El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que, mientras dure la pandemia del COVID-19, «centre sus esfuerzos» en propiciar la «necesaria coordinación y respuesta conjunta por parte de todas las administraciones sanitarias públicas para acabar cuanto antes con esta grave crisis sanitaria» y que, una vez se normalice la situación, «trabaje en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los enfermeros y fisioterapeutas».

A través de un comunicado, Satse expresa que la prioridad «fundamental» de la nueva titular de Sanidad ha de ser la de «aunar esfuerzos con los responsables de las consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla, para reforzar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) en unos momentos que seguirán siendo muy duros y complejos a lo largo de los próximos meses».

«Ni los profesionales sanitarios ni los ciudadanos entendemos que haya discrepancias, disensiones y posturas enfrentadas ante un problema de tal gravedad y magnitud, por lo que confiamos en el talante negociador de la nueva ministra de Sanidad para que se dejen de lado otros intereses u objetivos que no sean los de garantizar la mejor atención sanitaria y cuidados posible al conjunto de la sociedad», apuntan desde la organización sindical.

En el mismo sentido, y en aras a trabajar de manera conjunta en la lucha contra el coronavirus, Satse pide también a Darias que busque el apoyo y participación de las organizaciones que representan a los profesionales sanitarios a través del Foro Profesional, órgano de dialogo e interlocución que, tras meses de inactividad, se impulsó a finales del pasado año.

En lo que respecta a la estructura del departamento ministerial que ahora va a dirigir, el sindicato le propone la creación de una Dirección General de Cuidados, a cargo de un enfermero, lo que constataría su «apuesta por impulsar y mejorar los cuidados en el sistema sanitario público al tiempo que reconoce la importancia y potencial de estos profesionales».

De otro lado, y una vez se haya normalizado la actual situación motivada por el coronavirus, la organización sindical subraya la necesidad de mejorar las condiciones laborales y profesionales de los enfermeros y fisioterapeutas una vez constatada la «necesidad que tiene nuestro sistema sanitario de afrontar retos a corto, medio y largo plazo como son la atención y cuidados a nuestros mayores, las personas dependientes o aquellas con una enfermedad crónica».

En este sentido, desde el Sindicato se defiende la incorporación de los enfermeros en otros ámbitos de trabajo que requieren también de su labor asistencial y de cuidados, como son los centros educativos, por ejemplo, así como el desarrollo progresivo de nuevas competencias.

Asimismo, la organización sindical propone a la nueva ministra de Sanidad que haga suya la propuesta de Ley que Satse ya presentó a sus antecesores en el cargo para acabar con las agresiones a los profesionales sanitarios, y que propicie la aprobación de otra norma que mejore la prevención, información y formación en lo que respecta al manipulado de medicamentos peligrosos.

De igual manera, el Sindicato pide a la titular de Sanidad que trabaje, de manera conjunta con las consejerías de Salud autonómicas, en la ampliación de las plantillas de fisioterapeutas en la sanidad pública, especialmente en los centros de salud, ya que, en la actualidad, «son absolutamente insuficientes», y que impulse los cambios normativos necesarios para que los fisioterapeutas puedan indicar, usar y autorizar, de forma autónoma, la dispensación de medicamentos y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión.

Por último, la celebración urgente de la prueba de evaluación de la competencia para la obtención del título de Especialista de Enfermería Familiar y Comunitaria por la vía excepcional y la agilización del proceso iniciado, y aún sin finalizar, para contar con los protocolos y guías de práctica asistencial que establece el Real Decreto de prescripción enfermera, una vez que han transcurrido ya más de dos años desde la aprobación de esta norma, son otras demandas de la organización sindical.

Ciudadanos ha censurado este martes la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de nombrar a Miquel Iceta como nuevo ministro de Política Territorial y Función pública porque «defiende una España desigual», con «privilegios para unos ciudadanos» según la comunidad autónoma, y ha encuadrado el nombramiento dentro «un pasó más hacia el tripartito» en Cataluña con PSC, Podemos y ERC tras las elecciones catalanas del 14 de febrero.

En un comunicado, la formación liderada por Inés Arrimadas ha lamentado que Sánchez elija a Iceta para Política Territorial y Función Pública, pues «choca frontalmente con el principio de igualdad y solidaridad entre españoles que debe regir la actuación de cualquier ministerio, especialmente el que le encomiendan».

Según Ciudadanos, el primer secretario del PSC «defiende una España desigual, con privilegios para unos ciudadanos y agravios para otros en función de la comunidad autónoma en la que hayan nacido». «Los españoles asisten a un nuevo episodio en el que lo que rige un nombramiento en un ministerio es la cuota del PSC en el Ejecutivo y no criterios objetivos», ha criticado.

Así, desde el partido han recordado que Iceta es «el artífice de los tripartitos con el separatismo» y «el ideólogo de los indultosa los que han dado un golpe a la democracia», en referencia a los líderes independentistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En este sentido, Ciudadanos ha censurado que el socialista catalán sea el encargado de «dirigir la política territorial de un país como España», un nombramiento que «da la medida de la senda de privilegios y concesiones que prepara Sánchez a los nacionalistas en todo el país».

«Es sin ninguna duda otro paso más hacia el tripartito que quieren formar en Cataluña tras las próximas elecciones entre PSC, Podemos y ERC», ha apuntado la formación, que ha pedido a las fuerzas constitucionalistas evitarlo en las urnas el próximo 14 de febrero «para abrir una nueva etapa de futuro y libertad».

En redes sociales, Ciudadanos ha señalado que «difícilmente se podría encontrar a alguien menos apropiado que Iceta para dirigir la política territorial de España». «Un político que defiende un país de privilegios para unos y agravios para otros y trocear la soberanía nacional. Lamentable decisión de Pedro Sánchez», ha criticado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista Carolina Darias, será la nueva responsable de la cartera de Sanidad y se encargará de la gestión de la pandemia del coronavirus, en plena tercera ola y con los contagios disparados, en sustitución de Salvador Illa, quien deja el cargo para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Además, ha anunciado que la vacante de Darias al frente de Política Territorial será ocupada por el líder del PSC y antes candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, quien a finales de diciembre anunció que daba un paso atrás y cedía a Illa el primer puesto de la lista electoral para las catalanas.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha presentado este martes al Consejo de Ministros la nueva Estrategia de Acción Exterior en la que se fijan las prioridades y el papel «realista» que el Gobierno espera que España desempeñe en el mundo en los próximos años.

La Estrategia de Acción Exterior 2021-24, que ahora deberá ser remitida a las Cortes, toma el relevo a la aprobada en 2015, con el PP en el Gobierno y José Manuel García Margallo como ministro de Asuntos Exteriores. Dicha estrategia debía haberse renovado en 2019, pero la doble cita con las urnas de ese año lo impidió.

El documento, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, define el papel de España en el mundo «de manera realista, pero también ambiciosa», exponiendo claramente que se trata de un «país comprometido con el conjunto de los retos globales», con el multilateralismo y con «una fuerte vocación europeísta».

La estrategia «pretende sistematizar y actualizar las prioridades de la presencia de España en el exterior» y recoge «las actuaciones que primarán en los próximos cuatro años», incluyendo un «catálogo de acciones e iniciativas concretas», ha añadido Montero.

La acción exterior prevista por el Gobierno en los próximos cuatro años se vertebra en cuatro ejes, según ha explicado la ministra. El primero de ellos es la «promoción y defensa de los Derechos Humanos, la democracia y la igualdad, el feminismo en todas las partes del mundo», ha indicado.

En segundo lugar, «la apuesta por una economía global, competitiva, integrada, justa y equitativa»; tercero, «el firme compromiso con la transición ecológica y el cuidado de nuestro plantea; y en cuarto, ha precisado Montero, «contribuir a una mejor y mayor gobernabilidad a través de una apuesta decidida por más Europa y por un multilateralismo que sea realmente ambicioso.

Para la elaboración de la estrategia, que tras su paso por las Cortes volverá al Consejo de Ministros para su aprobación, previo informe del Consejo de Política Exterior, se ha consultado a todos los ministerios, así como a los órganos constitucionales, las comunidades autónomas y las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, según ha explicado el Gobierno, ha habido consultas con representantes de centros de pensamiento, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales.

INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Por lo que se refiere a los medios e instrumentos por los que se llevará a cabo la acción exterior está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera Diplomática, con vistas a dotar de «un servicio exterior moderno y ágil orientado a la ciudadanía», así como la puesta en marcha de un Plan de Acción para la Transformación Digital del Ministerio de Exteriores, con especial atención a la modernización de los servicios consulares.

