El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha ordenado al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes», según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El CTBG se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

En concreto, el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

El CTBG ha desechado el argumento esgrimido por la Dirección General de Salud Pública para retener dicha información, al afirmar que el hecho de que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos que han realizado funciones en el marco de la gestión de la pandemia no atenta contra el derecho a la protección de datos personales.

«No solamente no atenta contra los datos personales de los afectados, sino que contribuye al control de la actividad pública y a que los ciudadanos conozcan el proceso de toma de decisiones relevantes en materia de salid pública, máxime en situaciones extraordinarias, como la producida por la pandemia de Covid-19», ha sostenido el Consejo de Transparencia en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.

UNA NEGATIVA «SURREALISTA»

La Dirección General de Salud Pública, en un escrito del 29 de septiembre, denegó esta información al abogado «por motivos de protección de datos», alegando que los miembros del comité de expertos son «personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo».

Fue entonces cuando el letrado acudió al CTBG para que obligara al Ministerio de Sanidad a entregarle esta información. «Lo cierto es que, si no se me facilita a mí o al Consejo de Transparencia el listado de expertos, nunca sabremos si lo que se me indica por la entidad reclamada es cierto», indicó.

Además, el abogado adujo que «es ciertamente surrealista mantener a ultranza que los miembros de un comité de expertos no son formalmente altos cargos o directivos (…), pues en buena lógica y a nivel práctico y real se trata de personas que ocupan una posición destacada, de consulta y decisión, en una pandemia cuya información tiene relevancia pública».

PREVALECE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

El CTBG ha contestado que no considera aplicable «el límite de la protección de datos invocado por la administración» porque al ser «datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano requerido», el Ministerio de Sanidad, «prevalece el derecho de acceso a la información pública».

A este respecto, ha citado una sentencia de 2017 de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid para destacar que el derecho a la información no solo es «esencial» en democracia, sino que «las administraciones públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos, por lo que toda la información que generan y poseen pertenece al ciudadano».

El Consejo de Transparencia ha querido puntualizar asimismo que «informar sobre el número de expertos no puede considerarse contrario a ese derecho (a la protección de datos personales), al tratarse de un mero dato numérico sin identificación de persona física alguna», y que es irrelevante si los expertos ostentan o no un puesto de alto cargo.

También ha criticado que el Ministerio de Sanidad se retrasara respecto a los plazos legalmente establecidos para contestar al abogado, ya que la respuesta no llegó hasta el 29 de septiembre y la petición se hizo el 6 de mayo, y que no hiciera alegaciones ante el CTBG.

El Tribunal Supremo ha acordado imponer una fianza de 12.000 euros a Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, para ejercer la acusación popular en la querella que presentaron en diciembre 2018 contra el Rey Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación de la AVE a la Meca y cuya reapertura solicitaron este verano.

La Sala de lo Penal del Supremo ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda solicitar esta cantidad, que debe depositarse en metálico antes de 8 días desde su notificación, como trámite previo a decidir si reabre la querella contra el emérito.

«Una cuestión previa que se debe resolver antes de entrar en una decisión de fondo es la relativa a la naturaleza jurídica de la acción ejercitada por el querellante, la legitimación procesal que viene referida al ‘poder de conducción procesal’, que habilita a las acusaciones para personarse y a intervenir plenamente en el proceso penal y en calidad de parte, lo que nos lleva a considerarle acusación popular», explica el auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena.

La Sala ya notificó a mediados de septiembre a los querellantes que daba por ‘recibido’ el escrito que remitieron a finales de julio solicitando la reapertura de la causa, que hace un año fue inadmitida de plano. IU y el resto de querellantes consideran que «a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos» se dan motivos suficientes para abrir causa contra el emérito.

Así, hacían referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Larssen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

La querella presentada en 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra don Juan Carlos y otras siete personas, entre ellos Larssen, Villarejo; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.

La contratación de profesionales con discapacidad se ha desplomado un 23,4 por ciento en la Comunidad Valenciana en el año de la pandemia del coronavirus, que ha ocasionado el mayor descenso interanual de la década en la contratación de este colectivo, según la Fundación Adecco, que ha indicado que ni siquiera la crisis económica de la pasada década logró un descenso tan notable.

Aunque el año todavía no ha concluido, según Adecco, las cifras actuales «invitan a pronosticar un 2020 que nos dejará la mayor caída interanual de la última década en la contratación de profesionalescon discapacidad». El descenso registrado entre los meses de octubre de 2019 y octubre 2020 vaticina un final de 2020 en el que la contratación de personas con discapacidad habrá caído en torno a un 20%.

A pesar de que se trata de una cifra inferior a la registrada paratodos los sectores de población –los contratos en la Comunidad Valenciana han caído, a nivel general, un 28,9% entre octubre 2019 y octubre 2020–, «las dificultades que se ciernen sobre laspersonas con discapacidad son superiores, en la medida en que suelen ser las primeras en perder su empleo y las últimas en recuperarlo».

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «la destrucción de puestos de trabajo y el descenso de lascontrataciones está afectando a todos los profesionales; sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad el riesgo de exclusión es doble, en la medida en que sus posibilidades de acceso al mercado laboral no solo se ven empañadas por la crisis, sino por prejuicios y estereotipos que los han acompañado históricamente y que lastran sucontratación».

«Nos preocupa, además, que la crisis genere un efecto desánimo entre la población con discapacidad, frenando su participación en elmercado laboral, ya de por sí muy baja: actualmente, el 66,1% de las personas con discapacidad en edad laboral en la Comunitat Valenciana no tiene empleo ni lo busca, un porcentaje que podría dispararse ante la falta de expectativas laborales».

Según Adecco, la caída del 23,4% en la contratación en el mes de octubre confirma la tendencia de una mejora paulatina desde julio, en el que se alcanzó el descenso más pronunciado (27,7%) y que tiene que ver con el efecto de la campaña de verano.

«El resurgir de la actividad productiva durante el tercer trimestre, consecuencia de la campaña de verano, nos ha regalado la caída más moderada en los contratos de las personas con discapacidad desde que irrumpió el coronavirus; no obstante, nos movemos en un escenario de absoluta incertidumbre que pone en riesgo la generación de empleo en muchas ramas de actividad, como la hostelería y el turismo, más aún cuando el profesional cuenta con una dificultad añadida como la discapacidad», ha afirmado Mesonero.

Hosteleros madrileños han lanzado una tarjeta para que los empresarios regalen cenas a los trabajadores en un año en el que no habrá almuerzos o encuentros navideños.

Es una de las acciones de la campaña ‘Voces’ con la que pretenden «reinventar la Navidad», presentada este martes con el apoyo de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desde el restaurante de Cristina Oria, en la calle Conde de Aranda.

Otra de las iniciativas pasa por entregar la comida de alta cocina a domicilio con 40 ‘bonomenús’, que también pueden recogerse en los establecimientos. «Somos socialmente responsables y queremos seguir siéndolo», ha asegurado el director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony. Además la campaña posibilitará la compra de cestas de comida para quienes más las necesiten, que serán entregadas al Banco de Alimentos.

