La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes la fase de informes de las partes del juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga, ha sido la primera de las partes en exponer su informe, detallando el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por Acyco en 2003 para prejubilar a 35 empleados.

Ha señalado especialmente que durante el juicio, varios testigos y acusados han reconocido las condiciones «muy favorables» de las prejubilaciones, recordando el testimonio de un exjefe de fábrica de Acyco que manifestaba que para los prejubilados, el ERE era «casi mejor» que un premio «de lotería». Y es que como ha indicado el fiscal, se les garantizaba el 90 por ciento de las rentas y una «renta vitalicia» que asegurase sus ingresos, con lo que «dejaban de trabajar para seguir cobrando lo mismo».

En ese sentido, el fiscal ha considerado que la que fuera presidenta del consejo de administración de Acyco Encarnación Poto y el exresponsable de recursos humanos, Gabriel Barrero, ambos acusados en el juicio, decidieron emprender el ERE con las «garantías» de que los costes del procedimiento recaerían en la Junta de Andalucía y no en la empresa, cuyos «problemas de liquidez» le habrían impedido asumir el alto coste de las prejubilaciones.

EL «PROCEDER» DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

En ese sentido, el fiscal ha avisado de que ambos «sabían cómo actuar» para cosechar ayudas autonómicas y «el proceder» al respecto de la Consejería de Empleo, tras lo cual ha señalado el «desembarco» en los hechos del abogado José Miguel Caballero, quien había trabajado para UGT y entonces operaba para el despacho Garrigues. Caballero, recordémoslo, también está acusado en este juicio.

Rememorando que Poto atribuyó al citado abogado la oferta del «paquete completo» del ERE con todos los costes del mismo con cargo a la Junta de Andalucía, extremo que este ha negado, el fiscal ha mencionado varias veces la «presencia constante» de Caballero en gestiones conectadas con fondos públicos recibidos por Acyco o sus agentes, opinando que su papel va más allá de la presentación del ERE, pues por ejemplo Poto y Barrero «recurrían a él inmediatamente» ante cualquier «problema» vinculado con las subvenciones de la Junta.

En ese sentido, ha considerado que los acusados conocían la gestión irregular de la ayuda de más de 2,9 millones de euros concedida para el ERE por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, entonces dirigida por Francisco Javier Guerrero, también acusado en el juicio pero ya fallecido; sin que mediase petición formal y al margen del procedimiento administrativo establecido y las verdaderas competencias de Guerrero.

El fiscal ha conectado además a los exmiembros de la consultora Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, ambos acusados, con las gestiones del ERE y la segunda póliza del mismo para las prejubilaciones de los «intrusos» Andrés Carrasco, «amigo» declarado de Guerrero, y del exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás; toda vez que ninguno de estos otros acusados había trabajado nunca para Acyco y el segundo gobernaba una localidad próxima a la de Guerrero.

LA «FACTURA FALSA»

Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros del consejo de administración de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, un dinero que habría sido después devuelto a los mismos mediante una factura de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco no elaborada por la misma, cargada a la Junta y después abonada, el fiscal considera que Poto Barrero y Caballero sabían que se trataba de «una factura burdamente falsa».

Egocheaga también ha abordado la ayuda excepcional de 125.000 euros concedida en marzo de 2010 a Acyco por el acusado Juan Márquez, como sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, cuya primera y única partida fue usada para sufragar parte de los honorarios de Garrigues por el ERE de 2003, según la investigación. A tal efecto, ha fijado un «paralelismo» entre el pleito promovido por Garrigues frente a Acyco por dicha minuta y la concesión de la ayuda, señalando que el primer y único pago de la misma coincide con el «importe exacto» de algo más de 109.000 euros que reclamaba Garrigues y que Caballero «no había conseguido cobrar».

El «destino real» de la ayuda, a su entender, era «el pago de la minuta», algo que Juan Márquez «aceptó» a su entender y que su sucesor en el cargo, el también acusado Daniel Alberto Rivera, «tuvo que conocer» a su juicio cuando decidió «ejecutar el pago» de la ayuda, dado que un «mínimo examen» del expediente arrojaba todas las «contradicciones» en las que incurría el mismo.

«TODAS LAS AYUDAS FUERON ILÍCITAS»

Así, el fiscal ha aseverado que «todas las ayudas» cosechadas por Acyco fueron «ilícitas» al carecer de «procedimiento alguno», incurrir en «arbitrariedades» y «sustituir» la Junta a Acyco en las «obligaciones» de esta última. Señalando que todo ello refleja una «falta de control» de la partida 31 de los fondos autonómicos, usada para financiar los ERE indagados, el fiscal ha asegurado que estos aspectos «no podían pasar desapercibidos a ninguno de los acusados», entre los que figuran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, considerando que por sus cargos debían conocer los hechos.

Según ha abundado, sería «absurdo pensar» que desde las altas autoridades de la Consejería de Empleo se dejase actuar a los directores generales de Trabajo «a su libre albedrío» respecto a asuntos que implicaban «cantidades muy importantes de dinero público», sin que conste tampoco «ninguna delegación expresa de competencias» en favor de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

Así, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha finalizado su informe encuadrando los hechos en presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

La Junta de Andalucía, que ejerce también como acusación en este juicio, ha señalado en su informe que las ayudas autonómicas de Acyco fueron concedidas «al margen de la Ley y con total desprecio a los procedimientos», considerando que Antonio Fernández «conocía la concesión» de estos fondos y enmarcando los hechos en presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y de tráfico de influencias, delito este último que ha atribuido a Encarnación Poto y Antonio Fernández, rememorando que el exconsejero llegó a admitir que antes de los hechos indagados, conocía a Poto «desde hacía muchos años».