Además, el Gobierno prevé la aprobación de una nueva Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, la reforma y fortalecimiento de la AECID, así como el cumplimiento del compromiso de destinar el 0,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta a ayuda oficial al desarrollo al final de la presente legislatura, la elaboración del VI Plan Director de la Cooperación Española 2022-2025 y el lanzamiento del Foro Anual de Cooperación al Desarrollo.

También, según indica el Gobierno, se apuesta por el impulso de la diplomacia parlamentaria, por potenciar los mecanismos de consulta entre Exteriores y los responsables autonómicos de acción exterior, y por impulsar «una colaboración más integral con las empresas españolas», lo que pasa tanto por apoyar su acción exterior como por capitalizar «mejor el enorme activo de su presencia y capital humano en otros países».

Por otra parte, la estrategia defiende que la acción exterior «debe contribuir a que el sector exterior siga siendo un motor de crecimiento y de creación de empleo que impulse una pronta recuperación», lo que se traduce en una apuesta por la diplomacia económica teniendo en cuenta la alta y creciente internacionalización de la economía española.

PRIORIDADES GEOGRÁFICAS

A nivel geográfico, Europa es la «principal prioridad» de la acción exterior, toda vez que se considera la política europea como «una prolongación natural de la política nacional. En este sentido, el deseo del Gobierno es «una UE más integrada y federal, que sitúa a la ciudadanía en el centro de su actuación y que ocupe el nivel de protagonismo global que su talla geopolítica y económica merecen». Además, «España aspira a tener un mayor liderazgo en la construcción de la UE de las próximas décadas».

Dentro de Europa, el Gobierno también se marca el objetivo de reforzar las cumbres bilaterales con Alemania, Francia, Italia, Polonia y Portugal, mientras que en lo relativo a Reino Unido se apuesta por desarrollar «una nueva relación de colaboración» en el marco del acuerdo con la UE y del futuro acuerdo de este país y el bloque sobre Gibraltar.

Por lo que se refiere a América Latina y el Caribe, el Gobierno pondrá en marcha una estrategia para reforzar la relación entre la región y la UE, además de buscar el fortalecimiento de la Conferencia Iberoamericana y el sistema de Cumbres. Respecto a Venezuela, la aspiración del Ejecutivo es «mantener la iniciativa en la búsqueda de la salida a la crisis» en este país.

En el caso del Magreb y Oriente Próximo, se buscará fortalecer la interlocución con estos países mediante la celebración de consultas políticas y Reuniones de Alto Nivel con los países del norte de África, en especial con Marruecos y Argelia. También esta prevista la organización del V Foro de la Unión por el Mediterráneo y se tratará de impulsar la Vecindad Sur de la UE y la Unión por el Mediterráneo.

Por otra parte, tras la llegada de Joe Biden a la Presidencia en Estados Unidos, la apuesta es por reforzar «la relación transatlántica tanto a nivel europeo como bilateral». Asimismo, está prevista la apertura de un Instituto Cervantes en Los Ángeles.

En el caso del África Subsahariana, el Gobierno quiere fortalecer la cooperación con los países de Sahel y apoyar sus procesos de desarrollo económico y social y de consolidación institucional. Además, se pondrá en marcha el Programa de Acción del III Plan África y está prevista la celebración del primer Foro Hispano-africano de Ciudades Sostenibles.

Respecto a Asia y el Pacífico, el deseo del Ejecutivo es impulsar los acuerdos comerciales de la UE con Australia y Nueva Zelanda y fomentar diplomacia económica y climática con la región. Además, aspira a un redespliegue consular y del Instituto Cervantes, en particular en China e India.

Por último, el Gobierno buscará fortalecer los lazos con la sociedad civil rusa, bielorrusa y ucraniana y aspira a un mayor despliegue diplomático en la región mediante la apertura de «Antenas diplomáticas» en Armenia, Bielorrusia y Uzbekistán.

El Tribunal Supremo (TS) ha reiterado este martes que no le compete revisar los reales decretos por los que se han declarado los estados de alarma por la pandemia de coronavirus porque son normas con rango de ley cuyo control jurisdiccional solo es posible a través del Tribunal Constitucional, en respuesta a los últimos recursos planteados contra el declarado el pasado mes de octubre.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado así el recurso presentado el lunes por un abogado contra el Decreto 2/2021, de 24 de enero, por el que el Gobierno valenciano impuso nuevas restricciones, y «de manera indirecta» contra el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que el Gobierno declaró el segundo estado de alarma.

El Supremo se ha remitido a los argumentos dados en resoluciones anteriores –todas ellas en respuesta a recursos presentados por el mismo abogado–, «en los que declara la inadmisión de este tipo de recursos contencioso-administrativos deducidos contra las diferentes declaraciones del estado de alarma en los sucesivos reales decretos dictados».

En la argumentación de dichas resoluciones, a la que se ha remitido, expuso que estos reales decretos «tienen fuerza y valor de ley», por lo que el Supremo no puede hacer una revisión general de los mismos, lo cual –subrayó– no implica que «estén exentos o sean inmunes a todo tipo de control jurisdiccional», sino que se hace por otras vías.

El alto tribunal ha recordado que estas vías son, por un lado «su impugnación ante el Tribunal Constitucional mediante los correspondientes procesos constitucionales (…) que tienen por objeto el control de constitucionalidad de las leyes, disposiciones y actos con fuerza o valor de ley» y, por otro, las impugnaciones ante el propio TS pero de los actos y disposiciones dictados en aplicación de los reales decretos.

Asimismo, ha añadido, «las personas afectadas podrán interponer recurso de amparo constitucional, previo agotamiento de la vía judicial ordinaria, contra los actos y disposiciones dictados en aplicación de aquellos reales decretos, cuando los estimen lesivos de derechos fundamentales o libertades públicas susceptibles de protección a través de este proceso constitucional».

RECHAZA LA MEDIDA CAUTELARÍSIMA

Además, la Sala ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por el abogado con la intención de que el Supremo suspendiera el decreto autonómico, por el que el Gobierno valenciano limita a dos las personas no convivientes que pueden reunirse en espacios públicos y a convivientes las que pueden hacerlo en domicilios, al tiempo que prorroga el cierre perimetral de la región y restringe el acceso a ciertos municipios en fines de semana y festivos.

Los magistrados han considerado que no se da la «urgencia perentoria» necesaria para acordar tal suspensión sin escuchar a la otra parte, aunque «sin perjuicio de que se dé curso a la tramitación de la pieza ordinaria de medidas cautelares».

Para el abogado, las nuevas restricciones en la Generalitat Valenciana suponen un perjuicio para él y para «millones de personas» porque «ven prohibidos sus derechos cada día que pasa», lo cual estima como un «daño irreversible»: «Un castigo propio del Código Penal».

También recurrió de manera indirecta el artículo 10 del real decreto del estado de alarma, con el que el Gobierno da a las autoridades autonómicas la posibilidad de «modular, flexibilizar y suspender» las medidas relativas a las limitaciones de acceso a la comunidad autónoma y a las reuniones en espacios públicos y privados.

A juicio del abogado, con esta habilitación a las comunidades autónomas el Gobierno «se está erigiendo en poder constituyente», porque violaría la reserva de ley orgánica que la Constitución hace para regular los derechos fundamentales, según sostiene el recurso.

El abogado Felipe Izquierdo, personado como perjudicado en la pieza 9 del caso ‘Tándem’ por haber sido presuntamente espiado por orden del expresidente del BBVA Francisco González y por el actual jefe de auditoria interna de la entidad Joaquín Gortari, ha solicitado al juez instructor que imponga una fianza a ambos y al banco, de manera conjunta y solidaria, de más de dos millones de euros para que aseguren las responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.

En el escrito de este abogado, solicita además que se tome declaración en calidad de investigado a Gortari. Y apunta que a la luz del sumario «se evidencia de manera clara, rotunda e irrefutable la perpetración por parte de los querellados denunciados por esta representación, de los delitos objeto de la querella presentada».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, acordó en septiembre de 2020 admitir su personación como perjudicado en el marco de esta pieza 9 de la macrocausa ‘Tándem’ en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Admitía además la querella que presentó Izquierdo y que se dirigía contra González, Gortari y el BBVA.

Izquierdo alegaba entonces, y sostiene aún hoy, que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y Gortari.

UNA CANTIDAD «MODERADA»

Sobre el cálculo para fijar la fianza en 2 millones de euros, Izquierdo indica en su escrito que el importe es de 1.512.000 euros, esto es 1.008.000 euros más 504.000 en concepto de IRPF. Señala que el cálculo vien de tomar como base la cuota mensual de 2.000 euros y multiplicarla por los 42 años de ejercicio profesional. A esos 1,5 millones le suma el 33 por ciento (498.960€) en previsión del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por lo que el total es de 2.010.960 euros.

