El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha citado este martes la Ley de Salud Pública y el real decreto ley de nueva normalidad, aparte del estado de alarma, para poder intervenir sanitariamente la Comunidad de Madrid ya que, en sus palabras, "evidentemente, algo más hay que hacer, eso no lo discute nadie"

"La palabra intervenir me produce un resquemor. Me gusta más colaborar, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. El espíritu, palabras y comportamientos eran de leal colaboración por parte de todos", ha añadido en una entrevista a 'La Sexta'.

José Manuel Franco, quien ha indicado que si la Comunidad "se resiste" a tomar más medidas y los datos sanitarias continúan igual, el Ejecutivo central "actuará en consecuencia". "El Gobierno de España no pide más acciones por capricho, sino porque tiene datos", ha afirmado.

Según ha expuesto el también secretario del PSOE de Madrid, el Gobierno de España se ha puesto a disposición del regional, "no para fiscalizar. "Las competencias sanitarias están en manos de la Comunidad. El Gobierno de España respeta las competencias pero pide un paso más, porque es evidente que hay que hacer algo más. Si el Gobierno quisiera imponer, ya lo hubiese hecho. El Gobierno quiere colaborar, quiere ayudar", ha apuntado.

Franco considera que necesita más rastreadores y que Atención Primaria lleva "desatendida desde hace mucho tiempo", pero que ahora "la sociedad está pidiendo es que seamos capaces de colaborar las administraciones". "Si vamos a colaborar todos, seamos serios, no juguemos con los datos ni hagamos partidismo con ellos", ha apostillado.

Preguntado por la posibilidad de presentar una moción de censura contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, Franco el delegado ha dicho que "no es momento" para ello. "El Gobierno de Ayuso se merece una moción, pero cada cosa a su tiempo. Hay esa necesidad política, pero ahora la única preocupación de todos es la lucha contra la pandemia. Lo que queremos es mejorar el Gobierno, que haya en Madrid un gobierno a la altura de las circunstancias", ha reiterado.

"ENTIENDO LA FRUSTRACIÓN DE LOS DISTRITOS MALTRATADOS"

En otro entrevista este mediodía en 'RNE' , el representante del Gobierno central en Madrid, ha insistido en que espera que en la reunión de esta tarde entre los Ejecutivos central y autonómico haya avances. "Los madrileños quieren certezas y espíritu de colaboración, no incertidumbres. Hay una mezcla de miedo y crispación en Madrid y tenemos la obligación de paliar ambas", ha recalcado.

José Manuel Franco también ha señalado que "entiende la frustración" de los vecinos que viven en las zonas sanitarias con restricciones. "Humanamente los entiendo porque son distritos históricamente maltratados, que necesitan planes de desarrollo, no solo policías, sino atención sociosanitaria y planes concretos. Pero quiero hacer un llamamiento a esos vecinos que muestran su enfado a que colaboren para superar la pandemia. Cuando la pasemos será el momento de reivindicar esos derechos", ha destacado.

Por último, el líder de los socialistas madrileños ha indicado que la oposición política madrileña "está haciendo un gran ejercicio de responsabilidad, aparcando las enormes diferencias políticas que tiene con este Gobierno".

"Es el momento de trabajar unidos, siendo conscientes de que quizás la Comunidad no está actuando debidamente. Está tomando medidas a espaldas de muchos ayuntamientos y creo que habría que contar con la administraciones más próxima a los individuos, que son los ayuntamientos", ha apostillado.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo que confirma la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra es "excesiva" y cree que es necesario medir las cosas "de otra manera, teniendo en cuenta el contexto actual no solo en Cataluña, sino en todo el Estado" porque cree que "lo necesario es el diálogo y la voluntad de acuerdo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Urkullu ha sido preguntado por la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, conocida este pasado lunes, de confirmar la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia.

EL Lehendakari ha explicado que ayer por la tarde le escribió un mensaje en el que le mandó un abrazo y ha recordado que ha mantenido con Torra un relación personal. "Él vino a Ajuria Enea y estuvimos reunidos, y también tenemos relación con muchos consejeros de la Generalitat. Lo que a él le afecta, también afecta a la Generalitat. Por lo tanto, le mandé un abrazo", ha explicado.

El lehendakari cree que es una decisión "excesiva" y ha recordado que Torra reconoció que hizo caso omiso a los requerimientos de la Junta Electoral, pero cree que hay que tener en cuenta que fue algo que ocurrió en campaña electoral. "Creo que una decisión así es desmesurada", ha defendido.

Para Urkullu es necesario medir las cosas "de otra manera, teniendo en cuenta el contexto actual no solo en Cataluña, sino en todo el Estado". "Creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo especial, y digo todos, no solo los que estamos en los gobiernos, sino también partidos políticos, agentes e instituciones, y pensar que aquí lo necesario es el diálogo y la voluntad de acuerdo", ha reiterado.

El 25% del personal civil de la Administración General del Estado (AGE), sin incluir el personal de las Fuerzas Armadas ni los Cuerpos de Seguridad del Estado, se había acogido hasta agosto a la modalidad del trabajo no presencial (teletrabajo), según datos facilitados por CSIF.

Así lo ha señalado el sindicato en una nota, que destaca que el trabajo no presencial ya es una realidad en la AGE, coincidiendo con la aprobación en el Consejo de Ministros este martes de la regulación básica del teletrabajo en las administraciones públicas.

El sindicato destaca que el acuerdo y el cambio normativo aprobado mejorará las condiciones laborales y favorecerá la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de los empleados públicos de toda España, tanto personal funcionario como laboral, así como una mejora de los servicios públicos.

En este sentido, espera que el nuevo derecho desarrolle cuanto antes en el conjunto de las administraciones, si bien recuerda que el trabajo no presencial ya es una realidad en la Administración General del Estado, donde se empezó a aplicar de manera pionera desde el pasado mes de junio, mediante una resolución, aunque ya desde mayo se empezó a priorizar el teletrabajo.

Según datos facilitados a CSIF, hasta agosto ya se habían acogido al mismo la cuarta parte del personal civil de esta administración, sin incluir el personal de las Fuerzas Armadas ni de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, de un total de 175.463 personas, 43.464 han decidido acogerse a la modalidad no presencial para el cuidado de menores de 14 años, por tener a su cargo a mayores, dependientes o personas discapacitadas, o simplemente en virtud de este nuevo derecho que permite al conjunto de la plantilla desarrollar el teletrabajo al menos un día a la semana, en función de las necesidades del departamento y las características del puesto.

DENUNCIA APLICACIÓN "RESTRICTIVA" EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS

CSIF valora de manera positiva esta primera experiencia, si bien considera que se debe mejorar su aplicación en los diferentes departamentos, garantizando la homogeneidad en las medidas aplicadas.

