La primera fase de llegada del contingente contratado en origen para la campaña agrícola de la fresa y los frutos rojos de Huelva quedará completa esta semana cuando la provincia reciba a 1.470 temporeras, que llegarán el miércoles y el viernes en dos ferrys procedentes del puerto de Tanger MED con destino al Puerto de Algeciras.

Según han indicado desde el Subdelegación del Gobierno, en esta ocasión, en cada viaje está previsto que lleguen 735 mujeres, un número mayor que en los anteriores, y también con su correspondientes pruebas PCR negativa.

De este modo, tras esta primera fase que se completa con más de 4.000 trabajadoras, en la segunda llegarán a Huelva unas 3.700 y el resto hasta el 1 de marzo. En total, 14.000 trabajadoras contratadas en origen para la campaña agrícola 2020/2021. Asimismo, hay otras 2.800 mujeres de nueva contratación que se encuentran en reserva por si fuese necesario más mano de obra.

En este sentido, desde la Subdelegación han puesto en valor la complejidad de la logística sanitaria desde el origen para traer hasta la provincia a estas trabajadoras.

Este operativo supone la preparación en Marruecos para el viaje de estas personas (pruebas PCR, embarque etc.) y, una vez que las mismas llegan al puerto gaditano, al trámite habitual de revisión de pasaportes y visados, este año se suma la presentación obligatoria por parte de las trabajadoras del PCR negativo, tras lo que son recogidas en autobuses para trasladarlas a las cooperativas de la provincia de Huelva.

Para esto, consultores del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa (Prelsi) se trasladan a Algeciras para colaborar con el operativo de recepción de este contingente de temporeras marroquíes y hacer estos trámites lo más ágiles y cómodos posibles para las trabajadoras.

Así las cosas, Interfresa ha asumido «un nuevo reto que supera el acompañamiento en viaje que comenzó en la pasada campaña», y que abarcará no sólo esta asistencia y asesoramiento en los momentos previos a la llegada a los alojamientos, sino «una compleja labor de coordinación junto a las Fuerzas de Seguridad presentes en el Puerto de Algeciras».

Al llegar el ferry, los consultores de integración acceden al barco –en el que solo viajan las trabajadoras, para evitar riesgos sanitarios–, les informan detalladamente del procedimiento que se va a seguir para su entrada en España y se organizan grupos para que la recogida de equipajes y el desembarco sea lo más cómodo y ágil posible.

Las asociaciones participantes son seis, que han realizado el Plan de Acogida en algo más de 50 empresas pertenecientes a sus organizaciones (Asaja, Freshuelva, UPA, Fed Coop Andalucía, ACPH Citricultores y Fresón de Palos).

Para la recogida de las mujeres en el Puerto de Algeciras, cada asociación ha utilizado un color asignado mediante banderas en autobuses o indicaciones por parte de los mediadores, coincidente con pegatinas que las trabajadoras llevaban en el pasaporte, y al objeto de mejorar el sistema conjunto de orientación acordado, como plan de señalización del operativo.

Finalmente, y a pesar de que la Subdelegación del Gobierno en Huelva se encuentra realizando gestiones para facilitar la llegada de las temporeras al Puerto de Huelva –si pudiera llevarse a cabo–, esta primera fase se completará a través del Puerto de Algeciras.

El Juzgado de guardia de Detenidos 3 de Barcelona ha acordado este martes prisión provisional sin fianza para el hombre detenido el sábado como presunto autor de cinco delitos sexuales que vestía de repartidor, acechaba a sus víctimas y las atacaba dentro del portal en Barcelona.

El detenido ha pasado a disposición judicial durante la mañana y el Juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional por tres presuntos delitos de agresión sexual, si bien también le investigan por otros dos delitos sexuales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según el auto del juzgado, todos los casos «se evidencia que son acciones planificadas», ya que las víctimas eran jóvenes –una menor–, entraba en el portal de sus domicilios y las abordaba en las zonas comunes de la finca cuando subían a casa.

«Ello pondría de manifiesto que estaba al acecho de las mismas para cometer los delitos», argumenta el juzgado, que añade que los delitos se cometieron en fechas cercanas.

El agresor era subcontratado de una empresa de reparto e iba vestido con el uniforme, por lo que «no llamó la atención inicialmente de las víctimas, las cuales creyeron que se trataba de un repartidor», y a todas las abordó por detrás en el interior del inmueble.

El primer delito presuntamente cometido fue un abuso sexual el pasado 29 de noviembre en la calle Girona; el segundo, una agresión sexual el 10 de enero en la calle Quevedo; su tercera actuación fue una agresión sexual el 18 de enero; cometió otro delito de agresión sexual en la calle Santaló a una menor el 22 de enero, y ese mismo día, media hora más tarde, otra agresión sexual en la avenida de Sarrià que grabó con el móvil.

La medida privativa de libertad «se dicta en relación al delito de agresión sexual del día 18 de enero y de las dos agresiones sexuales del día 22 de enero», por los que la Fiscalía ha pedido concretamente la medida de prisión.

«EVOLUCIÓN»

El juez también constata una «evolución en su conducta» ya que en sus primeros actos hizo tocamientos por encima de la ropa y en el último ya cometió una agresión sexual.

Como indicios del delito, el juez enumera que la víctima del primer hecho reconoció el agresor; en el segundo hecho consta la ubicación de su teléfono en el lugar donde sucedió y fotografías de las cámaras de seguridad; en el tercer caso también se encuentra la ubicación del autor donde se produjo la agresión sexual, un informe fotográfico de la bicicleta eimágenes de cámaras de seguridad; en la cuarto se ubica el móvil en el lugar, y el quinto el agresor lo grabó con el móvil y los Mossos d’Esquadra localizaron la grabación.

En la vídeo puede distinguirse «la acción delictiva con toda claridad», y que el autor tiene unos tatuajes en la mano que corresponden a los que luce el investigado, tal como ha podido comprobar el juez durante la declaración.

DETENIDO EL SÁBADO

Los Mossos d’Esquadra le detuvieron el sábado como presunto autor de cinco delitos sexuales –dos delitos de abusos sexuales y tres de agresión sexual– a cinco mujeres en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi durante el fin de semana.

Según explicaron los Mossos en un comunicado el lunes, la detención se enmarca en el operativo que la Unidad Central de Agresiones Sexuales estableció el sábado para localizar y detener sospechoso de dos delitos sexuales a dos mujeres en el distrito, y las informaciones apuntaban a que podía estar implicado en otros hechos similares cometidos en semanas anteriores.

