El Gobierno de Aragón ha comunicado 511 nuevos contagios de la COVID-19, correspondientes a los resultados de 2.445 pruebas diagnósticas conocidas este domingo, 24 de enero, jornada en la que se ha alcanzado una positividad del 20,90 por ciento.

El Portal de Transparencia del Ejecutivo autónomico ha publicado los datos definitivos de este domingo, según los cuáles, en Zaragoza, se han declarado 281 positivos, en Teruel 192 y en Huesca, 31, a los que hay que sumar siete en los que no ha sido posible identificar la provincia de procedencia.

Del total de 2.445 pruebas diagnósticas, 1.884 han sido PCR y 561 test antígenos. El número de asintomáticos ha representado el 55 por ciento del total. Las altas epidemiológicas han sido 160.

Las pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas se han elevado a 1.870, de las que 1.071 han sido PCR, 613 detección de antígenos, 162 pruebas serológicas y 24 test rápidos de anticuerpos.

Por municipos, en Zaragoza, se han declarado 150 contagios; en Calatayud, 42; en Alcañiz, 36; en Teruel, 29, y en Huesca, diez. Por zonas de salud, la de Calatayud Urbana ha sumado 42 positivos, la de Alcañiz, 41; Calamocha, 31; Casetas, 26; Utrillas, 22; Teruel Centro, 17; Calaceite, 14, igual que Teruel Ensanche, mientras que las zonas de Sagasta-Ruiseñores y San José Sur han elevado sus nuevos contagios a once cada una.

Por otra parte, en Aragón, se han administrado 42.655 dosis de la vacuna contra la COVID-19 hasta este domingo, de las que 2.217 han sido segundas dosis.

HOSPITALIZACIONES

Las personas que están ingresadas por la COVID-19 en la comunidad autónoma se elevan a 784, de las que 80 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 704 en planta. Aragón posee en estos momentos 1.298 camas libres, de las que 1.205 son de hospitalización convencional, 80 de UCI y 13 de UCI sin respirador.

La distribución por hospitales indica que en la ciudad de Zaragoza, en centros públicos, hay 80 pacientes ingresados en el Hospital Royo Villanova, de los que diez están en la UCI; en el Nuestra Señora de Gracia, 29, seis en UCI; en el Servet, 251, 22 en UCI; en el Militar, 21; y en el Clínico, 148, 24 en UCI.

En centros privados, el Hospital MAZ cuenta con dos pacientes, uno en UCI; la Clínica Montecanal, con dos; la Montpellier, con cuatro, uno en UCI; Nuestra Señora del Pilar, con uno; Hospital Quirón, con 14, dos en UCI; Hospital San Juan de Dios, con 13, y el Hospital HC Miraflores, con tres.

En la provincia, en el C.S. Ejea-Cinco Villas hay seis pacientes con la COVID-19, y en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, 16. En la provincia de Huesca, en el Hospital San Jorge, 38, tres en UCI; en el Hospital de Barbastro, 34, cinco en UCI; y en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, dos. En Teruel, en el Hospital Obispo Polanco cuenta 50 ingresados, seis en UCI; en el Hospital San José, con 14, y el Hospital de Alcañiz, con 53.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado improcedente el despido en 2019 de Manuel Muñoz como subdirector del Palau de la Música de València y condena al organismo autónomo municipal a readmitirlo o indemnizarlo con 24.232 euros.

Así lo establece en una sentencia, en la que estima el recurso de súplica interpuesto por Muñoz, contra una resolución del Juzgado de lo Social número 18 que había dado la razón al Palau. Muñoz había suscrito en julio de 2015 un contrato como Subdirector de Música del Palau, que se prolongó hasta 2019.

La sala entiende que el demandante "no era personal de alta dirección" y su relación laboral con el Palau era "de naturaleza ordinaria" por lo que su cese, al no formalizar la prórroga de la relación laboral en agosto de 2019, se convierte en un despido "improcedente" al tener que haberse considerado esa relación laboral ordinaria como "indefinida".

Según señala la sala, en el caso de optar por la readmisión, se le deberán abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta resolución, en la cuantía diaria de 179,84 euros.

En este caso, se ha considerado probado que Manuel Muñoz, como Subdirector de Música del Palau, se encargaba de la formulación de iniciativas y preparación de la programación de los conciertos de la Orquesta, para someterla al conocimiento de la Junta de Programación; que estaba "subordinado al director del organismo" y ostentaba la Jefatura funcional inmediata de los profesores de la Orquesta.

Asimismo, se encargaba de preparar y elaborar la programaciónmusical del Palau tanto nacional como internacional conjuntamente con el director, para su aprobación por el Consejo de Administración y, previa indicación del presidente, podía asistir a las sesiones del Consejo.

Además, estaba autorizado para contratar temporalmentemúsicos de refuerzo y alquilar material de la orquesta y había representado al Palau, como subdirector, en actividades de la Orquesta de Valencia a nivel nacional como internacional.

Para la sala, de acuerdo con la doctrina existente, el demandante "no formaba parte del órgano de dirección del organismo demandado, pues estaba subordinado al Director, -quien sí pertenece al Consejo de Administración-, y sujeto a la aprobación del mismo en cuanto a sus funciones de elaboración de la programación musical".

NO ERA DEL "CÍRCULO DE DECISIÓN"

Por lo tanto, no formaba parte del "círculo de decisión" del organismo, sin que el hecho de representar al Palau como Subdirector de Música en actividades de la Orquesta "implique ostentar poderes de decisión inherentes a la titularidad del mismo, ni la autorización para suscribir contratos temporales de músicos o material de Orquesta supone ostentar facultades sobre los objetivos trascendentales y nucleares del organismo demandado".

Por ello, considera que, con independencia del contrato formalmente suscrito, el demandante "no era personal de alta dirección, lo que conlleva que, siendo su relación laboral de naturaleza ordinaria, el cese consistente en no formalizar la prórroga de la relación laboral el 14-8-2019, deviene un despido improcedente, dado que dicha relación laboral ordinaria debe considerarse indefinida", de acuerdo con el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha cargado contra las conocidas fiestas realizadas en nuestro país durante el fin de semana y los últimos días, en pleno pico de la tercera ola de la pandemia de COVID-19.

"Nuestro sistema sanitario y nuestros sanitarios vuelven a estar muy cerca del límite. Tenemos responsabilidad las administraciones, pero también cada uno de nosotros. No me parece razonable que, con lo poco que queda para conseguir vacunar a todos nuestros vulnerables y a una gran parte de la población, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta antes de tiempo", ha denunciado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

Pese a la realización de estos eventos en uno de los peores momentos de la pandemia, se ha mostrado contrario al confinamiento estricto, ya que en estos momentos, con las fuertes restricciones impuestas por las comunidades autónomas, "hay pocas opciones más allá de salir a hacer la compra.

"Tenemos que poner medidas colectivas que se puedan controlar. Estamos viendo muchos ejemplos en los que si no hay un control externo, parece ser que la gente no cumple. Lo cual yo creo que es una pena", ha reflexionado.

Simón ha reconocido que "es probable" que el pico de la tercera ola "ya se haya alcanzado", a pesar de que este lunes se ha marcado récord de casos de la pandemia en un fin de semana: 93.822. "Estamos probablemente descendiendo pero necesitaríamos descender más rápido", ha valorado, insistiendo en que el pico de contagios se produjo el fin de semana pasado.

En cualquier caso, ha recordado que las hospitalizaciones y las muertes se producen algunas semanas después del alza de los contagios. "Tenemos una ocupación hospitalaria y de UCI que es la más alta desde la primera ola en abril. Hay hospitales que todavía no han reprogramando el resto de actividad, pero algunos sí. Es una situación crítica pero no tiene nada que ver con lo que pasó en abril. Necesitamos no ya que empiece a bajar, sino que baje muy rápido para que no sufran al nivel que ya están sufriendo", ha indicado.

"Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión. Estamos en una situación en la que nuestras UCI no pueden soportar mucho más de lo que están soportando. Tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control", ha reclamado Simón, aunque ha reiterado nuevamente que "la situación no es equiparable a la de la primera ola", aunque sí "un poco por encima" de la segunda.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que los esfuerzos internacionales para mejorar y reforzar la respuesta al cambio climático en materia de resiliencia y adaptación son "claves" y que España está preocupada y comprometida.

Durante su intervención ante la Cumbre de Adaptación Climática, auspiciada por Países Bajos, Ribera ha manifestado que estas cuestiones clave son de total preocupación para España porque son fundamentales para evitar las peores consecuencias para las personas.

Así, ha subrayado que mejorar la adaptación al cambio climático es clave porque afecta a las finanzas, a la economía, a los distintos sectores industriales, pero también a las personas.

"Los flujos migratorios humanos y el acceso al agua potable a la comida son absolutamente claves. Sabemos que la frontera entre la miseria y la desesperación están muy cerca de los límites del punto de no retorno de los impactos del cambio climático", ha reflexionado.

La vicepresidenta ha manifestado en un vídeo emitido en la cumbre virtual que la región mediterránea es un punto caliente del cambio climático y que España está totalmente centrada en esta preocupación porque impacta en la forma de vida de los ciudadanos, en la manera que entienden su bienestar así como los riesgos a afrontar.

Por ello, considera necesario invertir en las economías para mejorar la resiliencia de las infraestructuras así como en todos los espacios donde puede impactar, como el turismo, la agricultura o las zonas costeras. En ese sentido, ha añadido que la forma en que las poblaciones se adaptan a los eventos climáticos cada vez más comunes tienen relación con su bienestar y prosperidad o bien en las pérdidas para las sociedades.

Así, ha dicho que España está invirtiendo en un mejor conocimiento para poder anticipar un Plan Nacional de Adaptación que es no solo una cuestión local o nacional sino que va más allá de las fronteras.

"Los esfuerzos internacionales para mejorar y reforzar nuestra respuesta al cambio climático y reforzar la resiliencia y la adaptación son clave", ha concluido.

El que fuera gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) entre 2005 y 2011, Álvaro de Arenzana, ha señalado este lunes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que él como gerente adjunto de esa empresa pública entre 2005 y 2011 desconocía que fuera utilizado para desviar fondos para la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid.

Así lo han detallado fuentes presentes en la declaración del que exyerno de Raphael, del que han apuntado que habría respondido a las preguntas formuladas durante la comparecencia señalando que él como adjunto era un mandado y que además no formaba parte del consejo de administración de esa empresa.

Al hilo, y preguntado por varios contratos que incluían su rúbrica, Arenzana ha expuesto, según estas fuentes, que él realmente no se enteraba de lo que firmaba y que sólo daba trámite a lo que le ponían delante los técnicos de esa mercantil.

Cabe recordar que Arenzana comparecía en calidad de investigado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el marco de la pieza 9 de la causa Púnica, en la que se indaga sobre hechos referentes a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid. En lo relacionado a este ex alto cargo, se le preguntaba tanto por el IMADE como por el Mercado Puerta de Toledo, organismos presuntamente utilizados para desviar dinero con el que crear un fondo para sufragar las campañas electorales del PP.