Al respecto, apunta en su escrito que esa cantidad «debe considerarse como muy moderada y proporcionada» ponderando por una parte las elevadas y millonarias remuneraciones anuales de los querellados y de otra parte, que la reparación del daño ya no es posible, pues la desacreditación del querellante, su revelación y su difusión ya se ha consumado.

«Ese gratuito, repudiable y execrable destrozo de la persona, no se va a reparar jamás. Son cuarenta y dos años de intachable ejercicio de la profesión (alta el 19 de abril 1977), sin mácula alguna, destruidos por personas sin escrúpulos, vulnerando la intimidad, revelando datos de todo tipo de carácter personal, amparándose en su dinero y sus cargos de poder, que tan deshonradamente han ejercido», incide.

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, ha lamentado que no se hayan escuchado las peticiones de los profesionales y no se haya elegido a un sanitario para continuar con la gestión de la pandemia de COVID-19, tras el nombramiento de Carolina Darias como nueva ministra de Sanidad en sustitución de Salvador Illa.

«Este nombramiento es una nueva oportunidad perdida de que la persona que ocupe el cargo más importante en estos momentos tenga experiencia, conocimiento y formación sanitaria. En estos momentos, el sistema de salud está muy debilitado y han aparecido muchas áreas vulnerables. Por tanto, toca redefinir bien el Sistema Sanitario español y plantear una buena planificación de cara a resaltar los puntos fuertes que tiene y minimizar las áreas deficitarias. Sin duda, necesitábamos más que nunca que la nueva ministra hubiese sido un sanitario», ha comentado en un comunicado.

A pesar de todo, Pérez Raya ha dado la bienvenida a la nueva ministra y le ha pedido «que cuente con los profesionales sanitarios a la hora de trazar las estrategias». «Porque somos nosotros los que estamos dejándonos la piel en la lucha contra la actual pandemia por COVID-19. Hasta ahora, médicos y enfermeras nos hemos sentido al margen de todas las decisiones que se han venido adoptando en el Ministerio. Si queremos vencer este virus, es imprescindible contar con quienes están luchando contra él», ha agregado al respecto.

Además, desde la Organización Colegial han instado a Darias a que se tenga en cuenta a los enfermeros durante su mandato para que lideren y coordinen la estrategia de la campaña de vacunación contra el COVID-19, ya que «son los profesionales expertos y con la formación adecuada para que sea un éxito como lo han sido siempre otras campañas como la de la gripe».

Así, han pedido que se les valore no solo en la lucha contra la pandemia, sino también para finalizar todos los proyectos que están todavía pendientes, así como «para poner en marcha cualquier medida que esté dirigida a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y la seguridad clínica de los ciudadanos, y a conseguir los mejores cuidados posibles para los pacientes».

«Independientemente de lo relacionado con el COVID-19 -y de cara a cuando logremos vencer esta infección desbocada- Darias debe trabajar en resolver los grandes temas de la profesión y del conjunto de la Sanidad, como el desarrollo definitivo de nuestras especialidades y de la prescripción enfermera, la defensa del carácter universal de la Sanidad, el reconocimiento de nuestra categoría profesional como graduados y especialistas, en situación de igualdad con el resto de grados, así como la mejora de ratios de profesionales», ha aseverado el presidente de los 316.000 enfermeros de España.

Asimismo, ha puntualizado que «en materia laboral, basta ya de aplausos y palmaditas en la espalda». «Tenemos que trabajar para erradicar la indignidad, casi esclavitud, de los contratos temporales y mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales incluyendo, por supuesto, los salarios», ha añadido.

Por último, Pérez Raya ha pedido que, «al igual que ya están haciendo las comunidades autónomas, en el propio Ministerio de Sanidad se cree el cargo de director general de Cuidados para que haya un enfermero asesorando en todas las políticas y campañas que ponga en marcha».

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha condenado a seis meses de cárcel a una mujer transexual por pegar a la dependienta de una tienda de lencería que no le dejó probarse un par de sujetadores. También habrá de indemnizar a su víctima en la cantidad de 1.500 euros.

La sentencia considera probado que V.E.M–ficalía pedía para ella cinco meses de prisión– cometió un delito de lesiones en la persona de la trabajadora del establecimiento, E.G.T, quien casualmente compartió banquillo con la primera ya que la clienta la había acusado a su vez de un delito de odio por negarle la entrada en los probadores y le pedía año y medio de prisión, si bien esta última ha quedado finalmente absuelta, según informaron fuentes jurídicas.

En el caso de la dependienta, representada por el letrado Enrique Tresierra, la sentencia justifica la absolución en la falta de pruebas de que sometiera a un trato discriminatorio a la clienta por su condición de transexual ni que pronunciara expresiones tales como «¡Valladolid no es ciudad para ti!».

El fallo considera probado que la acusada no permitió a la clienta entrar en los probadores porque dijo que «veía a un hombre», que la apariencia de ésta era la de un hombre, y en este extremo siguió la política de empresa, lo que confirmó una testigo, representantelegal de la empresa, al manifestar que «si aparentemente laapariencia física es masculina, las dependientas están avisadaspara no permitir entrar en probadores. En caso de que diga quees mujer se tendría que hablar».

En este caso, la negativa a que se probara los sujetadores, aun cuando la clienta hubiera manifestado su condición de mujer, «no constituiría un delito de odio», zanja la juzgadora.

El incidente se produjo sobre las 17.15 horas del día 2 de marzo de 2019 en una tienda de lencería de la capital a la que acudió una mujer transexual, V.E.M, que seleccionó dos sujetadores y se acercó a la dependienta para pedir autorización para probárselos.

E.G.T, trabajadora del establecimiento, denegó el permiso tras visualizar que aparentemente se trataba de un varón y que, por política de empresa, no podía acceder a los probadores, ante lo cual la clienta advirtió de que era una mujer y que la iba a denunciar, tras lo cual abandonó el establecimiento.

Sin embargo, pocos minutos después, al sentirse humillada, volvió al local para denunciar que estaba siendo discriminada, ya que había visto por internet la política de la empresa. Pese a ello, la dependienta persistió en su negativa, a la vez que ofrecía la hoja de reclamaciones, momento en el que se produjo el incidente–se ha visionado la grabación de la cámara de seguridad–cuando la clienta perdió los nervios y tiró al suelo una columna de bragas.

A LAS MANOS

A partir de entonces se produjo un forcejeo entre ambas que concluyó con el puñetazo que la trabajadora recibió de la clienta y que ésta justificó en su intento de soltarse ya que la primera no dejaba de zarandearla.

La dependienta de otro establecimiento cercano, quien se percató de la refriega, acudió en auxilio de su homóloga y entre ambas retuvieron a la clienta hasta la llegada del servicio de seguridad del centro comercial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista Carolina Darias, será la nueva responsable de la cartera de Sanidad y se encargará de la gestión de la pandemia del coronavirus, en plena tercera ola y con los contagios disparados, en sustitución de Salvador Illa, quien deja el cargo para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Además, ha anunciado que la vacante de Darias al frente de Política Territorial será ocupada por el líder del PSC y antes candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, quien a finales de diciembre anunció que daba un paso atrás y cedía a Illa el primer puesto de la lista electoral para las catalanas.

Así lo ha comunicado Sánchez en una breve declaración que ha realizado en Moncloa tras informar al Rey de estos dos cambios; una comparecencia en la que ha vuelto a alabar la gestión de Illa y le ha definido con una palabra: «respeto».

«Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros. Nunca ha presumido de sus logros, y siempre ha pedido disculpas por sus errores. Tiene una enorme vocación de servicio público», ha destacado.

Además, ha recordado que si bien fue nombrado ministro «para poner en marcha la ampliación de servicios para una sanidad pública de calidad y para impulsar otras muchas medidas que figuraban en el programa de Gobierno», poco después «se encontró con la obligación de gestionar la respuesta a la pandemia más terrible del último siglo».

PRIMERA REMODELACIÓN DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, EN EL ALA SOCIALISTA

Se trata de la primera remodelación en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que llega cuando acaba de cumplirse un año desde la toma de posesión el pasado 13 de enero de 2020, y que afecta solo a dos Ministerios en manos de los socialistas.

«Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones», ha confirmado Sánchez este martes, tal y como llevaban defendiendo sus ministros desde que se hizo público hace un mes que Illa dejaría Sanidad. Tanto Darias como Iceta llevaban sonando como favoritos desde entonces para los cargos que ahora asumen.