Durante la noche del viernes, los Mossos tuvieron conocimiento de que dos mujeres habían sido víctimas de un delito sexual, y los dos hechos se habían realizado siguiendo el mismo ‘modus operandi’.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes en el Parlamento, a donde ha sido llamada por Navarra Suma para hablar de la situación del consejero Manu Ayerdi tras el auto del Tribunal Supremo sobre los préstamos a Davalor, que cuando «el señor Ayerdi reciba una notificación expresa dejará de ser consejero» y ha añadido que «desde la perspectiva política no corresponde a este Gobierno la responsabilidad de esta gestión y tampoco nos corresponde, sino a los jueces, calificar o no si ha habido o no delito».

Chivite ha respondido así a la situación en que se encuentra Ayerdi después de que el Tribunal Supremo haya abierto diligencias para investigar al consejero por el caso Davalor. Tras recordar lo que recoge el artículo 68 de la ley de Gobierno en referencia a la dimisión de un cargo público, ha comentado la presidenta que «no podemos obviar que se trata de un artículo que forma parte del Derecho Administrativo foral y no del Derecho Penal».

Así, ha manifestado que «en el momento en el que el señor Ayerdi reciba la comunicación y sea fehaciente su situación en el marco del procedimiento en torno a Davalor dejará de ser consejero como él ya mismo comunicó por escrito». «Y es cuestión de días que llegue ese momento», ha agregado.

Chivite ha comentado, en su intervención, que «hay interpretaciones al respecto, la que hace usted -Javier Esparza- o la que hacen los servicios jurídicos del Gobierno respecto al contenido del último auto del Tribunal Supremo».

Y ha afirmado la presidenta que «el artículo 68 despliega sus efectos, como no puede ser de otra manera en Derecho Administrativo, en el momento en el que la persona recibe la comunicación fehaciente, la notificación. «Más allá de debates, la condición de investigado se activa a efectos de la ley en vigor en Navarra cuando el querellado recibe la comunicación. Ese el momento que marca la ley para cesar en el cargo, en principio de manera voluntaria como él ha comunicado», ha dicho.

Chivite ha defendido que «en los procedimientos administrativos debemos ser muy rigurosos tanto en el fondo como en la forma porque las prisas no son buenas compañeras». «En el ámbito penal, hemos conocido hasta la fecha dos pronunciamientos del TS, uno en diciembre», ha expuesto, para comentar que en enero ha habido otro auto, «y según nuestro director general, consultados los servicios jurídicos del Gobierno, desplegará sus efectos cuando sea comunicado al señor Ayerdi». «Por lo tanto, ese debate no afecta en términos de aplicación de la ley», ha manifestado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha hablado «del derecho a la presunción de inocencia de Ayerdi», pero ha añadido que hasta ahora lo que dicen cinco magistrados del TS es que «hay indicios de criminalidad en la actuación de Ayerdi». «Aquí nadie está judicializando la política», ha manifestado, para agregar que «nos parece gravísima la situación de Ayerdi». «Está investigado por presuntos delitos de corrupción y usted -Chivite- ha tomado la decisión de mantener Ayerdi sin informes jurídicos que lo avalen», ha manifestado.

Según ha dicho Esparza, «por mucho que usted le deba a Geroa Bai y al PNV, el cumplimiento de la ley y la defensa de los intereses de los navarros está por encima de los intereses partidistas». «Usted está asumiendo una gran responsabilidad en este caso», ha expuesto, para añadir que «es el primer consejero del Gobierno de Navarra al que investiga el TS por presuntos delitos de corrupción».

Ha comentado que «la pasada legislatura se aprobó la modificación de la ley del Gobierno para incorporar el artículo 68 y ahora como el afectado no es de UPN, ni de Cs ni del PP ¿ahora dicen que es excesiva?». «Usted, presidenta, sabe que en la persona de Ayerdi concurre la cualidad de investigado, debe cumplir la ley y debe cesarlo de manera inmediata», ha dicho, para agregar que «cualquier ciudadano ha podido interponer una querella de prevaricación y no se si es consciente, señora presidenta, del altísimo riesgo que asume de convertirse en la primera presidenta de Navarra imputada por prevaricación».

La presidenta Chivite ha respondido al portavoz de Navarra Suma que entiende sus «anhelos» por «conseguir la Presidencia del Gobierno de Navarra pero no será porque yo no haga un estricto cumplimiento de la ley». «Usted acusa al consejero Ayerdi de corrupción y yo no seré tan osada para pronunciarme de cuestiones que corresponden al ámbito judicial», ha indicado y ha insistido en que «este Gobierno se atendrá al estricto cumplimiento de la ley basada en los informes jurídicos del propio Gobierno».

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha indicado que «no vamos a pasar por que se cuestione por el líder del mayor grupo de la oposición a los servicios jurídicos del Gobierno». «¿Dice que los informes jurídicos del Gobierno solo son validos cuando gobierna UPN?», ha afirmado, para añadir que «no estamos en el momento procesal de aplicar el artículo 68 y ha dicho la presidenta y el propio consejero ha dicho que cuando esta situación se dé el propio consejero presentará su dimisión y si no, la presidenta le cesará». «Este Gobierno debe ejercer la ley y no atender a estrategias políticas», ha apuntado.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que a las pocas horas de conocerse el auto de diciembre del Supremo el propio Ayerdi remitió una comunicación a la presidenta del Gobierno y dejó bien claro que en el momento procesal oportuno sería él quien dimitiera. La portavoz ha señalado que sí judicializan la política desde UPN cuando «usan los tribunales para interferir en la estabilidad del Gobierno» y «no es la primera vez que lo hacen».

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha comentado que «hay dos planos en este tema, uno jurídico y otro político; en el político estamos ante una situación provocada por un partido -UPN- con unos intereses políticos detrás y hay otro plano, el procesal, que terminará previsiblemente en una citación al señor Ayerdi y éste ha manifestado ya su intención de dimitir». «Estamos en una especie de juego del gato y el ratón y ustedes -UPN- tienen interés en que Ayerdi dimita y él tiene que defenderse a sí mismo», ha expuesto, para afirmar que «la interpretación del Gobierno es la correcta».

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha indicado que «la ley es igual para todos» y «el consejero ya ha advertido que va a dimitir en el momento procesal oportuno y los informes lo avalan». «Hace bien el Gobierno en ser prudente con los derechos del consejero», ha comentado, para apuntar que «es evidente que hay un interés político» y «esas amenazas a la presidenta buscan hacer irresponsable esta situación». «El tiempo pondrá a cada uno en su lugar», ha dicho, para esperar que «UPN pierda los 10.000 euros que tiene de fianza».