En su caso, si bien el gerente de IMADE y expresidente de Madrid Network Aurelio García de Sola habría descargado sobre su adjunto la responsabilidad, éste ahora ha recalcado que era el gerente el que transmitía las órdenes del consejo de administración y que él sólo daba urgencia a los asuntos para que todo fuera más ágil.

Pero hoy se han visionado con el imputado facturas que él conformaba, ante lo que Arenzana ha sostenido que quien desarrollaba todo era el departamento financiero. No obstante, en varias ocasiones ha incidido en que no se acordaba de nada de esa época y que con el PP no se reunió nunca, que por tanto no recibía instrucciones de la formación política y que jamás asistió a un mitin.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en las diligencias de principios de septiembre en las que le citaba, también ordenaba recabar de la Comunidad de Madrid la contabilidad de la empresa Mercado Puerta de Toledo S.A., correspondiente a los años 2006-2009, en formato electrónico. Y avisaba de que se deberían incluir tanto las cuentas anuales, presentadas en el registro Mercantil, como el informe de auditoría.

LOS CONTRATOS DE IMADE Y PUERTA DE TOLEDO

También requería la relación de contratos con agencias de medios o de publicidad adjudicados por Mercado Puerta de Toledo durante elmismo periodo, y que se solicitara a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía la relación de contratos adjudicados por las Entidades Públicas IMADE y Puerta de Toledo del 20006 a 2009 así como copia de las facturas abonadas en ejecución de dichos contratos.

Estas diligencias se acordaron por el magistrado después que fueran solicitadas por la Fiscalía tras la declaración en julio del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega en calidad de testigo. En esa ocasión, reconoció contratos fraudulentos siendo él responsable del Mercado Puerta de Toledo.

Por eso, el magistrado también acordaba dar traslado de toda la documentación relacionada con esas dos empresas públicas a Ortega para que pueda analizarla y presentar escrito en que se detalle loscontratos fraudulentos que, conforme a lo expuesto en sudeclaración, habría llevado a cabo en cumplimiento de las órdenesrecibidas.

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, ha estrenado este lunes el nuevo sistema de votación electrónica adquirido por la Cámara a principios de este mes por 3.593,70 euros y lo ha hecho en una sesión en la que el PSOE y Unidas Podemos han cosechado cinco derrotas.

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha explicado a sus señorías el funcionamiento del nuevo sistema por la mañana, al inicio de la sesión, y también justo antes de que se produjeran las votaciones.

Se trata de un sistema inalámbrico: un ordenador portátil con un software de votación y una antena inalámbrica que recibe, mediante radiofrecuencia, los votos que emiten los miembros de la Diputación Permanente desde unos mandos móviles.

La Diputación Permanente se reúne habitualmente en la Sala Constitucional en la que no existía un sistema que permitiera efectuar las votaciones de forma electrónica. De hecho, hasta ahora sólo se podía votar por esta vía en el Hemiciclo y en otra de las salas donde se reúnen las comisiones. Se trata de la Sala Prim, que se habilitó hace unos años durante la rehabilitación de la planta superior del Palacio del Congreso, obras que se aprovecharon para instalar este sistema.

Pero, a diferencia de estas dos estancias, la Sala Constitucional no cuenta con botones de votación fijos en las mesas que ocupan sus señorías, aunque los miembros de la Diputación Permanente deben dejar los mandos inalámbricos que utilizan para votar en la sala una vez finalice la reunión.

VOTACIÓN DE PRUEBA

Batet ha detallado a los diputados que número debían pulsar en función del sentido de su voto y les ha recalcado que, si se equivocaban, tendrían un total de 15 de segundos --lo que dura cada votación-- para corregirlo.

Tras las explicaciones, la presidenta ha dado paso a la votación del primer punto del orden del día, pero ésta ha tenido que ser anulada porque muchos de los presentes no veían correctamente reflejado su voto en la pantalla correspondiente.

Así las cosas, Batet ha decidido hacer una nueva votación de prueba para asegurar el buen funcionamiento de todos los dispositivos y, después se ha vuelto a votar el primer punto, y el PSOE y Unidas Podemos han cosechado su primera derrota.

LAS CINCO DERROTAS

Se trataba de la petición de comparecencia que había reclamado el PP para que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, informara en una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos el Plan de Recuperación y la gestión de los fondos europeos. La voluntad de Calviño, verbalizada desde el PSOE, es acudir al Congreso el 4 de febrero, pero finalmente tendrán que citarla esta misma semana.

Pero el PSOE y Unidas Podemos han sumado otras cuatro derrotas, una de las cuales obligará al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a aclarar ya al Congreso si va a ampliar de 25 a 25 años el periodo de cotización de las pensiones.

Las otras tres reclamaban la presencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por la evolución del Covid y su incidencia en las elecciones catalanas. Sin embargo, Illa renunciará este martes al Ministerio de Sanidad, por lo que o bien adelanta esa comparecencia o bien deberá hacerlo quien le releve.

La Rioja ha notificado este lunes cuatro nuevos fallecidos por coronavirus en una jornada en la que sigue subiendo la presión asistencial, con 247 ingresados (19 más que ayer), de ellos 49 en la UCI (tres más que ayer domingo).

Por contra, los casos activos han descendido por segundo día consecutivo, y de manera muy acusada, al pasar de los 2.992 de ayer a los 2.817 de este lunes (175 menos).

Además se han notificado 729 nuevos positivos el fin de semana, con lo que desde el inicio de la pandemia se han registrado 23.895.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son dos hombres y dos mujeres, todos ellos de edad avanzada y con factores de riesgo. Ninguno de ellos residía en un centro de mayores.

De este modo, desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 626 personas en La Rioja con COVID-19. De esta cifra, 286 pertenecían a centros de mayores.

Por su parte, la presión hospitalaria aumenta sobre la jornada de ayer con 19 ingresos más en los diferentes centros riojanos en las últimas horas. En total, en este día hay 247 pacientes COVID ingresados entre planta y UCI (ayer 228).

En el caso del Hospital San Pedro de Logroño hay 168 pacientes Covid ingresados en planta (17 más que ayer cuando había 151) mientras la UCI cuenta con 49 ingresados por esta enfermedad (tres más que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus de nuestra región, el Gobierno de La Rioja ha ampliado el número de camas habilitadas en la UCI hasta las 68.

Por ello, a la vista de las nuevas unidades y sumando a aquellos pacientes ingresados por patologías No-Covid (8 a día de hoy, igual que ayer), la UCI riojana se encuentra al 83,82 por ciento.

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con 30 personas ingresadas en planta con COVID-19, uno menos que ayer.

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja, ésta se sitúa en 1.239,94 (ayer 1.241,22) mientras que en los últimos siete días está en 638,26 (ayer 695,7). En cuanto a la positividad en La Rioja alcanza un 20,12 frente al 19,71 por ciento de ayer.

A día de hoy se encuentran un total de 14.077 personas en cuarentena frente a las 13.935 de ayer. Por su parte, los positivos en residencias de mayores han bajado en cinco personas (de 76 a 71) con cinco centros que presentan contagios frente a los 32 existentes.

La Comunitat Valenciana ha registrado 96 fallecidos, 8.423 infectados y 439 ingresados más que en el recuento de este domingo, con lo que la cifra de hospitalizados llega a 4.777, 604 de ellos en UCI. Hasta 30 de los 96 últimos muertos eran usuarios de residencias.

Según el balance de la Conselleria de Sanidad, los 8.423 nuevos positivos confirmados por PCR o antígenos elevan la cifra de positivos a 264.392 desde el inicio de la pandemia.

Por provincias, 668 en Castellón (26.990 en total), 3.218 en Valencia (144.305) y 4.537 en Alicante (93.040). Hay 57 casos sin asignar.

Con los últimos 96 fallecimientos, el acumulado de defunciones desde marzo asciende a 4.227 personas en la Comunitat 505 en la provincia de Castellón, 1.500 en Alicante y 2.222 en Valencia.

Los hospitales valencianos tienen a 4.777 personas ingresadas: 459 en Castellón (46 pacientes en UCI), 1.851 en Alicante (221) y 2.467 en Valencia (337).

Paralelamente, desde la última actualización se han notificado 8.459 altas a pacientes con el virus, con lo que 204.312 ya han superado la enfermedad: 21.910 en Castellón, 69.781 en Alicante y 112.528 en Valencia, junto a otras 93 no asignadas.

Ante estas cifras, en la Comunitat Valenciana hay actualmente un total de 67.371 casos activos, lo que supone un 24,42% del conjunto de positivos.

CASI 200 RESIDENCIAS CON CONTAGIADOS

En las residencias hay casos en 190 centros de mayores (16 en Castellón, 60 en Alicante y 114 en Valencia), 36 de diversidad funcional (6 en Castellón, 9 en Alicante y 21 en Valencia) y 11 de menores (1 en Castellón, 5 en Alicante y 5 en Valencia).

Entre los 8.423 últimos infectados hay 278 residentes y 57 trabajadores. Bajo vigilancia activa de control sanitario siguen 61 residencias de la Comunitat: 5 en la provincia de Castellón, 24 en Alicante y 32 en Valencia.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado competencias jurisdiccionales al segundo juez de refuerzo destinado al Juzgado Central de Instrucción número 6 para ayudar a su titular, Manuel García Castellón, en la instrucciones de macrocausas como 'Púnica', 'Lezo' o 'Tándem'.

Según han informado fuentes jurídicas, el órgano de gobierno de los jueces aprobó la semana pasada la petición realizada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional de incrementar el apoyo al juez García Castellón debido a la carga de trabajo que soporta su juzgado.

De este modo, el órgano de gobierno de los jueces ha otorgado competencias jurisdiccionales al juez Joaquín Elías Gadea Francés, quien se encontraba ya de refuerzo en el juzgado pero sin las mismas. Así, ahora se le permite ahora tomar declaración o sustituir al titular del juzgado cuando éste se encuentre fuera.

El juez de refuerzo ha estrenado este lunes sus nuevas funciones con en el caso 'Púnica', interrogando al ex yerno de Raphael, Álvaro Arnezana en la pieza separada en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, según han señalado las fuentes consultadas.

Precisamente, este caso es uno de los que el magistrado García Castellón quiere dar un impulso, pues tiene planeado un intenso calendario en las próximas semanas para tomar declaración a más de 50 investigados y testigos, pero constantemente, por diversos motivos, entre ellos los relacionados con la covid-19, sufre alteraciones en las citaciones.

SE INCORPORÓ A LA AUDIENCIA NACIONAL HACE UN AÑO

Gadea ha sido juez decano de Tarragona hasta septiembre de 2018 y fue uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a un año y medio de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Joaquim Torra por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de 2019.

Se incorporó como apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6 a principios de enero de 2020, pero sin funciones jurisdicciones, por lo que su labor se centraba en la agilización de resoluciones.

Así, se sumaba al otro refuerzo con el que ya contaba, y aún sigue, el titular del juzgado. Se trata de Alejandro Abascal, que desde 2019 ha asumido la investigación del caso DIA, diversos fraudes de hidrocarburos a nivel nacional, causas relativas a terrorismo y tráfico de drogas, o la causa relativa a Tsunami Democratic.

