El Rey Felipe VI se encuentra este lunes de visita en la Base Aérea de Talavera la Real, sede del ALA 23 del Ejército del Aire, ya que este 2020 se han cumplido 50 años de la llegada de los primeros F-5 a esta instalación y también para conocer las aeronaves no tripuladas Predator.

Felipe VI ha aterrizado pasadas las 10,30 horas en la Base Aérea en un Airbus A-400, el más nuevo que tiene el Ejército, desde Getafe y se trata de la primera visita que hace como monarca a esta base, la cual estaba prevista para los meses de abril o mayo pero debido a la pandemia de coronavirus se tuvo que posponer.

El Rey ha llegado acompañado de una comitiva del Ejército y, tras sonar el himno de España, ha pasado revista a los militares para continuar el recorrido por las instalaciones de la base aérea.

Además, tiene previsto mantener un encuentro a última hora de la mañana con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y otras autoridades regionales.

VISITA

Durante su recorrido, el monarca ha mantenido, a puerta cerrada, un ‘briefing’ con mandos militares y también en privado un encuentro con los alumnos de esta base militar, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa.

Posteriormente, ha visitado el simulador de vuelos y se ha mostrado interesado en su funcionamiento y también ha conocido las nuevas aeronaves sin tripulación, Predator, con las que cuenta el Ejército del Aire en la Base de Talavera la Real.

A continuación, Felipe VI se ha hecho una foto de familia con los mandos militares de la base y con la comitiva que le ha acompañado junto a un F-5, ya que se conmemora el 50 aniversario de su llegada a la base, y un Predator, que supone el futuro de la aviación.

La visita del Rey ha finalizado sobre las 14,00 horas tras una reunión privada con autoridades de Extremadura como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la delegada del Gobierno en la comunidad, Yolanda García Seco, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín.

Un total de 51.540 personas han fallecido en lo que va de año en España en las listas de espera de la dependencia, (31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar), según un informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

Los datos, publicados este lunes 14 de diciembre en el marco del XXVII Congreso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que se celebra en Fuenlabrada, revelan que actualmente «se está abandonando sin atenciones» a las 381.115 personas que están a la espera de la ley de dependencia, y cada nueve minutos fallece una persona en el «laberinto burocrático» de la ley.

Según explica la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el impacto del Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido «catastrófico». Las tasas de variación a 30 de noviembre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma, son todas negativas.

En concreto, el informe pone de manifiesto que hay 34.412 personas menos con derecho a prestación pendientes de recibirla pues «la lista de espera se reduce por el fallecimiento de las personas». También hay «46.446 solicitudes menos (-2,4%); 39.861 resoluciones menos (-2,3%) y 1.670 personas beneficiarias con prestación menos (-0,1%)».

En todo caso, la Asociación prevé que el Plan de choque del Gobierno y el aumento de más de 600 millones de euros del presupuesto para Dependencia (353 millones de incremento del nivel mínimo y 283 millones de nivel acordado) posibilitará la atención de «66.305 nuevos beneficiarios» y reducirá «un 20% la lista de espera de la dependencia».

Además, la Asociación destaca que se propone la generalización de la teleasistencia (867.000 nuevas), el incremento de la intensidad de laayuda a domicilio (de 32,7 horas mensuales a 38,3) el incremento de las prestaciones de cuidadores familiares (+18%) y permite las compatibilidades (el 25% de los beneficiarios cuentan con más de una prestación).

1,4 MILLONES DE DEPENDIENTES

En España hay 1,4 millones de personas en situación de dependencia reconocida. Esto significa que un 3% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad.

En este momento, tras 14 años de implantación de la ley, 381.115 personas están a la espera de un procedimiento de la norma (233.423 tienen reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio y no la reciben, y 147.692 están a la espera de ser valorados).

«Que haya 233.423 personas del limbo de la dependencia es una canallada desde el punto de vista de las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones para resolver su sufrimiento», ha subrayado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Por comunidades autónomas, el informe indica que se mantienen «gravísimas desigualdades» entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión, y que en ocho comunidades autónomas no ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019.

En cuanto a la aportación de los usuarios (copago), la Asociación indica que se estima en un 21% sobre el total de gasto directo del sistema. Atendiendo al gasto público, precisa que se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo.

Así, señala que la inversión pública fue de 8.607 millones de euros y, mientras las Comunidades Autónomas financiaron el 83,9% del Sistema de la Dependencia, con 7.221 millones de euros, la aportación estatal fue del 16,1%, con 1.386 millones de euros.

El informe también revela que el recorte acumulado de la administración general del Estado en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

Además, la Asociación destaca que el Sistema de Atención a la Dependencia muestra «una sorprendente capacidad para la generación de empleo» por lo que precisa que, «si se atendiera ya a las 233.423 personas del limbo de la dependencia se generarían más de 60.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.500 millones de euros al año».

430 DÍAS PARA RESOLVER UN EXPEDIENTE

El estudio pone de relieve otros datos relacionados con la Dependencia como: que el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación es de 430 días; que la intensidad de la ayuda a domicilio es de entre 16 horas al mes (Grado I) y 56 horas (Grado III); o que las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares van desde los 138 euros (para Grado I) hasta los 335 euros (grado III).

En este sentido, el director del IMSERSO, Luis Barriga, ha tachado de «indignidad» que el tiempo para resolver las solicitudes sea de 430 días de media. Asimismo, ha calificado de «barbaridad» el «exceso de controles» a los potenciales beneficiarios de prestaciones por Dependencia «como si fuesen defraudadores».

Además, al igual que ha expresado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha destacado que la prioridad del Ministerio son las personas en las listas de espera de la Dependencia. Por ello, Barriga ha dicho que se marcan como objetivo acabar con la lista de espera en Dependencia «a final de 2023», un desafío «dificilísimo». También ha adelantado que se plantean que la teleasistencia sea un derecho subjetivo de todo dependiente.

Durante el acto, se ha procedido también a la entrega de Premios Anuales de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En la modalidad de Institución Pública, han sido galardonados los Ayuntamientos que han aprobado índice DEC Local: Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Arganda, Calatayud, Ciutadella de Menorca, Cullera, Enterría, Fuenlabrada, La Rinconada, Madrid, Maó, Miranda de Ebro, Montilla, Quart de Poblet, Parla, San Fernando de Henares, Sant Adrià de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sevilla, Vélez Málaga, y Villajoyosa.

