El PP y Vox han pedido en el Congreso regular la figura de los microcréditos que utilizan los partidos para financiar sus actividades, una propuesta que se votará este jueves en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas. El PSOE, por su parte, apuesta por crear una subcomisión parlamentaria para estudiar la actualización de las leyes de financiación de partidos.

Fue la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José De la Fuente, quien alertó la pasada semana al Parlamento de que la actual legislación presenta una ‘laguna legal’ y que es necesario regular esta cuestión.

Según explicó, una cosa es el llamado «crowdfunding» (micromecenazgo), del que ya existen «muchos antecedentes» como rifas o fiestas de los partidos para financiarse, y otra los microcréditos que se están generalizando para afrontar las campañas electorales con aportaciones de particulares sin recurrir a entidades bancarias.

Mientras que el ‘crowdfunding’ esta regulado, los microcréditos son figuras «relativamente nuevas» que no disponen de normativa específica y su uso se beneficia de que existe una laguna legal. No se pueden considerar donaciones, ya que el dinero aportado se devuelve, pero no hay más legislación sobre créditos que la que se aplica a las entidades bancarias, con lo que estos préstamos de particulares quedan en el limbo.

LA NORMATIVA ES INSUFICIENTE

«La normativa es insuficiente para regular la naturaleza específica de los microcréditos y por eso el Tribunal de Cuentas recomienda una norma específica sobre créditos de particulares», avisó la presidenta del Tribunal de Cuentas.

De la Fuente lanzó ya algunas propuestas que debiera contemplar esa regulación. A su juicio, hay que fijar una cuantía máxima del prestamista, obligar a que las aportaciones sean ingresados en cuentas electorales, garantizar que el microcrédito se devuelva antes de un año natural y que se prohíba la condonación de las deudas a particulares, igual que no se permite a los bancos perdonar sus créditos.

A partir de ahí, tanto el PP como Vox han ‘recogido el guante’ y, en sus propuestas de resolución sobre los informes del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones generales y europeas de 2019, a las que ha tenido acceso Europa Press, han reclamado una nueva regulación sobre este asunto.

Así, el PP llama a reformar la LOREG para completar la regulación de las fórmulas de financiación de las campañas electorales, «haciendo mención específica a las nuevas herramientas de financiación basadas en plataformas digitales de financiación colectiva».

Los ‘populares’ también reclaman que el Tribunal de Cuentas fiscalice de forma efectiva el ‘crowdfunding’ en sus siguientes informes, verificando de forma «exhaustiva y continuada» el origen de los recursos, las condiciones de formalización, su cumplimiento y si se produce o no el reintegro íntegro de las cantidades.

VOX RECLAMA UNOS MÍNIMOS

Por su parte, Vox plantea que se estudie la conveniencia de regular esta práctica y que, al menos, se fije «una cuantía mínima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, que el dinero se ingrese en las cuentas bancarias electorales, que las cantidades tengan que ser devueltas antes de que pase un año natural de las elecciones y que si el prestamista renuncia a la devolución tenga que hacerlo por escrito y ésta pase a ser considerada una donación.

De su lado, el PSOE ha presentado una propuesta de resolución para que el Congreso cree una subcomisión que analice la conveniencia de reformar la legislación sobre financiación de partidos.

En todo caso, mientras se decide si se hacen o no reformas en este sentido, el Tribunal de Cuentas mantiene su vigilancia control de estos microcréditos y pide a los partidos que ofrezcan los datos que se exigen para los créditos bancarios y para las donaciones en campaña.

Así, en los informes de fiscalización sobre las campañas electorales todo ingreso y pago se debe realizar en cuentas electorales, no en metálico, y deben constar los datos del aportante (nombre y DNI). Y en los informes anuales se comprueba si ese microcrédito fue devuelto con cargo a las subvenciones electorales y si se han cumplido los requisitos establecidos en la póliza.

En su comparecencia de la semana pasada, De la Fuente ya avanzó que en los próximos informes anuales sobre partidos políticos se incluirá un anexo, similar al que ya existe sobre la deuda de las formaciones con los bancos, en el que se harán comparativas de microcréditos y sus condiciones.

Familias que desde hace años luchan por la despenalización de la eutanasia y la regulación del suicidio asistido han celebrado «con gran satisfacción» el respaldo que ha tenido en el Congreso la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y la celebración este jueves 17 de un pleno exclusivo para debatir este proyecto; y han destacado que cuando se apruebe, las personas serán «libres hasta el final».

«En un futuro ya inmediato, cientos de miles de personas van a ser libres para decidir cómo vivir y cómo morir y de esa manera dejar de sufrir innecesariamente», ha celebrado Txema Lorente, familiar afectado e impulsor de una recogida de firmas a favor de la despenalización de la eutanasia.

Tres campañas iniciadas por estas familias sumaron más de 800.000 firmas pidiendo la despenalización de la eutanasia; además, más de 600.000 personas pidieron que la fiscalía no presentara cargos contra Ángel Hernández, que en abril de 2019 ayudó a morir a su mujer María José Carrasco.

El propio Ángel José Carrasco inició en noviembre de 2019 una campaña en la plataforma para que se aprobase con urgencia la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. A ella se sumaron más de 291.000 personas. Ángel también es protagonista de otra campaña iniciada en este caso por Marcos Ariel Hourmann, el primer médico condenado en España por haber ayudado a morir a una paciente terminal.

El 4 de abril de 2019, tras conocer que Ángel había ayudado a morir a María José, inició una campaña para pedir a la Fiscalía de Madrid que no presentara cargos contra Ángel. Más de 600.000 personas se unieron a esta iniciativa.

«Hoy es un gran día. Dentro de muy poco va a haber en España una Ley de Eutanasia para aquellos que no quieran sufrir ni un solo segundo más de lo qué ellos mismos deseen», ha declarado Hourmann al conocer que este jueves será debatida la regulación de la ley.

Entre las familias que han luchado por la despenalización de la eutanasia se encuentra la familia de Maribel Tellaetxe, diagnosticada de alzheimer y quien, según cuentan sus hijos, «cuando se encontraba en plenas facultades mentales» pidió que la dejaran morir cuando perdiera la memoria por completo y se convirtiera «en un cuerpo inerte». Así lo hizo constar también en su Documento de Voluntades Anticipadas (DVA).

Maribel Tellaetxe falleció el 6 de marzo de 2019, pero su familia ya recogía firmas desde noviembre de 2018 en change.org pidiéndole al Gobierno la despenalización de la eutanasia. Su campaña, que a día de hoy suma más de 412.000 firmas, logró la respuesta del propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien recordaba entonces que al dolor de la familia se unía además «la desprotección legal en la que quedan enfermos, personal sanitario y familiares».

Tras conocer la convocatoria del pleno, los familiares de Maribel Tellaetxe se han mostrado emocionados por la noticia. «Sentimos emoción, alivio y satisfacción al ver que la lucha constante ha merecido la pena», ha señalado Txema Lorente, marido de Maribel.

Años antes, en mayo de 2017, Luis de Marcos inició una petición de recogida de firmas en change.org explicando los «dolores insoportables» que le provocaba la enfermedad que sufría y lamentando que la legislación española no le permitiera pedir la eutanasia. Luis de Marcos murió en agosto de 2017 y su compañera, Asun Gómez, tomó el relevo de su petición.

«Se va a imponer la voluntad popular y el Congreso, en representación de todo el país, va a aprobar la regulación de la Eutanasia. Muy pronto quien exprese repetidas veces su deseo de dejar de existir podrá hacerlo acompañado de sus seres queridos, de un médico, libremente y sin esconderse de nadie. Y realmente seremos libres hasta el final», ha destacado Asun Gómez.

Los servicios jurídicos de VOX han presentado ante los juzgados de Primera Instancia de San Sebastián un escrito de conciliación previa a la interposición de querella contra Covite por la publicación en la página web de este colectivo de víctimas del «Observatorio del terrorismo», firmado por Cristina y Rogelio Ariza Castro, en el que se vincula a la formación política presidida por Santiago Abascal con hechos delictivos de carácter terrorista.

Según Vox, los hechos con los que les relaciona Covite que nada tienen que ver ni geográfica, ni políticamente con Vox «mostrando una clara intención de dañar la imagen de una formación que ha condenado siempre la violencia», señalan en un comunicado.

«La manipulación es tan burda que llega a relacionar los crímenes de Anders breivik con los principios políticos de Vox, a pesar de que los crímenes se cometieran dos años antes de la fundación de Vox y de que no exista vínculo alguno», añaden.

El mismo informe establece también acusaciones calumniosas contra Vox al definir la ideología de esta formación, dentro del marco de un grupo de partidos europeos como: «una ideología política que se centra en uno o más de los siguientes elementos: nacionalismo, fascismo, racismo, antisemitismo, antiinmigración, machismo, nativismo y/o xenofobia».

Desde el departamento jurídico de esta formación política se considera injuriosa la mera inclusión de su nombre en un informe sobre temática terrorista y deberá ser corregida de inmediato, aducen.

«Del mismo modo, la equiparación de Vox con algunas de las organizaciones mencionadas en el informe es un daño intencionado de la imagen de la tercera fuerza política que representa a cuatro millones de votantes y denigra la honorabilidad de esta formación política», añaden.

