El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado que su impresión es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "apuesta por España" y está "muy volcada" en fomentar la recuperación económica para solucionar los problemas provocados por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha dicho Revilla en una rueda de prensa que ha ofrecido tras participar en la Conferencia de Presidentes, que se ha desarrollado de forma telemática y en la que ha participado von der Leyen para abordar con Pedro Sánchez y los mandatarios autonómicos los criterios de reparto de los fondos europeos que llegarán a España.

"Mi impresión es que se ha ido contenta", ha dicho el presidente cántabro, destacando que "no ha puesto ningún tipo de reticencia", se ha mostrado a favor de que los esos fondos lleguen "cuanto antes" y ha asegurado que se aprobarán los proyectos con una "celeridad extraordinaria".

De hecho, ha hablado de habilitar a los países miembros adelantos ya el año que viene en "cantidades importantes", según Revilla, que ha visto a la presidenta de la Comisión "muy volcada con que se solucionen los problemas de la pandemia con una reactivación económica de Europa y de España muy especialmente", ya que ha hecho hincapié en su "importancia para la UE" y ha resaltado que es el segundo país receptor de este fondo.

En concreto, el presidente cántabro se ha centrado en su exposición -limitada a cinco minutos- en cinco de los 102 proyectos que Cantabria presentará a dichos fondos: el polígono de La Pasiega, la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), iniciativas de Valdecilla, actuaciones enmarcadas en la transición ecológica y proyectos de infraestructuras.

Sobre La Pasiega ha trasladado a la presidenta de la Comisión que se trata de un proyecto "transformador" de la Comunidad Autónoma y no del Gobierno, ya que fue aprobado por todos los partidos y respaldado por sindicatos, empresarios y universidad, además de que hay "cantidad de empresas interesadas" en implantarse en el futuro polígono.

En cuanto al MUPAC, ha destacado que Cantabria tiene "el mayor patrimonio histórico del mundo" a pesar de su tamaño, y que con este museo, el de Altamira, las cuevas y el Centro de Interpretación de Arte Rupestre que se va a construir en Puente Viesgo se pretende crear una "referencia mundial".

Por otro lado, ha presentado al hospital Valdecilla como el "buque insignia" de la región y lo ha unido a la Universidad de Cantabria, de "gran prestigio", para proponer a la UE los proyectos de implantación de la terapia de protones e iniciativas de i+D vinculadas al ámbito sanitario.

Y en el ámbito de la transición ecológica, se ha centrado en proyectos "muy importantes" que tienen empresas privadas como Solvay para su descarbonización, Viesgo, Ferroatlántica o Repsol, que presentará una inversión en la presa de Aguayo, todo ello para "ir eliminando energías contaminantes.

Por último, en cuanto a infraestructuras se ha centrado en los proyectos ferroviarios, en los soterramientos de las vías del tren proyectados en Santander y Torrelavega y en la instalación de algunos carriles bici y sendas peatonales en estos mismos municipios.

"EXTRAORDINARIA OPINIÓN"

Según Revilla, la presidenta de la Comisión Europea se ha llevado una "extraordinaria opinión" de los planteamientos propuestos por las comunidades, que "encajaban en su mayor parte" con los planteamientos establecidos por Europa para destinar las ayudas.

En concreto, von der Leyen había marcado las grandes líneas de lo que en sería recibido con "gran interés, como lo relacionado con el cambio climático y la digitalización, además de que ha introducido el tema del hidrógeno como fuente de energía, algo que para el presidente cántabro ha sido una "novedad".

"Se ha ido contenta, ve que se está trabajando en España en proyectos sólidos que podrán ser atendidos por la UE", ha dicho Revilla tras señalar que él también ha terminado la reunión "contento" por la actitud de "unidad" que han mostrado todas las comunidades autónomas ante von der Leyen, ya que "solo ha habido una salida de tono" del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, en relación a los presos independentistas.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha augurado este lunes que la capacidad de respuesta del sistema sanitario catalán se verá comprometida "en las próximas semanas" por la mala evolución de los datos de contagio de coronavirus.

En rueda de prensa telemática, Aragonès ha explicado que la tasa de contagios es "elevadísima" y que la velocidad de expansión del virus es más rápida que la reducción que aportan algunas medidas restrictivas y que por eso harán falta más limitaciones.

"Tenemos que ir a la avanzada", ha dicho en referencia a la estrategia para frenar al virus, aunque ha destacado que no quiere especular sobre posibles nuevas medidas si no están decididas y aprobadas para no crear más alarma entre la población.

VOTO DE CENSURA DEL BARÇA

Preguntado por la carta que el FC Barcelona ha enviado al Govern para frenar el voto de censura previsto para el próximo fin de semana, Aragonès se ha remitido a la comunicación del Procicat conforme se podía celebrar si había medidas de espacio y más tiempo para votar.

"Es una entidad privada y nos limitamos a explicar las condiciones sanitarias en las que se puede hacer esto", ha remarcado Aragonès.

Gran parte de los presidentes autonómicos que han participado este lunes en la XXIII Conferencia de Presidentes han aprovechado la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reclamar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, más "claridad" a la hora de establecer los criterios de reparto del Fondo Next Generation EU, del que los gobiernos autonómicos serán los encargados de ejecutar más del 50% de los proyectos, según les ha comunicado el propio Sánchez.

Así, los líderes de las Comunidades Autónomas han planteado los criterios que, bajo su punto de vista, deben primar a la hora de llevar a cabo el reparto de estos fondos europeos. Además, la Conferencia de Presidentes también ha servido para que algunos mandatarios reclamaran otras cuestiones como la movilidad europea, la llegada de la vacuna o una respuesta a la inmigración.

El foro ha contado además con la intervención de Ursula von der Leyen, que ha apelado a los líderes autonómicos a trabajar como un "equipo" para garantizar el éxito de este fondo impulsado desde la Unión Europea para reconstruir los países tras la pandemia del Covid-19.

También ha estado presente el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, que ha celebrado que las Comunidades Autónomas sean encargadas de ejecutar más del 50% de los proyectos porque cree que éstas irán de la mano de los ayuntamientos.

LAS CCAA DEL PP RECLAMAN CRITERIOS OBJETIVOS

Así, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han coincidido en pedir al Gobierno que establezca criterios "transparentes y objetivos" en el reparto de este dinero y por eso piden una agencia evaluadora externa que asegure que el proceso cumple esos requisitos.

En estos términos se ha expresado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha añadido que los criterios deben estar alejados de "cualquier tentación de politizar" el reparto del fondo y por ello solicita esta agencia evaluadora para garantizar un proceso "transparente y objetivo".

Haciendo hincapié en esos dos términos también se ha expresado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además ha criticado que hasta ahora no se les haya comunicado a las CCAA los criterios de distribución ni se les haya pedido sus aportaciones. En este punto, ha solicitado que el mecanismo de recuperación y resiliencia tenga a las regiones como "papel fundamental" a la hora de tomar la decisión sobre los fondos y que el mecanismo tenga criterios "objetivos y transparentes", como ya ha hecho la Unión Europea con los países miembros.

En el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado esperanzado en obtener en la misma tarde de este lunes, en el marco de una comisión técnica que reúne a representantes del Estado, las comunidades autónomas y la Comisión Europea, "de una vez por todas toda la información" sobre los criterios de reparto de los fondos europeos que va a recibir España para afrontar la recuperación de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha centrado su intervención en pedir "criterios transparentes y objetivos" para la distribución de los fondos comunitarios, con un sistema que "combine" varios aspectos. El primero de ellos, que sea "sin arbitrariedad" y en concurrencia competitiva entre los proyectos que diseña cada administración.

CADA CCAA, CON SU REIVINDICACIÓN

Los presidentes autonómicos se han presentado a este foro planteando sus reivindicaciones para optar a estos fondos europeos. A este respecto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado criterios de población, tasa de paro y la afección de la crisis del coronavirus en el Productor Interior Bruto (PIB).

En el caso del Principado de Asturias, su presidente, el socialista Adrián Barbón, ha aprovechado la presencia de von der Leyen para trasladarle la "urgente necesidad" de proteger el acero europeo a través de un arancel medioambiental. Asimismo, el socialista quiere se tenga en cuenta para el reparto de los fondos europeos factores como el envejecimiento o la despoblación en los criterios, además de articular las decisiones sobre el eje de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, la presidenta de Navarra, la también socialista, María Chivite, ha tomado parte para reiterar que la Comunidad foral "se encuentra en una buena posición para recabar fondos europeos porque el Plan Reactivar Navarra, en el que se sustentan los retos de la legislatura, está bien enfocado hacia los ejes de digitalización, política medioambiental y cohesión territorial y social sobre los que pivota la estrategia europea de la Agenda 2030".

Asimismo, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido que el gobierno valenciano pueda gestionar el 10% de los fondos autonómicos para proyectos del plan Next Generation EU, y ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, un plan para la juventud y un "Espacio Schengen sanitario".

RESALTAN LA PRESENCIA DE VON DER LEYEN

Otros líderes autonómicos, como el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han puesto en valor la presencia de Von der Leyen en la Conferencia para poder debatir sobre los fondos europeos. En este sentido, ha manifestado que su impresión es que la presidenta de la Comisión Europea "apuesta por España" y está "muy volcada" en fomentar la recuperación económica para solucionar los problemas provocados por la pandemia del coronavirus.

Además, la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha aprovechado la presencia de Von deer Leyen, para reclamarla criterios homegéneos en lo que respecta a la movilidad entre ciudadanos de la Unión Europea en el contexto de la pandemia. En rueda de prensa, Armengol ha asegurado que Von der Leyen ha calificado la reactivación del sector turístico y la movilidad en el conjunto de la Unión Europea como una prioridad a nivel europeo y un tema "capital".

También se ha referido a la cuestión sanitaria el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha pedido que cuando haya una solución médica a la pandemia, Europa se haga cargo de que no falten vacunas y tratamientos para los países miembro.

CATALUÑA VE INSUFICIENTE EL 50%

Por el contrario, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha reivindicado la independencia de Cataluña ante Von der Leyen, además considera insuficiente que las Comunidades Autónomas vayan a ejecutar el 50% de los proyectos de estos fondos. Aragonès ha reiterado que el Govern quiere gestionar el 100% de los fondos y que no habrá "nunca un porcentaje suficiente en tanto que se plantee una lógica de comunidad autónoma".

En el caso del País Vasco, Iñigo Urkullu, ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que las comunidades autónomas son "el piloto" de la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pese a que los Estados miembros de la UE sean la 'puerta de entrada' a los Fondos Next Generation, y ha defendido "la gobernanza colaborativa y la subsidiaridad" dentro de la UE. Además, ha reclamado "mayor claridad" sobre los criterios de selección y los instrumentos de gestión compartida de los fondos europeos.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que las comunidades autónomas son "el piloto" de la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pese a que los Estados miembros de la UE sean la 'puerta de entrada' a los Fondos Next Generation, y ha defendido "la gobernanza colaborativa y la subsidiaridad" dentro de la UE. Además, ha reclamado "mayor claridad" sobre los criterios de selección y los instrumentos de gestión compartida de los fondos europeos.

Estos han sido los ejes principales de la intervención de Urkullu en la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este lunes, a través de videoconferencia, tras la declaración este pasado domingo por parte de Pedro Sánchez del estado de alarma para frenar la expansión de la covid-19, que gestionarán los máximos representantes autonómicos, y que ha contado con la presencia de Von der Leyen.

El primer lugar, el Lehendakari ha querido agradecer a la presidenta de la Comisión Europea, "en nombre de Euskadi Basque Country, su disposición a compartir los criterios y líneas generales de los Fondos Europeos 'Next Generation'", y se ha mostrado convencido de que esta información compartida resultará "de utilidad" a la hora de "enfocar los proyectos de transformación digital y tecnológica, energética y medioambiental, de inclusión y cohesión social, susceptibles de ser financiados por la UE.

El lehendakari ha considerado que el Fondo Next Generation es "una oportunidad para ahondar en la estrategia de especialización inteligente RIS 3 y volver a impulsar, por parte de la Unión Europea, el papel de las Comunidades o Regiones en la doble transición energético-ecológica y de digitalización".

En este sentido, cree que "sería necesario alinear Next Generation,Fondos Estructurales y Estrategia de Especialización Inteligentegarantizando, de esta manera, la eficacia y eficiencia que representa para toda la Unión Europea una mutualización de deuda como mecanismo, node solidaridad, sino de refuerzo del mercado único".

"En Euskadi, en todas las Comunidades, tenemos la firme voluntad deafrontar una fase de reactivación económica y crecimiento sostenible,orientada a superar los efectos de la pandemia y recuperar el empleo", ha añadido.

Iñigo Urkullu ha explicado que, "reflejo de esta actitud proactiva" fue la carta que remitió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el 12 de agosto, en la que adjuntó el documento 'EstrategiaVasca de Crecimiento Sostenible', así como una lista preliminar deproyectos que pudieran materializar esta Estrategia, todos ellosenmarcados en el compromiso con la Agenda 2030.

La misiva, según ha puntualizado, daba respuesta a la invitación que Sánchez realizó en la conferencia de presidentes del 31 de julio celebrado en San Millán de la Cogolla (La Rioja), en la que el presidente del Ejecutivo central planteó su voluntad "a trabajar de forma conjunta con las Comunidades Autónomas en la gestión de los Fondos Europeos".

