El Partido Aragonés (PAR) ha presentado un total de 35 enmiendas en el Senado a la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como 'ley Celaá, que "nace con fecha de caducidad" y "sin diálogo" y con las que se pretende mejorar el texto, la vida escolar y el aprendizaje de los alumnos.

El senador autonómico, Clemente Sánchez-Garnica Gómez, ha llevado las enmiendas que el PAR ha consensuado y trabajado conjuntamente con los representantes del Partido Regionalista Cántabro (PRC), la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la Cámara Alta. Sánchez-Garnica ha incidido en que la iniciativa es "coherente" con los postuladosmeducativos que "siempre" ha defendido su formación y ha insistido en la necesidad del "máximo consenso" para realizar una reforma "de este calado".

"Una reforma legal del calado que tiene la educación en este país necesita que sea consensuada por todos. La clave para mejorar el rendimiento académico y disminuir los índices de abandono y de fracaso escolar es el consenso y que perdure en el tiempo. Y esta ley nace con fecha de caducidad", ha declarado.

Por ello, el senador autonómico ha lamentado que no se haya aceptado la propuesta de los senadores regionalistas de habilitar el mes de enero para que hubiese comparecencias, lo que conlleva que las enmiendas, cuyo plazo de presentación concluye el próximo día 15, se debatan el día 18 y que el pleno de aprobación sea el 23 de diciembre. Asimismo, ha apuntado que el Ministerio aún no ha explicado la ley a las Comunidades Autónomas, con las que se reunirá el día 14.

"No se nos ha dado opción a que haya comparecencias, porque dicen que ya las hubo en otras legislaturas. Esto es una mera excusa. Estas prisas* hacer una ley en una situación de pandemia, por la puerta de atrás, el PAR lo rechaza de pleno", ha subrayado.

LAS ENMIENDAS

En cuanto a las enmiendas, Sánchez-Garnica ha explicado que algunas hacen referencia a aquellos aspectos que más controversia han levantado, pero que también han incluido alguna que corrige errores de redacción.

Así, los regionalistas han presentado una enmienda para que la redacción de la ley vuelva al texto original de 2020 sobre la enseñanza del castellano, "siempre teniendo presente la mejora del rendimiento educativo de los alumnos", ya que los alumnos decomunidades autónomas con lengua cooficial "tienen la suerte de aprender dos lenguas más otra extranjera".

En su opinión, es una pena que esos alumnos no salgan del sistema educativo habiendo aprendido tres lenguas "por una cuestión identitaria".

De este modo, plantean que el texto recoja que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".

También enmiendan la elección de la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, debe ser por oposición y "no a dedo", como ocurre desde el año 1985. "¿Queremos inspectores politizados o técnicos? Optamos por los técnicos", ha subrayado. "También presentamos enmiendas para que se reduzca las ratios en Infantil y Primaria, de 25 a 20, y en Secundaria, de 30 a 25, para "mantener" los puestos de trabajo y la escuela en el medio rural, y para que, en Secundaria, se mantenga la asignatura de Ética, "que piden muchos sectores".

En cuanto a la elección de centros, el PAR ha considerado que debe realizarse "en los términos de Aragón, donde prácticamente el 100% de los padres escolariza a sus hijos en el centro que elige", y en cuanto a la educación especial, apuestan por una educación inclusiva, pero consideran necesario que se garantice la supervivencia delos centros especiales, ya que hay alumnos que "los necesitan".

Sobre la Formación Profesional, Sánchez-Garnica ha denunciado que se pretende "eliminar" la figura de los profesores técnicos, que son los que llevan el peso de la formación práctica. En su opinión, con el cambio que se pretende incluir, se "devalúa" la Formación Profesional y se "teoriza". Además propone que se vaya "igualando" susueldo.

"Estas son las de mayor calado, pero hay otras que corrigen textos mal redactados, por ser un copia y pega", ha concluido.

Andalucía suma este lunes 14 de diciembre 718 casos por coronavirus Covid-19, 335 menos que el domingo y cuatro más que hace una semana, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 13 muertes, misma cifra que el domingo y que supone el dato más bajo desde el 1 de noviembre, cuando se registraron 12 fallecidos.

Además, la comunidad rebaja esta jornada su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 144,8, lejos de los 250 que el Ministerio de Sanidad califica como "riesgo muy alto".

Por encima de la media andaluza se encuentran Jaén con 225,4, Huelva con 201,3, Cádiz con 184,5, Almería con 181,9 y Córdoba con 157,4, mientras que por debajo de la media figuran Granada con 130,9, Málaga con 105,7 y Sevilla con 99,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas 13 muertes suponen la cifra más baja desde el 1 de noviembre cuando se contabilizaron 12 fallecidos. Por provincias, Cádiz y Granada han sumado cuatro cada una, Córdoba y Sevilla dos cada una, Málaga una y el resto ninguna.

Este lunes se rompe una racha de más de mil casos diarios, tras los 1.053 positivos del domingo, los 1.359 del sábado y los 1.162 del viernes. El jueves hubo 544, el miércoles 366, el martes 434 y el lunes pasado 714.

En esta jornada, Almería lidera el dato diario de contagios con 179, seguida de Cádiz con 129, Sevilla con 120, Jaén con 81, Málaga con 77, Granada y Córdoba con 46 ambas, y Huelva con 40.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS DE 300

Los pacientes ingresados en los hospitales andaluces por Covid-19 han subido este lunes hasta un total de 1.349, 20 más menos que la víspera y 183 menos que el lunes pasado, de los que 290 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), once menos que el domingo y 63 menos que hace siete días.

Por provincias, Granada continúa como la provincia con más hospitalizados con 258 y 68 de ellos en UCI, seguida de Cádiz con 226 y 39 en UCI; Málaga con 197 y 31 en UCI; Sevilla con 193 y 50 en UCI; Jaén con 157 y 30 en UCI; Córdoba con 126 y 25 en UCI; Almería con 114 y 33 en UCI; y Huelva con 78 y 14 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 245.251 casos confirmados --718 de ellos en las últimas 24 horas-- y ha alcanzado las 4.611 muertes tras sumar 13. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 22.284, 29 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 2.106, tras sumar uno en la última jornada, y el número de curados es de 179.419 después de sumar 6.236.

ALMERÍA, HUELVA Y JAÉN NO SUMAN FALLECIDOS

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 4.611 muertos desde el inicio de la pandemia --13 más en 24 horas--, Sevilla con 1.027 --dos más-- se mantiene como la provincia con más fallecidos, seguida por Granada con 944 --cuatro más--, Málaga con 734 --uno más--, Jaén con 558, Córdoba con 493 --dos más--, Cádiz con 491 --cuatro más--, Almería con 247 y Huelva con 117.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 245.251 desde el inicio de la pandemia --718 más en 24 horas--, liderados por Sevilla con 57.045 casos --120 más--, seguida de Granada con 44.998 casos --46 más--, Málaga con 35.928 --77 más--, Cádiz con 28.690 --129 más--, Córdoba con 24.234 --46 más--, Jaén con 24.261 --81 más--, Almería con 19.431 --179 más-- y Huelva con 10.664 --40 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 22.284 --29 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 5.134 --dos más--, seguida por Granada con 3.979 --dos más--, Málaga con 3.870 --cuatro más--, Jaén con 2.571, Córdoba con 2.343 --cinco más--, Cádiz con 2.193 --diez más--, Almería con 1.388 --tres más-- y Huelva con 806 --tres más--.

De ellos, 2.106 han pasado por la UCI en Andalucía, cuatro más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 478, seguida de Granada con 369, Málaga con 344 --uno más--, Córdoba con 243, Cádiz con 214, Jaén con 215, Almería con 200 --dos más-- y Huelva con 43.

MÁS DE 6.000 CURADOS EN UN DÍA

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 179.419 en toda la región, 6.236 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 42.569 --1.708 más--, seguida de Granada con 32.559 --1.199 más--, Málaga con 29.100 --996 más--, Córdoba con 18.377 --605 más--, Cádiz con 18.431 --861 más--, Jaén con 17.680 --399 más--, Almería con 14.586 --154 más-- y Huelva con 6.117 --314 más--.

El Gobierno de Castilla-La Mancha abrirá finalmente su confinamiento perimetral desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero y permitirá las reuniones de diez personas, al mismo tiempo que ha recomendado que no sean más de dos núcleos familiares los que se reúnan.