DARIAS, EN «PRIMERA LÍNEA» FRENTE AL COVID JUNTO A ILLA

«Los nuevos ministros, Carolina Darias y Miquel Iceta, conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. Les avala su experiencia y sus cualidades», ha defendido Sánchez, antes de destacar en concreto que Darias lleva meses en «el día a día de la gestión de la pandemia» junto a Illa, «en primera línea del equipo frente al virus», por ejemplo, participando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

De este modo, con el relevo de Darias por Illa, el presidente del Gobierno pretende dar continuidad a la gestión del catalán al frente de Sanidad estos meses, sumando además su experiencia como responsable de las relaciones con las comunidades como ministra de Política Territorial.

ICETA, UN «ESTUDIOSO DE LA POLÍTICA» Y PERSONA DE «CONSENSOS»

Y de Iceta, Sánchez ha destacado que «es un político muy conocido», un «estudioso de la política» y «una persona de ideas y de construir consensos». «Miquel es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo: cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel es un hombre de acuerdo y también de concordia», ha ensalzado.

Con la entrada del líder del PSC en el Gobierno, Sánchez premia su gesto de «generosidad» –tal y como él mismo lo describió– al renunciar a su candidatura a la Generalitat. Iceta tomó esta decisión a mediados de noviembre tras asumir que el ministro era una mejor opción para lograr un buen resultado en las elecciones catalanas, y así se lo trasladó entonces a Sánchez.

«Desde sus nuevas responsabilidades ayudarán al Gobierno en la labor de afrontar los desafíos que nuestro país tiene por delante. Los nuevos ministros cuentan con mi absoluta confianza. También con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades», ha apostillado.

Sánchez ha concluido su breve declaración defendiendo que «cada día que pasa, el Gobierno avanza en sus objetivos». «Frente al miedo y la incertidumbre lo que tenemos que hacer es abonar la esperanza y confianza en nuestro país. Les garantizo que el Gobierno seguirá trabajando, con humildad, con dedicación, en una única dirección, que es continuar el rumbo hacia España que los españoles se merecen y la que todos queremos», ha zanjado.

La decisión de Illa de asumir la candidatura del PSC para presidir la Generalitat se hizo pública el 30 de diciembre, pero el ministro saliente explicó entonces que seguiría volcado «al 101%» en el Ministerio y en enfrentar la pandemia, y que no se iría hasta que arrancara la campaña electoral.

Ahora, un mes después, y a tres días de que empeice la campaña de las elecciones catalanas, Illa deja el Ministerio en plena tercera ola y con los contagios disparados. Y también se va con duras críticas de la oposición, primero, por ostentar durante un mes esa doble condición de ministro y candidato, y ahora, por irse antes de ofrecer su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia, que estaba prevista para este jueves.

Es más, el hecho de irse antes de su comparecencia mensual en la Cámara Baja ha generado incluso malestar en sus socios de Gobierno de Unidas Podemos.

El procedimiento impuesto por el PSOE y Unidas Podemos para la aprobación de las comparecencias que van a tener lugar en la comisión de investigación sobre la operación ‘Kitchen’ facilita que el excomisario José Manuel Villarejo no sea citado por este órgano aún en el probable caso de que su presencia sea solicitada por toda la oposición, que suma más votos que los dos partidos que apoyan al Gobierno.

Y es que, según han explicado fuentes parlamentarias, socialistas y morados hicieron valer su mayoría en la mesa de la comisión –donde hay dos diputadas del PSOE, uno de Unidas Podemos, y dos representantes del PP– para establecer que las peticiones de comparecencia registradas por cada grupo se votarán en bloque y no por separado, como suele ser tradición en estas comisiones.

De momento, los siete partidos que han registrado ya sus solicitudes de comparecencia (Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu, PNV y la CUP), han incluido en sus listados a Villarejo. También prevé hacerlo Más País y hasta el PP está barajando pedirlo, según avanzan fuentes ‘populares’. Los grupos que aún no han presentado sus nombres tienen de plazo hasta este miércoles a medio día para hacerlo.

SE VOTARÁN EL JUEVES

El PSOE y Unidas Podemos todavía no han dado a conocer sus propuestas pero ya han dejado claro que no tienen intención de citar, al menos de momento, a Villarejo. Los socialistas siempre han sido reticentes a llamarle y Unidas Podemos venía reclamando insistentemente su presencia hasta que, la semana pasada, el vicepresidente de la comisión, Enrique Santiago, desveló que ahora ya no lo consideran urgente dada la escasa «credibilidad» del excomisario.

Una vez todos registren sus solicitudes, la comisión se reunirá este jueves, a puerta cerrada, para aprobar una primera ronda de comparecientes. Los grupos que apoyan al Gobierno quieren que los primeros en desfilar sean los mandos políciales implicados en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y, el resto de partidos da por hecho que al final eso será lo que triunfe.

Y es que, al votarse en bloque todas las solicitudes de cada partido, es prácticamente imposible que ninguna lista de la oposición salga adelante. No sólo porque no recibirán apoyo de PSOE y Unidas Podemos, sino porque tampoco recabarán la mayoría suficiente para doblegar a los os partidos del gobierno, ya que en la práctica totalidad de los listados hay nombres que el resto de la oposición veta.

VETOS CRUZADOS

ERC, por ejemplo, quiere citar a todos los ministros del Interior desde 1982 para ver cómo se han usado los fondos reservados y también a Pablo Casado y José María Aznar, lo que el PP no va a apoyar, como tampoco respaldará el listado de la CUP que pide que desfile hasta Juan Carlos de Borbón.

El PP aún no ha cerrado su relación, pero, según han explicado fuentes del partido, además de a Villarejo barajan incluir al comisario al inspector jefe Rubén Eladio López, a quien el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, nombró director de Emergencias y Gestión de Crisis tras la polémica por la escala en España de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez. Este inspector fue mano derecha durante el Gobierno del PP de Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y ambos se enfrentaron a Villarejo.

Los ‘populares’ también están pensando en meter el nombre de Telesforo Rubio, que fue comisario general de información durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ahora ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, cuando era juez instructor del caso ‘Faisán’, allá por 2006, le apartó de la investigación al descubrir que había tardado tres días en informarle de se había producido un chivatazo a ETA.

El excomisario José Luis López Esteban, que fue responsable de seguridad del PSOE en los años 80, en 2002 fue nombrado número dos en la Jefatura de Policía de Madrid y llegó a ser secretario de Alfredo Pérez Rubalcaba, es otro de los nombres que podrían registrar los ‘populares’.

TAMBIÉN CONTROLARÁN LA DOCUMENTACIÓN

La estrategia del PSOE y Unidas Podemos de beneficiarse de la falta de acuerdo entre la oposición ya se vio en la primera reunión de la comisión la semana pasada, cuando el plan de trabajo propuesto por socialistas y morados salió adelante sólo con sus 155 votos. Fue así gracias a la abstención de Ciudadanos, Bildu y Compromís. El resto de la oposición votó en contra y reunió 153 sufragios.

Además, los dos partidos que integran el gobierno de coalición también tienen garantizado que se pedirá sólo la documentación que ellos quieran porque su plan de trabajo establece que eso lo decidirá la Mesa de la comisión, donde suman mayoría. Los grupos también deben registrar este miércoles sus solicitudes de informes.

El 64 por ciento de habitantes en 50 países que representan a más de la mitad de la población mundial considera que el cambio climático supone una emergencia global, según la mayor encuesta realizada por la Universidad de Oxford para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La encuesta ‘Peoples’ Climate Vote (el Voto por el clima)’ es la mayor encuesta de opinión pública realizada sobre el cambio climático ya que abarca a 50 países con más de la mitad de la población mundial. Además, incluye más de medio millón de personas menores de 14 años, un segmento demográfico clave que normalmente no puede participar en los procesos electores normales.

Los resultados detallados de la encuesta, desglosados por edad, género y nivel educativo, serán trasladados a gobiernos de todo el mundo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ente organizador de la innovadora encuesta junto con la Universidad de Oxford.

En muchos de los países participantes, esta es la primera vez que se realiza una encuesta de opinión a gran escala sobre el cambio climático. Los resultados buscan aportar información a las negociaciones en la Cumbre del Clima de la ONU (COP26) que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

La encuesta preguntó a los participantes si consideran que el cambio climático es una emergencia global y si estaban a favor de dieciocho políticas climáticas clave dentro de seis ámbitos de actuación: energía, economía, transporte, agricultura y alimentación, naturaleza, y protección de las personas.

Los resultados reflejan que muchas veces los ciudadanos desearían políticas climáticas amplias que superen el marco de medidas actual. Por ejemplo, en ocho de los diez países encuestados con las emisiones más altas del sector eléctrico, una mayoría dio su respaldo a las energías renovables.