En la modalidad de Personas de Relevancia en la Justicia Social, ha sido premiada María Luisa Carcedo; en la modalidad a la Trayectoria en Servicios Sociales, Natividad De la Red; y en la modalidad de medios de comunicación, el periodista de TVE Aitor Lourido.

La Fiscalía ha reprochado este lunes en el juicio al conseller de Acción Exterior de la Generalitat y exalcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, que su defensa «forma parte de una estrategia general acordada por muchos alcaldes: No firmar nada, no aparecer allí, para que no te pillen».

Lo ha expresado el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio al exponer su informe final en el juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que ha confirmado su petición de condenar a Solé a un año y medio de inhabilitación y a 24.000 euros de multa.

Ha sostenido que por esta supuesta estrategia la Fiscalía ha tenido que archivar diligencias al no hallar pruebas de la presunta implicación de otros alcaldes en el 1-O, si bien considera que «en este caso existe una clara prueba, y además documentada, que son los reportajes publicados en la revista Sió», en referencia a una publicación municipal que relató la participación de Solé en un debate sobre la autodeterminación y la supuesta implicación del entonces alcalde en la organización del 1-O.

El fiscal considera que la participación de Solé en «un acto electoral en apoyo y promoción del referéndum supone incumplir claramente la prohibición del TC tanto de cesión de locales como de actos destinados a la preparación y celebración del referéndum».

Por su parte, la defensa de Solé ha reprochado que, a su parecer, la tesis del fiscal implica que «cualquier adhesión o participación en el referéndum es ilegal por el hecho de que el referéndum era ilegal, aunque en aquel momento no era ilegal sino que había sido suspendido», en referencia a que parte de los hechos de los que se acusa al conseller ocurrieron días antes del 1-O.

Solé ha recalcado que él solo recibió notificación personal de la prohibición del decreto del Govern con medidas complementarias para celebrar el 1-O, no de la Ley del referéndum ni de su convocatoria, y su defensor ha sostenido que «no se le prohibió adherirse a una determinada posición política».

SENTENCIAS A BASSA Y TRAPERO

El abogado se ha referido a la condena a la exconsellera Dolors Bassa en el juicio en el Tribunal Supremo (TS), de la que ha destacado que se la considera responsable de «liberar a los directores de los centros» de cualquier responsabilidad al usar los colegios para las votaciones.

«No de liberar a los alcaldes, porque a quien se podía atribuir era a los directores», ha manifestado el letrado, que ha sostenido que el Ayuntamiento no tenía que ceder ningún permiso de uso, porque la gestión de la escuela donde se votó corresponde a la Generalitat.

También se ha referido a la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por su actuación al frente del cuerpo durante la jornada, y en relación con Solé, su abogado ha manifestado: «Su actuación fue destinada precisamente a esta prudencia y a evitar cualquier altercado público. Consideren que su conducta fue la más adecuada en aquellas condiciones», ha pedido al tribunal.

El Partido Aragonés (PAR) ha presentado un total de 35 enmiendas en el Senado a la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como ‘ley Celaá, que «nace con fecha de caducidad» y «sin diálogo» y con las que se pretende mejorar el texto, la vida escolar y el aprendizaje de los alumnos.

El senador autonómico, Clemente Sánchez-Garnica Gómez, ha llevado las enmiendas que el PAR ha consensuado y trabajado conjuntamente con los representantes del Partido Regionalista Cántabro (PRC), la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la Cámara Alta. Sánchez-Garnica ha incidido en que la iniciativa es «coherente» con los postuladosmeducativos que «siempre» ha defendido su formación y ha insistido en la necesidad del «máximo consenso» para realizar una reforma «de este calado».

«Una reforma legal del calado que tiene la educación en este país necesita que sea consensuada por todos. La clave para mejorar el rendimiento académico y disminuir los índices de abandono y de fracaso escolar es el consenso y que perdure en el tiempo. Y esta ley nace con fecha de caducidad», ha declarado.

Por ello, el senador autonómico ha lamentado que no se haya aceptado la propuesta de los senadores regionalistas de habilitar el mes de enero para que hubiese comparecencias, lo que conlleva que las enmiendas, cuyo plazo de presentación concluye el próximo día 15, se debatan el día 18 y que el pleno de aprobación sea el 23 de diciembre. Asimismo, ha apuntado que el Ministerio aún no ha explicado la ley a las Comunidades Autónomas, con las que se reunirá el día 14.

«No se nos ha dado opción a que haya comparecencias, porque dicen que ya las hubo en otras legislaturas. Esto es una mera excusa. Estas prisas* hacer una ley en una situación de pandemia, por la puerta de atrás, el PAR lo rechaza de pleno», ha subrayado.

LAS ENMIENDAS

En cuanto a las enmiendas, Sánchez-Garnica ha explicado que algunas hacen referencia a aquellos aspectos que más controversia han levantado, pero que también han incluido alguna que corrige errores de redacción.

Así, los regionalistas han presentado una enmienda para que la redacción de la ley vuelva al texto original de 2020 sobre la enseñanza del castellano, «siempre teniendo presente la mejora del rendimiento educativo de los alumnos», ya que los alumnos decomunidades autónomas con lengua cooficial «tienen la suerte de aprender dos lenguas más otra extranjera».

En su opinión, es una pena que esos alumnos no salgan del sistema educativo habiendo aprendido tres lenguas «por una cuestión identitaria».

De este modo, plantean que el texto recoja que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

También enmiendan la elección de la Alta Inspección Educativa que, a su juicio, debe ser por oposición y «no a dedo», como ocurre desde el año 1985. «¿Queremos inspectores politizados o técnicos? Optamos por los técnicos», ha subrayado. «También presentamos enmiendas para que se reduzca las ratios en Infantil y Primaria, de 25 a 20, y en Secundaria, de 30 a 25, para «mantener» los puestos de trabajo y la escuela en el medio rural, y para que, en Secundaria, se mantenga la asignatura de Ética, «que piden muchos sectores».

En cuanto a la elección de centros, el PAR ha considerado que debe realizarse «en los términos de Aragón, donde prácticamente el 100% de los padres escolariza a sus hijos en el centro que elige», y en cuanto a la educación especial, apuestan por una educación inclusiva, pero consideran necesario que se garantice la supervivencia delos centros especiales, ya que hay alumnos que «los necesitan».

Sobre la Formación Profesional, Sánchez-Garnica ha denunciado que se pretende «eliminar» la figura de los profesores técnicos, que son los que llevan el peso de la formación práctica. En su opinión, con el cambio que se pretende incluir, se «devalúa» la Formación Profesional y se «teoriza». Además propone que se vaya «igualando» susueldo.

