Axa ha alcanzado un acuerdo para comprar el 98% del Grupo Igualatorio Cantabria, firma de seguros de salud con especial peso en Cantabria, por 48,3 millones de euros, que serán abonados íntegramente al contado al cierre de la operación durante la primera mitad de 2021, según ha informado la empresa.

Un total de 302 de los 308 accionistas de Igualatorio Médico-Quirúrgico Colegial, S.A. de Seguros (Igualatorio Cantabria) ha suscrito hoy el acuerdo de compraventa con Axa Seguros del 98% del capital social del Igualatorio Cantabria. Asimismo, inmediatamente después, la junta de accionistas de Igualatorio Cantabria ha dado el visto bueno a los cambios necesarios en los estatutos para facilitar la venta a Axa Seguros.

La consejera delegada de Axa España, Olga Sánchez, ha señalado que el acuerdo entre el Grupo Igualatorio Cantabria y Axa supone «un fuerte impulso» a su apuesta por el negocio de la salud. Además, ha considerado la compra como el comienzo de «una nueva etapa para construir un Igualatorio aún más fuerte, moderno e innovador para los médicos, empleados, pacientes, asegurados y comunidad cántabra».

A través de este acuerdo, Axa Seguros comprará todas las entidades pertenecientes al Grupo Igualatorio Cantabria, incluidas el Igualatorio Cantabria, la Clínica Mompía y la escuela de enfermería Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Mompía.

El Grupo Igualatorio Cantabria ha contado con el asesoramiento de la firma Garrigues, a través de un equipo liderado por los socios de la oficina de Bilbao, Antonio Rego y Ricardo Villanueva, así como con la participación de Vicente María del Arenal y Amets Rodrigo, del área Mercantil y Seguros y Konstantin Jörgens y Claudia López del Villar, del área de Competencia.

Por su parte, Axa ha estado asesorada por Hogan Lovells, a través de un equipo liderado por Lucas Osorio y Felipe Vázquez Acedo. Ha contado con la participación de Casto González-Páramo y Alfredo Gómez, de Competencia, Adrián Vázquez y Olga Albalá, de Laboral, Gonzalo F. Gállego, de TMT, y Jorge Peris y Claudia Sánchez, del área de Seguros y Reaseguros.

Boehringer Ingelheim ha anunciado la adquisición de todas las acciones de NBE-Therapeutics, una empresa suiza de biotecnología centrada en conjugados de anticuerpo-fármaco y en el avance en las terapias dirigidas contra el cáncer derivadas de su plataforma de estimulación inmunitaria iADC. El valor total de la transacción es de 1.180 millones de euros y también incluye hitos clínicos y regulatorios contingentes.

El compuesto principal de NBE-Therapeutics, NBE-002, actualmente está en la fase I de ensayos clínicos para cáncer de mama triple negativo y otros tumores sólidos. De esta forma, Boehringer Ingelheim accede a una plataforma que se utilizará para crear una cartera de productos de ADC y para desarrollar posibles combinaciones con otros activos de su cartera de productos inmuno-oncología.

«La plataforma iADC de NBE-Therapeutics añade capacidades excepcionales de actuación dirigida a tumores de nuestra cartera de productos en oncología. Junto con nuestros activos, que actúan sobre células inmunitarias, podría permitir nuevas combinaciones más potentes que permitan avanzar hacia tratamientos eficaces y duraderos para los pacientes. Esta adquisición es un nuevo ejemplo de la estrategia a largo plazo de Boehringer Ingelheim para mejorar nuestra posición en la búsqueda de tratamientos innovadores contra el cáncer. Damos la bienvenida a Boehringer Ingelheim al equipo de gran talento de NBE-Therapeutics y esperamos colaborar con ellos en esta importante labor», ha comentado Michel Pairet, miembro del Consejo de Administración de Boehringer Ingelheim y responsable de la Unidad de Innovación.

Estoy enormemente orgulloso del equipo de NBE-Therapeutics y encantado de que Boehringer Ingelheim reconozca nuestra experiencia de categoría internacional en el campo de ADC. Esta transacción es una validación de nuestra plataforma y de su potencial para el desarrollo de las terapias oncológicas de próxima generación. Esperamos seguir avanzando con NBE-002, nuestro compuesto líder y el ADC anti-ROR1 mejor de su clase, y proseguir en la lucha contra el cáncer junto a Boehringer Ingelheim y sus sólidas capacidades de desarrollo clínico», ha señalado el director ejecutivo de NBE-Therapeutics, Bertrand Damour.

La adquisición de NBE-Therapeutics reforzará el enfoque estratégico de Boehringer Ingelheim en los tratamientos dirigidos a las células cancerígenas y complementará sus capacidades en el descubrimiento de antígenos, así como las tecnologías de anticuerpos y activadoras de linfocitos T. La compañía también ha cerrado otros acuerdos y colaboraciones estratégicas, incluyendo la adquisición de ViraTherapeutics y AMAL Therapeutics, que también están aportando activos.

NBE-Therapeutics tiene su sede en Basilea (Suiza), donde se fundó con el respaldo financiero de un sindicato de inversores tanto corporativos como institucionales, entre los que se encuentran el Fondo de inversiones de Boehringer Ingelheim y el PPF Group y sus principales accionistas, así como la empresa danesa Novo Holdings. La plataforma tecnológica de NBE-Therapeutics y sus activos derivados están protegidos por una amplia serie de patentes y licencias.

La Administración de Estados Unidos ha denegado las dos reclamaciones o recursos interpuestos por la empresa Vectrus contra su decisión de adjudicar a la sociedad KBR, dedicada a la ingeniería, la construcción y la logística, el nuevo contrato de sus Fuerzas Aéreas en Europa y Áfricaque abarca los servicios civiles de mantenimiento e intendencia de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

Se trata de un contrato que desde 2015 ostentaba Vectrus y en el marco del cual la plantilla española de la citada base lleva años denunciando su paulatina sustitución por militares norteamericanos.