En cuatro de cada cinco países con las emisiones más altas a consecuencia de los cambios en el uso de la tierra y con datos suficientes sobre las políticas preferidas, se observó un respaldo mayoritario a la conservación de los bosques y de la tierra al tiempo que en nueve de cada diez países con una población más urbanizada se mostraron a favor del uso de coches y autobuses eléctricos, o de bicicletas.

El administrador del PNUD, Achim Steiner, ha subrayado que «independientemente de cuál sea su origen, los ciudadanos coinciden en que el cambio climático constituye una emergencia global».

Además, ha destacado que también muestra que las personas «son conscientes» de la escala de acción que se necesita, desde una agricultura respetuosa con el clima, a la protección de la naturaleza, y la inversión en una recuperación verde.

«El ‘Voto por el clima’ otorga a los países un mandato claro para adoptar medidas climáticas amplias con el apoyo de la opinión pública», señala.

La innovación en esta encuesta del PNUD es que fue distribuida a través de redes de juegos para dispositivos móviles con el propósito de incluir a grupos de personas a las que es difícil acceder con los métodos de encuesta tradicionales, como los menores de 18 años.

Expertos en demoscopia de la Universidad de Oxford procedieron a una ponderación de la enorme muestra obtenida para hacerla representativa de los perfiles de edad, género y nivel educativo de los países participantes en la encuesta y cuenta con un margen de error de +/-2%.

Las políticas que recibieron más apoyo fueron las de conservación de los bosques y la tierra (54% de respaldo público), más energía solar, eólica y renovable (53%), adopción de técnicas agrícolas respetuosas con el clima (52%), y mayores inversiones en negocios y empleos verdes (50%).

El profesor Stephen Fisher, del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford, defiende que la encuesta del sondeo de opinión sobre el cambio climático «más importante jamás realizada» ha mostrado que las redes de los juegos para dispositivos móviles pueden no solo llegar a mucha gente, sino que son capaces también de atraer la participación de diferentes tipos de personas en un grupo diverso de países.

«El Voto por el clima nos ha dejado una abundancia de información sobre la opinión pública que nunca hasta ahora habíamos visto», ha manifestado Fisher que celebra que el reconocimiento de la emergencia climática «está mucho más extendido» de lo que se pensaba anteriormente.

El profesor subraya también que los resultados muestran también claramente que la mayoría de la población quiere medidas de política robustas y amplias y que la encuesta revela una vinculación directa entre el nivel educativo de la persona y su deseo de que se adopten medidas climáticas.

En concreto, concluye que existe un reconocimiento muy elevado de la emergencia climática entre los encuestados con educación universitaria en todos los países, desde países menos adelantados como Bhután y la República Democrática del Congo (82% en ambos) a países ricos como Francia (87%) y Japón (82%).

En lo que respecta a la edad, se observó que las personas jóvenes (menores de 18 años) tienen una mayor probabilidad de creer que el cambio climático supone una emergencia climática que las personas por encima de esa edad.

Sin embargo, otros grupos de edad no quedan lejos; así, el 65% de las personas entre 18 y 35 años, el 66% del grupo de 36 a 59, y el 58% de los mayores de 60 años perciben también la emergencia climática, lo que ilustra el amplio alcance de esta perspectiva.

No obstante, los resultados por países representan lo que piensan las personas que se encuentran físicamente en cada país de modo que no representa la opinión de los ciudadanos legales de un país. Es decir, representan, por ejemplo lo que opinan las personas que están en Francia pero no lo que piensan los franceses.

MLa vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, cree que es fundamental mantener o aumentar la inversión en la modelización de datos meteorológicos para contar con datos precisos que se adapten a las necesidades de los ciudadanos y contribuyan a reducir o minimizar los riesgos asociados al cambio climático ante eventos extremos cada vez más frecuentes como ‘Filomena’.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ribera ha insistido en la necesidad de reforzar las redes de información como ya lo hace la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para la ministra el aumento de fenómenos meteorológicos extremos exige invertir en sistemas de alerta y sobre todo de divulgación.

Aprovechando la celebración este martes del Día de la Educación Ambiental, ha defendido que se trata de algo más que el currículum reglado sino que se trata de hacer entender la complejidad de fenómenos importantes para la vida y las consecuencias del capital natural, económico y construir resiliencia para disminuir los costes asociados a este tipo de impactos.

«El año 2021 ha iniciado de forma contundente», ha admitido la vicepresidenta cuarta que considera que estos fenómenos son «llamadas de atención» en torno al cambio climático y la necesidad de impulsar la transición energética.

Además, ha recordado que ‘Filomena’ ha provocado un gran impacto a su paso con «nevadas excepcionales», seguida por una ola de frío con temperaturas extremas muy por debajo de las medias estadísticas, que han dejado posiblemente «la peor nevada en más de 100 años en la capital» tanto por intensidad como por espesor acumulado.

Esta situación, ha destacado, junto a la ola de frío y la llegada sucesiva de frentes atlánticos, con lluvias y vientos generó una advertencia para garantizar que no se materializaran riesgos de inundaciones y que «todo funcionara correctamente desde el punto de vista hidrológico».

A su juicio, estos episodios refuerzan la inquietud por los efectos del cambio climático por la capacidad de fortalecer resiliencia y adaptación a dichos impactos. «Nos advierten y enseñan hasta que punto es importante contar con un buen sistema de observación, un buen sistema de predicción, de previsión, predicción, alertas y un buen sistema de comunicación, de ciencia, entendimiento social para construir sociedad y sistemas económicos resilientes», ha expresado.

Ribera concluye que se puede decir que Filomena contó con una gran predicción y una elevada precisión a corto plazo que puso al descubierto como es «fundamental acortar la brecha» entre el desarrollo de la ciencia y la comunicación social, la necesidad de mejorar la comprensión por parte de la sociedad sobre las consecuencias de estos fenómenos en las infraestructuras, los sectores económicos y en la vida cotidiana.

De ese modo, ha insistido en la importancia de reducir esa brecha no para eliminar la vulnerabilidad a los impactos meteorológicos y climáticos, pero sí para reducirlo «de manera significativa» a través del fortalecimiento de herramientas de anticipación, resiliencia y reducción.

La vicepresidenta ha defendido que estas son prioridades del Gobierno pero también de todos los responsables institucionales y representantes de la sociedad que están «esencialmente de acuerdo» en este aspecto.

A pesar de que los expertos sostienen que los centros educativos no son uno de los principales focos de contagio de COVID-19, las Navidades se han dejado notar en los colegios e institutos tras detectarse un considerable aumento en las cifras de positivos entre alumnos y profesores y, por tanto, en el número de aulas confinadas por algún positivo.

El curso escolar terminó antes de las vacaciones de Navidad con un 0,6% de las aulas confinadas por la confirmación de casos positivos de COVID-19, unas 2.500 aulas de todo el territorio español, según los datos que las comunidades facilitaron al Ministerio de Educación y FP.

Ahora, hay más de 4.500 aulas que han paralizado la actividad docente presencial, según los datos que han aportado las comunidades autónomas, a excepción de Comunidad Valenciana y Madrid. El sindicato STEs identifica, por su parte, cerca de 4.400 aulas en cuarentena, según su último informe, en el que los datos más antiguos son del 19 de enero y los más recientes del 26, y en el que no figuran seis regiones.

En algunas comunidades, las aulas en cuarentena se han multiplicado hasta por 12, como es el caso de País Vasco, que hasta el 18 de diciembre notificaba 74 grupos confinados, el 0,42% del total de las 17.554 existentes desde los 2 años hasta educación no universitaria postobligatoria en el curso 2020-2021.

Aunque la primera semana tras las vacaciones de Navidad, las aulas con algún contagio de COVID bajaron a 13 (el 0,07%), a día de hoy el Gobierno vasco ha notificado hasta 164 aulas en cuarentena, lo que supone cerca de 13 veces más que hace dos semanas, lo que supondría el 0,93% del total.

En Andalucía también se ha notado especialmente en la Educación el aumento de contagios generalizado que se está dando en las últimas semanas en España. Así, esta región mantiene 17 centros educativos cerrados totalmente, bien sea de la escuela pública, concertada o privada, la misma cifra que el pasado viernes y nueve más que el martes anterior.

En cuanto a aulas con alumnos en cuarentena, hay actualmente 705 clases confinadas, es decir, el 0,9% de las 78.024 que hay en la comunidad, 129 más que hace cuatro días y 300 más que hace una semana, es decir, se han incrementado hasta un 74% en tan solo una semana.