«Estas son las de mayor calado, pero hay otras que corrigen textos mal redactados, por ser un copia y pega», ha concluido.

La Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPiiNA) ha impulsado una petición al Gobierno, que cuenta con el apoyo de otras 85 organizaciones, en la que advierten de la presencia de dos «trampas» en la reforma de los permisos de maternidad y paternidad y que, reclaman, deben ser solucionados antes del 1 de enero.

Según PPiiNA, este documento es el último recurso tras no haber obtenido respuesta a ninguno de los requerimientos que habían realizado a diferentes departamentos del Ejecutivo desde la promulgación del decreto ley en marzo de 2019.

Según señala, en este texto se han introducido «dos trampas graves»: la simultaneidad forzosa de las seis primeras semanas y la pérdida del derecho a tomarse todo el permiso a tiempo completo mediante simple comunicación a la empresa.

A su juicio, ambas situaciones suponen «una barrera sustancial para que los hombres cuiden de manera corresponsable y, por otra parte, acortan el tiempo total posible de cuidado del bebé por sus progenitores». En este sentido, apuntan que «si no se corrigen» estos dos puntos, «los hombres seguirán siendo simples ‘ayudantes’ en los cuidados y estarán más disponibles para las empresas que las mujeres.

A través de un comunicado, recogido por Europa press, PPIINA asegura que «confía» en que el Gobierno responda a esta última llamada urgente de las organizaciones de la sociedad civil que han firmado la petición. Entre ellas, apunta, se encuentran las principales asociaciones feministas a nivel estatal, como la Plataforma 7N contra las violencias machistas, el Fórum de Política Feminista o la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad (COMPI), así como otras de diferentes ámbitos.

«NO ES SUFICIENTE»

En este sentido, PPiiNA destaca que hay sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO), la Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio de Trabajo o la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical; así como asociaciones de trabajadoras como las Kellys o la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda a Domicilio; y organizaciones políticas y ciudadanas como agrupaciones locales de IU, Ganemos Jerez o la Plataforma por la Remunicipalización y la Gestión directa de los SS.PP. de Madrid, entre otras entidades.

Las representantes de la PPIINA han acudido este lunes a presentar la petición y han manifestado la urgencia de esta medida y han recordado que gracias a su trabajo «de más de 15 años» se ha «conseguido que los permisos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100%». «Pero esto no es suficiente si no se corrigen antes las trampas que denunciamos», han señalado.

A su juicio, si continúa así el texto, el 1 de enero los permisos de paternidad serán «igualitarios en apariencia», pero «en realidad no lo son», han concluido.

Un grupo de expertos y adolescentes, que este lunes han participado en una meda redonda organizada por ‘Quiero’ y el ‘Espacio Abierto Quinta de los Molinos’, han coincidido en que el machismo, «disfrazado sutilmente de diversas formas», sigue presente «en pequeños gestos cotidianos» que «pasan desapercibidos».

Según ha explicado la organización, la jornada, que se ha celebrado bajo el título ‘Perdóname mi amor, voy a cambiar’ ha reunido a estudiantes, artistas y especialistas para debatir sobre la violencia de género en la adolescencia, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas», tal y como se propone el Objetivi de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de la Agenda 2030.

Tal y como han señalado, en la jornada se ha destacado la necesidad de que se incorporen «más y más mujeres al sector audiovisual y en diferentes roles, pasando de musas a autoras». «La sensibilidad y la forma de relatar y de dirigir es diferente y las cifras siguen siendo desiguales», explica la organización sobre las conclusiones.

Los participantes han opinado que existe una falsa sensación de haber avanzado mucho cuando aún queda un largo camino por recorrer, especialmente, en los espacios menos visibles, en los ámbitos familiares o círculos íntimos donde cuesta más empoderarse y marcar límites frente a conductas sexistas.

En esta misma línea, Laura Casado, alumna de Bachillerato, ha explicado que, personalmente hace todo lo posible por que no le influencien estas conductas, pero asegura que, el día a día está lleno de pequeños detalles machistas, muchas veces disfrazados de caballerosidad.

SÓLO SE VE LA PUNTA DEL ICEBERG

Por su parte, Marta Prado Pascual, coordinadora del Plan Integral de Convivencia en el distrito de Villaverde en la entidad Acais, ha comparado la situación con un iceberg en el que se tiende a ver sólo la punta, que sería la violencia física, sin llegar a prestar atención a los detalles que acompañan cada día.

«De criticar el rendimiento deportivo y humillaciones en redes sociales a situaciones de dependencia afectivo sexuales rozando el abuso, son muchas las situaciones que, desde un plano invisibilizado, constituyen el germen de la violencia física que sí nos escandaliza», ha explicado.

Para poder abordar esta problemática, Prado ha destacado la importancia de poner en marcha programas e iniciativas que ayuden a los jóvenes a verbalizar cómo se sienten frente a este tipo de situaciones y hasta qué punto les limitan los mandatos de género.

En este sentido, Harold Ron, estudiante de Bachillerato e Integrante de Mundo Quinta, ha admitido haber visto cómo sus compañeros se sentían condicionados por este tipo de imperativos culturales. Del mismo modo, su compañero Jacob Rosales, ha destacado cómo determinadas actividades, como el baile y la danza, siguen estando marcadas entre ciertos sectores, que las consideran asociadas al género.

El autor de ‘Nuevos hombres nuevos: la masculinidad en la era del feminismo’, Ritxar Bacete, ha añadido que las personas construyen su identidad «de forma similar a la de un personaje en una obra» y, así, «dependiendo del proceso de aprendizaje y socialización» que vive la persona «expresa y perpetúa estos estereotipos».

De este modo, a su juicio, la violencia y la competitividad nunca deberían ser elementos de construcción de la identidad de género y la mejor forma de derribar las barreras y de corregir estos estereotipos es inculcar la empatía.

La portavoz de Podemos Isa Serra, ha asegurado que la aprobación del decreto antidesahucios es «urgente» pero ha subrayado que debe poner el foco en la población vulnerable. Por tanto, peleará para que no se incluya una compensación económica con cargo al presupuesto público para «bancos y fondos buitre», dado que el problema es la población afectada y no que tengan menos beneficios.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Serra ha admitido tras semanas de negociación las diferencias con el PSOE, socio de Gobierno en coalición, sobre este punto, que ha retrasado su aprobación pese al principio de acuerdo alcanzado el 2 de diciembre.

