El civismo en Internet empeoró desde el arranque de la pandemia de Covid-19 para el 21% de los españoles, momento en que un mayor número de personas recurrieron a Internet para desahogarse y plasmar sus frustraciones, si bien también una cuarta parte asegura haber notado una mejora, que atribuye a un sentimiento colectivo de 'estamos todos juntos en esto'.

Microsoft ha publicado los nuevos datos de su Índice de Civismo Digital (ICD), 'Civismo, seguridad e interacciones online-2020', en el que de forma anual y desde hace cinco años, Microsoft analiza el estado de civismo digital de adolescentes y adultos en distintos países en todo el mundo.

Para entender el índice, la compañía señala que cuanto más baja sea su lectura (en una escala de cero a 100), menor será la exposición al riesgo de los encuestados y mayor será el nivel de civismo 'online' percibido por las personas de ese país. En este sentido, el ICD global que se desprende del estudio de Microsoft se sitúa en el 67%, lo que supone una mejora de tres puntos porcentuales con respecto a los resultados de 2019.

En el caso de España, cuyos datos se han incorporado por primera vez a este informe, los resultados lo se sitúan a la par de la media global, con un 67%, solo por debajo de otros países en Europa, como Dinamarca, Irlanda y Suecia, que con un 68%, 74% y 78%, respectivamente.

Italia se coloca en una posición más favorable que España, aunque con una diferencia de tan solo 3 puntos porcentuales, mientras que Países Bajos (51%), Reino Unido (55%) y Alemania (62%) encabezan la lista de países que mejor civismo 'online' registran en esta región europea, según los encuestados por Microsoft.

En el ranking mundial, los países con las lecturas más altas de incivilidad 'online' fueron Sudáfrica (81%), Rusia (80%) y México (76%).

LOS ADOLESCENTES SUPERAN EN CIVISMO 'ONLINE' Y CONCIENCIACIÓN A LOS ADULTOS

Por grupos de edad, los adolescentes fueron los responsables de la notable mejora del civismo 'online' en general. De hecho, el índice de civismo digital de los adolescentes en los 32 países mejoró en tres puntos, pasando de 66% en 2019 al 63% en 2020, mientras que entre los adultos mejoró solo un punto porcentual, situándose en un 71%, frente al 72% del año anterior.

El informe recoge que España va en línea a los resultados globales, con un 64% en el ICD entre los adolescentes y un 70% entre los adultos.

En la categoría personal/intrusiva, por ejemplo, el 'contacto no deseado' mejoró notablemente. La compañía destacada que se trata de "un avance importante", porque este tipo de contacto ha sido "la preocupación más común entre los encuestados durante los cinco años de esta investigación".

A nivel global, el 34% de los encuestados considera que el civismo digital había sido favorable, un 24% neutral y un 43% lo veía desfavorable en términos de contacto no deseado, en comparación con hace un año. Estos datos en España difieren: favorable (39%), neutro (41%) y desfavorable (20%).

Además, los jóvenes en todo el mundo mostraron puntuaciones más positivas en las cuatro categorías analizadas (comportamiento, sexual, reputación y temas de índole personal/intrusivo), y entre ellos, los sexuales cayeron casi cuatro puntos porcentuales en el Índice global de 2020 respecto a 2019.

La mayor concienciación de los adolescentes sobre los riesgos que pueden encontrar en Internet, como la sextorsión y la captación de menores a través de la Red con fines sexuales o de otro tipo, podría estar detrás de la mejora, como apuntan desde Microsoft.

Aún así, alrededor del 40% de los adolescentes encuestados a nivel global afirma haber estado implicado en un incidente de acoso, bien como objeto del mismo (13% en España), o como espectador (33% en España). Por su parte, el 10% de los adultos afirma haber estado involucrado en un incidente de acoso en el trabajo.

En conjunto, el 38% de los encuestados señala haber estado involucrado en un caso de este tipo, con el 19% identificándose como 'objetivo', el 21% como 'espectador' y el 1% como colaborador' y 'acosador'.

ESPAÑA A LA CABEZA MUNDIAL EN TIMOS, ESTAFAS Y FRAUDES Y EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

Según el informe de Microsoft, España, con un 44% se sitúa 13 puntos por encima de la media mundial en cuanto a engaños, estafas y fraudes en Internet. Además, un 34% dice haber recibido contacto no deseado en Internet y un 26% afirma haber sido víctima de 'sexting', un término que hace referencia al envío no deseado y recepción de mensajes, imágenes, vídeos u otros recursos, con contenido sexual a través del móvil u otro dispositivo en la Red.

Por otro lado, en España, uno de cada seis (el 21% de los encuestados) afirma que el civismo en Internet empeoró durante la pandemia de Covid-19, concretamente durante los meses de abril y mayo. Una de las causas más citadas por los encuestados del poco civismo en la Red es que las personas usan Internet para desahogarse y plasmar sus frustraciones.

Sin embargo, algo más de una cuarta parte (26%, en línea con la media global) señala que el civismo digital mejoró durante este tiempo, atribuido en gran medida a un sentimiento colectivo de 'estamos todos juntos en esto'. Los encuestados han señalado que su percepción es que la gente se ayudaba y animaba mutuamente en la Red y mostró un mayor sentido de comunidad, uniéndose para hacer frente a la crisis.

La jubilación de José Antonio Rodríguez González, comisario de la Policía al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, obligará al departamento de Fernando Grande-Marlaska a decidir en breve sobre este puesto clave dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El comisario José Antonio Rodríguez cumple 65 años en marzo y, por tanto, debe jubilarse como comisario de la Policía Nacional. Esto plantea que se tenga que buscar un relevo o decidir sobre su continuidad como alto cargo en Interior, según ha adelantado 'El Mundo' y confirman fuentes del Ministerio.

Tras destacar la "profesionalidad y dedicación" de Rodríguez, las citadas fuentes rechazan por ahora valorar su posible continuidad, así como si esto exigiría cambios en la estructura orgánica del Ministerio del Interior o habría que plantear alguna modificación legislativa.

UNA ELECCIÓN CON CRÍTICAS INTERNAS

La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior a mediados de 2018 trajo consigo un fuerte malestar en un sector de la Guardia Civil, debido a que optó por un comisario de la Policía en lugar de un mando del instituto armado para el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, encuadrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Grande-Marlaska apostó por José Antonio Rodríguez, conocido al algunos círculos policiales con el sobrenombre de 'Lenin', un comisario con un pasado vinculado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y también con el PSOE. La mayoría de sindicatos de la Policía respaldaron este nombramiento en 2018, acusando a los críticos dentro de la Guardia Civil de creerse "acreedores vitalicios" de este puesto clave en la coordinación policial.

El puesto de jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios es un cargo relevante por su cercanía a la gestión del día a día de la Secretaría de Estado de Seguridad, en especial por su papel de 'enlace' con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Uno de los momentos donde su peso se puso de manifiesto fue en 2017, durante el referéndum independentista del 1-O, cuando la Fiscalía propuso a quien ocupaba el cargo siendo Juan Ignacio Zoido (PP) ministro del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, para que coordinara el dispositivo que debía impedir esta votación.

SUPERVISIÓN DE FONDOS RESERVADOS

Entre las responsabilidades atribuidas al jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios está la supervisión del uso de los fondos reservados destinados a la Policía y la Guardia Civil. De esto mismo dio cuenta en noviembre Pérez de los Cobos ante el juez del 'caso Kitchen', que investiga la incautación irregular de documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas. El coronel limitó esta supervisión a un control contable para no exceder las asignaciones aprobadas, pero sin conocer los detalles.

José Antonio Rodríguez, por otra parte, forma parte de la treintena de comparecientes citados por la comisión del Congreso de los Diputados que investigará la llamada operación 'Kitchen', junto al excomisario José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Grande-Marlaska se ha enfrentado a quejas internas y de los partidos de la oposición por algunas decisiones relacionadas con la estructura de mando de la Guardia Civil, sobre todo tras el cese de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) tras suspender operaciones con cargo a los fondos reservados y, posteriormente, por apartar a Diego Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid en medio de una investigación judicial sobre la relación de la manifestación del 8M con el inicio del contagio de coronavirus en Madrid.

Este último relevo en mayo de 2020 llevó a que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, renunciara al cargo, adelantando unos días la salida pactada por su jubilación y que había sido postergada debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que investiga el proceso de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes (Aznalcóllar) a la agrupación empresarial México-Minorbis pese a mediar una oferta económicamente superior por parte de Emérita Resources España, ha emitido un nuevo auto ordenando continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra un total de nueve personas investigadas en la causa.

En un auto fechado este pasado lunes, la juez Patricia Fernández Franco ordena tal extremo respecto a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.

"Formó parte también de la mesa de contratación Juan Manuel Revilla Delgado, secretario de la misma como Jefe del Departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, pero interviniendo con voz pero sin voto, procede mantenerlo al margen de este procedimiento, al igual que ocurre con los miembros de la comisión que se limitaron a elevar un informe o díctamen no vinculante", precisa la juez.