Tras escuchar a Blardony, Villacís ha destacado que en el confinamiento se constató que «Madrid no sería Madrid sin hostelería», sería una ciudad «inerte, muerta, con calles vacías», que es lo que le ocurre «a un barrio que se queda sin vida porque se queda sin bares y restaurantes».

A la hostelería hay que cuidarla porque hay mucha gente que come de la hostelería. Hay empresarios y trabajadores que están haciendo lo imposible por mantener el negocio abierto», ha remarcado la vicealcaldesa, que ha recordado que en 2021 se mantendrá la exención en el pago de la tasa de terrazas y las bonificaciones en el IBI y en el IAE, además de seguir posibilitando la instalación de terrazas en bandas de aparcamiento, zonas terrizas o esquinas. «Eso ha conseguido sacar a mucha gente del ERTE», ha asegurado.

Después de subrayar la solidaridad de los hosteleros con la irrupción de la pandemia, cuando prepararon menús para quienes más lo necesitaban o ponían sus furgonetas para trasladar a enfermos a Ifema, Villacís ha defendido que ahora «se merecen que los Reyes Magos les hagan un regalo y que los madrileños se conjuren para hacerles llegar su solidaridad».

«La solidaridad de Madrid se tiene que notar cuando te tomas un pincho en el bar de debajo de casa», en definitiva, se trata de ayudar al sector «para que aguanten».

La Audiencia de Málaga ha condenado a un total de 16 años de prisión a la mujer declarada culpable de la muerte de su bebé, a la que abandonó sola en la casa durante más de un mes tan solo con un biberón y unas galletas. Así, se le imponen 15 años de cárcel por un delito de asesinato y otro año de prisión por abandono temporal de menor.

La mujer se quedó embarazada en su país, Marruecos, y se trasladó a España a finales de marzo de 2017, dando a luz en la localidad malagueña de Vélez-Málaga el 4 de mayo de dicho año. A mediados de 2018, se trasladó a la capital malagueña donde alquiló un apartamento, comenzando a trabajar en agosto como camarera y relaciones públicas en una discoteca.

Según se declara probado en la resolución, y consideraron los miembros del jurado, «dado el horario nocturno de trabajo, la acusada cuando se marchaba a la discoteca dejaba sola a su hija, que tenían entonces con 15 meses, en el dormitorio del apartamento sobre la cama y cuando terminaba su jornada laboral, sobre las 06.00 horas, no regresaba a su casa sino que se iba a la de una amiga.

Así, la Sala precisa, tal y como la mujer reconoció durante el juicio, que ella no volvía al apartamento hasta al menos las 14.00 horas, «por lo que durante este periodo de tiempo y prácticamente de forma diaria permanecía sola en casa desprovista de atención afectiva y de los cuidados físicos –bebida, alimentación y aseo– precisos para un bebé de su edad».

Asimismo, desde mediados de septiembre, la mujer pasó a quedarse a dormir de forma habitual en la casa de un amigo, «dejando sola toda la noche y hasta la tarde siguiente a su hija», tras lo que regresaba a su apartamento para alimentarla y volver a salir; una situación que siguió incluso una vez terminada la relación laboral con la discoteca, ya que «mantuvo una intensa vida nocturna.

A sus amigos les decía que su hija estaba en su casa con una persona encargada de atenderla. Un día del mes de octubre, la acusada se fue de la casa y no volvió más, «siendo consciente que de forma ineludible iba a producir el resultado de la muerte de su hija si como madre y única responsable de su cuidado dejaba de prestarle la atención indispensable para su vida».

Así, la dejó encerrada en el dormitorio de la casa, sobre la cama con la puerta cerrada y la persiana bajada, en condiciones de oscuridad tan solo con un biberón y unas galletas. La acusada salió del domicilio y cerró la puerta con la llave de la que solo disponía ella, «aceptando que iba a acabar con la vida de su hija», que contaba con unos 17 meses y que no podía valerse por sí misma.

No regresó «nunca más al domicilio en vida de su hija», dice la sentencia, apuntando que, además, «no comunicó ni a sus amigos ni a su pareja sentimental ni a su familia ni a ninguna institución el paradero de su hija ni la situación de privación efectiva de asistencia de agua y alimento en que la había dejado y que iban a causar ineludiblemente la muerte».

Mientras, la mujer «continuaba con su vida social nocturna, llegando incluso a celebrar una fiesta por su vigésimo cumpleaños». Los hermanos de la acusada viajaron a Málaga porque no podían contactar con ella y cuando se encontraron les aseguró que la bebé estaba con una mujer, pero, al insistir, les dijo que la había dejado sola en casa hacía un mes y se dio a la fuga.

Los hermanos comunicaron lo ocurrido a la Policía Local que encontró a la niña muerta en la casa. Según los datos forenses, el fallecimiento se produjo «en un periodo mínimo de entre 26 y 30 días anteriores al hallazgo del cadáver», siendo la causa fundamental «abandono infantil que incluye cuadros de malnutrición, inanición, deshidratación y falta de cuidados médicos e higiénicos adecuados».

Para la Sala, al igual que lo determinaron los jurados, los hechos suponen un delito de abandono temporal de menor, señalando que se constata que la acusada cuando dejaba sola toda la noche y hasta la tarde siguiente a su hija en el domicilio «era consciente de los peligros con los que la menor se podía encontrar, y tenía que prever la situación tremendamente traumática de la menor».

Así, la magistrada-presidente incide en que la acusada debía prever «cómo podía reaccionar el bebe cuando nadie consolara su llanto, ni la atendiera en sus necesidades básicas», apuntando que «no obstante esto, procedió a marcharse y abandonar a su destino a su hija, conducta que se repetía a diario por tiempo indefinido». Además, señala que no contactó con nadie para pedir ayuda en el cuidado de su hija.

En cuanto al delito de asesinato, en comisión por omisión, con la concurrencia de la alevosía llamada de desvalimiento, se declara que la acusada conocía su responsabilidad en cuanto madre de la bebé, «y pese a ello no solo no le proporcionó atención sino que la dejó encerrada en su domicilio, sin mas compañía que un biberón y un paquete de galletas aproximadamente durante mes y medio, a sabiendas de que ponía en peligro su vida».

Por último, recuerda la magistrada que los jurados llegaron «a la absoluta certeza» de la acción que la acusada tendría que haber realizado «voluntariamente y que habría evitado el resultado». «Como se ha señalado, bastaba con atender a la niña, prestándole la asistencia precisa, o bien recabar el auxilio terceras personas o de los servicios sociales, sin embargo conscientemente omitió la actuación que le era exigible, creando con ello un riesgo para la vida de su hija de corta edad».

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que su trabajo es «resolver» con el presidente, Pedro Sánchez, las discrepancias que se suscitan en la coalición y que no va a entrar en polémicas con ministros del PSOE, pese a que no le sorprende que la titular de Economía, Nadia Calviño, dijera en una entrevista que prefería pactar con el PP.