Por estas razones, desde Vox se ha solicitado a los juzgados de Primera Instancia de San Sebastián que se celebre un acto de conciliación previa a la interposición de querella por un presunto delito de injurias y calumnias contra el «Observatorio del terrorismo» y contra Cristina y Rogelio Ariza Castro, todos ellos con domicilio en la sede del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).

El juzgado de instrucción 2 de Valladolid ha acordado la libertad del guardia civil jubilado detenido este fin de semana y que permaneció atrincherado en su domicilio.

De conformidad con el fiscal y con el criterio del forense, el investigado ha sido derivado a un centro hospitalario para su valoración psiquiátrica y la necesidad de un posible internamiento, según un comunicado del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogido por Europa Press.

La causa, abierta por un delito de atentado, la instruirá el juzgado de instrucción 1, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos y acordó las primeras diligencias.

El exguardia civil, de 47 años y con varios antecedentes policiales, se atrincheró el pasado sábado en su vivienda en el número 7 de la calle General Shelly y no fue detenido hasta este lunes cuando salía de su domicilio, y ello pese a la resistencia ofrecida, de ahí las lesiones leves causadas a cuatro policías.

En la detención se le intervinieron la pistola de perdigones, un spray de defensa y una navaja de 16 centímetros. Además, en el registro domiciliario se ocuparon dos carabinas de aire comprimido, dos machetes con hoja de 14 centímetros, un hacha de cocina y una defensa extensible de acero.

Todo comenzó en la tarde del sábado, sobre las 17.00 horas, cuando se recibió un aviso del 1-1-2 informando que en el domicilio se escucharon gritos y detonaciones. Al lugar, acudieron dotaciones policiales que confirmaron unas detonaciones que se escucharon desde la escalera, en el exterior de la vivienda. Los agentes intentaron hablar con la persona que se encontraba en el interior, si bien no fue posible.

La Policía Nacional desconocía si el arma era real o simulada por lo que se adoptaron las precauciones debidas por si los disparos fueran reales. Así, contactaron con el juez de guardia, que autorizó la entrada en el domicilio para confirmar que la persona se encontraba sola, retirar el arma de fuego y evitar daños a las personas.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de seguridad en el exterior del inmueble para evitar que el individuo disparara sobre los viandantes, por lo que se procedió a cortar la calle al tráfico rodado y se prohibió el paso de viandantes por la misma.

Simultáneamente, estableció un dispositivo de seguridad en la escalera de acceso a la vivienda por si la persona encerrada intentara salir de la misma para poder interceptarla, si bien fueron «infructuosos» los intentos de contactar con el sujeto.

Poco después se personó en el lugar de los hechos el equipo negociador de incidentes que consiguió establecer comunicación con el atrincherado con el que conversaron a través de la puerta. El individuo exteriorizó un discurso incoherente y efectuó ocasionalmente detonaciones de fogueo.

Tras la conversación mantenida por el equipo negociador con la persona encerrada, ésta abrió la puerta del domicilio y contactó con uno de los componentes del equipo. Cuando parecía que podía abandonar el piso, el exguardia civil intentó meter en la vivienda, «tirando de él», a un componente del equipo negociador, que tuvo que forcejear para evitarlo. En ese momento, los agentes uniformados intentaron entrar a la vivienda, pero no dio tiempo ya que cerró la puerta repentinamente.

Tras este intento de resolución el encerrado procedió a colocar la llave en la cerradura por el interior y acumular muebles detrás de la puerta, por lo que no fructificaron los intentos de abrirla.

Finalmente, se decidió que como la persona encerrada no representaba un riesgo para ninguna persona ni para él mismo, sin intención ninguna ni de abrir la puerta ni de salir de su domicilio, fueron retirados los efectivos policiales, sanitarios y bomberos manteniendo un indicativo radiopatrulla en el exterior de la finca por si en un momento dado decidiese abandonar la vivienda para poder interceptarlo.

La detención del agente jubilado se produjo este lunes cuando salía de casa.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Carlos Campo, acompañados por el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García, han encendido este martes el sistema de iluminación externa LED de bajo consumo del Palacio de las Salesas, sede del alto tribunal desde 1875.

Antes de proceder al encendido, el ministro de Justicia ha señalado que esta iniciativa permitirá integrar la sede del Supremo en la red de edificios históricos que participan con su iluminación en diferentes causas en determinados días de celebración nacional e internacional.

Ha añadido que «dar luz al edificio de la justicia debe servir para que la ciudadanía confíe aún más en el Poder Judicial, porque sin justicia no hay democracia»

Al hilo de esta «justicia iluminada, como símbolo de independencia y transparencia» de este poder del Estado, el titular de Justicia se ha referido a las fechas elegidas para estrenar esta iluminación, muy cercanas a las Navidades, y ha señalado que deben ser de «reencuentro y reflexión, y también de ilusión, la de imaginarnos un futuro sin covid». En este contexto, Campo ha recordado que el mejor regalo de esta Navidad debe ser el «cuidarnos» y mantener a nuestros mayores a salvo.

También ha tenido un recuerdo para «los que ya no están y para los profesionales que lo han dado todo durante el estado de alarma», añadiendo que el Gobierno «lo ha dado todo para no dejar nadie atrás, con los Presupuestos más sociales», lo que junto con la llegada de los fondos europeos» debe llevarnos a «aprovechar esa oportunidad»

Por su parte, Lesmes ha expresado su enorme satisfacción por la realización de este proyecto, en el que puso especial interés la que fuera su jefa de Gabinete Ana Murillo. También ha recordado que este palacio de las Salesas es desde hace 186 años sede del Tribunal Supremo por decisión del Gobierno del Gobierno de Juan Prim, que lo confiscó a las monjas salesa durante la Primera República.

A partir de hoy , «para satisfacción de los madrileños que pasean por su entorno» y para los visitantes, a juicio de Lesmes el significado de este edificio y su significante, gracias a la iluminación estrenada este martes, «irán de la mano» permitiendo a los que lo contemplen disfrutar de sus elementos arquitectónicos, como el conjunto que representa «la aplicación de la Ley por la Justicia». »

La luz frente a la oscuridad, la civilización frente a la barbarie», ha manifestado ante un pequeño auditorio en el que se encontraban, además de los miembros de la Sala de Gobierno del alto tribunal, el expresidente de este órgano Pascual Sala y el exvicepresidente Ángel Juanes.

El sistema ha sido instalado por Iberdrola, que ha realizado proyectos similares en el Congreso de los Diputados, el Puente Romano de Alcántara (Cáceres), la catedral de Ávila o el interior de la Catedral Nueva de Salamanca.

El científico austriaco Josef Aschbacher será nombrado este jueves previsiblemente director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), un cargo al que aspiraba el ministro español de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, según ha adelantado ‘El Mundo’.

Aschbacher es actualmente director de Programas de Observación de la Tierra de la ESA y director del Centro de Observación de la Tierra de dicho organismo internacional (ESRIN), en Italia.

El anuncio oficial se hará este jueves tras el Consejo de la ESA, que se reunirá este miércoles y jueves en la que será su sesión número 295, durante la cual la agencia tomará varias decisiones respecto a la alta dirección ejecutiva de la organización, entre ellas, quién será el nuevo director general.

Aunque el anuncio todavía no es oficial (la ESA de momento no se ha pronunciado al respecto) hasta que se den a conocer las votaciones este jueves, el propio Aschbacher ha sido felicitado por otro de los aspirantes al puesto, Christian Hauglie-Hanssen, director general de la Agencia Espacial de Noruega.

«Felicito a Josef Aschbacher como candidato para el cargo de nuevo Director General de la ESA. ¡Bien hecho! Espero la colaboración», escribió Hauglie-Hanssen a Aschbacher a través de Twitter el pasado 26 de noviembre. «Querido Christian, te agradezco sinceramente este mensaje. Eres un verdadero caballero. Espero una excelente cooperación», contestó por su parte el austriaco.

También ha felicitado a Aschbacher el exministro británico de Universidades, Ciencia, Investigación e Innovación, Chris Skidmore: «Enhorabuena a Josef Aschbacher como nominado para ser el próximo director general de la ESA, en sustitución del soberbio Jan Wörner». «Mi más sincero agradecimiento. Necesito contener la respiración hasta el día de las elecciones el 17 de diciembre», le ha contestado el candidato.

EL PP: «ESPAÑA PIERDE PESO INTERNACIONAL»

Al no prosperar la candidatura de Duque para dirigir la ESA, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España «sigue perdiendo peso internacional» con el Gobierno de Pedro Sánchez. «Fracasa la candidatura de Pedro Duque para la Agencia Espacial tras la derrota de Calviño en el Eurogrupo, la de Laya en la OMC, León para el Centro de Ciberseguridad y Barcelona para la Agencia de Meteorología», ha recalcado Casado, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

De esta forma, el líder del PP se ha referido también a dos noticias recientes, como el hecho de que León perdiera hace seis días la votación para acoger la sede del nuevo Centro Europeo de Ciberseguridad, que albergará finalmente Bucarest tras imponerse en la ronda final a Bruselas.