Según CSIF, se da la circunstancia de que algunos departamentos (Hacienda, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cultura y Deporte o Política Territorial y Función Pública) están aplicando la resolución "de manera restrictiva, denegando solicitudes sin la debida justificación, por motivos organizativos o de necesidades de servicios.

Con la regulación aprobada este martes, CSIF subraya que el teletrabajo tendrá carácter voluntario, reversible y sin coste para el trabajador puesto que la Administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para su actividad y las administraciones públicas tendrán 6 meses para adaptarse a esta premisa.

Además, el personal que preste sus servicios mediante el teletrabajo tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal. A partir de esta nueva regulación básica del teletrabajo, el resto de las administraciones podrán desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo.

Así, se combinará la el trabajo presencial y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la atención presencial a la ciudadanía.

El PSOE, Unidas Podemos y los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, han impedido este martes que el próximo Pleno del Congreso debata la petición del PP para que las Cortes investiguen la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha denunciado en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha reclamado, sin éxito, incluir su iniciativa en el orden del día el Pleno de la semana del 12 de octubre.

Gamarra ha defendido que "tiene todo el sentido" que una Comisión Mixta del Congreso y el Senado investigue qué ha hecho el Gobierno para que España sea "el país con peores datos del mundo" respecto al Covid-19.

EN EL SENADO ASÍ, PERO PARA HABLAR DE LAS CCAA Y AYUNTAMIENTOS

Según ha explicado, el PSOE ha negado que la actuación del Gobierno haya sido "negligente" y ha adelantado que lo que sí se debatirá en el Senado, y previsiblemente saldrá adelante, será la creación de una comisión de evaluación, también de carácter mixto, pero que se centrará en analizar la gestión que han hecho las comunidades y los ayuntamientos.

Gamarra ha acusado al PSOE de pretender "usar las Cámaras" para fiscalizar la labor de comunidades y ayuntamientos cuando, a su juicio, esto debería de ser objeto de análisis, en su caso, por parte de las asambleas regionales y los propios consistorios.

"Las Cámaras tienen que analizar la labor del Gobierno de España porque tiene competencias en materia sanitaria", ha incidido la portavoz del Grupo Popular, quien ha cargado contra el PSOE, Unidas Podemos y sus socios por "blindar" la gestión del Ejecutivo en esta materia impidiendo que sea sometida al control parlamentario.

Cs APOYA AL PP

De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha explicado que su formación ha apoyado al PP en su petición de debatir la creación de esa comisión en el próximo Pleno, aunque, a su juicio, lo mejor sería que fuera una comisión de expertos la que fiscalizara la actuación del Ejecutivo.

"El Gobierno ha cometido muchos errores y hace falta estudiarlos, pero no para encontrar culpables, sino soluciones", ha comentado Bal, remarcando que es necesario detectar qué es lo que se ha hecho mal para mejorar la gestión de la segunda ola del Covid-19 y, en la medida de lo posible, evitar una tercera.

El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo aseguró en una conversación con el abogado Javier Iglesias que data de febrero de 2017 que la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más gastos" por los encargos que realizó para el PP.

Precisamente en un informe de la Fiscalía Anticorrupción se constata que el comisario ya realizó trabajos previos a la operación Kitchen para la formación 'popular'. Concretamente, en julio de 2009 Cospedal le ofreció al policía realizar "encargos puntuales" para el partido y que se habrían traducido en chivatazos relacionados con la operación Brugal y Gürtel.

En la conversación con Iglesias, Villarejo se lamenta de que Cospedal ya no quiera verle porque en los últimos encuentros entre ambos le ha reclamado ese dinero, aunque apunta que la conexión entre ambos sigue abierta por medio del marido de ella, 'el Polla' --así denomina a Ignacio López del Hierro--.

"Yo hace ya una semana o diez días hablé con El Polla, eh María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta, y le creo una situación, y le dije tía 100.000 pavos más los gastos que he tenido más tal, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo, y ya no quiere verme", explica Villarejo.

Con todo, añade que sigue quedando para tomar café con López del Hierro, y asegura que en una de esas conversaciones le transmite que a pesar de que no quiere líos, no se quedará de brazos cruzados mientras le aniquilan.

En otra conversación extraída de un archivo de audio requsado al comisario en 2018, Villarejo charla con el empresario Adrián de la Joya y con José Luis Olivera --en aquel momento director del CITCO-- sobre esos 100.000 euros que le debería Cospedal, y explica que le pone excusas para no quedar con él.

Añade que cuando se reúne con su marido, ella le telefonea y le pasa el terminal. "¿Cómo estás? ¿Cómo tal?... para que no le 'chicharree' o yo que sé, como si eso ya fuera, como si sirviera para algo...", indica el comisario.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, espera que en la reunión que esta tarde mantiene el Grupo COVID-19, compuesto por miembros del Ejecutivo central y de la Comunidad de Madrid, se llegue a un acuerdo para que la región adopte medidas "más decididas y contundentes" para frenar la transmisión del coronavirus.

Montero se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, mantuvieran una reunión sin llegar a un acuerdo, ya que desde el Gobierno se pide cerrar Madrid y ampliar las restricciones impuestas a las 45 zonas básicas de salud a todos los municipios con una incidencia de más de 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes.

Unos consejos que, por ahora, no han sido aceptados por el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, por lo que, tal y como ha señalado Montero, se espera que en la reunión de esta tarde, o en las próximas, se alcance el acuerdo necesario para que Madrid lleve a cabo las tareas que desde el Gobierno central creen que son "imprescindibles" para controlar la pandemia.

"El Gobierno confía en que las reuniones sirvan para avanzar en las medidas, las cuales tienen que ser más decisivas, contundentes y más ejecutivas, ya que toda la comunidad científica y los expertos lo están reclamado", ha dicho Montero.

No obstante, y a pesar de que no ha querido responder a si el Gobierno descarta, o no, una intervención sobre Madrid, la portavoz ha avisado de que el Ejecutivo va "paso a paso" y midiendo los resultados y datos epidemiológicos cada día.

"Hay que dar una oportunidad al diálogo. Nuestra voluntad es que a la mayor brevedad posible se adopten esas medidas que, por unanimidad, la comunidad científica considera imprescindible para volver a doblegar la curva", ha aseverado la ministra de Hacienda.

Finalmente, Montero ha instado a los partidos políticos a "abandonar las luchas partidistas" y ha insistido en que el Gobierno tiene la "mano tendida" al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid para que aplique las medidas necesarias para frenar la pandemia. Todos tenemos que remar en la misma dirección para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que todos no estamos ocupando en proteger su salud", ha zanjado.