Al hilo, ha desgranado que si fuera por Unidas Podemos, el decreto ley estaría aprobado ya, si se logra sacar la compensación económica a los grandes tenedores de viviendas en el decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros.

Al respecto, ha destacado que la paralización de los desahucios es una «prioridad», sobre todo en medio de la pandemia, con numerosos casos de familias, muchas de ellas monoparentales, que sufren esta situación. Por tanto, ha insistido en la urgencia de paralizar todos los desahucios.

TIENEN QUE «ARRIMAR EL HOMBRO»

Pero ha añadido que «no parece de recibo» que los grandes tenedores de vivienda sean compensados en un momento de crisis en el que deberían «arrimar el hombro».

En consecuencia y en clara referencia al PSOE, ha apelado a poner en el centro del decreto las necesidades de la ciudadanía porque el problema es la población vulnerable, no que bancos y fondos buitre tengan «menos beneficios».

Sobre todo cuando el principio de acuerdo en el Gobierno de coalición se sustenta en el informe vinculante sobre vulnerablidad que deben aportar los servicios sociales.

«No hay que avanzar por el camino de proteger a los fondos buitre», ha reiterado Serra para referirse a la «enorme historia de especulación». El camino, a su juicio, es avanzar en poner en disposición viviendas para proteger a las familias necesitadas.

En este sentido, ha explicado que es «evidente» que un gobierno recibe presiones, de grandes empresas pero también de colectivos sociales como el sindicato de inquilinos. Y en esta disyuntiva, tienen «clarísimo» que «la balanza tiene que estar a favor» de estos últimos.

Pese a estas tensiones en el seno de la coalición, Serra confía en que el decreto que extienda la prohibición de desahucios «salga adelante» durante estos días.

También ha subrayado la insistencia en recuperar la prohibición de cortes de suministros básicos, dado que el Gobierno progresista tiene que dar «muchos más pasos» para garantizar el compromiso con el acceso a la vivienda, como ocurrió con la futura regularización de los precios del alquiler para evitar subidas abusivas.

PSOE ALEGA QUE BUSCA SEGURIDAD JURÍDICA

El PSOE replicó el sábado Podemos que su defensa de compensar a grandes propietarios en el real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma responde a la necesidad de contar «toda la seguridad jurídica posible» para que no se recurra por inconstitucional y proteger así a los más vulnerables.

El principal motivo de discrepancia para la formación morada radica en la exigencia por parte de Economía y Justicia de desplegar una «compensación» a los grandes tenedores de vivienda para que «no vean reducidos sus beneficios por esta medida».

La cuestión de ampliar la prohibición de desahucios ya generó una fuerte tensión entre los socios de Gobierno, reavivada ahora pese a que Ábalos apuntaba que se podía abordar en el próximo Consejo de Ministros.

El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ramón Herrera, ha reclamado este lunes «explicaciones» a la expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, por el «escándalo mayúsculo» de las ayudas «multimillonarias y perdidas» concedidas por los gobiernos socialistas andaluces a la empresa Isofotón «a sabiendas de que la situación económica de la empresa era inviable y que sus cuentas no eran claras», según reflejan los informes técnicos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Según ha alertado en una rueda de prensa en Sevilla el parlamentario ‘popular’, Isofotón recibió un total de 80 millones entre ayudas a fondo perdido, avales y préstamos de los que «se han perdido más de 44 millones de euros». «80 millones que no sirvieron ni para mantener los empleos ni para generar nuevos puestos de trabajo», según ha remarcado Ramón Herrera, porque Isofotón cerró en el año 2014.

Desde el PP-A han subrayado que «el escándalo salpica también a la actual vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en el año 2012 se incorporó como directiva y responsable de la implantación de la empresa en el exterior», y que «propuso el traslado de Isofotón a Luxemburgo para recibir beneficios fiscales, a sabiendas de que en los acuerdos con la Junta de Andalucía para recibir ayudas se comprometía a no trasladarse fuera de la comunidad».

El diputado ‘popular’ ha puesto el foco en una ayuda de 8.395.000 euros que la Junta otorgó a la empresa, y que «casualmente», según ha apostillado, «coincide con la misma cifra que Isofotón adeudaba a la administración para pagar un aval de Bankia, deuda a la que no podía hacer frente dada su situación económica».

Para el PP-A, el hecho de que la cuantía de la ayuda de la Junta coincida con la cifra de la deuda «lleva a pensar que se otorgase para que la empresa pudiese afrontar el pago», hecho que el partido ha calificado en un comunicado de «muy grave».

Sobre el aval de Bankia, el diputado del PP se ha referido a la existencia de un «informe externo que no está firmado». «Queremos saber quién lo encargó y por qué no lo elaboraron los servicios jurídicos de la Junta», ha indicado Ramón Herrera.

Ha agregado que es «especialmente preocupante que se concediesen ayudas por 80 millones en apenas siete años a sabiendas de la situación por la que atravesaba la empresa», como, según ha incidido, consta en los informes de la propia Junta, y ha remarcado que, durante los años en los que se concedieron las ayudas, también formaban parte del Consejo de Gobierno los ahora ministros Luis Planas, Carmen Calvo y María Jesús Montero.

Herrera ha insistido en que Susana Díaz debe explicar «si era habitual que el gobierno socialista diese ayudas multimillonarias a empresas con alteraciones contables y datos económicos poco fiables», como, según ha reiterado, consta en los informes.

«Son 80 millones de los andaluces que podrían haber ido a duplicar las ayudas a los autónomos en esta segunda ola de la pandemia», ha dicho el diputado andaluz del PP, que también ha preguntado «dónde están los informes previos» que debían existir para tener acceso a las ayudas. «No los hemos encontrado y nos gustaría que Susana Díaz nos lo explicase», ha añadido.

Ramón Herrera ha censurado «esa forma de dar ayudas directas a empresas a pesar de tener situaciones inviables», y ha concluido presumiendo de que «eso se ha acabado desde que Juanma Moreno (PP-A) llegó a la Presidencia de la Junta».

Ciudadanos ha celebrado que el ccoordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el resto de la cúpula de la antigua Batasuna «respondan ante la Justicia», tras la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) de que se celebre un nuevo juicio en la Audiencia Nacional a los condenados en el denominado ‘caso Bateragune’.