Gracias a la adjudicación de dicho contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, que incluye además el mismo tipo de servicios en diversas instalaciones militares ubicadas en Turquía, KBR relevará a Vectrus al frente de los servicios prestados en la base aérea de Morón en materia de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, servicios de ambulancia, higiene industrial o servicios postales, entre otros aspectos, por un periodo inicial de cinco años ampliable a ocho según la información recogida por Europa Press.

KBR, recordémoslo, formaba parte de la sociedad Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria de este mismo contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa entre 2010 y 2015, precisamente antes de que el mismo fuese encomendado a Vectrus.

En ese sentido, durante sus años de gestión de los servicios civiles de la base de Morón de la Frontera, cuya superficie corresponde al término municipal de Arahal, VBR acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo (ERE) desprendiéndose de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de un límite de 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue máximo permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPAÑOL

El comité de empresa de la sociedad encargada de los servicios civiles de la base, encabezado por UGT en aquella etapa, avisaba ya de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.

El último de estos ERE fue consumado en 2014 con el despido de 55 trabajadores, un despido colectivo declarado «ajustado a derecho» por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que a través de una sentencia emitida en octubre de 2015, avalada después por el Tribunal Supremo y recogida por Europa Press, desestimaba el recurso de los trabajadores y no entraba siquiera a conocer las «pretensiones» deducidas por los recurrentes contra Estados Unidos y la Usafe, dada su «inmunidad de jurisdicción».

Y es que según el TSJA, en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos «se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos».

Así, el Alto tribunal andaluz circunscribía el conflicto a «la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos», reclamando la plantilla que las autoridades españolas aprovechen la revisión del convenio bilateral de defensa con Estados Unidos, para introducir garantías y mejoras laborales en favor de los trabajadores.

Banco Sabadell ha confirmado que cumple ya con los requisitos de capital exigibles a partir del 1 de enero de 2024, que coinciden con sus expectativas y además están en línea con sus planes de financiación, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Banco de España ha notificado este lunes a la entidad la decisión adoptada por la Junta Única de Resolución (JUR) sobre la determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) y el requisito de subordinación en base consolidada que le son aplicables.

Concretamente, Banco Sabadell deberá cumplir, a partir del 1 de enero de 2024, un requisito mínimo de MREL del 21,75% del importe de la exposición total al riesgo (TREA, por sus siglas en inglés) y del 6,22% de la exposición a la ratio de apalancamiento (LRE, por sus siglas en inglés).

Asimismo, el requisito de subordinación se ha fijado en el 14,45% del TREA y en el 6,22% del LRE, también exigibles a partir del 1 de enero de 2024.

A su vez, la JUR ha establecido unos requisitos intermedios que tienen que cumplirse a partir del 1 de enero de 2022. En este caso, el requisito intermedio de MREL es del 21,05% del TREA y del 6,22% del LRE.

Por su parte, el requisito intermedio de subordinación, aplicable a partir del primero de enero de 2022, se ha establecido en el 14,45% del TREA y en el 6,06% del LRE.

Los fondos propios que la entidad utilice para cumplir con los requisitos del colchón combinado (CBR, por sus siglas en inglés) no serán elegibles para cumplir con los requisitos de MREL y de subordinación expresados en TREA.

El Ibex 35 se ha anotado una subida del 0,54% en la sesión de este lunes, lo que le ha situado en los 8.155,6 puntos, en un escenario marcado por el inicio de la vacunación contra el Covid-19 en Europa.

El índice se ha comportado así después de que los Estados miembro de la Unión Europea hayan acordado por unanimidad la aplicación provisional del acuerdo anunciado el jueves por Londres y Bruselas para la relación comercial futura, a la espera de que el Parlamento Europeo le conceda la ratificación definitiva ya en 2021.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado marcha atrás y ha firmado finalmente el plan de ayuda económica contra el coronavirus, valorado en 900.000 millones de dólares, días después de que millones de hogares estadounidenses dejaran de percibir los subsidios al desempleo tras la finalización del plan de emergencia sellado durante el pasado mes de marzo.

En este escenario, las mayores subidas del Ibex 35 las han presentado Acciona (+3,84%), Siemens Gamesa (+3,44%), Naturgy (+2,72%), Aena (+2,6%), Almirall (+2,54%), PharmaMar (+2,35%) e Indra (+2,18%).

Por el contrario, en el terreno negativo han destacado Santander (-2,98%), Merlin (-2,17%), Telefónica (-1,71%), Colonial (-0,99%), Amadeus (-0,66%) y Acerinox (-0,55%).

El resto de bolsas europeas también ha cerrado en ‘verde’, con avances del 1,2% en París, del 1,49% en Fráncfort y del 0,72% en Milán, mientras que Londres ha permanecido cerrada.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 48,19 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 51,39 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2217 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 62 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,048%.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha presidido este lunes el acto de la firma de convenios del Plan Alhambra con el Ayuntamiento, la Universidad y la Archidiócesis de Granada y con la Fundación Abadía del Sacromonte, lo que permitirá que el dinero del monumento revierta en la ciudad, recuperando su patrimonio y reforzando su oferta turística.

Durante el acto celebrado en la Alhambra, tanto Patricia del Pozo como la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, han resaltado «el diálogo y la colaboración entre instituciones como pilar fundamental para lograr poner en marcha unos proyectos históricos para la Alhambra y para la ciudad de Granada».