La reserva hidráulica ha perdido esta semana 428 hectómetros cúbicos, lo que supone el 0,8 por ciento del total, y se sitúa en el 46,5 por ciento de su capacidad, a pesar de que las lluvias afectaron a ambas vertientes, aunque en menor medida a la Mediterránea, según datos del Ministerio para la Transición Ecológia y Reto Demográfico, que precisa que los embalses guardan 25.868 hectómetros cúbicos de agua.

Esta semana, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias fueron abundantes en la vertiente Atlántica mientras que afectaron en menor medida a la vertiente Mediterránea. En concreto, la precipitación máxima se ha recogido en San Sebastián, con 120,9 litros por metro cuadrado.

Por ámbitos, la reserva se encuentra al 69,9 por ciento en Cantábrico Oriental; al 64,7 por ciento en Cantábrico Occidental; al 54,8 por ciento en Miño-Sil; al 56,6 por ciento, en Galicia costa; al 66,7 por ciento en las cuencas internas del País Vasco y al 59,9 por ciento, el Duero.

Además, la cuenca del Tajo está al 46,4 por ciento; Guadiana, al 30,9 por ciento; Tinto, Odiel y Piedras, al 62 por ciento; Guadalete-Barbate, al 37,4 por ciento; Guadalquivir, al 31,5 por ciento; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 44,6 por ciento; Segura, al 39,1 por ciento; Júcar, al 47,6 por ciento; Ebro, al 61,7 por ciento, y las cuencas internas de Cataluña, al 84,5 por ciento.

Pese al descenso acumulado en las últimas semanas hasta situarse por debajo de la mitad de su capacidad, los embalses guardan en esta semana un 9,6 por ciento más agua que en las mismas fechas del año pasado, aunque guardan un 15,2 por ciento menos agua que la media de los últimos diez años.

Amazon Prime Video ha anunciado este martes un nuevo programa de comedia Amazon Original que presentará el actor, escritor, director y productor Santiago Segura ('Padre no hay más que uno', 'Torrente').

Según ha dado a conocer la plataforma, en este concurso, Segura retará a 10 famosos humoristas españoles para ver quién puede mantenerse serio y al mismo tiempo intentar hacer reír a sus oponentes en una competición por un premio de 100.000 euros que podrá donar a una organización benéfica de su elección.

De este modo, la compañía ha indicado que 'LOL: Si te ríes, pierdes' se estrenará el próximo año 2021 en exclusiva en Amazon Prime Video, y estará disponible en más de 240 países y territorios.

En sus seis episodios, la nueva producción seguirá al grupo de cómicos mientras compiten por ser el último en reírse. Cada concursante --aún por anunciar-- se caracteriza por diversos estilos de comedia: desde el stand-up, el mundo de la interpretación, el espectáculo o el entorno digital, entre otros.

"Me llena de orgullo y satisfacción que un servicio con el prestigio, la categoría y las 'posibilidades' de Amazon Prime Video haya pensado en mí para presentar este indescriptible programa de comedia. No sé si estoy capacitado, pero el contrato ya está firmado", ha declarado Santiago Segura.

La jefa de Amazon Originals España, María José Rodríguez, ha afirmado que están "encantados de anunciar esta nueva y gran apuesta". "Es un lujo poder contar con Santiago Segura, un gran actor y creador, sin duda, una pieza clave en la escena actual de la comedia española", ha comentado.

"Estamos ante un formato muy novedoso en España, y creemos que a los miembros Prime les encantará ver a Santiago y al resto de participantes probando sus límites con tal de derrotar a sus oponentes", ha subrayado.

"Esta es la primera vez que nuestros cómicos se enfrentan a un desafío como este: hacer reír a los demás mientras, al mismo tiempo, intentan controlar su propia risa. Para nosotros es un honor desarrollar este formato Amazon Original en España y contribuir a exportar el mejor talento español a todo el mundo", afirma Miguel Martín, showrunner de Endemol Shine Iberia.

'LOL: Si te ríes, pierdes' está producido por Endemol Shine Iberia (una compañía Banijay) y cuenta con Miguel Martín como showrunner. Esta nueva producción es una adaptación del programa japonés Amazon Original, Hitoshi Matsumoto Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto que lidera a diez cómicos en una "batalla de risas" a puerta cerrada; un formato que ha sido replicado en exclusiva para Prime Video en México (presentado por Eugenio Derbez) y Australia (presentado por Rebel Wilson).

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley de medidas que permiten a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, posibilitando así la el contrato de unos 10.000 profesionales sanitarios.

En concreto, el texto, como así lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, recoge la posibilidad de que se pueda contratar a aquellos profesionales que, cuentan con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero carecen del título de especialista reconocido en España, para realizar funciones propias de una especialidad.

Por lo tanto, se podrá contratar, a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2019/2020, que han superado la puntuación mínima pero no han resultado adjudicatarios de plaza. También se podrá contratar a los profesionales sanitarios que cuenten con un título de especialista obtenido en un Estado no miembro de la Unión Europea, siempre que el Comité de Evaluación haya emitido el informe-propuesta regulado en el artículo art. 8.b), c) o d) del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril.

El texto normativo recoge también que el contrato que se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta doce meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses. El periodo de servicios prestado será tenido en cuenta para el reconocimiento de efectos profesionales del título de especialista.

PRESTACIÓN EXCEPCIONAL DE SERVICIOS

Por otro lado, el real decreto-ley establece la prestación excepcional y transitoria de servicios del personal médico y de Enfermería estatutario, laboral y funcionario. Así, que las comunidades autónomas podrán destinar el personal estatutario de Enfermería y médico facultativo especialista de área de cualquier especialidad, dentro de su centro hospitalario, a unidades asistenciales de otra especialidad distinta de la suya cuando el número de profesionales de dichas unidades no sea suficiente, como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

El objetivo, prestar atención sanitaria a los pacientes de dichas áreas, siempre que quede garantizada la asistencia sanitaria de sus unidades asistenciales de origen. Además, cada comunidad autónoma podrá acordar que el personal de Enfermería y médico especialista estatutario que preste servicios en centros hospitalarios pase a hacerlo en los centros de Atención Primaria de su área de influencia con el objetivo de reforzarla y siempre que, como en el caso anterior, quede garantizada la atención sanitaria en sus unidades de origen.

Las comunidades autónomas también podrán destinar al personal estatutario de la categoría de Enfermería, médico/a o pediatra de Atención Primaria, de forma excepcional y transitoria, a prestar servicios en sus hospitales de referencia o a hospitales de campaña, si las necesidades lo demandan.

Respecto al personal funcionario autonómico o laboral que preste su actividad en establecimientos sanitarios de carácter público podrá ser destinado a cualquier dispositivo asistencial del Sistema Nacional de Salud.

Una de las disposiciones finales del documento establece, por otro lado, que el acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual de carácter nacional y que las personas que participen en las pruebas selectivas deberán hacer los trámites correspondientes a través de medios electrónicos, lo que incluye la presentación de solicitudes, aportación de documentación y pago de tasas, así como la fase de adjudicación de plaza.