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en las cuales se exige asumir el día 20 de marzo de este año 2021 como el del final de la actividad de la central nuclear de Cofrentes, tal y como estaba previsto en los permisos originarios, y no en 2030 tal y como pretenden el actual Gobierno.

Según ha indicado el senador en un comunicado Mulet registró en 2020, a un año vista de la caducidad de estos permisos, una serie de interpelaciones al Gobierno para exigir «no caer en esta tentación después de las maniobras de la empresa explotadora del suministro, Iberdrola, para alargar la licencia hasta 2030, pero demostraron la voluntad del ejecutivo de plegarse a los intereses empresariales, y renovar injustificablemente esta licencia durante nueve años más».

«Era una burla a la propia voluntad de las Corts Valencianes que exigieron vía PNL el cierre definitivo de estas instalaciones, y a la propia lógica y compromisos electorales de los partidos en el Gobierno de apostar por una transición energética hacia la sostenibilidad. Renovar porqué sí la actividad de esta vieja central es insostenible se mire por donde se mire», ha agregado.

Desde Compromís han indicado que Cofrentes «tiene las piscinas del combustible usado llenas de residuos nucleares». Esto significa que los residuos que se generan cada día, tienen que salir de esas piscinas al Almacén Temporal Individualizado (ATI) que está situado a la intemperie, junto a la central, a poco más de un kilómetro del pueblo y a unos 200 metros del río Júcar, que riega y da de beber al área metropolitana de València e, incluso, a una gran parte de la provincia. Todo con los riesgos medioambientales y para la salud de las personas que esto implica», ha agregado.

En 2020 el Gobierno «dejó claro que veía positivo aplazar el cierre de la central nuclear de Cofrentes para noviembre del año 2030 con la excusa de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es el encargado de vigilar que el funcionamiento de dichas instalaciones no represente riesgo alguno ni para los trabajadores ni para las personas o el medio ambiente».

«El Gobierno justifica que los propietarios de las centrales y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos firmaron, en marzo de 2019, un Protocolo que contiene el calendario de cierre ordenado de las instalaciones, con base al horizonte temporal contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en base, también, a las solicitudes de renovación de las autorizaciones para la continuidad de su explotación, cuya aprobación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Según Mulet, «que se pueda aplazar este cierre, no significa en ningún caso que se deba». «No estamos ante una decisión técnica, sino política, ampararse en el CSN es pura cobardía, más cuando los partidos políticos que conforman el Gobierno, sus sucursales valencianas aquí dicen justamente lo contrario», han indicado.

Para el senador, «es preocupante ver como algunos partidos hacían bandera del cierre de todas las nucleares en 2024 y han ido difuminando esa exigencia». «Por ello no vamos a dar ningún brazo a torcer y vamos a continuar exigiendo programar el cierre de Cofrentes en 2021, no nos podemos permitir ese riegos diga lo que diga el CSN que puede explicar que de momento no hay riesgo con el funcionamiento ordinario, como tampoco existía en Fukushima antes del accidente», ha agregado.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto con el que abre juicio oral contra 30 personas investigadas en la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las subvenciones arbitrarias financiadas por la Junta de Andalucía, correspondiente a los 22,17 millones de euros destinados a sociedades de la comarca sevillana de la Sierra Norte.

En el auto, emitido el pasado 20 de enero, el juez da cuenta de que la Fiscalía ha formulado acusación en dicha pieza separada contra 30 personas, entre las que figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, ya juzgado por las ayudas autonómicas a la empresa sevillana Acyco; el exgerente provincial del antiguo IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras; el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero; o el también exalcalde socialista pero de El Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, por delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La Fiscalía, en ese sentido, reclama para Rivera cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; mientras para los restantes tres aludidos solicita tres años y medio de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta.

La acusación que ejerce la Junta de Andalucía, de su lado, no incluye en su escrito de acusación a Daniel Alberto Rivera, solicitando dos años de cárcel, cinco años de inhabilitación absoluta y tres años y medio de inhabilitación especial para los exalcaldes acusados y tres años de prisión, seis de inhabilitación absoluta y siete de inhabilitación especial para el exgerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

El PP, de su lado, aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación, incluyendo en su acusación a Daniel Alberto Rivera y acogiéndose a las peticiones de condena de la Fiscalía.

LA DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS

En su auto, el juez rememora su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, un documento en el que señalaba «la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales concedidas extramuros de la legalidad» por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total aproximado de 22,1 millones de euros.

A su juicio, «todas estas ayudas se habrían otorgado de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones», todo ello «en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

A continuación, el juez analizaba cada una de las ayudas investigadas en esta pieza separada y concedidas a Coflosur; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García S.L.; Pema, Jamones y Embutidos S.L.; Tialna S.L.; Corsevilla S.C.A.; El Venero de Móstoles S.L.; Hotel La Posada del Moro; Romero Álvarez S.A.; S.C.A. Virgen del Robledo; Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara S.L.; Dehesa Navera S.L.; Promociones Vinícolas de Sevilla S.L.; Vivir El Barro S.L.; Refractarios Guadalcanal S.A.; Refractarios Andalucía S.L., y Andalucine S.L.

Y es que las ayudas concedidas «carecerían de objeto definido y concreto» y se llevaron a efecto «sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad, concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda».

PERSONAS Y EMPRESAS

Merced a ello, en este nuevo auto el juez acuerda abrir juicio oral a los citados 30 acusados como responsables penales y a once empresas en calidad de responsables civiles subsidiarias y partícipes a título lucrativo, en concreto Atarazanas de Constantina, San Sebastián de Guadalcanal, Pema, Jamones y Embutidos S.L., Tialna, Corsevilla, El Venero de Móstoles, Hotel la Posada del Moro, Romero Álvarez S,.A, la cooperativa Virgen de Robledo, Quesos y Embutidos Real de la Jara y Vivir el Barro S.L.

También acuerda abrir juicio oral contra Caixabank como heredera de la extinta Caja San Fernando en calidad de responsable civil subsidiaria, y contra otras siete empresas, cooperativas o personas físicas como partícipes a título lucrativo, que son Virgen de Belén, Antonio D.E., Eustaqui Reina S.A., José G.M., Gestión Turística del Sur, El Olivar de los Infantes y Producciones Barataria.

A todos estos acusados, responsables penales y civiles, en total 49, el juez requiere diferentes fianzas, destacando los 2,35 millones reclamados al exgerente provincial del IFA; 2,87 millones al acusado identificado como Gerardo D.L.C.E. o los 2,4 millones pedidos al exalcalde socialista de Guadalcanal.