Además, la pasada semana también se conoció que la candidatura de Barcelona para albergar la tercera sede del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) quedó finalmente en segunda posición frente a la ciudad alemana de Bonn, que será quien acoja esta sede europea.

El pasado 30 de julio, el ministro de Ciencia e Innovación confirmó su candidatura a la Dirección General de la Agencia Espacial Europea, organización intergubernamental dedicada a la investigación y el desarrollo de programas espaciales, que aúna los recursos económicos e intelectuales de sus 22 miembros para llevar a cabo programas y actividades en el ámbito espacial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, han hablado por teléfono este martes durante 45 minutos, pero su conversación no ha servido para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la negativa de los ‘populares’ a cambiar de postura, según ha informado Moncloa.

Sánchez ha telefoneado a Casado después de que la semana pasada anunciara que retomaría su interlocución con el presidente del PP para intenta renovar «de una vez por todas» el CGPJ y otros órganos constitucionales. Casado había criticado días antes que llevaba casi dos meses esperando a que el jefe del Ejecutivo contactara con él.

Finalmente han hablado este martes pero, según Moncloa, no se han producido «avances» y la conversación «sólo ha servido para comprobar que la posición de bloqueo del PP sigue siendo la misma», a pesar del «nuevo llamamiento del presidente del gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78».

No obstante, el Gobierno ha informado de que la llamada efectuada desde Moncloa ha sido cordial y se ha prolongado por espacio de unos 45 minutos.

Asimismo, señalan que el presidente Sánchez ha transmitido al líder de la oposición que el Gobierno «está dispuesto a llegar a acuerdos de país con su formación y le ha reiterado la importancia de cumplir con el mandato constitucional de renovar órganos tan importantes como el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE».

El presidente y el líder de la oposición llevan unos dos meses sin hablar. De hecho, ni siquiera se saludaron en el acto que tuvo lugar el domingo 6 de diciembre en el Congreso con motivo del día de la Constitución, que se celebró con las restricciones a las que obliga la pandemia.

Casado denunció el pasado 30 de noviembre que desde que llamó a Sánchez a mediados de octubre para trasladarle la posición del PP ante la prórroga del estado de alarma, el presidente del Gobierno no le había devuelto aún la llamada.

Por su parte, el jefe de Ejecutivo aseguró el pasado miércoles, en una entrevista en Telecinco, que estaba dispuesto a llamar al presidente del PP, y el viernes él mismo anunció que iba a hacer esa llamada, aunque no concretó cuándo se produciría su conversación.

El objetivo de la conversación, según Sánchez, era el de desbloquear «de una vez por todas» la renovación del CGJP, que ya lleva dos años con su mandato caducado; precisamente los dos años que lleva el PP en la oposición, tal y como ha denunciado el presidente.

La eliminación de las restricciones impuestas para doblegar la primera ola se correspondió con un aumento de la movilidad y las interacciones sociales, pero no de una forma homogénea en el conjunto de la población, según las dos encuestas sobre movilidad y distanciamiento social realizadas a la población española dentro del ‘Proyecto Distancia-Covid’, en el que participan investigadores de varios centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

A partir de una muestra de 6.952 encuestas, los investigadores han podido aproximarse a la diversidad de los patrones de movilidad y la interacción social de la población española. Si bien la estructura de los hogares, número de personas y edades con los que se convive no cambió durante el periodo de estudio, el número de contactos diarios fuera de casa sí que lo hizo.

Los cambios observados no fueron homogéneos entre la población estudiada, sino que aumentaron los contactos principalmente en unas franjas de edad concretas: por un lado, el de los jóvenes de entre 20 y 24 años con personas de 20 a 29 años, por otro, el grupo de 65 o más años tuvo más contacto con gente de 30 a 49 años.

Con la supresión del estado de alarma se aprecia que la población de más de 20 años pasó de una media de 3 contactos diarios durante el confinamiento, a una media de 5 contactos diarios. «Nuestras estimaciones denotan un cambio notable en el número de contactos promedio en esta franja de edad, pero la encuesta no nos informa del contexto de estos contactos, y puede haber múltiples contextos y causas que expliquen este aumento», explica el investigador del CSIC Frederic Bartumeus, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).

«Para el caso del grupo de edad igual o mayor de 65 años el aumento podría corresponderse con las personas mayores que se relacionan con los que generacionalmente podrían ser sus hijos adultos. Además, es importante destacar que las encuestas las respondieron personas diferentes en cada fase por lo cual los resultados no corresponden a cambios individuales sino del conjunto de la población», añade el investigador del CSIC.

INICIO DE LA TERCERA FASE DE ENCUESTAS

El informe presenta los datos comparados de las respuestas anónimas recibidas en el primer y segundo período, así como las primeras estimaciones de los parámetros de movilidad y distanciamiento social para el conjunto de la población española. La información se completará con una tercera encuesta, en la que se puede participar de manera anónima a través de la página web del proyecto.

La primera encuesta se llevó a cabo dentro del período de estado de alarma y en fase de desescalada, entre el 14 mayo y el 10 de junio de 2020. La segunda se completó ya fuera del período de alarma, entre el 24 de julio y el 31 de agosto.

Según indican los resultados, pese al aumento de la movilidad y los contactos, la mayoría de los encuestados afirman seguir tomando precauciones para evitar el contagio. Durante el primer período de encuestas se estima que el 38 por ciento de la población de más de 20 años no tuvo contactos durante un período determinado de 24 horas, un 46 por ciento tuvo más de 5 contactos y el 8 por ciento tuvo más de 10.

En la segunda tanda de encuestas, el porcentaje de personas que no tuvo contactos en un período de 24 horas bajó del 38 por ciento al 14 por ciento, mientras que el de aquellos que tuvieron más de 5 contactos subió de un 46 por ciento a un 73 por ciento, y el de personas con más de 10 contactos subió al 15 por ciento. Pese a ello, tanto durante el estado de alarma como después, los encuestados han seguido haciendo un uso frecuente de la mascarilla y el distanciamiento social, así como el lavado de manos al regresar a casa.

En relación a la estructura dentro de los hogares, los investigadores han visto muy poca diferencia en la distribución de las personas con las que se convive. Los resultados muestran dos distribuciones claras: por un lado, se agrupan, las personas de una franja determinada de edad que tienden a convivir con personas de la misma franja de edad, y por otro las agrupaciones generacionales (familias), que incluyen diferentes franjas de edad.

MAYOR MOVILIDAD EN LA POBLACIÓN

El estudio muestra que durante el estado de alarma la mayoría de los movimientos de los encuestados fuera de casa no superaban los 10 kilómetros de distancia. De hecho, el 40 por ciento de los encuestados informaron de que sus desplazamientos diarios no iban más allá de un radio de acción de 1 km alrededor de su casa. Sin restricciones, los desplazamientos de los encuestados por encima de los 10 km se dispararon, al igual que lo hicieron el número de salidas semanales.

Durante el confinamiento el 80 por ciento de los encuestados aseguraba salir de casa entre una y siete veces a la semana. Solo el 15 por ciento de los encuestados salía más de siete veces a la semana, mientras que con el cese de las restricciones ese porcentaje se dobló: el 37 por ciento de los encuestados afirmaba salir a la calle más de una vez al día.

El destino de los viajes de los encuestados durante y tras el estado de alarma siguió dominado por los comercios, así como por escapadas a espacios públicos y viajes diarios a los lugares de trabajo, aunque será necesario realizar un modelo estadístico de los datos disponibles para poder realizar estimaciones más detalladas y fiables sobre la distancia y destino de los desplazamientos.

«Nuestros resultados en cuanto a la movilidad son preliminares, pues aún no hemos realizado con ellos ninguna inferencia poblacional, estamos en ello. En su conjunto los resultados permiten estimar la variabilidad de los patrones de movilidad y de interacción social de la población, aportando así información útil para la elaboración de modelos epidemiológicos que incorporen información relevante en cuanto a los patrones de contactos sociales», apunta el investigador de la Universidad Pompeu Fabra John Palmer.

En el proyecto participan el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC), un centro mixto del CSIC y de la Universitat de les Illes Baleares; el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), el Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC). José Javier Ramasco, del IFISC, y Frederic Bartumeus, del CEAB-CSIC y el CREAF coordinan el proyecto.

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha declarado «inadmisible» el recurso interpuesto por el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, contra la decisión del Parlamento Europeo del pasado 13 de enero que declaró vacante su escaño como eurodiputado.

Según ha concluido el tribunal con sede en Luxemburgo, la Eurocámara «no hizo más que transmitir a la institución información sobre una situación jurídica preexistente, derivada exclusivamente de las decisiones de las autoridades españolas».

Antes, la Justicia europea había desestimado hasta en dos ocasiones las medidas cautelares que había solicitado el líder independentista catalán en el marco de este procedimiento. Primero mediante un auto dictado en marzo de este año por el vicepresidente del Tribunal General, y después en octubre a través de un auto por la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la UE, la instancia superior.

El exvicepresidente catalán, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación en el marco del juicio del procés, reclamaba que se declarara la suspensión de la decisión del Parlamento de hacer constatar la vacante de su escaño.