«Nadie dentro del Gobierno puede hacer oposición en el Gobierno estando de acuerdo con el programa que permitió el primer gobierno de coalición», ha subrayado en una entrevista a la Sexta, recogida por Europa Press. En este sentido, está totalmente seguro de que todos los ministros son favorables a cumplirlo.

Iglesias se ha mostrado satisfecho con la labor del Ejecutivo, que ha logrado armar una «mayoría histórica» por la izquierda en torno a los Presupuestos Generales del Estado que permiten afrontar la crisis «sin dejar a nadie atrás». A ello se suma también el compromiso de regular alquileres y prohibir desahucios a toda la población vulnerable.

Por tanto, él se queda con los resultados que suscitan dichas discrepancias, normales en el primer ejecutivo de coalición a nivel estatal, y como ejemplo de ello ha puesto la enmienda presentada a los PGE sobre desahucios, junto a Bildu y ERC, que han permitido encauzar una solución para que nadie se quede en la calle.

«Esto no es una victoria de Pablo Iglesias, ni una victoria de Unidas Podemos y ni siquiera una victoria del Gobierno de coalición, es una victoria de la sociedad española», ha apostillado.

De hecho, se ha mostrado convencido de que no existe ningún miembro del Gobierno que esté en contra del programa de gobierno acordado, que es «muy claro» al respecto sobre la paralización de los desahucios, la regulación del precio del alquiler o la derogación de la reforma laboral.

En cuanto a las palabras de Calviño, quien dijo que se sentiría más cómoda con el apoyo del PP a los Presupuestos, Iglesias ha dicho que respeta «la comodidad de cada cual», pero le ha recordado que «con quien se acordó un gobierno de coalición fue con Unidas Podemos».

No obstante, ha aseverado que no va a juzgar esas declaraciones de Calviño ni tampoco va a polemizar con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha criticado abiertamente algunas de las posiciones de su formación.

LA BUENA POLÍTICA NO SALE DE BUENAS INTENCIONES

Sí ha puesto en valor su interlocución con Sánchez y su capacidad para resolver esas tensiones, que forman parte del ejercicio habitual de la política. De hecho, ha aseverado que esos «tira y aflojas» forman parte de la «grandeza de la democracia».

«En política, las cosas buenas no son el resultado de un cúmulo de buenas intenciones, son el resultado de conflictos y tensiones», ha ahondado el vicepresidente segundo para insistir en que muchos derechos proceden precisamente de exigencias.

La Fundación Oso Pardo (FOP) ha iniciado ya acciones legales para pedir el esclarecimiento de la muerte a tiros de dos hembras de oso pardo durante la jornada de ayer, ambas en el transcurso de cacerías de jabalís.

Una de ellas fue abatida en el Parque Natural de la Montaña Palentina por un cazador que, al parecer, la confundió con un jabalí. La segunda osa muerta se trata de Sarousse, reintroducida en los Pirineos franceses en 2006, y establecida en la Ribagorza aragonesa desde 2010 en donde fue tiroteada también por otro cazador que ha alegado defensa propia.

La FOP ha solicitado a las Fiscalías Superiores de Justicia de Castilla y León y de Aragón que ordenen el inicio urgente de Diligencias de Investigación para asegurar la obtención de todas las pruebas necesarias que permitan aclarar lo sucedido y comprobar si hay responsabilidad penal en los actos de caza mencionados y ello con todas las garantías procesales requeridas, informa a través de un comunicado remitido a Europa Press.

«No debe olvidarse que los actos de caza de especies en peligro de extinción pueden conllevar penas de hasta dos años de privación de libertad, y tres años, si es un espacio natural protegido; además de graves inhabilitaciones. Quizás sea el momento de plantearse el agravamiento de las penas de estos delitos, a la vista de la reiteración de estas muertes en circunstancias similares», explican.

En el caso de la Montaña Palentina, se trata del tercer oso tiroteado por cazadores locales en los últimos años, debido supuestamente a confusiones con jabalíes.

Una situación que para la FOP exige cambios de calado en la práctica de la caza en zonas oseras, tal y como vienen planteando en las mesas de trabajo con la administración, en concreto con la castellanoleonesa en los últimos dos años.

«La FOP considera ineludible que el compromiso de los cazadores en zonas oseras sea firme y formal, es decir, que cada cazador participante reconozca por escrito que es conocedor de las buenas prácticas a seguir en un área con presencia de osos, y se atenga a las consecuencias de no cumplirlo. La FOP comenzará las gestiones de forma inmediata y las extenderá a las administraciones del ámbito pirenaico, así como a mesas de trabajo con la Real Federación Española de Caza para mejorar la formación y la sensibilización de los cazadores», agrega.

Por otra parte, algunas voces están reclamando la prohibición de la caza en zonas oseras. En este sentido manifiestan al respecto que no es un escenario realista debido a la extensa área, de miles de kilómetros cuadrados, por la que se distribuye la especie actualmente.

También subraya que uno de los motores fundamentales de la recuperación del oso pardo cantábrico ha sido el diálogo permanente y el acuerdo con los habitantes del territorio; con todos los sectores que integran el medio rural, entre ellos el de la caza. «Esta es una realidad incontestable que es reconocida internacionalmente como un éxito de conservación, y que requiere por parte del conjunto de la sociedad una respuesta alejada de argumentos polarizados», concluye.

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, ha registrado este lunes en el Palacio de la Moncloa un escrito en el que solicita una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la conocida como ‘ley Celaá’.

Según ha informado Más Plurales, el objetivo es plantear al presidente del Gobierno «una serie de sugerencias para mejorar el contenido» de una Ley, que esta plataforma critica «duramente no solo por las formas en que se está tramitando (impidiendo la participación de la comunidad educativa en sus debates parlamentarios), sino también por muchos aspectos que propone el Proyecto de Ley, que alejan la posibilidad de alcanzar un alto grado de consenso y respaldo necesario que de estabilidad al sistema educativo».

En este sentido, ha destacado que la Ley Celaá «está provocando una fractura en la educación española, al aplicar recortes a las libertades democráticas y condenar a los centros de iniciativa social a un papel subsidiario de la educación pública, que se convierte en el único modelo que será promovido por las Administraciones educativas».

«Nos parece muy bien que se refuerce el papel de la pública, pero pensamos que no es necesario que para ello haya que excluir a la enseñanza concertada», han insistido.

Además, consideran que la Ley «anuncia la progresiva desaparición de los centros de Educación Especial, desprecia al profesorado de la enseñanza concertada y convierte a la asignatura de Religión en una asignatura marginal y decorativa».

A su juicio, «en vez de abordar asuntos tan importantes como la homologación de todos los trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos, el fracaso escolar, la igualdad educativa, la mejora de oportunidades y el descenso del nivel de los alumnos españoles, la LOMLOE se centra en transformar de manera radical asuntos nada problemáticos que están funcionando bien en nuestro país, como son el desarrollo de la complementariedad de los modelos educativos y el respeto a las libertades democráticas recogidas en la Constitución».