El Ministerio de Sanidad está analizando la recomendación que la Comisión Europea ha hecho a los Estados miembros de la UE de aislar aquellos territorios que registren una incidencia acumulada de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Así lo ha indicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras participar en su último Consejo de Ministros antes de dejar el cargo para centrarse en su candidatura a las elecciones en Cataluña.

El Ministerio «está analizando la recomendación» europea, que previsiblemente se tratará el próximo jueves con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha avanzado. En cualquier caso, ha señalado que ya hay muchas comunidades autónomas y territorios con una incidencia de 500 o inferior que «ya tienen decretados confinamientos».

La Comisión Europea ha planteado crear una cuarta categoría en el mapeo de las zonas de riesgo en la UE para colorear de rojo oscuro aquellas en donde la tasa de contagio supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, algo que está por consensuar con los Estados miembros pero que supondrá que la mayor parte de España pase estar clasificada en esa nueva gama de «muy alto riesgo». El Ejecutivo comunitario cree que no debería producirse ningún desplazamiento innecesario desde o hacia estas regiones.

Illa ha admitido que la situación de la pandemia en España es «preocupante» porque la incidencia acumulada a 14 días sigue siendo alta. Sin embargo, ha destacado que aquellas comunidades autónomas que han aplicado medidas con más prontitud para frenar la transmisión del virus ya «han empezado el descenso de la curva» de contagios.

CREE QUE NO HACE FALTA UN CONFINAMIENTO DOMICILIARIO

Según ha explicado, esas siete comunidades han conseguido resultados usando los instrumentos que tienen a su disposición gracias al estado de alarma decretado el pasado octubre para un periodo de seis meses. Un marco jurídico que, según ha apuntado el ministro, se aprobó «previendo que habría altos y bajos en la evolución de la pandemia incluso coexistiendo con el proceso de vacunación».

Illa ha argumentado que con los instrumentos ordinarios de los que disponen los gobiernos autonómicos en materia de sanidad y salud pública más las herramientas que les proporciona el estado de alarma, como los toques de queda o las limitaciones al derecho de reunión, «se doblegó la segunda curva» de la pandemia y «se va a acabar doblegando la tercera en todas partes».

Por ello, y teniendo en cuenta también que en España ya hay más de un millón de personas que han recibido la vacuna contra el Covid-19, considera que «no hace falta en estos momentos un confinamiento domiciliario».

Además, ha afirmado que otros países europeos que dicen haber confinado a su población están aplicando en realidad «medidas similares, por no decir las mismas», que las que ya están vigentes en algunas comunidades autónomas que han desplegado «todo el potencial» de las medidas restrictivas que tienen a su alcance.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado la aprobación de las medidas prorrogadas y ampliadas del ‘escudo social’, que suponen una salida de la crisis «muy distinta a la anterior» basada en el apoyo «a la mayoría social»

«Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros medidas para prorrogar y ampliar el Escudo Social que contribuirán a proteger derechos y a favorecer la recuperación. Seguimos trabajando por una salida de la crisis muy distinta a la anterior, apoyando a la mayoría social», ha destacado en Twitter.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, una medida acordada con los agentes sociales que tendrá un coste cercano a los 5.000 millones de euros.

A ello se suma una nueva prórroga del ‘Plan Me Cuida’, que permite flexibilizar la jornada laboral para ejercer el cuidado de personas dependientes.

También ha formalizado la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda en los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo), en virtud del acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE en el seno del Gobierno de coalición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la extensión de estas medidas para el alquiler se recoge en el real decreto ley de prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al 31 de mayo y forman parte del «escudo social» que busca proteger a las personas con más dificultades por la crisis y los colectivos más vulnerables.

ALQUILER

Concretamente, la prórroga de los contratos de alquiler podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Según adelantaron, esta medida solventa la «anomalía transitoria» de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y en un contexto de movilidad condicionada o reducida, y de actividad y rentas arrendaticias en el sector del alquiler afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar.

En España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física, y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario, garantizando el equilibrio entre ambas partes», subrayan desde Fomento.

En cuanto a la moratoria de la deuda arrendaticia, se regula una aplicación automática de la misma en caso de grandes tenedores, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y empresas o entidades públicas de vivienda, hasta la finalización actual del estado de alarma.

De esta forma, se aplaza temporal y extraordinariamente el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

Si este acuerdo no se hubiese producido, el arrendador podrá optar entre las siguientes alternativas: una reducción del 50% de la renta arrendaticia, con un máximo en todo caso de cuatro meses; o una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

UNIDAS PODEMOS LO HABÍA RECLAMADO

Unidas Podemos había reclamado a su socio de Gobierno que se ampliara el periodo de duración de diversas medidas del denominado ‘escudo social’ frente a la pandemia, así como recuperar algunas de las iniciativas que se impulsaron durante la primera ola del Covid-19. Todo ello debido a la «gravedad» del escenario que se avecina en los próximos meses ante la tercera ola.

Desde Unidas Podemos mostraron su satisfacción por la próxima aprobación, tras semanas de intensa negociación con el PSOE, de la prórroga hasta el mes de mayo de las principales medidas, cuyo plazo acababa el próximo 31 de enero.

Para la formación morada, estas medidas eran «absolutamente necesarias» para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma, y aseguran que hubiera sido «incongruente» pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar.

El Comité Técnico del proyecto ALERT ha mantenido este martes una sesión para analizar y trabajar el protocolo de cooperación operativa transfronteriza en emergencias, que tiene como objetivo «identificar situaciones de riesgo, reducir los tiempos de respuesta y lograr una mayor eficiencia en las intervenciones operativas que tengan lugar en la zona transfronteriza».

La sesión iba a celebrarse en la Comunidad foral, pero por la pandemia de Covid-19 se ha desarrollado por videoconferencia, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

El Gobierno de Navarra, junto con los bomberos del Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Aragón y la Diputación Foral de Guipúzcoa, forma parte de esta iniciativa transfronteriza, cuyo objetivo es «promover el intercambio de prácticas en el conjunto de los Pirineos, un territorio sujeto a riesgos tanto naturales como relacionados con la actividad humana».

El protocolo, en el que los socios del proyecto llevan trabajando desde hace meses, también tiene como objetivos priorizar el tiempo de respuesta de socorro a un incidente específico localizado en la zona transfronteriza (cualquiera que sea el territorio), definir las modalidades de comunicación y de información que permiten la transmisión de la alerta y de los datos relativos a la intervención, o facilitar el cruce por la frontera de los servicios de rescate.

En consecuencia, el plan definirá la dimensión humana y material de las respuestas aportadas, el sistema y procedimiento de alerta y de información entre países, o la organización del socorro durante la intervención. De forma previsible, la firma del protocolo tendrá lugar próximamente.

