El Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias que anulan la cesión del Marquesado de Bellavista que le hizo a la empresaria Alicia Koplowitz su tío en 1982 y que se lo otorgan a María Elena de Cárdenas, por considerar que esta última tiene un mejor derecho por tener un grado de parentesco mayor con el último poseedor legítimo de este título nobiliario.

La Sala de lo Civil del TS, en una sentencia dictada el pasado 25 de noviembre, ha rechazado los recursos por error procesal y casación presentados por Koplowitz contra el fallo emitido en 2018 por la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó el dictado en 2016 por un juzgado de primera instancia de Alcobendas, donde se reconocía la demanda presentada por De Cárdenas.

El objeto de la disputa entre ambas es el título de Marqués de Bellavista, que fue concedido el día 27 de Diciembre de 1871 por el Rey Amadeo I a Gabriel de Cárdenas y Cárdenas, Caballero de la Orden Militar de Calatrava y Regidor de La Habana «para sí, sus hijos y sucesores legítimos perpetuamente». Las dos son descendientes en línea colateral del I Marqués de Bellavista.

De Cárdenas presentó en 2015 una demanda para anular la cesión del Marquesado de Bellavista a Koplowitz que le hizo en 1982 por vía notarial su tío Enrique Romero de Juseu Armenteros y para declarar el derecho preferente de la primera frente a la segunda, de modo que pueda usar y poseer el título nobiliario con todas las prerrogativas y los honores inherentes al mismo. Tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial dieron la razón a De Cárdenas, adjudicándola el Marquesado de Bellavista.

Koplowitz acudió entonces al Supremo con un recurso por error procesal, alegando que no se había valorado correctamente la prueba porque su rival no había logrado acreditar la legitimidad de su parentesco sanguíneo con el fundador del título, y con un recurso de casación por ese mismo motivo, por una supuesta vulneración del principio de propincuidad y esgrimiendo que para establecer el mejor derecho hay que tener en cuenta al último poseedor legal, no al fundador del título.

UNA «PRUEBA DIABÓLICA»

La conocida empresaria sostiene en sus recursos que no se ha aportado la partida de filiación de Agustín Cárdenas y Castellón, que uniría a De Cárdenas con el concesionario del título, por considerar insuficiente la certificación eclesiástica de su matrimonio y su testamento. El Supremo ha estimado, sin embargo, que «no hay ninguna razón para dudar» de estos dos documentos y, por tanto, de que era hijo legítimo.

Ha señalado además que el hecho de que Agustín Cárdenas y Castellón fuera o no hijo legítimo «carece de toda trascendencia en este pleito», dado que «se trata del bisabuelo del fundador del título», por lo que el Marquesado de Bellavista no procede de sus antepasados y solo se le tiene en cuenta «por ser tronco común de la demandante y de la demandada, de modo que permite computar el grado de parentesco entre ambas y el fundador del título».

«Lo paradójico», ha destacado la Sala Primera, es que si el argumento de Koplowitz prosperara también quedaría inhabilitada para ostentar el Marquesado de Bellavista, «puesto que el bisabuelo del fundador es el tronco común de demandante y demandada» y está cuestionando que fuera hijo legítimo. «Igualmente ella lo habría recibido de un descendiente que nunca lo hubiera podido poseer por proceder de una línea ilegítima», ha indicado.

LE MEJOR DERECHO

En cuanto al principio de propincuidad, conforme al cual el título nobiliario se transmite al ascendiente o colateral más propincuo (cercano) a falta de descendientes del fundador, el TS ha rechazado también el argumento de Koplowitz, según la cual De Cárdenas debía haber probado que no había tales descendientes. «Carece de todo sentido», ha afirmado, por cuanto «entrañaría una prueba diabólica» y porque «lo que se discute es el mejor derecho entre colaterales».

Por último, ha desestimado igualmente la pretensión de Koplowitz de que la proximidad de parentesco para determinar el mejor derecho se mida respecto al último poseedor legal del título, en este caso, su tío. Aquí ha subrayado la diferencia entre «último poseedor legítimo» y «último poseedor, aunque ostente el título legalmente según la normativa administrativa».

En este caso, el Supremo ha explicado que el tío de Koplowitz «ostentaba el título legalmente según la normativa administrativa pero siempre con subordinación a la aparición de un nuevo pariente con mejor derecho al título». De Cárdenas, ha establecido, tiene un mejor derecho porque su padre también lo tenía cuando en 1919 se rehabilitó el título y cuando mediante una sentencia de 1962 se traspasó a la línea del tío.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este martes que Ciudadanos (Cs) «lo señale» como hizo ETA en su etapa como juez de la Audiencia Nacional y ha defendido que «no se paga ningún peaje» por los apoyos para aprobar los Presupuestos Generales ya que, ha dicho, los acercamientos al País Vasco de presos de la banda terrorista se hacen «en aplicación de la ley penitenciaria».