En el caso del PP de Andalucía, que ejerce la acusación popular en este juicio, ha manifestado su adhesión al informe previamente emitido por la Fiscalía. La sesión continuará este martes con los informes de las defensas de los acusados.

Convertir las bananas estropeadas que han sido desechadas en los mercados en snacks saludables. Este es el objetivo de Banabites, un proyecto liderado por alumnos de la Universidad de Navarra, que ofrece una solución al desperdicio de alimentos a través del suprarreciclaje (upcycle, en inglés), para fabricar nuevos materiales o productos de mayor calidad; mayor valor ecológico y económico; reduciendo emisiones de CO2 y aportando beneficios y oportunidades laborales.

Banabites ha sido el proyecto ganador de la primera edición del Hult Prize On Campus que se ha celebrado en la Universidad de Navarra y en el que han participado otros 32 equipos de estudiantes de distintas facultades. Los alumnos presentaron sus propuestas bajo el lema ‘Un negocio audaz por un planeta mejor’.

El equipo Banabites podrá seleccionar el destino de la siguiente fase, los ‘Regionals Summits’, una prueba internacional que se celebra en primavera y donde participan más de 75 ciudades de todo el mundo entre las que destacan Bangkok, Londres, Dhaka, Kuala Lumpur, Naoribi, Boston, Ho Chi Mihn, Ankara o el Cairo, entre otras. Podrán optar a un premio de 1 millón de dólares para desarrollar su idea.

El grupo está formado por Carlos Alejandro Macías, de ADE; Andrea Giammattei, de Arquitectura; Eric Castro, de ADE y Economía; y José María Rodríguez, de ADE. «Es necesario que la industria de la alimentación se tome más en serio sus objetivos sostenibles, que incorpore nuevas tecnologías que reduzcan su impacto negativo en el medio ambiente y que generen un efecto positivo en la sociedad», ha destacado Carlos Alejandro.

La Universidad de Navarra es la primera de España que participa en esta competición internacional. «Es una oportunidad para mostrar al mundo que nuestra universidad está comprometida con la sostenibilidad, con generar impacto en el mundo y la sociedad», ha comentado Gabriela Pajuelo, alumna de Relaciones Internacionales, que impulsó participar en esta iniciativa junto a un equipo de diez estudiantes.

PREMIOS HULT

Con más de trece años de trayectoria, los ‘Premios Hult’ se crearon gracias a la Hult Prize Foundation para jóvenes de universidades de todo el mundo que quisieran resolver problemas sociales. Los premios, asociados a las Naciones Unidas y que reciben el apoyo de la Clinton Global Foundation, perteneciente al expresidente norteamericano Bill Clinton, están presentes en más de 121 países.

Durante el programa, los equipos recibieron formación y asesoramiento por parte de mentores, por el equipo de Hult y por diferentes servicios y centros de la Universidad. Además, se enfrentaron a un ’24 Hours Challenge’ y, finalmente, solo seis equipos accedieron a la final local en la Universidad.

Remask, el proyecto que obtuvo el segundo premio, estuvo formado por Carlos Flores, de Economía Bilingüe; Matilda Otoole, de ADE; Patricia Pola, de Relaciones Internacionales; e Isabel García, de Nutrición y Dietética. La iniciativa ofrecía una mascarilla hecha con plástico fabricado a través del excedente de la leche con el objetivo de combatir el desperdicio de alimentos y contribuir a la reducción del efecto invernadero.

Volviendo al residuo del plátano, Altervita consiguió el tercer puesto. Un proyecto que quería combatir los residuos que genera la industria del plátano en Ecuador, transformándolos en materiales textiles y papel. El proyecto estuvo formado por Carolina Ferro, de Relaciones Internacionales; y por Andrea Barona e Ignacio Espinoza, ambos de Derecho, ha informado la UN.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un total de 20 años de cárcel a un profesor de un colegio de la capital por abusar sexualmente de forma continuada de cuatro alumnas menores de edad a las que impartía clases, todo ello tras el juicio celebrado los días 18 y 19 de noviembre, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Así, la Audiencia condena al acusado como autor de cuatro delitos continuados de abuso sexual sobre personas menores de 13 años con prevalimiento de su condición de profesor de las víctimas y le impone, por cada delito, cinco años de prisión y la pena de inhabilitación para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores de edad por un tiempo superior en tres años a los cinco años de prisión impuestos por cada delito, esto último «dado el riesgo especial que, por su dedicación habitual, no sólo a la enseñanza, sino dentro de la labor sacerdotal, de contacto con menores, pueden revestir sus posibles actividades de futuro».

En la sentencia, fechada el 2 de diciembre y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia condena además al profesor procesado a indemnizar con un total de 16.000 euros a las cuatro víctimas.

De otro lado, absuelve al investigado de un delito de abuso sexual puntual sobre una de sus alumnas y de otro delito de abuso sexual continuado sobre otra menor, dado que, según la Audiencia, en estos dos casos «no ha quedado acreditado tras la prueba practicada que realizara sobre ellas tocamientos de significación sexual».

En este caso, se considera probado que el acusado impartió clases desde el comienzo del curso 2012/2013 como profesor en un colegio de Córdoba y, al menos hasta 2014, fue párroco de una parroquia.

Al respecto, se señala que, cuando las menores afectadas estaban cursando tercero y cuarto de Primaria, el investigado supuestamente las «sometió a tocamientos» en el interior del aula, todo ello «guiado por un ánimo libidinoso y sin emplear fuerza ni intimidación para ello».