La plataforma Más Plurales no entiende «las prisas con la que se está tramitando la Ley» y piensa que «todavía se está a tiempo, con espíritu de consenso, de alcanzar acuerdos que mejoren el contenido de una Ley que ha provocado un unánime rechazo en la sociedad española».

«Estamos firmemente convencidos de que en el sistema educativo todos somos necesarios para contribuir a la formación de nuestros alumnos y, desde la convivencia y el respeto a la pluralidad y libertad, avanzar en la mejora de nuestra sociedad civil», ha subrayado.

Por todo ello, y «avalados además por las cerca de dos millones de firmas de ciudadanos» que defienden «la convivencia armónica de las redes pública, concertada y privada», solicitan al presidente del Gobierno «la paralización de la LOMLOE y que se abra un periodo de debate y de participación para alcanzar un consenso que demanda la sociedad española sobre las cuestiones educativas».

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos y ha pedido asumir que éstas serán unas fiestas de Navidad «diferentes» para evitar un mes de enero «escalofriante en muertes» y en incremento de hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por contagios de la COVID-19.

En declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, durante su visita el colegio público San Jorge del barrio de Valdespartera, Lambán ha abogado por que en toda España haya un acuerdo para que estas fiestas «se celebren en los mismos términos y exactamente con las mismas restricciones» para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Ha añadido lo siguiente: «Lo que tenemos que tener todos claro es que estas Navidades van a ser radicalmente distintas a las que hemos vivido a lo largo de nuestra vida», pero «no nos tienen que doler prendas, ni llevarle luto al hecho que la cena de Nochebuena y el día de Navidad lo tengamos que celebrar en la más estricta familiaridad», es decir, con reuniones «reducidas a padres e hijos» y, en algún caso, «un nieto a nieta no viene mal como compañía».

Además, ha continuado, hay que procurar, «por todos los medios», que la Nochevieja «no sea un vivero abonado al virus», para remarcar que habrá «más Navidades y Nocheviejas» y hay que tratar de que, «con nuestra responsabilidad, los mayores y las personas con enfermedades tengan derecho a pensar en más Navidades y más Nocheviejas».

«No hagamos que las personas mayores y las personas queridas por nosotros vean truncada su vida por la irresponsabilidad de los más jóvenes», ha enfatizado Lambán.

PÁNICO

El presidente de Aragón ha reconocido que el próximo puente de diciembre –de la Constitución y la Inmaculada– «nos produce pánico» respecto a la propagación de la COVID-19, especialmente tras las imágenes «preocupantes» de este fin de semana, no solo en grandes ciudades, sino también en su propia localidad, Ejea de los Caballeros, y en su propia calle, ha glosado.

«Es obvio que no aprendemos, seguimos sin dar a la COVID-19 la importancia que tiene» y «dan ganas de hacer pasar a los ciudadanos por las UCI para que se den cuenta que este virus no es una compañía amable, sino que está matando y haciendo enfermar a muchos conciudadanos».

Lambán ha agregado de que los indicadores epidemiológicos «evolucionan de forma esperanzadora», aunque «no con la rapidez que nos gustaría en la UCI» y «hay que ir poco a poco levantando restricciones».

No obstante, ha reconocido que le «apena» que aunque la «gran mayoría» de los ciudadanos sean responsables, «por desgracia no determinados colectivos, que siguen pensando que el virus no va con ellos», cuando «sí va».

El Ministerio Fiscal ha concluído hoy que «queda fuera de toda duda» la autoría de los cuatro jóvenes acusados de robar y quemar vehículos y jactarse de ello en las redes sociales autodenominándose ‘Payasos Justicieros’. «Se divertían con el fuego y querían causar el mayor daño posible», ha afirmado.

Para la acusación pública, todo empezó con acciones en las que los perjudicados tenían en común que habían tenido algún conflicto con los acusados D.L y T.G.

Pero sus acciones llegaron «a otro nivel» el día que le pusieron una multa a la acusada T.G y el enfado de ella y su entonces pareja, D.L, hizo que pasaran a poner en peligro «la seguridad colectiva».

Más adelante se sumarían los otros dos acusados, A.I y N.M (también pareja) y, en ese momento, la fiscal ha hecho referencia a un mensaje de T.G al hermano de I.A en el que le pide que le despierte porque los ‘Payasos Justicieros’ le necesitan.

En su relato, la fiscal también ha rechazado que, tal y como afirmó la defensa, incautar los teléfonos móviles fuese algo abusivo e innecesario, dado que fueron «fundamentales» en la investigación policial dado que los hechos sucedían de noche, sin testigos, y las pruebas desaparecían al quemarse los vehículos.

La Fiscal cree que «queda fuera de toda duda» que los hechos «se produjeron» y los acusados fueron «responsables de los mismos, tal y como estableció la investigación policial.

Así, durante julio de 2018, de forma continua, se produjeron incendios en coches que evolucionaron a fuegos en garajes con lo que «ya no se puso en peligro el patrimonio sino la vida» de personas.

Ha centrado el relato de los hechos, principalmente, en dos de los acusados: D.L y T.G, pareja en ese momento. Cómo el primer afectado fue pareja de ella, y le aconsejó que denunciara por maltrato a D.L; y cómo, después de que le pusieran una multa a T.G su enfado le llevó de dañar a particulares a ejercer un daño colectivo.

El hecho de que, tras ser detenidos acusados de dañar marquesinas, les fuera encontrada, además de otras cosas, una garrafa de gasolina fue el «indicio» de que eran responsables de los incendios.

La fiscal se ha apoyado en las bromas que hacía T.G tras los incendios, anunciando quién iba a ser el próximo o cómo «a cada cerdo le llega su San Martín». También en las fotos que tenían ambos con uno de los vehículos afectados. En este sentido, también se ha referido a cómo otro acusado, I.A, le pasa a T.G un pantallazo de cómo el dueño de un coche que habían incendiado lo seguía buscando y ella se mofa. Y antes de los incendios en garaje, T.G escribe en su móvil: «Hoy la vamos a liar, van a trabajar bien, por hijos de puta».

«Se divertían con el fuego, y así se ve en los mensajes (…) primero fue una forma de venganza o diversión y, cuando quieren vengarse de la policía o fuerzas de seguridad, empiezan a causar el mayor daño posible», ha relatado.

En cuanto a N.M, la ve identificada como la «chica joven con una coleta» y ha destacado cómo en la policía «reconoce que fue una decisión conjunta» y «da detalles como la forma de quemar» los coches.

También ha considerado su «reacción después» porque en ningún momento quiso despertar a los vecinos, como tampoco fue a avisar a la policía o rompió con I.A.

Para la fiscal, el hecho de que D.L y T.G dijeran en una conversación por el móvil que cada vez se sumaba más gente es una prueba de que I.A y N.M participaron también.

Para los incendios en los garajes, se ha apoyado en una sentencia del Supremo por el que para que haya una situación de riesgo contra la integridad no es necesario que este llegue a culminarse ni haya intención y «en todos los informes» e, incluso, en el «sentido común» queda claro que el riesgo existió.