La cuantía de los convenios es 14,9 millones con el Ayuntamiento, 1,3 millones con la Universidad, 2,1 millones con la Archidiócesis y 1,1 con la Fundación Abadía del Sacromonte. Además, la Fundación Rodríguez Acosta recibirá transferencias de financiación de capital de carácter anual por un total de 941.478 euros.

En total, serán una treintena de actuaciones, entre las que destacan la rehabilitación de la Muralla Zirí (uno de los tramos de la Muralla del Albaicín), la recuperación en distintos espacios del Palacio de los Córdovas y del Carmen de los Mártires, el proyecto de iluminación ornamental de edificios del Albaicín y del centro histórico y la climatización de la Huerta de San Vicente, entre las propuestas del Ayuntamiento.

La Universidad de Granada actuará en el Hospital Real, con la restauración del Patio de la Capilla y el vestíbulo de la Sala de los Rectores, mientras que la Archidiócesis restaurará el órgano de la Epístola de la Catedral, actuará en las fachadas y las cubiertas de la iglesia de Santa Cecilio y la rehabilitación de la torre campanario y de la nave anexa de la iglesia de San Andrés.

Por último, la Fundación Abadía del Sacromonte intervendrá en varios inmuebles ubicados en el entorno del recinto de la Alhambra, como las fachadas del edificio principal, el Colegio Viejo y las Santas Cuevas de la Abadía del Sacromonte.

«CONSENSO»

Para la titular de Cultura, «sería imposible poner más de 20 millones de euros al servicio del patrimonio y de la cultura granadina sin mirar todas las partes firmantes de estos convenios por el bien de Granada, de la Alhambra y de los granadinos, por lo que este consenso debe ser ejemplo para otros acuerdos.

Así, ha destacado que por primera vez el dinero de la Alhambra revertirá en Granada, recuperando su patrimonio y reforzando su oferta turística, cumpliendo además con una de las grandes reivindicaciones de Granada, que el dinero de la Alhambra revierta directamente en la ciudad».

Concretamente, la puesta en marcha de proyectos en el entorno del Conjunto Monumental y en otros lugares de la ciudad permitirá destinar parte del remanente de tesorería de la Alhambra a recuperar y potenciar el patrimonio de Granada. De esta forma, se busca además potenciar el atractivo turístico que supone la Alhambra y el conjunto patrimonial de la ciudad.

Con esta importante inversión, el Gobierno andaluz apuesta por que la ciudad de Granada continúe siendo un centro de vanguardia de la Cultura, del Arte y del Patrimonio Histórico, reforzando igualmente su compromiso por la reactivación de la economía y el empleo en la ciudad tras las negativas consecuencias generadas por la Covid», ha resaltado Del Pozo.

Por su parte, Marifrán Carazo ha indicado que este plan permitirá reconocer «aún más el valor que tiene la Alhambra para Granada» y todas estas actuaciones van a tener «una gran repercusión directa al generar empleo, activar inversiones y fomentar la economía, al tiempo que Granada va a recuperar protagonismo turístico y patrimonial al contar con más atractivos.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha destacado que el Plan Alhambra supone el tan «anhelado acercamiento» de la Alhambra a la ciudad, fruto de la colaboración y lealtad institucional existente entre el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía».

Ha recalcado «la idoneidad» de este proyecto, sobre todo en un momento como el actual marcado por la crisis derivada de la Covid-19 y dado que, «además de embellecer y favorecer la conservación del patrimonio de la ciudad y ampliar las expectativas de Granada de cara a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, va a suponer también un gran revulsivo económico a través de la generación de empleo».

Por su parte, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha mantenido que se trata de «una apuesta histórica por conservar el patrimonio de Granada, el mejor legado –ha dicho– que podemos dejar a las generaciones futuras».

La Junta de Extremadura valora el plan de refuerzo para la hostelería, el turismo y el comercio, aprobado por el Gobierno central «para garantizar la supervivencia de las empresas y mantener el empleo en sectores estratégicos para el país y para la región».

Así lo ha señalado el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, tras su asistencia, junto con la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, a la Conferencia Sectorial de Comercio y Turismo, en la que se ha informado de las últimas medidas adoptadas en los sectores de comercio, turismo y hostelería.

Durante esta reunión, según España, se han valorado los datos de los diferentes índices de la actividad de dichos sectores y se ha abordado la red de seguridad creada por la Junta de Extremadura y el Gobierno central desde el inicio de la pandemia actuando en cuatro dimensiones de medidas de liquidez y de financiación, laborales, fiscales y las relacionadas con la confianza y la seguridad.

Asimismo, se han repasado medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones y desde Extremadura se han puesto de manifiesto las ayudas extraordinarias para los autónomos como los Microcréditos Jeremie II de hasta 25.000 euros, la línea Extraval-Circulante Covid-19 avales por el 100% de hasta 150.000 euros para financiar operaciones de capital circulante, la flexibilización de los ERTES, los diferentes programas de formación y asesoramiento y el plan reactiva Extremadura destinado a potenciar la estimulación de la demanda.

España también ha destacado las ayudas para la creación, desarrollo y promoción nacional e internacional de las franquicias y del comercio exterior en la región y las ayudas dentro del sector turístico como los bonos y una «importante» campaña de difusión del turismo y del comercio, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

«Acciones todas ellas que ponen de manifiesto la implicación de la Junta de Extremadura y la decisiva convicción de ayudar e impulsar ambos sectores que aglutinan en torno al 20% del PIB de nuestra región y por tanto, entendemos que son vectores importantes de crecimiento y creación de empleo», ha agregado.

El consejero de Economía ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno se impulsará un nuevo decreto de ayudas directas al sector para tratar de paliar los posibles problemas derivados de estas fechas y las nuevas olas de contagio de la Covid-19.