EN TORNO A 10.000 PROFESIONALES FACULTATIVOS

En concreto, en el ámbito de la Medicina son 4.557 los profesionales que realizaron las pruebas selectivas de FSE de la convocatoria 2019/2020 que no tienen plaza. Otras titulaciones que optaban a perfiles facultativos fueron Psicología con 2.802 profesionales, Farmacia con 917 profesionales, Biología con 557, Química con 161 y Física con 93.

Por otro lado, el número de profesionales extracomunitarios que se pueden contratar con esta nueva medida asciende a 234, 153 se encuentran pendientes de realización de prácticas profesionales, 81 pendientes de realización de formación complementaria y 282 pendientes de la superación de una prueba teórico-práctica.

El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto ley que incluye la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo para en torno a 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con las principales organizaciones sindicales del sector público.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado que se trata de una "norma pionera" que regula una nueva forma de organización y estructuración en las administraciones públicas con el fin de prestar el "mejor servicio y los intereses generales" y asegurar su funcionamiento.

En concreto, ha indicado que supone la modificación del artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, añadiendo el 47 bis, y será aplicable a todos los empleados públicos, en torno a 2,5 millones de trabajadores públicos, de todas las administraciones publicas del país, si bien cada comunidad autónoma procederá al desarrollo normativo que considere oportuno, para lo que disponen de seis meses.

Darias ha explicado que el pasado 11 de junio, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública se acordó impulsar la reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales relativas al teletrabajo, al ser "absolutamente necesario" ya que hasta ahora era una modalidad pero no tenía una regulación legal.

Tras agradecer la predisposición y el trabajo de sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Darias ha subrayado que la nueva norma permite seguir avanzando hacia "una Administración pública del siglo XXI" que forma parte de una de las diez políticas palancas del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que ultima el Gobierno y un "punto de inflexión" en los cambios organizativos y la mejora de la prestación de servicios públicos.

VOLUNTARIO, REVERSIBLE Y LIGADO A LA NORMA DE CADA ADMINISTRACIÓN

El acuerdo supondrá tramitar la inclusión de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, del tal manera que el personal de todas las administraciones públicas contará con unas bases comunes para aportar seguridad jurídica a la prestación de trabajo mediante teletrabajo, que tendrá carácter voluntario y reversible, ha indicado Darias, salvo en supuestos excepcionales.

El texto que se incorpora en el Estatuto Básico regula con carácter general la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, como una modalidad organizativa, "fomentando así el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la administración digital".

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

También establece que será requisito previo la valoración del carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

LA MODALIDAD ORDINARIA SEGUIRÁ SIENDO LA PRESENCIAL

Por otro lado, dice que la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta, sino que será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad. Darias ha apuntado que la modalidad ordinaria de trabajo seguirá siendo la presencial.

El texto apunta que se define el teletrabajo como aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse fuera de las dependencias de la Administración y se establece expresamente que, en todo caso, esta modalidad deberá contribuir a una mejor organización laboral a través de la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

La utilización del teletrabajo deberá ir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio, y también se establece expresamente que la utilización de esta modalidad de trabajo debe ser "expresamente autorizada".

Los funcionarios que teletrabajen tendrán los mismos deberes y derechos que el resto y la Administración deberá proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. También se garantiza el derecho a la intimidad o desconexión digital.

Por último, el texto señala que el desempeño del teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública, "siendo objeto de negociación colectiva en cada ámbito", y que las administraciones públicas que lo requieran podrán disponer de un periodo de seis meses para adaptar la regulación del teletrabajo en su ámbito competencial.

Este acuerdo servirá de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y deberá desarrollarse sectorial y territorialmente a través de la negociación colectiva.

La ley aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros para el ámbito privado establecía que el trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. En el ámbito privado, los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley para pedir al Gobierno una mejora de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas que se refleje ya en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de Vox (el proponente) y los votos de PP y Ciudadanos; además de la abstención de Unidas Podemos y del PSOE, que ha asegurado que la situación de los militares es "prioridad" para el Gobierno pero ha acusado al partido de Santiago Abascal de intentar "patrimonializar" las Fuerzas Armadas.

El debate sobre los sueldos de los militares ha llegado al Congreso poco más de una semana después de la manifestación convocada por las asociaciones ATME y UMT que reunió a dos centenares de personas frente al Parlamento en defensa de unas retribuciones "justas".

El acuerdo alcanzado entre Vox, PP y Ciudadanos pide al Gobierno un avance hacia la equiparación salarial de las Fuerzas Armadas con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y compromisos claros como la eliminación de la pérdida retributiva del personal en la reserva o un aumento de los complementos, además de incluir ya un aumento de las retribuciones en el próximo proyecto de Presupuestos.

Por su parte, la diputada del PSOE Ana Botella ha asegurado que el compromiso de su grupo parlamentario con los militares es "inequívoco", pero cree que el "único objetivo" de Vox es "sembrar la semilla den enfrentamiento" entre militares y fuerzas de seguridad y también con el Gobierno.

ENFERMOS O FALLECIDOS EN BALMIS, ACTO DE SERVICIO

La Comisión de Defensa también ha dado el visto bueno a una proposición de Ciudadanos para que los militares que participaron en actividades de lucha contra el coronavirus y enfermaron o fallecieron como consecuencia de la pandemia sean reconocidos como acto de servicio.

Además, ha obtenido apoyo de la Cámara un iniciativa de Unidas Podemos para "mejorar la capacitación" de los miembros de las Fuerzas Armadas para mejorar su intervención en situaciones como la provocada por el Covid-19, "a la vista de los resultados obtenidos y de las lecciones aprendidas en la operación Balmis".

RECHAZADA UNA PRÓRROGA DE LOS 45 AÑOS

La proposición no de ley que no ha logrado salir adelante ha sido una presentada por el PP para prorrogar la salida de militares de tropa y marinería que deben dejar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años. Su propuesta buscaba alargar durante dos años su estancia en los Ejércitos o la Armada hasta que el Ministerio de Defensa ponga en marcha las medidas de formación y salida al mercado laboral civil que contempla la ley.

El resto de grupos parlamentarios han acusado sin embargo a los 'populares' de proponer un "parche" que no soluciona el problema. "Tiene que proponer una ley nueva, el problema es que la ley no funciona", ha respondido el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez, a la vez que el representante de Vox, Agustín Rosety, ha acusado al PP de intentar "contentar a todos" sin resolver el problema de fondo.

Por su parte, la diputada del PSOE Zaida Cantera ha advertido de que la medida del PP conllevaría un gasto de 15 millones de euros durante su primer año de aplicación y 40 millones el segundo, por lo que los socialistas apuestan por seguir trabajando en las estrategias de formación y orientación laboral. "Es un asunto que nos seguirá ocupando y preocupando", ha asegurado.