«No se paga ningún peaje; el Estado de Derecho no pagó ningún peaje a ETA para derrotarla y el Gobierno no paga ningún peaje para aprobar los Presupuestos», ha defendido Grande-Marlaska en la sesión de control en el Senado.

Acto seguido, ha reprochado a Roldán que, mientras hablaba, la portavoz de Cs le hiciera gestos de desaprobación desde su escaño. «Señáleme como me señalaron ellos, porque yo fui objetivo de ellos», le ha dicho.

Grande-Marlaska ha sostenido que lleva dos años, desde que llegó a mediados de 2018 al Ministerio del Interior, «aplicando una política penitenciaria seria» y que los Presupuestos se aprueban porque es «lo que necesita España» para afrontar la recuperación económica en una situación de crisis por la pandemia de COVID.

«DELEGADA DE CLASE DE LAS DERECHAS»

El titular del Interior ha criticado el «discurso caótico» de Lorena Roldán, a quien ha llamado «delegada de clase de las derechas» por sus críticas por el centenar de acercamientos de etarras, y también por otras cuestiones como las visitas de familiares de etarras y dirigentes de EH Bildu a los presos cuando había restricciones de movilidad por la COVID o que se saque del módulo de aislamiento a terroristas como Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.

La senadora ha vinculado estas decisiones a una llamada directa previa del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha censurado que el Gobierno apruebe los Presupuestos contando con el apoyo de este partido o de ERC, «después de despreciar la vía moderada de Ciudadanos». «No cuela que esto salga gratis», ha añadido Roldán, que también ha reprochado los 416 actos de bienvenida a los etarras (ongi etorris) que se celebran con «impunidad», culpando de ello al Gobierno de Pedro Sánchez.

Como en otras ocasiones, Grande-Marlaska ha lamentado que Cs «olvide» que ETA fue derrotada, recordando su papel como juez de la Audiencia Nacional en unos «momentos difíciles». «Hoy es mucho más fácil», ha dicho al recordar que la dispersión fue útil cuando había atentados y tras recordar que «quienes aplican la ley general penitenciaria son los funcionarios y las juntas de tratramiento, que son quienes proponen la progresión de grado o dónde cumplir la condena».

El minstro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha comprometido de nuevo un año después de la DANA que afectó a municipios de Lérida y Tarragona a que el Gobierno agilizará «todos los trámites en los términos factibles» para resolver «a la mayor brevedad posible» los expedientes que permitan abonar las subvenciones por situación de emergencia de Protección Civil a los afectados de ambas provincias.

Las subvenciones por las que ha preguntado la senadora de Esquerra Republicana de Cataluña Sara Bailac son las relativas a los daños por emergencia de Protección Civil ante los daños ocasionados por las inundaciones que se produjeron en octubre de 2019, hace más de un año en la zona. Si bien, aunque la tramitación ordinaria de estas ayudas tiene un plazo de resolución de seis meses, a fecha actual, los afectados no han recibido aún estos pagos.

El ministro ha señalado no obstante que las subvenciones de Protección Civil y las que competen al Minsiterio del Interior «solo son el 1,6 por ciento» de todas las que proporciona el Estado en estas situaciones.

«Compréndame, entiéndame, lo sucedido con la tramitación de las ayudas no difiere de lo que ha sucedido con otros expendientes en el conjunto de admones públicas por durante la pandemia», ha justificado el ministro respecto al retraso, y ha manifestado que entiende a los afectados pero que trabajan para «agilizar dichos expedientes».

En todo caso, ha añadido que la situación de instrucción, resolución o estado de pendiente son «fases» del procedimiento y que las decisiones se tomarán «a la mayor brevedad».

En concreto, ha apuntado que de las 204 solicitudes de ayudas en el marco del Real Decreto 307/2005, ya se han resuelto 137 y que faltan 67. Marlaska justifica los retrasos en que «irrumpió» la pandemia y eso conllevó la paralización de los plazos administrativos al tiempo que los recursos de Protección Civil y Emergencias se centraron en la prevención de los efectos del coronavirus.

Por su parte, la senadora Bailac le ha reprochado al ministro que hace un año que terminó el plazo para solicitar las ayudas de emergencia pero las administraciones y la delegación del Gobierno, ni el Ministerio «no han sido puntuales».

Así, la he recordado la urgencia de las ayudas por las «grandes necesidades» sobrevenidas por las fuertes lluvias que, hacen que algunos pequeños ayuntamientos han hecho gastos que multiplican por cuatro su presupuesto ordinario.

«Hace un mes nos confirmaron que los expedientes seguían en fase de instrucción. Ustedes no han cumplido los plazos», la ha afeado la senadora que ha recomendado al ministro del Interior que haga «autocrítica» y resuelva los problemas de tramitación interna porque «lo que no puede ser» en su opinión es que un año después Marlaska confirme en el Senado que sigue pendiente de abonar las indemniaciones a familias, comerciantes y ayuntamientos, que «siguen esperando» a ser resarcidos.