El proyecto ALERT tiene como objetivos estratégicos mejorar la protección del medio ambiente en el perímetro transfronterizo y agilizar y coordinar los medios en ambos lados de la frontera. En este sentido, a nivel operativo, los socios del proyecto apuestan por avanzar en el intercambio de información entre los centros de coordinación, y por desarrollar herramientas de intercomunicación operativa y una metodología operacional común.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes que el jefe del Ejecutivo mantiene un contacto habitual con los líderes autonómicos, aunque no haya vuelto a convocar desde el 26 de octubre la Conferencia de Presidentes; un órgano que durante la primera ola de la pandemia del coronavirus se reunía cada domingo y que tras la desescalada en verano se comprometió a celebrar una vez al mes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre cuándo tiene previsto Sánchez volver a convocarla, Montero ha afirmado que «seguro que en breve», aunque ha defendido que mientras tanto sigue en contacto con los presidentes de las comunidades.

Prueba de ello es, a su juicio, la reunión que mantuvo este lunes en Moncloa con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y la que va a tener con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el viernes; dos encuentros que estaban pendientes de celebrarse desde que los dos mandatarios volvieron a formar gobierno en verano tras ganar las respectivas elecciones autonómicas en julio.

«COMPROMISO» DE TODO EL GOBIERNO DE DIÁLOGO «CONTINUO»

Asimismo, ha explicado que la Conferencia de Presidentes se convocará «en los términos y en el momento en los que los temas a abordar sean temas de mutuo interés», y ha recalcado que el «compromiso» es que el diálogo entre el Gobierno y las comunidades «sea continuo».

En este sentido, ha apostillado que ese compromiso «no solo se deposita en la iniciativa del Presidencia del Gobierno», sino que «el conjunto de departamentos y Ministerios» también están teniendo en estos primeros días de enero reuniones de conferencias sectoriales «donde se están materializando cuestiones tan importantes como el mecanismo de recuperación y resiliencia».

«Seguro que en breve se convocará, cuando esa relación de temas adquiera cuerpo suficiente, a la Conferencia de Presidentes para debatir, trasladar o comentar cualquier cuestión que pueda resultar de interés, de la misma manera que se ha venido haciendo en el periodo previo», ha enfatizado.

Montero ha aprovechado en este punto para reivindicar que ese periodo «ha sido el más intenso de reuniones de las Conferencias de Presientes que ha habido a lo largo de toda la democracia».

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este martes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el hasta ahora ministro de Sanidad, Salvador Illa, por no actuar ante la «insoportable» situación del Covid-19 en España para «no perjudicar» al PSC en la campaña catalana. Tras recalcar que España atraviesa «el peor momento de toda la pandemia», ha pedido medidas «rápidas y eficaces» y no estar «ocupándose» de los votos ante los comicios del 14 de febrero.

«Pido responsabilidad. Tenemos al frente de la pandemia a dos irresponsables y pedimos que se pongan todas las medidas porque la situación es insoportable», ha declarado Casado desde Mataró (Cataluña) tras visitar la Nau Gaudí de Mataró, primera obra construida por el arquitecto.

A tres días de que arranque oficialmente la campaña catalana, Casado continúa así con su intensa presencia en Cataluña, comunidad que ha visitado ya 14 veces desde primeros de noviembre. A partir del jueves viajará otras siete veces antes de los comicios del 14 de febrero, según han confirmado fuentes del partido.

DICE QUE NO SE ACTÚA PARA «NO PERJUDICAR» AL PSC

El presidente del PP ha solicitado al Gobierno que tome medidas «de inmediato» ante los datos de Covid y ha afirmado que Sánchez «no puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas». A su entender, hay que tomar «medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de los españoles.

Casado ha dicho que el PP «no entiende» las decisión de Pedro Sánchez de proponer como candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat al «peor ministro de Sanidad de Europa«. «Sinceramente creo que los catalanes no merecen un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas», ha enfatizado.

Tras asegurar que el Gobierno no actúe para «no perjudicar electoralmente» la campaña del PSC, ha recordado que a finales de diciembre, cuando Illa fue designado candidato la incidencia de contagios era de 260 casos por 100.000 habitantes y ahora está alrededor de «900 casos por 100.000 habitantes, tres veces más».

«Y Europa está diciendo que hay que cerrar las localidades que tengan una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, es decir, la mitad de lo que tenemos», ha subrayado, para pedir «responsabilidad» al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

«LA SITUACIÓN SE LES HA IDO DE LAS MANOS»

Por todo ello, el líder del PP ha insistido en que el presidente del Gobierno no puede permanecer sin adoptar medidas para «no perjudicar electoralmente una campaña, que debería ser lo de menos», ya que, según ha destacado, los hospitales están «colapsados», el «virus desbocado» y el paro ya es «demasiado elevado».

«Hay que ser responsables, dejarse del rédito electoral y poner de una vez por todas medidas de ámbito nacional para parar el virus de una vez», ha manifestado Casado, que ha criticado al Gobierno por decir que el virus estaba bajo control «cuando lo que querían controlar eran unas elecciones».

A su juicio, la situación «se les ha ido de las manos» y los catalanes «no quieren ver en riesgo su salud por una estrategia electoralista». En este punto, ha dicho que «espera que vuelva la cordura» a Ministerio de Sanidad sea la persona que sustituya a Illa y que, según ha dicho, «a poco lo hará mejor de quien deja su puesto con dos millones de contagiados y casi 90.000 fallecidos en esta pandemia».

UN FONDO DE 50.000 MILLONES PARA LAS EMPRESAS

En clave económica, Casado ha defendido su plan de choque económico y ha señalado que el Grupo Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso para inyectar directamente a las empresas en dificultades 50.000 millones de euros, en lugar de créditos y avales.

Finalmente, el presidente del PP ha elogiado la labor de la Fundación Carmen y Luis Bassat en la ciudad de Mataró, con el legado de Gaudí y el arte contemporáneo de una Cataluña «cosmopolita, abierta y mediterránea». «Es muy de agradecer ese legado y este impulso a los nuevos talentos», ha concluido.

La Comisión Europea ha respondido este martes a Ciudadanos que el Gobierno de coalición debe evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea «vulnerable a la politización», en relación a la intención del Ejecutivo de reformar el órgano de gobierno de los jueces. Además apunta la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros.

En respuesta a una carta de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua en la que denunció en octubre el riesgo para el Estado de Derecho que suponía la reforma del CGPJ que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta de Valores de la Comisión, Vera Jourova, ha reiterado que Bruselas ha pedido a las autoridades españolas que garanticen que el CGPJ no es percibido como «vulnerable a la politización».