El PSOE, Unidas Podemos y los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, han impedido este martes que el próximo Pleno del Congreso debata la petición del PP para que las Cortes investiguen la gestión que ha hecho el Gobierno de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha denunciado en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha reclamado, sin éxito, incluir su iniciativa en el orden del día el Pleno de la semana del 12 de octubre.

Gamarra ha defendido que "tiene todo el sentido" que una Comisión Mixta del Congreso y el Senado investigue qué ha hecho el Gobierno para que España sea "el país con peores datos del mundo" respecto al Covid-19.

EN EL SENADO ASÍ, PERO PARA HABLAR DE LAS CCAA Y AYUNTAMIENTOS

Según ha explicado, el PSOE ha negado que la actuación del Gobierno haya sido "negligente" y ha adelantado que lo que sí se debatirá en el Senado, y previsiblemente saldrá adelante, será la creación de una comisión de evaluación, también de carácter mixto, pero que se centrará en analizar la gestión que han hecho las comunidades y los ayuntamientos.

Gamarra ha acusado al PSOE de pretender "usar las Cámaras" para fiscalizar la labor de comunidades y ayuntamientos cuando, a su juicio, esto debería de ser objeto de análisis, en su caso, por parte de las asambleas regionales y los propios consistorios.

"Las Cámaras tienen que analizar la labor del Gobierno de España porque tiene competencias en materia sanitaria", ha incidido la portavoz del Grupo Popular, quien ha cargado contra el PSOE, Unidas Podemos y sus socios por "blindar" la gestión del Ejecutivo en esta materia impidiendo que sea sometida al control parlamentario.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha urgido este martes a la Generalitat a convocar elecciones autonómicas cuanto antes para que se pueda abrir en Cataluña "un nuevo tiempo político", tras confirmarse la inhabilitación del ya expresidente catalán Quim Torra.

Además, ha asegurado que, mientras, el Ejecutivo va a seguir apostando por la "vía del reencuentro y del diálogo", con la "mano tendida" y dispuesto a volver a reunir la mesa de diálogo con el Gobierno catalán que se creó en febrero, y que sólo pudo mantener un primer encuentro, antes de la pandemia.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces, Lastra ha recordado que el propio Torra ya "dijo en enero que la legislatura estaba agotada". "Creemos que ya es hora de llamar a los ciudadanos a las urnas", ha defendido, antes de criticar que "parece que ahora quiere alargar un poco más la legislatura".

Eso sí, la dirigente socialista ha asegurado que más allá de reclamar elecciones, el Gobierno y el PSOE siguen "con la mano tendida". De hecho, ha señalado que por su parte, llevan "varios meses tendiendo la mano al Gobierno catalán", esperando a que aceptaran fijar una fecha para volver a reunirla mesa de diálogo.

"Al final no pudo ser así, pero no por falta de voluntad del Gobierno", ha reafirmado. "Nos hemos puesto en contacto en los últimos meses con la Generalitat para poner en marcha esa mesa y no obtuvimos respuesta. Nosotros seguimos con la mano tendida", ha insistido.

Y sobre la inhabilitación de Torra, ha reconocido que "no era una sorpresa para nadie, ni para él mismo, y ha defendido que "en democracia la ley se cumple". "Es algo que no se discute y nadie, especialmente aquellos que ostentamos cargos de representación y posiciones de poder, estamos por encima de la ley", ha remarcado.

El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo señaló en febrero de 2017, en una conversación con el abogado Javier Iglesias, que siguió en 2014 una línea de investigación para "descabezar" a los independentistas en Cataluña, pero que se truncó porque podía verse afectado el rey emérito por unas transferencias a la cuenta 'Soleado'.

Según la transcripción realizada por Asuntos Internos en el marco de la pieza 7 de la causa 'Tándem', Villarejo supo que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy estaba interesado en esa línea para aplacar a los independentistas pero, añade, "la bloqueó el tonto del Félix Sanz" -entonces director del CNI- y le dio instrucciones al jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas para que "la boicoteara".

"Al parecer -había- transferencias a Soleado, macho pues eso no tiene importancia, coges a Soleado lo quitas de ahí, al otro, al Emérito (ininteligible) no sé qué y ya está, pero claro, la operación para descabezar Cataluña, todos los hijos de puta independentistas, que no se haga para no molestar a tal, me parece muy grave, y yo por eso lo puse en su día en la nota", señala Villarejo.

Al hilo, indica que con la información que se podía obtener de Andorra, y con lo que él tenía del banco Andbanc, "se acaba la independencia de Cataluña, se acaba el lío" porque de las 10.000 cuentas que asegura que existen allí de españoles, "4.000 son de españoles catalanes".

En otra conversación posterior, ésta mantenida con el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, insiste Villarejo en que "había una línea del Andbanc de 2014 que se apartó porque el loco este del CNI y Marcelino decidieron que podía afectar a alguien importante".

En la conversación con Iglesias, Villarejo sostiene además que hubo denuncias "muy complicadas" al respecto porque "hablaban de sociedades y de cuentas del rey" que estaban siendo investigadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Y añade que toda la información recabada sobre el emérito era enviada por el Sepblac al entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Villarejo indica que desconoce qué hacía con esa información el exministro, y apunta que quizá se estaba "blindando".

ASEGURA QUE EL CNI PAGÓ LA LUNA DE MIEL DE FELIPE VI

"Y qué casualidad que a los mismos tíos que yo denuncio, a los pocos meses son los que hacen un informe sobre mi, coño que cosas, ¿no?", añade. Villarejo mantiene esta conversación con Iglesias en 2017 cuando pretende acabar con lo que él entiende como una campaña de hostigamiento hacia su persona por parte del director de CNI.

En ese contexto, el comisario saca a relucir en la misma conversación que una sociedad vinculada al CNI fue la que pagó un millón de euros para cubrir la luna de miel de Felipe VI y Letizia. "Claro, paga un millón de euros --que es lo que-- cuesta el viaje de novios eh, (...) a través de una sociedad que la maneja el CNI", indica.

El ya expresidente de la Generalitat Quim Torra ha llamado este martes al Gobierno del PSOE-Unidas Podemos y a todos los partidos catalanes, no sólo los independentistas, a apoyar una ley de amnistía "para los presos políticos y para los 2.850 represaliados".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar este martes a los presos independentistas en la cárcel de Lledoners (Barcelona), en su primer acto desde que ya no está al frente de la presidencia de la Generalitat al haber sido inhabilitado por el Tribunal Supremo.