«Otegi y toda la cúpula de Batasuna volverán a ser juzgados por pertenencia a organización terrorista. Los demócratas respetamos siempre las decisiones judiciales y celebramos que quienes tanto dolor causaron a los españoles respondan ante la Justicia», ha escrito en un mensaje en Twitter el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados.

El también diputado en la Cámara Baja Guillermo Díaz ha señalado que el alto tribunal «ordena juzgar por pertenencia a organización terrorista a quien el PSOE eligió para determinar los Presupuestos Generales del Estado», en referencia al apoyo de Bildu a las cuentas públicas de 2021. «Pudiendo elegir a Ciudadanos, escogieron a Otegi», ha añadido.

El acuerdo unánime anunciado este lunes por el Tribunal Supremo permite el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegui y de los restantes condenados.

La sentencia es coincidente con el criterio de la Fiscalía del TS que interesó la celebración de un nuevo juicio para evitar que los hechos quedaran «imprejuzgados» y que coincidía también con las peticiones al respecto que realizó en su día la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, vinculada a Vox.

Por su parte, la defensa de Otegi y de otros juzgados por el ‘caso Bateragune’ habían pedido que la nulidad de las sentencias tuviera consecuencias en los registros de penados en los que el líder de Bildu sigue apareciendo.

JUZGADOS POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN TERRORISTA

Al acogerse la petición fiscal, la Audiencia Nacional deberá juzgar de nuevo a Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, siguiendo el criterio del TEDH que determinó que la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el «temor legítimo» de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

En su sentencia de noviembre de 2018 –que adquirió firmeza en febrero de 2019–, el TEDH consideró que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) se ha sumado a la petición realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Comercio (CEC) de paralizar la subida en la cuota de los trabajadores autónomos, de entre tres y doce euros, a partir de enero de 2021.

Un incremento que se une al ya aplicado durante los meses de octubre y noviembre por la Seguridad Social, según señala Stanpa, que ha resaltado que el sector del comercio, junto al turismo, han sido los sectores más castigados por la crisis derivada de la Covid-19 y en el que el porcentaje de autónomos supera el 20%.

Concretamente, el sector de las peluquerías y centros de estética suman 78.200 salones. En cuanto al perfil de los profesionales empleados, un total de 237.000 personas, la gran mayoría son mujeres (un 85%), y en gran parte, en régimen de autónomos, con un mayor riesgo de desempleo, como demostró la crisis de 2008.

«No podemos añadir más presión a los autónomos si queremos garantizar la sostenibilidad del tejido empresarial. Han demostrado una enorme capacidad de adaptación a un nuevo escenario de total incertidumbre, en el que la actividad económica se ha visto mermada, llevándose la peor parte. Un 35% de las peluquerías se encuentran en el límite de su supervivencia, esto es, alrededor de 17.000 establecimientos. En este contexto, es esencial evitar cierres y volver la senda de la recuperación», ha señalado la directora general de Stanpa, Val Díez.

UN SECTOR ESENCIAL

Tanto el sector de las peluquerías como el sector de los centros de estética son esenciales para la sociedad y el conjunto de la economía, según Stanpa, que ha precisado que el efecto de la alarma sanitaria ha hecho que la facturación, tanto de los salones de peluquería como de los centros de estética, haya caído entre un 22% y un 25%.

«Una situación que no se espera que mejore a corto o medio plazo, debido al descenso en el número de visitas, así como de una reducción del ticket medio. Puesto que la mayoría de los centros se trata de negocios de autoempleo, la rentabilidad de los mismos se encuentra al límite», ha señalado la asociación, que ha mostrado su preocupación por los posibles cierres.

Por ello, Stanpa se ha volcado desde el principio en la elaboración un protocolo de seguridad recogido en dos Guías de Recomendación, que proporcionan las máximas garantías higiénico-sanitarias con el objetivo de poner en valor la profesionalidad, la seguridad y el trabajo de todos los profesionales, manteniendo activos estos negocios que se reconocen esenciales para la sociedad.

En la misma línea, ha luchado para que la administración reconozca la grave situación de las peluquerías y facilite medidas como la bajada temporal del IVA, como una de las posibles soluciones para garantizar la viabilidad del sector.

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat y exalcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, se ha desvinculado de la logística del 1-O en su municipio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha afirmado, sobre la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) respecto al 1-O: «De la orden del TC no entendía que tuviera que cambiar mi opinión».

Al contestar a los interrogatorios del fiscal y de su defensa en su juicio por presunta desobediencia el 1-O, Solé ha declarado sobre su papel: «Ni intervine en la logística, ni en el movimiento de las urnas ni en la constitución de las mesas».

El conseller ha dicho que solo recibió notificación personal sobre el decreto del Govern que establecía normas complementarias para celebrar el 1-O, algunas de las cuales afectaban a los alcaldes, mientras que su defensa ha sostenido que no se le notificó la suspensión de la convocatoria ni de la Ley de referéndum.

Respecto a su participación días antes del 1-O en un debate sobre la autodeterminación –que la Fiscalía incluye en el escrito de acusación con intención de probar que Solé promocionó el referéndum–, ha afirmado que acudió al debate como representante de un partido y no como alcalde, y que no se debatía la organización del referéndum: «Dije que en cualquier situación en la que se pueda ejercer el derecho a voto, un ciudadano debe ejercerlo».

El TSJC juzga a Solé por un presunto delito de desobediencia el 1-O, cuando era alcalde de Agramunt, por supuestamente promover y participar en la organización del referéndum en el municipio, y la Fiscalía pide por ello una inhabilitación de un año y medio (que no afectaría a su trabajo como profesor) y una multa de 24.000 euros.

Solé ha aceptado contestar a todas las preguntas planteadas por el fiscal y también por su abogado, y sobre el día de la votación ha defendido que su actuación fue «la que corresponde a cualquier alcalde, máximo representante en Protección Civil» en un municipio.

En este sentido, ha sostenido que solo intervino para preservar el orden público y la integridad de los equipamientos, y ha dicho que «en ningún momento» dijo que se escondieran las urnas de la votación ante una posible intervención policial.

Ante la intención de algunas personas de esconder las urnas en el falso techo de la escuela donde se hacía la votación para evitar que fueran incautadas, ha explicado: «Dije que si la propuesta era esconder las urnas en un falso techo, por la integridad del edificio no consideraba que fuera oportuno. A partir de aquí la organización decidió llevarlas donde lo considerara oportuno».