Con respecto a si T.G actuaba en contra de su voluntad, ha remalcado que primero dijo que ella estaba de espectadora y, después, estaba muerta de miedo. En su opinión, «no hay prueba objetiva de que le tuviese miedo». Para la fiscal, «se ve a una chica orgullosa de lo que hace y que se divierte».

Un vecino de Vigo, José Francisco C.M., ha aceptado este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra una pena de 12 años de cárcel tras reconocer que intentó asesinar a su compañera sentimental clavándole un cuchillo en zonas vitales.

La Fiscalía pedía catorce años y diez días de prisión para este hombre pero, finalmente, ha introducido la atenuante de drogadicción ya que, como el propio acusado ha explicado en la vista oral, en el momento de la comisión de los hechos «estaba muy drogado» porque había consumido «varios gramos de cocaína, alcohol y heroína fumada».

Las pruebas forenses confirmaron que el acusado en aquella época era un politoxicómano y que presentaba un trastorno por consumo de sustancias o drogas de abuso que «mermaban ligeramente sus capacidades volitivas, pero sin afectar a sus capacidades intelectivas», según ha apuntado la Fiscalía.

Al confesar su autoría y aceptar la petición de condena que solicitaban la Fiscalía y la acusación particular el juicio se ha celebrado de una manera abreviada con los únicos testimonios de las forenses y de los vecinos del edificio de Vigo donde se produjo esta tentativa de asesinato.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del día 8 de noviembre de 2019, cunado este hombre se encontraba en el domicilio de su pareja sentimental. Allí, iniciaron una discusión a la que pusieron fin cuando ella se fue para la habitación, y se acostó en la cama, tras tomarse unos fármacos para dormir, permaneciendo el procesado en el salón-cocina de la vivienda.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, siendo aproximadamente las siete y media de la mañana, el acusado «abusando de la relajación y confianza en que se encontraba la víctima en su hogar», entró sigiloso en la habitación, portando un cuchillo de cocina con una hoja metálica de 10 centímetros, se tumbó en la cama junto a su pareja, «y de forma sorpresiva y súbita le tapó la boca con la mano, con ánimo de acabar con su vida» y comenzó a clavarle el cuchillo en varias zonas vitales del cuerpo.

El relato del Ministerio Público señala que mientras la acuchillaba el acusado le decía a su víctima «con lo bien que te he cuidado, con todo lo que he hecho por ti, así me lo pagas». Ella se defendió con patadas, e incluso llegó a morder la mano al procesado, pero pese a ello, este logró clavarle el cuchillo a su pareja en el cuello y en un pecho y, en el forcejeo, en la mano izquierda, logrando ésta marcharse de la habitación hacia la cocina. Una vez allí, el hombre, la sujetó por las manos y la obligó a ponerse de rodillas y pedirle perdón, cosa que ella hizo por miedo.

Los vecinos relataron este lunes como escucharon los «gritos desesperados» de la mujer a la que vieron corriendo escaleras abajo mientras pedía auxilio, hasta que logró salir a la calle, donde fue ayudada por terceras personas, hasta que acudió la policía y los servicios de emergencia sanitaria.

El acusado abandonó la vivienda tras ella e intentó huir en una motocicleta siendo retenido por uno de los vecinos, hasta que fue detenido por la policía, desde ese momento permanece en prisión provisional con la prohibición de comunicarse con su víctima.

Además de la pena de 12 años de prisión la Fiscalía solicita que sea condenado a la pena accesoria de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la mujer, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante veinticuatro años y diez meses.

En concepto de responsabilidad civil pide que el procesado indemnice a la mujer en 7.650 euros por las lesiones sufridas.

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado su respeto a la decisión de archivar la denuncia por acoso sexual contra el exabogado de la formación José Manuel Calvente, pese a entender que era «inequívoco» a tenor del contenido de los mensajes que fueron publicados en medios.

Así se ha pronunciando en una entrevista a La Sexta, recogida por Europa Press, sobre la decisión del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, de archivar diligencias abiertas tras la interposición de una querella por parte de la abogada de Podemos Marta Flor contra José Manuel Calvente por supuesto acoso sexual y laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones.

«Mi opinión es evidente con respecto a lo que ocurrió. Yo vi una serie de mensajes que después se publicaron y a mi me parece inequívoco. Luego los jueces pueden decidir lo que quieran», ha subrayado.

En este sentido y cuestionado sobre por qué llegó Podemos a un acuerdo y reconoció el despido improcedente del letrado, el secretario general de Podemos ha subrayado que fue algo que los servicios juríricos consideraron adecuado.

Sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, para que el Tribunal Supremo se le investigue por el caso ‘Dina’, Iglesias ha subrayado que, desde la prudencia, parece «obvio lo que va a ocurrir», en alusión a que no se le imputará en esta causa dado que la Fiscalía también se opone a ello.

Por otro lado, ha subrayado que todas las «graves» acusaciones contra Podemos por presuntas irregularidades «poco a poco van quedando en nada» y ha reiterado que, «con los enemigos» que tienen, no pueden permitirse tener «ni media cuanta mal».

NO ENTRA EN POLÉMICA CON TERESA RODRÍGUEZ

En cuanto a la expulsión de la exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez del grupo parlamentario Adelante Andalucía, ha señalado que es una situación que le «apena» y que se debe a «falta de entendimiento a nivel parlamentario» entre las diferentes fuerzas de la confluencia.

Respecto a la apelación directa de Rodríguez para que le diera explicaciones personales de su expulsión, Iglesias ha declinado hacer comentarios al ser un asunto regional en el que «no va a entrar» para no alimentar debates que «hacen daño a la gente de izquierda.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «vender España a trozos por un puñado de votos» tras sus «cesiones» a ERC y Bildu en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y ha subrayado que el objetivo de esos acuerdos es seguir en el poder. A su entender, «no todo vale en política».

«Estos son los Presupuestos en los que el PSOE ha decidido abandonar la senda del constitucionalismo, pero además son los PGE en los que el PSOE ha decidido dejar de ser el Partido Socialista para pasar a ser el partido única y exclusivamente de Pedro Sánchez», ha asegurado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces, coincidiendo con el inicio de la tramitación en Pleno de las cuentas públicas.

Tras asegurar que estos no son los PGE que «necesita España» sino que los españoles merecen «mucho más» para tener «futuro» y poder «salir adelante», ha subrayado que «nunca» al país le «salieron tan caros política y democráticamente» unos Presupuestos.

«A GOLPE DE TALONARIO Y DE ROMPER ESPAÑA»

Después de que Sánchez haya preferido pactar con ERC y Bildu para sacar adelante esas cuentas públicas, Gamarra ha afirmado que «algunos ya han elegido» que todos los españoles paguen «a golpe de talonario y de romper España», haciéndola «más débil».

«Ellos le llaman a esto valentía y sinceramente no conozco mayor cobardía que vender España a trozos por un puñado de votos. No se es valiente cuando se pacta con Bildu y con los independentistas, que han promovido un golpe de Estado hace escasamente dos años», ha proclamado.