La juez acuerda así la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra todos los ya mencionados por un presunto delito de prevaricación administrativa, dando traslado de ello a la Fiscalía y al resto de partes para que en un plazo de diez días, "formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa", toda vez que la Fiscalía ha pedido en varias ocasiones el sobreseimiento provisional del caso.

LOS "INDICIOS EXISTENTES"

Para la juez instructora, que desde la apertura de la causa en 2015 ha archivado dos veces la investigación, siendo la misma reabierta en ambos casos por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, "los indicios existentes son bastantes para abrir la llamada fase intermedia, dando por terminada la instrucción jurisdiccional y acomodando las actuaciones al procedimiento legalmente previsto".

Recordemos al respecto que en una providencia de fecha 13 de marzo de 2020, la juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, exponía a las partes personadas en esta causa que "teniendo en cuenta que no existen actualmente diligencias de investigación pendientes de practicar", era necesario "conferir traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo de diez días para alegaciones sobre el curso del procedimiento".

Tras ello, tanto Emerita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción solicitaron nuevas diligencias de diversa índole, mientras las representaciones de Minorbis, las diversas personas investigadas y la Fiscalía solicitaban el libre sobreseimiento de las actuaciones, por tercera vez.

DILIGENCIAS ARCHIVADAS EN DOS OCASIONES PERO REABIERTAS

Y es que tras la denuncia inicial de Emerita Resources España, que competía con el grupo México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a dicho grupo, la juez instructora ha archivado dos veces las diligencias.

Empero, tras ser impugnadas ambas decisiones de archivo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación.

De cualquier modo, ante las nuevas diligencias reclamadas por Emerita Resources España, Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, la juez instructora decidió en dos autos emitidos en junio y en julio de 2020 denegar tales peticiones de nuevas diligencias porque como señalaba en uno de estos autos, "con carácter general, no resulta procedente la práctica indiscriminada de cualquier diligencia que, someramente, pueda de algún modo relacionarse con los hechos investigados, sin que se explicite de forma suficiente su trascendencia concreta respecto de los mismos".

Aunque Emerita Resources España y Andalucía Mining recurrieron ante la Sección Séptima de la Audiencia la decisión de la juez instructora de denegar la práctica de nuevas diligencias, la Audiencia desestimó las pretensiones de tales entidades, salvo una petición de Andalucía Mining en demanda de copia testimoniada de la totalidad de la comisión rogatoria realizada en 2018 por las Autoridades Mexicanas y sobre la totalidad de las diligencias que se hubiesen practicado, acerca de "supuestos pagos que Grupo México realizó a Magtel a través de Minorbis, que pudieran ser constitutivos de soborno".

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza este martes un total de 105 centros sociosanitarios con algún caso positivo en Covid-19 entre sus usuarios, que son 16 menos --un 13,2% menos-- que los 121 a los que ascendía esa cifra hace una semana, el pasado 2 de febrero, y en los que residen 963 afectados del coronavirus.

Así se desprende del informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus que ha dado a conocer este martes la Consejería de Salud y Familias al Consejo de Gobierno, que detalla que, en la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía, de los que 105 presentan algún caso positivo en residentes, lo que supone el 9,5% del total, de forma que el 90,5% restante no tiene usuarios con Covid-19.

Por su parte, otras 106 residencias --frente a las 121 de hace una semana-- contabilizan casos sólo en trabajadores, por lo que los residentes no se han visto afectados y las plantillas han podido seraisladas. En concreto, se contabilizan en las residencias de mayores 963 residentes positivos, de los que 83 se encuentran ingresados, y 452 trabajadores confirmados, según ha detallado la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha se han realizado 686.318 test a residentes y trabajadores, dando un total de 11.099 positivos. Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo; en concreto, 99.558 a residentes y 317.641 a trabajadores. En total, 417.199 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

La Junta ha insistido una semana más en que, desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad, se intensificó el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

CENTROS MEDICALIZADOS

En la actualidad, se encuentran medicalizados, en la provincia de Almería, el Centro Residencial Bautista Galera de Chirivel y las residencias Gerial de Albox, San Antonio de Vícar, Fuente de Vícar, Jardines de la Cerca de Gérgal y Cortijo el Limonero de Pechina; así como, en la provincia de Cádiz, la residencia María Dolores Castañeda de la capital y las residencias San García de Algeciras, Nuestra Señora de Los Barrios, Casa Mayor Clece de San Roque, las residencias la Torre de El Puerto de Santa María, Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, Aldea Geriátrica Seniors de Tarifa, Aura de Benalup, la Novo Sancti Petri de Chiclana de la Frontera y la Residencia Cruz Roja de San Fernando.

En Córdoba, las residencias Vitalia Guadalquivir y Castilla de la capital, y las residencias 'Jesús Nazareno' de Castro del Río y 'Santa Bárbara' de Peñarroya-Pueblonuevo; en la provincia de Huelva, el Centro Residencial Domusvi de La Palma del Condado, y en la provincia de Jaén, la Residencia Buenos Aires de Fuerte del Rey, la Residencia Edades de Los Villares y la residencia Juan Zarrías de Cazalilla.

También están medicalizadas, en Málaga, la Residencia Hermanitas de los Pobres de Ronda y la Residencia Blas Infante de Cañete Real, y, en la provincia de Sevilla, la Residencia Habitare de Castilleja, el CER Gregorio Medina Blanco de Espartinas, la Residencia Vitalia Home Alcosa en Sevilla, la Residencia Vitalia Los Palacios, la Residencia RGA La Motilla de Dos Hermanas y la Residencia Macrosan de El Ronquillo.

Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación, que son el Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Oloriz (Granada), Hospital Vithas Sevilla, Hospital Civil de Málaga, Doctor Sagaz (Jaén), el HARE de Lebrija (Sevilla), la Asociación Frater de Huelva y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

La CIG ha criticado que, en relación al arrastrero 'Venturer', con base en el Puerto de Vigo, que permanece confinado en Salvador de Bahía (Brasil) tras detectarse un brote de covid a bordo, las administraciones públicas "continúan desaparecidas".

"Sabemos que el consulado está hablando con el capitán, pero sospechamos que por orden de la empresa no está facilitando información", ha criticado el sindicato en un comunicado remitido este martes.

Así las cosas, la organización sindical ha manifestado que las familias y tripulantes del barco tienen un "profundo malestar" ante la "falta de información sobre lo que está pasando".

En relación a ello, ha comentado que, de los cinco marineros inicialmente ingresados por covid-19 en centros hospitalarios, quedan aún dos hospitalizados, un ciudadano peruano y otro gallego. Sobre este último, ha indicado que se encuentra "en una situación muy delicada, ya que permanece entubado y sedado en la UCI".

En lo relativo a los marineros que se encuentran dentro del barco, ha denunciado que "no reciben información, hasta el punto de que mañana supuestamente tienen que hacer nuevas pruebas PCR, pero no saben nada".

En este marco, ha censurado que el grupo gallego Pescapuerta, propietaria de la embarcación, "parece más preocupada por volver a trabajar cuanto antes que por el estado de sus empleados y por mantener informados de lo que está pasando tanto a ellos como a sus familias". Pescapuerta se ha negado a hacer declaraciones sobre estos hechos.

PRIMEROS SÍNTOMAS

El arrastrero 'Venturer' se encuentra atracado en el puerto de la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, a donde arribó el 28 de enero después de que varios de los miembros de la tripulación presentasen síntomas compatibles con el covid-19.

El barco partió de Vigo el 14 de enero con 64 personas a bordo para faenar en aguas de las Malvinas. Previamente, según la CIG, la tripulación se sometió a las pruebas para descartar casos de coronavirus y guardó cuarentena en un hotel durante la semana previa a la partida --de hecho, algunos de los tripulantes tuvieron que quedarse en tierra tras dar positivo--.

A su llegada a Salvador de Bahía, a donde se dirigieron tras empeorar la situación, que había sido puesta en conocimiento del Centro Radio Médico de Madrid, cinco de los tripulantes fueron evacuados a centros hospitalarios. Desde entonces, el resto de la tripulación se encuentra bordo del arrastrero sin que las autoridades brasileñas les permitan desembarcar.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha abordado la posibilidad de un aumento de las inversiones saudíes en España durante la visita de dos días que ha realizado al reino en el marco de la gira que está realizando por el Golfo.

Arabia Saudí ha sido la segunda parada en esta gira, que en primer lugar la llevó a Emiratos Árabes Unidos, y desde donde ahora se desplazará a Qatar. El periplo, según indicó Exteriores, tiene un marcado carácter económico, con la vista puesta en atraer inversiones de cara a la recuperación post Covid.

En este sentido, durante su paso por el reino, primer socio comercial en Oriente Próximo, ha tenido ocasión de reunirse con el ministro de Inversiones, Khaled al Faleh, y con el gobernador del fondo soberano saudí Public Investment Fund (PIF), Yasir al Rumayyan.