Ante la dedicación que exigen estos procedimientos y el persistente nivel de entrada de nuevos casos, el magistrado Manuel García Castellón insistió el pasado noviembre en mantener ambos refuerzos, solicitud que recibió el visto bueno de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que a su vez remitió al CGPJ.

Un estudio de la Universidad de Sevilla (US), publicado en la revista científica Children and Youth Services Review, analiza la evolución cognitiva de un grupo de niños que fueron adoptados cuando tenían tres años y sus resultados, obtenidos siete años después de su llegada a España, muestran una mejora en la atención selectiva, mayor capacidad de planificación y resolución de problemas, así como un mejor desarrollo de su memoria de trabajo, tras la adopción.

"Se trata de niños que sufrieron casos de maltrato, desatención y/o institucionalización, y para los que la adopción ha supuesto la oportunidad de una nueva vida. Y, en efecto, los datos muestran que los resultados han sido muy favorables. Pero los datos muestran también que la adversidad temprana deja una huella observable todavía siete años después de la adopción. Como es un grupo al que seguimos estudiando, esperamos que sus progresos continúen, con el apoyo tanto de sus familias como de su profesorado", explica el profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios.

En un comunicado, la US indica que las bases de la capacidad para aprender y para relacionarse se adquieren en los primeros meses y años de la infancia. Cuando en ese tiempo ni los hábitos cotidianos, ni la estimulación recibida favorecen un buen desarrollo al crecer en ambientes familiares o institucionales gravemente inadecuados, se sientan las bases para algunas de las limitaciones que después se observan en niños que han sido adoptados.

Para paliar esta situación, los expertos ponen el punto de mira en el tiempo. "Cuanto antes se intervenga y las deficiencias se sustituyan por enriquecimiento, mucho mejor". "Para niños que viven en situaciones de abandono o de maltrato del tipo que sea, la prolongación de esas circunstancias sólo sirve para acumular daño y consecuencias negativas. Una vez que se integra a estos niños en otras familias, hay que detectar las limitaciones que puedan existir y actuar en sentido contrario, enriqueciendo y estimulando, tanto en la familia como en la escuela", agrega.

"Los profesionales de la adopción están ahí para ayudar, de modo que es fundamental recurrir a ellos ante cualquier duda o dificultad, y hacerlo lo antes posible. Además, debemos ser consciente de que estos niños no superan sus dificultades en el 'modo salto con pértiga', es decir, con grandes saltos en poco tiempo, sino más bien en el 'modo senderismo', es decir, avances continuados, con subidas y bajadas. Y buscando un compromiso entre lo soñado y lo posible. Todo ello con un fondo de cariño y entrega al proyecto de filiación que la adopción supone", añade la profesora de la US Maite Román, responsable de la investigación.

LA ADOPCIÓN EN ESPAÑA

Desde 1996, año desde el que se cuenta con estadísticas consolidadas de adopción nacional e internacional, se han adoptado unos 80.000 niños en España. El tiempo de espera depende estrictamente de la edad de los pequeños que se pretende adoptar y de sus características personales. El número de bebés adoptables es muy bajo y hay una larga lista de personas en espera, lo que se traduce en un proceso de muchos años, mientras que este plazo se acorta cuando se trata de la adopción de un niño/a mayor de 5 años, de una pareja de hermanos, de un niño o una niña con algún tema de salud o comportamiento habitualmente no graves, entre otros.

"Estos niños están ahí, esperando una familia en la que crecer y desarrollarse. Su potencial es enorme", agrega. El grupo de Investigación Procesos de Desarrollo y Educación en Contextos Familiares y Escolares de la US lleva trabajando más de 12 años en este proyecto en estrecha colaboración con asociaciones de adoptantes, con familias y con los departamentos de adopción y acogimiento de la Junta de Andalucía.

Las clases universitarias en Galicia se reanudarán el próximo lunes 8 de febrero, pero serán únicamente en formato 'online' hasta el miércoles 17. Sin embargo, la enseñanza en colegios, institutos y escuelas infantiles continuará siendo presencial.

Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en rueda de prensa tras la reunión del comité clínico que ha aprobado nuevas restricciones para hacer frente a la pandemia de la covid-19 en el conjunto de Galicia.

En su comparecencia, Feijóo ha concretado que mientras la educación no superior seguirá operando, las tres universidades gallegas --Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo-- "no reanudarán las clases hasta el día 8 de febrero".

Eso sí, "por lo menos" hasta el miércoles 17, cuando pase el Carnaval, la docencia será exclusivamente telemática. A partir de entonces, "se intentará" retomar la presencialidad, ha añadido el presidente de la Xunta.

Sin embargo, estas restricciones no tendrían por qué afectar a los exámenes que todavía quedan por celebrarse esta semana. A falta de lo que decidan finalmente las universidades, fuentes del Gobierno gallego han asegurado que las pruebas que sean presenciales se mantendrán con los protocolos previstos hasta el momento.

EL RESTO DE NIVELES, SIN CAMBIOS

En cuanto a la docencia no universitaria, Feijóo ha garantizado que seguirá en modo presencial en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, por lo que colegios e institutos continuarán operando con normalidad. Además, preguntado al respecto por los medios, ha asegurado que las escuelas infantiles y guarderías seguirán recibiendo niños "como hasta ahora".

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la Xunta --el sábado--, los centros cuentan con 2.754 casos activos de coronavirus, una cifra de récord.

Aunque Feijóo ha reconocido que los contagios se han incrementado "después de Navidad", ha explicado el porcentaje de afectados es del 0,54 por ciento, teniendo en cuenta que la comunidad educativa gallega es de unas 500.000 personas. Al hilo de esto, el presidente de la Xunta se ha marcado el reto de que las aulas "tienen que seguir siendo un lugar seguro".

Las aulas con formación telemática en Extremadura por casos de Covid-19 entre su alumnado o profesorado llegan a las 165, tras sumar este lunes 37 aulas más de 31 centros educativos de la región.

Estas aulas están en Mérida, dos de ellas en los CEIP Trajano, y en Miguel de Cervantes y Maximiliano Macías, en los Colegios Santa Eulalia-Escolapias y María Auxiliadora-Salesianos- y en la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Paz, con una en cada caso.

Asimismo, en Navalmoral de la Mata, en los CEIP Campo Arañuelo y El Pozón; en Miajadas, en el CEIP García Siñeriz, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada y en la Escuela Infantil Arco Iris; en Cáceres, en el CEIP Alba Plata y en el Colegio María Auxiliadora y en Plasencia, en el CEIP Alfonso VIII y en el Colegio Santísima Trinidad.

Además de en el CEIP Virgen de Barbaño, de Montijo; en el CEIP Cervantes, de Alange; en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, de Arroyo de la Luz, con dos aulas; en el CEIP Miramontes, de Azuaga; en el CEIP Hernando de Soto, de Barcarrota y en el CEIP Divina Pastora, de Eljas, con una en cada caso.

Así como dos aulas en la Escuela Infantil Joaquín Ballesteros, de Moraleja; en el CEIP General Navarro y Alonso de Celada, de Valencia de Alcántara; en el CEIP Nuestra Señora de Sopetrán, de Almoharín; en el CEIP San Fernando, de Badajoz, con un aula en cada centro; y en el CEIP José Virel, de La Albuera, con dos aulas.

También un aula en el CEIP Virgen de la Antigua, de La Haba; en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Aceuchal; en el CEIP Francisco Montero de Espinosa, de Almendralejo; en el CEIP Francisco de Zurbarán, de Fuente de Cantos y tres aulas en el CRA Riscos de Villavieja, de Barrado, debido al positivo de una docente especialista que ha dado clase en esas tres aulas.

Por su parte, las que retoman la enseñanza presencial son 43 clases más de 21 centros educativos de la región, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estas aulas se localizan en Badajoz, en los CEIP San Fernando, Juan Vázquez y Los Glacis, Arias Montano y San José de Calasanz y en el Colegio Santa Teresa de Jesús; en Mérida, en los Colegios Nuestra Señora de Guadalupe-Josefinas- y Docente Atenea y en el CEIP Suárez Somonte y en Almendralejo, en los CEIP Antonio Machado y Ortega y Gasset .

Así como tres aulas del CEIP De Gabriel, de Gévora; cuatro aulas en el CEIP Las Américas, de Trujillo; otra aula en el Colegio Paideuterion, de Cáceres; y otra más en el CEIP Nuestra Señora del Pilar, de Don Benito; en el CEIP Alcalde Paco de la Gala, de Granja de Torrehermosa y en el CEIP Nuestra Señora de los Remedios, de Hornachos.

También otra más en el Colegio de Educación Especial Jenara Carrasco, de Llerena; en el CEIP Sebastián Martín, de Montehermoso; en el CEIP Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata y en el CEIP Inés de Suárez, de Plasencia.

Además de tres aulas en el CRA Sierra de San Pedro, de Solorino; dos en el CEIP Santísimo Cristo de la Cañada, de Acehúche; cuatro en el CEIP Nuestra Señora de la Soledad, de Arroyo de San Serván; dos en el CEIP Fray Alonso Fernández, de Malpartida de Plasencia y tres en el CEIP Ángel Santos Pocostales, de Alburquerque.

Finalmente, los CEIP Pedro Vilallonga Canovas, de San Vicente de Alcántara, el Colegio Nuestra Señora de los Dolores, de Arroyo de la Luz y el CEIP Nuestra Señora de Chandavila, de La Codosera, incorporarán a la enseñanza presencial un aula en cada caso.

Además, este martes, 25 de enero, reabre ya sus puertas el Centro de Educación Especial Casa de la Madre, de Mérida, con 39 estudiantes.

La ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que España ya está tomando medidas en la línea que recomienda Bruselas para contener los desplazamientos y evitar una mayor propagación de nuevas variantes del coronavirus, al tiempo que ha llamado a los ciudadanos a "evitar todo viaje no necesario" en las próximas semanas, coincidiendo con las vacaciones de carnaval.

En declaraciones a los medios tras una reunión en Bruselas con sus colegas europeos, González Laya ha recordado que las Comunidades Autónomas o provincias y municipios con mayores tasas de contagios están imponiendo medidas severas como el confinamiento perimetral para "limitar la movilidad" entre regiones.

También se ha referido a la exigencia de presentar una PCR negativa a los viajeros que llegan a España como otra de las medidas que las autoridades españoles aplican desde hace "semanas" y que el Ejecutivo comunitario ha incluido en las recomendaciones para pedir a los Veintisiete más límites a la movilidad para entrar o salir de las zonas de mayor riesgo.

La Comisión Europea ha planteado la incorporación de una cuarta categoría en el mapeo de las zonas de riesgo en la Unión Europea para colorear de rojo oscuro aquellos lugares en donde la tasa de contagio supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las dos semanas anteriores, algo que está por consensuar con los Estados miembro pero que supondrá que la mayor parte de España pase estar clasificada en esa nueva gama de "muy alto riesgo".

La ministra ha restado importancia a ese cambio ya que considera que una gran parte del territorio de la Unión Europea estará en situación igual y, sobre todo, porque sostiene que en España las autoridades competentes "ya han estado tomando medidas y no han esperado al mapa" revisado del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC).