Así lo ha asegurado este lunes el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante una visita a Jábaga, en la provincia de Cuenca. La previsión que maneja el Consejo de Gobierno que se celebrará este martes es que, "si todo va según lo previsto con respecto a los datos", se permita la entrada y salida de la región entre el 23 de diciembre y el 6 de enero.

De esta forma, tanto "familiares y allegados" podrán entrar en la Comunidad Autónoma "a cenar o comer en las fechas navideñas, tanto en Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo con sus familiares".

Así, Martínez Guijarro ha asegurado que se procederá a una "apertura parcial" del confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma. Además, las noches de Nochebuena y Nochevieja se alargará el toque de queda hasta las 1.30 horas "exclusivamente para volver al domicilio personal".

Respecto al número máximo de personas será de 10 durante esos días específicamente, incluyendo niños, siempre y cuando sean convivientes. El vicepresidente regional ha recomendado que sean un máximo de dos unidades de convivencia las que se junten en estas fechas, "pero es solo una recomendación", ha reiterado.

El número dos de Emiliano García-Page ha informado que este "es el planteamiento que se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud y se va a trasladar a la normativa de la Comunidad Autónoma. Este martes se abordará en el Consejo de Gobierno y posteriormente se verá refrendado en un decreto del presidente autonómico.

Con todo, Martínez Guijarro ha vuelto a enfatizar que la apertura va a ser tanto de entrada como de salida, "si lo autorizan los otros territorios colindantes con la región".

RESPONSABILIDAD

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha indicado que quieren "transmitir un mensaje de responsabilidad y, ya que estamos viendo el final del túnel, que no se relaje nadie, que se guarden las distancias y medidas porque precisamente contagiarse ahora, cuando en unos meses habrá vacuna y solución es incomprensible".

Así se ha pronunciado García-Page en Chinchilla de Montearagón (Albacete), donde ha inaugurado la reforma del CEIP 'Alcalde Galindo', y ha pedido "aguantar este último tramo".

Precisamente, sobre la vacunación García-Page ha estimado que antes de que empiece el verano, la región tendrá "probablemente" la "inmensa parte" de la Comunidad Autónoma vacunada. "Eso hará que podamos afrontar en Semana Santa un régimen más abierto".

"En el momento en el que circule la vacunación iremos en progresión, sin reducir la responsabilidad, pero sí el grado de inconvivencia al que estamos obligados en estos momentos tan duros", ha aseverado.

En otro orden de cosas, el presidente regional ha avanzado que también este martes el Consejo de Gobierno aprobará un gasto de casi 60 millones de euros para entidades privadas y ayuntamientos para el mundo de la discapacidad. "El virus no nos debe cambiar el paso", ha señalado.

La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha impulsado una petición al Gobierno, que cuenta con el apoyo de otras 85 organizaciones, en la que advierten de la presencia de dos "trampas" en la reforma de los permisos de maternidad y paternidad y que, reclaman, deben ser solucionados antes del 1 de enero.

Según PPiiNA, este documento es el último recurso tras no haber obtenido respuesta a ninguno de los requerimientos que habían realizado a diferentes departamentos del Ejecutivo desde la promulgación del decreto ley en marzo de 2019.

Según señala, en este texto se han introducido "dos trampas graves": la simultaneidad forzosa de las seis primeras semanas y la pérdida del derecho a tomarse todo el permiso a tiempo completo mediante simple comunicación a la empresa.

A su juicio, ambas situaciones suponen "una barrera sustancial para que los hombres cuiden de manera corresponsable y, por otra parte, acortan el tiempo total posible de cuidado del bebé por sus progenitores". En este sentido, apuntan que "si no se corrigen" estos dos puntos, "los hombres seguirán siendo simples 'ayudantes' en los cuidados y estarán más disponibles para las empresas que las mujeres.

A través de un comunicado, recogido por Europa press, PPIINA asegura que "confía" en que el Gobierno responda a esta última llamada urgente de las organizaciones de la sociedad civil que han firmado la petición. Entre ellas, apunta, se encuentran las principales asociaciones feministas a nivel estatal, como la Plataforma 7N contra las violencias machistas, el Fórum de Política Feminista o la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad (COMPI), así como otras de diferentes ámbitos.

"NO ES SUFICIENTE"

En este sentido, PPiiNA destaca que hay sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO), la Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio de Trabajo o la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical; así como asociaciones de trabajadoras como las Kellys o la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio; y organizaciones políticas y ciudadanas como agrupaciones locales de IU, Ganemos Jerez o la Plataforma por la Remunicipalización y la Gestión directa de los SS.PP. de Madrid, entre otras entidades.

Las representantes de la PPIINA han acudido este lunes a presentar la petición y han manifestado la urgencia de esta medida y han recordado que gracias a su trabajo "de más de 15 años" se ha "conseguido que los permisos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100%". "Pero esto no es suficiente si no se corrigen antes las trampas que denunciamos", han señalado.

A su juicio, si continúa así el texto, el 1 de enero los permisos de paternidad serán "igualitarios en apariencia", pero "en realidad no lo son", han concluido.

Un grupo de expertos y adolescentes, que este lunes han participado en una meda redonda organizada por 'Quiero' y el 'Espacio Abierto Quinta de los Molinos', han coincidido en que el machismo, "disfrazado sutilmente de diversas formas", sigue presente "en pequeños gestos cotidianos" que "pasan desapercibidos".

Según ha explicado la organización, la jornada, que se ha celebrado bajo el título 'Perdóname mi amor, voy a cambiar' ha reunido a estudiantes, artistas y especialistas para debatir sobre la violencia de género en la adolescencia, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas", tal y como se propone el Objetivi de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de la Agenda 2030.

Tal y como han señalado, en la jornada se ha destacado la necesidad de que se incorporen "más y más mujeres al sector audiovisual y en diferentes roles, pasando de musas a autoras". "La sensibilidad y la forma de relatar y de dirigir es diferente y las cifras siguen siendo desiguales", explica la organización sobre las conclusiones.

Los participantes han opinado que existe una falsa sensación de haber avanzado mucho cuando aún queda un largo camino por recorrer, especialmente, en los espacios menos visibles, en los ámbitos familiares o círculos íntimos donde cuesta más empoderarse y marcar límites frente a conductas sexistas.

En esta misma línea, Laura Casado, alumna de Bachillerato, ha explicado que, personalmente hace todo lo posible por que no le influencien estas conductas, pero asegura que, el día a día está lleno de pequeños detalles machistas, muchas veces disfrazados de caballerosidad.

SÓLO SE VE LA PUNTA DEL ICEBERG

Por su parte, Marta Prado Pascual, coordinadora del Plan Integral de Convivencia en el distrito de Villaverde en la entidad Acais, ha comparado la situación con un iceberg en el que se tiende a ver sólo la punta, que sería la violencia física, sin llegar a prestar atención a los detalles que acompañan cada día.

"De criticar el rendimiento deportivo y humillaciones en redes sociales a situaciones de dependencia afectivo sexuales rozando el abuso, son muchas las situaciones que, desde un plano invisibilizado, constituyen el germen de la violencia física que sí nos escandaliza", ha explicado.

Para poder abordar esta problemática, Prado ha destacado la importancia de poner en marcha programas e iniciativas que ayuden a los jóvenes a verbalizar cómo se sienten frente a este tipo de situaciones y hasta qué punto les limitan los mandatos de género.

En este sentido, Harold Ron, estudiante de Bachillerato e Integrante de Mundo Quinta, ha admitido haber visto cómo sus compañeros se sentían condicionados por este tipo de imperativos culturales. Del mismo modo, su compañero Jacob Rosales, ha destacado cómo determinadas actividades, como el baile y la danza, siguen estando marcadas entre ciertos sectores, que las consideran asociadas al género.

El autor de 'Nuevos hombres nuevos: la masculinidad en la era del feminismo', Ritxar Bacete, ha añadido que las personas construyen su identidad "de forma similar a la de un personaje en una obra" y, así, "dependiendo del proceso de aprendizaje y socialización" que vive la persona "expresa y perpetúa estos estereotipos".

De este modo, a su juicio, la violencia y la competitividad nunca deberían ser elementos de construcción de la identidad de género y la mejor forma de derribar las barreras y de corregir estos estereotipos es inculcar la empatía.

El secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, mantendrá este martes una reunión de trabajo con representantes de la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada para abordar los futuros usos del pazo de Meirás, según ha informado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.

También analizará con el Ayuntamiento de A Coruña la situación de la Casa Cornide, ha precisado Losada, que, a ello, ha sumado las reuniones que mantendrán con colectivos centrados en la investigación de la memoria histórica.

