La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado este martes que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté "garantizada la independencia" judicial y ha evitado entrar a valorar si su formación veta nombres de algunos jueces concretos que pueden ser afines a Podemos como Victoria Rosell o José Ricardo de Prada.

Gamarra ha señalado que "no hay novedades en este minuto del partido" y ha añadido que el PP "siempre ha sido muy claro" en relación a la renovación del Consejo y los demás órganos, ya que su fórmula está "establecida constitucionalmente".

Así, ha explicado que se trata de que ese proceso se haga "con plenas garantías para que esté garantizada la independencia del Poder Judicial, y no solo en esta renovación". Dicho esto, ha recordado que el Grupo Popular ha promovido en el Congreso una proposición de ley para llevar la renovación del CGPJ de acuerdo a la renovación vigente y "seguir avanzando en lo que tiene que ser más independencia del Poder Judicial".

Así se ha pronunciado Gamarra, en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de la Junta de Portavoces, al ser preguntada expresamente si ve más cerca el acuerdo para renovar el Consejo y si el PP rechaza que puedan entrar en el CGPJ Victoria Rosell, que fue diputada de Podemos y es actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y José Ricardo de Prada, juez en la sentencia del 'caso Gürtel'.

CRUCE DE DECLARACIONES ENTRE GARCÍA EGEA Y ÁBALOS

Este lunes, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que Podemos "está al margen de cualquier conversación para renovar" el Consejo, que lleva más de dos años con mandato caducado, y recalcó que es un "paso importante" que el PSOE acepte esta condición de Pablo Casado de apartar a la formación morada.

Eso sí, el dirigente del PP dijo que ahora hay que "seguir profundizando" en las otras dos condiciones de su partido para renovar el CGPJ: avanzar en la despolitización" y "reforzar la independencia" de los órganos judiciales.

Sin embargo, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que confía en que el primer partido de la oposición "recapacite" y "se avenga a un acuerdo sin chantajes ni vetos".

Desde Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, acusó al PP de intentar "sabotear" la negociación para la renovación del CGPJ, al sostener de forma "falsa" que se ha apartado a Unidas Podemos, por "miedo" a que Vox le llame "derechita cobarde".

La directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ana Gallego, ha destacado este martes el impulso que se está dando en España para la aplicación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, así como las buenas prácticas y sensibilización sobre su uso.

Gallego ha participado en el acto virtual Derechos Fundamentales de la UE: 20 años de la Carta Europea y su aplicación en España, organizado por la Representación de la Comisión Europea en España y la Fundación Konrad Adenauer, en colaboración con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

El acto ha tenido como objeto debatir sobre los instrumentos y mecanismos de los que dispone la Unión Europea (UE) para que la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales no sea retórica, incluyendo ejemplos concretos de su aplicación práctica y su relevancia en el contexto español.

En este sentido, la directora general de Cooperación JurídicaInternacional y Derechos Humanos ha puesto en valor el Informe de Análisis de Impacto Regulador que debe acompañar la elaboración de los anteproyectos de ley, decretos-leyes y reglamentos reales de cada ministerio, "en los que la Carta está adquiriendo una importancia cada vez mayor".

Así, ha destacado la especial sensibilización del Ministerio de Justicia con la Carta en la preparación de proyectos de ley, al tener competencia relacionadas con derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a la trasposición de directivas europeas, la adaptación del ordenamiento normativo español a la normativa europea y el cumplimiento de los tratados o convenidos internacionales firmados por España.

DECISIONES PREJUDICIALES

Gallego ha señalado que la Carta es también un factor importante que se tiene en cuenta a la hora de decidir si España participa en decisiones prejudiciales solicitadas por otros Estados miembros.

Por último, Gallego ha hecho referencia a otras iniciativas para promover la conciencia, el conocimiento y el uso de la Carta, como es la formación por parte de los agentes jurídicos.

"La Carta está cada vez más presente en los planes de estudio de los concursos públicos, tanto en la judicatura como en la administración; en los planes de estudio de los Grados en Derecho; así como en la formación continua ofrecida por el Consejo General de la Judicatura en materia de Derechos de la Unión Europea", ha concluido.