Según ha informado su departamento en un comunicado, con ambos trató las posibilidades de aumentar la inversión saudí en España en el marco del Plan de Recuperación y utilizando estrategias de coinversión.

González Laya también se entrevistó con el ministro de Comercio, Majid al Qasabi, y con el ministro de Turismo, Ahmed al Khateeb. Además, ha visitado el recinto arqueológico de Turaif, calificado como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en Diriyah, donde se desarrollará uno de los giga-proyectos emblemáticos de desarrollo turístico del país.

Como ya ocurrió durante su paso por Dubai, la ministra ha mantenido un desayuno de trabajo con una representación de las más de 90 empresas españolas con presencia en Arabia Saudí, que desarrollan proyectos como el del AVE entre las ciudades de La Meca y Medina.

En esta línea, visitó las obras del metro de Riad, la obra civil más grande del mundo, en la que la española FCC lidera uno de los tres consorcios encargados de su construcción.

REUNIÓN CON SU HOMÓLOGO

En el plano político, la ministra ha tenido ocasión de repasar las relaciones bilaterales con su homólogo saudí, el príncipe Faisalbin Farhan al Saud, a quien ha felicitado por la presidencia por parte de Arabia Saudí del G20 en las difíciles circunstancias de la pandemia.

Asimismo, González Laya ha felicitado a Riad por la reconciliación entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, después de que el mes pasado Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos, así como Egipto, pusieran fin al boicot impuesto sobre Qatar en julio de 2017.

Durante su encuentro, según Exteriores, también han abordado lasrelaciones con Irán, las perspectivas del proceso de paz entre árabes eisraelíes, la situación en el Sahel y los conflictos en Yemen y Libia.

Cerca de 500 jóvenes españoles y belgas se han reunido este martes en un evento online para debatir sobre cómo acabar con las diferentes formas de acoso callejero que, diariamente, sufren en los espacios públicos de sus ciudades, según ha informado Plan Internacional.

Como resultado del encuentro, los jóvenes han elaborado una lista de cinco recomendaciones para abordar esta forma de violencia en las políticas públicas de sus ciudades, y garantizar su derecho a moverse libremente y a participar en su ciudad.

Plan International ha organizado este evento en el marco del proyecto europeo 'Safer Cities for Girls', que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, y busca crear ciudades más seguras e inclusivas, a partir de la participación de adolescentes y jóvenes, para garantizar su derecho a disfrutar del espacio público en igualdad de condiciones.

El objetivo final de esta iniciativa es crear un manual práctico de recomendaciones que la organización compartirá con los ayuntamientos de las ciudades españolas y belgas involucradas y con la Comisión Europea.

Según una investigación de Plan International, un 84% de las niñas y jóvenes en Madrid afirman haber sido acosadas sexualmente en la calle, mientras que, en el caso de las chicas de Bélgica, la cifra asciende a un 91%. Las jóvenes entrevistadas por la ONG afirman que la mayoría de las veces son acosadas en calles vacías, bares, conciertos y estaciones de metro. Las formas de acoso pueden incluir silbidos, miradas indeseadas, comentarios e, incluso, tocamientos no deseados.

En este contexto, la directora general de la ONG, Concha López, ha advertido de que, independientemente del país en el que vivan, las niñas y adolescentes "no se sienten seguras en las calles de sus ciudades y temen ser objeto de distintas formas de violencia y acoso".

"Este tipo de iniciativas nos permiten visibilizar el acoso y recoger las opiniones de las chicas para promover soluciones a este problema un problema tan cotidiano como invisibilizado", ha señalado.

Por su parte, Ana, de 23 años, una de las participantes de Sevilla, ha destacado que está "muy ilusionada" y que espera llegar a "un punto en común para acabar con el acoso callejero". "En el momento en el que ponemos encima de la mesa que es una problemática social, y nos reunimos para intentar cambiarlo, yo creo que ya se está haciendo algo", ha dicho.

A través de la web del proyecto, activa desde enero de 2020, la organización ha recopilado un total de 4.000 experiencias sobre acoso callejero, aunque la participación seguirá abierta hasta septiembre de 2021 para recoger más datos.

Aunque en algunas ciudades españolas y belgas la movilidad está restringida, hay límites horarios y se han cancelado los eventos públicos, la ONG alerta de que el acoso callejero "no parece haber desaparecido durante la pandemia, y la sensación de miedo de las chicas muchas veces puede ser mayor, debido a la menor afluencia de gente en la calle, el cierre de establecimientos y la sensación de mayor impunidad de los agresores.

Durante el evento, los jóvenes han debatido en grupos y han propuesto soluciones para abordar el acoso callejero en cinco grandes ámbitos: educación, sensibilización, participación juvenil, espacio urbano y transporte público.

Entre sus principales recomendaciones está la de crear una asignatura sobre igualdad de género que se incluya en el currículo escolar a todos los niveles para hablar sobre discriminación, privilegios, sexualidad y violencias como el acoso.

"Pienso que la única forma de erradicar el acoso callejero es a través de la educación; una educación que se dé a los a los niños y niñas desde muy pequeños ya que en ellos reside toda la clave del proceso de transformación de la sociedad actual", ha señalado Sara, una joven madrileña de 18 años participante en el evento.

El representante del Ayuntamiento de Madrid Pepe Aniorte ha subrayado que en España, en términos generales, hay "ciudades seguras". "Pero tenemos mucho que avanzar. Conseguir ciudades seguras es cuestión de todos", ha matizado.

Además, Alicia Ramos, del Ayuntamiento de Barcelona, ha señalado que "el tema de la violencia, el acoso y la seguridad no es cuestión exclusiva de las mujeres y de las instituciones públicas, que tienen que intervenir, sino todo el mundo". "Las violencias son corresponsabilidad de la ciudadanía", ha sentenciado.

Castilla y León suma 849 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 203.425, al tiempo que registra 30 nuevas víctimas mortales (de ellas 29 en hospitales y una en centros residenciales), así como un total de 24.245 altas médicas, de ellas 259 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

Las estadísticas publicadas este martes registran 29 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.008 la cifra total de defunciones en estos centros.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 926 y los casos positivos a ellos vinculados descienden a 6.544. De ellos, Ávila contabiliza 79 --seis menos--; Burgos, 71 --ocho más--; León, 64 --14 más--; Palencia, 23 --nueve menos--; Salamanca contabiliza 247, diez más; Segovia 203, 32 menos; Soria 106, ocho menos; Valladolid en 53 --11 más-- y Zamora 80, tres más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 203.425 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de que se hayan sumado 849 en la última jornada. De esa cifra total, 196.627 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

LEÓN A LA CABEZA, CON 177 NUEVOS POSITIVOS

Por provincias, León es la que más positivos ha notificado en esta jornada, con 177 casos y un total de 35.288; seguida Valladolid, con 168 y 46.165 casos; Burgos, con 126 y 29.499; Palencia, con 121 y un total de 16.899; Salamanca, con 93 y 26.607; Segovia, con 63 y 14.864; Ávila, con 46 y un total de 11.566; Soria, con 35 y 8.160, y Zamora, con 20 casos y 12.377 en total.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman 24.245, de las que se han computado 5.935 en Valladolid; 4.294 en León; en Burgos 3.294; en Salamanca, 3.319; en Zamora, 1.693; en Palencia, 1.733; en Segovia 1.567; en Ávila, 1.483 y en Soria 927.

HOSPITALIZACIONES

En cuanto a las hospitalizaciones, se reducen tanto en planta como en UCI. A día de hoy hay un total de 2.095 hospitalizados, 103 menos que en el anterior parte. De estos pacientes, 1.783 se encuentran en planta --101 menos que ayer--, mientras que los hospitalizados en unidades de críticos (UCI) se sitúan en 312, dos menos que en el anterior parte.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 94 por ciento de las camas en unidades de críticos, un punto porcentual menos que en el anterior parte emitido.

Así, se informa de 56 hospitalizados en el Río Hortega de Valladolid; 46 en Clínico Universitario de la misma ciudad; 41 en el Complejo de León; 40 en el de Burgos; 39 en el Complejo Asistencial de Salamanca; 24 en el de Palencia; 18 en el de El Bierzo; 16 en el de Segovia; 15 en el de Soria; once en el de Zamora, y siete en el de Ávila.

SEIS RESIDENTES FALLECIDOS MÁS

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se sitúa en 3.983 --seis más-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.878 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, seis más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.983 finados hasta el momento, 2.148 personas han perdido la vida en su residencia o centro, una más que en el último parte, mientras que otras 1.835 lo han hecho en hospitales, cinco más.

Un total de 11 residentes está aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, los mismos, y 1.310 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 21 menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se sitúa en 297, de ellos 180 con positivo confirmado, uno más, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, los mismos.