La defensa del exdirectivo de BBVA Antonio Béjar, imputado en la pieza relativa a los trabajos del comisario Villarejo para esta entidad bancaria, ha solicitado al magistrado que instruye la causa que requiera al banco una copia íntegra de los servidores en los que se alojan todos los correos electrónicos relacionados con la causa para que sean depositados y custodiados en sede judicial.

Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, llegaba una semana antes de la nueva declaración de Béjar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. La defensa del exdirectivo quiere con esta nueva petición «evitar la pérdida, destrucción o daños de las evidencias digitales que constituyen elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo, de este proceso».

Además, el escrito responde al auto de 20 de octubre en el que el magistrado denegaba las diligencias que pedía esta parte, entre las que solicitaba tener acceso a la totalidad de la correspondencia albergada en los correos corporativos, tanto de BBVA como en Castellana Norte SA (empresas en las que fue cesado el investigado con posterioridad a su imputación formal en la presente causa) habida cuenta de que la parte del ‘forensic’ realizado por PwC solamente recogía parte de la correspondencia.

El juez, señaló entonces que el informe ‘forensic’ –documento de investigación interno que las grandes empresas suelen contratar con auditorías externas– encargado a PwC era «una actuación realizada por la propia entidad, no ordenada por este magistrado», y añadía que en su caso sería objeto de valoración cuando llegara el momento procesal oportuno.

Así, entendía que debía desestimar cualquier actuación encaminada a «corregir, incluir o eliminar criterios de búsqueda sobre este forensic», máxime cuando en ese mismo auto García-Castellón acordaba poner en manos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los documentos recabados por la consultora PwC para el informe.

De esa forma, el magistrado tomaba las riendas del análisis de los documentos facilitados por el banco. Se trata de 2,3 millones de coincidencias (hits) que halló el departamento de forensics de la consultora al buscar entre todo el material facilitado por la entidad –a través del despacho Garrigues– aplicando determinadas palabras clave.

EL CRIBADO DE DATOS PREVIO

La defensa de Béjar pone el foco además en el hecho de que los letrados del BBVA realizaron un cribado previo de los datos que aportaría a PwC para su ‘forensic’. Y apunta que el informe y los anexos elaborados por la consultora «no han sido objeto de protocolización notarial ni de fe pública de ningún tipo», algo que a su juicio «impide comprobar, entre otras cosas, la integridad, identidad e indemnidad entre los documentos analizados y los que efectivamente obran en los servidores de BBVA».

Igualmente, la defensa del exdirectivo explica que antes de ser investigada en este proceso, BBVA aportó una selección de documentos y correos electrónicos que sirvieron como base para atribuir a su cliente la condición procesal de investigado. Por este motivo, solicitan de nuevo que se incorpore a la causa otra serie de correos relativos a Béjar, que si bien contaron informe favorable del Ministerio Fiscal, fueron denegados por el juez –la defensa ha recurrido ya solicitando la reforma de esa resolución–.

Al hilo, incide en que lo que ha aportado BBVA a PwC y lo que aportó previamente la entidad a la causa es sólo «una parte de todos los elementos que albergan los servidores de correo y bases de almacenamiento digital que obran en poder de la entidad bancaria» por lo que reiteran que hoy por hoy es «imposible comprobar la identidad, integridad e indemnidad de la muestra previamente seleccionada y aportada, con los originales que albergan los servidores».

Y recuerdan que los servidores habitualmente suelen realizar borrados periódicos de archivos antiguos para liberar espacio de almacenamiento, lo que entraña «un riesgo de destrucción de elementos probatorios de estas actuaciones».

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado al Gobierno central de estar ausente durante la segunda ola de la pandemia generada por el Covid-19 para «mancomunar» responsabilidades y exige una dirección unificada para atajar la situación.

En su comparecencia ante el Pleno de las Cortes el presidente de la Junta ha tildado de «poco comprensible» que el Gobierno sólo actúe «a demanda» de las autonomías. «Pido al Gobierno de España que asuma esa función de liderazgo que la Constitución le encomienda, sobre todo ante una crisis de salud pública mundial», ha señalado Fernández Mañueco, quien ha recordado ante la Cámara que «el virus ni sabe ni le importa lo que dicen los Estatutos de Autonomía».

«El Gobierno de la Nación no puede estar ausente ni ponerse de perfil para socializar culpas o mancomunar responsabilidades», ha señalado el presidente, quien ha rechazado también el otro extremo que, a su juicio, fue por el que se optó en la primera fase de la pandemia, «querer acaparar todo el protagonismo.

Ante esta situación, el presidente de la Junta ha insistido en la importancia de «ir de la mano» teniendo en cuenta las responsabilidades y funciones de cada uno. «La gestión de las Comunidades precisa también de una dirección unificada en cuestiones esenciales para combatir la pandemia», ha reseñado, quien ha reiterado que es importante «armonizar medidas».