"Así está recogido en el propio Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Desde entonces, venimos trabajando con este propósito. Aquella primera lista ha ido incorporando nuevas propuestas, de iniciativa pública y de colaboración público-privada", ha indicado.

Urkullu ha apuntado que el resultado "es una base de trabajo sólida, más contrastada y concreta", que podrá poner "a disposición del Gobierno español en el momento en que así se establezca". En esta línea, ha precisado que responde a los siete ámbitos prioritarios de lapropia Comisión: activación de tecnologías limpias y energías renovables, eficiencia energética de edificios, transporte sostenible, servicios de banda ancha rápida, digitalización de servicios, aumento de capacidades industriales, y adaptación de los sistemas educativos.

"MAYOR CLARIDAD"

"Ahora, las Comunidades Autónomas necesitamos conocer con mayorclaridad los criterios generales de la Comisión Europea para la selección de los proyectos transformadores, y si estos podrán ser objeto de adaptación a cada Estado en función de su realidad social, económica y tecnológica de partida", ha asegurado.

Asimismo, ha dicho que tienen que saber también "los instrumentos y criterios que el Gobierno español pondrá en marcha para la selección y gestión compartida de los proyectos" con las autonomías, "definiendo las funciones específicas de la Conferencia sectorial de los Fondos Europeos".

En tercer lugar, ha pedido que se aclaren los sistemas de evaluación, seguimiento y control de ejecución de los proyectos en el marco de los parámetros establecidos por la UE. Europa es sinónimo de confianza y certidumbre. Ha llegado la hora de europa. Es momento de trabajar juntos, y desde la base, para lograr una Europa más digital, más verde y más inclusiva", ha aseverado.

Por ello, ha defendido "la gobernanza colaborativa y la subsidiariedad". "Planteamos la participación activa de las Comunidades más cercanas a las demandas, deseos y necesidades de la ciudadanía", ha destacado.

PAPEL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LÄNDER

Además, interpreta la presencia de la presidenta de la Comisión, en este foro como "un reconocimiento al papel clave de las Comunidades Autónomas, Länder o Gobiernos subestatales en la salida de la crisis".

A su juicio, "es una clara señal a favor de la gobernanza colaborativa". En esta línea, ha dicho que los Estados miembros son la 'puerta de entrada' a los Fondos Next Generation, pero losGobiernos autónomos son "el piloto de esa recuperación, porquedebe estar pegada a la realidad territorial".

"Lo que hagamos estos próximos años transformará el futuro de variasgeneraciones. Este es el sentido de los proyectos que vamos a proponer aNext Generation", ha concluido el Lehendakari.

Agentes del distrito Centro y de la Unidad de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal de Madrid desalojó la madrugada de ayer domingo una fiesta ilegal en un céntrico local en el que se encontraban 36 personas, de las cuales 3 de ellas resultaron detenidas por diversos motivos, ha informado este lunes el Cuerpo Local en una nota de prensa.

Una llamada de los vecinos al 092 alertaba, a las 01:30 de la madrugada del día 25, que en el interior de un establecimiento de la calle Cruz había personas en su interior realizando una fiesta. Un patrulla se acercó al lugar comprobando que, efectivamente, había un local con las puertas cerradas con llave y del que desde su interior se escuchaba música y a personas.

Los agentes, tras varios intentos infructuosos para que abriesen desde el interior, decidieron activar un dispositivo especial junto a la Unidad de Apoyo a la Seguridad para valorar la situación y analizar los hechos. Posteriormente tras apertura del local, sobre las 6.15 horas, la gente comenzó a salir del mismo apresuradamente, intentando escapar y agrediendo a varios agentes allí desplegados.

Los policías evitaron su huida y detuvieron a un individuo por atentado a agente de la autoridad. Fue entonces cuando los policías locales lograron entrar al local y arrestar a un individuo por atentado a agente de la autoridad.

Una vez en el interior, comprobaron que había un total de 36 personas y, según manifestaciones de algunas de ellas, no pudieron salir del local a pesar de su voluntad de querer hacerlo, ya que no querían abrir las puertas hasta acabar el toque de queda. Por ello, los agentes arrestaron a dos individuos por un delito de detención ilegal.

Además, en el interior del local se observó que estas personas estaban en su mayoría sin utilizar mascarillas, sin guardar la distancia de seguridad, incumpliendo la normativa en cuanto a distancia social y demás exigencias higiénico-sanitarias, siendo denunciadas cada una de ellas por estos motivos.

VARIAS BOLSAS DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE ROSA

En el local se incautaron varias bolsas de sustancia estupefaciente rosa ('Tucibi'), de sustancia estupefaciente blanca (MDMA), 3.200 euros que portaba una de las personas, y se advirtieron restos de cigarrillos y tabaco en cachimbas, llegando a denunciar a la encargada por fumar delante de los agentes actuantes.

El local no presentaba licencia de actividad ni de funcionamiento, así como el seguro obligatorio de responsabilidad civil, negándose en todo momento a colaborar los responsables del mismo a pesar de que las personas que se encontraban en el interior corrían gran peligro, ya que las puertas se encontraban cerradas con llave y sin posibilidad de escapatoria en caso de emergencia.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial por los delitos descritos así como en lo relativo a la obstrucción inspectora a agentes de la autoridad, enfrentándose el local a sanciones por infracciones graves de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR).

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer con trastornos mentales acusada por unos padres de intentarse llevar a dos niños pequeños que paseaban con sus cuidadoras en un parque del madrileño distrito de Chamberí.

Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes de octubre en el parque Ríos Rosas, junto al depósito número 1 del Canal de Isabel II. El 7 de octubre, sobre las 19 horas, una mujer de unos 35 años, morena, delgada y con el pelo negro recogido con coleta, llegó al parque infantil y tras un rato deambulando por la zona se acercó a una cuidadora, que llevaba un niño de diez meses.

Entonces le espetó a la cuidadora que el bebé no era suyo y amenazó con llevárselo diciendo: "Pequeño, vamos para casa". La mujer comenzó a chillar y la supuesta secuestradora huyó del lugar.

Pero al día siguiente volvió al parque y, con el mismo 'modus operandi', intentó llevarse a otro niño de 5 años, pero en este caso acabó retenida y, tras la llegada de los agentes, fue detenida, según contó a sus contactos una de las madres afectadas a través de redes sociales.

La Policía Nacional ha aclarado que esta mujer fue detenida por atentado a la autoridad pero no por secuestro. También han indicado que no forma de ningún red y organización delictiva y presenta evidentes trastornos mentales, algo que también han transmitido a los colegios cercanos, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

La mujer fue puesta a disposición judicial, que dictó una orden de alejamiento de 500 metros sobre esa zona infantil, medida que parece insuficientes a los padres del barrio. La Fiscalía también ha solicitado un informe para conocer el estado psicológico de la mujer.

El Gobierno de Cantabria ha rebajado de diez a seis el número máximo de personas que pueden reunirse en la región, tanto en espacios públicos como privados y salvo que sean convivientes, y aprobará el jueves ayudas para paliar las consecuencias de las últimas medidas aprobadas, que afectan especialmente a la hostelería.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, a preguntas de los periodistas a propósito del estado de alarma decretado el domingo por el Ejecutivo central en todo el país, con intención de que esté vigente seis meses, hasta el próximo mes de mayo, y con toque de queda nacional y flexible incluido, que en la Comunidad se aplica de 00.00 a 6.00 horas.

Tanto la limitación de libertad de circulación nocturna como el máximo de personas que pueden juntarse a la vez están en vigor desde este mismo lunes, una vez han sido publicados los respectivos decretos en sendos anuncios en un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario.

Y el jueves se dará luz verde, en la reunión semanal del Gobierno PRC-PSOE, a una "cuantía económica" para "paliar las consecuencias" que las últimas medidas adoptadas en la región que afectan a bares y restaurantes, como el cierre de estos negocios antes de las once de la noche o la limitación de aforos, al 50% en interior -donde no se puede consumir en la barra- y al 75% en el exterior -con prohibición de fumar-.

Revilla ha admitido que estas decisiones no son "favorables" para el sector, pero ha advertido de que "si no las tomamos, la cosa va a ir a peor". En este sentido, ha recordado que está habiendo un incremento "elevadísimo" de casos, "la mayor parte" entre gente joven y el 60% de ellos asintomáticos además. Estas infecciones tienen que ver, ha dicho, con la movilidad y reuniones, que se suelen dar los fines de semana y "a determinadas horas".

LIMITACIONES MOVILIDAD NOCTURNA Y REUNIONES

Las disposiciones sobre la limitación de la libertad de circulación de los ciudadanos en horario nocturno entre las 00.00 y las 06.00 horas y la permanencia de grupos en espacios públicos y privados a un número de máximo de seis personas --salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relaciones a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público-- se mantendrán hasta la finalización del estado de alarma declarado para contener la propagación del coronavirus y sus posibles prórrogas.

Además, se estable que las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho de reunión constitucionalmente reconocido podrá limitarse, condicionarse o prohibirse cuando no se garantice la distancia personal necesaria para impedir los contagios.

En estas limitaciones no se incluyen las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la resolución publicada por la Consejería de Sanidad el pasado 18 de junio, por la que se levantó el anterior estado de alarma en Cantabria y se establecieron las medidas sanitarias aplicables en la denominada 'nueva normalidad'.

Sobre la aplicación del toque de queda, que con carácter general, en todo el país, es efectivo de 23.00 a 6.00 horas pero cada comunidad puede ajustarlo una hora antes o después, el presidente cántabro ha explicado que el horario en la región -de medianoche a seis de la madrugada- se ha decidido por "sentido común", si se tiene en cuenta que la hostelería tiene que cerrar a las once de la noche, para "no dañar aún más" al sector.

ESTADO DE ALARMA

Y sobre el estado de alarma en general, que esta Comunidad solicitó al Estado el pasado sábado de manera oficial ante la evolución de la pandemia, Revilla ha comentado que aunque seis meses puedan parecer "una barbaridad", el decretado actual "no tiene nada que ver con el que vivimos en marzo", pues entonces estaba centralizado y ahora depende de las autonomías, ya que es "mucho más flexible".

"Ni limita nada. Nos autoriza", ha aclarado el regionalista, para explicar que es algo "positivo", ya que se trata de una especie de "paraguas" que da cobertura legal a las decisiones que adopten las regiones en función de la evolución de la pandemia en cada territorio.

Es, ha insistido, una herramienta "imprescindible" para evitar lo que ha sucedido en algunos lugares, donde los tribunales de justicia "se cargan" medidas aprobadas mientras que en otros sitios no lo hacen, generando así "incertidumbre" a las autonomías, que necesitan actuar "con rapidez" porque "el virus está disparado.

Preguntado por la oferta que ha hecho el PP al Gobierno PSOE-Unidas que preside Pedro Sánchez, al que Pablo Casado ha propuesto un estado de alarma prorrogable durante ocho semanas, el líder del PRC ha considerado "razonable" el planteamiento.

Pero ha insistido que aunque seis meses "parecen muchos", el poder ahora no está centralizado como en primavera y las comunidades pueden relajar las medidas que vayan decretando -aforos, cierres, etcétera- a medida que vayan disminuyendo los contagios. "Está en nuestras manos".

"El tema no es el plazo, sino el contenido", ha opinado Revilla, para quien el actual estado de alarma es "muy liberal" y da a las comunidades autónomas "todo el protagonismo" a la hora de tomar decisiones y aplicar restricciones.

COMUNIDADES PRÓXIMAS, MEDIDAS PARECIDAS

En este sentido, se ha mostrado partidario de que regiones "próximas" tomen medidas "parecidas", en el caso de Cantabria Asturias, Castilla y León y especialmente el País Vasco, pues con esta última hay un "flujo mayor" de personas.

Sobre la pandemia, el presidente regional y líder del PRC ha reiterado que Cantabria no está en una situación "angustiosa" por el Covid, aunque sí se ha establecido una "línea morada" que marca un "límite peligroso" en el incremento de casos.

Y es que los positivos pueden repercutir después en la incidencia de la enfermedad en los hospitales y unidades de cuidados intensivos, que ahora están "bien" en cuanto al número de pacientes ingresados y se compara con la primera ola.

Para evitar que aumente la presión asistencial ha que "tomar medidas ahora duras", ha justificado Miguel Ángel Revilla, que ha vuelto a manifestar que "el que no quiere coger el Covid, no lo coge".

La ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, se ha mostrado firme en la voluntad del Ejecutivo central de establecer en seis meses la prórroga del estado de alarma, y ha rechazado las condiciones que ha planteado el líder del PP, Pablo Casado, para dar su apoyo, y que pasan por que dure tan solo ocho semanas y por llevar a cabo una reforma de la ley de salud de 1986.

"Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones", ha pedido Darias a Casado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Senado tras la Conferencia de Presidentes celebrada este lunes. El líder de los 'populares' ha supeditado su apoyo a este decreto del estado de alarma a que tan sólo dure ocho semanas y a que se reforme la Ley del 86 para permitir que pueda limitar la movilidad, sin recurrir al estado de alarma.