Por su parte, la consejera Nuria Flores ha explicado las diferentes medidas que se han llevado a cabo dentro del Plan de Reactivación del Sector Turístico de Extremadura con un presupuesto de más de 12 millones de euros, como el Programa de Microcréditos a interés cero para empresas turísticas y hostelería, con dos millones de euros.

También el Programa de Bonos Turísticos para la reactivación de la demanda, en colaboración con las Diputaciones Provinciales con 4,5 millones; la campaña de posicionamiento de destino de cara al año 2021; o la creación de productos turísticos en colaboración con el sector de la hostelería, como el programa ‘Gastroexperiencias’ que ha contado con la participación de más de 400 establecimientos.

Los sindicatos UGT y CCOO ha comenzado con las movilizaciones en el sector del aceite y sus derivados como consecuencia del bloqueo en la negociación del convenio colectivo provincial que afecta a unos 4.500 trabajadores y a unos 350 empresas jiennenses, de las que más del 90% son cooperativas.

En la concentración celebrada en el edificio que alberga la sede de Cooperativas Agro-alimentarias en Jaén, el responsable de Industria de CCOO en Jaén, Mariano Chinchilla, ha apuntado que las movilizaciones llevan por la «sinrazón» de la patronal con una propuesta de subida salarial de un 0,6 por ciento para los próximos cinco años, punto que los sindicatos tachan de «inasumible».

Chinchilla ha lamentado que la patronal no haya tenido en cuenta «el esfuerzo» que hicieron los trabajadores en el anterior convenio y que ahora mantengan una propuesta que «no es justa». Ha añadido que la patronal «tiene que recapacitar» y que debe ir a un convenio que dé «empleo de calidad» en lugar de «precarizar el sector».

Sobre la reunión negociadora de este martes, Chinchilla se ha mostrado confiado en que «la patronal entre en razón y conseguir un convenio digno para los trabajadores y trabajadoras del sector». En el caso de mantenerse las posturas, Chinchilla ha apuntado que las movilizaciones irán «aumentando, iremos a concentraciones, a paros y no descartados convocar una huelga en el sector».

Por su parte, el responsable de Organización de FICA-UGT, Antonio Marcos, ha indicado que el principal punto de fricción en la negociación de este convenio que expiró en octubre del pasado año es la subida salarial propuesta por la patronal y que se sitúa en un 0,6 por ciento para los próximos cinco años, lo que ha tachado de «tomadura de pelo».

Se trata de un porcentaje de subida que Marcos ha calificado de «insultante» para los trabajadores sobre todo teniendo en cuenta «el esfuerzo» que hicieron los trabajadores para firmar el anterior convenio y las renuncias que asumieron.

Los sindicatos proponen una subida salarial del tres por ciento, además de la reducción de la jornada en cuatro días de los 1.800 actuales y mejoras sociales. Según Marcos, la propuesta de la patronal, tras un año de negociaciones, «ni de lejos empieza a paliar lo que los trabajadores cedieron en su momento» y ha añadido que a la patronales «se le tenía que caer la cara de vergüenza» con sus planteamientos en la negociación.

Ha añadido que pese al inicio de las movilizaciones, «no hay bloqueo del convenio, vamos a seguir sentándonos en las negociaciones, pero lo que sí hay es un golpe en la mesa diciéndole a esta patronal que de una vez por todas el sistema cooperativista tiene que demostrar su carácter social».

Por parte de CCOO, Mariano Chinchilla ha incidido en que «el esfuerzo que hicimos en el sector hace cinco años fue muy importante y no se ha tenido consideración por parte de la patronal». Ha señalado que un sector como el del aceite que «constantemente pide apoyo a las organizaciones sociales, a las entidades públicas, a la Administración», a la hora de sentarse a negociar las condiciones laborales de los trabajadores en las empresas, «sean cicateros» y «esa solidaridad que piden para con el sector no la quieran aplicar con los trabajadores que también son el sector del olivar y del aceite de oliva».

Ha apuntado que son empresas de fuera de la provincia, las que ahora «pretenden reventar el convenio» y quieren «rebajar los costes laborares en el sector del aceite de Jaén para seguir quitándole beneficios a las cooperativas y llevárselos a sus cuentas de resultados fuera de la provincia de Jaén».

La consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, y el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, han vuelto a reclamar el Gobierno un plan nacional de ayudas directas a los sectores de hostelería y turismo, al considerar «insuficiente» el Plan de Refuerzo aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros.

Los dos consejeros, que han participado por videoconferencia este lunes en la Conferencia Sectorial de Comercio y Turismo del Ministerio, han insistido en la necesidad de diseñar un verdadero plan de ayudas coordinado y en el que participen todas las administraciones.

Y es que, según los consejeros castellanoleoneses, el Plan de Refuerzo aprobado en el último Consejo de Ministros se basa fundamentalmente en ayudas fiscales, tales como el aplazamiento de deudas tributarias durante seis meses, de cotizaciones sociales, deudas hipotecarias, o el aplazamiento de IRPF o Impuesto de Sociedades en el caso de los arrendadores.

Al respecto, Ana Carlota Amigo cree que estas medidas «son escasas» y solo llegarán a una «mínima» parte del sector, además de que no contemplan ayudas directas que garanticen la continuidad del empleo, al tiempo que ha subrayado que se ha aprobado «de forma unilateral», sin contar con las organizaciones que representan al sector ni con las comunidades autónomas.

«Esto ha impedido la necesaria coordinación para diseñar un plan de ayudas que garantice la unidad de acción y una mayor eficacia de las medidas que se están adoptando por parte de las distintas administraciones», ha enfatizado Ana Carlota Amigo.

Por su parte, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha subrayado ante la ministra que las comunidades necesitan «certidumbres sobre cómo, cuándo y cuánto dinero van a percibir de los fondos europeos procedentes del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico.