En la misiva, Jourova recuerda que cualquier futura reforma debe tener en cuenta los estándares europeos en aras de la independencia judicial. Y reitera que cualquier reforma se haga contando con la oposición y actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia. Además desliza la recomendación de que, al menos la mitad de los miembros del CGPJ, sean jueces elegidos por sus propios compañeros.

La Comisión Europea señala que está al tanto de los últimos acontecimientos en España e indica que está siguiendo el caso, después de que el Gobierno descartara la propuesta inicial y haya optado por limitar la reforma a reducir las competencias del CGPJ cuando se encuentre en funciones.

En este sentido, Bruselas recalca que, en términos generales, estará en contacto con las autoridades españolas para hacer seguimiento de las conclusiones sobre Estado de Derecho indicadas en el informe comunitario del pasado otoño, que apremiaba a renovar el CGPJ y pedía que, en todo caso, no se viera como vulnerable a la politización.

«Puede estar segura de que la Comisión continúa comprometida con la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial en todos los estados miembros y continuará la situación de cerca», concluye la carta de la comisaria checa.

La respuesta por escrito de Jourova coincide con la videoconferencia que mantuvo con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre este mismo tema este lunes. Fuentes comunitarias aseguran que la vicepresidenta escuchó atentamente las peticiones de Ciudadanos y subrayó que la Comisión sigue de cerca la nominación de los miembros del CGPJ, algo que ya mencionó el informe comunitario sobre Estado de Derecho, en su capítulo sobre España.

AVISOS DE BRUSELAS

Desde que Sánchez anunció hace meses su intención de reformar el CGPJ para designar a sus miembros sin contar con el PP, el Ejecutivo europeo ha seguido de cerca el tema y ha lanzado varios avisos, apuntando a que cualquier reforma judicial debe pactarse con los actores políticos relevantes y la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa para asuntos legales y constitucionales.

Más recientemente, la última iniciativa para limitar los cambios a las competencias en funciones del CGPJ ha sido igualmente respondida por el Gobierno europeo, quien ha insistido a España que cualquier nueva reforma debe consultarse con la oposición.

A raíz de la primera propuesta presentada por el PSOE y Podemos el pasado octubre, el comisario de Justicia, Didier Reynders, habló primero con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y, ya en noviembre, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para pedir información detallada sobre la situación.

El sector de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT CLM ha denunciado que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha «no está respetando la formas y los procedimientos establecidos para modificar el calendario escolar».

En este sentido, critica que la Junta de Comunidades ya haya dado «por buena» en los medios de comunicación la propuesta de las asociaciones de padres y madres de los alumnos de establecer como lectivos el 15 y 16 de febrero –marcados en el calendario como festivos debido a la Semana Blanca– sin haber consultado con los representantes de los docentes ni con las organizaciones sindicales.

El temporal de frío y nieve de principios del mes de enero obligó a cerrar los centros educativos durante más de una semana, sin que estos tuviesen actividad lectiva los días 8, 11 y 12 de enero, una actividad lectiva que se retomó de manera online a partir del 13 de enero, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Para UGT CLM «el primer error» se cometió en el diseño del calendario escolar ya que en su momento consideraron inadecuado plantear para un viernes (8 de enero) la vuelta a las clases después de las vacaciones de Navidad. También considera «un error» que desde el principio, desde ese mismo viernes, no se activara el protocolo de enseñanza a distancia para no perder tres días.

En opinión de la FeSP UGT CLM la Consejería de Educación «no está utilizando correctamente esta herramienta que ella misma diseñó a raíz de la pandemia del coronavirus y que podría haber sido empleada para hacer frente al temporal de nieve».

Manuel Amigo, responsable de Enseñanza de FeSP UGT CLM, afirma que la Consejería de Educación, más preocupada que otra cosa por escenificar que es prioritario recuperar estos tres días, «está sobreactuando». Le insta a que tenga en cuenta otros aspectos que también son muy relevantes en el plano educativo, como son la activación de la enseñanza a distancia cuando la extensión de la pandemia lo requiera; medidores de CO2 en las aulas para garantizar la correcta ventilación/climatización; la contratación de profesorado para erradicar el modelo semipresencial impuesto para muchos alumnos durante todo el curso; la realización de tests de antígenos en los centros de localidades con una alta incidencia acumulada; y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral para cuidar a menores en cuarentena.

Alertan de que la situación de la pandemia en Castilla-La Mancha es «de extrema gravedad», ya que es de las comunidades autónomas donde la incidencia acumulada es mayor y, sin embargo, en el ámbito educativo «no se están tomando las medidas necesarias para proteger la salud de alumnado y profesorado».

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha rechazado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía y la Generalitat Valenciana y ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el expresidente Francisco Camps y otros cargos –entre ellos el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero– por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006.

Así consta en un auto, en el que la instructora desestima ambos recursos y confirma íntegramente el auto que dictó el pasado 10 de diciembre en el que sobreseía provisionamente la causa, en la que también figuraban como investigados cargos de la Fundación; el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí y Enrique Pérez Boada, comisionado de la visita de Benedicto XVI. Contra este auto cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia, que ya avanzó con carácter subsidiario el ministerio fiscal y al que da trámite.

La magistrada sostiene que, del examen de los argumentos contenidos en el recurso del fiscal, «no ofrece datos o alegaciones que desmonten o desvirtúen el contenido de la resolución impugnada». El ministerio público había alegado una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva aunque, de acuerdo con la jueza, no se entiende este argumento ya que se ha admitió tanto la denuncia inicial como las posteriores ampliaciones presentadas y además se han practicado «todas cuantas diligencias de investigación ha solicitado».

En este sentido, añade que «nada consta que no hubiera sido ya alegado con anterioridad y que no se hubiera tenido en cuenta a la hora de resolver sobre las razones por las que entiende que la FVEMF era una fundación pública a la hora de realizar los once contratos investigados, hecho este esencial para incardinar las conductas denunciadas en el tipo penal de la prevaricación».

Por otra parte, y en relación con el recurso de la Generalitat, sostiene que el hecho de que en la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de noviembre del pasado año –que condenó a la trama Gürtel y a directivos de la entonces RTVV por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita de Benedicto XVI– se haga alusión a la naturaleza pública de la fundación, «no puede afectar al presente procedimiento, ni constituir cosa juzgada», según alegaba la administración.