La Eurocámara tomó nota en enero de la elección de Junqueras como europarlamentario con efectos desde el 2 de julio del año anterior pero hizo constar la vacante de su escaño con efectos desde el 3 de enero de 2020.

Esta decisión se adoptó después de que la Junta Electoral Central (JEC) declarara la ineligibilidad de Junqueras por haber sido condenado a una pena privativa de libertad y de que el Tribunal Supremo acordara el pasado mes de enero que el líder de ERC no podía desplazarse al Parlamento Europeo a jurar su cargo ni tramitar el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria ante el mismo.

En la sentencia que ha publicado este martes, el Tribunal General aclara que el Parlamento Europeo «no dispone de ninguna competencia para controlar la decisión de las autoridades de un Estado miembro por la que se declare la anulación del mandato de un diputado europeo en aplicación del Derecho nacional».

A esto, el fallo añade que la Eurocámara «tampoco dispone de facultad alguna para negarse a tomar en consideración la decisión de las autoridades nacionales por la que se declara dicha vacante».

Por tanto, el pasado 13 de enero el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, «no hizo más que informar a la institución de una situación jurídica preexistente, derivada exclusivamente de las decisiones de las autoridades españolas». Y en consecuencia, dado su «carácter puramente informativo», esta declaración «no puede ser objeto de un recurso de anulación».

Junqueras reclamaba igualmente que se tomaran las medidas necesarias para proteger y hacer efectivos sus privilegios, inmunidades y Derechos fundamentales como miembro del Parlamento Europeo.

Con respecto a este caso, el Tribunal General destaca que el presidente del Parlamento Europeo «no está obligado en modo alguno a adoptar medidas para confirmar la inmunidad de un diputado europeo», así como que «dispone de una facultad discrecional a este respecto, incluso cuando el diputado esté detenido o vea restringida su libertad de movimiento en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades».

Esta facultad, concluye el fallo, «excluye el derecho del señor Junqueras a exigir al presidente del Parlamento Europeo que adopte con carácter urgente medidas para confirmar su inmunidad».

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y ex director de empresas de la entidad Daniel Gil Mallebrera como autores responsables de un delito de administración desleal por los negocios inmobiliarios de la CAM en el Caribe.

En la sentencia, el tribunal explica que en la pena a estos dos directivos concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, y contempla además cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo, empleo o profesión en el seno o por cuenta de una entidad bancaria o de crédito de España.

En esta causa se investigaron las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta caja con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe. La sentencia dice que los dos directivos de la CAM «de común acuerdo» y a través de la entidad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) de la CAM «comenzaron a participar en el negocio de desarrollo inmobiliario y hotelero que en aquellos momentos estaba llevando a cabo la entidad mercantil Valfensal».

La Sala condena además a dos años de prisión a los administradores de la inmobiliaria Valfensal, Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó, como inductores de un delito de administración desleal y de tres delitos contra la Hacienda Pública. Les aplica el atenuante de reparación del daño causado y analógica de confesión de los hechos.

Por otro lado, el tribunal acuerda absolver a Vicente Sánchez Asencio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos, Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau Jornet, del delito de administración desleal del que venían siendo acusados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. También absuelven a Francisco Climent Navarro de los delitos fiscales y del delito continuado de administración desleal. Cuatro de los siete pertenecieron a la comisión de control de la CAM.

12,5 MILLONES YA CONSIGNADOS

En concepto de responsabilidad civil, la Sala resuelve que López Abad, Gil Mallebrera, Ferri Guardiola y Baldó Llorens deben indemnizar conjunta y solidariamente al Fondo de Garantía de Depósitos con la cantidad de 28 millones de euros más intereses, y añade que Valfensal SL es responsable civil subidiaria y la responsabilidad civil directa es de la compañía de Seguros CASER hasta el límite de 15 millones.

No obstante, apunta que de esa cantidad de 28 millones hay que deducir 12,5 millones que ya fueron consignados por Ferri y Baldó a cuenta del importe de la indemnización reclamada. Por lo tanto, la cantidad que deben aportar a modo de indemnización es de 17,5 millones.

En la sentencia, la Audiencia Nacional afirma que «ha quedado plenamente acreditado en autos la causación de un gravísimo perjuicio para la entidad bancaria como consecuencia de la actuación fraudulenta de los acusados, mediante una gestión que se podría calificar de negligente a través de la realización de una serie de operaciones arriesgadas a la vista de las circunstancias de mercado existentes en el momento en el que se desarrollaron los hechos».

Los magistrados recuerdan que por culpa de estas operaciones inmobiliarias el FROB se vio obligado a realizar una serie de «inyecciones» de dinero para «para paliar esa mala gestión». La causa se inició en 2012 a raíz de la querella del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que aseguraba que con el consentimiento de los exdirectivos de la CAM se desviaron fondos por valor de 28 millones que tuvieron que ser provisionados.

LAS INVERSIONES EN EL CARIBE

Entre los negocios inmobiliarios en los que entró la CAM en el Caribe está la compra y reforma del Hotel Caracol en México. El Consejo de Administración de la CAM acordó en abril de 2004 el préstamo de 30 millones de dólares a la empresa de Ferri y Baldó, que posteriormente se fue ampliando en diversas ocasiones hasta febrero 2014.

La adquisición de este hotel situado en la Riviera Maya tuvo un coste total de 60,4 millones de dólares, del que no consta «ningún informe relativo a la propuesta de inversión que debía haber realizado la TIP» –propiedad de la CAM–. Añaden que el «pago a una sociedad no está documentado».

La Sala subraya que el Consejo de Administración de la CAM tuvo una «actuación meramente formal», ya que López Abad y Gil Mallebrera habían dado previamente el «visto bueno» a todos los préstamos. Eran las personas que «directamente negociaban con los representantes legales de Valfensal, los que ‘estudiaban’ tales operaciones, las cuales, por cierto, siempre eran a iniciativa de los señores Ferri y Baldó».

Asimismo, recalca que los representantes de Valfensal manifestaban «qué tipo de financiación y qué importe debía tener la operación». «Esta gestión personalista era la que hacía que los trámites que se seguían para la aprobación de las operaciones y los distintos órganos por los que debían ‘pasar’ se supeditaran siempre a la decisión y al ‘visto bueno’ del director general y el director de Empresas de la CAM», concluye la sentencia.

Conducta similar se llevó a cabo para la compra de una parcela en Punta Cana (República Dominicana), la adquisición del Hotel Gala en Playacar en la Riviera Maya y de varias parcelas en Playa del Carmen (México).

El exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín declara este miércoles como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su presunta participación en un encargo al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín.

El juez del caso ‘Tándem’ también ha citado el expresidente de Persán José Moya Sanabria, al que fuera directivo de esta empresa Raúl Jara Lorenzo y Leticia Sánchez Mendoza, citados también como investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Además, escuchará a Antonio Fernández López, que comparece como testigo al estar personado como acusación particular.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 formó la pieza separada número 25 del conocido como ‘caso Villarejo’ para investigar lo que el comisario jubilado denominó como ‘proyecto Saving’.

Se trata de un encargo en el que el exsenador Francisco Rodríguez habría actuado presuntamente como intermediario y que podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Según adelantó ‘El Mundo’ y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, el objetivo de este encargo era mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

El proyecto tiene su origen en la operación Fadesa, «formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa».

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito. Finalmente en 2011, decidió acudir a Villarejo.

Para abordar el problema, el comisario jubilado diseño un plan para recuperar el estatus jurídico de Moya; disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses; y ayudarle a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Un equipo de expertos compuesto por profesores y arqueólogos de la Universidad San Pablo CEU, y técnicos en georradares encabezados por Luis Alvial, comenzarán este jueves 17 de diciembre la búsqueda con georradar de los restos del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Madrid.

Los investigadores esperan encontrar los restos del literato en una de las paredes de la capilla donde fueron inhumados en el año 1902. Aunque la iglesia fue calcinada al comienzo de la Guerra Civil, en 1936, incluida la arqueta en la que se hacía referencia a Calderón de la Barca, en los años 60, una nueva pista hizo pensar que los restos del dramaturgo podrían haber sobrevivido a la quema.

«El capellán Vicente Mayor recogió en un libro el dato que levantó nuestra investigación, que un sacerdote mayor de la congregación, que se encontraba enfermo en el hospital, le dijo: ‘No se preocupe. Los restos de Calderón no han desaparecido. No estaban en la arqueta de mármol. Se colocaron en un nicho que se hizo en la pared. La arqueta era una cosa simbólica'», ha explicado el coordinador del proyecto de investigación y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Pablo Sánchez.

Si bien, el sacerdote falleció sin indicar el lugar de la pared en que fueron enterrados los restos, y el capellán Vicente Mayor intentó encontrarlos aunque sin éxito pues era «como buscar una aguja en un pajar».

A diferencia de entonces, este jueves, los expertos contarán con georradar y búsqueda geotérmica para hallar los restos del autor de ‘La vida es sueño’. «La hipótesis la doy por cierta, otra cosa es que los restos pudieran haberse calcinado aunque las paredes se mantuvieran intactas. No doy por seguro el hallazgo pero es una obligación cultural y patriótica despejar esta incógnita, saber si los restos siguen allí o se perdieron», ha subrayado Pablo Sánchez en declaraciones a Europa Press.