En este sentido, Javier Ortega ha asegurado que es «esencial» contar con información certera en las reuniones que desde la Consejería se van a retomar con el sector en el mes de enero. Asimismo, ha insistido en la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Ministerio en la gestión de esos fondos europeos que se van a distribuir en los próximos tres años.

Durante la reunión, ambos consejero se han referido a las diferentes medidas impulsadas por la Junta tanto en ayudas directas como en apoyos financieros a los sectores más afectados y Ana Carlota Amigo ha insistido en que este esfuerzo debe ser «complementado» por el Gobierno de España, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde se han establecido ayudas directas para compensar las pérdidas generadas por el descenso de actividad.

Asimismo, la consejera ha hecho hincapié en la necesidad de prolongar los ERTEs más allá del 30 de enero mientras que el consejero de Cultura y Turismo ha solicitado al Ministerio la reducción temporal del IVA de los productos turísticos para conseguir así incentivar la demanda, lo que, a su juicio, es «fundamental» para la reactivación del sector en 2021.

La Fundación La Caixa ha invertido cerca de un millón de euros en proyectos de transformación social en el ámbito rural, según ha informado este lunes en un comunicado.

Cerca de 10.000 personas en situación de vulnerabilidad y que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes serán las beneficiarias de los 38 proyectos seleccionados en la sexta convocatoria del Programa de Ayudas a Iniciativas Sociales 2020, que buscarán mejorar su calidad de vida y garantizar su acceso a los servicios básicos de atención a las personas.

La convocatoria se estructura en cuatro ámbitos: la promoción de la autonomía personal y la atención al envejecimiento, la discapacidad o la enfermedad; el desarrollo sociolaboral; el apoyo al valor de la comunidad, y la atención a la infancia y juventud.

En el primer ámbito, se han seleccionado 14 proyectos que tienen entre sus objetivos «el mantenimiento de la gente mayor en el territorio reduciendo el desarraigo por las dificultades de atención, la mejora de la autonomía personas de personas con discapacidad con una atención integral en el lugar de residencia, la prevención y respuesta ante el aislamiento social y la soledad no deseada y la interrelación de la gente mayor con personas de otras edades.

En el ámbito sociolaboral, se han seleccionado once proyectos basados en «el diseño de itinerarios de inserción sociolaboral adaptados a los potenciales y características del medio rural y el fomento del emprendimiento, la autoocupación y los proyectos de cooperativismo».

En el ámbito comunitario, se han escogido diez proyectos que impulsan el «fomento de la participación y la creación de vínculos sociales entre diferentes territorios rurales, nuevas formas de desarrollo comunitario más participativas y que generan nuevas respuestas a retos del territorio, gestión de la diversidad social y cultural y el fomento de la convivencia intercultural y la promoción de los valores culturales de las comunidades rurales».

Finalmente, en el cuarto ámbito, se han seleccionado tres proyectos de «promoción de la inclusión y el desarrollo socieducativo de la infancia y adolescencia en situación de pobreza o riesgo de exclusión y de su entorno familiar, y programas educativos para la infancia y la juventud que favorezcan el desarrollo psicosocial».

«Las personas más vulnerables que viven en zonas rurales a menudo no tienen la misma igualdad de oportunidades para acceder a los servicios de atención básicos, y esta convocatoria pretende, precisamente, contribuir a revertir esta situación», ha señalado el director general de la Fundación, Antonio Vila.

El sector pesquero español ha mostrado su alivio por los recortes sobre sus capturas en aguas del Reino Unido tras la firma del acuerdo del Brexit, pero no ha ocultado su «preocupación» por las consecuencias que pueda tener para los intereses de la flota nacional a medio y largo plazo, según ha informado Cepesca en un comunicado.

En concreto, el sector, fuertemente arraigado con sus homólogos europeos, ha lamentado el impacto negativo que el acuerdo ha tenido para países como Irlanda, Dinamarca, Holanda o Francia que, según los primeros cálculos, podrían ver recortadas entre un 25% y un 17% sus posibilidades de pesca en aguas del Reino Unido de aquí a 2026, y advierte sobre las consecuencias que ello puede tener sobre el equilibrio pesquero europeo tras el período transitorio de cinco años y medio que ahora arranca.

El secretario general de Cepesca y presidente de la patronal europea Europêche, Javier Garat, ha trasladado este lunes la posición del sector al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el transcurso de una reunión virtual en el que se ha analizado el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido.

«A pesar del alivio a corto plazo tras conocer las cifras con más exactitud, debemos de ser prudentes y tener los ojos puestos en nuestro futuro», ha asegurado el secretario general de Cepesca.

Garat ha solicitado a Planas que España trabaje en Europa para apoyar y defender los intereses del sector pesquero europeo a medio y largo plazo, ya que, a juicio de la patronal española, «si no existe estabilidad para el sector en su globalidad, no la habrá tampoco para cada uno de los países de la UE, entre ellos España.

Igualmente, el secretario general de Cepesca ha transmitido al titular del ramo la «frustración y desesperanza» de los países miembros de la Alianza Europea de la Pesca (EUFA, por sus siglas en inglés), a la que pertenece España, para conseguir un acuerdo general, así como su percepción de que la Comisión Europea ha dado un «duro golpe» a la pesca europea.

«Consideramos que es una pena que las promesas de la CE, refrendadas en el mandato de negociación, cayeran en saco roto en las últimas horas de la negociación y ahora la UE tiene la responsabilidad de buscar fórmulas para compensar a los pescadores y no volver a dejarlos tirados», ha indicado.

Según el sector pesquero nacional, si bien en el corto plazo los recortes que van a afectar a la actividad pesquera en aguas británicas son menores de los manejados durante las negociaciones, lo que se ha traducido en un alivio para los pescadores, las consecuencias a largo plazo si son preocupantes.