"Emplazo al Gobierno, tras 11 meses del gobierno más progresista de la historia, a resolver el conflicto catalán, y esto pasa por la amnistía y el derecho a la autodeterminación", ha recalcado Torra, destacando que es la única solución posible para salir lo que, a su juicio, ha sido hasta ahora un callejón sin salida.

Para Torra, todos los partidos que consideren que están en juego derechos fundamentales deberían apoyar una ley de amnistía: "Ya está bien que España sea siempre la excepción en lo relativo al respeto a los derechos fundamentales", ha exclamado.

Por ello, ha insistido en que la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán debe poner "por escrito" en el orden del día que abordará el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía.

"Pese a todo lo que nos pasa, estamos en esta mesa de negociación, pero para hablar de autodeterminación y amnistía. Queremos verlo por escrito. Ya basta de fotos y reuniones inútiles en que se quiere escenificar un presunto diálogo", ha recalcado.

Al preguntársele si él debe seguir formando parte de la mesa de diálogo, ha asegurado que esta cuestión lo decidirán sus "compañeros".

El ya expresidente de la Generalitat Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condena a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia.

Según el recurso, consultado por Europa Press, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, pide como medida cautelar que se suspenda la inhabilitación para evitar un "daño irreparable".

El Supremo confirmó este lunes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificando que desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019.

Boye invoca la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo ya que la sentencia supone el cese de quien tiene la más alta representación de la Generalitat y dirige la acción del Gobierno, y que conlleva asimismo "el cese de todo su Gobierno".

Critica el fraude constitucional, en sus palabras, para "no solo de corregir la acción política del presidente de la Generalitat, sino con el objetivo claro de derrocar al Gobierno de la Generalitat por razón de las manifestaciones políticas de su presidente en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión".

"MEDIOS NO DEMOCRÁTICOS"

El abogado de Torra recuerda en el recurso, en este sentido, "que esta es la segunda vez en menos de tres años que se pretende el derrocamiento del Gobierno de la Generalitat, con su presidente a la cabeza, por medios no democráticos".

Boye critica la utilización de la Junta Electoral Central "como ariete partidista contra determinadas opciones políticas que vienen obteniendo amplio respaldo electoral de los ciudadanos de Catalunya", citando otros ejemplos de sus actuaciones como intentar impedir la candidatura de Carles Puigdemont.

"MINORÍAS NACIONALES"

Para Torra, el delito de desobediencia por el que ha sido condenado "se ha convertido en un verdadero tipo penal de hostigamiento contra las minorías nacionales que, democráticamente, por su peso electoral, acceden a posiciones institucionales".

Boye recalca además que la sentencia condena a Torra a inhabilitación para cargos públicos electivos de ámbito europeo, lo que supone "una restricción del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, y también del derecho reconocido por el artículo 39.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

Torra considera en su recurso de amparo que ha habido vulneración del derecho a la libertad de expresión, en relación con el derecho a la libertad ideológica, así como a la representación política, y vuelve a invocar que actuaba protegido por la inviolabilidad parlamentaria.

Asevera que como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a la libertad de expresión: "Ni su condición de diputado, ni su condición de presidente de la Generalitat, pueden suponer en modo alguno menoscabo de ese derecho".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Añade que mostrar, en el balcón del Palau de la Generalitat, sede de la Presidencia de la Generalitat, una pancarta reclamando la libertad, no es una actividad administrativa, sino que responde al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y recuerda que dicho balcón "ha sido lugar privilegiado, históricamente habilitado, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

En el recurso se considera que se han vulnerado derechos fundamentales de Torra como el derecho a la tutela judicial efectiva ya que ha habido por ejemplo una "irregular composición" de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y que ha habido falta de imparcialidad y neutralidad política judicial.

Ha vuelto a alegar que el magistrado instructor de las actuaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a quien Torra recusó pero le fue desestimado, no ha sido imparcial, y recuerda que durante el juicio no se le trató con la distinción que le correspondía como presidente de la Generalitat, 'Muy Honorable'.

Además, puntualiza que "pasa de no tratarle ni una sola vez como Muy Honorable President o President a hacerlo en 71 ocasiones a lo largo de la sentencia".

También Boye recuerda el argumento esgrimido en el juicio en el TSJC de la Junta Electoral Central no era competente para dictar la orden de retirar los símbolos al presidente de la Generalitat según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"No existe ningún precepto, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, atributivo de competencia alguna a la Junta Electoral Central, que permitiera a aquel órgano dirigir órdenes o instrucciones obligatorias al recurrente", ha insistido.

El 40% de las mujeres han sufrido una situación de acoso físico o verbal mientras se desplazaban de día por Barcelona, frente al 24% de los hombres, según el estudio 'Movilidad desde una perspectiva de género en Barcelona' de Racc y Zurich Seguros.

En un comunicado este martes, han explicado que el estudio se basa en 1.500 encuestas y 17.000 observaciones de comportamiento en hora punta en el bus y el Metro, y concluye que "las mujeres sufren más incidentes que los hombres y que estos tienen más frecuencia durante el día".

En relación a los hábitos de desplazamiento, las mujeres utilizan más el transporte público que los hombres, que hacen un mayor uso del vehículos privados: en ambos casos coinciden en que el coche es el modo de transporte más seguro (un 77% de los hombre y el 81% de las mujeres).

De día, el 62% de las mujeres declaran que se desplazan a pie, aunque de noche solo lo hacen el 35%, aunque el uso de la coche y la moto entre mujeres aumenta por la noche hasta el 40%, cuando de día solo lo usan el 28%.

El uso del taxi aumenta de forma sustancial durante la noche en ambos casos hasta llegar al 40% en las mujeres y el 24% en los hombres (frente al 2% y el 3% durante el día, respectivamente), según el informe.

Sobre la percepción de seguridad personal, el 68% de las mujeres asegura que ha cambiado de modo de transporte al menos en una ocasión por motivos de seguridad persona, frente al 37% de los hombres que lo han hecho.

Para el 56% de las mujeres la seguridad personal es un factor que influye mucho cuando deciden en qué modo de transporte se desplazan, frente al 29% de los hombres, y ambos coinciden en que el vehículo privado genera más seguridad que el resto de opciones (74% de los hombres y 69% de las mujeres).

MÁS SANCIONES A AGRESORES

El 89% de las mujeres procuran ir acompañadas por las noches, frente el 55% de los hombres, y casi la mitad de las mujeres (47%) hablan por teléfono para sentirse seguras, algo que solo hacen el 11% de los hombres.

En este sentido, más del 75% de las mujeres creen necesarias más sanciones para los que agreden (85% de las mujeres); más personal de seguridad en el Metro (82%), y mejora del alumbrado público (79%).

La diputada de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha rechazado la continuidad de la mesa de diálogo sobre Cataluña tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y a asegurad que Junts y ERC "no pteden sdeguir trabajando" en esa mesa o negociando los Presupuestos cuando "la política del gobierno es sistemáticamente la represión".