Asimismo, el tribunal relata que, en el curso escolar 2014/2015 y cuando una de las víctimas asistía a un campamento organizado por el propio colegio en el mismo centro escolar, el acusado, que en esas fechas ya no les daba clase pero era párroco de una parroquia, le pidió tanto a esta menor como a otra compañera que «fueran con él a su despacho con la excusa de recoger chucherías para los niños».

Una vez allí, presuntamente abusó sexualmente de una de ellas, unos hechos que la joven puso en conocimiento de sus padres, dando lugar finalmente al inicio del procedimiento contra el investigado.

LA PRUEBA FUNDAMENTAL

La Audiencia remarca que, en este caso, la prueba fundamental de cargo contra el acusado son las manifestaciones efectuadas por las víctimas del delito, indicando que «la correspondencia del relato en lo fundamental con lo primeramente relatado a la Policía, unida a la ausencia de móviles espurios que explicaran las imputaciones, permite atribuir a las exploraciones efectuadas en el juicio la persistencia suficiente para acreditar el relato que, en ella, efectuaron las menores».

Además, «se han aportado otras pruebas, alguna pericial e incluso la propia declaración del imputado, cuyo resultado no ha hecho más que reforzar la fiabilidad del testimonio de las víctimas», asevera el tribunal, que pone de manifiesto que, en su declaración, el condenado proporcionó «plurales corroboraciones del relato de las niñas», relato en el que se encuentra «la verdad de lo acontecido».

Igualmente, el tribunal afirma que el procesado cometió los hechos punibles mediante el prevalimiento «de una situación de superioridad manifiesta que coartaba la libertad de las víctimas, supeditadas como estaban por la relación de maestro-discípulas en un marco en que la autoridad del primero resultaba patente», una superioridad que «le permitió realizar los tocamientos de índole sexual a sus alumnas».

Cabe señalar que la Fiscalía había pedido inicialmente penas que sumaban 30 años de cárcel para el profesor, de unos 40 años de edad, que es fraile y estaba encargado de dar clases de Religión en un colegio de la capital.

Al respecto, una vez que el centro tuvo constancia de las denuncias, fue relegado de sus funciones como profesor, a la vez que la orden a la que pertenece tomó la decisión de apartarlo de centros escolares «como medida cautelar para evitar que tuviera contacto con menores». Y en caso de ser condenatoria la sentencia, desde la orden han comentado recientemente que «una cosa es el proceso civil y otra, el canónico». «Tienen cierta relación, pero de la sentencia no se deriva la expulsión», han remarcado.

Mientras tanto, desde la dirección del centro se han remitido a que los hechos ocurrieron cuando otros responsables se encontraban en el equipo directivo.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado este lunes que la comunidad educativa valenciana «ha demostrado y está demostrando ser un ejemplo de responsabilidad social para combatir el coronavirus», y se ha congratulado de que, hasta la fecha, se está obteniendo un «resultado muy eficaz dentro de un contexto tan complejo».

Así lo ha indicado tras la Conferencia Sectorial de Educación con el Ministerio, en el que Marzà ha expuesto el balance de actuaciones para garantizar la seguridad y la higiene en los centros educativos valencianos en el contexto sanitario marcado por la Covid-19, según ha informado su departamento.

«La dedicación y coordinación del profesorado, así como su aplicación impecable de todas las medidas de seguridad e higiene en los centros educativos, junto al cumplimiento ejemplar de pautas por parte del alumnado y sus familias, han dado por ahora un resultado muy eficaz dentro de un contexto tan complejo», ha dicho el conseller, quien ha considerado que esto «ha sido clave», junto a las medidas organizativas establecidas «hace meses», como la dotación económica a los centros de materiales necesarios y el aumento el profesorado para reducir grupos de alumnos.

A su juicio, «podemos concluir que el primer cuatrimestre de curso ha sido muy positivo y de nuevo queremos agradecer el inmenso trabajo modélico que se está realizando en todos los centros para garantizar las cases presenciales, siempre teniendo en cuenta que no debemos bajar la guardia en ningún momento».

CONTINUIDAD A MEDIDAS

Asimismo, el titular de Educación ha explicado que en la reunión con el Ministerio se ha expuesto que en la Comunitat Valenciana se quiere dar «continuidad» a algunas de las medidas establecidas para paliar efectos de la Covid, como la digitalización y la modernización de las herramientas TIC en los centros.

«A las 30.000 tablets que adquirimos sumaremos ahora 50.000 dispositivos más. Esto se ha producido fruto de la necesidad de contar con material informático para estar prevenidos y poder garantizar formación online en cualquier momento, igual como todas las herramientas de videoconferencias y materiales digitales impulsados con el Plan Mulan», ha dicho.

Según Marzà, «esto nos ha llevado a reconfigurar y mejorar la manera de utilizar las TIC en las aulas e iniciar un camino firme hacia su integración real y acabar con un modelo estanco de aulas específicas de informática. Queremos que las TIC realmente formen parte del día a día de la educación valenciana. Pero no solo eso, hemos iniciado potentes proyectos de impulso de codocencia o trabajo por ámbitos que también han venido para quedarse y, por eso, queremos que los fondos económicos que lleguen de Europa sirvan para consolidar de forma amplia y dar continuidad a estas experiencias.

En la reunión, se han coordinado para la creación de grupos de trabajo conjuntos entre el Ministerio y las CCAA para desarrollar una nueva manera de enfocar los currículum educativos y así realizar una «buena» adaptación entre los contenidos básicos que se marquen con la Lomloe y la normativa autonómica.