En su intervención, el presidente ha vuelto a reclamar medidas jurídicas intermedias que fuera eficaz para afrontar la pandemia, a medio camino entre la normativa ordinaria actual, que está «desfasada», y el Estado de Alarma.

No obstante, Fernández Mañueco ha asegurado que Castilla y León ha actuado «siempre» con lealtad y responsabilidad, aunque le hubiera gustado tener al Gobierno de España «más cerca» de las comunidades autónomas, en su competencia de coordinación.

«Cuando hemos trabajado todos juntos, con coordinación, todo ha funcionado mejor y todos, las personas, las familias, las empresas y el tejido social, han comprendido mejor los mensajes y las medidas», ha afirmado.

Por último, tras reconocer que también la Junta ha podido cometer errores, e insistir al Gobierno que sería necesario cuanto antes una evaluación independiente, el presidente ha asegurado que las actuaciones de Castilla y León se han basado en el análisis de los datos, atendiendo las recomendaciones de los expertos, y con todas las herramientas que tenía a su alcance.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que la intención del Gobierno ante la crisis migratoria en Canarias es «tener la mejor logística» para atender a estas personas y enviar el «mensaje nítido» a las mafias que trafican con ellas de que «Canarias no es ninguna ruta para entrar ilegalmente en Europa».

Calvo respondía así en el Pleno del Senado a la pregunta parlamentaria realizada por el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien ha calificado al Gobierno de «prepotente» y le ha pedido que pida perdón a los canarios por «las continuas mentiras de los ministros» que han visitado el archipiélago y por convertir las islas «en una cárcel».

La ‘número dos’ de Sánchez ha rechazado las críticas del representante canario que, a su juicio, debería ser consciente de las «dificultades imprevistas que aparecen» en esta materia, ya que, como ha indicado, Clavijo tiene experiencia en gestión pues fue presidente autonómico.

En este sentido, ha indicado las dificultades que implican en unas islas «disponer al mismo tiempo de espacios, calidad de los mismos, licencias e intervenciones» y ha defendido que el Gobierno ha trabajado en esta línea, consiguiendo seis espacios cedidos por Defensa.

Además, le ha recordado que el Ejecutivo ha puesto en marcha recursos «extra» y ha puesto como ejemplo los 40 millones aprobados este martes en el Consejo de Ministros, así como los 10 millones destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados.

A eso hay que sumar, ha indicado Calvo, la coordinación entre administraciones que les tienen que «ayudar» en Canarias e «implicar a las políticas europeas» en esta materia porque «Canarias es frontera sur de la Unión Europea». «No es fácil», ha señalado la vicepresidenta, para añadir que estas medidas se han de tomar teniendo en cuenta «la protección de los derechos humanos» y la «seguridad en la frontera».

UN GOBIERNO «SORDO Y CIEGO»

Sin embargo, para Clavijo el trabajo del Ejecutivo en esta crisis «brilla por su ausencia» porque, según ha indicado, sólo «han trasladado» a los migrantes de Arguineguín (Gran Canaria) a «otro sitio de las islas» y, además, con «oscurantismo» y «opacidad», sin dejar que estén presentes los medios de comunicación para dar cuenta de lo que ocurre.

Para Clavijo, el mensaje que sí está mandando el Gobierno es que los canarios no les «importan nada», y cree que el Gobierno está ahora «sordo y ciego» porque «no hay elecciones cerca». El senador canario ha criticado que desde la Moncloa se esté hablando de un Gobierno «progresista que no va a dejar a nadie atrás», mientras deja «abandonados» a los canarios.

«Esto ya lo vivimos en 2006 y no se solucionó mandando mensajes, ni convirtiendo Canarias en una cárcel, sino con la solidaridad de otras comunidades autónomas, como País Vasco y Comunidad Valenciana que ya se han ofrecido», ha señalado el senador.

En su réplica, Calvo ha insistido en que esperaba de un expresidente autonómico «una mayor capacidad de equilibrio y prudencia» para hablar sobre este tema. Además, ha afeado a Coalición Canaria que se haya «puesto de frente» a unos Presupuestos Generales del Estado que destinan 5.500 millones a Canarias. «Póngase de este lado y ayude a Canarias y no lo contrario», ha concluido Calvo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado al PP que se erija ahora en defensor de las competencias de las Comunidades Autónomas y, en concreto, de Madrid, cuando el fundador de su partido Manuel Fraga, «un ministro que se sentaba en la dictadura de Franco», se puso «de perfil» cuando se debatió en la Transición el Estado de las Autonomías «que ahora reivindican».

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que la senadora del PP Ana Camins acusara al Ejecutivo de «entregar atada de pies y manos» la Comunidad de Madrid a los «enemigos del Estado», por el pacto sellado con ERC para avanzar en la armonización fiscal, a cambio de su apoyo a los Presupuestos.