Además ha advertido de que la propuesta de Bruselas, que este mismo lunes empieza a negociar con los Veintisiete a nivel técnico para tratar de consensuar ese refuerzo de medidas, es el resultado de la última cumbre que los líderes de la UE celebraron el pasado jueves y en la que, ha dicho, varios mandatarios abogaron por el cierre del espacio sin fronteras Schengen.

González Laya ha expuesto que la Comisión aboga por "buscar más granuladidad" en el mapa de la UE y "empoderar a las regiones con mayor incidencia para tomar medidas" que limiten el contagio, para evitar llegar a los cierres más extensos que impusieron los Estados miembro al principio de la pandemia.

"La Comisión no ha dicho a cada región qué tiene que hacer ni ha prescrito medidas, lo que sí ha dicho es que es importante limitar la movilidad y, sobre todo, evitarla en el caso en que no sea esencial", ha continuado González Laya, quien ha añadido que España irá modulando las medidas para adaptarlas a cada cambo de la situación epidemiológica.

La CGT ha denunciado ante la Fiscalía que "numerosos directivos y personal de confianza" de empresas de ambulancias con servicio concertado con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) presuntamente se han vacunado antes que los trabajadores que prestan el servicio.

La denuncia, presentada este lunes al servicio de Anticorrupción de la Fiscalía Superior de Catalunya, afirma que directivos de cinco empresas supuestamente "se están vacunando impropiamente", lo que contravendría la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, que da prioridad al personal sanitario de primera línea.

El sindicato sostiene que los hechos suponen incumplir las medidas acordadas para la gestión de las vacunas, y señalan los presuntos delitos de tráfico de influencias y de abuso de poder para beneficio propio.

Afirman que la empresa de ambulancias Falck vacunó a cuatro directivos el 18 de enero en el Hospital de Bellvitge (Barcelona); Transport Sanitari de Catalunya a cinco "directivos, cargos de confianza o de Recursos Humanos sin contacto con enfermos"; Ambulancias Domingo a siete; Ambulàncies La Pau a cinco; y Ambulàncies Lázaro a personal de dirección.

Sobre la orden que anunció el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, para vacunar a todos los sanitarios, incluyendo los mandos, han expresado que "puede ser un intento de regularización de conductas impropias, pasando por encima de las instrucciones de vacunación" que se aplican en toda España.

La CGT ha pedido seguir la priorización que fijó el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Salud, por lo que ha pedido al fiscal "las investigaciones y actuaciones necesarias para frenar este comportamiento en el sector de ambulancias de Catalunya".

La Diputació de Castellón y la Fundación Caixa Castelló firmarán un convenio para ampliar el servicio de Educación Ambiental a las poblaciones de más de 5.000 habitantes. Gracias a esta acción, la provincia será la primera en tener educadoras y educadores ambientales en todos sus municipios con un total de 25 profesionales.

Esta iniciativa sumará dos personas más a las otras 18 que desarrollarán sus acciones en las localidades de menos de 5.000 habitantes y a las cinco educadoras y educadores ambientales que han llevado a cabo la sensibilización a pie de calle en la capital de la Plana, según ha informado la Diputación en un comunicado.

El diputado de Sostenibilidad, Ignasi Garcia, ha trasladado su agradecimiento a la fundación "por su compromiso con el territorio y con la generación de ocupación verde" y ha recordado, en la víspera del día mundial de la Educación Ambiental, que la ley obliga a acompañar a los municipios en la implantación de la recogida selectiva y a poner a disposición de la ciudadanía este servicio in situ para llevarla a cabo de la manera más eficaz posible.

"La reducción y el reciclaje de los residuos que generamos es un hábito que debemos adquirir como ciudadanas y ciudadanos implicados con la justicia climática y el futuro del planeta", ha dicho.

Así, la tarea de las educadoras y educadores ambientales será integral, según ha explicado, y se centrará a concienciar e implicar al vecindario, establecimientos y asociaciones en reducir la cantidad de residuos que generan en su actividad diaria mediante la adquisición de hábitos de consumo más sostenibles.

Igualmente, se incidirá en el reconocimiento de cada tipo de residuo para su correcta separación y ubicación en los contenedores de colores y también se darán a conocer servicios complementarios como el de los ecoparques y la recogida de voluminosos para promover su uso.

SOSTENIBILIDAD

Con motivo del hito del 26 de enero, día mundial de la Educación Ambiental, Garcia ha reivindicado la implicación de la Diputación de Castellón con la transición ecológica. La sostenibilidad aparece de manera transversal en todas nuestras políticas porque ya no podemos concebir una sociedad y una economía apartadas del cuidado del medio ambiente", ha subrayado.

En este sentido, ha hecho referencia a varios proyectos de promoción de la economía circular que lleva a cabo la institución supramunicipal, como por ejemplo el de agrocompostaje, para revalorizar el residuo agrícola y ganadero, o las pruebas piloto de recogida selectiva puerta a puerta que se iniciarán en 2021 y que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros.

'Soy Raphaelista', la última biografía del cantante de Linares escrita por la periodista Marina Bernal, será traducida al ruso dada la alta demanda que la obra ha obtenido en ese país. Los fans rusos de Raphael se han convertido en uno de los principales demandantes de esta biografía editada por el sello sevillano Sevilla Press.

El cantante Raphael que cumple este 2021 su 60 aniversario sobre los escenarios sigue siendo un ídolo de masas en Rusia donde actuó por primera vez a finales de los 60 cuando España no tenía relaciones diplomáticas con Rusia. Pese a ello, se alcanzaban pequeños acuerdos comerciales como el intercambio de películas. En este contexto, dos distribuidoras cinematográficas intercambiaron películas y 'Digan lo que digan', dirigida por Mario Camus y protagonizada por Raphael, fue doblada al ruso y exhibida en aquel país.

El éxito fue tan clamoroso como inesperado. El cantante se convirtió en una referencia con decenas de miles de fans. "Aquellos años hubo un 60 por ciento de estudiantes que eligieron el español", ha señalado en alguna ocasión el propio Raphael, quien realizó varias giras en los años 70 en lo que todavía era un régimen comunista gracias a un permiso especial.

Según han explicado los editores de 'Soy Raphaelista', cuentan que la ministra de Cultura soviética era una de sus fans, lo que facilitó la llegada del cantante en un país en el que estaba prohibida la música extranjera. "Se sabían todas mis canciones de memoria", explica el cantante jiennense, "me enterraron en flores". En 1980, Raphael recibió un Disco de Uranio por haber vendido más de 50 millones de discos en la URSS.

Han pasado cincuenta años pero el tiempo no ha enfriado la admiración rusa por Raphael, quien ofreció en 2019 el que hasta ahora es su último concierto en aquel país. El último episodio de esta singular relación es el libro 'Soy Raphaelista'.

"A pesar de que la campaña de presentación se ha limitado a nuestro país, la noticia de la publicación del libro ha llegado a Rusia, donde ha generado una notable expectación", han dicho. Varios periódicos de aquel país han realizado reportajes sobre la obra y la petición de ejemplares ha sorprendido a los propios editores. "Vamos a presentar el libro en San Petesburgo, nos han invitado para cuando mejore la situación de la pandemia", ha explicado el director de Sevilla Press, el periodista Miguel Gallardo.

"Estamos gestionando la traducción al ruso porque la demanda lo justifica. También vamos a presentar el libro en Santo Domingo, porque la República Dominicana es otro país en el que el impacto de Raphael es enorme", ha explicado.

Por su parte, la autora del libro ha señalado que Raphael es "un auténtico fenómeno digno de estudio sociológico porque cuenta con seguidores de todo el mundo y, además, es un artista intergeneracional que gusta a personas de todas las edades y que conserva la fidelidad de su público a través de las décadas".

'Soy Raphaelista', además de un libro en el que su autora Marina Bernal intenta desvelar las claves del Raphaelismo, es una declaración de principios, una forma de entender la vida.

En 2021, el artista español más completo de todos los tiempos celebra sus 60 años de profesión con la presentación de Raphael 6.0. Manuel Alejandro ha tenido un papel fundamental en su carrera artística.A lo largo de seis décadas su público ha ido creciendo, renovándose en todo el mundo. Cuenta con seguidores que llevan más de cuarenta años consecutivos haciendo giras completas con él.

Este libro es un reconocimiento a ellos, a los Raphaelistas. Porque son quienes han sostenido al artista desde atrás, sin buscar nunca el protagonismo, desde su butaca y la oscuridad. Raphael visto por los Raphaelistas.

El libro saldrá a todas las librerías españolas la próxima semana y cuenta con prólogos de Joan Manuel Serrat, Pastora Soler, Mariola Agujetas, Ángel Antonio Herrera, Beatriz Cortázar y Enrique Miguel Rodríguez.

Es el cuarto libro en el mercado de la periodista sevillana Marina Bernal, que ya tiene publicados 'Anónimos Infinitos', 'Canta Rocío canta' dedicado a Rocío Jurado y 'Anónimos Infinitos 2'.

La polémica sobre las vacunaciones en las Fuerzas Armadas llegará este martes previsiblemente al Consejo de Ministros con el nombramiento del nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en sustitución del general Miguel Ángel Villarroya, que este sábado anunció que había pedido su cese a la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras conocerse que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Pese a que fuentes del Ministerio apuntaron que la petición de cese había sido aceptada, debe ser el Consejo de Ministros el que formalice su baja y apruebe el nombramiento de su sucesor. Fuentes militares esperan que este paso tenga lugar este mismo martes para no alargar más la polémica.

Una norma no escrita de las Fuerzas Armadas estipula una rotación entre los dos Ejércitos y la Armada en el puesto más alto de la cúpula militar. Villarroya es general del Ejército del Aire y su antecesor, Fernando Alejandre, lo era del Ejército de Tierra, por lo que sería el turno de un almirante de la Armada.

Sin embargo, dado que el mandato de Villarroya como JEMAD ha durado apenas un año, fuentes militares apuntan que su relevo podría venir de nuevo del Ejército del Aire entre alguno de sus tenientes generales o su Jefe de Estado Mayor (JEMA), el general Javier Salto.

Esto abre la puerta a una posible renovación de toda la cúpula militar, ya que los jefes de los dos Ejércitos y la Armada tienen ya más de 65 años y su sustitución estaba ya próxima. Los tres fueron además nombrados por la ministra de Defensa del PP María Dolores de Cospedal y mantenidos por Robles el cargo.

Esta renovación podría tener lugar este mismo martes o dentro de algunas semanas para que la ministra de Defensa y el nuevo JEMAD tuvieran algo de tiempo para confeccionar su equipo más allá de la polémica por las vacunaciones.

PETICIÓN DE RESPONSABILIDADES

Pero además, partidos de la oposición como Vox o Ciudadanos han pedido que las responsabilidades por el protocolo de vacunación en las Fuerzas Armadas no queden en el JEMAD y han exigido que sean asumidas por su responsable político.

Vox ha señalado directamente a la ministra Margarita Robles y ha sostenido que un jefe debe asumir las responsabilidades de las órdenes que da. "Si no, es un jefe desleal", ha calificado el portavoz del partido de Santiago Abascal, Jorge Buxadé.

Por su parte, Ciudadanos ha pedido saber quién dio la orden para que más de 300 militares del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) recibieran la vacuna del coronavirus tras la "correcta" dimisión del general Villarroya.