Además, se encuentran hospitalizados 21 residentes, tres menos, y se eleva a 1.007 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, uno más que en el último parte.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que otros 96 permanecen aislados de forma preventiva sin síntomas, los mismos que en la jornada precedente.

La Policía Nacional ha detenido al director y a la encargada de la residencia de mayores Isla de Kos del municipio de El Molar por estafar y robar a varios mayores que atendían, llegando incluso a modificar un testamento para beneficiarse de sus bienes, han informado fuentes policiales.

En la tarde noche de ayer lunes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid se personaron en esta residencia privada, con plazas concertadas con la Comunidad, y arrestaron a sus máximos responsables acusados de delitos de estafa, apropiación indebida y coacciones hacia los usuarios.

De momento, han aparecido dos víctimas aunque podría haber más, ya que la operación sigue abierta. Según los investigadores, los ahora detenidos, se dedicaban a cambiar sus cuentas de entidad bancaria y con las nuevas tarjetas realizaban operaciones comerciales a su favor y también reintegros de dinero. En un caso también llegaron a modificar un testamento para poner como herederos a los arrestados. Llegaron a sustraer 66.000 euros a una de las víctimas y una casa con parcela en El Molar.

Los responsables de este geriátrico han pasado la noche en la comisaría de la Policía Nacional en Alcobendas, donde les tomarán declaración antes de pasar a disposición judicial. Según fuentes policiales, el director se llama Agustín F.A. y fue exasesor fiscal de Gescartera. Fue acusado en su día de apropiación indebida pero finalmente no fue condenado por este caso de corrupción.

La encargada se llama María Almudena A.A. Ambos son socios de la empresa Sogerasa S.L., dueña de la residencia en cuestión, situada en el número 8 de la avenida de Madrid de la localidad serrana. Cuenta con un total de 90 plazas, cerca de la mitad concertadas con la Comunidad de Madrid. El precio por plaza va de entre 1.200 y 1.600 euros al mes.

DENUNCIA DE UN FAMILIAR EL 27 DE ENERO

Los hechos los conoció la Policía por la denuncia interpuesta en comisaría por un familiar de una de las víctimas el 27 de enero. También comunicó lo ocurrido a la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que la trasladó a la Fiscalía, han indicado a fuentes de este departamento regional.

Además, técnicos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) realizaron el día siguiente una primera inspección en la residencia y luego una segunda inspección sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales. Detectaron algunas pequeñas irregularidades pero comprobaron que, desde el punto de vista asistencial, los ancianos estaban bien cuidados y se cumplía correctamente la normativa.

La Consejería se ha puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía para lo que necesitaran. De hecho, acompañaron a los agentes de la Policía Judicial cuando acudieron al geriátrico para el correspondiente registro. Además, han ofrecido a los usuarios de sus plazas concertadas la posibilidad de cambiarse a otro centro si así lo disponen, han indicado las mismas fuentes.

Enero de 2021 ha sido el sexto enero más cálido a nivel mundial desde que hay registros y se sitúa a la par de 2018, según datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S).

Este mes de enero ha sido 0,24 grados centígrados (ºC) por encima de la media del periodo de referencia 1991-2020 y, si se tiene en cuenta el periodo de referencia que ha regido durante la pasada década 1981-2010, ha sido 0,43ºC más cálido.

En cuanto a Europa, Copernicus señala que en el conjunto del continente registró unas temperaturas cercanas a la media del periodo 1991-2020. Por zonas, tuvo una temperatura más fría que la media en su parte occidental y septentrional, especialmente en el sur de Noruega y en la zona central de Suecia, y más cálidas que la media en la zona sudeste del continente.

Así, señala que las temperaturas del mes de enero se situaron cerca de la media. Los resultados están basados en análisis generados por ordenador tras utilizar miles de millones de mediciones procedentes de satélites, buques, aeronaves y estaciones meteorológicas de todo el mundo.

El análisis de temperatura del aire en superficie concluye que este sexto enero más cálido a nivel mundial, sin embargo, en determinadas zonas de Norteamérica, Groenlandia y el Océano Ártico, las temperaturas fueron muy superiores a la media. Por el contrario, Siberia registró unas condiciones mucho más frías en comparación con la media.

Europa en su conjunto tuvo unas temperaturas cercanas a la media del periodo de referencia 1991-2020, aunque fue más frío de lo normal en el oeste y el área septentrional y más cálidas que la media en la zona sudeste del continente.

A lo largo de estos primeros meses de 2021 se transitará al nuevo periodo de referencia de 30 años con el que se comparan los datos meteorológicos. Este cambio, de 1981-2010 a 1991-2020 refleja la tendencia general alcista de las temperaturas en todo el mundo a consecuencia del calentamiento global, ya que el nuevo periodo es más cálido que el anterior en la mayoría de meses y de regiones.

Por otro lado, Copernicus destaca también que la calima (polvo en suspensión) procedente del Sáhara ha afectado a varias ciudades europeas este mes de febrero.

Así, esta calima se ha observado en las previsiones de concentración de partículas PM10 a nivel mundial, según el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus que ha monitorizado estrechamente el penacho de polvo procedente del Sáhara originado en el noreste de Argelia y que llegó a gran parte de Europa meridional y central entre el 5 y el 7 de febrero.

El evento provocó que los cielos se tiñesen de un color rojo intenso y grandes acumulaciones de polvo en la superficie: las concentraciones de polvo en las superficies nevadas en los Pirineos y en los Alpes resultaron especialmente llamativas.

Las previsiones a escala mundial y regional del CAMS pronosticaron este acontecimiento con varios días de antelación al mostrar valores elevados de concentraciones de materia particulada (PM10) en superficie y de profundidad óptica de los aerosoles.

El científico sénior del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, Mark Parrington, ha explicado que el volumen principal de polvo se situó en el sur de Francia el 6 de febrero, y ha dicho que resulta "especialmente reseñable lo bien que las previsiones" a cuatro días a escala regional y a cinco días a escala mundial del CAMS mostraron una forma y ubicación de la nube de polvo sumamente uniformes durante todo el rango de las previsiones del día anterior.

Estas nubes de polvo llevaron aparejados valores elevados de concentraciones de materia particulada (PM10) en superficie y de profundidad óptica de los aerosoles.

Por ello, ha señalado que los parámetros de calidad del aire de las regiones afectadas empeoraron de manera significativa, ya que las nubes de polvo procedentes del Sáhara sobre las ciudades afectadas, como Barcelona o Marsella, resultaron "claramente visibles" en las imágenes de Copernicus.

De hecho, ha añadido que series temporales del análisis de la media diaria de PM10 muestran en Barcelona un "pico considerable" entre el 5 y el 7 de febrero de este año, "seguramente" por el episodio de calima.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia del caso 'Naiara', dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, al desestimar todos los recursos que las partes han presentado. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días.

En una nota de prensa, el TSJA ha señalado que los condenados, Iván Pardo Pena, Nieves Pena --abuelastra de Naiara-- y Carlos Pardo Pena --padrastro de la menor-- presentaron recurso. También Manuel B.S., padre biológico de Naiara, personado como acusación particular.

Sobre las cuestiones alegadas por la defensa de Iván Pardo en su recurso, los magistrados no aprecian que se haya infringido el derecho del acusado a la presunción de inocencia ya que "existió abundante prueba de cargo obtenida y practicada con todas las garantías, y razonadamente motivada".

Respecto a los trastornos de personalidad del acusado esgrimidos, el tribunal indica que el jurado, teniendo en consideración los informes periciales psiquiátricos, descartó que el acusado tuviera alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas, añadiendo que el recurso de apelación contra sentencias dictadas por el magistrado presidente de un tribunal de jurado no es un recurso ordinario.

El TSJA se remite a la doctrina del Tribunal Supremo para afirmar que "no se puede producir una revisión de los hechos declarados probados, ni una nueva valoración de las pruebas practicadas, por lo que el cometido de esta Sala, en este recurso, es fundamentalmente jurídico".

Por último, el tribunal confirma "plena y rotundamente" la agravante de alevosía al tener en cuenta que el jurado ya la consideró probada tal y como se expresa en el fundamento cuarto de la sentencia de la Audiencia de Huesca.

En el recurso presentado por Nieves Pena y Carlos Pardo su letrado ha alegado el quebrantamiento de las garantías procesales al no haberse motivado en la sentencia las condenas para ambos de 2 años de prisión por la comisión de sendos delitos de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, cuando la participación de cada uno de ellos es completamente distinta.

El abogado de Manuel B.S., padre de Naiara, recoge el mismo argumento en su recurso. En este sentido el tribunal expresa que "no se observa la falta de motivación que se denuncia" y recuerda que en la sentencia de la Audiencia de Huesca se recoge claramente que ambos acusados eran conocedores de los castigos y malos tratos propinados a Naiara por Iván y estando al corriente de los mismos no hicieron nada para impedirlos.