El delegado del Gobierno ha confirmado su presencia, a preguntas de periodistas, sobre la propuesta de la Xunta respecto a los posibles usos de Meirás en los que plantea convertirlo en un "faro de igualdad", reivindicando la figura de Emilia Pardo Bazán, sin olvidar que el inmueble fue "residencia" del dictador.

Al respecto, Losada ha hecho suyas las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre los posibles usos. "Debe ser un lugar que recuerde lo que fue la dictadura", ha dicho aludiendo también al modo en que se obtuvo el pazo y como fue "utilizado de forma fraudulenta" por los herederos de Franco. A ello, ha sumado, no obstante, otros usos, en referencia, como hizo la vicepresidenta del Gobierno, a la figura de la escritora gallega.

INVESTIGADORES DEL CSIC

Por otra parte, ha confirmado que investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se encuentran ya en el pazo catalogando los bienes que hay en el interior. "De lo que hay y de lo que tiene que ver con la memoria histórica y con el patrimonio del Estado".

Y es que está pendiente que, una vez recibido el pazo de forma provisional --a la espera de una sentencia definitiva-- la Administración estatal determine qué bienes pueden ser retirados por los Franco.

La portavoz de Podemos Isa Serra, ha asegurado que la aprobación del decreto antidesahucios es "urgente" pero ha subrayado que debe poner el foco en la población vulnerable. Por tanto, peleará para que no se incluya una compensación económica con cargo al presupuesto público para "bancos y fondos buitre", dado que el problema es la población afectada y no que tengan menos beneficios.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Serra ha admitido tras semanas de negociación las diferencias con el PSOE, socio de Gobierno en coalición, sobre este punto, que ha retrasado su aprobación pese al principio de acuerdo alcanzado el 2 de diciembre.

Al hilo, ha desgranado que si fuera por Unidas Podemos, el decreto ley estaría aprobado ya, si se logra sacar la compensación económica a los grandes tenedores de viviendas en el decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros.

Al respecto, ha destacado que la paralización de los desahucios es una "prioridad", sobre todo en medio de la pandemia, con numerosos casos de familias, muchas de ellas monoparentales, que sufren esta situación. Por tanto, ha insistido en la urgencia de paralizar todos los desahucios.

TIENEN QUE "ARRIMAR EL HOMBRO"

Pero ha añadido que "no parece de recibo" que los grandes tenedores de vivienda sean compensados en un momento de crisis en el que deberían "arrimar el hombro".

En consecuencia y en clara referencia al PSOE, ha apelado a poner en el centro del decreto las necesidades de la ciudadanía porque el problema es la población vulnerable, no que bancos y fondos buitre tengan "menos beneficios".

Sobre todo cuando el principio de acuerdo en el Gobierno de coalición se sustenta en el informe vinculante sobre vulnerablidad que deben aportar los servicios sociales.

"No hay que avanzar por el camino de proteger a los fondos buitre", ha reiterado Serra para referirse a la "enorme historia de especulación". El camino, a su juicio, es avanzar en poner en disposición viviendas para proteger a las familias necesitadas.

En este sentido, ha explicado que es "evidente" que un gobierno recibe presiones, de grandes empresas pero también de colectivos sociales como el sindicato de inquilinos. Y en esta disyuntiva, tienen "clarísimo" que "la balanza tiene que estar a favor" de estos últimos.

Pese a estas tensiones en el seno de la coalición, Serra confía en que el decreto que extienda la prohibición de desahucios "salga adelante" durante estos días.

También ha subrayado la insistencia en recuperar la prohibición de cortes de suministros básicos, dado que el Gobierno progresista tiene que dar "muchos más pasos" para garantizar el compromiso con el acceso a la vivienda, como ocurrió con la futura regularización de los precios del alquiler para evitar subidas abusivas.

PSOE ALEGA QUE BUSCA SEGURIDAD JURÍDICA

El PSOE replicó el sábado Podemos que su defensa de compensar a grandes propietarios en el real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma responde a la necesidad de contar "toda la seguridad jurídica posible" para que no se recurra por inconstitucional y proteger así a los más vulnerables.

El principal motivo de discrepancia para la formación morada radica en la exigencia por parte de Economía y Justicia de desplegar una "compensación" a los grandes tenedores de vivienda para que "no vean reducidos sus beneficios por esta medida".

La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios ya generó una fuerte tensión entre los socios de Gobierno, reavivada ahora pese a que Ábalos apuntaba que se podía abordar en el próximo Consejo de Ministros.

El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ramón Herrera, ha reclamado este lunes "explicaciones" a la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, por el "escándalo mayúsculo" de las ayudas "multimillonarias y perdidas" concedidas por los gobiernos socialistas andaluces a la empresa Isofotón "a sabiendas de que la situación económica de la empresa era inviable y que sus cuentas no eran claras", según reflejan los informes técnicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Según ha alertado en una rueda de prensa en Sevilla el parlamentario 'popular', Isofotón recibió un total de 80 millones entre ayudas a fondo perdido, avales y préstamos de los que "se han perdido más de 44 millones de euros". "80 millones que no sirvieron ni para mantener los empleos ni para generar nuevos puestos de trabajo", según ha remarcado Ramón Herrera, porque Isofotón cerró en el año 2014.

Desde el PP-A han subrayado que "el escándalo salpica también a la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en el año 2012 se incorporó como directiva y responsable de la implantación de la empresa en el exterior", y que "propuso el traslado de Isofotón a Luxemburgo para recibir beneficios fiscales, a sabiendas de que en los acuerdos con la Junta de Andalucía para recibir ayudas se comprometía a no trasladarse fuera de la comunidad".

El diputado 'popular' ha puesto el foco en una ayuda de 8.395.000 euros que la Junta otorgó a la empresa, y que "casualmente", según ha apostillado, "coincide con la misma cifra que Isofotón adeudaba a la administración para pagar un aval de Bankia, deuda a la que no podía hacer frente dada su situación económica".

Para el PP-A, el hecho de que la cuantía de la ayuda de la Junta coincida con la cifra de la deuda "lleva a pensar que se otorgase para que la empresa pudiese afrontar el pago", hecho que el partido ha calificado en un comunicado de "muy grave".

Sobre el aval de Bankia, el diputado del PP se ha referido a la existencia de un "informe externo que no está firmado". "Queremos saber quién lo encargó y por qué no lo elaboraron los servicios jurídicos de la Junta", ha indicado Ramón Herrera.

Ha agregado que es "especialmente preocupante que se concediesen ayudas por 80 millones en apenas siete años a sabiendas de la situación por la que atravesaba la empresa", como, según ha incidido, consta en los informes de la propia Junta, y ha remarcado que, durante los años en los que se concedieron las ayudas, también formaban parte del Consejo de Gobierno los ahora ministros Luis Planas, Carmen Calvo y María Jesús Montero.

Herrera ha insistido en que Susana Díaz debe explicar "si era habitual que el gobierno socialista diese ayudas multimillonarias a empresas con alteraciones contables y datos económicos poco fiables", como, según ha reiterado, consta en los informes.

"Son 80 millones de los andaluces que podrían haber ido a duplicar las ayudas a los autónomos en esta segunda ola de la pandemia", ha dicho el diputado andaluz del PP, que también ha preguntado "dónde están los informes previos" que debían existir para tener acceso a las ayudas. "No los hemos encontrado y nos gustaría que Susana Díaz nos lo explicase", ha añadido.

Ramón Herrera ha censurado "esa forma de dar ayudas directas a empresas a pesar de tener situaciones inviables", y ha concluido presumiendo de que "eso se ha acabado desde que Juanma Moreno (PP-A) llegó a la Presidencia de la Junta".

Castilla y León contabiliza un total de 133.037 positivos por coronavirus, de ellos 131 nuevos, junto con 20 nuevas víctimas mortales (14 de ellas en hospitales y seis en residencias) y un total de 18.738 altas hospitalarias, de ellas 21 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este lunes registran 14 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.984 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 18.738, tras sumarse otras 21 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 223, cuatro menos, y los casos positivos a ellos vinculados se sitúan en 3.055, 101 menos. De ellos, Ávila contabiliza 15, uno menos; Burgos, 32, dos más que el día anterior; León, 19, uno más; Palencia, 24, cuatro menos; Salamanca, 27, dos más; Segovia, 15, los mismos que el día anterior; Soria, doce, tres más; Valladolid, 54, seis menos, y Zamora 25, uno menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 133.037 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 131. Según los datos de la Administración regional, 126.257 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

BURGOS SUMA 40 NUEVOS POSITIVOS Y CINCO FALLECIDOS

Por provincias, Burgos es la que suma más nuevos positivos con 40 y 23.639; le sigue León, con 21 y 21.688; Palencia, con 19 y un total de 9.229; Segovia, con 15 y 8.129; Valladolid, con 14 y un total de 30.607; Zamora, con ocho y 8.530; Soria, con siete y 5.763; Salamanca, con cuatro y 18.320 y Ávila, con tres para un total de 7.132.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.984, 14 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 824 --dos más--, le sigue Valladolid con 789 --dos más--; a continuación figura Salamanca, con 617 --los mismos--; Burgos alcanza 535, cinco más; Zamora anota 306 --uno más--; Segovia se sitúa en 261 --uno más--; Ávila 242 --los mismos--; Palencia, 237 --tres más--, y Soria, 173 --los mismos que ayer--.