BALANCE CUATRIMESTRE

El curso 2020-2021 ha llegado a su decimocuarta semana con 417 aulas confinadas después de cuatro semanas seguidas de bajada de los grupos confinados. La media de grupos confinados durante estas 14 semanas ha sido del 0,9% del total. «Esto demuestra que el comportamiento en los centros educativos ha sido ejemplar y que la escuela no ha sido propagadora del virus, todo lo contrario, ha sido detectora y cortafuegos del mismo», ha comentado Marzà.

Las cuatro primeras semanas del curso fueron de ascenso en el número de aulas confinadas hasta cerrar la cuarta semana del curso –la del 2 de octubre– con 373 grupos confinados. A partir de ese momento, se inicia una bajada del número de aulas confinadas de dos semanas seguidas, pero una semana después del puente del 9 al 12 de octubre, los confinamientos volvieron a crecer.

Fueron cuatro semanas seguidas de ascenso en los confinamientos, las dos primeras de manera muy intensa, hasta llegar al máximo de 628 aulas confinadas. Sin embargo, en ese pico máximo el volumen de aulas confinadas apenas llegó a suponer el 1,34% del total de aulas del sistema educativo valenciano. Desde ese momento, la curva no ha dejado de bajar y ahora el volumen total de aulas confinadas supone el 0,89% del total

La mujer acusada de asesinar en 2019 a su padre e intentar matar a su madre, a la que supuestamente golpeó; así como acabar con la vida de tres sobrinos, al querer volar la casa con una bombona de gas en Málaga capital, ha declarado que no recuerda lo sucedido y ha dicho que ya antes de ese día «escuchaba voces que me obligaban a hacer daño». «Estoy muy arrepentida, pero no era yo», ha asegurado, alegando su defensa que tiene problemas psiquiátricos.

Un jurado popular juzga desde este lunes a esta mujer para la que la Fiscalía de Málaga pide 57 años de cárcel por un delito de asesinato, otro de lesiones y cuatro de tentativa de asesinato, estimando que deben aplicarse las circunstancias agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica. La acusación particular está en nombre de la madre de la mujer y pide 23 años de cárcel por los delitos relacionados con esta.

La procesada ha indicado que era «la única» que cuidaba a sus padres, señalando que no encuentra explicación a lo ocurrido y solo recuerda estar en casa de sus padres y luego en el hospital. Ha incidido en que ya antes de los hechos «escuchaba voces y me decían de hacer daño a mí» y ha precisado que su madre le dijo que no hablara de eso, por lo que entonces no tenía tratamiento, algo que ahora sí tiene «y estoy mejor», ha apuntado.

«Lo siento mucho, yo siempre he querido mucho a mis padres y no quería nunca dejarlos solos; pero no era yo», ha insistido la acusada, cuya defensa sostiene que ella «no es consiente del momento en el que se convierte en una persona horrible» y que presenta una patología médica, según un informe psiquiátrico aportado, por lo que en ese momento «ella no es ella». Además, considera «desmesuradas» las peticiones de cárcel de las acusaciones.

Los hechos sucedieron en julio de 2019 en Málaga capital, de madrugada. Según las conclusiones iniciales del fiscal, la mujer estaba en la casa de sus padres con ambos y con tres sobrinos menores de edad. En un momento determinado, fue a la habitación del padre que estaba «somnoliento viendo el televisor», y, «aprovechando la circunstancia de indefensión», supuestamente «le propinó varios golpes en la cabeza, llegando incluso a pisotearla».

A consecuencia de estos, el hombre sufrió varias lesiones, «siendo la primera de ellas muy grave al ocasionarle la muerte en pocos minutos», al afectar a la médula espinal y provocar una parálisis respiratoria. Asimismo, según relata esta acusación, al parecer, la acusada se dirigió a su madre cuando estaba durmiendo en otra habitación y, con un cuchillo de cocina, «le apuñaló en la espalda y le golpeó con un rodillo de amasar de madera en la cabeza».

Además, presuntamente, según el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, con el «mismo ánimo de acabar con la vida de los allí presentes», y, aprovechando que su madre estaba inconsciente y los tres menores estaban durmiendo, desplazó la bombona de butano que estaba en la cocina hasta el salón, donde dormían los menores y «cortó la manguera que lleva al regulador, provocando así una fuga de gas».

Esto habría causado la muerte de los tres menores y de la madre de no haber sido porque tras abandonar la acusada la vivienda, uno de los niños se despertó por el fuerte olor a gas, alertó a la abuela y todos pudieron abandonar la casa. Según la acusación, la mujer padece un trastorno depresivo que le ha originado distorsiones cognitivas en la apreciación de la realidad que modifica sus capacidades cognitivas y volitivas disminuyendo de forma moderada su imputabilidad».

Trabajadores de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se han concentrado este lunes contra el «retroceso» que para el ente público entienden que puede suponer el acuerdo suscrito entre el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) con Vox para la aprobación del Presupuesto de la Junta para 2021.

La concentración, convocada por el Comité Intercentros de la RTVA, se ha celebrado ante la sede de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y ha contado con la asistencia, entre otros, de una delegación de CCOO-A encabezada por su secretaria general, Nuria López, y por el secretario general de la Federación de Servicios Públicos a la Ciudadanía, Agustín de la Cruz, así como con la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, y el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero.

El actor Antonio de la Torre ha leído un manifiesto en el que se ha defendido que Canal Sur es «el medio de referencia para la sociedad andaluza, y ha jugado y juega una función estratégica en la construcción de la autonomía y la identidad» andaluza, «articulando lo audiovisual andaluz».