Los magistrados apuntan que la mencionada sentencia de Huesca "justifica ampliamente y con abundante jurisprudencia la comisión del delito por omisión" y que las penas impuestas a los tres acusados están suficientemente justificadas por el comportamiento doloso de los tres acusados que detalla la resolución de la Audiencia, por lo que concluyen que la distinción que pretenden los recurrentes "no viene amparada en ningún precepto legal".

RESPONSABILIDAD CIVIL

El abogado de Manuel B. incide en otro motivo de recurso en la desigual valoración de las cantidades concedidas a la madre y al padre por el daño causado que califica el letrado de "desproporción absoluta".

A este respecto el tribunal manifiesta que "la valoración de la responsabilidad civil para los progenitores de la niña asesinada se circunscribe a los daños producidos por su muerte y no por los malos tratos sufridos" por los que en ningún momento se solicitó indemnización alguna.

Además, en este sentido el tribunal explica que la menor vivía en España en compañía de su madre desde que ambas se trasladaron desde Argentina, cuando la niña contaba casi cuatro años de edad, y que desde entonces no constan contactos de ningún tipo con el padre biológico, residente en Argentina, ni si se ocupó de ella en el aspecto afectivo, económico, o de cualquier otra naturaleza.

Para los magistrados resulta indudable que la indemnización no puede ser igual para ambos, "dado el tiempo transcurrido desde entonces y la ocupación de la madre en el cuidado de la niña en solitario, respecto al padre".

Por este motivo, estiman que "que el daño moral sufrido es muydiferente, por lo que procede una dispar cuantía indemnizatoria", desestiman el recurso y ratifican las cantidades establecidas en la sentencia recurrida, 120.000 euros para la madre y 30.000 euros para el padre.

CONDENAS

La Audiencia de Huesca condenó a penas de prisión a los tres procesados por la muerte de Naiara, de 8 años de edad, ocurrida en la localidad de Sabiñánigo (Huesca) en 2017, tras ser humillada, torturada y golpeada.

La resolución judicial declaró a Iván Pardo Pena, el principal acusado y tiastro de la pequeña, autor de dos delitos: uno de asesinato con las circunstancias agravantes de alevosía y minoría de edad de la víctima, por lo que ha sido condenado a la pena de prisión permanente revisable, y a una pena de 2 años de prisión por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Los otros dos acusados, Nieves Pena y Carlos José Pardo Pena, madre y hermano respectivamente de Iván Pardo y, por tanto, abuelastra y padrastro de la niña, han sido condenados a dos años de cárcel cada uno de ellos como autores de un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, siendo absueltos del delito de asesinato que les imputaba la acusación particular.

En el caso de Iván, a las penas de cárcel por el delito de asesinato se suman, una medida de libertad vigilada, la prohibición de comunicación y aproximación a los padres de Naiara y la prohibición de residir en la localidad de Sabiñánigo. Cada una de estas penas con una duración de 10 años a contar desde el momento en que hayan finalizado las penas privativas de libertad impuestas.

V.G.R., acusado obligar a una joven, que conocía, de mantener relaciones sexuales bajo amenazar de difundir en las redes un video de contenido sexual en Porzuna (Ciudad Real), ha insistido que la relación fue consentida, como otras dos que mantuvieron anteriormente, y que el video no existe.

"Era una broma. Nunca la grabé", ha vuelto a afirmar este martes durante la repetición, a instancia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, del juicio que ya se celebró en la Audiencia Provincial de Ciudad Real en noviembre de 2019 y en el que el acusado fue absuelto.

Durante toda su declaración ha insistido en varias ocasiones en que el tono de los Whatsapp que hubo la noche del 15 de abril de 2018, antes de que se produjera la presunta agresión que se está enjuiciando, era el "lenguaje" que utilizaban entre ellos.

Ha asegurado que sabían ambos "a lo que iban a quedar" y ha negado el episodio violento de agresión sexual denunciado por la joven, así como las amenazas de muerte. La hubieran escuchado si hubiera gritado porque había gente a unos treinta metros", ha argumentado.

Tras la relación, ha asegurado, que la joven iba "tranquila" y que él incluso se ofreció a acompañarla a casa, "para que no fuera sola", pero finalmente ella no quiso y que incluso le mandó un mensaje preocupándose por cómo había llegado a casa.

APUNTA A UN ENFADO DE LA VÍCTIMA

Ha apuntado la posibilidad de que la joven estuviera enfadada porque él había mantenido una relación con una amiga de ella. "Pude ser que estaba enamorada de mi y que quería tener una relación conmigo, pero ella nunca me lo dijo", ha asegurado a preguntas de su abogado.

También ha puesto a la sala en antecedentes de cómo llevaban teniendo encuentros esporádicos desde los doce años. "Nuca fuimos novios. Era un juego que teníamos de mucho tiempo", ha explicado el acusado, que ha narrado cómo la primera relación completa que tuvieron fue a sugerencia de la joven. "Vino hacia mí en la discoteca. Me dice que ya no es virgen y que si quería que lo hacíamos. Lo hicimos en un cajero y la acompañé a casa".

Unas semanas después mantuvieron otra relación y en esta es cierto, ha admitido, que en un momento ella le dijo que parara y él lo hizo y ha alegado que ella no le comunicó en ningún momento que no quisiera volver a tener relaciones con él porque no le había gustado.

Una versión muy diferente a lo denunciado y confirmado ante la sala por la joven. En lo único que vuelven a coincidir ambos relatos es que desde la edad de doce años han tenido relaciones, primero "tocamientos y besos" pero que nunca llegaron a ser novios.

Sin embargo la joven ha asegurado que tuvieron tres relaciones completas: "la primera fue plenamente consentida, la segunda empezó siendo consentida pero terminó sin serlo y la tercera sabía desde que empezó que no era consentida".

Respecto a lo que pasó en la segunda de las relaciones, la joven ha asegurado varias veces que lo quiso ver como que a un amigo se le había ido las manos pero que después de lo que pasó en la tercera pudo comprobar que "no fue un error, demostró lo que realmente quería"·

"ME METIÓ EN VOLANDAS EN EL CALLEJÓN"

Ha explicado cómo se negó a quedar con él cuando el acusado se lo sugirió a través de mensajes de Whatsapp cuando estaba en casa de una amiga. "Sobre todo después de la segunda vez que se le fue de las manos y lo tenía muy claro, pero uso lo de los videos para que bajara", ha añadido, mientras ha insistido que se encontró con él con la intención de que borrara el vídeo y saber por qué le estaba haciendo aquello después de ser "buenos amigos" de tanto tiempo.

Ha asegurado que él tenía planeado lo que iba a hacer, que nada más encontrarse empezaron a discutir y que le arrastró hasta el callejón empujándola. "Ya estaba llorando porque vi su agresividad y me metió en volandas porque no se salía con la suya. Estaba muy agresivo", ha explicado.

Ha repetido una y otra vez que ella le dejó claro que no quería hacer nada con él ante la insistencia del acusado, que llegó a amenazarla de muerte si no accedía a sus deseos mientras que le golpeaba. "Sentí miedo en todo momento. No hice nada de forma voluntaria", ha declarado ante la sala añadiendo que si al final dejó de resistirse fue por miedo a que siguiera pegándole y agrediéndole.

"Me hizo la cruz sentenciándome", ha continuado su relato, añadiendo que le decía "de la cárcel voy a salir, y tu seguirás en la calle".

Llamó a su madre en cuanto el acusado se fue del lugar de los hechos pidiéndole que fuera junto a su tía al lugar donde se encontraba, ha relatado, para agregar que cuando llegaron "desde el primer momento notaron que algo pasaba fuera de lo normal" y que no sabía explicarlo pero que finalmente lo hizo y que su madre dijo que lo iba a llamar, a lo que respondió: "No vamos a buscarle porque nos mata" y que de ahí se fueron a urgencias.

"ME QUIERO IR DEL PUEBLO"

Finalmente ha explicado que está en tratamiento psicológico desde entonces y que jamás ha estado enamorada del acusado ni ha querido tener una relación de novios con él, afirmando que este último año ha sido aún más complicado con todo lo que está pasando con la pandemia y que sus estudios se han quedado un poco parados. "Me quiero ir del pueblo", ha concluido.

La madre de la joven ha corroborado el relato de lo sucedido desde el punto que se encontró con su hija. Ha explicado que la encontró "muy nerviosa" y que "solo quería montarse en el coche e irse a casa" hasta que le insistió y le terminó confesando que el acusado la habían violado. Ha añadido que la intención de la madre era ir a por él pero que la joven le dijo que no, que ni se le ocurriese porque la podía matar.

También ha declarado como testigo por parte de la Acusación Particular y la Defensa la psicóloga del programa 'Contigo' del Gobierno regional, que es un recurso de intervención para víctimas de abuso sexual, que está tratando a la joven.

Como terapeuta, ha asegurado que no tiene "ninguna duda" que lo relatado "es cierto". Y ha explicado como su paciente ha tenido episodios de impotencia, ataques de ira y que está tratando rehacer su vida pero que presenta "desconfianza", se muestra "hipervigilante" y que casi dos años después no ha recibido el alta aún.

