en derecho", ha añadido.

El letrado ha dicho sentirse "muy decepcionado" porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable "pero no ha sido así", según ha manifestado, para añadir que la familia no se esperaba esta respuesta por parte de la Justicia.

Según Utrera el Estado siempre ha considerado el pazo como propiedad suya,"cuando todos los españoles o la mayor parte, o los que no están contaminados políticamente saben que no ha sido así".

Ha apuntado que cuando la propiedad fue destruida en el año 78 el Estado se olvidó totalmente de ella, y Meirás fue reconstruido por Carmen Franco. "En ese momento no se acordó que era suyo", ha señalado, tras recordar que el Ayuntamiento La Coruña le cobró quinientas mil pesetas a doña Carmen Polo por la extinción del incendio.

En el procedimiento, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

DECISIÓN DE LA JUEZ

La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

En relación a este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo "del Caudillo" para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado", añade respaldando los argumentos de los demandantes y rechazando los de la parte demandada.

Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, "no se comparten", dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación "no arroja dudas", pues todos se refieren "al caudillo".

"El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista, Manuela Esteban Collantes y Sandoval, ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra", se subraya en la resolución.

INCORPORADO DE "MALA FE"

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio --restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble-- la magistrada entiende que no cabe, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco de "mala fe".

Esa mala fe, argumenta, se materializa "cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe do Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno".

Recuerda además la jueza que el Estado asumió todo los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que "el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo", argumento defendido por las partes demandantes.

Canarias registra este miércoles 246 casos positivos nuevos por coronavirus, lo que eleva la cifra de acumulados desde que se inició la pandemia hasta 7.571, según el balance de datos que cada día hace público la Consejería de Sanidad.

En total, los casos activos ascienden a 4.558, de los que 34 se encuentran en camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) --uno más que ayer--, 172 están hospitalizados en planta y el resto, 4.352, están en aislamiento domiciliario.

Según los datos del departamento, se trata de 132 casos activos más que en la jornada de ayer al contabilizarse 113 altas --suman ya 2.838-- y un fallecido, en la isla de Gran Canaria, lo que aumenta la cifra de óbitos en las islas hasta 175.

De los casos registrados este miércoles, 156 corresponden a la isla de Gran Canaria, 21 a Tenerife, 45 a Lanzarote, 18 a Fuerteventura y seis a La Palma.

Por islas, Gran Canaria encabeza la incidencia de la pandemia con 4.018 casos acumulados, 3.125 activos y 48 muertos, seguida de Tenerife, que suma 2.435 casos, de los que 816 son activos, y con 114 fallecidos.

En Lanzarote se alcanzan los 609 positivos acumulados, más 435 casos activos y siete fallecidos; en Fuerteventura, 303 acumulados y 110 activos y en La Palma, 146 acumulados y 26 activos.

Las islas con menor intensidad del coronavirus, El Hierro y La Gomera, no han registrado nuevos casos, y cuentan con 41 acumulados y 38 activos y otros 19 y 8, respectivamente.

Hasta ahora, en el archipiélago se han realizado 258.677 pruebas PCR con un porcentaje de positivos del 3,7%.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha pedido que la UE unifique los criterios para determinar las zonas de riesgo sobre el coronavirus y decidir las medidas al respecto, de manera que se eviten medidas unilaterales de los países que perjudiquen la libre circulación de personas dentro del territorio comunitario.

En estos momentos, ha dicho Montserrat durante un diálogo en el Parlamento Europeo con la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, Andrea Ammon, hay un solo mapa de zonas rojas, naranjas y amarillas elaborado por este centro, si bien hay 27 respuestas diferentes que están provocando "desorientación, incertidumbre e inseguridad" a los ciudadanos europeos, a los trabajadores, a los sectores empresariales, a los estudiantes y a las familias.

Por ello, Montserrat ha pedido "valentía" ante la nueva realidad que estamos viviendo para que Europa lidere la coordinación en la respuesta al virus, porque, a su juicio, se necesitan unos criterios europeos con el fin de evitar la descoordinación en materia de seguridad sanitaria y también para evitar la discriminación de la libre circulación de los ciudadanos entre los estados de la UE.

Montserrat también ha preguntado a Ammon por los datos que se reciben del gobierno español y ha recordado las importantes diferencias existentes entre los datos de fallecidos registrados por el Instituto Carlos III, que cifra los fallecidos en España en 46.000, o el INE (que menciona 50.000 fallecidos), y los datos comunicados por el gobierno, que los cifra en 29.000.