El equipo comenzará la búsqueda por las paredes de la capilla dedicada a Calderón de la Barca y continuará rastreando toda la iglesia, los sótanos, así como el asilo y la sede de la Congregación de San Pedro Apóstol de los Presbíteros Seculares Naturales de Madrid.

«El georradar hace una radiografía de las paredes, siempre que esté la urna o una cajita (con los restos), la detectará», ha explicado a Europa Press el experto en georradar Luis Alvial, que se encargará de la búsqueda.

Si todo va bien, según ha precisado, podrían encontrar los restos «entre uno y diez días» o «nunca», si no están allí. En cualquier caso, Alvial ha remarcado que su función es encontrar la urna, lo cual sería «increíble» o, si no, «verificar que no está».

En caso de encontrarse allí, Alvial y su equipo de Falcon High Tech, prevén hallar la urna no en la propia iglesia sino en una sacristía, en un sótano o en un habitáculo adyacente, donde los restos pudieran estar «protegidos».

CAPELLÁN DE LA CONGREGACIÓN DE SAN PEDRO

Desde la muerte de Calderón de la Barca en 1681, sus restos cambiaron de ubicación hasta en siete ocasiones, hasta reposar definitivamente en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la Congregación de San Pedro Apóstol de los Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, de la que el propio Calderón fue capellán y a la que dejó en herencia todos sus bienes.

A día de hoy, una inscripción en la iglesia dice que allí estuvieron los restos y se perdieron, una afirmación que podría cambiar en los próximos días si la búsqueda concluye con éxito.

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha enviado este martes una carta a la jefa del Ejecutivo, María Chivite, en la que traslada su «voluntad firme de dimitir en el supuesto de que mi situación procesal pase a ser la de investigado o figura legal equivalente».

Así se lo ha comunicado Ayerdi a la presidenta después de que el Tribunal Supremo le haya abierto causa penal por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular de préstamos a Davalor Salud tras una querella presentada por UPN.

En la carta remitida por Ayerdi a la presidenta, que ha sido facilitada a los medios por Geroa Bai, el consejero explica su voluntad de dimitir, citando lo establecido en la ley foral del Gobierno de Navarra, que mandata el abandono de las responsabilidades en el Ejecutivo de cualquier consejero o alto cargo de libre designación en el caso de ser llamado en calidad de persona investigada por los tribunales.

«Si se produjera esa situación, lo único que me gustaría tener es una semana para poder preparar un estado de situación y para poder despedirme, como se lo merecen, todas las personas que han colaborado conmigo», afirma Ayerdi en la carta.

Mientras tanto, explica que seguirá «trabajando, de forma plenamente comprometida por el futuro de Navarra, tratando en mis decisiones, como hasta ahora, de contribuir de la mejor manera posible al desarrollo económico y social de nuestra comunidad».

Por su parte, Geroa Bai ha señalado que «a día de hoy no se ha producido» la situación de investigado para Ayerdi y su consiguiente dimisión, pero «en caso de producirse, asumirá motu proprio, tal y como ha confirmado a la presidenta».

Geroa Bai ha dejado patente su «convicción y confianza en la gestión que a lo largo de la pasada legislatura y en la presente está llevando a cabo Manu Ayerdi, desde el convencimiento de que los propios tribunales lo ratificarán».

El Gobierno de Canarias celebrará mañana miércoles un Consejo de Gobierno en el que decidirá si se endurecen las medidas contra la covid-19 en la isla de Tenerife, en función del informe de la Dirección General de Salud Pública, aunque por el momento se descarta el confinamiento.

Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en una rueda de prensa junto al presidente del Cabildo, Pedro Martín, tras una reunión para analizar la situación de los datos epidemiológicos en Tenerife, a la que han asistido casi todos los alcaldes de la isla.

El consejero ha indicado que hoy culminará el informe de Salud Pública que analiza la situación y la trazabilidad de los rastreadores en Tenerife y será el documento base para que en el Consejo de Gobierno de mañana se adopten las medidas pertinentes en relación a la ordenación de la actividad en la isla.

Blas Trujillo incidió en que el principal objetivo de estas medidas será proteger la salud de los ciudadanos y que en las próximas fechas se pueda desarrollar un determinado volumen de actividad económica y social, sin perder de vista que el objetivo final es frenar al virus, remarcó el consejero.

En cuanto a la posibilidad de que haya un confinamiento en la isla, el consejero quiso dejar claro que la situación de Tenerife se aleja bastante de la que padecen otros territorios, por lo que se descarta esa posibilidad por el momento. En cualquier caso, insistió en que será el Consejo quien tome la decisión.

A este respecto, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, hizo hincapié en que la Corporación insular no es partidaria de un confinamiento ni parcial, ni a nivel insular, pero afirmó que se someterán al dictamen que establezcan el Gobierno de Canarias y los especialistas médicos.

Por otro lado, el consejero ha avanzado que una de las medidas que se tratarán en el Consejo de Gobierno de mañana será el cierre temprano de los centros escolares, tal y como ya se ha hecho en otros países, aunque dependerá del informe de los epidemiólogos de Salud Pública.

AUMENTAR EL NÚMERO DE RASTREADORES.

En la reunión de hoy ya se han valorado algunas medidas, como incrementar el número de camas con equipamiento; realizar cribados selectivos en poblaciones con alta incidencia, así como aumentar la capacidad de espacios para alojar a aquellos pacientes no puedan pasar la cuarentena en sus domicilios.

Asimismo, se ha planteado aumentar el número de rastreadores que hay en Tenerife, que llegarán procedentes de otras islas, así como la cifra de rastreos, para lo que el Cabildo cederá algunos espacios, como el Recinto Ferial, para poder incrementar el número de pruebas.

El consejero precisó que en estos momentos hay más de 200 rastreadores en Tenerife, a los que se suman los efectivos del Ejército, y están en formación más de 40, una cifra que se podría incrementar en función de cómo evolucione la pandemia.

Además, resaltó que uno de los mejores datos de Canarias es la capacidad de su sistema de rastreo. No obstante, apuntó que uno de los principales problemas es que cuando se producen incumplimientos de las normas, muchas personas que luego dan positivo no colaboran con estos rastreos.

Por otro lado, el Cabildo ha planteado al Gobierno de Canarias que las personas que están en residencias de mayores no salgan en estas fechas en las tradicionales visitas a sus familiares, sino que sean éstos los que se trasladen a los centros. «Esto no es agradable, pero así estamos primando la seguridad», dijo Pedro Martín.

También se ha hablado de endurecer las sanciones a las personas que no cumplen con las recomendaciones y obligaciones frente a la covid-19, para lo que se reforzará la coordinación y colaboración de las policías locales y autonómica con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

UNA REUNIÓN «ABSOLUTAMENTE NECESARIA».

El consejero ha destacado que la reunión de hoy era «absolutamente necesaria» porque la situación que se vive en Tenerife requiere «más que nunca» la colaboración y coordinación de todos los poderes públicos para hacer frente a un «problema común» que también necesita del «empuje» de la ciudadanía.

Blas Trujillo ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad no sólo de la ciudadanía de Tenerife, sino de todas las islas, porque salir de esta situación depende en gran medida del comportamiento de todos, especialmente en las próximas fechas navideñas, en las que se puede caer en la relajación.

Por su parte, el presidente del Cabildo afirmó que el problema que se vive en Tenerife no afecta sólo a la zona metropolitana, sino a toda la isla, pues hay casos activos en casi la totalidad de los municipios, lo que requiere «un trabajo de coordinación de todos».

Pedro Martín también apeló a la responsabilidad de la población, toda vez que de los más de 5.000 casos activos en Canarias, 4.000 están registrados en Tenerife, una situación «anormal» que se da porque en los principales focos, como son las reuniones familiares, «no estamos teniendo el cuidado necesario».

Las farmacias europeas ofrecen una amplia y creciente cartera de servicios farmacéuticos, con prioridades definidas en ámbitos como la seguridad y eficiencia, el fomento de la adherencia a los tratamientos o la gestión de la cronicidad, según los resultados que se adelantaron del informe ‘Servicios Farmacéuticos en Europa: evaluación de las tendencias y valor que aportan’ del Instituto para la Salud Basada en la Evidencia (ISBE) de la Universidad de Lisboa promovido por la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU).

Los investigadores han realizado una revisión exhaustiva de la literatura científica y examinado los servicios farmacéuticos implantados en 32 países de Europa, incluidos los puestos en marcha durante la pandemia.

El estudio, que será presentado en las próximas semanas, destaca los resultados positivos y contrastados de los servicios farmacéuticos en ámbitos como la calidad asistencial por parte de los farmacéuticos y la seguridad del paciente.

También ha quedado demostrado el valor de los servicios farmacéuticos en el control de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o asma; así como en la revisión y seguimiento de la medicación, la deshabituación tabáquica o el apoyo en la adherencia terapéutica.