Ante las acusaciones del PP de que el Gobierno está incumpliendo la Constitución por invadir las competencias autonómicas en materia fiscal, Calvo ha defendido que no sólo el Ejecutivo cumple la Carta magna sino que el PSOE «desde el primer momento votó a favor del título VIII sobre la Organización Territorial del Estado.

«Ustedes, con Fraga, un ministro que se sentaba en la dictadura de Franco, se pusieron de perfil para entender las autonomías que ahora reivindican», ha espetado.

EL PP, «EN LA BRONCA CONTINUA»

No obstante, Calvo ha denunciado que lo que realmente ocupa al PP no es este debate sino estar «en la bronca continua». «Tienen que explicarle a los españoles por qué en el peor momento no han entendido ni una letra de la palabra pandemia y crisis. Ese es su problema y no saben cómo resolverlo», ha apostillado.

Por su parte, la senadora del PP ha comenzado su intervención argumentado que le dirigía su pregunta Calvo porque el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no es miembro del Consejo de Ministros, aunque «manda muchísimo más que los 22 ministros», según Camins.

A continuación, ha denunciado que «el Gobierno más radical de la democracia» se ha puesto de acuerdo con los independentistas para «cepillares el modelo fiscal de Madrid» que, a su juicio, «es un éxito», y «robarle a la Comunidad el legítimo derecho que tiene para bajarle los impuestos a los ciudadanos».

«OSCURO PEAJE» PARA LOS PGE

Se trata, según Camins, de «un nuevo y oscuro peaje en la sombra que le pagan a los socios para unos Presupuestos de la vergüenza que convierten España en una subasta de intereses». «Nos quieren hundir en su infierno presupuestario y freírnos a impuestos», ha alertado.

Todo ello demuestra, a su parecer, que al presidente Pedro Sánchez ya no le «importa» Madrid ni «derrocar» al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sino entregársela a los independentistas «para ver si ellos pueden torcerle el brazo».

Sin embargo, ha defendido que «Madrid es un bastión liberal que funciona» y la «locomotora del país», y ha avisado de que no les van a «permitir saltarse la Constitución» e «invadir sus competencias».

La Fundación Aladina celebra sus 15 años de vida convertida en la fundación española de referencia en el apoyo a los pacientes oncológicos infantiles. Esta organización atiende cada año a más de 1.500 niños y a sus familias en los 16 hospitales de España en los que colabora a través de sus programas de apoyo integral y sus intervenciones en hospitales.

Con Aladina llega a España un modelo de acompañamiento y apoyo a los niños con cáncer hasta entonces no explorado en España e importado de Estados Unidos en el que el tratamiento médico debía ir siempre «de la mano de la risa, el juego y el amor».

En estos 15 años la Fundación Aladina ha cumplido grandes sueños que parecían imposibles de abordar, por eso para el futuro próximo la mayor ambición de la fundación es ayudar a más niños y familias dentro y fuera de España. De ahí que la colaboración de la fundación con hospitales españoles crezca cada día y que con motivo de su XV aniversario haya emprendido un amplio programa de cooperación internacional para mejorar el bienestar y salud emocional de todos los niños enfermos.

Entre esas acciones, la donación de 500.000 dólares al Children’s Cancer Center for Children de Líbano que ha puesto en marcha un ambiciosos programa de trasplantes de médula ósea a niños con cáncer en el país, la donación del primer autocovid pediátrico de España al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o la donación del equipamiento a la sala de Odontología Pediátrica para niños discapacitados del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

Hasta la fecha, más de 20.000 niños y sus familias se han beneficiado de los programas y ayudas de la Fundación Aladina y la Fundación está presente en 16 hospitales de toda España: Almería, Asturias, Barcelona, Granada, Madrid, Murcia, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA

Al cumplir quince años desde su nacimiento, la Fundación Aladina ha renovado su imagen corporativa con un cambio de identidad que recoge el espíritu de su historia reciente y por supuesto conservando su personalidad, plasmada principalmente en la lámpara original, su distintivo más reconocible, y en el color naranja, que durante estos quince años le han acompañado.

La incorporación del color azul y el cambio a un tipo de letra de palo, recoge el trabajo y la experiencia de estos quince años de Aladina así como la renovación de su compromiso social y emocional con los pacientes oncológicos infantiles y sus familias.

El nuevo logo de Aladina hace visibles estos cambios y refleja la esencia de la fundación, su espíritu lúdico y emocional y a la vez la madurez adquirida durante los quince años de actividad, que le han convertido sin duda en la fundación de referencia en España en el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

A este cambio de identidad visual le seguirá en breve la renovación de la web de la Fundación Aladina, con toda la información sobre su actividad y la actualidad, así como un nuevo espacio para Socios y donantes y un área propia para todos los miembros de la Familia Aladina, dónde podrán darse de alta como miembros de la comunidad e incluir la información sobre su actividad relacionada con la fundación.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en la instalación de residuos mineros abandonada denominada ‘El Lirio’ por valor de 4 millones de euros.