"Necesitamos armonización y veracidad en las estadísticas y la recolección de los datos", ha pedido Dolors Montserrat a la Comisión Europea y al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades al respecto, "porque los españoles merecemos saber la verdad y porque solo con los datos reales podremos luchar mejor ante la pandemia".

La escritora Sara Mesa aborda en la novela 'Un amor' (Anagrama) una descripción de un viaje interior en una atmósfera perturbadora y asfixiante que "confronta al lector con los límites de su propia moral".

Según ha explicado la autora en rueda de prensa este miércoles, la novela narra la historia de Nat, una joven traductora que decide mudarse al campo por motivos económicos y termina enfrentándose tanto con sus vecinos, como consigo misma y sus propios fracasos.

La novela está escrita desde el punto de vista de Nat, pero en tercera persona, un recurso que, según Mesa, ha posibilitado que se introdujera en la cabeza del personaje con "la distancia y la frialdad" necesarias para la narrativa.

'Un amor' describe a una comunidad "muy cerrada y claustrofóbica", y la enfrenta con el individuo, un tema recurrente en la obra de Mesa, según ha explicado.

A pesar de lo que sugiere el título, la novela no es romántica, y la autora ha remarcado que la palabra "amor" no aparece en ningún momento en sus 185 páginas.

UNA PESADILLA

Para Mesa, la atmósfera inquietante del libro remite al mundo de los sueños, sobre todo por la forma en la que la trama se enreda y por su clima, que de alguna forma anuncia que "algo va a pasar".

Además, Mesa ha explicado que es una novela "implícitamente muy violenta", parcialmente inspirada en una de sus pesadillas más recurrentes, en la que presencia cómo un desconocido irrumpe en su casa.

"Es una novela que párrafo a párrafo va introduciendo una especie de incomodidad", ha explicado la directora editorial de Anagrama, Silvia Sesé, y la ha descrito como fulgurante y llena de intensidad, pese a su brevedad.

UN TRABAJO DE CUATRO AÑOS

Se trata de una novela en la que la autora ha trabajado cuatro años: "Le he dado muchas vueltas, a veces de forma justificada y otras de forma absurda", ha explicado, pero ha dicho sentirse satisfecha con la versión que presenta ahora que, a su juicio, es más fina que las anteriores.

Durante el proceso de escritura, Mesa hizo un parón para escribir 'Cara de pan' (Anagrama, 2018), una novela "mucho más clara y amable", que le sirvió para desintoxicarse de la ambigüedad de 'Un amor', ha explicado.

LA HIGHSMITH DE SEVILLA

Sesé ha descrito a Mesa como "la Patricia Highsmith de Sevilla", sobre todo por su retrato de un personaje díscolo y por la atmósfera que describe.

También ha asegurado que la considera una de las escritoras "esenciales" del catálogo de Anagrama y de la narrativa en España, y ha explicado que la novela ya tiene contratadas cuatro traducciones: al inglés, al francés, al alemán y al holandés.

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana está a la espera de que la Abogacía del Estado emita un informe sobre cómo actuar en los casos en los que los padres decidan no llevar a sus hijos al colegio por temor al contagio de la Covid-19. Se trata de un documento solicitado por el Ministerio, de acuerdo con la petición "unánime" de los consejeros de las CCAA.

Así lo ha avanzado el conseller de Educación, Vicent Marzà, tras visitar las instalaciones del CEIP Mare Nostrum de València, junto al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, para conocer las medidas que el centro ha puesto en práctica para adaptar el plan de contingencia elaborado por la comunidad educativa durante el verano.

Según Marzà, es "legítimo tener miedo" en una situación como la actual, llena de "incertidumbres" pero ha garantizado que los niños estarán más seguros dentro de los centros educativos que en muchos espacios de fuera.

Frente al miedo, el titular de Educación ha abogado por hacer "pedagogía". El protocolo existente hasta la fecha ante el absentismo escolar, ha explicado Marzà, está pensado para circunstancias ordinarias, que nada tiene que ver con la pandemia, en aquellos casos en los que no se lleva a los menores a clase, para que "no queden desatendidos".

La nueva situación sin embargo, requiere una respuesta por parte de la Abogacía del Estado y mucha "pedagogía", ha apuntado.