En esta intervención, la ministra de Política Territorial ha confirmado que el Gobierno aprobará su propuesta de prórroga este mismo martes en el Consejo de Ministros, para que pueda ser debatida por el Congreso esta misma semana.

Asimismo, ha subrayado las palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, argumentando que la duración de seis meses responde a que es el tiempo que recomiendan los expertos, y que va en línea de las decisiones del resto de países europeos para controlar la pandemia.

"He sido clara, el tiempo de seis meses es un tiempo que tiene criterios objetivos absolutamente razonables basados en la opinión de las personas expertas", ha insistido.

Eso sí, la ministra ha recordado que se trata una propuesta de duración máxima, que no es "inamovible", sino que se podrá revisar, y levantar antes el estado de alarma, en el caso de que la evolución de la pandemia lo permita.

TAMBIÉN RECHAZA LA REFORMA LEGAL QUE PROPONE LE PP

Y sobre la condición del PP de reformar el marco legal para hacer frente a la pandemia, Darias también ha reafirmado, como ya planteó Sánchez, que el Gobierno no cree conveniente esta modificación de la ley, porque las restricciones que se amparan en el estado de alarma afectan a derechos fundamentales y, por lo tanto, requiere de este instrumento constitucional.

Por todo ello, ha vuelto a avisar de que "no es el momento de poner palos en las ruedas, sino de contribuir entre todos", tras insistir en que no tienen intención de rebajar la vigencia de seis meses que el Gobierno entiende como necesaria para superar la pandemia.

Sobre la petición planteada por Ciudadanos de que sea el presidente del Gobierno y no el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que comparezca periódicamente en el Congreso para rendir cuentas sobre el estado de alarma, Darias ha criticado de nuevo que los partidos hablen de "condiciones" y "exigencias", aunque no ha descartado de plano esta posibilidad. Eso sí, previamente ha señalado que el plan es que sea Illa quien acuda al Parlamento de a dar explicaciones de forma regular.

"Hablar de condiciones y exigencias puede tener razón desde el punto de vista partidario pero tenemos que ser capaces de elevarnos a los propios partidos y ser acordes con la situación. El Gobierno decidirá quién comparece y le aseguro que quien lo haga, lo hará bien", ha apostillado.

Por otra parte, preguntada sobre si ya se han asegurado el apoyo del PNV, ERC o Junts, Darias no ha querido desvelar el estado de las negociaciones y ha asegurado que será en el arco parlamentario donde se suscriban los acuerdos que permitan sacar adelante la prórroga.

Y sobre la posibilidad de que las comunidades no respeten las medidas establecidas a modo de "recomendaciones" en el plan para hacer frente a la pandemia, Darias se ha mostrado segura de que todas van a cumplir con ese plan, porque lo elaboraron ellas mismas junto al Ministerio de Sanidad.

Según Darias, todas las intervenciones de los líderes autonómicos que se han producido este lunes durante la Conferencia de Presidentes han sido "positivas" y se han desarrollado "desde el compromiso más absoluto" ha luchar contra la pandemia "de manera conjunta". "Son conscientes del reto de país que requiere y exige", ha asegurado.

El Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha aprobado este lunes en una reunión ordinaria el informe elaborado por la comisión de expertos sobre los presuntos casos de explotación de menores tutelados.

Según ha informado el presidente del IMAS este lunes en una rueda de prensa, "el pasado mes de febrero se adquirió el compromiso de crear una comisión de expertos, quien debía elaborar un informe de la situación y analizar la explotación sexual infantil, en este caso de los menores tutelados por el IMAS".

"Este lunes se ha aprobado este informe por amplia mayoría, pese a la abstención de la oposición, y además se han asumido propuestas de mejora", ha añadido de Juan, quien ha explicado que "la oposición se ha abstenido porque pese a que valora el informe no cree que es el instrumento adecuado para abordar esta cuestión". "Desde el IMAS queremos solucionar este problema. Cuanto menos, minimizarlo", ha hecho hincapié.

PSIB, MÉS Y UNIDAS PODEMOS PROPONEN CREAR UNA COMISIÓN POLÍTICA

Por otro lado, el presidente del IMAS ha indicado que los grupos que dan apoyo al equipo de gobierno del Consell han propuesto crear una comisión política en el seno de el Consejo Rector de este órgano.

El fin de esta propuesta, ha apuntado, "es analizar las diferentes legislaturas y las diferentes decisiones políticas tomadas sobre esta cuestión". Por este motivo, ha emplazado a todos los partidos que cuentan con representación en el Consell "a consensuar un texto en el que se defina quién y cuando debe comparecer para que la comisión pueda constituirse en la próxima reunión del Consejo Rector del IMAS".

"Hay mucho de que hablar, por ejemplo, sobre las decisiones que en otras legislaturas no se han tomado o trabajado", ha dicho De Juan, quien ha reconocido que "la oposición sigue pidiendo una comisión de investigación en el seno del Consell" pero, ha añadido, "todas las decisiones se han de dirimir donde toca".

"El equipo de gobierno del Consell sigue su ruta, marcada tras la moción del pasado febrero", ha insistido De Juan, quien ha concluido emplazando a la oposición a que "en los próximos días se reúnan y lleguen a un acuerdo, por que de ser así se podría convocar un encuentro del Consejo Rector del IMAS extraordinario".

El 38,5% de anuncios de juguetes muestra a las niñas arquetipos femeninos de belleza o de cuidadora, es decir, de madre o esposa, según el estudio 'Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿promoción o ruptura de estereotipos y roles de género?', realizado por el Instituto de la Mujer.

Esta es una de las principales conclusiones de la investigación que han presentado este lunes la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, y el coordinador del estudio, Diego Fernández, de cara a la próxima campaña navideña.

Según concluye el informe, en cuanto a los arquetipos relacionados con el sexo, estos se detectan en el 56,3% de anuncios de juguetes protagonizados por niñas, frente al 35,2% de los protagonizados por niños.

De esta forma, en este grupo de anuncios, las niñas se asocian en el 68,2% de los casos con arquetipos de belleza (32,7% coqueta y barbie-fashion) o relacionados con el ámbito del hogar (35,5% como cuidadora y como madre/esposa), y en el 7,4% con el de guerrera o heroína (3,7% respectivamente). El estudio indica que sobre la muestra total de anuncios estos porcentajes representan el 38,5% del total (18,5% de belleza y 20% de cuidadora y madre y esposa).

En el caso de los niños, en el 71% de los spots con arquetipos representan los de guerrero (33,3%), héroe (22,2%) o aventurero (15,6%). Además, revela que en el 13,3% de los casos están relacionados con el ámbito del hogar y los cuidados (8,9% en rol de cuidador/padre y 4,4% en el de amo de casa). Sobre la muestra total de anuncios estos porcentajes representan el 25% en el primer caso y el 4,7% en el segundo.

Respecto a los códigos de colores, la investigación apunta que casi en el 22% de los juguetes para niñas se usa el rosa y ellas aparecen vestidas de este color en el 14,4% del total de anuncios. En cambio, los niños nunca salen vestidos de rosa y en el 4,2% de anuncios dirigidos a ellos se utiliza este color.

Sobre la representación masculinizada y feminizada de roles profesionales, el estudio desvela que en el 28,4% de los anuncios dirigidos a niñas y en el 32,6% de los dirigidos a niños se representa una profesión.

Asimismo, en ellos, y en el caso de las niñas, el 34,1% se vinculan con peluquería y estética y el 20,5% a la actividad de piloto, policía o militar/policía. En el caso de los dirigidos a niños estas últimas actividades representan el 50% (26,2% piloto, 16,7% policía y 7,1% militar/policía).

El informe destaca que los niños se asocian con peluquería y estética en el 4,8% de estos anuncios. En los anuncios protagonizados por niños, la figura de amo de casa aparece en el 2,4% de los casos.

TIPOS DE JUGUETES

En lo relativo a los tipos de juguetes, los resultados del informe señalan que en casi la mitad de los anuncios protagonizados por niñas estas juegan con muñecas (el 47,5%), mientras que en los protagonizados por niños, en el 45% juegan con figuras de acción (28,9%) o vehículos (23,7%). Los juegos de mesa son los que más se anuncian con protagonismo mixto (21% de los casos).

Por otro lado, los juguetes con más funciones electrónicas y mecánicas se promocionan en una proporción mucho más elevada con niños. En los anuncios protagonizados por niñas, el 58% de los juguetes no tienen funciones electrónicas ni mecánicas y están asociados con la electrónica en el 3,4% de los casos; en los protagonizados por niños esta asociación asciende al 13,2%.

La investigación también alerta de que la sexualización de las niñas a través de posturas, gestos o miradas a cámara aparece en el 11% de los anuncios: en el 8,5% de los protagonizados por ellas y en el 2,5% con protagonismo mixto. En cambio, no se ha detectado ejemplo de sexualización de niños.

En cuanto a los catálogos y portales web analizados, los autores del estudio observan "tímidos" avances en la representación de roles sin sesgo de género, mostrando imágenes de niños realizando tareas de cuidados o la desaparición de las categorías de juguetes para niños y para niñas; en los portales web se observa también la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y la comunicación.

RECOMENDACIONES PARA PUBLICISTAS Y JUGUETEROS

En su intervención, la directora del Instituto de la Mujer ha explicado que el estudio incluye una serie de recomendaciones dirigidas al sector juguereto y publicista. De este modo, se aconseja a las agencias equilibrar el uso de las voces en off, ya que para niños son masculinas, adultas y autoritarias, transmitiendo responsabilidad, mientras que para niñas son femeninas, dulces e infantiles, transmitiendo banalidad.

También se recomienda igualar los ritmos y melodías, que muestran diferencias (músicas suaves que evocan entornos pasivos para niñas y ritmos dinámicos que evocan actividad para niños), y diversificar los emplazamientos, ya que las niñas suelen aparecer en el interior de los hogares y los niños en lugares abiertos. Abogan por eliminar las gestos, poses y actitudes de niños y niñas asociados a la feminidad o masculinidad, especialmente los que se relacionan con la atracción sexual.

Al sector juguetero se le recomienda diseñar juguetes que reflejen la sociedad, las mujeres y las familias actuales, y abandonar los arquetipos y estereotipos sexistas; revisar los códigos de autorregulación del sector para combatir el sexismo; apostar por la comercialización de juguetes mixtos o neutros, y por acercar a las niñas a los juguetes de tecnociencia; y equilibrar las representaciones profesionales y evitar la estigmatización de las niñas mediante el uso del color rosa.

El estudio se ha centrado en cuatro soportes de promoción de juguetes: televisión (177 anuncios), catálogos (8), portales web (10), y lugares de venta (jornada de observación en 13 establecimientos), dando prioridad al primero por ser el medio principal de difusión de las jugueteras. Sobre los otros tres se ha realizado un análisis de enfoque más cualitativo.

"Lejos de lo que pueda parecer, durante los meses previos a la Navidad, la publicidad se vuelve más gris de lo que parece", ha declarado Vera, para después añadir que "de forma mayoritaria las niñas son bellas princesas y los niños son valientes guerreros".

No obstante, la secretaria de Estado ha reconocido que, dentro de la publicidad, a veces "se hace el intento de que los niños se sientan cómodos jugando con muñecas o disfrutando cocinando", aunque cree que sigue siendo "minoritario".

Así, considera que la publicidad dirigida a los más pequeños es "discriminatoria" y "segregadora", que favorece "los roles y estereotipos de género más tradicionales y eso supone, en el medio y largo plazo, un aprendizaje muy profundo" que condiciona la forma en que los niños y niñas se convierten después en adultos.

Con la presentación del estudio y de cara a la próxima campaña navideña, el Instituto de la Mujer ha difundido un cartel con el lema 'La magia es evitar el sexismo. Jugar para ser libres', acompañado con el hashtag o etiqueta #jugarsinsexismo. El mensaje está dirigido tanto a la industria de juguetes como a quienes eligen y adquieren para la infancia los productos diferenciados por sexos.

Ciudadanos asume que el estado de alarma deberá estar vigente en España a "largo plazo" para que se puedan adoptar medidas de lucha contra el coronavirus dentro de un marco jurídico "estable", pero exigirá al Gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca periódicamente en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una rueda de prensa telemática en la sede del partido tras la reunión del Comité Permanente. Tras el Consejo de Ministros celebrado este domingo, en el que se aprobó el estado de alarma para toda España y la aplicación de un toque de queda nocturno, Sánchez solicitó apoyo a los grupos parlamentarios para prolongar la medida esta misma semana hasta el 9 de mayo.

"Entendemos esta declaración del Gobierno de que necesitamos un marco estable de seguridad jurídica para que se puedan ir adoptando estas medidas a largo plazo porque la pandemia no va a terminar en quince días", ha declarado Bal.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES "IRRENUNCIABLE"

Sin embargo, considera "absolutamente imprescindible", por "salud democrática", que el jefe del Ejecutivo "acuda periódicamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de cómo va la lucha contra la epidemia, el nivel de contagios, las medidas que adoptan las comunidades autónomas o si se van a endurecer las restricciones de derechos fundamentales o se pueden flexibilizar.