Precisamente este martes comparecerá en el Congreso la 'número tres' del Ministerio, Amparo Valcarce, subsecretaria de Defensa y responsable del protocolo de vacunación en el seno de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, su comparecencia, fijada días antes de la polémica, tiene por objeto informar a la Cámara de las medidas adoptadas en relación con los militares que deben abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años, tanto en formación como salidas para facilitar su reinserción en el mercado laboral civil.

El PSOE, Unidas Podemos, el PP, Vox y Ciudadanos han rechazado este lunes la petición de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu de convocar un Pleno extraordinario esta semana para que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explique los gastos que supone para las arcas públicas la estancia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes.

Tanto Esquerra como Bildu han criticado que el Gobierno abone, con cargo a Patrimonio Nacional, el sueldo de los ayudantes de "un corrupto fugado de España", en palabras de la portavoz adjunta de ERC Carolina Telechea, quien se ha preguntado por qué ese dinero no sale de la partida que los Presupuestos destinan anualmente a la Casa del Rey.

Telechea ha subrayado la necesidad de que el Gobierno detalle al Congreso el gasto que supone para los españoles la estancia del emérito en Abu Dabi porque, según ha apuntado su homólogo de Bildu, Oskar Matute, el proceso de regeneración democrática de la Monarquía "no puede pasar por ocultar debajo de alfombras" todo lo que se está conociendo del que fuera Jefe del Estado. "Si Patrimonio Nacional se ocupaba de cuestiones valiosas pero del pasado, el lugar (para el Rey) igual es un museo y no tanto Emiratos", ha apostillado.

Sin embargo, esta solicitud de los independentistas vascos y catalanes se ha topado con el rechazo de los cinco grupos nacionales, que no han ahorrado críticas hacia ERC y Bildu por sus acusaciones contra el que fuera Jefe del Estado durante cuatro décadas.

NO PATRIMONIALIZAR A LA MONARQUÍA

En el PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha defendido que no es urgente celebrar un Pleno por esta cuestión y ha enfatizado que el Gobierno cumple con la normativa vigente a la hora de sostener a la Casa de Rey. Además, ha cuestionado que a ERC y Bildu en plena tercera ola por el Covid les corra prisa hablar sobre el rey emérito y ha criticado que la derecha trate de "patrimonializar" la Monarquía.

Pero también se ha dirigido a "parte de la izquierda" para recriminarle que haga lo propio con las ideas republicanas "para azuzar de manera artificial un debate sobre el futuro de la Monarquía que hoy por hoy no está en la sociedad española".

Así se ha expresado el diputado socialista después de que Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos, asegurase que "el Gobierno defiende la retirada" del título de Rey emérito a Juan Carlos I y que, además, "no es legal" que Patrimonio Nacional sufrague los gastos que genera su estancia en Emiratos Árabes, contradiciendo unas recientes declaraciones de Carmen Calvo.

Después, desde su formación se ha puntualizado que Santiago ha cometido un error y que quien es partidaria de quitar a Juan Carlos I el título que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy es Unidas Podemos, y no el Gobierno que comparten con el PSOE.

En cualquier caso, y aunque ha vuelto a pedir una comisión de investigación sobre las actividades del padre de Felipe VI, Santiago ha rechazado apoyar la petición de ERC y Bildu argumentando que Unidas Podemos es un "espacio político serio" que cumple sus "compromisos" del pacto de coalición, que incluyen no citar a miembros del Ejecutivo si no se pacta con ellos.

QUE LE PREGUNTEN EN FEBRERO

Además, ha dicho a quienes piden cuentas por esta cuestión que Calvo estará a su disposición para responder a sus preguntas en las sesiones ordinarias que arrancan en febrero.

De su lado, El PP ha confirmado su rechazo a una solicitud que ni es urgente ni está justificada porque Juan Carlos I tiene un estatus con el que ya cuentan otros expresidentes y ex jefes del Estado en otros países de nuestro entorno por un legado que, según el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, "merece un reconocimiento".

Dicho esto, ha recalcado a los proponentes que el rey emérito "no ha huido de España" sino que ha decidido residir fuera aunque a disposición de la Justicia, a diferencia de lo que ocurre con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En esta misma línea, José María Sánchez García, de Vox, ha tachado de "desfachatez" que los "especialistas en golpismo", en referencia a ERC, y el partido "sucesor de un grupo terrorista", en alusión a Bildu, realicen una petición que, en su opinión, es un "insulto" al Congreso, además de "anticonstitucional", y les ha remarcado que Juan Carlos I no es "fugado" sino una persona a la que el Gobierno le ha "impuesto" su salida de España.

DEPLORABLE UTILIZAR AL REY

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que "la rendición de cuentas es fundamental" pero que su formación no va a ser "cómplice" de una estrategia que, a su juicio, sólo busca "perjudicar" a la Corona. "Es deplorable utilizar al Rey emérito para intentar cargarse la figura de Felipe VI", ha denunciado.

Desde UPN, Carlos García Adanero, ha recriminado a ERC y Bildu que primero aprueben los Presupuestos del Gobierno y luego pregunten en qué se gasta ese dinero. Además, ha señalado que es "normal" que quien ha sido jefe del Estado pueda pagar su seguridad con cargo a las cuentas públicas.

La única de las intervinientes que sí ha verbalizado su apoyo a la petición de ERC y Bildu ha sido la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien ha denunciado que la "Monarquía es un pozo sin fondo y una ruina" y ha cargado contra el PSOE por "impedir sistemáticamente" que se pueda hablar de ello en el Congreso y por "acompañar al Rey emérito" en su "fuga" el país.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en la última jornada 510 casos positivos de Covid-19 confirmados, en una jornada en la que se han registrado 19 muertes y en la que en los hospitales se encuentran ingresadas un total de 777 personas, 48 más que las de este pasado domingo.

Del total de personas ingresadas, 92 permanecen en UCI, seis más que en la última jornada, y se han dado 881 altas, lo que equivale a un acumulado de 44.139.

Asimismo, con los 19 fallecimientos, Extremadura acumula desde el inicio de la pandemia un total de 1.356 muertes, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, el Área de Salud de Mérida ha comunicado el fallecimiento de una mujer de 94 años de Villafranca de los Barros, mientras que el Área de Salud de Badajoz ha notificado el fallecimiento de un varón de 77 años y una mujer de 86 años, ambos de Badajoz; un varón de 75 años de Puebla de la Calzada, una mujer de 80 años de Villar del Rey y una mujer de 92 años de La Albuera.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva ha notificado las muertes de un varón de 63 años de Don Benito, dos varones de 57 y 76 años de Villanueva de la Serena, un varón de 77 años de Siruela, una mujer de 80 años de Talarrubias, una mujer de 90 años de Puebla de Alcocer y una mujer de 89 años de Peñalsordo.

Asimismo, el Área de Salud de Plasencia ha comunicado los fallecimientos de una mujer de 96 años de Aldeanueva del Camino y una mujer de 77 años de Ahigal y la de Cáceres el de una mujer de 90 años de Aldea del Cano.

Asimismo, el Área de Salud de Coria ha notificado el fallecimiento de un varón de 90 años de Acebo y el de Navalmoral de la Mata el de una mujer de 88 años de Pueblonuevo de Miramontes y una mujer de 96 años de Viandar de La Vera.

DATOS POR ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 203 casos confirmados, tiene 270 pacientes hospitalizados, 34 de ellos en UCI, y acumula desde el inicio de la pandemia 199 fallecidos y 12.279 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 31 casos positivos, tiene 119 pacientes ingresados, de los que 15 están en UCI, y acumula 407 fallecidos y 6.446 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 76 casos confirmados, tiene 123 personas hospitalizadas, de las que 19 están en UCI, y acumula 173 fallecidos y 8.639 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 68 casos positivos, cuenta con 118 pacientes hospitalizados, de los que 14 están en UCI, y acumula 166 víctimas mortales y 5.565 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 69 casos positivos, tiene 60 pacientes hospitalizados, de los que 10 están en UCI, y ha registrado un total de 164 fallecidos y 3.083 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado cuatro casos confirmados, tiene 20 pacientes ingresados y ha registrado 96 fallecidos y 2.710 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 47 casos positivos, tiene 46 pacientes ingresados y ha registrado un total de 85 fallecidos y 3.470 altas.

El Área de Salud de Coria ha registrado 12 casos positivos, tiene 21 pacientes hospitalizados y, desde el comienzo de la pandemia, un total de 66 personas han fallecido y se han dado 1.947 altas.

Canarias ha registrado un total de 253 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de tal forma que el acumulado de personas que han padecido el virus en las islas desde que comenzó la pandemia en marzo del pasado año alcanza las 33.750, mientras que los fallecidos se sitúan en 510, siete de estos óbitos se han producido en el último día, según los datos que facilita la Consejería regional de Sanidad diariamente pasada las 14.00 horas.

Respecto a las siete muertes que se han contabilizado en las últimas horas, uno de ellos ocurrió en Lanzarote y se matiza desde la Consejería que fue informado ayer. Asimismo, hay que sumar otro fallecimiento en Lanzarote, que si bien no está en la estadística oficial de este lunes se incorporará en los próximos días tras su validación.

Así del total de personas que han tenido el virus, 8.418 se encuentran activos (-247), de los que 64 están en una Unidad de Cuidados Intensivo (+4) y 330 en planta hospitalaria (+13), mientras que 24.822 han superado la enfermedad.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a siete días sube en Canarias a los 94,83 casos por cada 100.000 habitantes y a los catorce días está en los 189,1 casos por 100.000 habitantes. Además hasta el momento se han realizado 765.877 pruebas PCR en las islas, de las que 39.348 fueron positivas, un 5,14 por ciento.

Por islas, Gran Canaria es la que más casos sigue sumando, en concreto en el último día añade 140 a su acumulado que alcanza los 13.368, de los que 2.952 se encuentran activos (+60). Lanzarote, por su parte, suma 78 nuevos casos, con 3.163 acumulados y 990 activos epidemiológicamente (-77).

En cuanto a nuevos casos, les sigue Tenerife que suma 36 nuevos casos y su acumulado llega a los 15.184, de los que 4.259 están activos, mientras que Fuerteventura tiene 1.361 casos acumulados (+1), de los que 186 están activos (-61).

La Palma cuenta con 331 acumulados, dos menos que ayer después de que se hayan validado dos de los que sumaron este domingo, y tiene un caso activo (-1). La Gomera, sin nuevos casos, y se mantiene en los 208 acumulados y un activo; y El Hierro continúa con 135 acumulados, de los que 28 están activos (-2).

BROTE EN EL HOSPITAL DE LANZAROTE

Por otro lado, en relación al brote registrado en la planta de Medicina Interna del Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, la Consejería canaria de Sanidad ha informado que este lunes se ha repetido el screening a todos los pacientes ingresados, así como a todos los que recibieron el alta 48 horas antes de detectarse dicho brote en la unidad, así como al personal sanitario que trabaja en el área.

En este sentido, apuntan que hasta el momento, y según los estudios realizados, incluido el de los contactos estrechos, han detectado siete positivos: dos entre los familiares de los afectados, tres más entre los pacientes, habiendo recibido uno de ellos el alta el día anterior a la detección del brote, y dos profesionales sanitarios de la planta.