ESCUELA PARA VOTACIONES

Las votaciones del 1-O en Agramunt se hicieron en la escuela Macià-Companys, de titularidad municipal, ante lo que el fiscal ha cuestionado si Solé cedió, como alcalde, el uso a la Generalitat para celebrar el 1-O, mientras que el conseller ha señalado que la gestión corresponde al Govern y en ningunas elecciones el municipio debe ceder el uso.

El conseller ha aseverado que «ni como Ayuntamiento ni como alcalde se cedió el equipamiento porque la gestión es de la Generalitat» a pesar de que la titularidad sea municipal, y ha dicho que el único decreto del consistorio sobre el asunto fue un decreto de alcaldía el 7 de septiembre de apoyo a la Ley de referéndum que firmaron varios municipios a partir de un texto genérico, sobre el que ha afirmado que solo era una expresión política sin las consecuencias de una resolución.

REVISTA MUNICIPAL

El escrito de acusación también señala un reportaje publicado en la revista municipal Sió, que publicó una crónica del 1-O que mencionaba a Solé como uno de los responsables de la «logística» de la votación, algo que el conseller ha descartado.

En el juicio ha declarado como testigo en el entonces director de la revista, quien a preguntas del fiscal ha señalado que estaba «haciendo una crónica literaria, no era exacta».

«Habría sido más exacto si hubiera dicho que Bernat se había preocupado de lo que estaba pasando allí, que es lo que hizo», en lugar de atribuirle funciones logísticas, ha dicho el testigo.

La coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha considerado que los presupuestos vascos «deben ayudar a construir la agenda republicana» para «mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía vasca». «Ese proyecto político no se construye contra nadie», ha asegurado, al tiempo que ha defendido que las Cuentas vascas deben «dibujar ya un nuevo modelo socio-económico donde se respeten y garanticen los derechos de las personas» y ayudar a «cuidar nuestro planeta».

Garrido ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián, junto a Miren Echeveste, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico para informar de la reunión de la Ejecutiva de Podemos Ahal Dugu, en la que ha destacado que la ciudadanía «no comparte alguno de los elementos clave de nuestra forma de Estado», algo a lo que ha contribuido las actuaciones del rey emérito. Por ello, ha incidido en que el Estado necesita «una reforma profunda» y ha considerado que «es tiempo de caminar hacia un nuevo horizonte republicano y de construir republicanismo en Euskadi».

Garrido ha matizado que cuando Podemos Ahal Dugu habla de República «no es sólo una cuestión territorial ni de cambiar la jefatura del Estado», sino de «un proyecto político que puede ser capaz de transformar en positivo nuestra sociedad, de hacer más grande lo común».

«El republicanismo representa algo que une y vincula a las mayorías sociales de todo el Estado, porque representa las luchas pasadas y futuras por las libertades y los derechos de todos. No para romper, ni para separar, ni para alejarnos, sino que la República debe ser punto de encuentro para las izquierdas vascas y marca una clara hoja de ruta», ha expresado.

La dirigente de Podemos Ahal Dugu se ha mostrado convencida de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «construyen una sociedad más justa, igualitaria y feminista» y, con ellos, «el Estado es un poco más republicano y un poco más plurinacional».

Pilar Garrido, por otro lado, ha afirmado que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, «debería asumir que no todo pasa por ellos», y ha señalado que le interpelan porque entienden que «el PNV, con toda legitimidad, es un partido de derechas», al tiempo que ha asegurado que Podemos Ahal Dugu seguirá «trabajando con ahínco en estos duros momentos por intentar incorporar cambios sustanciales» a las Cuentas vascas.

En esa misma línea, ha reiterado que el PSE «debe tener un protagonismo fundamental» en la negociación de los presupuestos y ha destacado que «ideológicamente está más cercano de Podemos, y hemos acordado cuestiones importantes en el Estado». Por ello, ha animado a los socialistas a que «asuman ese protagonismo» y se reúnan con Elkarrekin Podemos y EH Bildu para «conseguir los mejores presupuestos posibles».

PRESUPUESTOS DE VITORIA

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu se ha referido también a los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria, ha manifestado que existe la «posibilidad de acuerdo basada en la defensa de la salud y del bienestar.

En ese sentido, ha realizado un llamamiento al alcalde, Gorka Urtaran, para que «reflexione» y haga un «ejercicio de responsabilidad para posibilitar el entendimiento». «Las negociaciones iban bien encaminadas hasta que se ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la ciudad», ha afirmado.

No podemos aceptar que en una situación tan grave de crisis climática se siga apostando por buscar energías contaminantes y que, además, ponen en riesgo la salud de la gente y del planeta», ha remarcado Garrido, quien ha advertido de que Urtaran «no puede echar por tierra todo lo conseguido en Vitoria como capital verde de Europa» y ha reclamado una moratoria sobre la posible exploración de gas en Subijana.

«¡He sacado a muchas personas adelante, allí vivíamos todos como una gran familia!», ha asegurado el presidente de Retomar, J.M.G, a modo de resumen del ambiente que reinaba en las instalaciones del centro dedicado a la rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos, diametralmente opuesto al de supuesta explotación laboral que esgrimen el fiscal del caso y la Abogacía del Estado.

Aunque el juicio en la Audiencia de Valladolid se extenderá hasta el próximo jueves, el principal encausado, quien comparte banquillo con su esposa, M.J.P, ha aprovechado la primera jornada para proclamar su inocencia y la de su pareja respecto de los graves cargos que les imputan las dos acusaciones, con peticiones globales de casi 12 años para el primero y cercanas a los ocho años de privación de libertad para ella.

En ausencia de declaración de la esposa, quien se ha acogido a su derecho de no responder a pregunta alguna, ni siquiera de su defensor, el marido, en declaraciones recogidas por Europa Press, sí ha explicado que Retomar, titular de un centro de rehabilitación en Mojados (Valladolid), jamás se dedicó a la «captación» de personas marginales por su condición de adictas al alcohol o las drogas, sino que eran ellas las que llamaban a sus puertas en busca de ayuda.

Y era en sus instalaciones, según ha relatado, donde él y su esposa les ofrecían una salida en forma de terapias ocupacionales, charlas individuales y colectivas y trabajos varios, entre los que ha reconocido labores de reciclaje de plásticos en una factoría del sector en el Polígono Industrial de Villamuriel (Palencia), donde los elegidos, como así ha precisado, estaban dados de alta en la Seguridad Social y cobraban en nómina.