En la elaboración del informe se revisaron 149 estudios de los que 85 abordaron la eficacia o el impacto en salud de los servicios farmacéuticos y 64 realizaron evaluaciones económicas. Los autores del estudio concluyen que «existe evidencia sustancial sobre los servicios farmacéuticos en las revisiones sistemáticas cubiertas en esta investigación», si bien creen que hay margen de mejora ya que se presentan desafíos metodológicos al tratarse de intervenciones de salud complejas.

El encuentro de la PGEU ha sido inaugurado por la eurodiputada española del Partido Popular, Dolors Montserrat, quien ha destacado el «indispensable papel que están jugando las farmacias comunitarias durante la pandemia» y apostó porque «estén integradas en los servicios de Atención Primaria para aliviar así la presión asistencial sobre los sistema sanitarios».

Asimismo, el presidente de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea, Duarte Santos, ha destacado que todas las experiencias nacionales estudiadas muestran que los farmacéuticos comunitarios pueden ofrecer una labor asistencial de alta calidad, eficiente y centrada en el paciente.

Además, Santos ha dicho como los servicios farmacéuticos han demostrado ser beneficiosos para la calidad de vida de los pacientes, la salud pública, y sostenibilidad de los sistemas de salud. Por último el presidente ha explicado como la pandemia de la COVID-19 está demostrando la capacidad de la farmacia comunitaria para adaptarse a situaciones «difíciles y brindar una respuesta eficaz en caso de emergencia».

Las farmacias europeas han respondido a la crisis de la Covid-19 con la implantación de un buen número de intervenciones para garantizar el suministro de medicamentos y contribuir a la prevención. En este sentido, los autores del informe señalan que la pandemia ha puesto de manifiesto el carácter «altamente reactivo y adaptativo» de las farmacias en respuesta al brote pandémico.

Así, las intervenciones más frecuentes se centraron en las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio, desde la información y educación al paciente hasta el uso adecuado de los diferentes tipos de mascarillas. Además, se extendieron los servicios de atención farmacéutica domiciliaria y el apoyo telefónico, que permitieron evitar desplazamientos innecesarios, reducir contagios y garantizar el cumplimiento de los tratamientos.

En muchos países de Europa la legislación se adaptó para facilitar la participación de los farmacéuticos en este y otros ámbitos. Además, los farmacéuticos europeos han promovido acciones para garantizar el acceso a los medicamentos, generando información sobre la disponibilidad de los mismos para poder evitar desabastecimientos.

Ciudadanos ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para recuperar y «blindar» la prestación por hijo a cargo que el actual Gobierno ha integrado dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), salvo el supuesto de que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33%, que si se puede reclamar como tal.

Para los naranjas, esta decisión de «suprimir» la prestación es «cuestionable» atendiendo a los argumentos esgrimidos por el Gobierno, cuando alega que «ambas prestaciones tienen fines análogos». A su juicio, las ayudas por menor a cargo sirven para prestar un apoyo económico a hogares con ingresos reducidos pero no necesariamente en riesgo de exclusión social, para asegurar la adecuada atención del niño.

La presidenta del partido, Inés Arrimadas, ha señalado a través de su cuenta de Twitter que las formaciones en el Gobierno deben «rectificar» y apoyar esta iniciativa, recordando, además, que se trata de una medida impulsada por Unicef España, Save The Children y Plataforma de Infancia.

«Parece que el Gobierno no se entera de lo que están pasando los trabajadores que no pueden teletrabajar, q no se pueden permitir una reducción de jornada y una reducción de sueldo, porque tienen que cuidar de sus hijos que vuelven del colegio, que no pueden pasar allí las horas porque se encuentran en cuarentena obligatoria», ha criticado el portavoz parlamentario naranja, Edmundo Bal.

UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA CONCILIACIÓN

El diputado ha recordado que Ciudadanos ya pidió el regreso de estas ayudas en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en comisión y en Pleno, pero, según ha señalado, PSOE y Unidas Podemos les «pasaron por encima el rodillo» votando en contra.

Bal cree que «ya va siendo hora» de que se resuelva esta «cuestión de la conciliación». Dice que «nunca se ha tratado de poner encima de la mesa una solución definitiva» y opina que la situación de pandemia es el «mejor momento para poder alcanzar un pacto de Estado en esta materia» y «ofrecer soluciones a los problemas de los españoles».

En este sentido, llama a hacerlo desde «una perspectiva integral, desde todos los sectores productivos y personales» y con «un amplio grado de consenso entre todos los grupos parlamentarios, con todos los agentes sociales y con representantes de la sociedad civil».

El texto registrado en la Cámara baja, explican los naranjas, no sólo recoge el restablecimiento de esta asignación económica por hijo a cargo, sino que «promueve un fortalecimiento de la prestación», en línea con las reclamaciones que han venido siendo planteadas desde el Tercer Sector para mejorar la lucha contra la pobreza infantil.

INCREMENTO DEL UMBRAL

En ese sentido, la norma incorpora una serie de cambios en los parámetros de la prestación que «amplían de forma notable el alcance y la intensidad de su acción protectora en el presente», a la vez que señalan una senda incremental de cara al futuro.

En concreto, esta ley quiere que los umbrales que establece el acceso a la asignación económica –14.000 euros anuales– se incremente para cada ejercicio presupuestario en la misma proporción que la establecida para las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social. También seguiría este camino la prestación para familias que tengan la consideración de numerosas y que, en este caso, el umbral de ayudas se fija en 20.275 euros anuales.

El texto también propone que se determine un umbral de ingresos superior para el acceso de la prestación para las familias que tengan la consideración de familias monoparentales, que a estos efectos, se entienden como aquellas constituidas por un solo progenitor con el que convive el hijo o menor a cargo y que constituye el sustentador único de la familia.

En particular, con la puesta en marcha de esta ley se establecería dicho umbral en correspondencia con lo establecido con carácter general para las familias numerosas, incrementándose en los mismos términos por cada hijo o menor a cargo, en este caso, a partir del tercero, éste inclusive.

Finalmente, Ciudadanos quiere aumentar la cuantía de esta asignación económica, con carácter general, hasta los 100 euros mensuales (1.200 euros al año) por cada hijo o menor a cargo y, en paralelo, incrementar hasta los 150 euros mensuales (1.800 euros al año) por hijo o menor a cargo la cuantía a la que tienen derecho las unidades familiares que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad

En este sentido, y para mantener la correspondencia entre las cuantías establecidas para cada supuesto causante de la prestación, se incrementaría el importe de la prestación por hijo o menor a cargo con discapacidad superior al 33% hasta los 200 euros al mes (2.400 euros anuales).

Un 9,9 por ciento de la población española ha pasado el COVID-19 y ha desarrollado anticuerpos IgG, lo que supone un total de 4,7 millones de personas, según la cuarta ronda del ‘Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID’, presentada este martes en rueda de prensa y elaborada por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de las comunidades autónomas.

La tercera ola del estudio, realizada hasta julio, concluyó que el 5,2 por ciento de los españoles tenía anticuerpos IgG, es decir, poco más de 2 millones de personas. Los resultados dados a conocer hoy, por tanto, indican que entre julio y noviembre, dentro de la segunda ola, se han infectado aproximadamente el mismo número de personas en España que en la primera ola, según ha precisado la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti.

En esta cuarta ronda no se han observado diferencias en la seroprevalencia entre hombres y mujeres. Tanto en prevalencia actual como global, los porcentajes son menores entre los niños menores de 10 años, y muy similares en los demás rangos de edad. Sin embargo, se está detectando «aproximadamente el 60 por ciento de los casos», de acuerdo con los datos aportados por Yotti, mientras que en la primera fue del 10 por ciento, gracias a «un incremento muy importante en las técnicas diagnósticas en todo el país».

Yotti ha remachado que estas estimaciones aún deben confirmarse, trasladarse a la realidad de cada comunidad autónoma y estudiarse considerando otros factores que trascienden al estudio de seroprevalencia, como el porcentaje de casos en población institucionalizada (como residencias).

Con datos de la segunda quincena de noviembre, el porcentaje de personas que actualmente tienen anticuerpos IgG se sitúa en un 7,1 por ciento, según ha informado la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Marina Pollán. La diferencia entre el 9,9 por ciento de prevalencia global y el 7,1 por ciento de la actual «no significa» que esas personas hayan perdido los anticuerpos contra el virus, y por tanto no estén protegidas en cierta forma, sino que «no tienen niveles suficientemente altos para que el test rápido de anticuerpos dé positivo».

Los estudios de laboratorio que se están realizando estos días en el CNE con varias técnicas serológicas de alto rendimiento permitirán analizar si la diferencia entre la prevalencia global y la prevalencia actual se debe a la duración de la inmunidad o a otros factores relacionados con las técnicas utilizadas para la medición de anticuerpos.

51.409 PARTICIPANTES, MENOS QUE EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS

El número de participantes en esta cuarta ronda ha sido de 51.409 personas, el 53 por ciento de quienes fueron contactados. Esta cifra es «algo inferior» a la de las tres primeras rondas, pero «sigue siendo excelente y más que suficiente para la representatividad del estudio», ha defendido el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS del Ministerio de Sanidad, Alfredo González, quien ha defendido que, en cualquier caso, son «muy superiores» a los de estudios similares en nuestro entorno.