INTERPRETACIÓN DIFERENTE

Así, señala que si bien en esa sentencia, que recalca que no es firme, se tuvo en cuenta la legislación aplicable a la Fundación en el momento de su constitución y de llevar a cabo las contrataciones de los años 2005 y 2006, como se hizo en el auto recurrido, la interpretación realizada de esas normas es «diferente» y, pese a lo manifestado, «en ningún caso puede vincular aquella interpretación para la resolución de este procedimiento».

Para la magistrada instrutora, «nada consta sobre en qué pudiera afectar a la resolución de aquella causa la naturaleza que pudiera tener la fundación, ni consta que fueran las mismas las partes allíacusadas, ni tampoco los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento, pues, de haber sido, así la conexidad habría determinado que se vieran ambas causas en un solo procedimiento para evitar resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos».

El juzgado investigaba desde 2016 si se cometieron delitos de prevaricación y malversación en los contratos suscritos entre diversas mercantiles y la FVEMF para la visita del pontífice a la capital del Turia en 2006.

Concluida la instrucción, las defensas de los investigados solicitaron el archivo de la causa, mientras que la Generalitat Valenciana pidió la incoación de procedimiento abreviado. El Fiscal demandó seguir la causa contra Francisco Camps, Víctor Campos y Enrique Pérez Boada, de un lado, y monseñor Escudero, Antonio Corbí Copoví y Francisco Javier Jiménez, de otro, y abogó por el sobreseimiento provisional para Henar Molinero.

La jueza, que analizó los contratos de la FVEMF con once empresas, la aportación de dos millones de euros por parte de la Generalitat en 2010 en concepto de dotación fundacional y la asunción de deudas en el año 2014 por importe de 1.306.897 euros, decidió archivar al entender que la FVEMF «no tenía naturaleza pública por cuanto que no estaba adscrita a ninguna administración pública, hecho que no se produce hasta el año 2010».

Tampoco vio, en esa resolución que ahora confirma, «indicio alguno» de concertación en los investigados «para constituir una Fundación con el fin de delinquir», de «eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios para favorecer así a las mismas, favorecimiento del que no existe el mas mínimo rastro durante la instrucción».

El alcalde de El Verger (Alicante), Ximo Coll, ha asegurado este martes que, «de momento, no dimitirá» como primer edil de la localidad después de que él, y la primera edil de Els Poblets, Carolina Vives –ambos del PSPV y matrimonio– se vacunaran contra la Covid-19 sin pertenecer a ninguno de los grupos prioritarios.

Coll ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación tras la celebración de un pleno extraordinario en el consistorio solicitado por la oposición –PP y Compromís– en el que los grupos han pedido su dimisión como único punto en el orden del día.

«No tengo nada más que decir, ya he pedido disculpas por si alguien no había entendido o no se le había explicado que las dosis no eran para nadie más que para los sanitarios y los motivos por lo que se nos llamó para vacunarnos, así que de momento no voy a dimitir», ha explicado Coll.

Sobre la posibilidad de que no reciba la segunda dosis, tal y como ha expresado públicamente el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, el alcalde ha afirmado que no sabe «nada»: «No sé lo que va a pasar, no puedo decir mucho más».

Igualmente, durante el pleno, Coll ha recordado que tanto él como su mujer recibieron una llamada del centro de salud «porque sobraban dosis», que actuó con «buena fe» y que «no se ha cometido ninguna irregularidad desde el punto de vista político, ético y moral.

Además, ha acusado a la oposición de tener sus «cinco minutos de gloria» y de «querer asaltar la alcaldía con una cuestión menor». «Reitero que no tuve ningún trato de favor y que he actuado siguiendo el protocolo, porque la coordinación de los centros de salud piden que no se desperdicien las dosis sobrantes puesto que tienen una vida útil muy corta», ha explicado.

Por su parte, tanto Compromís como Partido Popular han instado al primer edil a que «asuma responsabilidades» y han pedido que dimita de su cargo, a lo que Coll ha respondido: «No voy a dimitir». Por ello, ambas formaciones han confirmado que no descartan presentar una moción de censura si el regidor no renuncia.

«HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO»

Al término de la sesión, el portavoz de Compromís en El Verger, Basilio Salort, ha declarado que,, «por responsabilidad el alcalde debería dimitir» y ha acusado al PSPV de «falta de valentía» al «perder una oportunidad» de decirle a Coll «hasta aquí hemos llegado».

«El alcalde ha dicho que si el expediente de su partido resuelve que debe dimitir, lo hará, así que ahora queda todo a la espera, si no lo hace, no descartamos presentar una moción de censura, aunque vamos a darle una oportunidad al PSPV para que haga cambios porque son la fuerza mayoritaria», ha indicado.

Asimismo, el edil de la coalición ha lamentado que la «figura» del alcalde haya «quedado dañada» después de lo ocurrido. «La persona es la que da prestigio al cargo y no el cargo a la persona», ha afirmado Salort, quien ha reclamado «respeto» a lo que supone asumir el «cargo».

Por su parte, la concejala ‘popular’, Adela María Moncho, ha indicado que la conclusión era «traer la voz del pueblo al pleno» para que Coll «diera un paso al lado». «Ahora se abre otro momento, el de buscar otras vías, para ver qué ocurre con la Alcaldía del pueblo».

«Yo esperaba que sí iba a dimitir, pero finalmente la responsabilidad no ha imperado este día y vemos que no ha sido posible», ha añadido la edil.

El presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, ha pedido este martes «refundar y relanzar» la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para conseguir un servicio público audiovisual sostenible, viable, de calidad y que continúe siendo referencia para la ciudadanía.

Lo ha dicho al participar en la conferencia del manager de Media Intelligence Service de la European Broadcasting Union (EBU), David Fernández Quijano, dentro del 42 Forum de la Comunicació del CAC, informa el CAC en un comunicado.

Fernández Quijano ha dicho que la manera de hacerlo se explicó en el ‘Llibre blanc de l’audiovisual’ del CAC y consiste en asegurar una financiación adecuada a los medios públicos, así como destinar nuevos recursos a producir una oferta de contenidos competitiva dirigida a públicos estratégicos como los jóvenes: «Contenidos dirigidos a atraer grandes audiencias».

Loppacher ha dicho que debe ir acompañada de una «necesaria y urgente» modificación de la normativa audiovisual para adaptarla a la nueva Directiva europea y al nuevo parorama audiovisual, y ha urgido a un nuevo marco normativo para promover la oferta y producción audiovisual en catalán, al tiempo que se regulen los servicios audiovisuales a demanda y las plataformas de intercambio de vídeos.

El presidente del CAC ha destacado que los medios públicos son garantía de calidad democrática, de pluralismo político y social, y de cohesión social, pero que también lo son de «rigor informativo y de pluralidad de voces en el ámbito digital ante la amenaza de informaciones falsas».