Según ha leído el actor, el acuerdo entre el Gobierno andaluz y Vox para sacar adelante el Presupuesto para 2021 contempla «un paquete de medidas que amenaza la subsistencia y viabilidad del servicio público radiotelevisivo» andaluz, «al reducir considerablemente el presupuesto destinado a fomentar el sector audivisual, eliminando cualquier posibilidad de contratación o renovación de la plantilla, y llevar así a cabo un plan para recortar 14 millones del presupuesto consignado para el siguiente ejercicio».

«Las medidas estratégicas, económicas, financieras y laborales acordadas suponen un paso adelante muy grave hacia el debilitamiento y desmantelamiento de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, y también un varapalo a su papel como impulsor de la ya castigada industria audiovisual de nuestra comunidad», según ha proclamado Antonio de la Torre al leer el manifiesto, que sostiene que las actuaciones que recoge el documento del acuerdo de la Junta con Vox suponen «un retroceso» en la «condición de servicio público» de la RTVA.

Las entidades y personas que conforman la ‘Plataforma ciudadana en defensa de la RTVA’ –ha añadido el manifiesto– «sabemos que, sin Canal Sur, nuestra identidad y conquistas alcanzadas por nuestro pueblo quedarían ocultas ante un mercado audiovisual que se dedica en exclusividad a comercialización bajo demanda de contenidos realizados a miles de kilómetros de Andalucía».

VALORACIÓN DE IU

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha justificado su presencia en esta concentración para «apoyar y agradecer a los trabajadores de Canal Sur que están defendiendo un servicio público que es en beneficio de todos», porque «del bienestar que de aquí se deriva nos beneficiamos todos».

Además, ha considerado «de justicia» esta movilización, porque «los derechos, si no se materializan por servicios públicos, son papel mojado, y ahí juega un papel fundamental el ente público, que está bien clarificado en el Estatuto de Autonomía que está incumpliendo el gobierno de las tres derechas reaccionarias» en Andalucía, según ha criticado.

Así, Toni Valero ha sostenido que el Gobierno de PP y Cs está siguiendo «una hoja de ruta de manual que consiste en horadar el ente público para, después, o privatizarlo o cerrarlo», y que el PP ya ha seguido «en otras comunidades autónomas».

Ha indicado que esa hoja de ruta «pasa por recortes en personal, por no adecuar tecnológicamente la empresa pública, y por restar credibilidad al ente público utilizándolo como servicio de propaganda y marketing al servicio del Gobierno andaluz».

«Creemos que esta batalla no es sólo de los trabajadores de Canal Sur, sino del conjunto de la sociedad andaluza, que quiere unos servicios públicos fuertes para tener una sociedad democrática y un estado del bienestar fuerte», según ha abundado el dirigente regional de IU antes de avisar de que «no vamos a parar hasta que el Gobierno andaluz rectifique en este nuevo recorte que puede ser un toque de muerte para Canal Sur si continúa en esta línea».

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que el PP mantiene sus condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer «legalizar la intromisión del poder Ejecutivo» en el Poder Judicial como, a su entender, evidencia los pasos que está dando el Gobierno con reformas como la ley de Enjuiciamiento Criminal.

«Si quiere llamar Pedro Sánchez, que llame. Si no quiere llamar, que no llame. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos, una Justicia independiente y despolitizar el Poder Judicial. Esto es lo que Pedro Sánchez debe saber porque nos debemos a los ciudadanos», ha afirmado García Egea, al ser preguntado por la llamada a Casado que ha anunciado Sánchez para hablar de la renovación del CGPJ.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, García Egea ha asegurado que la posición del PP «no ha cambiado» y ha subrayado que Podemos «no puede pintar nada» en esa renovación del Consejo. «El PP no a formar parte de ningún acuerdo con Podemos», ha resaltado, para agregar que las condiciones de su partido son «bien sencillas» y que si el Gobierno las acepta «se puede avanzar».

A renglón seguido, ha cargado contra Sánchez por pretender «cambiar las reglas del juego imponiendo modificaciones legislativas que no van a consentir». «Es imprescindible llegar a un acuerdo para renovar las instituciones, siempre que el Gobierno acepte las posiciones de la Constitución y la Comisión Europea», ha declarado.

NO APOYARÁ LA PROPOSICIÓN DE PSOE Y UP

Tras asegurar que «la peor noticia para Sánchez es la de un CGPJ independiente», ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces hizo 32 nombramientos estando en funciones cuando el ministro de Justicia Juan Carlos Campo formaba parte del mismo como vocal.

«Y ahora quiere proponer una iniciativa para evitar lo que él hacía», ha censurado, ante la proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo cuando está caducado y cuya toma en consideración se celebrará este martes. García Egea ha confirmado que el PP votará en contra de esa iniciativa y ha subrayado que si Campo «fuera una persona coherente», también debería oponerse.

El dirigente del PP ha echado en cara al PSOE que pretenda cambiar las reglas sobre el CGPJ imponiendo modificaciones legislativas que, según ha dicho, su partido no consentirá como la de «legalizar» la intervención del Ejecutivo en las causas judiciales a través de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, ha señalado que, después del nombramiento de la fiscal general del Estado, la «exministra socialista» Dolores Delgado, ahora el Gobierno «da potestad a la cúpula de Interior para conocer todos los procedimientos que se vayan abriendo». «Es otro ejemplo de que Sánchez quiere convertir el Poder Judicial en un instrumento al servicio del Ejecutivo, anexionándolo a su control», ha denunciado.

García Egea, que ha recordado también el cese del coronel Pérez de los Cobos, ha recalcado que son hechos que evidencia que el Gobierno quiere «legalizar la intromisión del Poder Ejecutivo en las causas Judiciales».