El panorama, según ha transmitido el sector al titular de Agricultura en la reunión, no es el mismo a largo plazo y las consecuencias se pueden considerar como preocupantes por varias incógnitas fundamentales.

En primer lugar, porque tras el período transitorio de cinco años y medio habrá que negociar las cuotas y el acceso a las aguas anualmente, generando una importante incertidumbre para las empresas pesqueras. Esta incertidumbre no favorece la planificación empresarial y, por lo tanto, las inversiones.

Igualmente, y según el sector, se desconocen qué consecuencias tendrá el acuerdo en la Política Pesquera Común (PPC) y en la estabilidad relativa, es decir, en las claves de reparto de las cuotas entre los distintos Estados miembros.

Además, tampoco se puede conocer cómo afectará a los intercambios de cuotas entre los diferentes países, puesto que, a partir del Brexit, todos los países miembros que faenan en las aguas del Reino Unido dispondrán de menos cuotas que ofrecer.

Por último, el sector ha mostrado su preocupación por las consecuencias en la gestión sostenible de los 119 stocks compartidos.

«Es necesario seguir trabajando con nuestros colegas de otros países para defender a la pesca europea hasta las últimas consecuencias, tal y como hemos hecho hasta ahora en el marco de EUFA, y gracias a la cual, creo sinceramente, hemos podido aliviar los resultados de estas negociaciones», ha subrayado Garat.

En la reunión, por parte de Cepesca, también han participado Iván López y Jesús Lourido, presidente de Agarba y gerente de la OPP77 Puerto de Celeiro, respectivamente.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha multado con 295.000 millones de pesos colombianos (unos 70 millones de euros) a la constructora brasileña Odebrecht, a las compañías colombianas Corficolombiana, Episol y la concesionaria de la Ruta del Sol y a Gabriel Ignacio García Morales (como agente del mercado), ex viceministro de Transporte, por idear y ejecutar un «sistema restrictivo» de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato del segundo tramo de la Ruta del Sol.

Al mismo tiempo, se han aplicado diferentes multas para varios empresarios de Odebrecht y Corficolombiana. Por parte de la constructora brasileña, se encuentran los directivos Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Yezid Augusto Arocha Alarcón. Por parte de la sociedad colombiana, la SIC ha multado a José Elías Melo, expresidente de la compañía.

Según ha informado en un comunicado la SIC, en una primera fase se incluyó un acuerdo «anticompetitivo» a favor de la concesionaria de la ruta, mientras que, en una segunda fase, los implicados idearon una red de reembolsos y pagos irregulares, que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos.

Esta acción permitió dividir los costes derivados del pago del acuerdo anticompetitivo, así como desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con el fin de obtener los mayores beneficios posibles.

La investigación, según la SIC, contó con la colaboración del exviceministro de Transporte colombiano, que actuó como delator y confesó las conductas que violaban el régimen de libre competencia de la Ruta del Sol tramo 2.

«El sistema ideado e implementado para violar la libre competencia tuvo como contexto el esquema de corrupción desplegado por Odebrecht a nivel mundial que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países», ha detallado el comunicado de la SIC.

En este contexto, Odebrecht, Corficolombiana y Episol sobornaron a Gabriel Ignacio García Morales con 6,5 millones de dólares (5,3 millones de euros) para influenciarle y aprovecharse de su posición privilegiada. Así, desplegaron una serie de reuniones ilegales y secretas para definir y concretar el acuerdo ilegal a través del pacto de una retribución económica para la adjudicación del contrato.

Los pagos a García Morales como contraprestación por los compromisos adquiridos y ejecutados en virtud del acuerdo anticompetitivo fueron programados entre marzo y septiembre de 2010 con el «nombre clave de costeño».

Por otra parte, las empresas contaron con la participación del exsenador colombiano Otto Nicolás Bula, a quien se le encomendaron «gestiones» para obtener la adición contractual y evitar los riesgos que se le presentaban a la concesionaria de la ruta de competir en un proceso de licitación pública. Bula pactó una contraprestación equivalente al 1% del valor de la adición contractual, que ascendió a una suma de 4,6 millones de dólares (3,7 millones de euros).

Al igual que ocurrió con el pago a Gabriel Ignacio García Morales, los pagos fueron realizados en cuentas de empresas en el exterior y con recursos no contabilizados vía ‘offshore’.

Los accionistas minoritarios de Abengoa, agrupados en la plataforma AbengoaShares, y que se habían dividido en dos facciones, han decidido sindicar sus acciones «para convertirse en accionista de referencia de Abengoa SA». AbengoaShares ha indicado que su intención es solicitar «una nueva junta extraordinaria esta misma semana para cesar al actual consejo de Abengoa SA y nombrar a Clemente Fernández González presidente de la empresa».

Los accionistas minoritarios se atribuyen una representatividad del 10%, cuando el porcentaje necesario para solicitar la convocatoria de la junta de accionistas es de un 3%.

En el auto de 29 de septiembre del juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla, Javier Carretero Espinosa de los Monteros, de rechazo de las medidas cautelares solicitadas por AbengoaShares sobre el Acuerdo de Reestructuración de 2019, reconocía la legitimidad procesal de esta plataforma como tenedora de 844.177,58 euros en acciones, el 2,35% del capital social de Abengoa, cifrado en 35.865.862 euros, cuando les bastaba ostentar el 1% del capital.

Los accionistas minoritarios han proclamado en un comunicado «la ratificación de su estrategia original», en alusión al control de la sociedad matriz para llegar a acceder a la participada Abengoa Abenewco 1, que tiene como presidente ejecutivo a Gonzalo Urquijo.

La sindicación de acciones «pretende dotar de unidad formal a los accionistas minoritarios», indica AbengoaShares en su comunicado, que asegura que sus integrantes «nunca han cambiado de estrategia».