En el caso de las altas, un total de 18.738, se han computado 4.527 en Valladolid; 3.411 en León; en Salamanca 2.665; en Burgos 2.662; en Zamora 1.311; en Segovia 1.194; en Ávila 1.161; en Palencia, 1.080, y en Soria 727.

SEIS INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.600 --15 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.495 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 15 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.600 finados hasta el momento, 2.043 personas han perdido la vida en su residencia o centro, seis más que el dato de ayer, mientras que nueve personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.557.

Un total de 20 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, uno menos que en la jornada previa, y 922 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 20 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en los 288 de las cuatro jornadas previas, de ellos, 171 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.

Además, se encuentran hospitalizados 29 residentes, cuatro más que ayer, y se sitúa en 923, 20 más, el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, dos menos, mientras que 25 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos que el domingo.

Ciudadanos ha celebrado que el ccoordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el resto de la cúpula de la antigua Batasuna "respondan ante la Justicia", tras la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) de que se celebre un nuevo juicio en la Audiencia Nacional a los condenados en el denominado 'caso Bateragune'.

"Otegi y toda la cúpula de Batasuna volverán a ser juzgados por pertenencia a organización terrorista. Los demócratas respetamos siempre las decisiones judiciales y celebramos que quienes tanto dolor causaron a los españoles respondan ante la Justicia", ha escrito en un mensaje en Twitter el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados.

El también diputado en la Cámara Baja Guillermo Díaz ha señalado que el alto tribunal "ordena juzgar por pertenencia a organización terrorista a quien el PSOE eligió para determinar los Presupuestos Generales del Estado", en referencia al apoyo de Bildu a las cuentas públicas de 2021. "Pudiendo elegir a Ciudadanos, escogieron a Otegi", ha añadido.

El acuerdo unánime anunciado este lunes por el Tribunal Supremo permite el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegui y de los restantes condenados.

La sentencia es coincidente con el criterio de la Fiscalía del TS que interesó la celebración de un nuevo juicio para evitar que los hechos quedaran "imprejuzgados" y que coincidía también con las peticiones al respecto que realizó en su día la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, vinculada a Vox.

Por su parte, la defensa de Otegi y de otros juzgados por el 'caso Bateragune' habían pedido que la nulidad de las sentencias tuviera consecuencias en los registros de penados en los que el líder de Bildu sigue apareciendo.

JUZGADOS POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Al acogerse la petición fiscal, la Audiencia Nacional deberá juzgar de nuevo a Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, siguiendo el criterio del TEDH que determinó que la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

En su sentencia de noviembre de 2018 --que adquirió firmeza en febrero de 2019--, el TEDH consideró que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) se ha sumado a la petición realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Comercio (CEC) de paralizar la subida en la cuota de los trabajadores autónomos, de entre tres y doce euros, a partir de enero de 2021.

Un incremento que se une al ya aplicado durante los meses de octubre y noviembre por la Seguridad Social, según señala Stanpa, que ha resaltado que el sector del comercio, junto al turismo, han sido los sectores más castigados por la crisis derivada de la Covid-19 y en el que el porcentaje de autónomos supera el 20%.

Concretamente, el sector de las peluquerías y centros de estética suman 78.200 salones. En cuanto al perfil de los profesionales empleados, un total de 237.000 personas, la gran mayoría son mujeres (un 85%), y en gran parte, en régimen de autónomos, con un mayor riesgo de desempleo, como demostró la crisis de 2008.

"No podemos añadir más presión a los autónomos si queremos garantizar la sostenibilidad del tejido empresarial. Han demostrado una enorme capacidad de adaptación a un nuevo escenario de total incertidumbre, en el que la actividad económica se ha visto mermada, llevándose la peor parte. Un 35% de las peluquerías se encuentran en el límite de su supervivencia, esto es, alrededor de 17.000 establecimientos. En este contexto, es esencial evitar cierres y volver la senda de la recuperación", ha señalado la directora general de Stanpa, Val Díez.

UN SECTOR ESENCIAL

Tanto el sector de las peluquerías como el sector de los centros de estética son esenciales para la sociedad y el conjunto de la economía, según Stanpa, que ha precisado que el efecto de la alarma sanitaria ha hecho que la facturación, tanto de los salones de peluquería como de los centros de estética, haya caído entre un 22% y un 25%.

"Una situación que no se espera que mejore a corto o medio plazo, debido al descenso en el número de visitas, así como de una reducción del ticket medio. Puesto que la mayoría de los centros se trata de negocios de autoempleo, la rentabilidad de los mismos se encuentra al límite", ha señalado la asociación, que ha mostrado su preocupación por los posibles cierres.

Por ello, Stanpa se ha volcado desde el principio en la elaboración un protocolo de seguridad recogido en dos Guías de Recomendación, que proporcionan las máximas garantías higiénico-sanitarias con el objetivo de poner en valor la profesionalidad, la seguridad y el trabajo de todos los profesionales, manteniendo activos estos negocios que se reconocen esenciales para la sociedad.

En la misma línea, ha luchado para que la administración reconozca la grave situación de las peluquerías y facilite medidas como la bajada temporal del IVA, como una de las posibles soluciones para garantizar la viabilidad del sector.

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat y exalcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, se ha desvinculado de la logística del 1-O en su municipio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha afirmado, sobre la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) respecto al 1-O: "De la orden del TC no entendía que tuviera que cambiar mi opinión".

Al contestar a los interrogatorios del fiscal y de su defensa en su juicio por presunta desobediencia el 1-O, Solé ha declarado sobre su papel: "Ni intervine en la logística, ni en el movimiento de las urnas ni en la constitución de las mesas".

El conseller ha dicho que solo recibió notificación personal sobre el decreto del Govern que establecía normas complementarias para celebrar el 1-O, algunas de las cuales afectaban a los alcaldes, mientras que su defensa ha sostenido que no se le notificó la suspensión de la convocatoria ni de la Ley de referéndum.

Respecto a su participación días antes del 1-O en un debate sobre la autodeterminación --que la Fiscalía incluye en el escrito de acusación con intención de probar que Solé promocionó el referéndum--, ha afirmado que acudió al debate como representante de un partido y no como alcalde, y que no se debatía la organización del referéndum: "Dije que en cualquier situación en la que se pueda ejercer el derecho a voto, un ciudadano debe ejercerlo".

El TSJC juzga a Solé por un presunto delito de desobediencia el 1-O, cuando era alcalde de Agramunt, por supuestamente promover y participar en la organización del referéndum en el municipio, y la Fiscalía pide por ello una inhabilitación de un año y medio (que no afectaría a su trabajo como profesor) y una multa de 24.000 euros.

Solé ha aceptado contestar a todas las preguntas planteadas por el fiscal y también por su abogado, y sobre el día de la votación ha defendido que su actuación fue "la que corresponde a cualquier alcalde, máximo representante en Protección Civil" en un municipio.

En este sentido, ha sostenido que solo intervino para preservar el orden público y la integridad de los equipamientos, y ha dicho que "en ningún momento" dijo que se escondieran las urnas de la votación ante una posible intervención policial.

Ante la intención de algunas personas de esconder las urnas en el falso techo de la escuela donde se hacía la votación para evitar que fueran incautadas, ha explicado: "Dije que si la propuesta era esconder las urnas en un falso techo, por la integridad del edificio no consideraba que fuera oportuno. A partir de aquí la organización decidió llevarlas donde lo considerara oportuno".

ESCUELA PARA VOTACIONES

Las votaciones del 1-O en Agramunt se hicieron en la escuela Macià-Companys, de titularidad municipal, ante lo que el fiscal ha cuestionado si Solé cedió, como alcalde, el uso a la Generalitat para celebrar el 1-O, mientras que el conseller ha señalado que la gestión corresponde al Govern y en ningunas elecciones el municipio debe ceder el uso.