GUÍA ANTE LA COVID EN LAS AULAS

Además, Marzà ha avanzado que una guía elaborada por Salud Pública marcará el protocolo a seguir ante la aparición de uno, dos o más casos de Covid-19 en un centro educativo y resolverá la manera de gestionar supuestos prácticos como por ejemplo qué hacer con los hermanos de un caso positivo en un aula.

Esta guía, trabajada en la Conselleria de Sanidad y validada por el Ministerio, será remitida a todos los centros de la región esta misma tarde. La Comunidad Valenciana se convierte así en una de las primeras CCAA con una guía para la gestión de casos específicos.

Marzà ha explicado que serán las autoridades sanitarias en cada caso, las que decidirán sobre el cierre de aulas o centros, en concreto, será el centro de salud de referencia el que evaluará y determinará las personas a aislar de su entorno. En el caso de que un aula tenga que hacer cuarentena, sus clases tendrán continuidad telemática durante esos 14 días.

En todo caso, el conseller ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, dado que, como ha recordado, "en otros países donde han reabierto las aulas, solo el 5% de los centros ha sufrido algún cierre tras detectar algún positivo y casi todos los contagios se han producido fuera del centro", ha remarcado.

Para Marzà, "los centros educativos son un factor más de detección que de contagios". "Volver a los centros es más seguro para las familias porque la detección y la PCR será inmediata, tal y como ha asegurado Salud Pública", ha resaltado.

En este sentido, el conseller de Educación ha querido agradecer a los docentes el "esfuerzo ingente, su compromiso y el trabajo" que han realizado durante el verano para hacer de los centros educativos un lugar lo más seguro posible. "Se han dejado la piel" y ahora "los centros educativos son más seguros y organizados que espacios de fuera", ha garantizado. Y la primera semana de 'vuelta al cole' habrá también mucho trabajo, sobre todo a la hora de asumir rutinas, ha augurado.

Como ejemplo de este trabajo, Marzà ha destacado la labor que se ha realizado en el CEIP Mare Nostrum para adaptarse al plan de contingencia. "Son un ejemplo de que es posible organizar los centros de forma segura y saludable", ha resaltado.

Tal y como ha explicado la directora del centro, Sole Salcedo, se han marcado itinerarios de entrada y salida, hay paneles informativos con las normas de higiene y seguridad; se ha dividido el patio en siete zonas para que cada grupo ocupe siempre la misma, en dos turnos de recreo; una hoja a la entrada de los baños funciona a modo de semáforo, hay que apuntarse cuando se entra; se toma la temperatura al entrar; se pautan los lavados de mano, así como el acceso al centro por cuatro puertas diferentes; se mantienen grupos burbuja en aula y comedor; y se han habilitado aulas como la de música para grupos enteros.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha querido agradecer este "sobreesfuerzo" de la comunidad educativa para garantizar un curso "esencialmente presencial" y ha insistido en que aunque el riesgo cero no existe, gracias al trabajo de la comunidad educativa "los niños van a ser los grandes aliados frente a la pandemia".

Puig cree que el cambio de hábitos en los colegios como consecuencia de la Covid-19 será exportado por los niños fuera con esa "pedagogía" e "impregnará a toda la sociedad de esa autoprotección que necesita".

"BUEN MOMENTO PARA BUSCAR FÓRMULAS DE CONCILIACIÓN"

En cuanto a los mecanismos para que los padres y madres puedan quedarse al cargo de hijos en cuarentena por la Covid-19, Ximo Puig ha querido dejar claro depende de los ministerios articular los permisos correspondientes pero cree que "es un buen momento en defensa de la familia y de la conciliación" para "buscar formas más fáciles par ala ciudadanía y más comprometidas con esa conciliación".

No solo está el Covid, ha apuntado, "hay otras enfermedades que en momentos determinados también producen una situación de estas características", ha argumentado.

Kreab ha incorporado al periodista Antonio San José como nuevo Partner de la compañía para reforzar su equipo directivo con un perfil de sólida trayectoria en la comunicación corporativa y el periodismo español, como señala la consultora de comunicación en un comunicado.

Antonio San José ha recibido los premios Ondas y Antena de Oro por su labor como periodista. Ha sido director de informativos de algunas de las principales cadenas de radio y televisión en España (RTVE, A3TV, Canal Plus y CNN+) y ha ejercido como dircom de AENA, Banco Popular y Azvalor Asset Management, entre otros.

Kreab Worlwide destaca que la incorporación de Antonio San José seproduce además en una etapa de gran crecimiento y expansión de la compañía y su papel como Partner será precisamente impulsar el posicionamiento de Kreab como consultora de referencia en España.