MÁS INTERLOCUCIÓN CON OTEGI Y RUFIÁN QUE CON CASADO

Además, el secretario general del PP ha criticado que Sánchez desprecie la «mano tendida» de Casado y sus ofertas de pacto de Estado y que mantenga una interlocución mayor con el propio Otegi y con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián». «Ha demostrado que está donde quiere estar», ha añadido.

«Pablo Iglesias no ha engañado a nadie: ya sabíamos a qué venía, pero Pedro Sánchez sí, ha engañado a todos los españoles», ha resaltado García Egea, en referencia a los pactos con los independentistas y Bildu que el presidente del Gobierno aseguró que no haría durante la campaña electoral.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reivindicado este lunes que a España «no le sobra ni un español» y ha recalcado que nadie es propietario del país ni de sus símbolos. Por ello, ha pedido que no se otorguen carnets de primera o segunda a representantes políticos en función de los intereses o preferencias.

Durante su intervención en defensa del proyecto del ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que ha comenzado a tramitarse en la Cámara Alta, la también portavoz del Gobierno ha hecho hincapié en que estas cuentas han salido reforzadas del Congreso y se ha dirigido a los grupos que votaron en contra: «Allá cada cual con su responsabilidad».

«De mi no oirán que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros», ha añadido Montero en línea con lo anterior. Eso sí, ha agradecido la generosidad de los grupos que han mostrado su apoyo a estas cuentas porque «su voto va a hacer posible que comencemos un año con un escenario más estable que va a dar respuesta al conjunto de ciudadanos».

Montero ha hecho hincapié en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado prioridad al diálogo, lo que «ha permitido -a su juicio- minimizar el impacto de la crisis, así como para avanzar en la resolución de conflictos enquistados». También ha mencionado que el diálogo político es necesario para llegara a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias «tejiendo alianzas distintas que aportan sensibilidad y distintos puntos de vista».

En este contexto, la dirigente socialista ha reiterado que el Gobierno central trabaja «con aciertos y errores» y desea que todos los españoles «se vean reflejados en estas cuentas».

En otra clave, Montero ha hecho defendido el cumplimiento de la Constitución «no solo algunas de esas partes» y ha criticado que «se hace patria si se trabaja por el bienestar colectivo, no para bloquear instituciones», en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, la ministra ha remarcado que se favorece la unidad si se deja de incentivar una carrera que «sitúa en pie de desigualdad a los territorios».

Por último, ha lamentado que algunas formaciones se dediquen a «desprestigiar la política como servicio público, degradarla, para dar un paso a la antipolítica» que, a su juicio, «es la antesala del populismo».

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado este lunes que el Gobierno se esté planteando regular las funciones de la Corona porque ya están «bastante claras» en la Constitución, pero ha admitido que ignora si el presidente Pedro Sánchez está estudiando junto a la Casa del Rey retirar el título honorífico a Juan Carlos I.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que ha defendido que su formación no va a entrar a «polemizar» en torno a la institución de la Corona.

Asimismo, a abogado por «distinguir las acciones personales» de las que afectan a la institución», y ha garantizado que el PSOE tiene «todo el interés de preservar la Corona como parte de la arquitectura constitucional».

Preguntado en concreto sobre si se está estudiando la posibilidad de retirarle el título de Rey emérito, Ábalos ha confesado que lo ignora «totalmente». «Ignoro si está encima de ninguna mesa, y tampoco tengo que conocerlo», ha apostillado.

PRUDENCIA Y DISCRECIÓN

A este respecto, ha asegurado que se trata de una cuestión que se debe abordar con «discreción» y que afecta «a su majestad, a la casa Real y también al presidente del Gobierno. «Que alguna prerrogativa constitucional también tendrá que tener como interlocutor», ha añadido, al tiempo que ha pedido «respetar las gestiones» que se pudieran hacer y que, en todo caso, ignora y no quiere conocer.

«Entiendo y confío en que los responsables de la institución manejarán con la cautela, prudencia y responsabilidad que merecen situaciones como las que vivimos», ha ahondado.

En cuanto a la posibilidad de impulsar una iniciativa para regular la Corona, el ‘número tres’ del PSOE ha asegurado que el Gobierno no está en ese debate, y que, además, «ahora mismo» sus funciones están en la Constitución de forma «bastante clara». «Nosotros no vamos a entrar en polémica en torno a la Corona», ha recalcado.

Por otra parte, preguntado sobre la postura crítica con la monarquía de Unidas Podemos, y el vídeo que publicaron la semana pasada sobre la familia real, con la banda sonora de una serie sobre narcotráfico, Ábalos ha reconocido que en el PSOE no serían capaces «de hacer algo así», y ha calificado de «innecesarios» e «inoportunos» los planteamientos de sus socios de coalición en este sentido.

«Como secretario de Organización del PSOE, vuelvo a manifestar el respeto el respeto a la Corona», ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que las situaciones que a nivel personal puedan hacer a algunos «prisioneros de sus actos», no pueden «poner en solfa a la Corona o plantearse un cuestionamiento sobre la misma».

Asimismo, ha añadido que entiende que el vídeo de Podemos «queda dentro de la responsabilidad de la formación política y no del Gobierno». «En el Gobierno no hemos tenido este debate. Es una posición de Unidas Podemos más o menos desafortunada», ha zanjado.

La remuneración promedio de los migrantes es casi un 13% menorque la que perciben los ciudadanos de los países de altos ingresos de acogida, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Tal y como recoge en documento, en determinados países, en particular Chipre, Italia y Austria, la brecha salarial por hora de trabajo es aún mayor, a saber, del 42%, 30% y 25% respectivamente. En Finlandia es del 11%, inferior al valor promedio, y en la Unión Europea en su conjunto es de casi un 9%.