Como consecuencia de esta actuación, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Administración competente en el control de residuos de la minería, quedará sujeta a las obligaciones previstas en un convenio que contemplará las labores de restauración, mantenimiento y conservación medioambiental de los terrenos afectados por los residuos mineros.

Asimismo, durante un plazo de, al menos, 75 años desde la concesión de esta subvención, quedará prohibido cualquier uso distinto de la restauración y repoblación forestal, según informaron fuentes del MITECO en un comunicado.

La medida se enmarca dentro de las actuaciones previstas en la Hoja de Ruta del Mar Menor, que prioriza medidas urgentes y estructurales para la recuperación integral de la laguna y la reducción de los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas en origen, entre ellas, acciones sobre residuos mineros y abordar la restauración de las zonas afectadas y suelos contaminados.

Por tanto, con la concesión de esta subvención se persigue un doble objetivo: la clausura y restauración de una de las instalaciones de residuos mineros calificada como «peligrosa», al estar incluida en el inventario público del MITECO, previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 975/2009, y eliminar el impacto de la filtración y de los arrastres de los metales pesados de esta instalación, dada su ubicación en un cauce vertiente a la laguna.

La escorrentía de metales pesados de las actividades mineras se ha identificado como una de las causas de la degradación de la laguna de agua salada en los últimos cuarenta años, por lo que la intervención es prioritaria para preservar la seguridad de las personas y del patrimonio natural en las zonas afectadas.

BALSA MINERA EL LIRIO

La balsa minera El Lirio, en el término municipal de Cartagena, ubicada en el paraje «Barranco de Ponce», es una instalación de residuos mineros ya abandonada, cuya descontaminación forma parte de las actuaciones previstas por el MITECO en la recuperación integral de la zona.

En España, el Ministerio recuerda que existe la obligación de restaurar los huecos mineros y devolver los terrenos a su estado original desde el año 1982. Desde 2009, los residuos mineros están además regulados por el Real Decreto 975/2009, que recoge y amplía las obligaciones que ya existían con anterioridad, obligando a la restauración tanto de los huecos como de las instalaciones de residuos que se formen como consecuencia de la industria extractiva.

Actualmente, existen en España 73 instalaciones de residuos abandonas peligrosas, 29 de ellas en la región de Murcia. Desde 2017 el Gobierno regional cuenta con un Plan de recuperación ambiental de suelos afectados por la minería como instrumento para la restauración de instalaciones mineras abandonas.

Las competencias en minería y para el control de las instalaciones de residuos están transferidas a las distintas CCAA. En concreto para la Región de Murcia, el traspaso de competencias se realizó a través del Real Decreto 640/1985, de 20 de marzo, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de industria, energía y minas.

El Ayuntamiento vizcaíno de Barakaldo ha aprobado este martes, en Comisión Informativa de Alcaldía, una declaración institucional para condenar el asesinato en Colombia de Juana María Perea, empresaria y líder ambientalista de origen vasco. El texto ha sido aprobado con el voto favorable de todos los partidos presentes: PNV, PSE, Elkarrekin Barakaldo y EH Bildu.

La declaración institucional recuerda que Colombia «lleva sufriendo una situación de violencia sostenida desde hace décadas, que ha generado un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos».

Además, añade que, «a pesar de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el proceso de paz no termina de implementarse y algunos acuerdos son incumplidos constantemente».

Así, indica que «parte de los antiguos combatientes de las Farc han vuelto a las armas, y desde los inicios de los diálogos de paz en 2012, alrededor de mil líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados por bandas paramilitares y agentes armados».

En este contexto de «persecución sistemática de líderes sociales», destaca que el pasado 29 de octubre fue asesinada en Nuquí, Departamento del Chocó, Juana María Perea, «empresaria y lideresa ambientalista de origen vasco», nieta de Andrés Perea Gallaga, primer delegado del Gobierno Vasco en Colombia.

Ante la «constatación del clima de violencia y violaciones de los derechos humanos» en Colombia, el Ayuntamiento de Barakaldo declara su «preocupación» por «el agravamiento de la violencia contra defensores de derechos humanos en estos últimos meses».

Además, manifiesta su condena por «el asesinato de Juana María Perea», e insta a las autoridades colombianas a «la investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento total de los hechos», así como a «la localización, detención y enjuiciamiento de los culpables, tanto materiales como intelectuales».

En el texto aprobado se reitera el compromiso del Consistorio fabril «con el pueblo de Colombia, con la defensa de los derechos humanos y del proceso de paz en aquel país», y se insta al Gobierno vasco a «seguir manteniendo y reforzando la cooperación con estos objetivos».

Por último, se solicita a las instituciones colombianas «reforzar el compromiso con la protección a activistas y ciudadanos amenazados, poniendo los medios necesarios para terminar con la violencia y la impunidad que la acompaña».