En declaraciones en el Congreso, Mireia Vehí ha señalado que esa mesa de diálogo, que fue la condición que ERC puso al PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez, sólo ha dado dos resultados: "Una foto (de la primera y única reunión) y un presidente inhabilitado (Quim Torra).

A su juicio, "no se entendería que ERC y Junts siguieran trabajando en una mesa que no tenga más fin que la amnistía y la autodeterminación", y ve insuficiente tanto los indultos, que sólo son una "solución individual", como la reforma del delito de sedición.

La diputada anticapitalista se ha quejado también de que "la justicia española es muy dura con los de abajo", como en Cataluña, en Vallecas o en los desahucios, y en cambio "es muy débil con los de arriba", en referencia al caso Bankia o el rey emérito.

El chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, apunta en una conversación privada con el comisario jubilado en prisión José Manuel Jiménez Villarejo a la existencia de viajes en avión pagados por la trama 'Gürtel' al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y añade que dicha información podría ser utilizada para "joder al barbas", en alusión al también presidente el PP.

Esta alusión aparece en el sumario de la 'Operación Kitchen', que es una de las piezas del macrosumario 'Tándem' por las actividades presuntamente irregulares de Villarejo.

El que fuera chófer de Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, hablaba con Villarejo porque éste le había captado para que espiara y robara documentos al matrimonio Bárcenas dentro de un operativo parapolicial que según la investigación judicial fue creado para evitar que dicha información desfavorable para el PP llegara a la Audiencia Nacional.

En concreto, Ríos le dice que el comisario también investigado en esta causa Andrés Gómez Gordo, al que se refiere como 'andy', le preguntó si creía que había algo "que puede joder al barbas".

"Y yo lo vi, lo que yo vi, que éstos lo vieron y por eso se le pusieron los labios... que es lo que se le devolvió a la señora que es lo de los viajes de avión, que lo paga el Correa", añade, en alusión a Francisco Correa líder de la 'Gürtel'.

Villarejo le responde si algún medio de comunicación dispone de dicha información, a lo que Ríos responde negativamente añadiendo que quien pagó los citados vuelos fue una de las empresas de la trama. "Lo pagó Specialevents, te lo digo", asegura el chófer al comisario hoy en prisión.

Posteriormente, Ríos alude al uso de un helicóptero en Sevilla, si bien Villarejo le apunta que eso se enmarca en la campaña de 2004, cuando "todavía era Aznar el que mandaba", si bien concluyen que en todo caso Rajoy era entonces el candidato.

El Gobierno ha creado un nuevo supuesto para acceder a la condición de consumidor vulnerable y, con ello, ampliar la protección a aquellas personas afectadas por la pandemia provocada por el Covid-19, dándoles acceso al bono social eléctrico hasta el próximo 31 de julio de 2021, informaron en fuentes del Gobierno.

Este supuesto sustituye y amplía la medida que, con carácter excepcional, permitía solicitar el bono social, como consumidor vulnerable, a los trabajadores autónomos que hubieran cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y a los autónomos que vieron reducida su facturación en, al menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

El resto de supuestos de acceso al bono social, para consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social, permanecen vigentes y cualquier usuario, en cualquier momento, puede solicitarlo, presentando la documentación acreditativa que corresponda.

Así, serán considerados consumidores vulnerables, condición que da acceso a un descuento directo en el recibo de la luz del 25%, aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos.

DESEMPLEO, ERTE O VER REDUCIDA SU JORNADA LABORAL O INGRESOS.

Entre ellos figuran los de encontrarse en situación de desempleo, Expediente de regulación Temporal de Empleo (ERTE), o haber vista reducida su jornada laboral por motivo de cuidados o afrontar otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, en el caso de ser empresario.

También tendrán derecho a este descuento en el caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo, ERTE, o haya visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados o afrontar otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, en caso de ser empresario.

Así, en cualquiera de estos casos, para poder acceder al bono social, los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior al momento en el que se presenta la solicitud del bono social completa, deben ser inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar (11.279 euros); dos veces el índice IPREM de 14 pagas en el caso de que haya un menor en la unidad familiar (15.039 euros), o 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar (18.799 euros).

Estos multiplicadores se incrementarán en 0,5 puntos, en cada caso, siempre que concurran las circunstancias especiales de que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%; que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente; que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

También en los casos en que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, conforme a lo establecido en la legislación vigente; o que acredite que la unidad familiar está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor.

Actualmente, para pedir el bono social eléctrico se utilizaba como baremo la última declaración de la Renta, pero en la actual situación, muchas personas deberían esperar hasta el año que viene, cuando presenten la declaración de este ejercicio para percibir la ayuda.

DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Así, las personas que se encuentren en uno de los supuestos para beneficiarse, deberán presentar una declaración responsable -incluida en el modelo de solicitud- en el que manifiesten su situación, o la de algún miembro de su unidad familiar, y los ingresos de la unidad familiar.

Una vez el comercializador reciba la solicitud y la declaración responsable -junto a otra documentación acreditativa que se necesaria (por ejemplo, libro de familia en el caso de las unidades familiares)-, debe comprobar que la solicitud y declaración responsable se han realizado correctamente y comunicar al usuario, mediante correo electrónico o teléfono (si ha optado por esta opción), el resultado de su petición.

El derecho a percibir el bono social se extinguirá cuando dejen de concurrir los requisitos requeridos para ser beneficiario. El usuario está obligado a comunicar este hecho a la empresa comercializadora en el plazo máximo de un mes.

En todo caso, el derecho a percibir el bono social, en los términos de este nuevo supuesto, se extinguirá el 30 de junio de 2021, aunque podrá pasar a beneficiarse de otros supuestos del bono social si cumple con los requisitos necesarios.

RESPONSABLE DE UNA PETICIÓN SIN REUNIR LOS REQUISITOS.

Si un usuario se beneficia del bono social recogido en este nuevo supuesto sin reunir los requisitos marcados en la norma, será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran producir, así como de todos los gastos generados en aplicación de esta medida. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudiera dar lugar su conducta.

El importe de los daños y perjuicios no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido en aplicación de este nuevo supuesto.A tal efecto, la administración podrá recabar en cualquier momento información acreditativa, incluyendo información de renta.

MÁS DE 42.00 NUEVOS HOGARES DESDE EL ESTADO DE ALARMA.

Según los últimos datos disponibles, más de 1.330.000 hogares son beneficiarios de alguno de los supuestos del bono social. Desde la declaración del estado de alarma, más de 42.000 nuevos hogares han accedido a esta prestación.