Ha dicho que en momentos como el actual disponer de información «rigurosa, experta y contrastada» es vital para hacer frente a la pandemia, y ha dicho que la mayoría de medios, y especiamente los públicos, están cumpliendo una función indispensable de servicio público.

NO EVALUAR POR SU AUDIENCIA

Fernández Quijano ha afirmado que es necesario evaluar a los medios públicos europeos por la difusión de valores útiles para la ciudadanía y no por la audiencia, y ha reclamado una mejor financiación para el sector público audiovisual, que le permita una planificación a medio y largo plazo.

El jefe de la unidad de investigación de mercados de la EBU ha señalado que el mercado audiovisual está sumido en una transformación sin precedentes por la digitalización: «Estamos en un momento en que el aumento de la competencia ha sido brutal», ha recalcado, por lo que es normal que hayan bajado las audiencias.

«El problema que nos encontramos a la hora de legitimar el gasto en el sector público es que se da demasiado importancia a la cuota de pantalla que obtienen», ha dicho, y para él lo importante es saber si el sector público tiene un rol y un impacto en la vida de las personas.

Fernández Quijano ha señalado que países como Italia, Alemania y Suiza preguntan a la ciudadanía si los servicios públicos cumplen o no con los objetivos, y que esta evaluación es relativamente sencilla porque se basa en encuestas.

«PERDIENDO LA CARRERA»

Ha explicado que el servicio público no debe entender a los prestadores nacionales privados como el enemigo a batir, sino que el verdadero competidor son las grandes empresas de contenidos de alcance mundial: «Creo que Europa está perdiendo esta carrera».

Fernández Quijano ha reclamado un cambio en el marco financiero del sector público, que debe ser estable y no de dependa de los presupuestos, para poder hacer una planificación a medio y largo plazo y garantizar la independencia de poderes económicos y políticos.

Preguntado por la opción de colaboración entre servicios públicos europeos para hacer frente a las plataformas estadounidenses, ha dicho que «históricamente las coproducciones europeas no han funcionado demasiado bien» y que se sigue con productos locales, mientras que Estados Unidos tienen un mercado mundial.

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este martes que no se arrepiente de haber esperado hasta ahora, en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, para dejar su cargo en el Ministerio, en vez de haber dimitido antes.

«No me arrepiento de nada de lo que he hecho, dejo mis responsabilidades en el momento en que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento», ha declarado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras participar por última vez en el Consejo de Ministros.

Illa ha indicado que a partir de ahora se volcará «al 101%» en su candidatura para las elecciones autonómicas catalanas igual que hasta este momento estaba concentrado «al 101%» en sus funciones como ministro de Sanidad.

Además, ha señalado que en el Ministerio de Sanidad, así como en los distintos gobiernos autonómicos, se realiza un trabajo «colectivo» en la lucha contra el Covid-19, y se ha mostrado convencido que, tras su dimisión, los profesionales que trabajan en este departamento «van a seguir haciendo un trabajo magnífico». «La tercera ola va a ser derrotada igual que derrotamos la primera y la segunda porque tenemos los instrumentos para ello», ha asegurado.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este martes que el Ejecutivo catalán pondrá «todas las herramientas necesarias» para que sea seguro votar en las elecciones del 14 de febrero pese a la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, ha insistido en que el Govern está trabajando para incorporar las «medidas adicionales» a los protocolos ya aprobados para celebrar los comicios, como que se hagan PCR o un test de antígenos rápido a los miembros de las mesas electorales, y que lleven equipos de protección individual (EPIs) en la franja horaria destinada al voto de las personas confinadas.

Budó ha expresado su preocupación por que la participación electoral pueda bajar por miedo a la pandemia y ha exigido «máxima celeridad» al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para resolver de forma definitiva sobre los recursos contra el aplazamiento de las elecciones.

La consellera de Presidencia ha recalcado que el Govern decidió posponer las elecciones al 30 de mayo con un acuerdo mayoritario de los partidos catalanes y ha explicado la Generalitat defenderá ante el TSJC sus argumentos para aplazar los comicios.

Sin embargo, a la espera de que el TSJC resuelva de forma definitiva, ha afirmado que el Govern está trabajando para garantizar que las elecciones se celebren con «total seguridad».

«De aquí al 14 de febrero el Govern no parará para velar por la seguridad en estas elecciones», y ha dicho que el Ejecutivo no dudará en aplicar las medidas adicionales si lo ve necesario, aunque no ha concretado cuáles podrían ser.

La portavoz del Ejecutivo catalán ha apuntado que todavía se está estudiando qué tipo de test hacer a los miembros de las mesas electorales y ha llamado a la «responsabilidad» de la población ante la posibilidad de que algunas personas escogidas no acudan al colegio electoral y esto pueda provocar problemas para constituir las mesas electorales.

Ha afirmado que formar parte de las mesas electorales es un «deber» y ha explicado que todas las personas vulnerables pueden alegar y recurrir su elección como miembros de estas mesas, pero ve importante que la ciudadanía actúe con la máxima responsabilidad para que las elecciones se puedan celebrar con normalidad.

RESTRICCIONES

Preguntada por si el Govern se plantea aumentar las restricciones ante la pandemia, lo que podría dar más argumentos a la Generalitat ante el TSJC para aplazar las elecciones, Budó ha explicado que las medidas vigentes terminan el 7 de febrero, por lo que la próxima semana el Procicat decidirá si ya son suficientes o hace falta modificarlas.

Pese a que considera que la situación sanitaria es complicada y está aumentando la ocupación de las UCIs por casos de coronavirus, ha destacado que las medidas «están funcionando» porque han conseguido que no crezca más la curva y ahora está por ver si se puede doblar.

CONTRACTOS PARA EL 14F

Budó ha anunciado que el Govern ha contratado el alquiler del Pavellón 1 de Fira de Barcelona, que acogerá el centro de recogida de datos y el escrutinio para las elecciones del 14 de febrero, y también ha tramitado el contrato de suministro de impresos electorales con un presupuesto de 65.450 euros, que ha adjudicado a la empresa Pharma Prospect SL.

Ha recordado que el presupuesto para estos comicios es de 37,4 millones de euros: 6,2 millones para contrataciones de obras, servicios y suministros imprescindibles para la celebración electoral; 5,2 para el ‘mailing’ único de sobres y papeletas; 4,1 en anticipos a los ayuntamientos: 1,75 en dietas para el personal involucrado en las elecciones, y 11,6 en subvenciones para los partidos, y en estos comicios se prevé un incremento de 8 millones por las medidas ante el coronavirus.