Esto es lo que reclamará Cs al negociar con el Gobierno su apoyo al estado de alarma, que le gustaría que se aprobara en el Congreso "con un amplio consenso". Aunque Inés Arrimadas ya ofreció a Sánchez los votos de su partido el viernes pasado, el objetivo de la formación naranja ahora es "mejorar" el decreto ley aprobado por el Gobierno, para lo cual Bal ya ha empezado a hablar con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Lo que no ha aclarado el portavoz parlamentario es si Ciudadanos se negaría a respaldar una prórroga de seis meses, después de que Arrimadas haya dicho que ese periodo le parece "excesivo" y que intentará que sea "mucho menor".

Según ha indicado, tratarán con el Ejecutivo la duración de la prórroga y la exigencia "irrenunciable" de rendición de cuentas por parte del presidente. Además, le insistirán en la necesidad de un "plan nacional" contra el coronavirus y pedirán ayudas para los sectores económicos más afectados por las restricciones.

COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS RECURSOS SANITARIOS

Como parte de ese plan nacional, Cs reclamará que el Gobierno central "se responsabilice" y asuma su función de coordinar las competencias autonómicas en materia sanitaria para que haya "una respuesta única" a la pandemia, no 17 diferentes.

Asimismo, pedirá que una autoridad nacional "coordine los recursos sanitarios de las comunidades autónomas" para que, si alguna de ellas llega a tener saturados los hospitales, se pueda redistribuir a los pacientes a centros de otras regiones.

Por otro lado, Bal ha defendido el estado de alarma como un instrumento "eficaz" para frenar la expansión del virus en un momento en que la pandemia "se encuentra descontrolada porque el Gobierno ha llegado tarde".

Cree que ahora hay que tomar medidas "contundentes" como el toque de queda nocturno que suponen una limitación de derechos fundamentales --como la libertad ambulatoria o el derecho de reunión-- y, por tanto, "no hay otro remedio que declarar el estado de alarma".

NO "ENGAÑAR A LA GENTE" RESPECTO AL MARCO JURÍDICO

Tras destacar que, según la Constitución, los derechos fundamentales solo se pueden regular por ley orgánica, ha rechazado la opción de modificar la legislación para aplicar las mismas medidas que con el estado de alarma pero "cambiando el nombre" del marco jurídico, porque sería "engañar a la gente.

A su juicio, la idea de reformar la Ley General de Sanidad de 1986 --como plantea el PP-- tenía sentido cuando las medidas contra la expansión del virus no iban más allá de cierres perimetrales de ciertos territorios o limitar el aforo de los establecimientos y los comercios, pero no sirve para el toque de queda.

En este contexto, Bal ha aclarado que el "plan B" que Ciudadanos pactó con el Gobierno hace meses no era "para que nunca jamás se aplicara el estado de alarma".

Según ha recordado, gracias a esa negociación se introdujo la declaración de actuaciones coordinadas entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas en materia sanitaria y se determinó que fueran los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional los que ratificasen o rechazasen las medidas adoptadas por los gobiernos.

Además de eso, Ciudadanos ha solicitado al Gobierno que reforme la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, para dotarla de más medios personales y materiales y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas, y Bal cree que también se podría mejorar la eficacia de la declaración de actuaciones coordinadas, por ejemplo sometiéndola a la ratificación de la Audiencia Nacional.

Los campaneros de la Catedral de València realizan cada tarde, desde la torre campanario del Micalet, el denominado toque de queda o de "tancament de muralles" (cierre de murallas), una tradición medieval que fue recuperada en 1988 con la restauración de las campanas de la Seo y del toque manual.

Este toque "no es manual ya, sin embargo, porque se realiza mediante mecanismos de aire comprimido que imitan la acción de los campaneros y se hace con la campana llamada 'El Manuel' entre el toque de oración o ángelus de la tarde y el de ánimas, es decir, desde las 20.00 hasta las 20.0030 horas en invierno, y una hora más tarde en verano", explica, en un comunicado, el presidente de la asociación Campaners de la Catedral de València, Francesc Llop.

En la Edad Media, el toque de queda con las campanas "se conocía como 'El seny del lladre' ya que las cinco campanas grandes -'El Manuel' entre ellas-- se llamaban, en esa época, 'els senys', y también porque el toque era una señal, un aviso", ha precisado.

Este aviso "consta de toques primero lentos y luego acelerados y en la actualidad apenas se puede escuchar en el centro histórico de la ciudad", según Llop, que ha añadido que "el cierre de las murallas se hacía de forma coordinada por este toque y los que no llegaban a tiempo se quedaban 'a la luna de Valencia', pues solamente una de las doce puertas de la ciudad quedaba abierta, y sólo se podía pasar mediante el pago de peaje".

Además, en la sociedad tradicional "el toque de queda nocturno no tenía una connotación negativa sino más bien práctica: las campanas recalcaban que había venido la noche y en una ciudad sin luz en las calles era prácticamente imposible ir de un sitio a otro ya que la ciudad estaba completamente oscura".

LIMITACIÓN DE TOQUES DE CAMPANAS

Durante la pandemia, los Campaners de la Catedral siguen acompañando con campanas las celebraciones litúrgicas de la Seo "aunque de una manera más sobria ya que se ha limitado la interpretación de toques a seis campaneros por las nuevas restricciones por la Covid-19", ha explicado Llop.

Por este motivo, los toques de la fiesta anual del Santo Cáliz, este próximo jueves 29 de octubre, se interpretarán únicamente por cuatro de las campanas mayores, pulsadas por seis personas, tal como se hizo ayer, domingo, en la apertura del Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz y tal como se hará en las siguientes festividades hasta que cese la pandemia.

WWF ha lanzado la campaña 'Yo defiendo al lobo' con la que pretende defender y desterrar mitos sobre esta especie y a su vez, destacar los principales beneficios ecológicos y sociales que aportan estos animales en los ecosistemas, así como los servicios que ofrece a ganaderos y agricultores.

No obstante, en la campaña reclama a las administraciones públicas que destinen recursos para favorecer la coexistencia entre la ganadería extensiva y el lobo, así como la aprobación de planes para su conservación, recuperación y el fin de su persecución.

Con esta iniciativa, la organización presenta al lobo como un aliado silencioso que actúa como sanitario de la naturaleza al eliminar animales enfermos y así evitar el contagio de enfermedades, como la tuberculosis, que cada año infecta a miles de vacas y que cuesta millones de euros en campañas de saneamiento a todos los ciudadanos.

Además, asegura que también actúa como regulador de poblaciones porque controla el número de ungulados y otros animales salvajes, evitando el sobrepastoreo y otros problemas asociados al exceso de jabalíes y ciervos, como los accidentes de tráfico. En los últimos tiempos, los lobos se están convirtiendo en fuente de riqueza y empleo rural por el auge del turismo en torno a los grandes carnívoros.

Sin embargo, a pesar de todo esto, WWF lamenta que todavía estos ejemplares son perseguidos y atacados, principalmente por los daños relacionados con la ganadería, aunque el lobo solo es responsable del 1 por ciento de todas las pérdidas de ganado.

"El lobo es parte de la historia y del ADN de WWF España gracias a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, nuestro vicepresidente, que luchó sin descanso para evitar su total extinción de nuestro país. Sin embargo, esta subespecie de lobo exclusiva de la Península Ibérica, apenas habita aún hoy una tercera parte de sus antiguos dominios y sigue siendo injustamente perseguida", ha afirmado el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha coincidido con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en que el estado de alarma es "un fracaso" para añadir, a renglón seguido, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tenía que haber disculpado con la ciudadanía y reconocer su "error".

"Desde la política hay que hablar a los ciudadanos como adultos y no tratar de infantilizarles ni trasladar mensajes blandos. Ayer los ciudadanos hubieran agradecido que hubiera comparecido para decir 'lo siento, hemos fracasado' porque, es cierto, el estado de alarma es un fracaso", ha lanzado desde la planta de compostaje de Migas Calientes.

Almeida ha argumentado que Sánchez dijo hace tres meses que la pandemia había sido vencida, lo que ha resultado "del todo incierto". También ha rechazado que, como dijera el presidente, el Estado haya salido más fuerte tras la primera ola.

Y prueba de que no lo ha hecho es que "ha tenido que acudir a un estado de alarma con una duración superior a la de la primera ola". "Que haga un ejercicio de humildad con los ciudadanos, que tienen que confiar en las instituciones", ha aconsejado a Sánchez.

Para eso se tienen que frenar las "vueltas al lenguaje" con los eufemismos y asumir que se cometen "errores y fracasos, que hay decisiones que no fueron las adecuadas y declaraciones que no son acertadas".

En ellas ha enmarcado las del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que hace diez días sostuvo que la segunda ola se había estabilizado para acabar declarando ayer el estado de alarma con la pretensión de que se prolongue durante seis meses.

"Es la constatación de un fracaso pero no pasa nada por dar la cara ante los españoles y reconocerlo. Estoy seguro de que la ciudadanía valorará que quienes tenemos responsabilidad institucional de vez en cuando les reconozcamos que cometemos errores porque la verdad es el camino más corto para vencer la pandemia", ha subrayado.

El también portavoz del PP cree que el planteamiento del Gobierno de prolongar el estado de alarma durante seis meses merece una reflexión judicial y democrática porque durante ese plazo temporal se limitarán derechos fundamentales "sin control parlamentario ni judicial".

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Ciempozuelos, han procedido a detener en la madrugada de ayer a una persona por organizar una fiesta ilegal en una finca de la localidad de Chinchón, a la que participaron 140 personas que incumplían las medidas sanitarias y que acabaron denunciadas, ha informado este lunes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

La voz de alarma la dio la Policía Local del municipio, que solicitó pasadas las 17.20 horas el apoyo de la Guardia Civil para desalojar a las personas que había en el interior de una finca, sita en el kilómetro 10.5 de la M-311, donde se estaba desarrollando a todas luces una fiesta ilegal.

Una vez se personaron las patrullas pertenecientes a Ciempozuelos y a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), los agentes identificaron a todos los asistentes a la fiesta, proponiendo para sanción en base a la orden 1404/2020 relativa a la Covid-19 a 140 personas. Otras 20 personas más fueron propuestas para sanción por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

En el momento de proceder al desalojo de la fiesta el promotor y organizador de la misma, un varón de colombiano de 57 años de edad agredió a un agente de la Guardia Civil, por lo que resultó detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

OTRAS FIESTAS DESALOJADAS

En el marco de los dispositivos establecidos por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en base a la situación epidemiológica actual, la pasada semana se desalojó otra fiesta ilegal en la misma finca, donde se propuso para sanción a 42 personas por la reunión ilegal, interviniéndose sustancias estupefacientes a varios de los asistentes de la reunión ilegal.

En la localidad de Arroyomolinos, la Guardia Civil descubrió una fiesta ilegal en un bar de copas situado en un polígono industrial tras detectar un movimiento inusitado en las inmediaciones, localizando el punto donde se estaba celebrando el evento. En el interior localizaron a 36 personas, realizando la correspondiente propuesta para sanción.

Esquerra Republicana (ERC) lleva este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión por el delito de injurias a la Corona y de ultrajes a España, como la quema de banderas.

ERC registró esta iniciativa el pasado mes de agosto tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba examinando una denuncia contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de ERC; la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito. La denuncia se archivó.

Y también unas semanas antes, en julio, el Gobierno había comunicado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su intención de "llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona", y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal, ambas recomendaciones surgidas del examen periódico universal (EPU).

Ahora los independentistas catalanes han decidido llevar esta iniciativa al Pleno para forzar al PSOE a pronunciarse sobre la urgencia de esta reforma, que también defiende Unidas Podemos. La Cámara tendrá que decidir si adelanta la reforma utilizando el texto de los de Gabriel Rufián.

En ERC insisten en la necesidad de despenalizar estos delitos para cumplir con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España al considerar que con actos como la quema de banderas se ha vulnerado la libertad de expresión.

Así lo expone la iniciativa, recogida por Europa Press, en la que los de Gabriel Rufián afirman que "en los últimos años" se ha "perseguido a personas, artistas o revistas satíricas" por estos delitos.

SUPERAR CENSURAS

La formación independentista aboga por "superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona" desde un concepto, a su juicio, de sacralización de la imagen del rey y de su familia". En este contexto, plantea considerar estos actos como "muestras de libertad de expresión", como ocurre en Estados Unidos.

El Grupo Parlamentario ERC-EH Bildu ya registró el pasado mes de marzo en el Senado esta misma iniciativa en medio de la polémica que rodeaba a la Casa Real por las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, investigación que asumió la Fiscalía del Supremo el pasado mes de junio, y que ahora ha resurgido tras la decisión de éste de trasladar su residencia fuera de España.

Además, en 2018, ERC ya registró una iniciativa similar en el Congreso y lo mismo hizo entonces el líder de IU, Alberto Garzón, ahora ministro de Consumo del Gobierno de coalición. La federación de izquierdas también abogó entonces por eliminar los artículos que penalizan el enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son "obsoletos" y "ambiguos" y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la aplicación del estado de alarma para contener la segunda ola del virus como mejor instrumento a la hora de tener que restringir con carácter nacional derechos fundamentales de todos los españoles, mostrándose más partidario de esta herramienta que de una hipotética modificación de la Ley de Salud Pública de 1986, tal y como proponía el PP.

En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, aunque ha dicho que le parece bien actualizar cualquier legislación, aunque hubiera una ley que permita tomar más medidas al margen del estado de alarma, este instrumento es el idóneo cuando se trata de restringir derechos.