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido este martes el presupuesto de su departamento para 2021, que «recogen un incremento presupuestario sin precedentes», entre las críticas de la oposición a su reforma educativa, conocida como ‘Ley Celaá’.

«Un presupuesto que ha sido diseñado para ir más allá de la superación del enorme impacto que está suponiendo la pandemia de Covid-19 y que sienta las bases para la modernización y la transformación del sistema educativo», ha manifestado la titular de la cartera de Educación en el Pleno del Congreso de este martes, en el que se han debatido las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que corresponden a diversos departamentos.

En concreto, Celaá ha destacado que el presupuesto para el Ministerio de Educación y Formación Profesional asciende a un total de 5.697 millones de euros, lo que supone un incremento de un 139% respecto al presupuesto con el que comenzó 2020. «Nunca había existido un aumento de esta magnitud», ha enfatizado.

«Pasar la página de una política de recortes y de un marco legal retrógrado como el que hemos sufrido estos años es un primer paso imprescindible. Esperamos contar con el más amplio respaldo de sus señorías en esta etapa de modernización y puesta en valor de la educación que los más jóvenes merecen y la sociedad nos exige», ha enfatizado Isabel Celaá.

En el turno de defensa de enmiendas, desde Navarra Suma, Sergio Sayas ha afirmado que la mejor forma de invertir que se puede hacer «es invertir en libertad» y le ha acusado de «tratar de torpedear la libertad» de las familias para elegir centro a través de su reforma educativa.

«Han eliminado la demanda social porque creen que favorece a la concertada y no, favorece a la libertad», ha manifestado, al tiempo que ha añadido que el apartado dedicado a las becas en los PGE sí le «convence». Sayas también ha rechazado que la ley suprima el castellano como lengua vehicular.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno, ha dicho que la situación de la educación es «crítica» en España «desde hace mucho tiempo» y ha rechazado las palabras de Celaá respecto a que quienes no han apoyado la reforma se han autoexcluido.

De este modo, Martín Llaguno ha acusado al Gobierno de no trabajar por los españoles y actuar de forma «sectaria». «Su ley es mala porque no va a mejorar ni la calidad ni la igualdad ni la equidad», ha recalcado, para después agregar que «es el pago por adelantado» del Ejecutivo a Bildu y ERC. Ha criticado que el Gobierno haya dicho «no» a unos presupuestos que «servían a los niños» y «sí» a un proyecto «de ruptura» del nacionalismo.

«EL FIN DE LA DÉCADA DE LOS RECORTES»

La diputada de Más País Inés Sabanés ha reprochado a sus predecesores en el uso de la palabra que hayan centrado su discurso en la ‘ley Celaá’ en lugar de en los presupuestos. De esta forma, ha afirmado que apoyan «claramente» el presupuesto porque es «el fin de la década de los recortes» que ha afectado, en su opinión, al conjunto del país y, en especial, a la educación.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP y responsable de las políticas de Educación, Sandra Moneo, ha calificado los presupuestos de «ficticios» y cree que «responden a la compra de votos necesarios» para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «siga apoltronado en La Moncloa».

A su juicio, «no hay ni un solo objetivo de interés general que se esconda en estas cuentas públicas». «Si la ley que ustedes han tramitado de forma exprés no es un proyecto educativo sino político, las cuentas que usted ha defendido en esta Cámara son simplemente la constatación de que, más allá de su batalla ideológica, no hay nada que puedan ofrecer al sistema educativo español», ha zanjado Moneo.

El diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Joan Mena Arca ha calificado el incremento presupuestario en educación para 2021 de «algo histórico, que nunca se había visto», tras «una década de recortes ideológicos impulsados por los gobiernos del PP». Asimismo, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es «blindar» la educación pública, a través de la ley y de los presupuestos.

Para el diputado de Vox Joaquín Robles López, los presupuestos «dejan claro que también en la educación hay alumnos de primera y de segunda». El parlamentario ha indicado que su partido ve «problemas» y «no poca oscuridad» en el presupuesto.

Finalmente, la diputada socialista Luz Martínez Seijo ha hablado de un «extraordinario» presupuesto para educación, mientras que ha criticado la «política de recortes sistemática» del gobierno de Mariano Rajoy. Así, los considera «incomparables con la birria que dejó el PP cuando gobernaba».

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este martes que se puede «federalizar este país» sin esperar un cambio de la Constitución, destacando que hay muchos espacios en los que se puede avanzar, como en la descentralización de instituciones, así como construir una «España catalana».

Así lo ha manifestado en el coloquio posterior a la conferencia que ha protagonizado, bajo el nombre de ‘España en el contexto geopolítico de la post pandemia», acompañado del presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, y a la que ha asistido la consellera de Justicia, Ester Capella; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta; la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; el presidente de Foment, Josep Sànchez Llibre, y expolíticos como Josep Antoni Duran y Lluís Recoder.

