Gobierno catalán defiende que tiene cobertura legal para aplazar las elecciones del 14F

La Generalitat de Cataluña ha defendido que tiene cobertura legal para aplazar las elecciones del 14 de febrero por el impacto de la pandemia del coronavirus, han explicado varias fuentes del Govern.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado este jueves de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral general, por lo que ha pedido «mucha cautela ante una falta de previsión legal».

Las fuentes ya citadas han afirmado que el Govern entiende que no hay impedimento legal para aplazar los comicios y los servicios jurídicos de la Generalitat están preparando un informe que lo avala.

De hecho, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ya emitió un dictamen en septiembre que argumenta que, si no se puede garantizar el derecho a voto de todo el electorado, la Generalitat podría posponer o suspender las elecciones.

«En caso de insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho de voto al electorado en condiciones de libertad e igualdad, y propiamente en garantía de este, con la adecuada motivación y con la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones o del deber de celebrarlas, la Generalitat de Catalunya puede proceder al aplazamiento o, en su caso, la suspensión de las elecciones», recoge este dictamen.

Pese a reconocer que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no contempla la posibilidad de posponer unas elecciones, apunta que en Galicia y el País Vasco esto no supuso un «obstáculo para entender que esta suspensión podía decretarse y que el órgano competente para hacerlo era el mismo que era competente para adoptar el decreto de convocatoria» de los comicios.

De esta manera, con este argumento se avalaría que el Govern pudiera decretar el aplazamiento de las elecciones, ya que fue el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el que firmó el decreto de convocatoria del 14F, aunque fue un trámite automático por la disolución del Parlament al no haber investidura tras la inhabilitación del expresidente Quim Torra.

Fuentes del Ejecutivo catalán han defendido que cuando se publicó ese dictamen en septiembre nadie se opuso y tampoco cuando en el decreto de convocatoria de elecciones se incluyó un apunte en el preámbulo que contemplaba la posibilidad de posponer los comicios por el Covid-19, aunque no concretaba en qué supuesto epidemiológico se podría decidir retrasarlos.

«Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por el Covid-19, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria posponiéndose la votación a una fecha posterior que sí las ofrezca», recoge este fragmento del decreto de convocatoria del 14F.

NUEVO INFORME

Estas fuentes también han destacado que los servicios jurídicos de la Generalitat están preparando un nuevo informe, que irá en la misma línea que el dictamen de septiembre, para argumentar legalmente el aplazamiento de las elecciones, si se acaba tomando esta decisión tras la mesa de partidos de este viernes.

Así, han expresado su convicción de que, si se opta por posponer los comicios, la decisión irá acompañada de toda la seguridad jurídica.