Ha afirmado que tiene un síndrome de shock postraumático cronificado que ha mejorado algo durante el confinamiento pero que al volver a tener noticias del juicio ha vuelto a recaer.

Para finalizar la sesión de este martes ha declarado una de las chicas que estaban con la joven en casa de una amiga la noche de los hechos, que ha contado como en un momento, tras recibir los mensajes del acusado, "se puso un poco seria" y a pesar de haber manifestado anteriormente que no iba a ir a encontrarse con el acusado dijo que se "iba a ver a su 'quesito'" y salió dejando sus pertenencias, ya que "tenía la intención de volver, pero no volvió".

Unos hechos que la Fiscalía ha encontrado constitutivos de un delito de agresión sexual, por el cual pide una pena de 10 años de cárcel y otro de amenazas por el que ha solicitado una pena de año y medio de prisión.

Además, ha solicitado una prohibición de acercamiento o comunicación a menos de 200 metros de la joven por tiempo de 17 años y medio y una indemnización de 6.000 euros por el trastorno de estrés agudo producido más la cantidad de 6.000 euros por el daño moral.

Por su parte el abogado de la Acusación Particular eleva su petición de prisión a 12 años por el delito de agresión sexual y tres años por el de amenazas, además sube a 15.000 euros la indemnización que deberá recibir la joven. Finalmente la defensa pide la libre absolución del acusado.

Las asociaciones de hosteleros de Euskadi han aplaudido la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de permitir la apertura de los establecimientos hosteleros que se encuentran en 'zona roja' por alta incidencia de covid, al considerar que se trata de una "buena noticia" que hace "justicia" al sector.

Representantes de las asociaciones de hostelería de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, que este martes han comparecido en el Parlamento Vasco para explicar la situación del sector, se han referido de esta forma a la resolución dictada este martes por el TSJPV que, atendiendo a un recurso de los propios colectivos de hosteleros, permite reabrir los bares y restaurantes de Euskadi en los municipios que se encuentran en 'zona roja' por la alta incidencia de la covid-19.

En la comparecencia ante la Comisión de Comercio de la Cámara autonómica han intervenido el secretario de SEA Hostelería (Alava), Luis Cebrián; el gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, Héctor Sánchez; y el secretario general de Guipúzcoa Hostelería, Kino Martínez.

Además de reiterar sus demandas de un plan de rescate para el sector dotado con 231 millones de euros, los representantes de los hosteleros vascos se han felicitado por la decisión del TSJPV de permitir la apertura de los bares y restaurantes en localidades con una tasa de incidencia superior a 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes.

El gerente de la Asociación de Hostelería de Vizcaya ha afirmado que es una "pena" que se hayan tenido que "judicializar" las restricciones a la hostelería establecidas por el Gobierno Vasco para tratar de contener el avance de la pandemia.

"SENTIDO COMÚN"

Sánchez ha lamentado que no se haya podido resolver este asunto mediante el "consenso", y a través del "sentido común", sobre el que ha afirmado que "a veces falta en algunas decisiones que se adoptan".

La resolución del TSJPV --según ha destacado-- es una "buena noticia", que hace "justicia" al sector. No obstante, ha subrayado que los hosteleros no van a actuar como unos "aventados", por lo que actuarán con las debidas garantías para tratar de proteger la salud de los ciudadanos.

"La salud es fundamental. En manos de los empresarios del sector está actuar con responsabilidad, y exigir el cumplimiento de las normas", ha afirmado. Sánchez ha asegurado que se debe "exigir a los clientes" de la hostelería que cumplan y respeten las medidas sanitarias, dado que, de lo contrario, la resolución dictada este martes por el TSJPV "no serviría de nada", puesto que dentro de un mes la situación podría volver a ser "negativa".

A juicio de Sánchez, no existen "datos reales" ni criterios "científicos" que justifiquen el cierre de la hostelería, una medida adoptada por el Gobierno Vasco y por otros muchos ejecutivos para evitar el contagio por coronavirus entre los clientes de los bares y restaurantes, cuando estos se quitan la mascarilla para comer o beber.

El representante de los hosteleros vizcaínos ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde la hostelería se mantiene abierta pese a la elevada incidencia de covid-19 en dicho territorio, que con cerca de 1.000 casos de covid por 100.000 habitantes, se sitúa muy por encima de Euskadi, donde este indicador es de 624 casos por 100.000 habitantes.

MADRID COMO EJEMPLO

"Tenemos el caso de lo que sucede en Madrid, el misterio universal. Nadie se explica por qué funcionando la hostelería en un determinado nivel, la situación sanitaria no es peor que en otros sitios", ha afirmado.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, una vez concluida la comparecencia ante la Comisión de Comercio, Sánchez ha afirmado que pese a que los bares y restaurantes podrán reabrir a partir de ahora, seguirán necesitando ayudas, puesto el sector se encuentra en una situación "insostenible.

Sánchez ha denunciado que la decisión del Ejecutivo vasco de impedir la apertura de la hostelería en municipios con una alta incidencia del coronavirus no era "justa", y que "no tenía en cuenta" la repercusión de dicho cierre sobre los negocios. Además, ha mostrado su deseo de que la resolución del TSJPV permitirá demostrar que "la salud es compatible con la actividad económica".

El representante de los hosteleros vizcaínos, que ha actuado como portavoz de los colectivos del sector de toda Euskadi, ha dicho que no cree que el Gobierno Vasco vaya a responder a la resolución del TSJPV con un endurecimiento de las restricciones que afecte a horarios u a otros aspectos de la hostelería, ya que eso sería "un ojo por ojo".

A su juicio, lo más conveniente sería esperar un tiempo para ver cuál es el "efecto" que tienen las actuales limitaciones a la actividad sobre la evolución de la pandemia. En ese sentido, ha recordado que lo que plantean los hosteleros no es la "apertura libre" de sus locales, sino funcionar con las restricciones que había en diciembre, con medidas como la limitación de los aforos interiores al 50% o el cierre de la actividad a las ocho de la tarde.

MÁS DE 60.000 TRABAJADORES

En la Comisión de Comercio también ha intervenido, por parte de SEA Hostelería, Luis Cebrián, quien ha destacado que las asociaciones que han comparecido este martes en el Parlamento representan a 13.628 establecimientos en los que trabajan 60.000 personas.

Cebrián ha indicado que el único objetivo de quienes se dedican a esta actividad es "sobrevivir", por lo que ha destacado la "imperiosa necesidad" de un nuevo plan de ayudas que garantice "el empleo y la sostenibilidad económica".

El representante de SEA Hostelería ha solicitado que se ponga en marcha un programa de ayudas dotado con 230 millones de euros, dado que las ayudas aprobadas hasta ahora han sido "insuficientes".

Por su parte, el secretario general de Guipúzcoa Hostelería, Kino Martínez, ha resaltado que la crisis asociada al coronavirus ha destruido 7.000 empleos en el sector, y ha advertido de que no se puede "mirar hacia otro lado" ante esta situación.

Además, ha precisado que la situación que vive actualmente el sector no se debe a que los hosteleros hayan "fallado" a la hora de gestionar sus negocios, sino a un "factor externo" como el coronavirus.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, cree que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, decidió "a dedo" la designación de Córdoba como sede de la base logística del Ejército de Tierra y ha anunciado que solicitará una reunión con el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, con el objetivo, entre otras cuestiones, de pedir inversiones para la provincia de Jaén.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marín ha incidido en que "el Gobierno andaluz tiene que apoyar todas las candidaturas para cualquier evento que se lleve a cabo desde la comunidad autónoma" para así justificar el apoyo de la Junta de Andalucía a la candidatura cordobesa aunque era la de Jaén la única que obtuvo el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía a través de una Proposición no de Ley.

"Nos hubiera encantado que hubieran sido las dos", ha dicho Marín aludiendo a las candidaturas de Jaén y Córdoba. No obstante, ha insistido en que no ha sido la Junta de Andalucía la que ha tomado la decisión de descartar a Jaén y de elegir a Córdoba como sede de la base logística del Ejército.

"No hemos sido nosotros los que hemos decidido, tengo que recordar que ha sido la señora Calvo la que a dedo ha tomado una decisión y por tanto será a la señora Calvo a la que habrá que preguntarle por los criterios", ha dicho Marín.

Precisamente, según el vicepresidente de la Junta y responsable de Ciudadanos en Andalucía, es conocer los criterios en los que se ha basado la decisión del Ministerio de Defensa "lo que están reclamando tanto en Jaén como en muchos otros sitios, unos criterios claros, y no una designación a dedo y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España".

El vicepresidente andaluz ha apuntando que él tiene su propia "teoría" para explicar la decisión de elegir a Córdoba como sede y haber excluido otras candidaturas. "Tengo mi teoría y es que hay muchas luchas internas en el PSOE como para que finalmente haya habido una decisión como la que ha habido", ha dicho Marín.