El conseller ha aseverado que "ni como Ayuntamiento ni como alcalde se cedió el equipamiento porque la gestión es de la Generalitat" a pesar de que la titularidad sea municipal, y ha dicho que el único decreto del consistorio sobre el asunto fue un decreto de alcaldía el 7 de septiembre de apoyo a la Ley de referéndum que firmaron varios municipios a partir de un texto genérico, sobre el que ha afirmado que solo era una expresión política sin las consecuencias de una resolución.

REVISTA MUNICIPAL

El escrito de acusación también señala un reportaje publicado en la revista municipal Sió, que publicó una crónica del 1-O que mencionaba a Solé como uno de los responsables de la "logística" de la votación, algo que el conseller ha descartado.

En el juicio ha declarado como testigo en el entonces director de la revista, quien a preguntas del fiscal ha señalado que estaba "haciendo una crónica literaria, no era exacta".

"Habría sido más exacto si hubiera dicho que Bernat se había preocupado de lo que estaba pasando allí, que es lo que hizo", en lugar de atribuirle funciones logísticas, ha dicho el testigo.

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha considerado que los presupuestos vascos "deben ayudar a construir la agenda republicana" para "mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca". "Ese proyecto político no se construye contra nadie", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que las Cuentas vascas deben "dibujar ya un nuevo modelo socio-económico donde se respeten y garanticen los derechos de las personas" y ayudar a "cuidar nuestro planeta".

Garrido ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián, junto a Miren Echeveste, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico para informar de la reunión de la Ejecutiva de Podemos Ahal Dugu, en la que ha destacado que la ciudadanía "no comparte alguno de los elementos clave de nuestra forma de Estado", algo a lo que ha contribuido las actuaciones del rey emérito. Por ello, ha incidido en que el Estado necesita "una reforma profunda" y ha considerado que "es tiempo de caminar hacia un nuevo horizonte republicano y de construir republicanismo en Euskadi".

Garrido ha matizado que cuando Podemos Ahal Dugu habla de República "no es sólo una cuestión territorial ni de cambiar la jefatura del Estado", sino de "un proyecto político que puede ser capaz de transformar en positivo nuestra sociedad, de hacer más grande lo común".

"El republicanismo representa algo que une y vincula a las mayorías sociales de todo el Estado, porque representa las luchas pasadas y futuras por las libertades y los derechos de todos. No para romper, ni para separar, ni para alejarnos, sino que la República debe ser punto de encuentro para las izquierdas vascas y marca una clara hoja de ruta", ha expresado.

La dirigente de Podemos Ahal Dugu se ha mostrado convencida de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "construyen una sociedad más justa, igualitaria y feminista" y, con ellos, "el Estado es un poco más republicano y un poco más plurinacional".

Pilar Garrido, por otro lado, ha afirmado que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, "debería asumir que no todo pasa por ellos", y ha señalado que le interpelan porque entienden que "el PNV, con toda legitimidad, es un partido de derechas", al tiempo que ha asegurado que Podemos Ahal Dugu seguirá "trabajando con ahínco en estos duros momentos por intentar incorporar cambios sustanciales" a las Cuentas vascas.

En esa misma línea, ha reiterado que el PSE "debe tener un protagonismo fundamental" en la negociación de los presupuestos y ha destacado que "ideológicamente está más cercano de Podemos, y hemos acordado cuestiones importantes en el Estado". Por ello, ha animado a los socialistas a que "asuman ese protagonismo" y se reúnan con Elkarrekin Podemos y EH Bildu para "conseguir los mejores presupuestos posibles".

PRESUPUESTOS DE VITORIA

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu se ha referido también a los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria, ha manifestado que existe la "posibilidad de acuerdo basada en la defensa de la salud y del bienestar.

En ese sentido, ha realizado un llamamiento al alcalde, Gorka Urtaran, para que "reflexione" y haga un "ejercicio de responsabilidad para posibilitar el entendimiento". "Las negociaciones iban bien encaminadas hasta que se ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la ciudad", ha afirmado.

No podemos aceptar que en una situación tan grave de crisis climática se siga apostando por buscar energías contaminantes y que, además, ponen en riesgo la salud de la gente y del planeta", ha remarcado Garrido, quien ha advertido de que Urtaran "no puede echar por tierra todo lo conseguido en Vitoria como capital verde de Europa" y ha reclamado una moratoria sobre la posible exploración de gas en Subijana.

"¡He sacado a muchas personas adelante, allí vivíamos todos como una gran familia!", ha asegurado el presidente de Retomar, J.M.G, a modo de resumen del ambiente que reinaba en las instalaciones del centro dedicado a la rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos, diametralmente opuesto al de supuesta explotación laboral que esgrimen el fiscal del caso y la Abogacía del Estado.

Aunque el juicio en la Audiencia de Valladolid se extenderá hasta el próximo jueves, el principal encausado, quien comparte banquillo con su esposa, M.J.P, ha aprovechado la primera jornada para proclamar su inocencia y la de su pareja respecto de los graves cargos que les imputan las dos acusaciones, con peticiones globales de casi 12 años para el primero y cercanas a los ocho años de privación de libertad para ella.

En ausencia de declaración de la esposa, quien se ha acogido a su derecho de no responder a pregunta alguna, ni siquiera de su defensor, el marido, en declaraciones recogidas por Europa Press, sí ha explicado que Retomar, titular de un centro de rehabilitación en Mojados (Valladolid), jamás se dedicó a la "captación" de personas marginales por su condición de adictas al alcohol o las drogas, sino que eran ellas las que llamaban a sus puertas en busca de ayuda.

Y era en sus instalaciones, según ha relatado, donde él y su esposa les ofrecían una salida en forma de terapias ocupacionales, charlas individuales y colectivas y trabajos varios, entre los que ha reconocido labores de reciclaje de plásticos en una factoría del sector en el Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia), donde los elegidos, como así ha precisado, estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban en nómina.

Aunque el día 30 de agosto de 2016 la Guardia Civil realizó una inspección en dicha factoría y encontró a doce operarios de Retomar, con sólo cuatro de ellos dados de alta, J.M.G. ha explicado que casualmente en esa fecha se vio obligado a mandar más trabajadores desde Retomar debido a que la empresa de plásticos había llamado porque tenía un exceso de material al que había que dar salida.

Retomar obtuvo por estos trabajos, entre 2012 y 2015, retribuciones por importe de más de 1.302.238 euros que el acusado asegura que no controlaba porque de todo ello se encargaba una gestoría, al tiempo que ha insistido en que los operarios que trabajaban en la empresa de plástico recibían su salario, de media jornada, y que la totalidad de los internos, entre 50 y 60 en determinadas épocas, recibían terapias adecuadas, incluida la deshabituación del alcohol y drogas y su sustitución mediante consumo de tabaco.

"Estamos hablando de una terapia fundamental que se hace en todos los centros de rehabilitación para evitar la ansiedad", ha defendido J.M.G, quien ha reconocido que el centro carecía de profesionales expertos en la materia, tales como terapeutas o psicólogos, si bien ahí estaba él para cualquier contratiempo. "¡Qué mejor ayuda que mi propio conocimiento, quién mejor que yo, una persona que también se ha rehabilitado!", ha enfatizado el acusado.

El presidente nacional de Retomar también ha negado sendos accidentes laborales sufridos por dos de los internos y mucho menos que los mantuviera en silencio debido a que no estaban dados de alta, tanto el caso de un desplazado a Villamuriel que sufrió fracturas en ambas piernas como el de otro accidentado en un ojo cuando realizaba labores de electricista en instalaciones propias de la asociación.

Con respecto al delito de contrabando por adquirir hasta dos toneladas y media de hojas de tabaco de una empresa de madrid--están valoradas en 416.000 euros--a través de 70 envíos entre julio de 2015 y agosto de 2016 que luego picaba en Retomar y, supuestamente, distribuía, en provincias andaluzas, donde cuenta con familia, el acusado también ha negado tal extremo y ha insistido en que la mercancía no salía de Valladolid por cuanto su destino era el consumo por parte de los internos como parte de su terapia, "a razón de un bote y medio a la semana" cada uno.