Además, ha avisado de que cualquier región podría utilizar una ley de Salud Pública mejorada "para otras cosas". "Cuando se limitan derechos fundamentales tiene que intervenir el Estado, es un problema territorial", ha insistido.

Con todo, ha reparado en que la pandemia "o se arregla en todos los rincones de España o no se arregla en ningún sitio". Por ello, ahora "lo importante es que hay una medida homogénea que permitirá ir a las regiones adaptar" su propia normativa.

"EL GOBIERNO BUSCABA TRANQUILIDAD"

Sobre la duración del estado de alarma, ha reconocido que seis meses es mucho, pero un periodo razonable teniendo en cuenta lo "difícil" que tuvo el PSOE para sacar adelante las anteriores prórrogas en el estado de alarma que decayó en primavera.

La economía, la seguridad y la confianza "no pueden dejarse a salto de mata", y lo que el Gobierno buscaba era tranquilidad a la hora de tener ese sostén jurídico más allá de futuros debates.

Desde el principio de la pandemia se trabaja, ha dicho, de forma similar a lo que ocurre a nivel europeo, donde Bruselas toma algunas decisiones pero los países miembro las aplican.

"Estamos ante una vía muy experimental. Esto no estaba previsto, ni el estado de alarma está planteado para estas situaciones. Hay que seguir aprendiendo de la segunda ola", ha dicho, lamentando la crítica política en función de lo que diga el Estado. "Hay que dejar la lucha de partidos aparte".

Entiende que hay algunos dirigentes que "no quieren compartir" las consecuencias derivadas de restringir la movilidad y tomar decisiones que perjudican a la economía.

No comparte que la desescalada se hiciera mal, ya que este estado de alarma llega "porque no se ha controlado la situación". Todas las autonomías llegaron a endurecer el decreto ley que sirvió de base para afrontar la desescalada en verano "a medida que decían los datos"

El camino ahora tiene "una parte muy importante de verde e inmaduro" por lo desconocido, ya que "no hay una ciencia cierta", ante lo que los dirigentes políticos están aplicando el "sentido común" pese a las luchas partidistas.

"Llevo diciendo lo mismo desde el primer día. Las autonomías tenemos que gestionar la sanidad y hemos hecho lo que tenemos que hacer aunque hubiera mando único", ha defendido.

PIDE AL PP QUE "REFLEXIONE"

El presidente regional, en una rueda de prensa posterior, para dar cuenta de la reunión de la Conferencia de Presidentes, ha pedido al PP "que reflexione" sobre su apoyo ya que "en esto no puede vacilar". "Una cosa es atacar al Gobierno de España porque no es de tu propio partido y otra cosa muy distinta es abogar por un país en el que mañana el independentismo catalán o el nacionalismo pudiera separar a Cataluña del resto de España".

"Lo importante es que si mañana o pasado mañana España tiene que limitar derechos de españoles no quede en manos de ningún presidente autonómico y menos aún de ningún presidente independentista", ha subrayado, convencido de que no importa "quién toma la decisión sino qué decisión se toma".

Ha indicado que a él le da "lo mismo si Pedro Sánchez es del PSOE o Rajoy del PP" para pedir a continuación "el consenso que el conjunto del país hubiera otorgado a una decisión otorgada por un gobierno del PP" y "que ningún partido se fije en quién toma la decisión sino que solo miren si esa decisión es buena para acabar con el virus, sobre la base de que si no acabamos primero con el virus, no arreglaremos la economía", ha incidido.

En este sentido, ha agradecido al Gobierno central que, "pudiendo haber dejado en manos de Ayuso, de Page, de Vara o de Bonilla las decisiones, haya decidido algo más: que las decisiones también son de Sánchez", y ha finalizado señalando que no se puede "combatir la alarma del virus sin el Estado" y sin que esas decisiones pasen por el Congreso de los Diputados y por el Gobierno de España.

"Nadie quiere la alarma. Todos queremos el Estado, algunos quieren la alarma a base de acabar con el Estado, yo defiendo lo contrario", ha concluido.

El 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido en la XXII Conferencia de Presidentes Autonómicos que la Comunitat Valenciana pueda gestionar el 10% de los fondos de reconstrucción de España y ha instado a la Comisión Europea a impulsar un plan para la juventud "atrapada entre dos crisis" y un "espacio Schengen sanitario" con movilidad segura entre todos los países.

Así lo ha indicado en su comparecencia tras la reunión con Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el resto de jefes autonómicos. Puig ha lanzado diez peticiones, entre las que ha destacado la necesidad de una mayor cogobernanza y "más Europa" y la participación de las regiones en la gestión de fondos europeos.

El también barón socialista ve extraordinario el anuncio de Sánchez de que las autonomías podrán ejecutar directamente el 50% de los proyectos del plan de recuperación del Gobierno que se sufragará con fondos europeos. De momento ya cree que algunos van "claramente" en la línea de los 410 presentados por la Generalitat, en materia de vivienda, medio ambiente o educación: "Hemos alineado las prioridades valencianas con las de la UE".

Eso sí, su objetivo es que "como mínimo" el 10% de los fondos de España estén directamente vinculados a la Comunitat Valenciana y se puedan gestionar directamente, un porcentaje que podrá variar en función de la "competencia" entre las autonomías.

No ha querido entrar las cifras, a la espera de la reunión de los técnicos de Hacienda de esta tarde, pero ha augurado que los fondos llegarán en la primera mitad de 2021 mediante convenios con el Ministerio donde se establecerán las "contrapartidas" y si serán o no transferencias directas.

VIAJES SEGUROS Y ARMONIZACIÓN FISCAL

En turismo, Puig ha insistido en la idea de un "espacio Schengen sanitario" que permita la movilidad entre europeos con seguridad y unos protocolos unificados, ya que "no puede ser que cada país ponga unas restricciones". "Ahora están todas las puertas abiertas a los mercados y no para las personas", ha lamentado, y ha pedido que la UE destine ayudas contundentes a un sector que afronta una situación compleja y que "va a tardar en recuperarse totalmente".

A nivel económico también ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una armonización de los impuestos de los 28 países de la UE, ya que "no pueden seguir con esas diferencias fiscales que acaban generando desigualdades entre personas".

Otras líneas que ha planteado son una transición ecológica y digital "justa", con un calendario realistas y adaptado a las necesidades de sectores de la Comunitat como la cerámica de Castellón, el plástico o el automóvil, con la planta de Ford Almussafes (Valencia).

CONTRA UNA GENERACIÓN DE "PERDEDORES Y DESCONTENTOS"

El presidente valenciano ha alertado del riesgo de generar "una legión de perdedores y descontentos" entre los trabajadores "incapaces de engancharse a la nueva sociedad digital". Para evitarlo ha urgido a aplicar medidas educativas, pedagógicas y sociales que acomoden la transición a la realidad de los valencianos.

Y en este escenario ha instado a un plan europeo ambicioso "al rescate de una juventud que ha vivido entre dos crisis", con el objetivo de que ayude a estas generaciones a salir del "laberinto" en el que viven desde 2008.

Ha trasladado más propuestas como fomentar la contratación exprés en el sector público mediante un marco nacional para agilizar al máximo la llegada de dinero "con todas las garantías". "Los nuevos fondos no pueden tropezar con la burocracia", ha defendido, algo a lo que ya se ha comprometido Sánchez mediante un decreto-ley y en lo que trabaja la Generalitat desde hace semanas.

La vivienda y el tren centran sus dos últimas peticiones, primero para generar empleo y aumentar la eficiencia energética como "uno de los proyectos más keynesianos" y después para ayudar a que el transporte público sea seguro. Puig ha destacado especialmente la "gran oportunidad" que se abre para acabar el Corredor Mediterráneo tanto en España como en otros países donde hay atrasos.

UN BREXIT "LO MENOS BREXIT POSIBLE"

Al margen del plan de recuperación, ha vuelto a pedir que la salida del Reino Unido de la UE sea "lo menos Brexit posible, "inteligente y satisfactorio, que no confronte y no traiga consigo prejuicios". "Esta crisis debe ser un punto de inflexión en la arquitectura europea", ha reivindicado, para lograr una unión "con más capacidad de decidir, más federal y más descentralizada".

Dejadnos la esperanza, Europa para nosotros es la esperanza", ha exclamado al hilo del verso de Miguel Hernández cuando faltan unos días para el 110 aniversario del nacimiento del poeta oriolano.

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha calificado este lunes de "decepcionante e insuficiente" el decreto del estado de alarma, pero no ha aclarado el sentido del voto de parte de los diputados de su grupo en el Congreso, en el que conviven con miembros del PDeCAT.

"No haremos una adhesión a ciegas", ha recalcado en rueda de prensa telemática, al margen de la decisión del PDeCAT de que sus cuatro diputados en la Cámara Baja hayan anunciado que votarán a favor.

Según Artadi, quieren darse tiempo para mejorar un decreto con el que ha sido muy crítico, también por el hecho de que el estado de alarma se pueda porrogar durante los próximos seis meses, medida que considera "extraordinariamente excepcional" y que cree que no pueden normalizar.

En su opinión, el decreto no proporciona los instrumentos suficientes al Govern para tomar medidas de protección de los ciudadanos ni otras que permitan proteger la actividad económica, laboral y social.

Sobre el toque de queda, ha asegurado que sólo da al Govern un margen para modificarlo de "una hora arriba y una hora abajo", por lo que considera que el Ejecutivo central sigue siendo la autoridad competente en todo ello.

"No ha habido un aumento de la autonomía ni del ejercicio de competencias", ha reprochado Artadi, tras criticar que la Generalitat no pueda tomar decisiones para controlar la circulación de personas durante el día y deba pedir permiso de nuevo al Gobierno, entre otros aspectos.

Ha explicado que les hubiera gustado que el decreto les permitiera tomar medidas asimétricas en el territorio para levantar o no el estado de alarma en función de los datos epidemiológicos, y lamenta que el texto no aborde cuestiones como el teletrabajo, los desahucios y que no vaya acompañado de medidas a nivel económico.

"No proponen una cogobernanza, proponen una nueva recentralización. La cogobernanza va acompañada de diálogo, no de imposiciones", ha censurado.

FONDOS EUROPEOS

También se ha referido a la decisión de la Comisión Europea de destinar 140.000 millones de euros a España del fondo de recuperación europeo, 72.700 en ayudas directas y el resto en forma de préstamos.

Según Artadi, les llegan informaciones de que el Gobierno esperaría a 2023 a solicitar estas ayudas en forma de préstamos ante la "situación desesperada" que viven los sectores económicos de Cataluña.

"Para evitar cierres masivos, pedimos al Gobierno que no renuncie a pedir todas las líneas de ayudas que pone a disposición la Comisión Europea", ha zanjado.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que el cómo se haga la recuperación de la economía tras la pandemia de Covid y su transformación "será muy importante para la solidez de las democracias".

"Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo se suma de y que no hay partes enteras de la población o del mundo que se quedan desconectados", ha dicho en una conversación con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, con motivo del Consejo Ministerial de la organización, que se celebra esta semana bajo la presidencia del Gobierno español.

González Laya ha subrayado que una democracia se construye sobre derechos y libertades, pero también sobre la expectativa de los ciudadanos de que no se los dejará atrás y podrán llevar a cabo sus proyectos de vida.

La jefa de la diplomacia española ha planteado la reunión (virtual) de la OCDE como una oportunidad para tratar de entender, en momentos de "incertidumbre", qué aspectos de las economías hay que cambiar y cómo se puede hacer de manera diferente.

Su análisis es que la pandemia ha acelerado tendencias que ya existían, como la brecha digital, las desigualdades y el reto de la descarbonización de la economía. También los riesgos para la democracia, que es la "piedra angular" de la economía.

A su juicio, hay una obligación de "repensar todas las dimensiones" y eso es lo que el Gobierno español intenta hacer con el Fondo de Recuperación europeo y ha abordado con las comunidades autónomas este lunes.

Navarra registró el domingo 500 casos nuevos de Covid-19, lo que supone un descenso frente a los 698 contabilizados el día anterior, en el que se fijó un nuevo máximo en la pandemia en la Comunidad foral.

El domingo se realizaron en Navarra 3.167 pruebas de PCR y test de antígenos y la tasa de positividad se situó en el 15,8 por ciento, es decir, 500 casos, según datos facilitados por el Gobierno foral.

Además, en la jornada de ayer se produjeron dos fallecimientos por Covid-19, dos mujeres de 94 años. En los hospitales navarros se registraon 19 nuevos ingresos, seis de ellos en la UCI.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 66% de los positivos, el área de Tudela tiene el 11%, y a la de Estella-Lizarra pertenecen el 7% de los casos. El resto de positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26% del total. A continuación, están los grupos de 15 a 29 años, con un 22%; le sigue el grupo de 30 a 44 años, con un 21%; menores de 15 años, con un 13%; el de 60 a 75 años, con un 11%; y, finalmente, el de mayores de 75 años, con el 7% del total. La edad media de los nuevos casos se sitúa en 40,7 años. Respecto al género, el 51% de los casos son mujeres y el 49%, hombres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 401 personas ingresadas con Covid-19 (12 más que ayer), 50 de las cuales se encuentran en puestos UCI (seis más que ayer) y otras 70 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 281 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario y ocupan espacios Covid-19.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en 29.105.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que "nos esperan dos o tres semanas críticas", en las que "vamos a ver el incremento de los contagios, fruto de los últimos 10 o 14 días", pero entiende que "estamos a tiempo" y que "se ha reaccionado para evitar el colapso sanitario".