Aunque el día 30 de agosto de 2016 la Guardia Civil realizó una inspección en dicha factoría y encontró a doce operarios de Retomar, con sólo cuatro de ellos dados de alta, J.M.G. ha explicado que casualmente en esa fecha se vio obligado a mandar más trabajadores desde Retomar debido a que la empresa de plásticos había llamado porque tenía un exceso de material al que había que dar salida.

Retomar obtuvo por estos trabajos, entre 2012 y 2015, retribuciones por importe de más de 1.302.238 euros que el acusado asegura que no controlaba porque de todo ello se encargaba una gestoría, al tiempo que ha insistido en que los operarios que trabajaban en la empresa de plástico recibían su salario, de media jornada, y que la totalidad de los internos, entre 50 y 60 en determinadas épocas, recibían terapias adecuadas, incluida la deshabituación del alcohol y drogas y su sustitución mediante consumo de tabaco.

«Estamos hablando de una terapia fundamental que se hace en todos los centros de rehabilitación para evitar la ansiedad», ha defendido J.M.G, quien ha reconocido que el centro carecía de profesionales expertos en la materia, tales como terapeutas o psicólogos, si bien ahí estaba él para cualquier contratiempo. «¡Qué mejor ayuda que mi propio conocimiento, quién mejor que yo, una persona que también se ha rehabilitado!», ha enfatizado el acusado.

El presidente nacional de Retomar también ha negado sendos accidentes laborales sufridos por dos de los internos y mucho menos que los mantuviera en silencio debido a que no estaban dados de alta, tanto el caso de un desplazado a Villamuriel que sufrió fracturas en ambas piernas como el de otro accidentado en un ojo cuando realizaba labores de electricista en instalaciones propias de la asociación.

Con respecto al delito de contrabando por adquirir hasta dos toneladas y media de hojas de tabaco de una empresa de madrid–están valoradas en 416.000 euros–a través de 70 envíos entre julio de 2015 y agosto de 2016 que luego picaba en Retomar y, supuestamente, distribuía, en provincias andaluzas, donde cuenta con familia, el acusado también ha negado tal extremo y ha insistido en que la mercancía no salía de Valladolid por cuanto su destino era el consumo por parte de los internos como parte de su terapia, «a razón de un bote y medio a la semana» cada uno.

LES ENSEÑA «CUÁL ES EL CAMINO»

Para tratar de demostrar que Retomar no explotaba a sus internos, J.M.G. ha declarado que los integrantes de la comunidad eran libres de permanecer allí y de marcharse, sin que nadie que les retuviera. «Vivimos todos, yo incluido, como una gran familia y la puerta está abierta para el que no quiere estar. Aquí se está cuando uno quiere y se sale cuando uno quiere», ha mantenido el máximo responsable de Retomar, quien asegura que él trata de hacer ver a sus discípulos «cuál es el camino».

DENUNCIA A TRAVÉS DEL 112

Frente a la versión del encausado, quien antes de concluir ha precisado que en la actualidad Retomar se halla «en números rojos, con deudas de 8.000 euros de agua y 5.000 en facturas de luz», el jefe de grupo de la Guardia Civil que dirigió las investigaciones ha desvelado que éstas se iniciaron a raíz de una denuncia de uno de los residentes a través del Servicio de Emergencias 112, al que aseguró que había sido explotado laboralmente.

Las pesquisas permitieron identificar y localizar al denunciante y poco después a otro interno que denunció una situación similar. Ambos relataron que eran obligados a trabajar sin remuneración alguna y sin estar legalizados, así como que picaban tabaco que luego era vendido en Andalucía o que eran obligados a pedir dinero con huchas en distintas localidades, con lo que se pasó entonces a una investigación coordinada con el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Inspección de Trabajo.

En el transcurso de las investigaciones se realizaron registros tanto en la fábrica de plásticos en Villamuriel, donde se localizó a trabajadores de Retomar sin dar de alta en la Seguridad Social, y como en las propias instalaciones de la asociación, en las que también se intervinieron distintas cantidades de tabaco ya picado–50 kilos–y se descubrió que en el centro de Mojados también se realizaban tareas de matanza sin control sanitario alguno.

«Interrogamos a distintos internos y todos coincidían en que se sentían como esclavos pues decían que no cobraban y que la única terapia era tenerles trabajando», ha indicado el agente de la Guardia Civil, que también ha incidido en el hecho de que uno de los residentes se presentó un día en el cuartel para denunciar que él también había sido víctima de un accidente laboral que los denunciados silenciaron.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que la monarquía es una institución «corrupta» que «daña la democracia» y solo existe una forma de separar los nombres de la institución tras la «grave crisis» derivada por las actividades del rey emérito Juan Carlos I: la república.

También ha considerado que el debate sobre la vuelta de Juan Carlos I al país en Navidad es «reírse del conjunto de los ciudadanos», pues «nunca debería haberse fugado». Por tanto, ha exigido que lo que debería hacer es «dar explicaciones» a la ciudadanía y la Justicia sobre sus presuntas irregularidades.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha destacado que la monarquía se encuentra en una grave crisis de «legitimidad» y ha ahondado que existe un debate social abierto sobre el sistema de Jefatura del Estado, lo que permitirá que ese horizonte republicano llegue «más pronto que tarde».

La monarquía es pasado y la república evidentemente tiene nombre de futuro», ha enfatizado Serra, incidiendo también en la «vergüenza internacional» que supone los «escándalos» de Juan Carlos I en los últimos años.

En este punto, ha remarcado que la regularización fiscal del rey emérito es el «reconocimiento de un delito» que se produjo después de su abdicación, por lo que es «imprescindible» que se le investigue, tanto en el Congreso como en sede judicial, al no ser de aplicación el principio de inviolabilidad recogido en la Constitución.

También ha recalcado Serra que la monarquía es el «epicentro» de numerosas relaciones económicas, algunas de ellas «ilegales», y ha demostrado que es una institución «corrupta».

En cuanto a la posición del PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, respeto a si tendría que apoyar la comisión de investigación en el Congreso sobre el uso de tarjetas black por parte de miembros de la Casa Real, Serra ha dicho que es una cuestión que corresponde despejar a los socialistas.

Sin embargo, a continuación ha señalado que «todo el mundo sabe» que Podemos es un partido republicano y la otra parte del Ejecutivo es «monárquica», un planteamiento legítimo pero que contrasta con la crisis de la institución por su corrupción. «Rechazamos la corrupción venga de donde venga», ha zanjado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha inaugurado este lunes la campaña ‘Nadie solo en Navidad en las Fuerzas Armadas’ que arrancará mañana martes, y mediante la cual se efectuarán 6.500 llamadas telefónicas a los afiliados del Instituto Social de las Fuerzas Armadas de mayor edad.