LES ENSEÑA "CUÁL ES EL CAMINO"

Para tratar de demostrar que Retomar no explotaba a sus internos, J.M.G. ha declarado que los integrantes de la comunidad eran libres de permanecer allí y de marcharse, sin que nadie que les retuviera. "Vivimos todos, yo incluido, como una gran familia y la puerta está abierta para el que no quiere estar. Aquí se está cuando uno quiere y se sale cuando uno quiere", ha mantenido el máximo responsable de Retomar, quien asegura que él trata de hacer ver a sus discípulos "cuál es el camino".

DENUNCIA A TRAVÉS DEL 112

Frente a la versión del encausado, quien antes de concluir ha precisado que en la actualidad Retomar se halla "en números rojos, con deudas de 8.000 euros de agua y 5.000 en facturas de luz", el jefe de grupo de la Guardia Civil que dirigió las investigaciones ha desvelado que éstas se iniciaron a raíz de una denuncia de uno de los residentes a través del Servicio de Emergencias 112, al que aseguró que había sido explotado laboralmente.

Las pesquisas permitieron identificar y localizar al denunciante y poco después a otro interno que denunció una situación similar. Ambos relataron que eran obligados a trabajar sin remuneración alguna y sin estar legalizados, así como que picaban tabaco que luego era vendido en Andalucía o que eran obligados a pedir dinero con huchas en distintas localidades, con lo que se pasó entonces a una investigación coordinada con el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Inspección de Trabajo.

En el transcurso de las investigaciones se realizaron registros tanto en la fábrica de plásticos en Villamuriel, donde se localizó a trabajadores de Retomar sin dar de alta en la Seguridad Social, y como en las propias instalaciones de la asociación, en las que también se intervinieron distintas cantidades de tabaco ya picado--50 kilos--y se descubrió que en el centro de Mojados también se realizaban tareas de matanza sin control sanitario alguno.

"Interrogamos a distintos internos y todos coincidían en que se sentían como esclavos pues decían que no cobraban y que la única terapia era tenerles trabajando", ha indicado el agente de la Guardia Civil, que también ha incidido en el hecho de que uno de los residentes se presentó un día en el cuartel para denunciar que él también había sido víctima de un accidente laboral que los denunciados silenciaron.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que la monarquía es una institución "corrupta" que "daña la democracia" y solo existe una forma de separar los nombres de la institución tras la "grave crisis" derivada por las actividades del rey emérito Juan Carlos I: la república.

También ha considerado que el debate sobre la vuelta de Juan Carlos I al país en Navidad es "reírse del conjunto de los ciudadanos", pues "nunca debería haberse fugado". Por tanto, ha exigido que lo que debería hacer es "dar explicaciones" a la ciudadanía y la Justicia sobre sus presuntas irregularidades.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha destacado que la monarquía se encuentra en una grave crisis de "legitimidad" y ha ahondado que existe un debate social abierto sobre el sistema de Jefatura del Estado, lo que permitirá que ese horizonte republicano llegue "más pronto que tarde".

La monarquía es pasado y la república evidentemente tiene nombre de futuro", ha enfatizado Serra, incidiendo también en la "vergüenza internacional" que supone los "escándalos" de Juan Carlos I en los últimos años.

En este punto, ha remarcado que la regularización fiscal del rey emérito es el "reconocimiento de un delito" que se produjo después de su abdicación, por lo que es "imprescindible" que se le investigue, tanto en el Congreso como en sede judicial, al no ser de aplicación el principio de inviolabilidad recogido en la Constitución.

También ha recalcado Serra que la monarquía es el "epicentro" de numerosas relaciones económicas, algunas de ellas "ilegales", y ha demostrado que es una institución "corrupta".

En cuanto a la posición del PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, respeto a si tendría que apoyar la comisión de investigación en el Congreso sobre el uso de tarjetas black por parte de miembros de la Casa Real, Serra ha dicho que es una cuestión que corresponde despejar a los socialistas.

Sin embargo, a continuación ha señalado que "todo el mundo sabe" que Podemos es un partido republicano y la otra parte del Ejecutivo es "monárquica", un planteamiento legítimo pero que contrasta con la crisis de la institución por su corrupción. "Rechazamos la corrupción venga de donde venga", ha zanjado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha inaugurado este lunes la campaña 'Nadie solo en Navidad en las Fuerzas Armadas' que arrancará mañana martes, y mediante la cual se efectuarán 6.500 llamadas telefónicas a los afiliados del Instituto Social de las Fuerzas Armadas de mayor edad.

Robles, que ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Castelerio, y por la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, se ha mostrado orgullosa "del gran trabajo que se realiza en el ISFAS. "Eficacia, cercanía y humanidad. No hay palabras suficientes para describir el agradecimiento que sentimos", ha destacado en su visita al instituto.

En la presentación, el secretario general gerente del ISFAS, el coronel José Luis Modrego, ha explicado que estas llamadas buscan dar una "atención directa y más cercana" a los afiliados, "preferiblemente mayores de 65 años y que estén solos". "Queremos darles una sensación de protección, seguridad y confianza a nuestros afiliados", ha explicado.

Desde el Ministerio de Defensa han señalado que esta iniciativa quiere incrementar en estas fiestas navideñas, como ya llevan haciendo las Fuerzas Armadas desde el inicio de la pandemia, el número de llamadas telefónicas a militares y familiares de edad avanzada que pudieran encontrarse en una situación de vulnerabilidad o aislamiento como consecuencia de la actual crisis sanitaria del COVID-19.

Para atender a estas personas, se implementó un servicio de 24 horas al día para todos aquellos que necesitaran ayuda, apoyo psicológico o simplemente un rato de conversación durante las largas jornadas de soledad en el hogar.

Ahora, con la campaña de Navidad, se pretende reforzar esa atención y cercanía para que los mayores se sientan aún más acompañados. "Desde el Ministerio, queremos recordar que las Fuerzas Armadas son una gran familia y que nadie de los nuestros está solo", ha asegurado Robles.

Por ello, el ISFAS --un organismo público que gestiona a través de 66 delegaciones la asistencia sanitaria y protección social y familiar de un colectivo de 600.000 personas, entre titulares y beneficiarios-- realizará hasta el próximo 11 de enero cerca de 6.500 llamadas a sus afiliados.

La imposibilidad de visitar a familiares es el principal problema que los andaluces señalan entre los que han surgido como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, según el Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Se trata de un estudio realizado a partir de una muestra diseñada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de 3.600 entrevistas telefónicas, y tras un trabajo de campo llevado a cabo entre los pasados días 23 de noviembre y 3 de diciembre.

Así, la imposibilidad de visitar a familiares es el principal problema surgido como consecuencia de la pandemia en opinión del 36,8% de los encuestados, mientras que para un 16,8% son los problemas económicos --bajada de ingresos, ayuda de otros familiares--; y otro porcentaje similar (16,5%) afirma no tener "ningún problema".

Aquellos que refieren que la pérdida de trabajo o los problemas psicológicos son los nuevos problemas a los que se enfrentan a consecuencia de la pandemia representan al 8,8% y al 8,1%, respectivamente.

Con carácter general, cuando se pregunta por el principal problema de Andalucía, el paro sigue siendo la mayor preocupación para la mayoría de la población encuestada (57,3%), seguido muy de lejos por los problemas derivados de la crisis del Covid-19 (8%).

TELETRABAJO Y ATENCIÓN SANITARIA

En relación con los hábitos de trabajo, un 68,5% de los andaluces cuyo trabajo les permite teletrabajar afirman seguir haciéndolo al menos un día a la semana, y el 37,9% piensa que el teletrabajo les ayudaría a conciliar, según el barómetro, consultado por Europa Press.

El 79,7% de los encuestados afirma que "nunca" trabajaba desde casa antes de la crisis del Covid-19, y el 69,8% indica que no pudo teletrabajar durante el confinamiento impuesto por la pandemia porque su trabajo no se lo permite.

Por otro lado, en un bloque dedicado a la atención de los servicios sanitarios públicos, el 48,1% señala que estaría de acuerdo en que la atención sanitaria fuera telefónica para recetas y consultas generales, y presencial para el resto, mientras que el 42,8% de la población andaluza prefiere que la asistencia sanitaria sea sólo presencial.

La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha pedido este lunes a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que transmita al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, la "predisposición" del Govern a negociar sobre el conflicto político entre Cataluña y España.

En el acto de firma de un convenio entre ambas instituciones en materia de ayudas para paliar los daños producidos por catástrofes naturales, celebrado en el Palau de la Generalitat y transmitido telemáticamente, Budó ha apuntado que el Govern tiene la "obligación política de ofrecer a la ciudadanía un horizonte de esperanza".