En esta cuarta ronda, el trabajo de campo del estudio se ha realizado entre el 16 y 29 de noviembre, con la participación de más de 1.500 centros de salud y 4.000 profesionales sanitarios. Los resultados publicados hoy se ciñen a los resultados de los test rápidos de anticuerpos, mientras que «en las próximas semanas» se presentarán «análisis más detallados» con las pruebas realizadas en laboratorio.

Está confirmada la realización de una quinta ronda, aunque Yotti ha puntualizado que no hay una «fecha cerrada», ya que tendrá que adecuarse a las condiciones epidemiológicas y a la campaña de vacunación, que previsiblemente comenzará en la última semana del año o la primera de 2021. Originalmente, se preveía realizar la quinta tanda de pruebas de anticuerpos en febrero y la sexta en abril.

IMPORTANTES DIFERENCIAS ENTRE CCAA

Al igual que en las rondas anteriores, hay una importante variabilidad geográfica en los resultados: mientras en el núcleo central de la península la prevalencia global se acerca e incluso supera el 15 por ciento, hay provincias en las que la prevalencia no llega al 5 por ciento. Así, hay tres provincias con una prevalencia por encima del 18 por ciento (Cuenca, Soria y Comunidad de Madrid), mientras que siete se encuentran por debajo del 5 por ciento: Canarias, Lugo, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Huelva y Córdoba.

Sin embargo, y a pesar de la mayor prevalencia de personas con anticuerpos en Cuencia, Soria y Madrid, la directora del Centro Nacional de Epidemiología ha rechazado que estas provincias hayan alcanzado algún tipo de inmunidad de grupo que permita relajar las restricciones. «Las estimaciones más bajas que se han hecho para alcanzar la inmunidad de rebaño están en torno al 40 por ciento. El hecho de haber alcanzado esa seroprevalencia no significa que las medidas de contención no sean aplicables a estas zonas», ha defendido.

No obstante, en comparación con las tres primeras rondas, en la cuarta se ha observado una mayor dispersión del COVID-19 a lo largo de España. La proporción de personas con anticuerpos IgG es mayor en residentes de grandes ciudades (más de 100.000 habitantes), y se sitúa en estas localizaciones en un 8,3 por ciento actualmente y en un 11,6 por ciento desde que comenzó la pandemia.

SANITARIOS Y MUJERES QUE CUIDAN A DEPENDIENTES, LOS MÁS AFECTADOS

Según los datos de la cuarta ronda, el personal sanitario (16,8%) y las mujeres que cuidan a dependientes en el domicilio (16,3%) presentan las cifras más altas de prevalencia global. También es significativamente mayor en mujeres ocupadas en tareas de limpieza (13,9%) y en mujeres trabajadoras del sector sociosanitario (13,1%).

De la misma forma, las personas que en algún momento han convivido con un caso confirmado presentan una prevalencia de anticuerpos IgG del 31 por ciento en esta cuarta ronda, y es menor (13%) en las personas que han tenido contacto con un caso confirmado no conviviente (persona familiar o amiga). Asimismo, se ha identificado que las personas que no tienen nacionalidad española tienen una prevalencia mayor, en torno al 13 por ciento, que «puede estar relacionada con el trabajo que realizan o sus condiciones de vida», ha argumentado Pollán.

El porcentaje de personas que dieron negativo en la primera fase del estudio que ahora tienen anticuerpos (lo que se conoce como tasa de seroconversión) se sitúa en un 3,8 por ciento, un porcentaje mayor que el 0,7-0,9 por ciento detectado en las primeras rondas. «Toda la movilidad que hemos tenido en verano y otoño se refelja en esta mayor tasa», ha justificado Pollán.

De la misma forma, el porcentaje de personas asintomáticas durante las 4 rondas que tiene anticuerpos IgG se sitúa en un 3,3 por ciento, mientras que en las rondas anteriores se mantuvo entre un 2,5 y un 2,8 por ciento.

La tasa de seroconversión entre participantes que desde el verano han convivido con casos conocidos o sospechosos de COVID-19 se ha multiplicado casi por 10 con respecto al porcentaje global de seroconversión: se sitúa en un 35 por ciento en convivientes de caso confirmado y en un 26,3 por ciento en convivientes de personas con síntomas COVID-19.

El porcentaje de asintomáticos en relación con el total de positivos se estima en torno al 30 por ciento. Los nuevos datos confirman que la prevalencia aumenta con el número de síntomas compatibles con la COVID-19, y que es particularmente alta (43%) entre quienes desarrollan pérdida de olfato (anosmia).

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta martes la toma en consideración de una proposición de ley, impulsada, a través de una iniciativa legislativa popular (ILP), por el Sindicato de Enfermería (Satse), para fijar un número máximo de pacientes por enfermera en España.

En la ILP, que contó con más de 660.000 firmas, y por tanto en la proposición de ley se señala que el establecimiento de unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en atención al número de pacientes dota de mayor efectividad los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias, refuerza el derecho a la protección de la salud y permite una mejor planificación de los recursos humanos dedicados a los cuidados asistenciales.

Y es que, tal y como se recuerda en el texto, existe evidencia de que la dotación «insuficiente» de enfermeras pone en riesgo la seguridad delpaciente y la de los profesionales, produce incrementos en la mortalidad y morbilidad de los pacientes, lo que se traduce, además de en los efectos indeseados mencionados, en mayores costes para el sistema sanitario en forma de reingresos y alargamiento de las estancias.

La proposición de ley ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, si bien muchos, como el PSOE, Unidad Podemos o Vox, han destacado la necesidad de introducir algunas mejoras para adecuarlo al marco constitucional. Y es que, tal y como ha señalado la diputada del PNV Josune Gorospe, partido que ha votado en contra de la toma en consideración, la iniciativa es «inconstitucional» porque invade competencias de las comunidades autónomas.

«De prosperar esta iniciativa supondría una ingerencia al ámbito competencial existente. Hay que respetar el ámbito competencial y dejar que cada órgano competente tome sus decisiones. Esta propuesta es inconstitucional», ha dicho Gorospe en la Cámara Baja, a lo que el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez le ha contestado que, si bien es cierto que el texto presenta problemas competenciales, es necesario que se establezcan unos ratios mínimos de enfermeras para toda España.

«De esto va la proposición de ley, no de competencias», ha aseverado el diputado de Ciudadanos, cuyo grupo ha apoyado continuar con la tramitación del texto porque es «bueno» para los profesionales de Enfermería, para el Sistema Nacional de Salud y para «todos los ciudadanos».

De la misma opinión se ha manifestado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Ana Prieto, quien ha asegurado que con esta proposición de ley se garantiza la seguridad del paciente en la atención sanitaria, «independientemente» del lugar donde resida. Además, ha recordado que la ILP ha sido impulsada por Satse, evidenciando así el compromiso de la profesión enfermera por garantizar la seguridad de los enfermos en España.

Asimismo, la diputada de Unidas Podemos María Márquez ha aludido a un estudio llevado a cabo por la profesora de la Universidad de Sevilla, Elena Fernández, que concluye que la carencia de enfermeras eleva la mortalidad de los pacientes y que a partir de nueve pacientes, cada paciente incrementado en la ratio supone que la probabilidades de fallecer aumentan un 19 por ciento.

«En España con el pretexto de la crisis en los últimos ocho años se han destruido 20.000 empleos de Enfermería, tiene una ratio de 5,7 enfermeras por cada 1.000 habitantes lejos del 8,8 de la Unión Europea, por lo que necesitamos incrementar la ratio. Es probable que esta proposición de ley sea susceptible de mejora y quizás es necesario, seguramente, perfeccionar su encaje en el marco competencial y prestar atención a los condicionales demográficos, pero para eso está la tramitación parlamentaria», ha recalcado Márquez.

LA ESCASEZ DE ENFERMERAS ELEVA LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE PACIENTES

De igual modo se ha expresado el diputado de Vox Juan Luis Steegmann, quien, no obstante, ha avisado de que haber tenido una adecuada ratio de pacientes por enfermera no hubiera compensado la «terrible y temible inepcia» del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus.

¿Se hubieran infectado menos enfermeras?», se ha preguntado en el Congreso Steegmann, a lo que él mismo que ha contestado que «no» por la «terrible escasez de equipos de protección individual» que tuvieron estos profesionales de Enfermería y que llevó a Satse a denunciar a España en la Unión Europa el pasado mes de marzo.

Ahora bien, el diputado de Vox ha «saludado» la proposición de ley porque cuenta con un «gran apoyo social y profesional» y porque, a su juicio y el de su grupo parlamentario, es «necesaria para la salud de los españoles y el adecuado ejercicio de la profesión de Enfermería».

«Hay evidencias de que el cociente enfermera por paciente es muy bajo y esto se refleja en más morbilidad y mortalidad, por lo que aumentar la ratio en toda España aumentará la salud de los españoles. Por supuesto que habrá que introducir matices adicionales y ver no sólo la ratio sino también la complejidad, pero apoyamos esta proposición de ley y en estos momentos de desolación de crisis sanitarios necesitamos más y mejores enfermeras», ha apostillado Steegmann.

Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Elvira Velasco ha lamentado el fallecimiento de nueve enfermeras fallecidas por el Covid-19 y ha destacado que la ILP haya estado avalada por más de 660.000 firmas. «Nuestro sistema sanitario es deficitario y la seguridad del paciente debe situarse en el centro de las políticas sanitarias», ha dicho.

Por ello, Velasco ha mostrado el apoyo de su grupo parlamentario a la proposición de ley, recordando que España es el sexto país del mundo con menos enfermeras en relación con su población y ocupando el 22 o 24 de los países de la Unión Europea en número de enfermeras por mil habitantes. «Hay razones suficientes para apoyar esta ILP», ha zanjado la diputada ‘popular’.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación sobre la quiebra de la empresa española Zed WorldWide con respecto al multimillonario ruso Mikhail Fridman, que la adquirió por 20 millones de euros.

Así lo ha acordado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que afirma que en la instrucción practicada no se ha podido demostrar «la participación ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al Grupo Zed por parte de Mikhail Fridman». La decisión acordada por el juez es contraria a lo que interesaba el Ministerio Fiscal.

«No existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos», explica el juez instructor en su resolución.

Por ello, considera que mantener imputado al empresario ruso sería «contrario» al principio de culpabilidad y de la presunción de inocencia, ya que no «existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor».

El juez García Castellón acordó la imputación de Fridman en agosto de 2019 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que era la persona que controló toda una serie de «maniobras» para llevar a la «asfixia económica» a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

EL INFORME DE PWC

En el auto, el magistrado se apoya además en la declaración de julio de 2020 de Edwin Harland, socio responsable de PWC que llevó a cabo la auditoria de ZED entre abril de 2013 y noviembrede 2014, y apunta que éste señaló que «no encontró evidencia alguna que relacionara a Fridman con las sociedades investigadas,ni atribuyó ningún tipo de responsabilidad, constando en lacausa los informes y cartas de PWC».

Indica el juez además que no considera necesario «ni útil ni pertinente» interesar más «papeles de trabajo que nada van a aportar» a la causa teniendo en cuenta la extensa documental obrante, y recuerda que la documental aportada por la defensa de Fridman, los abogados Jesús Santos y Víctor Mercedes del bufete Baker McKenzie, acredita «la inexistencia de un control ni directo ni indirecto ni sobre las sociedades, ni mucho menos sobre la operativa investigada».

Cabe recordar que en agosto de 2019, el magistrado acordó la imputación de Fridman al entender que lideraba presuntamente una operación financiera que llevó a la quiebra a la empresa española Zed WorlWide. Adoptó esa decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase en un escrito en el que consideraba al magnate ruso como la persona que controló toda una serie de «maniobras» para llevar a la «asfixia económica» a la tecnológica española y poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo al de mercado.

Hasta su archivo, Fridman era investigado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración fraudulenta, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

VIMPELCOM Y LA TESIS DE FISCALÍA

La auditoría de PWC al Grupo Zed llegó después de que Vimpelcom, propiedad de Fridman, solicitará una investigación sobre la gestión de unas de las sociedades de la tecnológica ante el «riesgo de una apropiación indebida de activos».

En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide.

Pero un informe policial obrante en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press puso en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostentaba «el poder fáctico y directo» sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.

Así, del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción, el fiscal consideró que el inversor ruso lideró «una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como ‘raider’ (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas, por lo que pidió su investigación.

Ahora el juez apunta que los mensajes obrantes en las actuaciones e incluso de las referencias a Fridman en las declaraciones «no implica al investigado en las operaciones investigadas, más allá dereferencias de terceros, en las que ninguna intervencióndirecta tiene el investigado». «No se puede sostener una imputaciónpor referencias que hagan terceras personas si no hay pruebaalguna que lo sustente», dice, para añadir que además no gozan de ningún soporte documental.

En su auto, el juez tampoco cree necesario atender la petición de Fiscalía de que delcarara el responsable de desarrollo de negocio de Vimpelcom, Philip Yalovega, y explica que a pesar de los intentos de que se realice, ha sido imposible su práctica.

La Reina Letizia se ha reunido este martes con representantes de ONGs españolas en el Valle de Sula (Honduras) que están trabajando en la emergencia y la cooperación en las zonas más afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, han informado fuentes de la Casa del Rey.

Acompañada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, y por el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, la Reina se ha reunido con representantes de Cruz Roja, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Médicos Mundi, Entreculturas, Cesal y con el padre Patricio Larrosa, presidente de Acoes, ONG galardonada este año con el premio Rey de España de Derechos Humanos.

Según estas fuentes cooperantes y las ONGs han valorado el impulso político de la cooperación española para la labor humanitaria en Honduras y han destacado que la visita de Doña Letizia contribuye al ánimo de los cooperantes y la esperanza de la población afectada. También han reprochado falta de sensibilidad de medios de comunicación que, a su juicio, no trasladan la realidad ni la dimensión de la tragedia.

La secretaria de Estado de Cooperación, por su parte, ha puesto el énfasis en el impacto de la devastación sobre la educación y la importancia de contribuir a una mejor formación de las nuevas generaciones.

Con ese objetivo, ha destacado un proyecto prioritario de la ayuda de España: el proyecto educativo que pretende impulsar la digitalización de la enseñanza en un país donde se caracteriza por ser rural y diseminada. Precisamente la visita de una escuela va a ser uno de los puntos de la agenda de la Reina en esta jornada en la región De San Pedro Sula.

En su viaje a Honduras, el primero centrado en la Cooperación que realiza este año, Doña Letizia hará entrega simbólica al presidente del país, Juan Orlando Hernández, de un cargamento de ayuda humanitaria destinada a las víctimas de los huracanes, que han obligado a evacuar a medio millón de personas y afectado de una u otra forma a un 40 por ciento de la población del país.

El avión en el que viajó la Reina este lunes transportaba 6,7 toneladas de ayuda, concretamente kits de cocina, lonas de cobijo, catres y material de bioseguridad, según ha informado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Otras 11 toneladas de material humanitario, entre las que se encuentran 2.000 catres y unas 24.000 pruebas de detección de Covid-19, salieron también el lunes de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y 30 más –kits de cocina, mosquiteras, mantas, bidones para transportar agua, lonas y tiendas de campaña familiares– que llegarán a San Pedro Sula por carretera desde la base humanitaria de la AECID en Panamá.

Entre estos envíos y la ayuda que ya se está distribuyendo en Honduras, el total de materiales enviados asciende a 120 toneladas de ayuda humanitaria.

La AECID valora el coste total de este material y su envío en unos 500.000 euros. Los costes de transporte de la carga serán asumidos, en un 75%, por el programa Team Europe –Equipo Europa–, coordinado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), que aúna recursos de los Estados Miembro y de la UE para cofinanciar la asistencia humanitaria internacional.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que este miércoles analiza en el Ministerio de Sanidad la oferta de plazas de formación de especialistas (MIR), ha reclamado un refuerzo de plantillas y una planificación urgente de los recursos ante los primeros signos que se están detectando de la llegada de una tercera ola de Covid-19.

Teniendo en cuenta la situación actual, la escasez de médicos de Familia y la necesidad de crear plazas de Enfermería Comunitaria, el sindicato reclama la creación de nuevas unidades docentes en los centros hospitalarios (lo que permitiría ampliar las plazas de formación) como la agilización de las acreditaciones.

Según señalan, los delegados de CSIF están comprobando como la situación sanitaria está empeorando en comunidades como la Valenciana o Madrid, y eso les lleva a «ver muy cerca la tercera ola». «Desde hace meses, CSIF está pidiendo un incremento de los recursos humanos y una mejor planificación de su distribución», añade.

Destacan la situación de la Comunidad de Madrid donde observa con «indignación» el traslado forzoso de personal al nuevo Hospital Zendal, procedente de otros centros hospitalarios. «La falta de planificación está provocando el contrasentido de que el personal del Zendal aún no se encuentra al 100 por cien de actividad por la falta de pacientes, mientras que en el resto de hospitales se ha incrementado la carga de trabajo. Por tanto, no es de recibo que con el repunte de casos que se prevé en las próximas semanas, se resten recursos de los hospitales del SERMAS para llevarlos al Zendal», advierten.

En otras comunidades, como Castilla La Mancha o Aragón, aunque la situación se mantiene estable en número de hospitalizaciones y de pacientes en UCI, observan que «los hospitales siguen muy justos de personal y se está reclamando una campaña de contratación, de cara a la vacunación Covid y ante una eventual tercera ola».

Otro problema recurrente son las dificultades de cubrir las bajas de personal contagiado, como sucede en Andalucía. «Aquí, el sistema sanitario público continúa tensionado por la atención a la Covid y aunque se ha logrado estabilizar las hospitalizaciones, nuestros delegados lamentan las bajas de personal sanitario contagiado (a primeros de diciembre se registraban en torno a 1.200 profesionales en incapacidad temporal)», explican.

CSIF insiste en que los efectos de la pandemia han puesto en evidencia las necesidades estructurales de nuestras administraciones públicas, que se han visto tensionadas y al borde del colapso. Y, en su opinión, el sector requiere de un plan estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea Las diferencias con la UE arrojan un déficit de 289.235 profesionales.