Del mismo modo, señala que la brecha salarial de los migrantes ha aumentado en varios países de altos ingresos a lo largo de los últimos cinco años; en Italia, por ejemplo, la remuneración de los trabajadores migrantes es un 30% menor que la que perciben los ciudadanos de dicho país, según datos recientes, frente al 27% que se registró en 2015.

En Portugal la OIT indica que ka diferencia de remuneración es del 29%, frente al 25% registrado en 2015, y en Irlanda del 21%, con respecto al 19% de hace cinco años.

La organización advierte de que en todos los países deben afrontar problemas asociados a la discriminación y la exclusión, que se han visto agravados a raíz de la pandemia de COVID-19, según el citado estudio.

SECTOR PRIMARIO

En concreto, el informe pone de manifiesto que los migrantes en los países de altos ingresos son más susceptibles de tener un trabajo precario, habida cuenta de que el 27% de ellos tienen contratos temporales, y un 15% empleo a tiempo parcial.

En concreto, indica el trabajo, están representados de forma desproporcionada en el sector primario, en particular, en las esferas de la agricultura, la pesca y la silvicultura, y realizan más trabajos que los ciudadanos de los países de acogida en el sector secundario, en particular, en las esferas de la minería y la extracción de minerales, la producción, el suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción.

«Los trabajadores migrantes deben hacer frente con frecuencia a una desigualdad de condiciones en el mercado laboral, en particular en materia de salarios, acceso al empleo y formación, condiciones de trabajo, seguridad social y derechos sindicales», ha afirmado Michelle Leighton, directora del Servicio de Migraciones Laborales.

«Desempeñan una función primordial en muchas economías. No pueden considerarse ciudadanos de segunda clase», ha declarado.

MIGRANTES CON ESTUDIOS SUPERIORES Y MUJERES

Además, señalan que los migrantes con estudios superiores en los países de altos ingresos también tienen menos probabilidades de lograr un empleo en categorías profesionales elevadas.

Así, indica que, en Estados Unidos y Finlandia, por ejemplo, pese a que la proporción de trabajadores migrantes con estudios secundarios es del 78% y el 98%, respectivamente, la proporción de empleados migrantes en empleos de alta o mediana calificación es únicamente del 35% y el 50%, respectivamente.

En cuanto a los países de ingresos bajos y medianos se da una situación opuesta, puesto que los trabajadores migrantes suelen ser expatriados temporales altamente calificados. De este modo, por lo general, su remuneración por hora de trabajo es aproximadamente un 17,3% mayor que la que perciben los trabajadores no migrantes.

Finalmente, en informe destaca que las mujeres deben hacer frente a una doble penalización salarial, por su condición de migrantes y de mujer. En este sentido, se estima que la brecha salarial por hora de trabajo entre los ciudadanos masculinos del país de acogida y las mujeres migrantes en los países de altos ingresos es de casi el 21%.

LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

Por otra parte, el estudio se ha fijado en los planos sanitario y económico, en donde la pandemia ha repercutido en mayor medida en los trabajadores migrantes que en el resto de la población activa. Según el documento, al comenzar la crisis del Covid19, decenas de millones de trabajadores migrantes se vieron obligados a regresar a su hogar tras perder su empleo.

Esto se debe a que el trabajo que realizan es menos propicio para efectuarse a distancia que el de los trabajadores no migrantes, y en muchos casos, se trata de trabajadores de primera línea que están más expuestos al virus.

«La crisis, cuyo alcance global desconocemos aún, podría acentuar las diferencias en el mercado laboral entre los trabajadores migrantes y los ciudadanos de los países de acogida, lo que a su vez podría ampliar aún más la brecha salarial de los migrantes», indica el informe.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha manifestado su rechazo a la posibilidad de elevar de 25 a 35 años el tiempo de carrera laboral para computar la pensión por jubilación y ha aseverado que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será «ir hacia atrás».

Así se ha pronunciado este lunes en rueda de prensa al ser preguntada por las informaciones publicadas en varios medios, que aluden a un borrador que aumentaría los años de carrera laboral para calcular la pensión.

Sobre este asunto, Serra ha recordado que esa opción no figura en el acuerdo de Gobierno en coalición y espera que no se lleve a cabo por parte del PSOE, su socio de coalición.

Para Podemos la «prioridad» es «garantizar» el sistema público de pensiones y el nivel adquisitivo de los beneficiarios, algo que se ha logrado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, tanto para pensiones contributivas (+0,9%) como no contributivas (+1,8%).

De este modo, la portavoz de la formación morada ha apostado por dar «más pasos para fortalecer» el sistema público y ha advertido que todo lo que no vaya en esa dirección es «ir hacia atrás».

RETOS: SUBIR EL SMI Y DEROGAR LA REFORMA LABORAL

Por otro lado, ha considerado «prioritario» la subida del Salario Mínimo Interprofesional y ha rememorado que solo el expresiente Mariano Rajoy optó por la congelación. En consecuencia, ha destacado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a trabajar en esta línea.

También ha manifestado que la aprobación de los PGE revela una mayoría progresista que aporta «estabilidad» al Gobierno y permite seguir afronta la reversión de la «política de recortes» del PP.

En este sentido, ha fijado como «grandes retos» para el futuro la derogación completa de la reforma laboral, el fortalecimiento de los servicios públicos, avanzar en la defensa de la sanidad pública, cambiar el modelo productivo y mejorar el sistema de dependencia.