Según Gamarra, los socialistas «han renunciado a ser ellos mismos con tal de tener unos Presupuestos y poder seguir en La Moncloa». «No todo vale en política y no todo merece la pena por sacar unos PGE adelante», ha afirmado, para añadir que son «unos socios de conveniencia».

Además, ha subrayado que esos socios de Sánchez le apoyarán el jueves en el Congreso en la aprobación de los PGE pero no estarán el día 6 «celebrando» el Día de la Constitución. Por eso, ha animado a los diputados del PSOE y a sus dirigentes a «reflexionar» si «merece la pena» el «alto precio que han decidido pagar por mantenerse en La Moncloa y que decide que pague España» con tal de seguir en el poder.

«¿Merece la pena tras la senda de constitucionalismo y convivencia que hemos vivido en este país durante los últimos 40 años romper España en dos España? El PP tiene muy claro que no merece la pena», ha aseverado.

ACERCAMIENTO DE PRESOS DE ETA

Gamarra ha asegurado que dentro del «precio» que ha pagado Sánchez para sacar adelante las cuentas públicas, hay cuestiones que no entran en ese ámbito presupuestario como el hecho de que «el español deje de ser lengua vehicular». «Esto demuestra hasta donde son capaces de llegar», ha exclamado.

Además, ha citado «otras negociaciones» como «los acercamientos de presos terroristas en las últimas semanas». De hecho, ha subrayado que en el tiempo de la negociación presupuestaria «48 presos condenados por delitos terroristas han sido acercados a sus domicilios».

Al ser preguntada si el Gobierno de José María Aznar también se equivocó al acercar a cerca de 190 presos a cárceles próximas al País Vasco, Gamarra ha subrayado que ese acercamiento en otras épocas era «una política respaldada por una resolución aprobada por unanimidad en el Congreso».

Sin embargo, ha subrayado que ahora ese acercamiento de presos «está siendo una de las monedas de cambio» durante la tramitación de los PGE. Además, ha recriminado a los socialistas que puedan tildar a la formación abertzale de «valiente».

«No conozco mayor cobardía política que Bildu», ha resaltado, para recalcar que es «un partido proetarra y muchos de sus dirigentes han sido condenados por terrorismo». Se trata, ha destacado, de «algo que no había ocurrido nunca en la historia de la democracia».

«ARMONIZACIÓN» CUANDO «QUIEREN DECIR SUBIDA DE IMPUESTOS»

En esas «cesiones» ha citado también la enmienda de ERC sobre «armonización» cuando, según ha dicho, «quieren decir subida de impuestos». En este punto, ha subrayado que no debía haber sido admitida esa enmienda porque «invade las competencias autonómicas» y «supera el marco de la Ley de Presupuestos», ya que «no es el sitio para abordar la financiación de las comunidades autónomas».

Por eso, ha dicho que su grupo ha registrado un escrito ante la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso para que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe para determinar la constitucionalidad de la citada enmienda. «Es evidente su inconstitucionalidad», ha esgrimido.

DENUNCIA EL VETO DEL PSOE A SUS ENMIENDAS

Tras confirmar que el PP mantendrá vivas sus enmiendas a los PGE para el Pleno de esta semana porque cree en «otra España y en otro modelo económico», ha denunciado que el PSOE haya «vetado» enmiendas de su partido en la tramitación de los PGE destinadas a «sectores estratégicos que peor lo están pasando» como los autónomos o el sector turístico.

Gamarra ha diferenciado el apoyo de Bildu y ERC al de otros partidos como Mas País o Teruel Existe, ya que, según ha dicho, que estos partidos vayan a apoyar los PGE tras una «negociación legítima» de sus enmiendas «nada tiene que ver con los apoyos que tienen un precio que es muy alto desde el punto de vista constitucional».

El sacerdote Silverio Nieto ha afirmado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que cree que el ex secretario de Estado Francisco Martínez le mandó unos mensajes relacionados con el desarrollo de su defensa en la causa en la que se investiga la ‘operación Kitchen’ para desahogarse tras su imputación en este caso.

Nieto ha sido citado a declarar este lunes como testigo en el marco de la pieza 7 del caso ‘Tándem’, que investiga el despliegue de un operativo parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, en relación a unos mensajes de Whatsapp que le envió el que fuera ‘número dos’ del Ministerio del Interior y que reenvió al también investigado Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional.

El comisario García Castaño, que ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de colaborar con la justicia, leyó voluntariamente durante su declaración como investigado el pasado 9 de marzo unos mensajes que recientemente a esa fecha le había reenviado el sacerdote y que eran procedentes de Martínez.

En ellos, el ex secretario de Estado comentaba que su abogado le había indicado que tenía que entregar las actas notariales de los mensajes que protocolarizó para demostrar que el exministro del Interior le habría pedido información relacionada con la ‘Kitchen’, como recabar información sobre Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas y captado como confidente policial para esta operación.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración –que ha tenido lugar por videoconferencia– han informado que Nieto ha confirmado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que reenvió estos mensajes al exjefe de la UCAO porque creyó que le podría resultar de interés, ya que éste estaba saliendo constantemente en la prensa.

Se da la circunstancia de que el sacerdote se encontraba con el comisario el día que éste fue detenido el 11 de julio de 2018 en el marco del caso ‘Tándem’, que investiga las presuntas irregularidades de los encargos al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Nieto, ex director de los Servicios Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), también ha admitido que los mensajes de Martínez se hicieron llegar además al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz porque en el texto aparecía su nombre. Fernández Díazestá investigado en esta causa desde el pasado mes de septiembre.

Según reproduce el auto del pasado 30 de septiembre del magistrado García Castellón, Francisco Martínez habría escrito al cura que su abogado le habría informado de que «además de cuestiones formales, la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que consta los mensajes recibidos a lo largo de 2013-2014, con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos ‘operativos policiales’ de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego nada más lejos de mi deseo».

LAS RESPUESTAS AL REENVÍO

Preguntado por las respuestas que tanto Enrique García Castaño como el exministro del Interior dieron al recibir los ‘whatsapps’, el testigo ha señalado que el primero afirmó que suponía que el exsecretario de Estado contaría todo lo que sabe al respecto de la operación ‘Kitchen’, han apuntado las fuentes consultadas.

Mientras tanto, Fernández Díaz le aseguró que no tenía ningún conocimiento de la citada operación parapolicial, ha recordado el sacerdote. El exministro ha sostenido este argumento tanto en los escritos remitidos al juez, en su declaración como investigado, como en el careo que le enfrentó al que fuera su ‘número dos’ el pasado 13 de noviembre.

Asimismo, Nieto ha afirmado ante el juez que supone que Martínez –que fue su alumno en el ICADE– le comentó la notificación judicial para desahogarse por la situación procesal en la que se encontraba. En este sentido, ha subrayado que, debido a su condición de sacerdote, muchas personas acuden a él para buscar consejo.