Sea lo que sea, Marín ha reiterado que "lo tendrá que resolver el Gobierno del Partido Socialista y no este Gobierno que apoyamos a los 811 municipios de nuestra comunidad autónoma cada vez que presentar un proyecto para que realmente ese proyecto venga a Andalucía".

Ha argumentado que para el Gobierno de Andalucía "cuando hay un proyecto del ámbito que sea que viene a nuestra comunidad autónoma a implantarse es siempre una buena noticia, sea en el lugar que sea", pero dicho esto también ha señalado que comprende que "la provincia de Jaén tiene una situación tremendamente delicada desde hace décadas y el Gobieno de España no le puede dar la espalda a la provincia de Jaén".

Es por eso por lo que en el Consejo de Gobierno andaluz de este martes se ha acordado que en calidad de vicepresidente solicite una reunión con el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para "poder explicarle con todo lujo de detalles la situación social y económica de nuestra comunidad autónoma, pero de forma muy específica de la provincia de Jaén".

"El agravio que ha sufrido Jaén durante muchísimos años tiene que tener en un momento tan delicado como este algún tipo de contraprestación y eso debe materializarse en inversiones", ha apuntado Marín. Se trataría de lograr inversiones que "permitan mejorar las infraestructuras, especialmente en el sector ferroviario o infraestructuras logísticas que permitan a la provincia de Jaén desarrollarse a un ritmo mayor que el conjunto de nuestros país porque también está en el vagón de cola desde hace muchos años en materia de desempleo".

"Vamos a trasladarle al señor Iceta esa reivindicación de que realmente puedan llevarse a cabo esas inversiones para que esta provincia extraordinaria y maravillosa pueda sentirse apoyada no solo por el Gobierno andaluz, sino también por el Gobierno de España", ha concluido el vicepresidente.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que la reforma dirigida a rebajar las condenas por determinados delitos relacionados con la libertad de expresión no significa renunciar a otras iniciativas anunciadas por el Ejecutivo, tras ser preguntada si la decisión supone aparcar la dirigida a crear el delito de apología del franquismo.

Las cuestión, planteada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se refería al anuncio realizado este lunes de que se estudia reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

"El gobierno ya expresó su voluntad e iniciativa para dotar de proporcionalidad a esta norma y aportar un marco mas seguro", ha señalado, para añadir que la revisión de estos delitos va en relación con resoluciones recientes del Tribunal Constitucional y también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el sentido de que "estos excesos verbales en el marco de expresiones artísticas y culturales deben quedar al margen del castigo penal".

Por otra parte, ha defendido la "cintura política" y la "sensibilidad" del Gobierno ante lo manifestado por "gran parte de la población que se mostró atónita" ante recientes sentencias, en alusión aunque sin citarlo al anuncio de ingreso en prisión del rapero Hasel, tras ser condenado por el contenido de las letras de algunas de sus canciones.

La decisión judicial ha motivado concentraciones en Madrid y Barcelona y un manifiesto firmado por más de 200 representantes del mundo de la cultura. La ministra portavoz ha admitido que ese manifiesto ha influido en la decisión del Gobierno.

Esta respuesta "sensible" del Gobierno ante condenas que pueden ser desproporcionadas no es nueva, según Montero, que ha aludido al caso de 'la Manada' de Pamplona para referirse a "materias dinámicas que no pueden esperar cuatro años a que nos presentemos a las elecciones".

A su juicio, un "gobierno progresista que defiende la libertad de expresión", considera que pueda haber reproche penal a determinadas conductas "pero no desde luego con penas de cárcel como la conocida en los últimos días".

PODRÍA SER DE URGENCIA

En otro momento de la rueda de prensa, la portavoz ha señalado la voluntad del Gobierno de "imprimir velocidad" a la reforma del Código Penal, si bien tras ser preguntada expresamente si esto quiere decir que la reforma de los delitos de libertad de expresión irá por la vía de la urgencia ha aclarado que esta decisión aún no está tomada, puesto que hay previstas otras reformas penales y podría ir todo de forma global.

"Hoy por hoy no hay elemento de urgencia para hacerlo fuera de la reforma global del Código Penal, salvo que el Ministerio de Justicia entienda que habrá sentencias en la misma línea y haya que acelerar", ha añadido.

En otro momento de su comparecencia ha recordado que, en todo caso, la vocación de la reforma es "de continuidad" y la voluntad del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es como en todas las reformas que ha emprendido que se alcance el mayor consenso posible.

Otra cuestión por la que ha sido preguntada ha sido el adelanto de esta reforma por Moncloa, en la noche del lunes, cuando un día después después estaba prevista una rueda de prensa del grupo parlamentario de Unidas Podemos sobre una proposición de ley dirigida a derogar precisamente los artículos que el Gobierno ha anunciado que reformará.

En este punto, Montero ha señalado que desconoce el contenido de dicha propuesta parlamentaria si bien, al encontrarnos en campaña electoral, entiende que algunas formaciones "quieran capitanear y situarse en posición de ventaja" dado el contexto electoral en el que nos encontramos.

En todo caso, ha señalado que lo importante no es quien es "la madre o el padre" de esta reforma sino el hecho de promover ese cambio normativo. "Somos un gobierno único y lo importante es el acierto de las iniciativas, no tiene interés de dónde parten o dejan de partir, y más allá de que está compuesto por dos formaciones políticas", ha añadido.

Finalmente, preguntada por otra reforma pendiente, la de la sedición, Montero ha aludido igualmente al ministro Campo para señalar que en este asunto "ha sido siempre bastante transparente" y que la reforma irá dirigida a hacer homologable este delito a la realidad de otros países del mundo, pues el que aparece en nuestro Código Penal no es homogéneo con el tratamiento que se da a esta conducta en otros estados.

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ha apostado este martes por "realzar" el factor del reto demográfico en las políticas de la Unión Europea. Se ha entrevistado esta mañana en Zaragoza con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia del Ejecutivo regional, Mayte Pérez.

Gómez-Barba ha manifestado su interés en recabar las preocupaciones de las comunidades autónomas, así como sus sugerencias y propuestas de cara a introducirlas en la agenda de la UE, "en un país como España, muy descentralizado", donde las comunidades tienen competencias compartidas o exclusivas en temas propios de la UE y "es importante afinar y perfeccionar los mecanismos de consulta y participación, aparte de los ya existentes", como la participación de consejeros autonómicos en los Consejos de Ministros de la UE o los intercambios de información.

El secretario de Estado ha visitado este martes tanto las Cortes de Aragón como el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo, y esta tarde mantendrá un encuentro con estudiantes de la UZ, algo "muy útil" para conocer sobre el terreno "los distintos matices que tienen una y otra comunidad en relación con la UE", lo que permite "afinar mejor y trabajar en el sentido que más pueda convenir a tal o cual comunidad".

Tanto Javier Lambán como en las Cortes le han preguntado por la vacunación contra la COVID-19 y el Plan Nacional de Reconstrucción, así como sobre otras cuestiones, como la inclusión en el currículum educativo de una asignatura sobre la UE y su relación con Aragón, "como ya ha hecho alguna otra comunidad".

"Es importante que los jóvenes conozcan bien qué es esta organización tan peculiar, que cada vez influye más en todo lo que hacemos y llega a niveles concretos, como las mascarillas, las vacunas o la posibilidad de tener fondos extraordinarios para afrontar esta crisis sin precedentes, o la moneda que manejamos, o la posibilidad de atravesar las fronteras en el seno de la UE".

FONDOS EUROPEOS

Sobre la distribución de los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia, el secretario de Estado ha comentado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ya dijo que "tenía que haber una distribución paritaria" entre el Estado y las comunidades autónomas.

"Que esto signifique la ejecución directa o de manera equilibrada es uno de los grandes retos", ha continuado, considerando que "si hay grandes proyectos transformadores que encabecen una o dos grandes empresas con pymes tienen que tener el suficiente equilibrio territorial para que la recuperación sea efectiva en todo el territorio y no se privilegie a una comunidad sobre otra".

CO-GOBERNANZA

Mayte Pérez ha apostado por "canalizar de manera capilar la voz del territorio, de las comunidades", lo que "cada vez es más importante" en el contexto de "co-gobernanza global", poniendo de relieve el papel de las comunidades autónomas "a la hora de co-participar" en la toma de decisiones.