Así, hasta el momento se ha procedido al aislamiento de 31 profesionales de esta unidad.

Ciudadanos quiere saber quién dio la orden para que más de 300 militares del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) recibieran la vacuna del coronavirus y rechaza que responsables públicos, como los mandos militares o los miembros del Gobierno, deban ser de los primeros en vacunarse como defiende el alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.

En una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto del partido naranja en la Cámara, Edmundo Bal, ha calificado de "correcta" la dimisión del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, tras conocerse que fue vacunado. "Hay que asumir las responsabilidades. Cuando se desempeña un cargo público y más de ese nivel, hay que ser ejemplar", ha comentado.

Preguntado si los más de 300 militares que, según ha publicado 'ABC' también fueron vacunados en el EMAD, debe seguir los pasos del JEMAD o la responsabilidad de lo sucedido debe asumirla algún responsable político del Ministerio de Defensa, Bal ha señalado que antes de exigir más medidas hay que aclarar qué ha pasado exactamente.

En este sentido, ha pedido que se aclare si se dieron instrucciones por parte del ministerio que dirige Margarita Robles, y, en su caso, quién las dio. "Debe ser investigado, desde luego si alguien en el ministerio ha dado esas instrucciones es el responsable de esa alteración en el plan de vacunación", ha remachado.

LOS POLÍTICOS, CUANDO LES TOQUE

Así, ha anunciado su intención de solicitar la comparecencia de "autoridades" del ministerio para que expliquen si el protocolo se ha "quebrantado por instrucciones expresas de algún cargo" de este departamento. Precisamente este martes tiene prevista su comparecencia en el Congreso, por otro asunto, la responsable de la vacunación en las Fuerzas Armadas, la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce.

Por otra parte, Bal ha dicho no compartir "en absoluto" las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abogando por vacunar "lo antes posible" al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y al Gobierno, y ha defendido que los políticos se tienen que vacunar "cuando les toque", como cualquier otro ciudadano.

"Pero algunos que llevan tanto tiempo en política y no han hecho otra cosa a lo mejor se les ha olvidado que son ciudadanos y que son iguales que las personas a las que representan", ha abundado Bal, quien ha subrayado que los políticos deben ser "ejemplares".

EL ERROR DE BASE ES DEL GOBIERNO

Según Bal, "el problema de base" en relación con las personas que han obtenido vacunas saltándose el protocolo es que el Gobierno no ha aprobado un plan claro de vacunación sino que lo está aplicando "a trompicones".

En cualquier caso, ha subrayado que los cargos públicos que se hayan colado deben dimitir o ser cesados por haber cometido la "sinvergonzonería" de quitarle la vacuna a otra persona que la necesitaba. Eso sí, considera que aún quienes se han vacunado sin que les tocaran debe recibir la segunda dosis porque lo contrario sería "desperdiciar" la primera.

La Concejalía de Buen Gobierno y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Murcia ha decidido que publicará los datos de vacunación contra el coronavirus de los concejales y el personal de confianza, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Este anuncio ha sido hecho tras la solicitud de los grupos municipales VOX, PSOE y Ciudadanos en la que requerían información sobre vacunación de los miembros de la Corporación.

Así, desde la Concejalía se ha decidido no sólo recabar el listo, sino hacerla público, siempre que de forma voluntaria los afectados den su autorización.

De este modo, cada concejal y cargo de confianza firmará de forma voluntaria una declaración responsable informando si ha recibido la primera dosis de la vacuna o no, y, en su caso, el grupo prioritario al que pertenece conforme la Estrategia de Vacunación en España. Finalmente, deberán autorizar a publicar estos datos en el Portal de Transparencia.

Desde el Consistorio califican esta acción como "un ejercicio de apertura y transparencia para que los murcianos puedan acceder de forma directa a toda la información".

Los datos estarán disponibles en el Portal de Transparencia que también incluirá toda la actividad del servicio de vacunación municipal.

Según la concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, el Ayuntamiento de Murcia será la primera Administración de España en publicar en el Portal de Transparencia los datos de vacunación de los concejales y personal de confianza.

Además, Bernabé ha señalado que el objetivo es "despejar cualquier duda sobre la actuación de los integrantes de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Murcia en relación a la campaña de vacunación contra la Covid-19".

"Puesto que no se pueden obtener los datos del registro por protección de datos, hemos remitido una solicitud a los grupos políticos para que voluntariamente hagan una declaración responsable. Una vez recibida la contestación, se informará de ello en un apartado específico a través del portal municipal a toda la sociedad", ha apuntado la edil.

El nuevo apartado del Portal de Transparencia también incluirá toda la actividad del servicio de vacunación del Ayuntamiento, con información sobre los colectivos que se han vacunado, así como el número de dosis administradas atendiendo a las indicaciones de la Dirección General de Salud Pública.

Por último, la concejala ha declarado que el Ayuntamiento "está informando desde el primer día del desarrollo del proceso de vacunación, tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales".

El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha acordado este lunes cerrar perimetralmente todos los municipios de Galicia, limitar las relaciones sociales a convivientes y suspender toda actividad no esencial, lo que implica el cierre de los locales de hostelería y los gimnasios, entre otros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras participar en la reunión del máximo órgano asesor de la Xunta que ha aprobado nuevas medidas para contener la tercera ola de la pandemia.

Estas restricciones estarán en vigor en toda la Comunidad gallega durante "por lo menos tres semanas", a partir de la medianoche del martes 26 de enero al miércoles 27, tal y como ha avanzado Feijóo.

Esta será la primera vez que la Xunta cierra perimetralmente los 313 municipios gallegos. De este modo, desde las 00,00 del miércoles --o desde las 6,00 si se tiene en cuenta el toque de queda--, nadie podrá entrar o salir de un ayuntamiento sin causa justificada, por motivos laborales, escolares, de salud o para el cuidado de personas dependientes, entre otros.

HOSTELERÍA Y GIMNASIOS CERRADOS

Además, el Gobierno autonómico ha decidido la suspensión de toda actividad económica que no sea "esencial". Esto se traduce, tal y como ha explicado Feijóo, en que todos los locales de hosteleria deberán permanecer cerrados y tan solo abrirán para entregas a domicilio y recogidas de encargos.

Esto no afectará a los comedores del ámbito laboral, que podrán seguir ofreciendo comidas a los trabajadores de los centros a los que están adscritos.

En el ámbito del deporte, su práctica estará restringida al modo "individual, al aire libre y en el propio ayuntamiento", según ha concretado Feijóo. Ello implica el cierre de gimnasios "y otros establecimientos interiores" para el deporte.

La excepción a esta norma serán las competiciones de ámbito estatal e internacional, mientras que siguen cerradas las de ámbito autonómico como "ya se decidió la semana pasada.

Asimismo, será obligatorio el uso de mascarilla "siempre, también para correr en las calles". "Ya, lamentablemente, no vale la distancia de dos metros", ha añadido el presidente de la Xunta.

También deberán cerrar al público cines, teatros, auditorios, museos, bibliotecas y otros espacios culturales, así como casinos, salones de juego, tiendas de apuestas, locales de ocio nocturno y espacios de ocio infantil, entre otros.

COMERCIO NO ESENCIAL HASTA LAS 18,00 HORAS

Por parte del comercio, los establecimientos no considerados esenciales continuarán abiertos pero deberán adelantar la hora de cierre a las 18,00 horas y seguir respetando las restricciones de aforo máximo, situado en el 50 por ciento. Además, los centros comerciales no podrán abrir durante el fin de semana.

Por el contrario, negocios como supermercados, tiendas de alimentación, farmacias y talleres mecánicos, entre otros, podrán operar hasta las 21,30 horas --a las 22,00 entra en vigor el toque de queda-- por sí ser "servicios esenciales" desde el "primer momento" de la pandemia, según ha explicado el presidente de la Xunta.

También cerrarán durante tres semanas instalaciones sociales en el ámbito de la tercera edad como clubs de jubilados o similares, aunque continuarán abiertos centros de día y residencias de mayores.

REUNIONES DE SOLO CONVIVIENTES

En cuanto a las reuniones sociales, tanto en espacios públicos como privados estarán limitadas a personas convivientes, a excepción de actividades laborales, empresariales, profesionales y administrativas, el cuidado de personas dependientes, así como en los centros educativos que continuarán abiertos, siempre que se adopten las medidas de seguridad.

De hecho, en el ámbito educativo, colegios, institutos y escuelas infantiles no cerrarán. Donde no habrá actividad será en las universidades, que reanudarán las clases el próximo 8 de febrero y exclusivamente en formato 'online' durante la primera semana. Está previsto que las facultades recuperen la presencialidad el 17 de febrero.

Eso sí, los exámenes previstos en formato presencial a lo largo de esta semana se mantendrán con el cumplimiento de los protocolos ya establecidos --control de entradas salidas, ajustes de horarios y distancias--, tal y como han concretado fuentes de la Xunta.

UNA SITUACIÓN "PREOCUPANTE"

Antes de desgranar las medidas acordadas por el comité clínico, Feijóo ha reconocido el "enorme esfuerzo" de "la inmensa mayoría de ciudadanos" ante la crisis sanitaria. Sin embargo, ha reconocido que las previsiones de la evolución de la pandemia es "preocupante".

"Las previsiones de las próximas semanas apuntan a que las cifras irán aumentando y, por lo tanto, debemos responder en consecuencia", ha abordado.

Según cifras que ha aportado, la incidencia de la pandemia en Galicia es de 630 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días frente a los 829 de la media de España. Además, la presión en las unidades de cuidados intensivos (UCI) es del 19,52 por ciento, "la mitad" que a nivel estatal.

Así, aunque Galicia "sigue mejor que la media del conjunto de España", Feijóo ha matizado que esa diferencia ahora "carece relevante" porque el aumento de los contagios es "completamente inasumible". Todo ello a pesar de que la campaña de vacunación ya está en marcha, aunque a un ritmo "insuficiente".

Por eso, el objetivo de las medidas, que entrarán en vigor a partir del miércoles, es pedirle a los gallegos "un esfuerzo más" que es "absolutamente imprescindible".

"El único lugar seguro es la burbuja familiar, la unidad de convivencia familiar. Para eso necesitamos el compromiso y la conducta de todos, para doblegar la curva y reducir, entre todos, la presión asistencial", ha aseverado Feijóo, para insistir en la idea de que los gallegos se deben "autoconfinar".

La Audiencia Provincial de Ourense ha tomado la decisión clave de declarar nulo el auto inicial de escuchas telefónicas de Operación Zamburiña --una macrocausa en la que se juzga una supuesta trama de corrupción policial en relación con narcotraficantes--, tal como solicitaban las defensas.

La magistrada anula de este modo las escuchas y todas las pruebas obtenidas en base a ellas, por lo que deja a los acusados a un paso de ser absueltos al decaer las principales pruebas de la acusación.

La Sala ha considerado que el oficio remitido por asuntos internos al instructor, tomando como base un anónimo, daba pie a "un expediente administrativo", pero "no daba una base sólida para vulnerar el secreto de las comunicaciones".