En este sentido, la consellera ha dicho que la voluntad de encontrar una resolución política debería pasar por atender "una ley de amnistía y poder ejercer el derecho a la autodeterminación".

Budó ha explicado que la iniciativa parlamentaria de promover dicha ley de amnistía para los presos del 1-O parte de que "la existencia de presos políticos y exiliados lo hace todavía más duro".

La consellera ha lamentado que "los envites y las trabas desgraciadamente son continuos", y ha citado la declaración este lunes del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su presunta implicación en el 1-O, o las supuestas maniobras diplomáticas para impedir una conferencia del conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, en Estonia.

DIÁLOGO DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN

Darias ha respondido: "El diálogo es el camino y la Constitución es nuestro marco y nuestro contexto; una Constitución que abraza, que incluye y que acoge".

La ministra ha afirmado que el diálogo se debe dar en el marco de la legalidad vigente: "La unilateralidad no dio el resultado deseado, antes al contrario", ha afirmado.

"El Gobierno quiere que podamos caminar juntos, que podamos avanzar juntos y que el reencuentro sea posible", ha concluido Darias.

Sobre la conveniencia de una ley de amnistía, la ministra ha asegurado que la política y el diálogo dentro de la ley deben ser el marco de resolución de conflictos: "Máximo respeto al ámbito judicial, este gobierno no se pronuncia sobre esas cuestiones", ha dicho.

CONVENIO

El convenio firmado, entre otros aspectos, pone a disposición de las administraciones locales cerca de 37 millones de euros para cubrir el 50% de sus solicitudes en relación a las actuaciones para paliar los daños causados por catástrofes naturales como la DANA que afectó España en octubre de 2019 o el temporal Gloria, que provocó desperfectos en enero de 2020.

En este sentido, Budó ha anunciado que su departamento "hace una apuesta clara para disponer de un fondo específico para emergencias climatológicas dirigidas al mundo local, desligado del fondo de contingencia"; y que se pondrá al día las bases para estas ayudas.

El PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 26,6 por ciento de los votos y una ventaja de 3,1 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,5 por ciento de los sufragios, y podría volver a sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Ciudadanos (Cs) y Vox, si bien este último partido se situaría en esta ocasión por delante de la formación naranja, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

En concreto, Vox obtendría el 15,7 por ciento de los votos, 3,5 puntos más que Ciudadanos, que se quedaría con el 12,2% de los sufragios, según el mismo barómetro, realizado a partir de una muestra diseñada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de 3.600 entrevistas telefónicas, y tras un trabajo de campo llevado a cabo entre los pasados días 23 de noviembre y 3 de diciembre.

Además, el sondeo distingue entre una coalición de Podemos e IU a la que atribuye un 10,3 por ciento de los votos, y Adelante Andalucía --que es el nombre actual del grupo parlamentario en el que se integran dichas dos fuerzas de izquierda--, que obtendría el 4,8 por ciento de los votos.

El sondeo refleja que el PP-A y Vox subirían en votos respecto a los comicios de diciembre de 2018, al obtener un 5,8% y un 4,7% más, respectivamente, mientras que el PSOE-A perdería un 4,4% de sufragios respecto a la última cita autonómica, y Cs caería un 6,1 por ciento.

PROYECCIÓN DE ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 35 y 38 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 26 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE-A obtendría entre 27 y 30 frente a sus actuales 33.

Por su parte, Cs pasaría de tercera a cuarta fuerza en la Cámara al quedarse con 13 ó 15 diputados --frente a los 21 logrados en diciembre de 2018--, y se vería superado por Vox, que obtendría entre 16 y 19 escaños gracias al 15,7 por ciento de los votos, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió doce parlamentarios.

De igual modo, el barómetro proyecta para Podemos e IU una estimación de 10 a 12 escaños, mientras que Adelante Andalucía, que logró 17 parlamentarios en las elecciones de 2018, se quedaría con uno o tres diputados a lo sumo.

En virtud de los resultados que arroja la encuesta del Centra sobre estimación de voto, el PP-A podría volver a sumar mayoría absoluta en el Parlamento --que se sitúa en los 55 escaños-- con Ciudadanos, formación con la que tiene un pacto de gobierno, y con Vox, partido con el que suscribió un acuerdo de investidura. Entre las tres formaciones sumarían hasta 72 diputados.

Esta es la tercera encuesta del Barómetro Andaluz del Centra que sitúa al PP-A como fuerza más votada en las elecciones autonómicas tras las publicadas los pasados meses de julio y octubre, que le otorgaba una ventaja de 3,8 puntos sobre el PSOE-A, que, en cambio, en los barómetros de junio y de diciembre de 2019 seguía siendo el partido más votado.

VALORACIÓN DE LÍDERES

El barómetro evalúa también el grado de conocimiento y valoración de los líderes de los principales partidos andaluces, y de esos datos se desprende que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, es el único que lograría una valoración media superior a 5 --en concreto, de 5,32 puntos--, mientras que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sería la líder política con un mayor grado de conocimiento entre los encuestados, del 94%.

En valoración media, por detrás de Juanma Moreno se sitúan el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, con una nota media de 4,73; el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández (4,00); la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz (3,98); la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde (3,96), y la expresidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía y referente de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, con un 3,71 de valoración media.

En el apartado de conocimiento de los líderes políticos, Susana Díaz se sitúa en primer lugar con un 94%, por delante de Juanma Moreno (93,8%), Juan Marín (67,1%), Teresa Rodríguez (58,8%), Alejandro Hernández (28,1%), y Martina Velarde, con un 16,4%.

De igual modo, el barómetro recoge una valoración de la gestión del Gobierno andaluz de PP-A y Cs. Al respecto, el 37,8 por ciento de los encuestados la califica como "mala" o "muy mala", frente al 34,3% que la define como "buena" o "muy buena".

Asimismo, el 10,6% de los encuestados valora como "buena" o "muy buena" la gestión del Gobierno de España --de PSOE y Unidas Podemos--, muy por debajo del 67,7% que la considera "mala" o "muy mala".

Por su parte, la gestión realizada por Juanma Moreno como presidente de la Junta es valorada como "buena" o "muy buena" por el 34,9% de los encuestados, mientras que el 36,2% la tacha de "mala" o "muy mala".

En cambio, la gestión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España es valorada como "buena" o "muy buena" por el 13,1% de los encuestados, mientras que el 64,7% la tacha de "mala" o "muy mala".

Por otro lado, el 33,5% se decanta por Juanma Moreno a la hora de responder quién querría que fuese el actual presidente de la Junta, mientras que el 7,4% señala a Susana Díaz y el 5,7% a Juan Marín.

VALORACIÓN DE CONSEJEROS

De igual modo, el sondeo recoge una valoración de los consejeros del Gobierno andaluz de PP-A y Cs, en la que todos ellos se sitúan por debajo del 5 de calificación, siendo el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo (PP-A), quien mejor nota saca, con un 4,91.

Por detrás de él se sitúan las consejeras de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo (4,86), y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (4,82), y el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda, que obtiene una puntuación de 4,79.

Les siguen los consejeros de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (4,75), y de Salud y Familias, Jesús Aguirre (4,73), y, por detrás de ambos, las consejeras de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (4,49); de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (4,48), y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (4,42). Cierra la tabla el consejero de Transformación económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, con un 4,29 de calificación.

En grado de conocimiento, Bendodo es también el consejero más conocido, con un 20,1%, seguido de los titulares de Educación y Deporte, Javier Imbroda (18,7%), y de Salud y Familias, Jesús Aguirre (17,2%), mientras que los menos conocidos son la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (6%) y el titular de Transformación Económica, Rogelio Velasco, al que únicamente el 5,2% de los encuestados afirma conocerlo.

A la pregunta de "qué partido político cree que puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía" que comentan los propios encuestados, el 18,7% señala al PP, mientras que un 9,9% se decanta por el PSOE; un 9,7% por Vox; un 3,8% por Cs; un 3,7% por Podemos y un 1,5% por Adelante Andalucía. Por la opción de "ninguno" opta el 42,4% de los encuestados.

Por otro lado, el 17,4% de los encuestados cree que a la economía andaluza le irá "mucho mejor" o "mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que el 59,2% piensa que le irá "peor" o "mucho peor".

Finalmente, la encuesta también pregunta si considera que Andalucía es una comunidad a la que se le ha sacado todo el provecho posible, a lo que el 87,5% de los consultados responde que "no", mientras que el 6,6% contesta con un "sí".