Otra comunidad en la que se han multiplicado los contagios es La Rioja, que ha notificado hasta el triple de aulas confinadas, pasando de 10 (el 0,29%) a 33 en la actualidad (el 0,9%) o Castilla-La Mancha, donde tras el regreso de los estudiantes se ha notificado un 0,75% de las aulas en cuarentena, cuando el primer trimestre terminó con una media del 0,37%.

Pero las regiones donde más está afectando la incidencia del coronavirus en la comunidad educativa es Castilla y León y Murcia.

En el caso de la primera, el 23 de enero se informó del cierre de 30 clases (el 0,18% de las 16.318 que hay en la región), una cifra bastante similar a la registrada el 12 de enero (37 aulas), coincidiendo este dato con la ‘vuelta al cole’ de miles de alumnos en la región tras las vacaciones navideñas.

Pero a fecha 19 de enero, los grupos en cuarentena ascendieron a 389, la cifra más alta desde el comienzo de curso, subiendo hasta el 2,38% del total. Aunque este martes el Gobierno regional ha informado de que por primera vez en este trimestre el número de clases confinadas ha disminuido, continúan sin clase presencial por algún positivo de COVID un total de 369 aulas, el 2,26%.

También llama la atención el caso de Murcia, que con fecha 22 de diciembre había 36 aulas en cuarentena, lo que representaba el 0,46% del total, número que se ha disparado a 94, según los datos aportados este mismo martes por el Ejecutivo murciano, representando así el 4,23%, una de las cifras más altas en términos porcentuales de todo el país.

La tripulación de la primera misión espacial orbital totalmente privada incluirá a cuatro hombres, en concreto tres turistas espaciales como clientes y un ex astronauta de la NASA como comandante.

Según informó Axiom Space, la empresa que organiza el viaje con destino a la Estación Espacial Internacional, el pasaje de la nave Crew Dragon que ha fletado para el viaje incluirá a Larry Connor, un empresario estadounidense de tecnología y bienes raíces de 71 años; Eytan Stibbe, empresario y ex piloto de combate israelí, segundo en su país en viajar al espacio; Mark Pathy, un inversionista y filántropo canadiense; y Michael López-Alegría, astronauta retirado de la NASA, de origen español, que registró casi 260 días en cuatro misiones anteriores.

OCHO DÍAS DE MICROGRAVEDAD

El vuelo Axiom Mission 1 (Ax-1) se está organizando en virtud de un acuerdo comercial con la NASA. Esta misión de Axiom permitirá a la tripulación vivir a bordo del complejo orbital y experimentar al menos ocho días de microgravedad y vistas de la Tierra que solo se pueden apreciar plenamente desde la Estación Espacial. Según The Washington Post, cada pasaje de turista espacial cuesta 55 millones de dólares.

Connor, que ha volado más de 16 aviones diferentes y compitió en el Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea de EE.UU., servirá como piloto del Dragon y se convertirá en el primer astronauta particular en pilotar una misión espacial orbital. SpaceX diseñó su cápsula Dragon tripulada para volar de forma autónoma, con la participación humana solo necesaria en situaciones de emergencia.

Dependiendo de otras actividades programadas en la estación espacial, la misión Ax-1 podría lanzarse tan pronto como enero de 2022.

A los 71 años, Connor se convertirá en la segunda persona de mayor edad en volar al espacio (solo superado por el fallecido John Glenn, quien realizó su segundo vuelo espacial a la edad de 77 años). Director de The Connor Group, una firma de inversión en apartamentos de lujo con más de 3.000 millones en activos, Connor también cofundó dos compañías de tecnología financiera y estableció The Connor Group Kids & Community Partners, que atiende a jóvenes desfavorecidos en las comunidades donde opera The Connor Group.

Además de volar, Connor también compite en carreras todoterreno, ha hecho rafting en el río Zambezi en África y el río Futaleufu en América del Sur y ha alcanzado la cima del Monte Kilimanjaro en África y el Monte Rainier en el estado de Washington.

Pathy, de 50 años, será el undécimo canadiense en volar al espacio, después de nueve astronautas de la Agencia Espacial Canadiense y cofundador del Cirque du Soleil, quien se convirtió en el primer supuesto «turista espacial» de Canadá en 2009, informa Space.com.

Pathy es el director ejecutivo y presidente de Mavrik, una empresa de inversión y financiación de propiedad privada, y es el presidente de la junta directiva de Stingray Group, una empresa de música, medios y tecnología, ambas con sede en Montreal. También es miembro de la junta de la Pathy Family Foundation y es miembro de las juntas y comités ejecutivos de Dansla Rue y de la Montreal Children’s Hospital Foundation.

Stibbe, quien nació en Haifa, será el segundo israelí en lanzarse al espacio, siguiendo a su amigo Ilan Ramon, quien murió trágicamente en el transbordador espacial Columbia en 2003.

Stibbe fundó Vital Capital Fund, que se centra en empresas comerciales y financieras principalmente en África. También es uno de los fundadores y es miembro de la junta del Centro de Estudios Africanos de la Universidad Ben-Gurion y es miembro de la junta de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación, el arte y la cultura. A los 63 años, Stibbe se convertirá en la tercera persona de mayor edad en entrar en órbita.

López-Alegría será el primer ex astronauta de la NASA en regresar a la órbita y visitar la ISS. También tendrá 63 años cuando se lance, pero es cinco meses más joven que Stibbe.

Axiom Space, fundada por el exgerente del programa de la estación espacial de la NASA, Michael Suffredini, organizará el entrenamiento y supervisará las operaciones en vuelo de la tripulación del Ax-1, con López-Alegría como representante de la compañía mientras está en el espacio.

La misión Ax-1 es la primera de una serie de vuelos a la estación espacial, incluido uno posiblemente tripulado por el actor Tom Cruise y el director Doug Liman, que son precursores del lanzamiento de Axiom y la conexión de nuevos módulos comerciales a la ISS. El segmento Axiom servirá como banco de pruebas para la estación Axiom de vuelo libre planificada de la compañía.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha autorizado este martes la licitación de la actuación ‘Puesto Educativo en el Hogar’ para Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco dentro del programa ‘Educa en Digital’, cuyo objetivo es apoyar la transformación digital de la educación en España apoyando a los alumnos más vulnerables.

Esta actuación supone la adquisición de más de 100.000 equipos informáticos con conectividad que facilitarán la educación digital, tanto desde el hogar como de forma presencial, a los alumnos de familias vulnerables que estudien en centros educativos sostenidos con fondos públicos de estas comunidades autónomas.

De los 100.000 equipos que el Gobierno adquirirá para alumnos vulnerables, un total de 7.283 serán para estudiantes de Castilla y León; 50.908 para la Comunidad Valenciana; 30.656 para la Comunidad de Madrid; 3.150 para Navarra; y 8.366 para el País Vasco.

Se trata de la segunda licitación lanzada tras la realizada el pasado mes de octubre para dotar con más de 100.000 ordenadores y tablets a los alumnos de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se prevé que los primeros equipos sean puestos a disposición en el mes de marzo.

El importe de esta segunda actuación asciende a casi 50 millones de euros, de los que la empresa pública ‘Red.es’ aportará casi 40 millones a través de los fondos FEDER y, el resto, será cofinanciado por las comunidades autónomas.

EDUCA EN DIGITAL

El programa ‘Educa en Digital’ fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio de 2020 y contempla dotar a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser prestados y puestos a disposición de los estudiantes que no dispongan de este equipamiento para poder acceder a la educación con medios digitales, tanto en el hogar como en el propio centro educativo.

También abarca otra serie de actuaciones tales como la puesta a disposición de aplicaciones, herramientas y recursos curriculares que faciliten la educación digital, tanto presencial, en el centro, como desde el hogar, y la formación de profesores, con el fin de dotar a la comunidad educativa de recursos educativos digitales.

El programa movilizará inicialmente 230 millones de euros, de los cuales Red.es aportará un presupuesto inicial máximo de hasta 190 millones de euros, con la cofinanciación de los fondos FEDER.

Siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 en España, el programa requiere la firma de convenios entre las comunidades autónomas y ‘Red.es’ para la realización de licitaciones separadas siguiendo las indicaciones y requisitos determinados por las autoridades educativas.

Patronales de residencias han criticado que el ministro de Sanidad Salvador Illa, que este martes abandona su cargo, ha sido «el gran desaparecido» para el sector de la dependencia durante la pandemia de la Covid-19 porque no se ha reunido con ellos, y lamentan que se marche en medio de la tercera ola que les está haciendo «muchísimo daño».

El secretario general de la Asociación de Empresas para el Servicio de la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, ha asegurado que «para el sector de las personas mayores y en situación de dependencia Salvador Illa ha sido el gran desaparecido durante la pandemia».