"Hasta que pasen esas dos o tres semanas no veremos si tienen resultado las medidas aplicadas", según López Miras, quien ha considerado "importante" que la sociedad "esté concienciada".

En una rueda de prensa ofrecida a la finalización de la Conferencia de Presidentes, López Miras ha admitido que las administraciones deben aportar "todos los recursos necesarios" pero, al margen de ello, ha señalado que "la sociedad debe saber que detrás de los brotes y cadenas de focos descontrolados, en la mayoría de las ocasiones hay una irresponsabilidad".

El presidente murciano ha señalado, a este respecto, que "ya están activados todos los planes de contingencia de la Región", que puede triplicar el numero de camas de UCI y duplicar las camas de hospital "por si fuera necesario".

DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

López Miras también se ha referido a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que solo apoyará el estado de alarma si su duración se reduce a 8 semanas.

Al ser preguntado a este respecto, López Miras ha indicado que no solo él, sino "cualquier jurista y profesional del derecho, especialmente del derecho constitucional, entiende que un estado de alarma de es de extraordinaria excepcionalidad, y no se puede alargar en el tiempo".

A su juicio, esta medida "debe tener un límite temporal y se debe dar cuenta ante el Congreso de cómo evoluciona la pandemia y de la reactivación de esta figura de extraordinaria excepcionalidad".

Con todo, ha asegurado que él está actuando "como presidente de 1,5 millones de murcianos" y de una administración "cuyo único objetivo es centrarse en evitar que haya más muertes y en controlar la pandemia", que es lo único que le preocupa, por lo que ha ofrecido su "colaboración y lealtad" al Gobierno central.

En su opinión, es positivo "que se haya puesto final a que haya 17 respuestas diferentes a la pandemia", aunque cree que "sigue habiendo distorsiones". No obstante, considera que "se han desaprovechado cinco o seis meses para aprobar con consenso de todas las comunidades una legislación sanitaria ordinaria para afrontar la pandemia sin necesidad de acudir a una figura como el estado de alarma".

Y es que ha señalado que esta pandemia ha revelado que España "no tiene mecanismos legales suficientes para enfrentarse a esto desde el Estado autonómico" y que, al final, "solo tenemos el estado de alarma". Por ello, cree que se podía haber establecido una normativa ordinaria "que nos permitiera a las comunidades tomar decisiones sin estar pendientes de que un tribunal les dé el visto bueno".

Al ser preguntado por si él tiene pensado comparecer en la Asamblea Regional y las críticas del PSRM a este respecto, López Miras ha recordado que estuvo la semana pasada en el parlamento autonómico dando cuenta de su gestión, y que este mismo lunes ha pedido su comparecencia urgente para "comparecer y dar testimonio de la situación", por lo que "hablan los hechos".

CAPACIDAD HOSPITALARIA

Al ser preguntado por si teme el colapso de las UCI, López Miras ha ratificado que "se ha reaccionado a tiempo para evitar ese colapso sanitario" y los técnicos le transmiten que "si las medidas dan resultado, en 3 semanas podrá comprobarse".

Con todo, ha recordado que el Gobierno regional tiene preparado un plan de contingencia desde la primera oleada, y permite usar espacios accesorios para triplicar la capacidad de las UCI hasta 350 camas y duplicar las camas de hospitalización. "A mí me transmiten los técnicos que estamos desde luego preparados para la situación tan preocupante que se nos viene encima", ha señalado.

Al ser preguntado por el motivo por el que decretó el toque de queda a las 23.00 y no a las 22.00 horas, López Miras ha defendido que el informe de los técnicos recomendaba esa hora. Porque desde marzo, cuando se iniciaron los episodios más dramáticos, las decisiones han sido estrictamente bajo el único criterio de los epidemiólogos y técnicos de Salud Pública", ha defendido.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

López Miras ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Conferencia de Presidentes, en la que ha participado Pedro Sánchez, los presidentes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En el encuentro han abordado los criterios con los que se decide la cantidad que llega a cada n del fondo de recuperación de la UE.

Ha destacado que es un asunto "de vital importancia" porque "si erramos, supondría una salida de la crisis a dos velocidades". A su juicio, "no es un tiempo de mostrar diferencias, sino de arrimar el hombro y actuar con lealtad, no a las instituciones sino a las personas que representan".

"Nuestra prioridad es clara, superar la pandemia, pero no podemos perder de vista el día después, la recuperación de una economía muy dañada", ha aseverado el presidente murciano.

En este sentido, ha mostrado "preocupación y optimismo", porque confía en "nuestra capacidad de salir de esta situación, porque no recae en manos de unos pocos, sino de todos. Ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea "el esfuerzo de todos los países para que contemos con los recursos necesarios".

Esa tranquilidad permite centrar todos nuestros recursos en salvar vidas", según López Miras, quien ha ensalzado que "Europa es garantía hoy de derechos, de libertad, de respeto a la separación de poderes. Asimismo, ha considerado "ejemplares" los criterios seguidos para el reparto del fondo de recuperación por la UE, basados en la población, el PIB y la tasa de desempleo.

A su juicio, estos mismos criterios "deberían presidir también en España el reparto entre comunidades, porque sería una garantía de iaguldad y no discriminación". Con un reparto justo, añade, "se evitan inútiles enfrentamientos".

Por todo ello, ha pedido a Pedro Sánchez que "necesitamos saber los criterios" porque "nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo", después de que la Comunidad haya iniciado un proceso de consulta con la sociedad para elaborar los proyectos a presentar, que se basarán en 9 líneas de trabajo.

Antes de que finalice el año, ha anunciado que el Gobierno murciano presentará una propuesta "atractiva y rigurosa" de proyectos regeneradores de la Región del futuro, que será "de toda la sociedad murciana, de 1,5 millones de murcianos que necesitan saber que se les tratará con igualdad y que en el reparto no habrá tentación de politización".

"Ojalá se apliquen los mismos criterios de la UE, ateniendo a tres irrenunciables", según López Miras. En primer lugar, ha pedido "que se definan las reglas del juego y los detalles del proceso de selección" y, en segundo lugar, "que haya garantías en el proceso de selección para evitar sesgo de parcialidad". Por este motivo, ha propuesto "que se haga desde un organismos externo e independiente".

En tercer lugar, ha pedido "que se asuman los retos estratégicos para la Región, como el de vertidos cero al Mar Menor, la regeneración de la bahía de Portmán o la descontaminación de antiguos entornos mineros". A su juicio, estos proyectos "deberían acceder directamente" a las ayudas.

Asimismo, ha esperado "lealtad" del Gobierno central en los PGE. "Cualquier propuesta que no contemple las necesidades reales de la Región, demostrará que no hemos aprendido nada y no saldremos más fuertes de la pandemia", ha concluido.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado que su impresión es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "apuesta por España" y está "muy volcada" en fomentar la recuperación económica para solucionar los problemas provocados por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha dicho Revilla en una rueda de prensa que ha ofrecido tras participar en la Conferencia de Presidentes, que se ha desarrollado de forma telemática y en la que ha participado von der Leyen para abordar con Pedro Sánchez y los mandatarios autonómicos los criterios de reparto de los fondos europeos que llegarán a España.

"Mi impresión es que se ha ido contenta", ha dicho el presidente cántabro, destacando que "no ha puesto ningún tipo de reticencia", se ha mostrado a favor de que los esos fondos lleguen "cuanto antes" y ha asegurado que se aprobarán los proyectos con una "celeridad extraordinaria".

De hecho, ha hablado de habilitar a los países miembros adelantos ya el año que viene en "cantidades importantes", según Revilla, que ha visto a la presidenta de la Comisión "muy volcada con que se solucionen los problemas de la pandemia con una reactivación económica de Europa y de España muy especialmente", ya que ha hecho hincapié en su "importancia para la UE" y ha resaltado que es el segundo país receptor de este fondo.

En concreto, el presidente cántabro se ha centrado en su exposición -limitada a cinco minutos- en cinco de los 102 proyectos que Cantabria presentará a dichos fondos: el polígono de La Pasiega, la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), iniciativas de Valdecilla, actuaciones enmarcadas en la transición ecológica y proyectos de infraestructuras.

Sobre La Pasiega ha trasladado a la presidenta de la Comisión que se trata de un proyecto "transformador" de la Comunidad Autónoma y no del Gobierno, ya que fue aprobado por todos los partidos y respaldado por sindicatos, empresarios y universidad, además de que hay "cantidad de empresas interesadas" en implantarse en el futuro polígono.

En cuanto al MUPAC, ha destacado que Cantabria tiene "el mayor patrimonio histórico del mundo" a pesar de su tamaño, y que con este museo, el de Altamira, las cuevas y el Centro de Interpretación de Arte Rupestre que se va a construir en Puente Viesgo se pretende crear una "referencia mundial".

Por otro lado, ha presentado al hospital Valdecilla como el "buque insignia" de la región y lo ha unido a la Universidad de Cantabria, de "gran prestigio", para proponer a la UE los proyectos de implantación de la terapia de protones e iniciativas de i+D vinculadas al ámbito sanitario.

Y en el ámbito de la transición ecológica, se ha centrado en proyectos "muy importantes" que tienen empresas privadas como Solvay para su descarbonización, Viesgo, Ferroatlántica o Repsol, que presentará una inversión en la presa de Aguayo, todo ello para "ir eliminando energías contaminantes.

Por último, en cuanto a infraestructuras se ha centrado en los proyectos ferroviarios, en los soterramientos de las vías del tren proyectados en Santander y Torrelavega y en la instalación de algunos carriles bici y sendas peatonales en estos mismos municipios.

"EXTRAORDINARIA OPINIÓN"

Según Revilla, la presidenta de la Comisión Europea se ha llevado una "extraordinaria opinión" de los planteamientos propuestos por las comunidades, que "encajaban en su mayor parte" con los planteamientos establecidos por Europa para destinar las ayudas.

En concreto, von der Leyen había marcado las grandes líneas de lo que en sería recibido con "gran interés, como lo relacionado con el cambio climático y la digitalización, además de que ha introducido el tema del hidrógeno como fuente de energía, algo que para el presidente cántabro ha sido una "novedad".

"Se ha ido contenta, ve que se está trabajando en España en proyectos sólidos que podrán ser atendidos por la UE", ha dicho Revilla tras señalar que él también ha terminado la reunión "contento" por la actitud de "unidad" que han mostrado todas las comunidades autónomas ante von der Leyen, ya que "solo ha habido una salida de tono" del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, en relación a los presos independentistas.

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, se ha mostrado este lunes dispuesta a "escuchar" las peticiones que llegan tanto del sector hostelero como de ayuntamientos y consells insulares de retrasar el inicio del toque de queda a la medianoche para perjudicar lo menos posible a la restauración.

En una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes, la jefa del Ejecutivo autonómico ha emplazado a una reunión prevista para este lunes en la que se abordará la cuestión.

Armengol ha subrayado que el Govern siempre ha escuchado las diferentes opciones pero ha insistido en que lo primero es proteger la salud de los ciudadanos y bajar la incidencia acumulada porque, ha apuntado, "sin salud no hay economía".

La presidenta del Govern ha asegurado que entiende las reclamaciones del sector de la restauración en este sentido y ha reconocido que la situación de Baleares, sin ser buena, es mejor que la de otras Comunidades Autónomas.

Según ha adelantado, en la reunión se insistirá con los restauradores en la cuestión de la ventilación y en todo caso ha insistido en animar a hacer una apuesta por los espacios abiertos.

CONFINAMIENTOS Y MOVILIDAD

Por otra parte, la presidenta del Govern ha defendido la "absoluta adecuación" de la figura del estado de alarma para afrontar la actual situación y la ha calificado como una "herramienta útil" que da un paraguas jurídico que facilita la toma de decisiones.

En todo caso, Armengol ha asegurado que en estos momentos no son necesarias medidas más restrictivas como los confinamientos más allá de barrios o ciudades -una isla o toda la región- aunque si llegan a ser necesarios, ha advertido, se aplicarán porque el estado de alarma ofrece esta posibilidad.

Sobre la temporada navideña, la jefa del Ejecutivo autonómico ha reducido el horizonte temporal para asegurar que será cada 15 días cuando se vayan tomando las decisiones de relajar o endurecer las medidas en función de los datos epidemiológicos.

No es suficiente con ser la segunda mejor autonomía de España para abrir la economía sino que hay que alcanzar las cifras marcadas a nivel europeo", ha apuntado. Armengol ha asegurado que en este momento las cosas "no van bien" por lo que se necesitan medidas "de mucha contención".

La pena de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Quim Torra, fijada inicialmente en 18 meses, se acortará unos 80 días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya aceptado contabilizar, en parte, el tiempo desde que se le retiró el acta de diputado en enero y hasta que su sentencia devino firme en septiembre.

En un auto de este lunes, la Sala Civil y Penal ha acordado restar de su condena un día de cada tres desde que perdió el acta de diputado -el 27 de enero- y hasta el 28 de septiembre -cuando el Tribunal Supremo (TS) ratificó su condena y la inhabilitación pasó a ser firme-.