La consejera ha coincidido con Gómez-Barba en la importancia del "desafío contra la despoblación" y ha abogado por incorporar el reto demográfico a las políticas de la UE, desde la PAC hasta el nuevo programa operativo de fondos europeos o la revisión de la Red Transeuropea de Transporte en la linea de "priorizar la sostenibilidad y la cohesión social y territorial". Ha destacado que la UE "ha ayudado" a consolidar derechos ciudadanos y ha contribuido "al progreso de nuestro país y el conjunto de la UE"

Pérez ha aludido al objetivo compartido de Aragón y las dos Castillas por conseguir que la UE declare zonas despobladas a las provincias de Teruel, Soria y Cuenca para que puedan beneficiarse de incentivos fiscales, como la bonificación de los costes laborales en las empresas y ha emplazado a corregir los "desequilibrios" poblacionales e incorporar a las políticas europeas estas "reivindicaciones históricas", que "se van poniendo en la agenda política y de las instituciones".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha confirmado este martes que el PP recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional el decreto de fondos europeos y ha criticado que la mayoría de PSOE y Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara Baja no garantice el "derecho de los diputados" a conocer el informe que elaboró el Consejo de Estado y sea "sumisa" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra se ha quejado de que el Gobierno no le haya aportado ese informe del Consejo de Estado "seis días después" de la petición que realizó su partido y pese a que la propia vicepresidenta Carmen Calvo "reconoció que fue tenido en cuenta para la elaboración del real decreto", según ha dicho.

Gamarra ha recalcado que ese informe es "preceptivo" porque afecta a "aspectos de desarrollo reglamentario" y ha añadido que así lo establece la propia Ley del Consejo de Estado. "Se debería haber remitido a esta Cámara y haber dado acceso al mismo a los grupos parlamentarios", ha resaltado. Ese decreto ley sobre fondos europeos se convalidó hace 10 días en el Pleno gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox, un extremo que ha sido duramente criticado por el PP.

SIN CONOCER "LOS REPAROS" DEL CONSEJO DE ESTADO

La dirigente del PP ha subrayado que siguen sin conocer "cuáles son los reparos" que establece el informe del Consejo de Estado y ha subrayado que esta petición de su partido "no es una solicitud caprichosa" sino que se basa en lo que establece el propio Reglamento de la Cámara, que ampara a los diputados parar legislar "con todos los antecedentes" antes de las tramitaciones parlamentarias.

"En base a la Ley del Gobierno, la ley del Consejo de Estado y la Ley de Transparencia, lo que tendría que estar haciendo la mesa de la Cámara es estar garantizando los derechos del legislativo y de los diputados, y no subordinarse al Poder Ejecutivo para al final ser sumisos al poder que quiere establecer Pedro Sánchez desde la Moncloa, que es controlarlo todo sin que nadie le controle", ha manifestado.

Por eso, Gamarra ha confirmado que el PP pedirá amparo en defensa de los derechos de los diputados y para que se legisle con "los antecedentes suficientes para que las decisiones que se toman en la Cámara sean decisiones que se toman conociendo en profundidad el contenido de las leyes" que llegan a la Cámara.

"Tal y como anunció Casado vamos a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional esta dejación de funciones por parte de parte de los miembros de la Mesa, que actúan como miembros del PSOE y de Podemos, pero no como el órgano de gobierno de un poder que tiene que garantizar su independencia y desarrollar su labor con garantías", ha concluido.

La Sala Fundación Mapfre Recoletos de Madrid acoge desde este jueves 11 de febrero hasta el 9 de mayo las exposiciones 'Jawlensky. El paisaje del rostro' y 'Tomoko Yoneda', según ha informado la fundación.

La selección 'Tomoko Yoneda', comisariada por Paul Wombell, ofrece una amplia panorámica de la obra de la fotógrafa japonesa que, pese a haber sido ya expuesta de forma monográfica en Japón y en Corea del Sur, todavía no había sido objeto de una muestra individual en Europa.

La muestra ofrece, por primera vez en España, un extenso recorrido por la obra de la artista a través de más de cien imágenes, incluyendo sus últimos trabajos, como 'Diálogo con Albert Camus', 'Correspondencia. Carta a un amigo' o 'Cristales'.

Además, se presenta una nueva serie inédita sobrela Guerra Civil española y la figura de Federico García Lorca, resultado de un encargo específico de Fundación Mapfre. El recorrido por la exposición engloba 17 proyectos fotográficos.

La selección también cuenta con material documental perteneciente a la propia artista: libros, postales, cámaras de fotografía, un vídeo y otros objetos.

Tomoko Yoneda (Akasi, Japón, 1965), estudió fotografía en Chicago y más tarde en Londres, donde vive actualmente. Animada desde joven por la vocación periodística, sus obras suelen hacer referencia a hechos históricos contemporáneos: paisajes e interiores asociados a conflictos armados con los que quiere dejar constancia de la presencia intangible de la historia en el transcurso cotidiano de la vida y no sólo en los monumentos que la evocan o los restos que dan testimonio de ella.

'JAWLENSKY. EL PAISAJE DEL ROSTRO'

Por su parte, la muestra 'Jawlensky. El paisaje del rostro' está comisariada por Itzhak Goldberg y organizada por Fundación Mapfre, Madrid; Musée Cantini, Marsella; y La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie André Diligent, Roubaix.

La exposición recorre la trayectoria del pintor ruso Alexéi vonJawlensky desde sus orígenes y los inicios de su carrera en Múnich, pasando por la transformación que experimenta su pintura en Suiza, hasta sus últimos años en la ciudad alemana de Wiesbaden.

La selección de obras, que supera el centenar, ofrece un amplio recorrido cronológico por la trayectoria del pintor a través de seis secciones, al tiempo que establece puntualmente un diálogo con piezas de distintos artistas que compartieron inquietudes e intereses con Jawlensky o tuvieron determinada influencia sobre él.

Entre estos otros autores se encuentran los franceses Pierre Girieud, Henri-Edmond Cross, André Derain, Henri Matisse o Maurice de Vlaminck, compañeros de viaje durante el período postimpresionista y fovista; la pintora Marianne von Werefkin, compañera de Jawlensky hasta 1921; Gabriele Münter, una de las pocas mujeres asociadas al expresionismo alemán; o Sonia Delaunay, a quien le une el uso vibrante del color.

Tras una primera etapa artística en su país natal, el ruso Alexéi von Jawlensky (1864-1941) desarrolló la mayoría de su carrera en Suiza y Alemania, donde, en contacto con Kandinsky su círculo, se convierte en uno de los protagonistas del movimiento expresionista a través de la Nueva Agrupación de Artistas de Múnich y de su relación con el grupo El Jinete azul.

Pionero en el desarrollo de una pintura que camina hacia la abstracción, su obra se basa en series y retornos casi obsesivos sobre un mismo tema, en especial sobre el rostro.

Jawlensky representará una y otra vez el semblante a la búsqueda de una imagen "esencial", invisible, en una indagación que remite al icono ruso y su significado. La tenacidad de Jawlensky en torno al rostro nos sitúa ante un intenso testimonio del proceso de creación artística y ante un asunto clave en nuestro presente: la contemplación del rostro ajeno cuando, por diversas razones, con frecuencia se nos presenta velado.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este martes al PP de escudarse en el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley para el reparto de los fondos europeos, que no era vinculante, para justificar su rechazo "incomprensible" al mismo en el Congreso de los Diputados.

Montero ha vuelto a insistir en la tesis esgrimida por el Gobierno de que se pidió dicho informe al Consejo de Estado como "órgano consultivo" y que el mismo no era vinculante y por tanto no era necesaria su incorporación al real decreto que finalmente se aprobó en la Cámara Baja, con la abstención de Vox y el voto en contra de los populares.

En opinión de la portavoz, el PP insiste en exigirlo "porque no tiene otra forma de explicar por qué votó no al decreto que posibilita la gestión de los fondos europeos".

Montero ha afeado la "actitud política incomprensible" e "impropia" de un partido que "se autodenomina de Estado" y que en el pasado ha ejercido "responsabilidades democráticas muy importantes en nuestra historia reciente", ya que con ello "le niega a la sociedad que puedan llegar 140.000 millones de euros" de fondos europeos.

En este sentido, ha subrayado que "tampoco es nuevo" ya que el PP "acudió a Europa a hablar mal de España" y trasladó "dudas sobre la capacidad del Ejecutivo" para ejecutar estos fondos mientras se estaban debatiendo.

ACUSA AL PP DE TRABAJAR CONTRA LOS INTERESES DE ESPAÑA

Estuvo trabajando en contra de los intereses de nuestro país" y "no tuvo problema para pronunciarse en contra de un decreto instrumental" para "sortear los cuellos de botella" en la tramitación de los 25.000 millones de euros que deberían llegar ya este mismo año, fundamentales para la recuperación de la economía y de las familias, ha subrayado Montero.

La portavoz del Gobierno ha insistido en que la decisión del PP "no se justifica de ninguna de las maneras posibles" ya que su rechazo al decreto supone "negar el pan y la sal" no solo al Gobierno sino "a la propia sociedad española, que no podría recibir estos recursos si el Congreso no hubiera aprobado su tramitación".

Así las cosas, Montero ha señalado que el informe "se facilitará en el momento en que se considere oportuno", si bien ha dejado claro que en ningún caso el Gobierno quiere "darle alas a esa argumentación del PP".