«No podemos decir que haya sido un buen ministro para el sector», ha declarado Cubero. Y aunque ha reconocido que tuvo «mala suerte» porque se encontró la pandemia al poco tiempo de llegar al Ministerio, lamenta que desde el sector no han podido mantener «ninguna reunión» con él, a pesar de haberlo solicitado «en repetidas ocasiones».

También ha indicado que, al estar las competencias transferidas, les ha tocado trabajar con todas las consejerías de las distintas comunidades autónomas, pero ha precisado que la labor del ministro es «coordinar» y, en este sentido, han «echado en falta un cierto diálogo, alguna reunión», en la que les hubiera gustado trasladarle sus demandas.

A su juicio, a Illa «también le ha faltado carácter para ponerse al frente de esta crisis, para tomar las decisiones adecuadas y tener una cierta previsión». En todo caso, le desean «la mejor de la suertes en la nueva etapa».

Igualmente, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha lamentado que Illa «termina sus funciones en el Ministerio sin haberse reunido con un sector que atiende a 385.000 personas, muchos de ellos con enfermedades crónicas y algunos, con enfermedades crónicas avanzadas».

Asimismo, ha advertido de que se ha llegado «un poquito tarde» con la vacuna y que la tercera ola les está haciendo «muchísimo daño». «Estos diez días que llevamos de atrasos en la organización y en las segundas dosis, es una lástima porque llegamos un poquito tarde», ha criticado.

En definitiva, Pascual considera que «no es un buen momento» para que Salvador Illa deje el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, pero, en todo caso, también le desean «toda la suerte del mundo» en su nueva tarea.

UNA SITUACIÓN DE «HORROR» POR ACTUAR «TARDE Y MAL»

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Juan Manuel Martínez, ha indicado que Salvador Illa «ha actuado tarde y mal» en la gestión de la pandemia en las residencias de personas mayores, donde se ha vivido «una situación de horror».

A su juicio, al «desconocimiento» del hasta ahora ministro de Sanidad se sumó la ausencia de un «equipo de expertos» a su alrededor que hubieran permitido «una actuación más rápida y acertada». «Le disculpo como hombre pero no le puedo disculpar como ministro», ha precisado Juan Manuel Martínez.

Según ha precisado, el hecho de haber actuado de forma «lenta» ante la llegada del Covid-19 y el hecho de que esta infección afectase más a las personas vulnerables, mayores y con pluripatologías, «ha provocado la situación de horror que se ha vivido en las residencias».

Por ello, según ha dicho, las asociaciones de mayores, entre ellas CEOMA, han advertido «de forma reiterada» a las administraciones de que «se estaba produciendo casi un genocidio en las residencias» pero lamenta que «no se han tomado medidas suficientes» para detener la expansión del virus en estos centros.

Entre otras medidas, desde CEOMA creen que se debería haber hecho test a los residentes para separar a las personas contagiadas, que debería haber existido una coordinación sociosanitaria y que no se tendrían que haber realizado los triajes que se llevaron a cabo y que temen que se vuelvan a producir ahora, en medio de la tercera ola ante la saturación de las UCIs.

En el caso de CEOMA, según ha precisado su presidente, Salvador Illa sí respondió a su petición de reunirse aunque finalmente el encuentro no lo mantuvieron con el propio ministro sino con el director general de ordenación del Ministerio de Sanidad, que dimitió diez días después.

El Estado destina mensualmente más de 1,8 millones de euros al pago de una prestación a 2.836 militares de tropa y marinería que fueron obligados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

La figura del Reservista de Especial Disponibilidad (RED) fue creada en el año 2006 como solución a la profesionalización de los Ejércitos. Desde entonces el número de militares que han llegado a los 45 años ha ido aumentando poco a poco y lo hará exponencialmente durante los próximos años.

El año 2021 ha comenzado con un total de 2.836 exmilitares acogidos a la figura de reservistas de especial disponibilidad. Esto les obliga a incorporarse a las Fuerzas Armadas cuando, en situaciones de crisis, lo autorice el Consejo de Ministros con carácter excepcional.

A cambio, reciben una prestación mensual que actualmente es de 664,30 euros, según ha detallado en una comparecencia en el Congreso la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Amparo Valcarce. Esta paga es compatible con la prestación por desempleo y también con cualquier sueldo que provenga del sector privado, no así del sector público.

Valcarce ha detallado que, de los 2.836 RED que existen actualmente, un total de 800 están dados de alta en la Seguridad Social como receptores de otra retribución compatible con los 664,30 euros del Estado.

La situación de los militares temporales al cumplir los 45 años es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que piden medidas que van desde el fin de esta temporalidad a la mejora de la formación y convenios que faciliten su reinserción en el mercado laboral civil.

El número de miembros de tropa y marinería que llegan a esta situación va a ir aumentando progresivamente durante los próximos años. Según un informe del Ministerio de Defensa, más de 50.000 soldados se sumarán a esta situación de aquí al año 2.036.

El asunto fue objeto de debate en una subcomisión parlamentaria que aprobó, tras casi dos años de trabajo, un dictamen con un total de 40 medidas orientadas a la formación de los militares, la homologación con la enseñanza general de los cursos que reciben, su pase a la administración civil con la reserva de plazas en las convocatorias públicas o los acuerdos con el sector privado para facilitar su reinserción en el mercado laboral.

DEFENSA: LAS MEDIDAS «DAN FRUTOS»

En su comparecencia en el Congreso, Valcarce ha defendido que las medidas puestas en marcha por el Ministerio «están dando frutos» y suponen además una «base sólida» para «mejorar y dar respuesta a la situación de los soldados y marineros».

Entre las medidas adoptadas ha señalado un incremento «progresivo» de las plazas para el acceso de la escala de tropa y marinería a la relación de servicios de carácter permanente. Según ha señalado, fueron de 350 en 2018, se llegó a las 700 en 2020 y se espera estabilizarlas en el millar a partir de 2021.

También ha aludido a la reserva de plazas como personal laboral del Ministerio de Defensa, convenios con otras administraciones o el portal de empleo creado para facilitar su enlace con el sector privado.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid, Rosario de Fátima Espinosa, ha decidido archivar el caso ‘Navantia’, en el que se investigaban presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, al concluir que los 42 millones de euros que la empresa pública pagó a intermediarios para conseguir el contrato de venta de ocho buques a Venezuela se incluyeron en el precio final que pagó el por aquel entonces Gobierno de Hugo Chávez.

«Ha quedado acreditado que los 42 millones, precio del contrato de agente, fueron abonados por Venezuela como uno de los costes del buque», ha determinado Espinosa en un auto del 12 de enero avanzado por ‘El País’.

Fuentes de la empresa han expresado su respeto por las decisiones judiciales y han recordado que la propia Navantia estaba personada y «ha colaborado en todo momento con la justicia».

Lo hechos investigados se remontan a diciembre de 2004, cuando el entonces presidente de Izar (actual Navantia), Juan Pedro Gómez Jaen, encomendó a Francisco Javier Salas Collantes, antiguo presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y persona «muy vinculada al sector público» que había participado en la reestructuración de Izar, que viajara a Venezuela.

El propósito de este viaje era comprobar que los venezolanos Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malave, con quienes la empresa pública no tenía contacto desde el año 2000, «poseían la solvencia y capacidad para actuar como agentes mediadores en la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela».

«Fruto de esos contactos y relaciones», ha relatado Espinosa, se creó en Caracas la empresa Rebazve para la ejecución del futuro contrato de agencia, que Gómez Jaen y su director comercial, Jesús Arce Gómez, firmaron en febrero de 2005 en nombre de New Izar para «la promoción, comercialización y venta de buques al Gobierno de Venezuela».

Meses después, en marzo de 2005, Gómez Jaen y Arce Gómez firmaron ya en representación de Navantia un «contrato idéntico» al primero, que se convierte en definitivo en septiembre de ese año. Ahí ya se estipuló que el agente mediador cobraría en función del precio fijado para el cliente y del número de productos para cada contrato.

En una «nota manuscrita» se precisaba que en este caso «la retribución al agente mediador ascendería al 3,5 por ciento del precio de los buques, es decir, más de 42 millones de euros, dado que el precio de los buques iba a ascender a 1.250 millones de euros». Finalmente, el contrato de venta de las ocho embarcaciones se firmó en noviembre de 2005.

UNA RETRIBUCIÓN «EXCESIVA»

Espinosa ha indicado que tanto Gómez Jaen como Arce Gómez «eran conscientes de que la retribución pactada con el agente era excesiva», pero también de que «iba a ser asumida por Venezuela al formar parte del precio final de las embarcaciones».