"Todo lo que deriva de las escuchas telefónicas determina nulidad de las pruebas", ha aseverado la presidenta del Tribunal, que ha calificado de "sospechoso" el oficio de asuntos internos asegurando que la nota "necesitaba una ponderación reforzada sobre su verosimilitud".

Así pues, ha trasladado que, tras analizar los distintos factores a lo largo de la semana, han concluido que "no pueden servir de injerencia en el secreto de las comunicaciones".

Con la anulación de las escuchas telefónicas, que según el juez instructor probaban la conexión entre los cuatro policías nacionales y nueve traficantes de la ciudad, también quedan sin valor las pruebas derivadas de las mismas, es decir los registros efectuados y las sustancias incautadas.

"FABRICAR LAS ACUSACIONES"

La decisión judicial ha concordado con la que mantenía la defensa, que durante las cuestiones previas había sostenido que "había elementos de sobra para suspender el juicio y anular las pruebas clave" contra los cuatro policías de la unidad antidroga.

Considera que toda la investigación se ha fundamentado en "escuchas telefónicas descontextualizadas y seleccionadas" para "fabricar de manera intencionada las acusaciones" de un relato incriminatorio.

Asimismo, las defensas también habían instado a que la causa se juzgase de manera conjunta con el caso que investiga el homicidio de un agente en la misma comisaría, así como el robo de armas en el búnker de la Policía Nacional.

Sin embargo, la magistrada ha subrayado que "no tiene sustento el nexo con el robo de armas ni con las armas sustraídas del búnker" por no haber una relación acreditada con el narcotráfico.

APLAZAMIENTO DE 24 HORAS

Tras escucharse las decisiones de las anulaciones de la jueza, las defensas han solicitado la conclusión de la vista entendiendo que "no existe base" para una acusación mientras que, por su parte Fiscalía, ha pedido "días" para reenfocar su estrategia.

Así pues, la presidenta del tribunal le ha concedido un plazo de 24 horas. El juicio se reanudará este martes, 26 de enero, a las 10,00 horas, cuando se sabrá si el Ministerio Fiscal continúa con la acusación a pesar de haber sido anulado el auto de las escuchas, columna vertebral del juicio, o se retira la acusación contra los 13 imputados --nueve traficantes y cuatro policías del departamento antidrogas de la comisaría de Ourense acusados de colaborar con ellos--.

"LLAMATIVO, PERO NO SORPRESIVO"

Al terminar la vista las defensas han asegurado que se trata de una resolución "llamativa pero no sorpresiva".

Llamativa, según ha explicado el abogado de la narcotraficante a la que se le pedía más pena de cárcel, porque "ha involucrado mucho tiempo, muchas personas y muchos derechos constitucionales" por lo que "parecía complicado que el Tribunal no quisiese mantener la causa y al final se la cargue". Aunque "tuvo sus dudas", sostiene que la Audiencia Provincial ha demostrado "ser un ejemplo de imparcialidad".

Sobre la droga incautada --que ahora queda anulada en el procedimiento como prueba por haber sido interceptada mediante un registro domiciliario derivado de las escuchas telefónicas--, ha expuesto que "prima que los ciudadanos sepan que hay unos derechos fundamentales para la presunción de inocencia y que hay unas formas de obtener esas llamadas y esos registros".

En la misma línea se ha manifestado la letrada del jefe de la Brigada Antidrogas. Ha asegurado sobre la incautación que, "cómo tantas otras que se realizan fuera de la legalidad, tienen que ser retiradas e incautadas pero las operaciones no se pueden realizar a cualquier precio".

Asimismo, ha lamentado que el juzgado de instrucción "no apreciase estas nulidades" puesto que "se podría haber evitado el sufrimiento de estar pendiente de algo que ya tenía que estar solventado".

Del mismo modo, ha expuesto que las otras causas que están siendo judicializadas --la muerte del agente y el robo de armas-- no se verán afectadas directamente por la sentencia de juicio.

Así pues, la letrada ha opinado que, en la jornada del martes, fiscalía tratará de "tener una prueba aislada" para poder continuar con la acusación. Por su parte, espera que sea una sentencia absolutoria para que su patrocinado "regrese a su cargo".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha querido transmitir de nuevo su apoyo a los cuatro agentes acusados indicando que se congratulan de "que no se someta a los testigos a las declaraciones". Lamenta que "la imagen de la comisaría se haya dañado porque eso es irreversible". "Se ha hecho justicia y las personas que se tienen que sentar en el banquillo son otros", sentencia en referencia a los que hicieron los anónimos que desembocaron en el caso.

El número de trabajadores en despidos colectivos cayó un 69,4% entre enero y noviembre en comparación con el mismo periodo del año anterior, con 8.481 trabajadores afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada se ha multiplicado por casi 20,1 en el mismo periodo, hasta los 1.004.637 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Hasta noviembre, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas se multiplicó por mas de trece en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.013.118 afectados, de los que el 99,16% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados en el pico máximo de abril y actualmente unos 704.000).

En el mes de noviembre, 1.473 trabajadores de un total de 20.719 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (19.246).

SIETE DE CADA DIEZ, EN PROCEDIMIENTOS POR FUERZA MAYOR

De los 1.013.118 trabajadores afectados por ERE en los once primeros meses del año, casi siete de cada diez (677.517 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 560 la del mismo periodo del año pasado (1.199 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 335.601 trabajadores hasta noviembre, casi 4,4 veces que en los once primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de noviembre, 12.331 afectados por ERE lo son por causas objetivas, mientras que 8.388 lo son por procedimientos de fuerza mayor.

MÁS AFECTADOS EN COMERCIO Y HOSTELERÍA

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta noviembre (286.902), junto a hostelería (163.413) y actividades administrativas (132.533), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (735), el suministro de agua (2.186), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.786) y las actividades inmobiliarias (2.862).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta noviembre un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (262.927), seguida de Cataluña (186.089) y Andalucía (126.716).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 89.954 trabajadores afectados; Castilla y León, con 48.681, y País Vasco (43.911). Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (6.275) y Extremadura (8.277).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.

Representantes del sector educativo y del emprendimiento innovador se han reunido este lunes con el Gobierno para acercar la comunidad educativa y el ecosistema del emprendimiento innovador con el objetivo de buscar sinergias.

La reunión es el punto de partida de la Semana de la Educación Emprendedora, una iniciativa que comienza hoy y se extenderá hasta el viernes 29 de enero, que promueve el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Ministerio de Universidades.

El encuentro, que ha tenido lugar en el Casón del Buen Retiro gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura y Deportes, ha contado con la presencia del Alto Comisionado, Francisco Polo, y de la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz López, por parte del Gobierno.

Y ha sido clausurada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. "La educación es el mejor instrumento para permitir el desarrollo de todos los talentos. Nuestra sociedad necesita de todos ellos para contribuir a la prosperidad económica y al bienestar social. La educación es el eje de cambio personal, social y económico y la catalizadora del desarrollo futuro", ha señalado en un comunicado.

La ministra también ha destacado que la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, y la futura ley de FP, son "instrumentos clave" para la transformación que ha emprendido España hacia "una sociedad más abierta, más dinámica y más emprendedora".

Por su parte, el Alto Comisionado ha señalado la importancia de la educación en la misión de hacer de España una Nación Emprendedora. "Acercar la comunidad educativa y el emprendimiento es fundamental para avanzar hacia un futuro en el que cualquier persona pueda disponer de las herramientas necesarias para desplegar su futuro de vida. Debemos poner al emprendimiento innovador al servicio de la educación", ha indicado.

Tras la reunión, el Alto Comisionado visitará la Oficina Complutense de Emprendimiento (Compluemprende) de la UCM. Este departamento tiene como objetivo acompañar y asesorar a emprendedores en el proceso de evaluación de su idea de negocio o en el desarrollo de un plan de empresa.

UNA SEMANA DE ACTIVIDADES

Las entidades públicas EOI y Enisa, adscritas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; e INCIBE y Red.es, adscritas al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se suman a la Semana demostrando su compromiso de apoyo al emprendimiento innovador desde la formación, la financiación de riesgo, la ciberseguridad y la transformación digital.

Los agentes del ecosistema de emprendimiento innovador y de la comunidad educativa que contribuyen a esta primera Semana de la Educación Emprendedora son Amazon Web Services, el Banco Santander a través de su programa Explorer, EAE Business School, Ecoembes a través de TheCircularLab, ESADE, ESIC, La Fundación Youth Business Spain, Gigas a través de su programa Gigas For Schools, Google, IESE, SEK, Smartick, South Summit, Fundación Telefónica a través de 42, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada, entre otros.

Los conflictos armados son cada vez más complejos y prolongados, y constituyen una amenaza creciente para el acceso humanitario y la prestación de servicios de salud esenciales, que afectaron al menos a 630 millones de mujeres y niños, más del 8% de la población mundial, en 2017, según un nuevo informe dirigido por co-investigadores académicos y socios afiliados al Consorcio BRANCH.

Este informe, que expone los efectos de largo alcance de la guerra moderna en la salud de mujeres y niños, el es primero de cuatro que forman una serie que está siendo reproducida en 'The Lancet', y que sintetiza la evidencia existente con nuevos modelos y conocimientos de una variedad de socios de investigación locales, agencias humanitarias, y organizaciones de la sociedad civil.

Los autores destacan el fracaso de la comunidad global para priorizar la salud de las mujeres y los niños en áreas de conflicto, y piden un compromiso internacional de los actores humanitarios y donantes para enfrentar los desafíos políticos y de seguridad, junto con el consenso sobre un marco para identificar intervenciones de alta prioridad y llegar a las mujeres y los niños más vulnerables con la mejor atención posible.

"Las nuevas estimaciones proporcionan pruebas convincentes del enorme costo indirecto de la guerra moderna causado por enfermedades infecciosas fácilmente prevenibles, desnutrición, violencia sexual y mala salud mental, así como la destrucción de servicios básicos como el agua y las instalaciones médicas", señala el profesor Zulfiqar Bhutta del Center for Global Child Health, The Hospital for Sick Children en Toronto en Canadá y el Institute for Global Health & Development, The Aga Khan University, quien dirigió la Serie.

Hoy en día, más de la mitad de las mujeres y los niños del mundo viven en países que experimentan un conflicto activo. La comunidad internacional no puede seguir ignorando su difícil situación. Es hora de un replanteamiento radical de la respuesta mundial que enfrenta los desafíos a la inseguridad, el acceso, política, coordinación y logística de la entrega de intervenciones de alta prioridad para mujeres y niños en entornos políticamente inestables e inseguros", añade.

El RIESGO DE MORIR POR CAUSAS NO VIOLENTAS AUMENTA

La evidencia sugiere que el riesgo de morir por causas no violentas aumenta sustancialmente con la proximidad a conflictos más intensos y crónicos; las mujeres en edad fértil en África que viven cerca de los combates de mayor intensidad tienen tres veces más probabilidades de morir que las mujeres en áreas pacíficas, y el riesgo de muerte entre los lactantes es superior en más del 25%.

Se estima que entre 6,7 y 7,5 millones de bebés, y más de 10 millones de niños menores de 5 años, nacidos en un radio de 50 km de un conflicto armado, murieron a causa de las consecuencias indirectas de los combates en África, Asia y las Américas entre 1995 y 2015.