Los accionistas minoritarios esgrimen que ellos ganaron la junta de accionistas del día 22 de diciembre con «un apoyo del 19,51% del accionariado, el 74% de los votos, mientras que Gonzalo Urquijo quedó muy lejos con un 3,75%», un porcentaje que han asegurado «está principalmente formado por el 2,85% del Banco Santander y otras participaciones menores de entidades financieras».

AbengoaShares ha trasladado que «su principal objetivo es salvar la compañía y consolidarla como uno de los líderes mundiales en su sector», mientras que han reprochado que ha sido la trayectoria contraria del consejo presidido por Gonzalo Urquijo, de quien afirman que «ha dejado a la empresa en situación de coma durante todo 2020 y al que ahora parece que se han unido los tres consejeros Juan Pablo López-Bravo, Margarida Smith y Jordi Sarrias».

La plataforma de los accionistas minoritarios ha asegurado que «estuvo trabajando en privado con Marcos de Quinto» y que «desconoce qué ha sucedido durante el mes de diciembre para que Marcos de Quinto, Juan Ignacio Trillo y especialmente Juan Pablo López-Bravo, Margarida Smith y Jordi Sarrias hayan decidido traicionar de forma tan ignominiosa a los accionistas minoritarios».

AbengoaShares ha apelado a uno de los hechos que motivó la ruptura de los accionistas minoritarios, la oferta que hizo Abengoa a los accionistas de recibir un 12% de las llamadas Participaciones en el Incremento de Valor (PIV) en la valoración de Abengoa Abenewco 1 a partir de lo que la multinacional denominó como un evento de liquidez, la compraventa de la empresa o una oferta de adquisición de acciones, sobre una valoración de partida de Abenewco 1 de 270 millones de euros.

«Los accionistas rechazaron la propuesta de los PIV al no contar con ninguna garantía real ni legal», han afirmado.

AbengoaShares ha reivindicado que la estrategia era «mantener la estrategia original y nombrar a Clemente Fernández presidente tras la renuncia de Marcos de Quinto» y ha trasladado que «ni Juan Pablo López-Bravo, ni Margarida Smith ni Jordi Sarrias manifestaron estar en contra hasta el mismo día de la junta en el que decidieron plantar a Clemente Fernández y al resto de gestores de la plataforma».

«COLABORADORES DE UN PRESUNTO ALZAMIENTO DE BIENES»

«Estos 3 consejeros están actuando en contra del mandato de los accionistas y no están legitimados para tomar ninguna decisión», ha sostenido la plataforma de los accionistas minoritarios, que ha argumentado que los tres nuevos integrantes del consejo de administración de Abengoa «están contraviniendo los acuerdos aprobados en la Junta del 17 de noviembre, pasando a ser directos colaboradores del cesado Urquijo, así como incurriendo en un presunto alzamiento de bienes y en una presunta administración desleal».

Los accionistas minoritarios afirman que «estudian denunciar ante la Fiscalía en las próximas semanas para dirimir sobre los presuntos ilícitos cometidos».

AbengoaShares reprocha a los rectores de Abengoa que «la empresa no ha presentado cuentas en junio, ni septiembre, ni previsiones para el cierre del año», una información, que, han advertido, «debe ser pública para todos los accionistas», a lo que suman que se les niega «por el simple hecho de firmar un contrato de confidencialidad como pretenden».

«Ahora son Juan Pablo López-Bravo, Margarida Smith y Jordi Sarrias los responsables y están incurriendo en graves hechos al no publicarlas», ha apuntado AbengoaShares.

La plataforma de los accionistas AbengoaShares rechaza «taxativamente» acudir a la reunión planteada por Juan Pablo López-Bravo para este lunes, de la que han afirmado que «tiene la aparente finalidad de mostrar la situación financiera real de la empresa».

«No acudirá nadie en representación de la plataforma AbengoaShares», han apuntado, mientras ha argumentado que «no puede existir la llamada ‘paz social’ mientras se vulneren los derechos de los accionistas y los actuales consejeros no acaten el mandato del 74% de los accionistas que les nombraron en la última junta de accionistas».

Abengoashares ha trasladado que «aboga por un acuerdo de restructuración donde los accionistas tengan al menos un 30% de la compañía Abenewco1», mientras que ha ironizado sobre el acuerdo de los PIV para afirmar que si «es tan bueno, la agrupación propone que los acreedores podrán ceder parte del porcentaje de Abenewco1 y cobrar el resto en PIV».

«LA REFINANCIACIÓN DEL 6 DE AGOSTO, MEJOR Y ÚNICA SOLUCIÓN»

Si el día 22 Abengoa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la elección de Juan Pablo López-Bravo como presidente de la compañía, un día después, miércoles 23, en otra comunicación a la CNMV, el nuevo consejo de administración sostuvo que «la refinanciación convenida el 6 de agosto de 2020 es la mejor y única solución para el grupo.

Trasladó su «convicción» de que demorar su ejecución más allá del día 31 de este mes «conduciría a la liquidación del grupo, a la pérdida de miles de empleos y a la destrucción total de valor para Abengoa SA y para sus accionistas».

El nuevo consejo de administración de Abengoa aseguró que «ha realizado una revisión urgente de la situación de Abengoa y de su grupo», que ha abordado con «el equipo directivo, con representantes de los trabajadores, con los asesores externos y con la entidad (KPMG) autora de una valoración independiente».

Iberia ha valorado 2020 como el año en el que ha «puesto ha prueba» su capacidad de adaptación para resistir a las complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus, desarrollando las medidas «más eficaces» en el ámbito laboral, operativo y de prevención de riesgos para asegurar su sostenibilidad y contribuir en la lucha contra el Covid-19.

