El número de víctimas de violencia de género aumentó hasta las 41.513 en el tercer trimestre de 2020, entre julio y septiembre, con respecto a las 33.338 que se registraron en el segundo trimestre del año, aunque descienden un 4,3% en comparación con los mismos meses de 2019, según el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Lo mismo ocurre con las denuncias, que alcanzaron este verano las 42.854, lo que representa un aumento frente al trimestre anterior (34.576), pero un descenso del 5,1% si se compara con el mismo periodo de 2019.
De esta forma, según precisa el Observatorio, los datos se sitúan en niveles similares a los de los meses previos al confinamiento. Así lo ha constatado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, quien ha señalado que el número de denuncias registradas en el tercer trimestre del año es «una prueba clara de las dificultades que las víctimas han tenido durante el confinamiento para pedir ayuda acudiendo a la comisaría o al juzgado».
«Si bien el total de denuncias es algo inferior a las que se registraron en el mismo periodo de 2019, los datos nos muestran que se vuelve a cifras muy similares», ha puntualizado.
En concreto, si los datos del tercer trimestre de 2020 se comparan con los del segundo trimestre del año, que fue el más afectado por las consecuencias de la crisis sanitaria, se observa cómo las denuncias aumentaron un 24%; el número de mujeres víctimas, un 24,5%; las órdenes de protección solicitadas, un 16,9% y las sentencias dictadas, un 116%.
Atendiendo a las denuncias, los juzgados de violencia sobre la mujer registraron un total de 42.854 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, 2.268 menos que en el mismo periodo de 2019, un 5,1% menos. Siete de cada diez las presentaron las propias víctimas directamente en el juzgado o en comisaría.
45 DENUNCIAS PRESENTADAS POR FAMILIARES
El porcentaje de las presentadas por familiares se mantuvo en torno al de hace un año, siendo un total de 45 denuncias, un número «muy bajo» sobre el que ha llamado la atención Ángeles Carmona. «Sólo un 2,4% de las denuncias registradas se interpusieron por las personas más cercanas a la víctima», ha advertido, pidiendo la «implicación» del entorno.
En cuanto al perfil de las víctimas de violencia machista, aproximadamente un 70% eran de nacionalidad española (27.777), mientras que el 33,1% (13.736) tenían otras nacionalidades.
El número de víctimas menores tuteladas durante el trimestre analizado fue de 91 (89 españolas y 11 extranjeras). Este indicador, que se recogió por primera vez en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2020, permite conocer el número de hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas que son también víctimas de la violencia machista. En los meses de abril, mayo y junio fueron 312.
Por comunidades autónomas, aquellas con mayor ratio de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres fueron Baleares (28,4), Comunidad Valenciana (23,5), Canarias (22,9), Murcia (21,6) y Andalucía (20,1).La tasa más baja fue la de Aragón (con 9,9 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres), seguida de Castilla y León (11,2), La Rioja (11,4), Extremadura (11,6), Galicia (12,6), País Vasco (12,8), Navarra (13), Asturias (14,4), Cataluña (14,5), Castilla-La Mancha (15,1), Cantabria (15,4) y Madrid (16,8).
Además, del informe se desprende que un total de 4.496 mujeres, el 10,8% del total, se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo contra sus agresores.
El número de órdenes de protección solicitadas a los órganos judiciales experimentó un descenso interanual del 4,3%, cayendo hasta las 12.179, y se acordaron el 71% de las solicitadas. Del total, 10.373 se dirigieron a los juzgados de violencia sobre la mujer y las 1.086 restantes, a los juzgados de guardia.
MÁS DE LA MITAD MANTENÍA RELACIÓN AFECTIVA CON EL AGRESOR
En más de la mitad de los casos (51,1%), la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento en que solicitó la orden de protección, según el estudio.
Los juzgados adoptaron un total de 22.050 medidas judiciales de protección a las víctimas (tanto mujeres como menores). De las penales, el 73% se dictaron en el ámbito de la orden de protección, mientras que las restantes se acordaron como medidas cautelares.
Las más frecuentes fueron: las órdenes de alejamiento (6.890), que representan el 69,1% del total, y la prohibición de comunicación (6.487), que representan el 65,86 %. La salida del agresor del domicilio se acordó en el 8,3% de los casos y la prohibición de volver al lugar de los hechos, en el 5,4%.
En cuanto a las medidas civiles, el 93% de ellas se acordaron en el ámbito de la orden de protección y las restantes, como medida cautelar. El 19,4% estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 16,3%, con la atribución de la vivienda. La suspensión de la guarda y custodia se acordó en el 4,1% de los casos y la suspensión del régimen de visitas, en el 2,5%.
Tras el «parón» provocado por el estado de alarma, el número de sentencias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) volvió a situarse en el mismo nivel que hace un año, según informa el Observatorio. En el tercer trimestre de 2020 se dictaron 11.547, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2019.
Algo superior ha sido el porcentaje de sentencias condenatorias, que en el periodo analizado ha ascendido al 75,1% –frente al 74,6% en el tercer trimestre de 2019–, lo que significa que terminaron en condena tres de cada cuatro resoluciones. Así, del total de 11.547 sentencias dictadas, 8.674 fueron condenatorias y 2.873, absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se sigue dando en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 90,2%.
Carmona ha mostrado su apoyo a las mujeres víctimas, a quienes anima a denunciar, porque «es la única vía para que las instituciones implicadas en la lucha contra esta lacra pongan en marcha todas las medidas de protección y todos los mecanismos dirigidos al enjuiciamiento, justo y con todas las garantías legales, del maltratador». «El silencio de la víctima es una coartada para el agresor», ha avisado.