"Está claro que los efectos indirectos de los conflictos armados sobre las mujeres y los niños son mucho mayores que los efectos de los combates reales", explica el coautor de la serie, el doctor Hala Ghattas, director del Centro de Investigación sobre Población y Salud de la Universidad Americana de Beirut, Líbano.

"Pero la realidad podría ser mucho peor. La inseguridad y la insuficiencia de recursos hacen que los datos sean a menudo escasos y de mala calidad. Se necesita una inversión mucho mayor para fortalecer la recopilación de datos y la colaboración entre los organismos humanitarios y las autoridades locales para generar mejores, más fácilmente disponibles y procesables información para mejorar la respuesta en crisis humanitarias", añade.

En 2019, hubo 54 conflictos armados estatales en curso en 35 países, con un promedio de 20 años o más. Una vez confinado principalmente a naciones en guerra, los conflictos armados involucran cada vez más enfrentamientos entre naciones y grupos insurgentes que controlan grandes áreas geográficas, y se caracteriza por una falta de respeto por el Derecho Internacional Humanitario, el uso sistemático de armas explosivas y químicas en las ciudades, relaciones sexuales omnipresentes, violencia contra mujeres y niñas y guerra híbrida (por ejemplo, ciberataques y manipulación de las redes sociales).

"Dada la naturaleza cambiante de los conflictos armados, esta serie subraya la importancia de respuesta humanitaria que incluye el empoderamiento de las comunidades y los líderes locales, ya que están en mejores condiciones de brindar servicios que salvan vidas, servicios que dependen de las capacidades, percepciones y confianza de una comunidad", explica la coautora de la serie, la doctora Michele Barry, decana asociada senior de salud global y directora del Centro de Innovación en Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

La serie también evaluó la provisión de intervenciones de salud probadas para mujeres y niños en 10 países afectados por conflictos en diferentes etapas (por ejemplo, aguda, prolongada, posconflicto) de conflicto y condiciones geográficas, políticas y económicas: Afganistán, Colombia, República Democrática del Congo, Malí, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

Si bien comúnmente se da prioridad a una variedad de intervenciones que incluyen atención prenatal, atención obstétrica de emergencia, vacunación infantil y alimentación de lactantes y niños pequeños, la evidencia sugiere que la prestación de muchos servicios que salvan vidas, incluidos la mayoría de los servicios sexuales, reproductivos, neonatales y adolescentes servicios de salud, "es limitado".

ALGUNAS MEDIDAS A ADOPTAR

Como primer paso para llenar la brecha de orientación, los autores piden que los actores de la salud humanitaria, incluidas las agencias globales y locales y las ONG, y el mundo académico que trabajan en situaciones de conflicto, establezcan un marco de toma de decisiones para guiar la selección de intervenciones prioritarias y mejorar la rendición de cuentas.

"Si bien las necesidades de las comunidades afectadas por conflictos son grandes, sus voces a menudo no se escuchan o se pasan por alto, por lo que es imperativo que tomen asiento en la mesa, y que los actores humanitarios los escuchen, cuando se tomen decisiones que les conciernen", explica la coautora de la serie, la profesora asistente Neha Singh, codirectora del Centro de Salud en Crisis Humanitarias de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido.

"Es imperativo que el mundo haga esfuerzos más concertados para reducir el riesgo de conflicto, pero hasta que eso suceda, mejorar la prestación de servicios de salud y nutrición para mujeres, niños y adolescentes afectados por conflictos sigue siendo una responsabilidad ética y moral", añade.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado este lunes que se ha producido una respuesta "muy importante" por parte del sector privado ante las distintas manifestaciones de interés lanzadas sobre los fondos europeos y el Plan de Recuperación, que generará un impacto macroeconómico "muy significativo", superior a dos puntos porcentuales para el crecimiento de este año y a medio plazo.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Transformación Digital, en la que ha constatado el "absoluto alineamiento" respecto a las prioridades en el ámbito público y privado sobre las inversiones y reformas a abordar en los próximos meses y años para impulsar la recuperación, la transformación y la modernización del país.

Calviño, que ha avanzado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará los tres planes pendientes de la Agenda España Digital 2025 --el plan de digitalización de pymes, de competencias digitales y de digitalización de la Administración--, ha valorado que las CCAA están poniendo en marcha planes de digitalización "muy alineados" con los del Ejecutivo, lo que puede multiplicar el impacto de los planes que se impulsen a nivel nacional potenciando la colaboración público-privada.

Asimismo, ha subrayado que en las distintas manifestaciones de interés lanzadas en los últimos días relativas a los fondos europeos, en materia de transición ecológica, Industria y otras, se ha visto una respuesta "muy importante" por parte del sector privado, por lo que ha aseverado que hay una "base de proyectos interesantes que pueden servir para poner en marcha cuanto antes el ambicioso Plan de Reformas e Inversiones".

Con el conjunto de palancas en materia de transición ecológica y transformación digital, y otras con potencial de crecimiento como en el ámbito de la educación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha augurado que el impacto macroeconómico puede ser "muy significativo ya desde 2021", aumentando en "más de dos puntos porcentuales el crecimiento", así como el crecimiento potencial por encima del 2% a medio plazo.

"Está sirviendo para movilizar un gran interés por parte del sector privado, que encauzada con esta colaboración público-privada puede tener un impacto muy positivo", ha valorado.

MANIFESTACIONES DE INTERÉS

Sobre las manifestaciones de interés ha explicado que es un instrumento "poco utilizado" pero que en el Gobierno han visto que puede ser "útil", para identificar criterios e instrumentos jurídicos de cara al posterior lanzamiento de convocatorias de convenios, licitaciones o consorcios para la concesión de ayudas.

A modo de ejemplo, ha dicho que en el ámbito de la conectividad 5G puede servir en zonas poco pobladas para identificar los espacios potenciales en los que desplegar las acciones del sector público, y las CC.AA. y corporaciones locales pueden contribuir identificando polígonos industriales, zonas cubiertas y los instrumentos más eficaces.

En todo caso, ha aclarado que la participación en un manifestación de interés no prejuzga el proceso de ejecución del Plan, que "seguirá todas las normas de procedimientos administrativos" agilizados con la reforma de la Administración aprobada, por lo que no participar en una manifestación de interés "no limita en absoluto la posibilidad de participar en la licitación" y viceversa, aquellas empresas que no participen de las manifestaciones de interés podrán igualmente optar a las licitaciones posteriores.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en las licitaciones para con su lanzamiento impulsar la ejecución en el curso de 2021 de los ámbitos con un mayor peso dentro del Plan y una mayor capacidad de tracción en la economía española, siendo los ministerios con un mayor papel los de Transición Ecológica, Vivienda, Transporte y Movilidad y Transformación Digital.

"Hay que agilizar todos los procesos administrativos para tener una ejecución real sobre el terreno de los proyectos ya en el curso de 2021", ha añadido.

FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES, LA PRIORIDAD

De cualquier forma, la vicepresidenta ha apuntado que la "prioridad" este año tiene que ser impulsar la formación y la cualificación de todos los trabajadores, en particular de aquellos que se encuentren en un ERTE o desempleados, y con atención "muy especial" a dos de los colectivos más golpeados por la crisis: jóvenes y mujeres.

"No tenemos tiempo que perder para empezar a reducir el alto desempleo juvenil, uno de los problemas estructurales y una prioridad para el Gobierno", ha insistido Calviño, quien ha pedido aunar esfuerzos para activar de manera "más ágil y eficaz" y "lo antes posible" los mecanismos para impulsar la formación y la empleabilidad, garantizando la recualificación de trabajadores hacia empleos de calidad que se potenciarán con el Plan de Recuperación.

Entre otros campos, ha citado la digitalización, la eficiencia energética, la renovación de edificios o la movilidad sostenible y conectada, con nuevas redes inteligentes de distribución de energía y con el fin de generar empleo "de calidad".

Preguntada sobre la intención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de retomar en el marco del diálogo social la negociación sobre el Salario Mínimo en 2021 una vez se cierre la mesa referida a los 'riders', Calviño ha apuntado que el diálogo social es un "proceso continuo" a través de las distintas mesas encabezadas por varios departamentos.

Según ha dicho, se van a ir abordando "todos los elementos de la nueva política pública para un mercado laboral que permita la creación de empleo intensa, pero de calidad, y aprovechar la recuperación para impulsar y resolver los problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará este martes una vista pública para estudiar los argumentos de la defensa de la que fuera jefa de los 'comandos legales' de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', condenada el pasado mes de julio a 122 años de prisión por dar la orden y suministrar los explosivos para el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado el 22 de diciembre de 1995 en León con una bomba lapa colocada bajo el asiento de su vehículo.

La Audiencia Nacional impuso a Iparraguirre una pena de 30 años por un delito de asesinato terrorista contra un miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro penas de 20 años por asesinato terrorista frustrado por cada uno de los heridos en el atentado --la hija del comandante, que viajaba en el asiento del copiloto del coche, y tres transeúntes--, así como otros 12 años por tenencia de explosivos.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal estableció también una indemnización de 300.000 euros para la mujer del fallecido y de 160.000 euros para cada uno de los hijos por el fallecimiento del comandante. Además, la hija que resultó herida deberá ser indemnizada con 92.100 euros por las lesiones sufridas y con otros 250.000 por las secuelas.

Se trata de la primera condena en España para la que fuera jefa de los 'comandos legales' de la banda terrorista, después de que fuera entregada por Francia el otoño pasado. Tiene, además, otras 11 causas pendientes en la Audiencia Nacional.

ESPECIAL PERVERSIDAD

Los jueces de la Audiencia Nacional destacaron en su sentencia la "especial perversidad y falta absoluta de respeto por la vida e integridad de las personas de la acción y de la afectación psíquica e intenso sufrimiento causado a las víctimas".

En su relato de hechos probados, la Sala cuenta cómo Iparraguirre, tras haber formado parte de diversos comandos, en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del aparato militar de ETA en Francia y en julio de 1994 pasó a ser responsable de los 'comandos legales', tarea que ejerció hasta 1998.

A partir de 1994, era 'Anboto' la que transmitía a los comandos las órdenes concretas de ETA respecto de los objetivos contra los que había que atentar, daba instrucciones sobre la forma en la que debían perpetrarse las acciones, les facilitaba el material necesario --explosivos y armas-- y les daba las instrucciones de fabricación y de su utilización, además de suministrarles los fondos necesarios para su actividad.

La sentencia da por probado que una de las acciones señaladas por ETA y cuya orden de ejecución transmitió Iparraguirre al etarra encargado de perpetrarla fue el asesinato del comandante Cortizo, entonces destinado en León. Según los magistrados, 'Anboto' ordenó ejecutar la muerte de dicho militar a Sergio Polo, alias 'Lur', que en aquella época constituía él solo un 'comando legal'.

Para llevar a cabo el atentado, indica la sentencia, la acusada entregó a Polo el material para elaborar los artefactos explosivos, entre ellos los necesarios para la fabricación de una bomba lapa, "dándole instrucciones precisas sobre la ejecución del atentado, la fabricación, el transporte y la colocación del artefacto explosivo, tendentes a asegurar el resultado y evitar riesgos para el autor".