El ex secretario de Estado se encuentra investigado desde el pasado mes de enero, siendo el primer cargo público imputado por la operación, sufragada con fondos reservados, diseñada para sustraer la información comprometida del PP que guardaba Bárcenas.

SUSPENDIDA OTRA VEZ LA DECLARACIÓN DE LA ASISTENTE DE MARTÍNEZ

Con la testifical de Nieto, el juez ha tratado de «profundizar» en el papel que jugó Martínez en la operación ‘Kitchen’, ya que «al parecer y de las diligencias practicadas, éste pudiera haber tenido una posición preeminente en la planificación y puesta en marcha de la operación investigada».

Con este fin, también ha citado a declarar como testigo a Icíar Castro Álvarez, quien fuera asistente del exscretario de Estado de Seguridad, si bien esta comparecencia ha tenido que ser por segunda vez aplazada.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del que forman parte Mérida y Cáceres, han convocado la octava edición del programa pedagógico ‘Aula de Patrimonio’, en el marco del curso escolar 2020-2021, destinado a estudiantes de las 15 ciudades miembros de la red.

Cabe destacar que los destinatarios de este programa con los grupos de escolares de centros educativos de Educación Secundaria (Primer y segundo ciclo) de centros públicos y concertados de las ciudades que forman el Grupo de Ciudadanos Patrimonio.

Los participantes en este programa deberán presentar un trabajo centrado en las buenas prácticas sobre conservación, gestión y difusión del Patrimonio Mundial de una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España o de las 15 en su conjunto.

Así, las buenas prácticas pueden referirse a los campos de la educación, el turismo, el medioambiente, la cultura, la economía, las nuevas tecnologías, la participación ciudadana, los mayores o la accesibilidad, a través de estudios de investigación o propuestas concretas para llevarse a cabo en las Ciudades Patrimonio, según informa el Grupo de Ciudades Patrimonio en nota de prensa.

El formato del trabajo será libre, y se valorará la originalidad de la propuesta, la aportación de ideas y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la presentación, y deberá adjuntarse por el centro interesado en participar al cumplimentar y enviar el formulario de inscripción.

Los centros participantes podrán solicitar la colaboración de las áreas de Patrimonio y de Educación de los Ayuntamientos de cada una de las ciudades para obtener la documentación necesaria para la elaboración del proyecto.

Todos los centros que estén interesados en participar deben inscribirse antes del 31 de marzo de 2021 (incluido) a través del formulario habilitado en la página web del Grupo de Ciudades Patrimonio, y adjuntar en formato digital su trabajo completo y desarrollado.

El número de alumnos participantes por centro seleccionado se limitará al grupo/clase.

Cabe destacar que una vez cerrado el plazo de recepción de trabajos, cada ciudad seleccionará, de entre las propuestas enviadas por sus centros, a un ganador local, y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Grupo seleccionará posteriormente, de entre los ganadores locales de las 15 ciudades, a un único ganador absoluto nacional.

El fallo se hará público mediante nota de prensa y a través de las redes sociales del Grupo antes del 23 de abril de 2021, y los centros seleccionados por las ciudades para optar al premio nacional obtendrán cada una como premio un vale canjeable por material inventariable tecnológico, por valor de 1.000 euros IVA incluido.

Por su parte, el centro ganador del certamen nacional obtendrá como premio un viaje para los alumnos de la clase autora del trabajo a una de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de destino elegida debe haber participado presentando un centro como candidato al premio nacional.

Además, el centro seleccionado por la ciudad de destino obtendrá también como premio un viaje a la ciudad de origen del centro ganador, que será realizado por la clase que presentó el trabajo seleccionado.

Cabe recordar que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1993 cuyo objetivo es actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio cultural y la promoción turística de las ciudades que lo componen, que son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

El número de víctimas de violencia de género aumentó hasta las 41.513 en el tercer trimestre de 2020, entre julio y septiembre, con respecto a las 33.338 que se registraron en el segundo trimestre del año, aunque descienden un 4,3% en comparación con los mismos meses de 2019, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Lo mismo ocurre con las denuncias, que alcanzaron este verano las 42.854, lo que representa un aumento frente al trimestre anterior (34.576), pero un descenso del 5,1% si se compara con el mismo periodo de 2019.

De esta forma, según precisa el Observatorio, los datos se sitúan en niveles similares a los de los meses previos al confinamiento. Así lo ha constatado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, quien ha señalado que el número de denuncias registradas en el tercer trimestre del año es «una prueba clara de las dificultades que las víctimas han tenido durante el confinamiento para pedir ayuda acudiendo a la comisaría o al juzgado».

«Si bien el total de denuncias es algo inferior a las que se registraron en el mismo periodo de 2019, los datos nos muestran que se vuelve a cifras muy similares», ha puntualizado.

En concreto, si los datos del tercer trimestre de 2020 se comparan con los del segundo trimestre del año, que fue el más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria, se observa cómo las denuncias aumentaron un 24%; el número de mujeres víctimas, un 24,5%; las órdenes de protección solicitadas, un 16,9% y las sentencias dictadas, un 116%.

Atendiendo a las denuncias, los juzgados de violencia sobre la mujer registraron un total de 42.854 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, 2.268 menos que en el mismo periodo de 2019, un 5,1% menos. Siete de cada diez las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado o en comisaría.

45 DENUNCIAS PRESENTADAS POR FAMILIARES

El porcentaje de las presentadas por familiares se mantuvo en torno al de hace un año, siendo un total de 45 denuncias, un número «muy bajo» sobre el que ha llamado la atención Ángeles Carmona. «Sólo un 2,4% de las denuncias registradas se interpusieron por las personas más cercanas a la víctima», ha advertido, pidiendo la «implicación» del entorno.

En cuanto al perfil de las víctimas de violencia machista, aproximadamente un 70% eran de nacionalidad española (27.777), mientras que el 33,1% (13.736) tenían otras nacionalidades.

El número de víctimas menores tuteladas durante el trimestre analizado fue de 91 (89 españolas y 11 extranjeras). Este indicador, que se recogió por primera vez en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2020, permite conocer el número de hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas que son también víctimas de la violencia machista. En los meses de abril, mayo y junio fueron 312.

Por comunidades autónomas, aquellas con mayor ratio de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres fueron Baleares (28,4), Comunidad Valenciana (23,5), Canarias (22,9), Murcia (21,6) y Andalucía (20,1).La tasa más baja fue la de Aragón (con 9,9 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres), seguida de Castilla y León (11,2), La Rioja (11,4), Extremadura (11,6), Galicia (12,6), País Vasco (12,8), Navarra (13), Asturias (14,4), Cataluña (14,5), Castilla-La Mancha (15,1), Cantabria (15,4) y Madrid (16,8).

Además, del informe se desprende que un total de 4.496 mujeres, el 10,8% del total, se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo contra sus agresores.

El número de órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales experimentó un descenso interanual del 4,3%, cayendo hasta las 12.179, y se acordaron el 71% de las solicitadas. Del total, 10.373 se dirigieron a los juzgados de violencia sobre la mujer y las 1.086 restantes, a los juzgados de guardia.