Así, se restan unos dos meses y medio a la condena de 18 meses que el TSJC le impuso por mantener una pancarta a favor de los presos del 1-O en la fachada de la Generalitat, de modo que la inhabilitación de Quim Torra podría terminar a principios de 2022.

Los magistrados también han acordado que Torra mantenga los honores y el sueldo de expresidente, después de que en la vista para acordar la ejecución de la sentencia la Fiscalía no se opuso a que los conservara.

VOTO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DEL TSJC

El auto incluye un voto particular del presidente de la Sala y del TSJC, Jesús María Barrientos, quien defiende que, por la vinculación entre ambos cargos, Torra no podrá ostentar el puesto de expresidente "hasta que no haya dejado cumplida la pena impuesta", la cual considera que también debe privarle del sueldo y honores de expresidente.

Barrientos, que sí comparte la decisión de acortar el tiempo de condena por la retirada del escaño, rechaza que Torra acceda a los honores de expresidente porque "atendida la intensa vinculación entre el cargo de presidente de la Generalitat y la condición de expresidente de la Generalitat, debe resultar natural que la privación de la primera lleve implícita la imposibilidad de adquirir la segunda".

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que este martes el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma se reunirá para analizar y revisar los criterios del estado de alarma para adaptar este paraguas normativo a la realidad de la región, manteniendo el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha confirmado, de su parte, que por el momento no habrá más cambio que ese ni ninguna limitación añadida a la que ya ha planteado el Gobierno.

Según ha indicado Fernández en el transcurso de la Comisión de Seguimiento del avance de la pandemia las premisas blindadas en el decreto del estado de alarma son las que Castilla-La Mancha venía reivindicando.

Asimismo, ha explicado que a lo largo de este lunes se mantendrán más reuniones, "tanto técnicas como sociales" para consensuar respuestas a las posibles dudas que surjan de la normativa aprobada en la tarde de este domingo por el Gobierno nacional.

En la reunión han estado presentes la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal; el director general de Salud Pública, Juan Camacho; el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros; la directora general de Atención Primaria, Natalia Valles; la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña Fernández; la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección, Carmen Encinas; el responsable de la Desescalada en Castilla-La Mancha, Juan José Criado; y el coordinador de Atención Sociosanitaria en residencias.

NUEVAS MEDIDAS SEGÚN LOS DATOS SANITARIOS

Posteriormente, en una rueda de prensa para dar cuenta de la reunión de la Conferencia de Presidentes, el presidente regional, Emiliano García-Page ha confirmado que el Consejo de Gobierno analizará este martes en una "sesión prolongada" todas las decisiones y, ya por la tarde, se reunirá con las diputaciones, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de la región, la Delegación del Gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, para analizar "posibles escenarios". Además, el miércoles habrá una nueva reunión entre los consejeros y el Gobierno central.

"Queremos ir de menos a más. Hoy estamos a la mitad del problema que tuvimos", ha reseñado García-Page, que no ha querido ocultar que "esta mitad que tenemos hoy de problema, que tuvimos por la irradiación de Madrid al principio, es también grave; no estamos para relajarnos ni para despreocuparnos.

En cuanto a las medidas que prevé adoptar la región, ha señalado que hasta el día de hoy el decreto aprobado por el Gobierno de España es aplicable de forma literal, incluido el toque de queda y la limitación horaria que establece pero, por el momento, "no hay más cambio que ese. No hay ninguna limitación añadida a la que ya ha planteado el Gobierno".

En todo caso, ha avanzado que las que se puedan tomar en el futuro se pondrán en marcha "en colaboración con otras instituciones", hablando, escuchando y dialogando y siempre "en proporción clara" a los datos que lleguen del sistema sanitario. Si esos datos obligan a tomar medidas "las vamos a tomar, no nos va a temblar la mano, pero tampoco queremos que le tiemble a nadie", ha destacado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra la fórmula elegida por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez para la gestión de la pandemia y, tras insistir en que sería necesario adaptar la ley orgánica de salud, ha advertido que el estado de alarma es "demoledor" para España.

"Lo lamentamos, pero creemos que nos estamos equivocando", ha sentenciado, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Conferencia de Presidentes, centrada en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción.

Tras las nuevas decisiones adoptadas a nivel estatal, Feijóo ha advertido que, a su juicio y "probablemente sin pretenderlo", el Gobierno está "generando alarma y desconfianza" al decretar el estado de alarma y sugerir que se prolongará hasta mayo. Todo ello, acompañado de "un toque de queda" para el conjunto del país.

El presidente gallego ve inexplicable que "hace dos semanas" las autoridades sanitarias estatales apuntasen que España se encontraba en una situación de "estabilidad" y este domingo se adoptasen medidas que ha vinculado con un "estado de excepción". A su modo de ver, tendrán un efecto "demoledor" para la economía y la reputación internacional del país.

"Hemos puesto en cuestión la Navidad y también la Semana Santa dando un palo durísimo a todo el sector turístico y hotelero", ha indicado el presidente, quien ha insistido en que se podría gestionar "igual" y "sin tanto alarmismo" la pandemia con una legislación adecuada, que ha vuelto a insistir en articular.

"Es un palo enorme a las expectativas de reconstrucción de nuestra economía y un palo sin precedentes al sector hotelero y de servicios. Es no solo cargarse el consumo en Navidad, sino cerrar la Semana Santa", ha lamentado.

Granada se ha convertido este lunes en la primera capital andaluza en alcanzar una tasa de incidencia acumulada de coronavirus de 1.140 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los últimos datos actualizados de la Consejería de Salud y Familias.

El conjunto de la provincia ha sumado este lunes 460 positivos y su tasa de incidencia acumulada se sitúa en estos momentos en 890 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que trascienden el primer día de entrada en vigor del cierre perimetral de la capital y los 32 municipios de su área metropolitana para tratar de frenar la expansión del virus.

Actualmente hay 498 pacientes con Covid-19 hospitalizados en los hospitales granadinos, de los que 68 están en UCI. La provincia se mantiene así a la cabeza en ambos parámetros, solo superada por la provincia de Sevilla, que hasta este lunes registra 629 hospitalizaciones, de los que 72 están en UCI.

En las últimas horas la provincia ha sumado 46 hospitalizaciones, la cifra más alta de toda la comunidad, de las que dos han sido en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los datos acumulados desde el inicio de la pandemia arrojan 20.461 positivos en la provincia de Granada, 2.015 hospitalizados -173 en UCI-, 409 fallecidos -en las últimas horas no se ha registrado ninguno- y 5.234 recuperados, de los que 85 se han sumado en la última jornada. Estos datos llegan después de que el domingo la provincia superara su récord de contagios en un solo día con 1.361 casos.

El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha registrado una proposición de ley para obligar al Tribunal Constitucional a argumentar y publicar sus autos de admisión o inadmisión de recursos de amparo, pues considera que no basta con escudarse en la sobrecarga de trabajo del tribunal de garantías.

En la iniciativa, el diputado asturiano tacha de "inadmisible" que "una cuestión extrajurídica o práctica, como la carga de trabajo del Tribunal, prevalezca ante principios constitucionales como la motivación de las resoluciones judiciales".

Según explica, el Tribunal Constitucional presenta un alto índice de inadmisiones de recursos de amparo, por encima del 97%, pero "lo más preocupante" es que el recurrente no puede conocer los motivos procesales o sustantivos por los que su recurso se ha visto inadmitido.

"Ha de existir un método factible y útil que permita a la parte recurrente conocer las razones jurídicas de la decisión, máxime cuando se trata de una vía de impugnación extraordinaria frente a las violaciones de los derechos y libertades de la Constitución", sostiene.

Su propuesta es cambiar la ley del TC para obligar al tribunal a argumentar su decisión y así "establecer criterios objetivos y explícitos", que además serian públicos al imponer la difusión de esos autos.

A su juicio, este cambio no podrán paliar el alto índice de inadmisiones de recurso de amparo, pero al menos permitirá a los ciudadanos y a los operadores jurídicos que los asesoran conocer de manera más concreta y detallada los elementos que les permitan discernir la existencia de "especial relevancia constitucional", y así poder recomendar la no interposición de recurso, cuando no concurran las circunstancias para poder emprenderlo con éxito.

"Esto, sin duda, contribuirá a prestigiar a nuestra Justicia constitucional y descartar la percepción que se va imponiendo en la práctica jurídica, configurando la consecución de la admisión de un recurso de amparo como una verdadera quimera", apunta Martínez Oblanca.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado la decisión del Ejecutivo autonómico de confinar de forma perimetral la comunidad autónoma a partir de las 00.00 horas de este martes, 27 de octubre, y hasta el próximo 9 de noviembre, medida que permite la normativa sobre el estado de alarma aprobada este domingo en Consejo de Ministros.

Lambán ha recordado, en rueda de prensa, que las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel- ya están en confinamiento perimetral desde la semana pasada, que se mantiene, y que ahora se amplia al conjunto de la región de forma que los habitantes del resto de municipios pueden transitar libremente dentro de Aragón, pero no podrán entrar ni salir de la comunidad autónoma, "salvo por causas justificadas", ha expuesto.

Esta medida se ha anunciado el día en que entra en vigor el nivel 3 de alerta sanitaria, el más restrictivo previsto por el Gobierno autonómico para frenar la pandemia del coronavirus, que obliga al cierre de la hostelería a las 22.00 horas y prohíbe el consumo en el interior de bares y restaurantes, permitiendo hacerlo en terrazas con aforos del 50 por ciento, mientras que en la mayoría de establecimientos de todo tipo el aforo se reduce al 25 por ciento. Las agrupaciones de personas se limitan a seis.

El confinamiento perimetral de la comunidad autónoma y el nivel 3 de alerta sanitaria se van a publicar este lunes, 26 de octubre, en el Boletín Oficial de Aragón, a través de un decreto ley, que contempla alguna modificación sobre la normativa autonómica aprobada la semana pasada, como la de permitir a los restaurantes de carretera y de polígonos industriales mantener el 25 por ciento de aforo en el interior para poder dar servicio a los transportistas.

Lambán ha rechazado, "dada la situación epidemiológica", aplicar ese aforo del 25 por ciento de forma general al interior de todos los establecimientos de hostelería, como ha pedido el sector este domingo en las manifestaciones convocadas en Aragón en contra las restricciones.

BUSCAR "UN HORIZONTE DE ESPERANZA"

El jefe del Ejecutivo aragonés ha considerado que sería "temerario atenuar la dureza" de las medidas implantadas en Aragón puesto que esta semana y la que viene, igual que la anterior, son "claves para rebajar la curva de los contagios" de la COVID-19.

No obstante, Lambán ha querido "abrir un horizonte de esperanza" al sector de la hostelería, "de los más afectados por estas restricciones", al explicar que "semana a semana se irán revisando" las medidas "y ojalá, lo deseo fervientemente por cuestiones de salud y economía, cuando antes podamos poco a poco dulcificar la dureza" de las mismas, "ser más laxos y permitir un uso de los locales de los bares mucho más razonable a las expectativas de negocio de sus dueños y empresarios" y también en la cultura.

Por otra parte, ha dicho que el horario de toque de queda se mantendrá en Aragón entre las 23.00 y las 6.00 horas, descartando modificarlo, como permite la normativa estatal a las comunidades autónomas. Según ha dicho, el Departamento de Sanidad de Aragón "ha entendido que ese era el horario razonable".

Lambán también ha rechazado la posibilidad de aplicar confinamientos de fin de semana. "No es algo que nos hayamos planteado", ha apostillado.

El hombre de 75 años juzgado desde este lunes por la fórmula del jurado popular en Granada al que la Fiscalía acusa por el presunto asesinato de su mujer, de 56, el 4 de febrero de 2018 en Guadix, ha reconocido que le pegó con un puño y tres golpes con un martillo de hierro tipo machota y luego la enterró, pero ha mantenido que lo hizo porque ella le atacó previamente.

"Si no me pega, no hubiera pasado nada", ha indicado en la primera sesión del juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que se desarrolla en el edificio judicial de Caleta, tras constituirse el jurado.

En su declaración, ha señalado que su intención no fue matarla y que la quería, si bien ha mantenido que ella le dio aquella noche en la cabeza con un "cucharón" con el "rabo" de 40 centímetros, y él cayó al suelo. Cuando ella habría ido a atacarle con la machota, él, según su versión de los hechos, se levantó, le dio con un puño y de la "rabia" tres golpes con el martillo.

Ha negado que pretendiera asfixiarla, como mantiene la Fiscalía, que solicita 25 años de prisión, con las bolsas de plástico que le colocó después en la cabeza, lo que hizo, ha agregado, para no manchar de sangre el suelo. A los "diez o doce minutos" de los golpes, cuando comprobó que había muerto, preparó una carretilla y se dirigió a un paraje alejado para enterrar el cuerpo, ha reconocido, pidiendo luego perdón "a Dios y a la Virgen" por lo sucedido.

La acusación particular, que representa a tres de los cuatro hijos que la mujer tenía de una relación anterior, califica los hechos como asesinato en sus conclusiones provisionales, al igual que la Junta, que, representada como acusación popular en defensa del interés general, ha incidido en su exposición inicial ante el jurado en las circunstancias agravantes que consideran, las de parentesco y género.