Cerca de 5.000 autónomos se han acogido al supuesto excepcional creado tras la declaración del estado de alarma. En cuanto al resto de medidas, unos 145.000 autónomos y empresas se han beneficiado del resto de medidas extraordinarias en materia de energías adoptadas tras la declaración del estado de alarma (reducción de potencia, suspensión temporal de contratos, suspensión de facturas).

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este martes que los recibimientos a presos de ETA puestos en libertad "no se hacen para herir a las víctimas", y ha pedido "respeto a todos los relatos, a todas las víctimas y a todos los que han sufrido".

En una entrevista concedida a ETB1 Otegi se ha preguntado si, "cuando se habla de convivencia, de verdad se quiere promover esa convivencia, o se instrumentaliza para erosionar algunas posiciones políticas e imponer un único relato".

El dirigente independentista ha asegurado que, "para una parte de esta sociedad", los militantes de ETA "son militantes políticos", algo que, en su opinión, "rompe un relato concreto".

"Nosotros sacamos la lucha armada de la ecuación política vasca. ETA está disuelta y desarmada. Hemos reconocido el daño causado. ¿Por qué una y otra vez unos y otros quieren poner encima de la meas el debate de ETA?", se ha preguntado.

Así, ha asegurado que la izquierda independentista es "partidaria de la convivencia" y que "no negamos el relato de nadie". "No negamos el sufrimiento de nadie, reconocemos el sufrimiento de todos, reivindicamos la reparación de todos y respetamos el relato de todos. Pero todos los relatos deben ser respetados. Pedimos respeto a todos los relatos, a todas las víctimas y a todos los que han sufrido", ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que los recibimientos a presos de ETA "no se hacen para herir a las víctimas" y "no se les hace un homenaje". "No se les dice que están de acuerdo al 100% con lo que ha hecho y 'viva tú'. Se les hace un recibimiento humilde y nada más", ha asegurado.

Así, se ha preguntado si los recibimientos a presos "arruinan la convivencia y el desfile que se hace en Intxaurrondo el 12 de octubre no". "De unos se habla continuamente, de lo otro no", ha concluido.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha apostado este martes por mantener abierta la Mesa de diálogo para la resolución del conflicto político en Cataluña y ha llamado a Junts a acudir a este foro con una posición común de todo el independentismo, tras la inhabilitación de Quim Torra como expresidente de la Generalitat.

En este contexto, ha puesto en valor el acuerdo que han alcanzado ERC y Junts sobre su marco de actuación tras la inhabilitación de Torra. "Nos felicitamos por ese acuerdo dentro de la rabia y la indignación", ha dicho el portavoz de ERC en una rueda de prensa en el Congreso.

Rufián ha alegado que, tras la "agresión judicial" a Torra y a otros dos activistas independentistas que fueron juzgados este lunes "no es día para hablar de nada más". En eso se ha amparado para evitar contestar a si la inhabilitación el expresident influirá en la negociación con el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado o si dificultará la reunión de la Mesa de diálogo sobre Cataluña.

Eso sí, ha aprovechado para subrayar que el independentismo debe llegar a este foro con una posición consensuada. "No tendría ningún sentido que a esa negociación fuéramos con posiciones diferentes", ha advertido, dando por hecho que esa Mesa bilateral debe seguir viva porque "los adversarios" deben "hablar" aunque sea en medio de una "guerra" como la que, a su juicio, ha declarado el Poder Judicial no sólo al independentismo sino también a "parte del Gobierno" central.

A su juicio, tras la inhabilitación de Torra, el "presente y el futuro es el acuerdo y el consenso dentro del independentismo", al que ha llamado también a sumarse a los 'Comunes'.

"Todo el mundo sabe que la apuesta de ERC frente a la enésima agresión judicial era la política, que la mejor manera de responder que tiene la gente políticamente en democracia son las urnas, pero eso es el pasado", ha asegurado.

BANKIA: MEJOR ESTAFADOR QUE PRESIDENT

Además, Rufián ha aprovechado su comparecencia para contrastar que se haya inhabilitado a Torra, a su juicio, "por poner una pancarta", mientras este mismo martes se ha absuelto al expresidente de Bankia Rodrigo Rato por la salida a Bolsa de la entidad con la que, ha denunciado, "se estafó a miles de personas".

"Para cualquier demócrata decente esto es una auténtica vergüenza que, como mínimo, te tiene que chirriar", ha indicado, protestando también por el hecho de que el Supremo haya rebajado de once a dos años de cárcel la pena impuesta a un profesor del colegio Gaztelueta del Opus Dei, situado en Leioa (Vizcaya) por abusos sexuales a un alumno menor de edad.

En opinión del portavoz de ERC, todo esto denota que existe un "problema gravísimo del Poder Judicial que atenta contra la democracia más primaria".

Agentes de la Policía Nacional han liberado a un hombre brasileño víctima de trata que había sido obligado a prostituirse en pisos de Zaragoza y San Sebastián. Seis personas han sido detenidas acusadas de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución, entre otros.

La investigación policial se inició con la declaración de la víctima, quien relató detalladamente que había sido engañado para venir a España con el objetivo de trabajar en un restaurante y acabó ejerciendo la prostitución en varios pisos de citas.

Las primeras gestiones desvelaron que se trataba de una organización criminal en la que cada miembro se había especializado en áreas muy concretas, como la captación, recepción, acogimiento y traslados, y que utilizaban una tienda de ropa en Brasil para captar a las víctimas, ofreciéndoles contratos de trabajo en España como camareros.

Después, les compraban un billete de avión hasta Barcelona con escala en París para dificultar los controles de la Policía. A continuación, eran trasladados hasta un piso de Zaragoza, donde les informaban de que habían contraído una deuda de 7.000 euros y que tenían que ejercer la prostitución para liquidarla.

Además, les obligaban a consumir sustancias estupefacientes con los clientes y a obtener los datos de sus tarjetas de crédito para usarlas fraudulentamente por parte de la organización. Tras un tiempo en Zaragoza eran trasladados a otro piso de San Sebastián para seguir siendo explotados sexualmente.

BLANQUEADOS MÁS DE 280.000 EUROS

La mayoría de sus miembros operaban desde España. Solamente una persona estaba en Brasil, en una tienda de ropa que servía como centro de operaciones para captar a las víctimas y blanquear el dinero obtenido de la trata.

Los cabecillas, una pareja de brasileños, realizaron más de 560 envíos internacionales de dinero, llegando a blanquear más de 280.000 euros. Se ha detectado que en numerosas ocasiones los cabecillas obligaban a las víctimas a realizar los envíos de dinero para que no quedase reflejada su identidad.

En total se han realizado seis detenciones, cuatro de ellas en Zaragoza, una en San Sebastián y otra en la localidad tarraconense de Salou, por pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa y trato degradante.

Se han llevado a cabo tres entradas y registros, dos de ellas en Zaragoza y una en San Sebastián, y se ha intervenido diversa documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles y tabletas.