Robles, que ha estado acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Castelerio, y por la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, se ha mostrado orgullosa «del gran trabajo que se realiza en el ISFAS. «Eficacia, cercanía y humanidad. No hay palabras suficientes para describir el agradecimiento que sentimos», ha destacado en su visita al instituto.

En la presentación, el secretario general gerente del ISFAS, el coronel José Luis Modrego, ha explicado que estas llamadas buscan dar una «atención directa y más cercana» a los afiliados, «preferiblemente mayores de 65 años y que estén solos». «Queremos darles una sensación de protección, seguridad y confianza a nuestros afiliados», ha explicado.

Desde el Ministerio de Defensa han señalado que esta iniciativa quiere incrementar en estas fiestas navideñas, como ya llevan haciendo las Fuerzas Armadas desde el inicio de la pandemia, el número de llamadas telefónicas a militares y familiares de edad avanzada que pudieran encontrarse en una situación de vulnerabilidad o aislamiento como consecuencia de la actual crisis sanitaria del COVID-19.

Para atender a estas personas, se implementó un servicio de 24 horas al día para todos aquellos que necesitaran ayuda, apoyo psicológico o simplemente un rato de conversación durante las largas jornadas de soledad en el hogar.

Ahora, con la campaña de Navidad, se pretende reforzar esa atención y cercanía para que los mayores se sientan aún más acompañados. «Desde el Ministerio, queremos recordar que las Fuerzas Armadas son una gran familia y que nadie de los nuestros está solo», ha asegurado Robles.

Por ello, el ISFAS –un organismo público que gestiona a través de 66 delegaciones la asistencia sanitaria y protección social y familiar de un colectivo de 600.000 personas, entre titulares y beneficiarios– realizará hasta el próximo 11 de enero cerca de 6.500 llamadas a sus afiliados.

La imposibilidad de visitar a familiares es el principal problema que los andaluces señalan entre los que han surgido como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, según el Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Se trata de un estudio realizado a partir de una muestra diseñada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de 3.600 entrevistas telefónicas, y tras un trabajo de campo llevado a cabo entre los pasados días 23 de noviembre y 3 de diciembre.

Así, la imposibilidad de visitar a familiares es el principal problema surgido como consecuencia de la pandemia en opinión del 36,8% de los encuestados, mientras que para un 16,8% son los problemas económicos –bajada de ingresos, ayuda de otros familiares–; y otro porcentaje similar (16,5%) afirma no tener «ningún problema».

Aquellos que refieren que la pérdida de trabajo o los problemas psicológicos son los nuevos problemas a los que se enfrentan a consecuencia de la pandemia representan al 8,8% y al 8,1%, respectivamente.

Con carácter general, cuando se pregunta por el principal problema de Andalucía, el paro sigue siendo la mayor preocupación para la mayoría de la población encuestada (57,3%), seguido muy de lejos por los problemas derivados de la crisis del Covid-19 (8%).

TELETRABAJO Y ATENCIÓN SANITARIA

En relación con los hábitos de trabajo, un 68,5% de los andaluces cuyo trabajo les permite teletrabajar afirman seguir haciéndolo al menos un día a la semana, y el 37,9% piensa que el teletrabajo les ayudaría a conciliar, según el barómetro, consultado por Europa Press.

El 79,7% de los encuestados afirma que «nunca» trabajaba desde casa antes de la crisis del Covid-19, y el 69,8% indica que no pudo teletrabajar durante el confinamiento impuesto por la pandemia porque su trabajo no se lo permite.

Por otro lado, en un bloque dedicado a la atención de los servicios sanitarios públicos, el 48,1% señala que estaría de acuerdo en que la atención sanitaria fuera telefónica para recetas y consultas generales, y presencial para el resto, mientras que el 42,8% de la población andaluza prefiere que la asistencia sanitaria sea sólo presencial.

La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha pedido este lunes a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que transmita al Gobierno y al presidente, Pedro Sánchez, la «predisposición» del Govern a negociar sobre el conflicto político entre Cataluña y España.

En el acto de firma de un convenio entre ambas instituciones en materia de ayudas para paliar los daños producidos por catástrofes naturales, celebrado en el Palau de la Generalitat y transmitido telemáticamente, Budó ha apuntado que el Govern tiene la «obligación política de ofrecer a la ciudadanía un horizonte de esperanza».

En este sentido, la consellera ha dicho que la voluntad de encontrar una resolución política debería pasar por atender «una ley de amnistía y poder ejercer el derecho a la autodeterminación».

Budó ha explicado que la iniciativa parlamentaria de promover dicha ley de amnistía para los presos del 1-O parte de que «la existencia de presos políticos y exiliados lo hace todavía más duro».

La consellera ha lamentado que «los envites y las trabas desgraciadamente son continuos», y ha citado la declaración este lunes del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su presunta implicación en el 1-O, o las supuestas maniobras diplomáticas para impedir una conferencia del conseller de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, en Estonia.

DIÁLOGO DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN

Darias ha respondido: «El diálogo es el camino y la Constitución es nuestro marco y nuestro contexto; una Constitución que abraza, que incluye y que acoge».

La ministra ha afirmado que el diálogo se debe dar en el marco de la legalidad vigente: «La unilateralidad no dio el resultado deseado, antes al contrario», ha afirmado.

«El Gobierno quiere que podamos caminar juntos, que podamos avanzar juntos y que el reencuentro sea posible», ha concluido Darias.

Sobre la conveniencia de una ley de amnistía, la ministra ha asegurado que la política y el diálogo dentro de la ley deben ser el marco de resolución de conflictos: «Máximo respeto al ámbito judicial, este gobierno no se pronuncia sobre esas cuestiones», ha dicho.

CONVENIO

El convenio firmado, entre otros aspectos, pone a disposición de las administraciones locales cerca de 37 millones de euros para cubrir el 50% de sus solicitudes en relación a las actuaciones para paliar los daños causados por catástrofes naturales como la DANA que afectó España en octubre de 2019 o el temporal Gloria, que provocó desperfectos en enero de 2020.

En este sentido, Budó ha anunciado que su departamento «hace una apuesta clara para disponer de un fondo específico para emergencias climatológicas dirigidas al mundo local, desligado del fondo de contingencia»; y que se pondrá al día las bases para estas ayudas.