De este modo, señala que la incorporación de San José tendrá un enfoque transversal apoyando principalmente el área de comunicación corporativa, la gestión de crisis y la Kreab Academy. Esta última ofrece un servicio integral de formación para líderes con herramientas para la transformación digital centrada en la formación de portavoces, liderazgo, gestión de crisis y habilidades digitales.

"Con esta incorporación, Kreab demuestra que quiere seguir creciendo con unos buenos pilares basados en la experiencia y el talento y Antonio San José es un buen ejemplo de ello. Su exhaustivo conocimiento de los medios de comunicación, principalmente audiovisuales, y de la comunicación corporativa nos aportan una visión muy importante para seguir creciendo", ha afirmado el presidente & CEO Kreab Iberia, Latam y Marruecos, Eugenio Martínez Bravo.

Es una gran satisfacción para mí incorporarme a Kreab, que constituye un prestigioso referente internacional en el mundo de la comunicación. Después de una dilatada trayectoria profesional me ilusiona mucho poner toda mi experiencia al servicio de un proyecto, liderado en España por Eugenio Martínez Bravo, que integra a los mejores especialistas en las áreas de Comunicación Corporativa, Financiera, Digital, Comunicación Interna, Asuntos Públicos, Reputación y Sostenibilidad", ha añadido por su parte Antonio San José.

Así, San José se une al equipo de Kreab liderado por Eugenio Martínez Bravo, Presidente & CEO Kreab Iberia, Latam y Marruecos - Executive Vice Presidente Kreab Worldwide, acompañado en Kreab España por Carmen Basagoiti como Managing Partner; Jaime Olmos, Deputy Managing Partner y la Directora de la oficina de Barcelona, Cristina Fontgivell.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha planteado la posibilidad de legislar para que los padres puedan cuidar de sus hijos en caso de que tengan que guardar cuarenta si se da el caso de que "no hay cobertura adecuada".

"Si en el desarrollo del curso escolar se dieran cincunstancias que no tienen una cobertura adecuada se legislaría aquellas circunstancias para que todo el mundo pueda guardar la cuarentena cuando sea indicada, podamos mantener seguros los colegios y que todo sea compatible con mantener el trabajo y puedan conciliarlo con su vida familiar", ha afirmado la ministra en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.

"Si los instrumentos no fueran suficientes, se procedería a otras iniciativas conjuntamente con otras administraciones para promover esa conciliación", ha precisado al ser preguntada al respecto sobre esta cuestión.

La propia Montero señaló este martes que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en Covid-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida.

En el caso de que el niño sea negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo indicó que el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo.

En todo caso, recordó que el Ministerio de Trabajo puso en marcha el programa 'Me Cuida', que permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, "y que permita acompasar esa necesidad de cuidados a esa situación de flexibilidad laboral".

El plan 'Me Cuida', que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

Sin embargo, este miércoles, poco antes de la comparecencia de la ministra, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha garantizado en una entrevista que los padres con hijos en cuarenta y PCR negativa podrán cobrar también la baja por incapacidad temporal y que la medida se pondrá en marcha de "forma inminente" al avanzar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja para garantizar una incapacidad temporal que "reconozca al menos el 75 por ciento de las cotizaciones sociales" para estos casos. Preguntad apor este extremo, Montero ha afirmado que "no ha escuchado" este planteamiento.

"Si Iglesias está adelantado que el Ministerio de Trabajo ya está preparando borradores en estas cuestiones pues bievenido sea pero esto es lo que actualente está vigente, con independencia de atender situaciones sobrevenidas a lo largo de la pandemia como ha dicho la ministra Celaá, la ministra de Trabajo, el vicepresidente, yo misma y el propio presidente", ha zanjado.

ACCIÓN DEL EJECUTIVO EN CASO DE QUE SEA NECESARIO

Montero ha recordado que la baja laboral "es fruto de una actuación médica facultativa" y que será "el facultativo quien, dependiendo de la situación epidemiológica o caso concreto decidirá si hay una baja laboral o si la persona que lo solicita tiene que ser vía baja laboral o hay que recurrir al Plan 'Me Cuida'", que permite una reducción del 100% de la jornada (sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello.

"Estamos trabajando para que los centros escolares sean seguros con todos los protocolos y recomendaciones. Si se diera alguna circunstancia que requiera la acción del Ejecutivo, así se haría", ha apostillado.