La Comisión de Ética Judicial ha establecido que la intervención de los jueces y juezas en los medios de comunicación para explicar o comentar resoluciones judiciales debe guiarse por la prudencia y moderación a la que se refieren los Principios de Ética judicial, con el fin último de salvaguardar la imagen de neutralidad que debe proyectar el Poder Judicial.

La Comisión es un órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) compuesto por seis miembros de la Carrera Judicial -elegidos directamente por los jueces y magistrados españoles- y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho. Hace estas consideraciones al analizar una consulta sobre la participación de los miembros de la Carrera Judicial en los medios de comunicación como "comentaristas" o "tertulianos" cuando el objeto de debate son resoluciones judiciales.

Las cuestiones a la que se alude en la consulta afectan a varios principios éticos, siendo el principal el ejercicio moderado y prudente del derecho a la libertad de expresión por los jueces y juezas para salvaguardar su independencia y apariencia de imparcialidad y para mantener la confianza en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales, según informa la Comisión en un comunicado.

También, el deber de asumir una actitud proactiva en favor de latransparencia y la función pedagógica de los integrantes de laCarrera Judicial mediante la explicación de la ley y los principios procesales, con los que el primero de los principios citados debeconjugarse.

TIENEN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El dictamen parte de la premisa de que los jueces y juezas, como cualquier otro ciudadano, gozan del derecho a la libertad de expresión. Los límites al ejercicio de ese derecho vienen impuestos precisamente por su condición de miembros del Poder Judicial, circunstancia que les impone un "deber de autocontención, prudencia y moderación para no faltar a la lealtad debida al Poder al que sirven ni afectar a las exigencias derivadas de los principios de independencia integridad en el cumplimiento de sus funciones.

COMENTARIOS SOBRE ASUNTOS PROPIOS

La Comisión distingue dos situaciones diferentes, que se producen según los comentarios del juez o jueza se refieran a asuntos propios o a resoluciones dictadas por otros órganos judiciales.

En el primero de los casos, el riesgo de afectar a la propia apariencia de imparcialidad es muy alto, por lo que resulta desaconsejable que un miembro de la Carrera Judicial emita comentarios u opiniones sobre sus propias resoluciones, máxime si la finalidad es responder o defenderse de críticas vertidas por terceros.

En ese escenario, el deber de transparencia contenido en los Principios de Ética Judicial puede satisfacerse mediante la difusión a través de los gabinetes de prensa, sin que el juez se exponga a que se cuestionen su independencia y apariencia de imparcialidad y se menoscabe la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales, según la Comisión.

Sólo cuando los asuntos propios ya estén definitivamente juzgados y hayan perdido actualidad, la participación del juez o jueza en programas con formato de documental encajaría más fácilmente en su función pedagógica, quedando minimizado el riesgo de perder su imagen de neutralidad.

El segundo de los supuestos se da cuando el objeto de análisis sonresoluciones dictadas por otros órganos judiciales. En este caso, la Comisión considera admisibles todos aquellos comentarios que ayudan a explicar, divulgar o contextualizar dichas decisiones judiciales, indicando cuáles son las normas procesales que entran en juego o informando sobre las exigencias de un Estado de Derecho y el funcionamiento de la Administración de Justicia. "Informar -señala el dictamen- es contribuir a una legítima y elogiable labor pedagógica alentada por la ética".

El eventual incumplimiento de los principios de ética referidos al respeto a los poderes del Estado y a la imagen de imparcialidad e independencia de la Justicia se produciría si los comentarios se centraran en la censura o desautorización del juez o tribunal que dictó la resolución objeto de análisis.

La Comisión señala que debe evitarse proponer soluciones o exponercriterios propios sobre un determinado asunto sin conocer en profundidad el procedimiento; es decir, desde fuera del escenario procesal en el que un juez está llamado a decidir, pues puede confundirse a la opinión pública sobre la función jurisdiccional o mermar su prestigio social generando una impresión de arbitrariedad.

En definitiva, un juez debe evitar emitir comentarios públicos que impliquen "orientar, ni tácita ni expresamente, ni de forma deliberada o inconsciente, ni dar apariencia de que trata de orientar, las decisiones que deben adoptar otros órganos judiciales", concluye la comisión.

Galicia ha defendido que la propia 'Ley Celaá' ofrece amparo legal para llevar a cabo las medidas anunciadas este sábado por el líder del PP, Pablo Casado, en las comunidades gobernadas por su partido: adelantar el plazo de inscripción del próximo curso para que la norma no les afecte.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se postuló al respecto este lunes en un acto en Santiago de Compostela, precisamente a la misma hora a la que la ministra Isabel Celaá se reunía con los consejeros de todas las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, encuentro al que se ausentó el responsable gallego.

A preguntas de los medios, Rodríguez no solo ha confirmado que la Xunta trabaja en la línea de acción avanzada por Pablo Casado, sino que ha avanzado la propia 'Ley Celaá' ofrecería amparo a este adelanto de la inscripción a través del desarrollo normativo autonómico.

En concreto, asegura que la norma posibilita en una disposición transitoria "que se pueda fijar" esta cuestión mediante el adelanto de la publicación del decreto de admisión de alumnado. Esto permitiría, según ha añadido, "regular todo lo que tiene que ver" con esta materia.

"Estamos cumpliendo y desarrollando la 'Ley Celaá' incluso antes de su aprobación", ha insistido Rodríguez, tanto "trabajando en esa línea" como "desarrollando otra serie de aspectos" de la norma que, a su juicio, afectan al modelo educativo de Galicia.

De este modo, la Xunta busca sortear aquellos puntos que, a su juicio perjudican al sistema y así "preservar aquellos elementos" que "garantizan" los indicadores "de calidad, de equidad" y "de igualdad de oportunidades".

"NO HACEMOS UN POSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO"

El conselleiro de Educación ha rechazado, no obstante, que se trate de un posicionamiento "ideológico" ante la ley, sino de "preservar" el sistema y el modelo gallego "dentro del marco legal" que establece la norma.

"Quiero dejar muy claro que nosotros no hacemos un posicionamiento ideológico frente ninguna norma, en ningún caso. Nosotros lo que queremos es preservar la calidad, la equidad del sistema, junto con la igualdad de oportunidades y el trabajo que hemos hecho", ha insistido.

Rodríguez también ha enmarcado en esta línea de actuación la oferta complementaria de la OPE para profesores técnicos de FP, puesto que la ley deja "en el limbo" a este cuerpo, las instrucciones para facilitar el trabajo a los profesores que impartan sin máster docente o las medidas para paliar los efectos del 'decreto del aprobado general'.

Todos ellos, ha añadido, representan "elementos estructurales" que se mantendrán mediante el desarrollo normativo autonómico, pero siempre "dentro del marco de la Ley", ha insistido.

La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, denuncia que el Gobierno ha vetado su participación en el trámite del proyecto de reforma de la ley de Educación (la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá') en el Senado.

Según lamenta la plataforma, parece que no se va a aceptar "ninguna enmienda" propuesta por el sector de la concertada a la nueva norma educativa, intentando así "silenciar a una parte muy importante y numerosa de la sociedad".

Precisamente, este jueves 17 de diciembre se reunirá la Ponencia de la Comisión de Educación y FP del Senado, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas de los grupos parlamentarios del Senado al proyecto de reforma de la ley. Al día siguiente, viernes 18, la Comisión emitirá un dictamen con lo aprobado por la Ponencia, que será votado en el Pleno de la Cámara Alta el día 23.

Si el proyecto de ley es vetado o enmendado por el Senado, tendrá que someterse de nuevo a votación en el Pleno del Congreso el próximo día 29, pero si no recogiese ninguna modificación, entonces quedaría aprobada definitivamente la Ley.

Para manifestar su oposición a la norma, la plataforma se concentrará frente a las puertas del Senado este miércoles 16 de diciembre. Y también lo hará el domingo día 20, con una concentración de vehículos por las calles de capitales de provincias y ciudades de toda España.

"Nunca una Ley Orgánica de Educación se ha aprobado con una tramitación tan atropellada que pone de manifiesto un preocupante déficit democrático de quien la impulsa y respalda", critica Más Plurales, que también se queja de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha contestado a la solicitud de reunión realizada por la Plataforma el pasado 30 de noviembre.

"El diálogo, la negociación y consenso, han sido sustituidos por la imposición, la exclusión y la inexistencia de un debate democrático y participativo con la sociedad civil", señala Más Plurales, que advierte de que, aunque resulte aprobada la LOMLOE, seguirá con acciones en todos los ámbitos políticos y jurídicos para "minimizar en lo posible los perjuicios que esta Ley ocasiona".