MÁS DE LA MITAD MANTENÍA RELACIÓN AFECTIVA CON EL AGRESOR

En más de la mitad de los casos (51,1%), la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento en que solicitó la orden de protección, según el estudio.

Los juzgados adoptaron un total de 22.050 medidas judiciales de protección a las víctimas (tanto mujeres como menores). De las penales, el 73% se dictaron en el ámbito de la orden de protección, mientras que las restantes se acordaron como medidas cautelares.

Las más frecuentes fueron: las órdenes de alejamiento (6.890), que representan el 69,1% del total, y la prohibición de comunicación (6.487), que representan el 65,86 %. La salida del agresor del domicilio se acordó en el 8,3% de los casos y la prohibición de volver al lugar de los hechos, en el 5,4%.

En cuanto a las medidas civiles, el 93% de ellas se acordaron en el ámbito de la orden de protección y las restantes, como medida cautelar. El 19,4% estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 16,3%, con la atribución de la vivienda. La suspensión de la guarda y custodia se acordó en el 4,1% de los casos y la suspensión del régimen de visitas, en el 2,5%.

Tras el «parón» provocado por el estado de alarma, el número de sentencias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) volvió a situarse en el mismo nivel que hace un año, según informa el Observatorio. En el tercer trimestre de 2020 se dictaron 11.547, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2019.

Algo superior ha sido el porcentaje de sentencias condenatorias, que en el periodo analizado ha ascendido al 75,1% –frente al 74,6% en el tercer trimestre de 2019–, lo que significa que terminaron en condena tres de cada cuatro resoluciones. Así, del total de 11.547 sentencias dictadas, 8.674 fueron condenatorias y 2.873, absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se sigue dando en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 90,2%.

Carmona ha mostrado su apoyo a las mujeres víctimas, a quienes anima a denunciar, porque «es la única vía para que las instituciones implicadas en la lucha contra esta lacra pongan en marcha todas las medidas de protección y todos los mecanismos dirigidos al enjuiciamiento, justo y con todas las garantías legales, del maltratador». «El silencio de la víctima es una coartada para el agresor», ha avisado.

La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este lunes el inicio del juicio con jurado popular contra Agustín Herrero Bedoya, acusado de matar a su mujer en el domicilio familiar del municipio de Lantarón en octubre de 2017, para el que la Fiscalía reclama una condena de 25 años de cárcel por considerar que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Se trata del primer juicio con jurado que se celebra en Álava durante la pandemia de coronavirus. El Ministerio Fiscal considera que el acusado es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y cree que concurren las agravantes de parentesco y de comisión del delito por razones de género.

También reclama que indemnice a los dos hijos del matrimonio con un total de 240.000 euros (120.000 a cada uno de ellos) y a los tres hermanos de la víctima con un total de 60.000 euros. La acusación popular es ejercida por los tres hermanos de la víctima, la asociación Clara Campoamor y el Consejo del Menor, que asumió la tutela de uno de los hijos de la pareja, menor de edad.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado en este caso es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y explica que este «decidió acabar con la vida» de su mujer, Ana Belén J., de 45 años, al no aceptar que ella había iniciado una nueva relación sentimental y quería divorciarse de él. En su escrito de acusación, relata que el matrimonio entró en crisis en 2017 y que fue ella la que manifestó su intención de separarse para lo cual la pareja llegó a contactar con un abogado.

A pesar de la ruptura de la relación sentimental y la firme decisión de Ana Belén de separarse, el acusado no aceptaba tal decisión y además de decir «o eres mía o de nadie», controlaba sus salidas del domicilio, incluso solicitando a sus hijos que le informaran acerca de dónde se encontraba su madre, siendo habitual que controlara su teléfono para conocer con quién mantenía conversaciones.

El escrito de acusación relata que ante esta situación, siendo «ya insostenible la convivencia», el día 28 de septiembre de 2017 la mujer concertó una cita con AMAPASE (Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados) para informarse acerca de los trámites del divorcio. La cita fue fijada para el día 5 de octubre de 2017 pero Ana Belén fue asesinada dos días antes.

La Fiscalía señala que enojado por la incipiente nueva relación sentimental y no aceptando la ruptura definitiva de su matrimonio ni los térmicos económicos del divorcio, el acusado decidió acabar con la vida de su mujer. Para cumplir su objetivo, el día 3 de octubre de 2017 le escribió un mensaje de whatsapp para que fuera a recogerle a Miranda de Ebro (Burgos) a primera hora del día, algo que ella hizo para después dirigirse al domicilio familiar en Turiso, pueblo perteneciente al municipio alavés de Lantarón.

Según el escrito, ambos discutieron y después, el acusado se dirigió al cobertizo ubicado junto a la vivienda, donde cogió un martillo. A continuación se dirigió a la cocina, donde estaba Ana Belén y «aprovechando que estaba de espaldas a él, de manera sorpresiva, y con la intención de acabar con su vida», la golpeó con el martillo en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó la caída al suelo de ella dejándola inconsciente.

Asimismo, subraya que una vez en el suelo, todavía con vida «y sin posibilidad de defensa», el acusado continuó golpeándola con fuerza en la cabeza, haciendo uso del martillo, «con insistencia y brutalidad», hasta que comprobó que había muerto. El cuerpo de la mujer presentó un total de 12 heridas en la cabeza. La causa de la muerte fue destrucción encefálica por politraumatismo craneoencefálico.

A continuación, «siguiendo el plan que había preparado en los días anteriores», el hombre introdujo el cuerpo sin vida de su mujer en el vehículo que ella utilizaba, limpió la cocina y se trasladó en el citado vehículo hasta Miranda de Ebro donde dejó aparcado el vehículo y depositó el cadáver en la parte trasera.

Fue una mujer que pasaba por la calle río Ebro de Miranda de Ebro (Burgos), quien alertó al 112 de la presencia de una mujer, cuyo cuerpo presentaba heridas de arma blanca, en el asiento trasero de un coche, que presentaba restos de sangre en la puerta y se encontraba estacionado. Su marido fue detenido a las puertas de la fábrica vitoriana de Mercedes Benz, donde trabajaba, horas después de conocerse el crimen. El acusado confesó el crimen y se encuentra en prisión provisional desde entonces.

DEFENSA

Tras la elección del jurado, en la fase de alegación de las partes, el abogado de la defensa ha pedido una rebaja de la pena a 15 años argumentando que su cliente ha reconocido que mató a su mujer con alevosía, porque la atacó por la espalda, y pide la retirada de los agravantes de género y ensañamiento.

En este sentido, pide que se reconozcan como atenuantes que el acusado ha reconocido los hechos y entregó el arma homicida a la policía. Además, ha pedido perdón a sus hijos y les ha entregado todos sus bienes en pago de indemnización, y a pesar de que no cubre el importe solicitado cree que muestra la «intención reparadora». También denuncia el retraso en la celebración del juicio. Está previsto que el acusado declare sobre las 15.00 horas.