Finalmente, ha celebrado la aprobación definitiva de la ley de eutanasia que reconoce el «derecho a la muerte digna» pese al voto en contra de PP y Vox, algo que no le sorprende dado que se opusieron a otros avances como la ley de matrimonio homosexual.

En este punto, ha agradecido este hito a referentes que apostaron por la ley de eutanasia como a Ramón Sampredo, a Ángel Hernández que ayudó a morir dignamente a su pareja María José Carrasco y también al doctor Luis Montes, que sufrió un «brutal ataque» por la derecha.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, se ha referido al adelanto del proceso de matriculaciones para los centros educativos puesto en marcha por algunas comunidades autónomas del PP para así sortear la LOMLOE, la nueva ley educativa que previsiblemente se aprobará antes de que acabe el año y que se la conoce como ‘Ley Celaá’.

«Es una estrategia política que busca confundir a la ciudadanía, porque no hay un adelanto del proceso de admisión como tal, no están adelantando nada, es un procedimiento administrativo habitual que empieza en muchas comunidades en diciembre porque es un procedimiento complejo», ha explicado la titular de Educación.

«No es cierto que se adelante el proceso en diciembre para sortear la aplicación de la LOMLOE, es radicalmente falso», añade, para precisar que la Comunidad de Madrid aprobó el año pasado esta resolución el día 18 de diciembre, y en 2017 lo hizo el día 2.

Eso sí, tanto la ministra como el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, confirman que dependiendo de cuándo den inicio los procesos de matriculación en las comunidades autónomas (antes o después de aprobarse la LOMLOE), estos se regirán por una norma u otra. Es decir, aquellos territorios que aprueben antes de la aprobación de la ‘Ley Celaá’, la resolución sobre este tema, se regirán por la ley actual, la LOMCE (‘Ley Wert’).

«La LOMLOE dice que si cuando entra en vigor el periodo de admisión, ya se ha iniciado, se rige por la ley en vigor en el momento de la promulgación», ha dejado claro Tiana, que también ha destacado que «cualquier cambio de ley tiene un proceso de transición», por lo tanto, no se aplicará de manera inmediata toda la nueva ley.

En todo caso, Celaá no cree que el PP vaya a sortear la aplicación de la nueva ley educativa. «Tengo plena confianza en que se cumpla la Ley, que ha sido respaldada por mayoría absoluta y por 7 fuerzas políticas diferentes, no observo siquiera la posibilidad de que una de las fuerzas políticas que dice ser de Gobierno, pueda incitar al no cumplimiento de esa Ley», ha expresado en referencia al PP.

Según ha insistido Celaá, «la libertad está perfectamente garantizada en la LOMLOE, de acuerdo con el art. 27 de la Constitución», y «el castellano está perfectamente garantizado en todas las escuelas del país», hecho que «sigue y seguirá así».

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que al igual que hay que distinguir las «acciones personales» del Rey emérito y sus supuestas irregularidades fiscales de lo que es la institución de la monarquía, también hay que tener en cuenta que en el caso del juicio que el Tribunal Supremo ha ordenado repetir al ahora portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi por el ‘caso Bateragune’, se va a procesar a una persona, y no a una formación ni grupo parlamentario.

«No creo que se esté procesando a ningún grupo parlamentario ni ninguna formación», ha zanjado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que ha usado el caso de Juan Carlos para reforzar sus argumentos, al ser preguntado por la situación de Otegi.

Ábalos se ha explicado así, tras haber respondido previamente a otra pregunta sobre la situación de Rey emérito y sobre si es necesario regular el estatus de Juan Carlos I. «Hay que distinguir las acciones personales de las que afectan a la institución», ha señalado sobre este asunto.

Y posteriormente, cuando ya respondía a la pregunta sobre el juicio a Otegi, ha explicado que ahora se habla «todo el rato de la Corona y de muchas instituciones», y se dice en este sentido que «determinadas acciones personales» no tiene por qué afectar «en lo institucional».

«Lo mismo que he dicho antes, respecto de cualquier institución, de cualquier formación: unas cuestiones son las que afectan en lo personal, y otra lo que afecta al grupo», ha ahondado después.

En el caso concreto de Otegi, Ábalos ha afirmado que las actuaciones por las que se le va a volver a juzgar entran en el ámbito de su «responsabilidad personal», aunque tengan que ver con su acción política, y «pueda ir más allá a lo delictivo». «Pero sí va referido a él, va referido a una persona», ha recalcado.

El ‘número tres’ del PSOE ha comenzado recordando que su formación no hace valoraciones sobre decisiones judiciales, sino que las acata, tanto les si les gustan como si no. No obstante, a continuación ha señalado que los acuerdos que se alcanzaron con Bildu se referían únicamente a cuestiones presupuestarias. «No hay acuerdo, se llame como se llame», ha enfatizado.

Eso sí, Ábalos ha querido desvincular en todo caso la tarea del grupo parlamentario de Bildu de las acciones que hayan podido llevar a cabo los miembros de esta formación. Así, ha defendido que hay que «respetar» su trabajo parlamentario y, a la vez, asumir que relacionarse con Bildu no implica un «blanqueo respecto de las actuaciones que hayan podido tener miembros que tengan que ver con esta formación».

«El hecho de haber participado en el debate de Presupuestos no implica que no tengan que responder de aquello que tengan que responder ante la justicia», ha afirmado el dirigente socialista.

Sin embargo, al mismo tiempo ha asegurado que las «situaciones personales» de un integrante de esta formación –en este caso, del portavoz de a coalición–, no tienen por qué afectar al grupo parlamentario y su trabajo en el Congreso, siempre que este respete la legalidad y el marco constitucional.