Esos 42 millones de euros fueron a parar a manos de Carvallo, Malave y otras cinco personas con porcentajes que iban desde el 7 al 30 por ciento. En el reparto de parte de los importes procedentes de Navantia, ha precisado la juez, «se usaron cuentas abiertas en Suiza y España y acabaron en entidades bancarias de paraísos fiscales (Islas Antillas y Dominica)».

«Para el reparto de los importes que se van a percibir en España», detalla el auto, «se utilizará la empresa de Antonio Rodríguez-Andía, Camino Nuevo», para lo cual a lo largo de 2006 firma dos contratos con Rebazve «para el buen fin de los acuerdos con Navantia» y un tercer contrato con otra empresa, MEDCO, con el mismo objeto.

Por este último contrato, Camino Nuevo acuerda pagar a Salas Collantes una retribución que consiste en el 50 por ciento del pago neto que perciba de Rebazve «por las labores de asesoramiento para llevar a cabo las gestiones encomendadas».

EL DESTINATARIO FINAL

La juez ha destacado que «no ha sido posible averiguar el destinatario final de los fondos recibidos por Rebazve, al haberse utilizado cuentas en el extranjero, incluidas en paraísos fiscales, pues las comisones rogatorias libradas no han tenido ningún resultado».

No obstante, ha especificado en el auto que, conforme a informes periciales, tanto Camino Nuevo como Rodríguez-Andía habrían defraudado a Hacienda en los impuestos de sociedades e IRPF, respectivamente, por cantidades que podrían constituir delito fiscal.

Sin embargo, a continuación Espinosa ha apuntado que en esa época hubo un cambio de legislación, por lo que «es lógico que el contribuyente tuviera dudas sobre el régimen legal aplicable» y que, en todo caso, no consta que hubiera expedientes administrativos sancionadores, de modo que ha considerado que, si en su momento la cuestión no tuvo «trascendencia tributaria», «difícilmente podrá ser valorada a efectos penales».

Con todo ello, y coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, la juez ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones «al no existir elementos indiciarios de la comisión de ilícito penal».

La primera fase de llegada del contingente contratado en origen para la campaña agrícola de la fresa y los frutos rojos de Huelva quedará completa esta semana cuando la provincia reciba a 1.470 temporeras, que llegarán el miércoles y el viernes en dos ferrys procedentes del puerto de Tanger MED con destino al Puerto de Algeciras.

Según han indicado desde el Subdelegación del Gobierno, en esta ocasión, en cada viaje está previsto que lleguen 735 mujeres, un número mayor que en los anteriores, y también con su correspondientes pruebas PCR negativa.

De este modo, tras esta primera fase que se completa con más de 4.000 trabajadoras, en la segunda llegarán a Huelva unas 3.700 y el resto hasta el 1 de marzo. En total, 14.000 trabajadoras contratadas en origen para la campaña agrícola 2020/2021. Asimismo, hay otras 2.800 mujeres de nueva contratación que se encuentran en reserva por si fuese necesario más mano de obra.

En este sentido, desde la Subdelegación han puesto en valor la complejidad de la logística sanitaria desde el origen para traer hasta la provincia a estas trabajadoras.

Este operativo supone la preparación en Marruecos para el viaje de estas personas (pruebas PCR, embarque etc.) y, una vez que las mismas llegan al puerto gaditano, al trámite habitual de revisión de pasaportes y visados, este año se suma la presentación obligatoria por parte de las trabajadoras del PCR negativo, tras lo que son recogidas en autobuses para trasladarlas a las cooperativas de la provincia de Huelva.

Para esto, consultores del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa (Prelsi) se trasladan a Algeciras para colaborar con el operativo de recepción de este contingente de temporeras marroquíes y hacer estos trámites lo más ágiles y cómodos posibles para las trabajadoras.

Así las cosas, Interfresa ha asumido «un nuevo reto que supera el acompañamiento en viaje que comenzó en la pasada campaña», y que abarcará no sólo esta asistencia y asesoramiento en los momentos previos a la llegada a los alojamientos, sino «una compleja labor de coordinación junto a las Fuerzas de Seguridad presentes en el Puerto de Algeciras».

Al llegar el ferry, los consultores de integración acceden al barco –en el que solo viajan las trabajadoras, para evitar riesgos sanitarios–, les informan detalladamente del procedimiento que se va a seguir para su entrada en España y se organizan grupos para que la recogida de equipajes y el desembarco sea lo más cómodo y ágil posible.

Las asociaciones participantes son seis, que han realizado el Plan de Acogida en algo más de 50 empresas pertenecientes a sus organizaciones (Asaja, Freshuelva, UPA, Fed Coop Andalucía, ACPH Citricultores y Fresón de Palos).

Para la recogida de las mujeres en el Puerto de Algeciras, cada asociación ha utilizado un color asignado mediante banderas en autobuses o indicaciones por parte de los mediadores, coincidente con pegatinas que las trabajadoras llevaban en el pasaporte, y al objeto de mejorar el sistema conjunto de orientación acordado, como plan de señalización del operativo.

Finalmente, y a pesar de que la Subdelegación del Gobierno en Huelva se encuentra realizando gestiones para facilitar la llegada de las temporeras al Puerto de Huelva –si pudiera llevarse a cabo–, esta primera fase se completará a través del Puerto de Algeciras.

El Juzgado de guardia de Detenidos 3 de Barcelona ha acordado este martes prisión provisional sin fianza para el hombre detenido el sábado como presunto autor de cinco delitos sexuales que vestía de repartidor, acechaba a sus víctimas y las atacaba dentro del portal en Barcelona.

El detenido ha pasado a disposición judicial durante la mañana y el Juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional por tres presuntos delitos de agresión sexual, si bien también le investigan por otros dos delitos sexuales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según el auto del juzgado, todos los casos «se evidencia que son acciones planificadas», ya que las víctimas eran jóvenes –una menor–, entraba en el portal de sus domicilios y las abordaba en las zonas comunes de la finca cuando subían a casa.

«Ello pondría de manifiesto que estaba al acecho de las mismas para cometer los delitos», argumenta el juzgado, que añade que los delitos se cometieron en fechas cercanas.

El agresor era subcontratado de una empresa de reparto e iba vestido con el uniforme, por lo que «no llamó la atención inicialmente de las víctimas, las cuales creyeron que se trataba de un repartidor», y a todas las abordó por detrás en el interior del inmueble.

El primer delito presuntamente cometido fue un abuso sexual el pasado 29 de noviembre en la calle Girona; el segundo, una agresión sexual el 10 de enero en la calle Quevedo; su tercera actuación fue una agresión sexual el 18 de enero; cometió otro delito de agresión sexual en la calle Santaló a una menor el 22 de enero, y ese mismo día, media hora más tarde, otra agresión sexual en la avenida de Sarrià que grabó con el móvil.

La medida privativa de libertad «se dicta en relación al delito de agresión sexual del día 18 de enero y de las dos agresiones sexuales del día 22 de enero», por los que la Fiscalía ha pedido concretamente la medida de prisión.

«EVOLUCIÓN»

El juez también constata una «evolución en su conducta» ya que en sus primeros actos hizo tocamientos por encima de la ropa y en el último ya cometió una agresión sexual.

Como indicios del delito, el juez enumera que la víctima del primer hecho reconoció el agresor; en el segundo hecho consta la ubicación de su teléfono en el lugar donde sucedió y fotografías de las cámaras de seguridad; en el tercer caso también se encuentra la ubicación del autor donde se produjo la agresión sexual, un informe fotográfico de la bicicleta eimágenes de cámaras de seguridad; en la cuarto se ubica el móvil en el lugar, y el quinto el agresor lo grabó con el móvil y los Mossos d’Esquadra localizaron la grabación.

En la vídeo puede distinguirse «la acción delictiva con toda claridad», y que el autor tiene unos tatuajes en la mano que corresponden a los que luce el investigado, tal como ha podido comprobar el juez durante la declaración.

DETENIDO EL SÁBADO

Los Mossos d’Esquadra le detuvieron el sábado como presunto autor de cinco delitos sexuales –dos delitos de abusos sexuales y tres de agresión sexual– a cinco mujeres en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi durante el fin de semana.

Según explicaron los Mossos en un comunicado el lunes, la detención se enmarca en el operativo que la Unidad Central de Agresiones Sexuales estableció el sábado para localizar y detener sospechoso de dos delitos sexuales a dos mujeres en el distrito, y las informaciones apuntaban a que podía estar implicado en otros hechos similares cometidos en semanas anteriores.

Durante la noche del viernes, los Mossos tuvieron conocimiento de que dos mujeres habían sido víctimas de un delito sexual, y los dos hechos se habían realizado siguiendo el mismo ‘modus operandi’.