Tras constatar las dificultades que hay para renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advierte de lo complicado que sería reformar la Constitución, pero defiende que con voluntad política se puede avanzar mucho sin cambiar su contenido.

«Se puede avanzar, por ejemplo, en la descentralización de instituciones. Hay algunas que son objeto de vergüenza, como que el Instituto Oceanográfico esté en Madrid cuando puede estar en Vigo, o puertos del Estado», ha sostenido.

ESPAÑA CATALANA

Tras asegurar que el país necesita una reforma, ha señalado que una de ellas pasa por construir una «España catalana» en que se recompongan las relaciones y se busque el encaje de Cataluña, y en la que se supere lo ocurrido durante los últimos años como consecuencia del proceso independentista.

«España debe dar un paso grande, pero Cataluña también tiene una responsabilidad. Cataluña debe dejar de mirarse en un espejo que refleja una imagen que poca gente reconoce», ha aseverado Puig, que cree que Cataluña ha perdido ambición.

«Los maximalismos llevan a maxifracasos, y estos llevan a maxifracturas», ha advertido el presidente de la Comunidad Valenciana, que también ha apostado por tejer alianzas, colaborar e interactuar con Cataluña, tras reivindicar que les unen muchas cosas, como el Corredor Mediterráneo.

Según Puig, otra de las reformas que se deben afrontar es para acabar con la «España macrocefálica, para corregir el poder centralizador de Madrid y acabar con el abuso del efecto de capitalidad», asegurando que no es una cuestión de banderas y sí de derechos e igualdad.

Así, ha defendido también la necesidad de dibujar un país que esté por la cooperación y la equidad, y cree que esto pasa por un cambio en la financiación, y ha señalado otros retos como el riesgo de despoblación de la España interior, entre otros.

VÍA VALENCIANA

También ha reivindicado el cambio de la Comunidad Valenciana desde que no gobierna el PP, que ha permitido que ahora no aparezcan «en la sección de tribunales, y sí en la de economía, con la fusión de CaixaBank y Bankia, y con la sede del Banco Sabadell.

Puig ha indicado que no quieren ser «un peón en el tablero político español», por lo que ha pedido un trato más justo para su comunidad, y ha asegurado que las bases de la ‘vía valenciana’, como lo ha llamado, descansan sobre el acuerdo, la serenidad y las alianzas.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 permitirán dar continuidad al esquema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «mientras que la evolución de la crisis sanitaria lo haga necesario».

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender las cuentas de su Departamento, donde ha subrayado que mantener el empleo, «tal como se ha hecho, permite garantizar las rentas y proteger a las personas trabajadoras».

«Este mecanismo de raíz europea ha solventado el envite más duro de la crisis y la flexibilidad interna que propicia será, sin duda, clave para seguir preservando, en el futuro, el tejido productivo y empresarial de nuestro país», ha dicho refiriéndose a los ERTE.

Durante su intervención, ha apuntado que con estas nuevas cuentas públicas se deja atrás la austeridad y los recortes y se trabaja en dar más derechos a la ciudadanía, en que haya mejores servicios y prestaciones públicas y en impulsar la actividad económica y el empleo.

También ha puesto en valor que la Europa con la que se ha dialogado este presupuesto es «de una sola velocidad» y que está reconstituida sobre las personas, «un motor humano que impulsará escenarios más justos, más igualitarios y más sostenibles.

Para Díaz, es necesario que España europeíce las políticas de trabajo y equipare las condiciones laborales con los países más avanzados del entorno español.

Necesitamos reformas igual que necesitamos inversión«, ha dejado claro la ministra, que ve necesario también una nueva generación de políticas activas de empleo, «con una hoja de ruta común, de la mano de las comunidades autónomas y de los agentes sociales.

En esta línea, Díaz ha indicado que la formación laboral «cobra especial importancia». De hecho, piensa que las transformaciones productivas y los cambios en el futuro del trabajo «van a requerir un enorme esfuerzo en el ámbito de la formación profesional».

NUEVO CONTRATO SOCIAL

La ministra ha explicado que con estas cuentas se están redactando «las bases del nuevo contrato social que se necesita», un contrato que «habla de cohesión, de innovación, de crecimiento inclusivo y de equidad», pero también que palía brechas y que tiene el empleo de calidad «como alma necesaria de la transformación».

No obstante, ha remarcado que los Presupuestos cuentan con políticas sociales transversales para frenar el daño que ha producido el proceso de descomposición de las rentas medias y permitir la movilidad social y laboral.

«Esas cuentas vinculan el desarrollo económico y social a la cooperación de todos los agentes que crean valor en una sociedad», ha incidido Díaz, que ha hecho hincapié en que es ahí «donde se dan la mano lo público, el trabajo y las empresas». «Es clave la cooperación y es imprescindible la dirección, el horizonte, el quién», ha añadido.