Asimismo, la defensa, que califica los hechos como homicidio, con los atenuantes de trastorno mental transitorio y arrebato u obcecación, ha incidido en que el supuesto golpe de ella fue sobre una zona de la cabeza que tiene dañada por un accidente laboral, y que, antes de los hechos, la víctima le habría enseñado al acusado en el móvil la foto de un hombre semidesnudo con el que habría dicho que iba a "hacer el amor".

Las sesiones del juicio, señaladas hasta el próximo viernes, continúan este martes en Caleta, donde se están viendo los casos con jurado popular por las dimensiones de la sala para el cumplimiento de las medidas contra el coronavirus, y allí está previsto que sigan en días sucesivos hasta que el jurado tenga el formulario con el objeto del veredicto para deliberar, cuando pasaría a la sede de la Audiencia en la Real Chancillería.

El procesado ha reconocido, a preguntas de la acusación particular, que confesó que había sido él a la Guardia Civil cuando lo iban a descubrir. "Si no, no lo hubiera dicho", ha indicado.

DISCUSIÓN TRAS VISITAR A LA MADRE DE ELLA

La Fiscalía, que pide también una orden de alejamiento a al menos 500 metros por diez años de los cuatro hijos de la víctima, señala en sus conclusiones provisionales que, aquella noche, el matrimonio visitó a la madre de ella y, entre las 1,30 y las 3,00 horas, De vuelta al domicilio que compartía la pareja en Guadix, el acusado, en prisión provisional por estos hechos desde un día después, habría iniciado una discusión con la víctima.

Creía que ella "pudiera estar manteniendo una relación con otro hombre al encontrar en su móvil fotos", lo cual, según especifica la Fiscalía, no se ha podido acreditar, dado que el procesado rompió y ocultó posteriormente el teléfono.

"Con total desprecio a su condición de mujer y el decidido y firme propósito de acabar con su vida, la golpeó de forma súbita e inesperada en la sien, haciéndola caer al suelo", y, según ha agregado el ministerio público, "dejándola inerte y sin posibilidad de defensa alguna".

Después, siempre según los datos que constan en el escrito de acusación del fiscal, la habría golpeado en la cabeza en múltiples ocasiones con un martillo de hierro de 13 centímetros tipo machota o maceta, con un mango de madera de 25 centímetros de longitud. Le produjo hasta 14 heridas de diversa consideración en la cabeza, detalla el informe de autopsia del médico forense.

"Con el propósito de asegurar su muerte, rodeó su cabeza con dos bolsas de plástico, una de las cuales ató con un nudo en la zona cervical, causándole la muerte", ha añadido la Fiscalía, que especifica que el procesado estaba en plenas facultades psíquicas aquella madrugada.

Entonces, el acusado supuestamente llevó el cuerpo "con total desprecio por su esposa" en un carrillo de mano hasta un paraje a un kilómetro aproximado de distancia conocido como El Diente y la Muela, en término municipal accitano, donde enterró el cadáver, con pico, pala y rastrillo.

Habría escondido estos artilugios en una zona de zarzas, mientras que la carretilla la habría arrojado en una balsa de riego. Tras regresar a casa y limpiar el salón, "lavando la colcha del sofá y el martillo-machota que utilizó", se dirigió en la mañana al cuartel de la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su mujer.

El representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha lamentado la "dejación" de los sucesivos gobiernos españoles a la hora de asumir las "responsabilidades políticas y jurídicas" que arrastra como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental y ha reclamado "valentía" para solventar la parálisis actual.

El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, con la renovación del mandato de la misión de la ONU (MINURSO) por parte del Consejo de Seguridad, el foco vuelve a los primeros actores implicados en este litigio, en el que no se han registrado avances tangibles en estas últimas décadas.

"El hecho de que la potencia colonial no haya cumplido con sus deberes y compromisos y que el territorio haya sido objeto de una agresión y ocupación extranjera no puede justificar la dejación de España en asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas", ha lamentado Arabi en una declaración.

El delegado saharaui ha afirmado que todos los gobiernos españoles, independientemente de sus siglas, se han visto "atrapados" entre una opinión pública que "apoya la autoderminación", según Arabi, y el temor a que cualquier "presión" sobre la monarquía marroquí derive en problemas en las relaciones bilaterales.

Esta diatriba ha derivado en que "el Gobierno de España no se ha implicado de manera determinante para buscar una solución al conflicto" y haya terminado invalidándose como potencial intermediario, dada la "percepción internacional" de que "apoya activamente" el plan de autonomía presentado en 2007 por Rabat.

POSICIONES INVARIABLES

El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindica un plan que contemple la independencia, frente a la oferta marroquí de una autonomía limitada. Las posiciones siguen invariables desde el plan de paz suscrito en 1991.

"El Frente Polisario y el pueblo saharaui llevan 29 años esperando pacientemente la aplicación de este plan por parte de la MINURSO para poder ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia reconocido internacionalmente", ha recalcado Arabi, que ha atribuido dicho fracaso no solo a los "obstáculos" de Marruecos sino también a la "inacción" de la comunidad internacional.

"España, que sigue siendo aún la potencia administradora del territorio, debe asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas y, con valentía y firmeza, exigirle a Marruecos el cumplimiento de la legalidad internacional", ha insistido el delegado.

SIN ENVIADO ESPECIAL

La ONU y, en particular, su secretario general --ahora António Guterres--, ha dejado históricamente en manos de un enviado especial la responsabilidad de tantear a las partes. Sin embargo, la dimisión de Horst Koehler en mayo de 2019 ha dejado el puesto vacante, sin que Guterres haya anunciado el nombre del sucesor.

Arabi ha considerado "necesario" que haya un enviado especial por su implicación directa, ya que a él compete reunirse con "todos los actores implicados" y elaborar informes a partir de "hechos constatados y fehacientes". En este sentido, ha recordado que bajo la mediación de Koehler el Polisario y el Gobierno de Marruecos celebraron dos reuniones.

El delegado saharaui ha afirmado que Koehler se encontró "muchas trabas" para el desarrollo de su misión, "obstaculizado y claramente saboteado por la actitud del Gobierno francés en el Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas. Asimismo, ha considerado que le pasó factura no dejarse "instrumentalizar" para posicionarse contra la independencia.

"Desde su dimisión, no se han podido retomar las negociaciones entre las partes y la zona conoce una situación de tensión y provocación inusuales por parte de Marruecos", ha añadido Arabi, que ha citado como ejemplo de estas tensiones la situación en el paso de Gerguerat.

Este escenario "amenaza seriamente el alto el fuego", ha advertido, para acto seguido recriminar a las autoridades marroquíes que quieran construir una carretera asfaltada en una "franja de amortiguación" junto a la frontera con Mauritania. Arabi ha alegado que la "brecha" abierta en la zona es "ilegal" y tiene por objetivo "saquear" por tierra lo recursos naturales del Sáhara Occidental.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha evitado hacer una valoración sobre la intervención del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la Conferencia de Presidentes en la que ha reivindicado un referéndum en Cataluña a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Darias ha sido preguntada por esta petición de Aragonès en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, pero ha esquivado valorar este hecho puntual y ha puesto en valor "el acuerdo y el consenso" que, a su juicio, se ha alcanzado en este foro que ha contado con la presencia de todos los mandatarios autonómicos y del Gobierno central.

El vicepresidente catalán ha aprovecho esta cita, prevista para hablar sobre fondos europeos, para trasladar a Von der Leyen la necesidad de solucionar el conflicto catalán con más democracia y dando voz a la ciudadanía de Cataluña para que decidan su futuro político "libremente".

Además, Aragonès ha recordado que él participa en representación de la Generalitat porque el expresidente Quim Torra fue inhabilitado "injustamente" por no retirar en el plazo establecido una pancarta que pedía la libertad de los presos soberanistas y el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero.

Esta intervención sí que ha contado con la réplica de al menos uno de los presidentes autonómicos, el socialista Emiliano García Page, que ha reprochado a Aragonès que utilizara esta cita para hacer esta reivindicación a la presidenta de la Comisión Europea.

Según confirman fuentes de la reunión, García-Page ha aprovechado parte de su turno de palabra para recordar que son las 17 comunidades autónomas las que conforman la nación.

El PP votará a favor de las nuevas recomendaciones acordadas en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que este martes somete su acuerdo a votación en la Comisión antes de elevar su propuesta al Pleno del Congreso.

Así lo ha anunciado el presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en la Casa de América de Madrid.

Hasta el momento, han confirmado su posición favorable al acuerdo el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV. Ni ERC ni EH-Bildu han confirmado su posición, si bien desde Esquerra aseguran a Europa Press que serán "muy críticos" al considerar que "no soluciona como debería el saqueo en la caja de la Seguridad Social" y que "no recoge aspectos importantes como la rebaja de la edad de jubilación.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

SALVAGUARDAR PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y SUFICIENCIA

El nuevo texto incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

SUBIDAS CON EL IPC Y SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS EN TRES AÑOS

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

EXCEPCIONES EN LAS PENALIZACIONES A JUBILACIONES ANTICIPADAS

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión --hasta 25 años en 2022--, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

PLANES COMPLEMENTARIOS Y "MECANISMOS INNOVADORES" EN INGRESOS

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de pretender "desmembrar" los derechos de los españoles con la declaración del nuevo de estado de alarma, que considera "ilegal", "abusivo" y "desproporcionado", y espera que el Tribunal Constitucional fije criterio resolviendo el recurso planteado por la medida excepcional de marzo. De momento, el propio líder del partido, Santiago Abascal, ya ha avanzado que Vox recurrirá al Tribunal Constitucional este segundo "estado de excepción encubierto".

En rueda de prensa en la sede del partido en Madrid, Buxadé ha defendido que el nuevo estado de alarma aprobado este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario vuelve a incurrir en todos y cada uno de los "defectos" e "ilegalidades" del que se declaró el pasado mes de marzo.

SI EL TC HUBIERA HABLADO, LAS COSAS ESTARÍAN MÁS CLARAS

Por ello, ha dicho que en su partido espera que el Tribunal Constitucional decida "mover los papeles" y dictar pronto una sentencia, apuntando que si el Alto Tribunal ya se hubiera pronunciado sobre el recurso al primer estado de alarma presentado por Vox ahora los españoles tendrían "las cosas más claras" y no vivirían "en la absoluta inseguridad" en la que, a su juicio, les ha colocado el Gobierno.

El eurodiputado de Vox sostiene que este segundo estado de alarma vuelve a romper la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos fundamentales, lo que considera "absolutamente inconstitucional". No puede ser que los derechos a la libertad de circulación, de residencia, de reunión o de manifestación sean distintos en Madrid, Barcelona, Cádiz o las Islas Canarias --ha denunciado--. Los españoles somos iguales en derechos y deberes".

Buxadé ha cuestionado, en concreto, que el Gobierno establezca restricciones al movimiento generalizado entre comunidades autónomas pero no entre fronteras, lo que le lleva a afirmar que al Gobierno le sigue pareciendo "bien" que 2.000 marroquíes lleguen a las Islas Canarias, a través de las mafias de tráfico ilegal de personas, o que sigan llegando argelinos a las costas de Almería.

En este punto, defiende que no existe ninguna razón de ciencia, jurídica, epidemiológica o sanitaria para que un ciudadano pueda viajar a Bruselas pero no a Barcelona. "No hay ninguna razón--ha insistido--. Es el capricho, porque este Gobierno se siente muy fuerte porque ahora ya no son solo 18 ministros, son 18 y el ministro de la oposición", en alusión a Pablo Casado.

LA CONSTITUCIÓN NO HA CAMBIADO

También ha criticado por "inconstitucional" que el Ejecutivo pretenda extender este estado de alarma durante seis meses o el PP hable de ocho semanas, cuando la Constitución establece que inicialmente éste sólo puede durar un máximo de 15 días y eso "no se ha cambiado". Otra cosa es el periodo por el que el Congreso decida prorrogarlo.

Asimismo, ha criticado al Gobierno por pedir a los medios de comunicación y la ciudadanía en general que no utilicen la expresión "toque de queda" y que opten por "restricciones de movilidad nocturna.

Buxadè también se ha quejado de que el Gobierno vaya a permitir la celebración de las elecciones catalanas previstas para febrero porque, según ha denunciado, los partidos van a tener que pedir permiso al gobierno autonómico "separatista" para poder celebrar sus mítines. "La democracia está seriamente en riesgo", ha alertado.

Preguntado si Vox cree realmente que el toque de queda pueda ser efectivo para frenar los contagios, Buxadé ha respondido que "al margen de la forma jurídica, no". Para los gobiernos socialcomunistas o la Venezuela de Maduro lo jurídico es irrelevante, pero en la Europa de las democracias es lo relevante y si la Constitución españoles no lo permite, no se puede hacer", ha manifestado.

A este respecto, ha reiterado algunas de las 'recetas' de Vox para atajar esta segunda ola del coronavirus: test masivos en las calles, aislamiento médico de aquellas personas afectadas, seguimiento y rastreo, "y el resto de los españoles a seguir trabajando". "No podemos quedarnos en casa con miedo, que es lo que quieren", ha concluido.