Para ello, desde el primer momento la compañía implantó medidas de ahorro y contención de costes, como la congelación de todas las contrataciones externas y servicios de consultoría, la cancelación de gastos discrecionales, el aplazamiento de formación corporativa y la supresión de todos los gastos no esenciales, entre otras.

También se acogió a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor aprobados por el Gobierno en todas las áreas de negocio relacionadas directamente con la operación y en la misma proporción en que ha visto reducida su capacidad cada mes.

Hasta noviembre, Iberia ha estado abonando un complemento a todos los empleados afectados por el ERTE, que ha sido inversamente proporcional al salario del trabajador. En paralelo, durante todos estos meses, la actividad se ha repartido proporcionalmente dentro de cada colectivo.

En cuanto a la operación, Iberia tuvo que cancelar más del 95% de su operación en abril, mayo y parte de junio. Su programa de vuelos fue adaptado a una operación reducida, destinada a garantizar una mínima conectividad de España en el corto, medio y largo radio.

En este momento, la compañía está recuperando gradualmente su programa de vuelos. En verano, operó apenas una cuarta parte da la capacidad prevista antes del Covid19, y en diciembre ha incrementado su oferta hasta un 40% respecto a 2019.

Asimismo, tras la incorporación a la compañía el pasado 9 de septiembre de Javier Sánchez-Prieto como consejero delegado se creó una nueva organización, cuya prioridad está siendo hacer frente a los retos de la Covid-19 y avanzar hacia la recuperación paulatina de la demanda y la actividad.

VUELOS DE REPATRIACIÓN

Entre abril y junio y en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Iberia realizó más de 50 vuelos de repatriación a más de 20 destinos internacionales.

Además, desde finales de marzo y hasta mediados de junio, Iberia operó cerca de 100 vuelos desde China para traer material sanitario, la mayoría con España, pero también con América Latina.

Asimismo, durante los meses de pandemia, la compañía ha coordinado con sus empleados la posibilidad de colaborar como voluntarios con organizaciones que han estado en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.

La aerolínea diseñó un programa para que sus empleados pudieran unir sus esfuerzos como voluntarios con organizaciones como Cruz Roja Española, la Federación Española de Banco de Alimentos y las ONG nacidas de la iniciativa de los empleados de la propia aerolínea.

PREVENCIÓN ANTE EL VIRUS

En cuanto a la prevención del coronavirus entre sus trabajadores, Iberia puso en marcha en todos sus aviones y centros de trabajo las medidas que en cada momento han ido recomendando las autoridades nacionales e internacionales.

Por otro lado, para generar la seguridad y confianzas necesarias para estimular la demanda y que los clientes vuelvan a volar, Iberia lleva meses trabajando en una triple dirección. Por un lado, reforzando todas las medidas de seguridad, higiene y prevención a lo largo de toda la experiencia de viaje del cliente y mejorando procesos y adoptando todas las medidas para prevenir la Covid-19.

En segundo lugar, con una política de flexibilidad que facilita cambios o reembolsos en bono cuando las circunstancias personales o del destino se ven afectadas por la situación actual. Y en tercer lugar con un programa estable de vuelos, que dé certeza a los clientes sobre que aquello que han reservado, efectivamente se concretará.

CaixaBank cumple ya con los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) Total y Subordinado, tanto los establecidos en porcentaje de APRs como en porcentaje de LRE, determinados por la Junta Única de Resolución (JUR), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Asimismo, la entidad ha asegurado que en su plan de financiación a largo plazo prevé seguir reforzando las ratios de MREL para cumplir a futuro los requerimientos de forma confortable.

El Banco de España ha notificado formalmente los requerimientos MREL Total y Subordinado, según han sido determinados por la JUR y que sustituyen al que resultaba de aplicación anteriormente, que fue comunicado el pasado mes de junio.

Esta nueva notificación se ha fundamentado en la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria («BRRD2»), aplicable a partir de mañana martes 29 de diciembre.

FECHA LÍMITE PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS: ENERO DE 2024

La BRRD2 establece el 1 de enero de 2024 como fecha límite para cumplir con los requerimientos de MREL, con un requerimiento intermedio que debe cumplirse el 1 de enero de 2022.

Asimismo, esta directiva establece que los requerimientos de MREL Total y Subordinado deben expresarse en porcentaje tanto de los activos ponderados por riesgo (APRs), como de la exposición de la ratio de apalancamiento (LRE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con estos nuevos requisitos, CaixaBank, a nivel consolidado, deberá alcanzar, a partir del 1 de enero de 2024, un volumen mínimo de fondos propios y pasivos admisibles del 20,19% de APRs, que se situaría en 22,95% incluyendo el requisito combinado de colchones de capital (CBR, por sus siglas en inglés).

REQUERIMIENTO INTERMEDIO EN 2022

En relación con el requerimiento intermedio, la JUR ha determinado que, desde el 1 de enero de 2022, a nivel consolidado, CaixaBank deberá alcanzar un requerimiento de MREL Total de 19,33% de APRs, que se situaría en 22,09% incluyendo el CBR. También, desde el 1 de enero de 2022, tendrá que cumplir con un requerimiento de MREL Total de 6,09% de LRE.

En relación con la exigencia de un volumen mínimo de fondos propios y pasivos admisibles subordinados, la JUR ha determinado que CaixaBank, a nivel consolidado, tiene que cumplir con un requerimiento de MREL Subordinado sobre APRs de 13,50%, que se situaría en 16,26% incluyendo el CBR, así como un requerimiento de MREL Subordinado sobre LRE de 6,09% desde el 1 de enero de 2022.

En suma, CaixaBank ha asegurado que estos requisitos, que ya cumple y cuya posición reforzará hasta 2024, coinciden con sus propias previsiones.