La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha asegurado este martes que el Ministerio está a la espera de información sobre las intenciones de las organizadoras del 8M para este 2021 y ha señalado que las acompañarán" en las iniciativas que decidan, atendiendo "a las normas de seguridad" que pongan por la pandemia.

Vera ha participado en la rueda de prensa en la que la directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, ha presentado el calendario de actividades para la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Preguntada por las intenciones del Ministerio de participar en la convocatoria de la Comisión 8M de este año, Vera ha explicado que, de momento, las actividades e iniciativas que están barajando son las que se impulsan desde el propio departamento.

Sin embargo, ha apuntado que las asambleas del 8M están "trabajando intensamente" para impulsar concentraciones, manifestaciones y otras acciones en "condiciones de seguridad". Y, en este sentido, ha explicado que van a esperar a "tener información de ellas" que "son las protagonistas" para "atender a las normas de seguridad que ellas pongan" y "acompañarlas, como siempre".

La Comisión 8M ha anunciado, que quiere volver a "tomar la calles" en 2021, aunque su intención es que las movilizaciones se realicen con medidas de seguridad y descentralizando algunos actos para evitar las concentraciones numerosas. Por el momento, están a la espera de recibir el visto bueno de las delegaciones de Gobierno, para poder hacer oficial su propuesta.

En todo caso, su objetivo es realizar un acto central para "tomar la calle" un año más, pero también se realizarán acciones descentralizadas, por parte de las comisiones de barrios o de localidades, para evitar "una concentración masiva" y "diversificar" la participación.

POLÉMICA EDICIÓN EN 2020

Esta edición de 2021 se produce en plena pandemia y después de las críticas que suscitó su celebración el año pasado. La oposición señaló la manifestación del 8M para criticar la gestión del Gobierno en los inicios de la crisis sanitaria y como foco de contagio, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, o la de Sanidad --entonces de Política Territorial y Función Pública-- Carolina Darias, dieron positivo por coronavirus días después de participar.

En 2020 también participaron en la manifestación representantes de partidos políticos, como PP y Ciudadanos, que en 2021 pueden volver a unirse, ya que la convocatoria a estos actos se realiza a través de asambleas abiertas y todo aquel que quiera unirse lo hace libremente.

LA IMAGEN DE KATHERINE SWITZER

La propia secretaria de Estado de Igualdad ha sido la encargada de presentar ante los medios el lema que el Ministerio ha elegido para la celebración del 8M este 2021: 'Por ser mujeres'. Según ha indicado tiene "una razón fundamental" ante los "discursos cada vez más profundos" que, en la actualidad, "intenten hacer creer que lo que ocurre a las mujeres" debe ser algo "del ámbito privado".

En su intervención ha recordado que cobrar menos por el mismo trabajo, estar condenadas a la temporalidad y precariedad o vivir situaciones desagradables, como volver nerviosas a casa por las noche, les ocurre a las mujeres por el hecho de serlo, y ha llamado a responder a los "discursos y políticos" de "extrema derecha", que "se basan en negar que esta situación y este problema estructural existe"

En este sentido, se ha referido a Vox al que ha acusado de "volver a ningunear" el 8M, después de reclamar que este día fuera declarado el Día Internacional de las Victimas del Coronavirus, además de señalar que se "están aprovechado" de "los fallecidos por la pandemia para usarlo en su guerra política contra el feminismo. Al respecto, Vera ha llamado a realizar "una respuesta unitaria" frente "a la extrema derecha". "Nos va la vida en ello", ha apuntado.

Junto al lema, la imagen que el departamento que dirige Irene Montero para el Día de la Mujer es una de las secuencias de la carrera de la maratón de Boston de 1967 en la que Katherine Switzer participó y en la que un comisario intenta expulsarla por ser mujer.

UN MES DE ACTIVIDADES

La directora del Instituto de las Mujeres ha señalado, por su parte, que las actividades programadas desde el Ministerio está enfocada en "tres hilos": visibilizar las situaciones que sufren las mujeres por el hecho de serlo, que la situación de pandemia ha agravado su situación y la denuncia hacia el uso del cuerpo de la mujer.

El calendario comienza este miércoles, cuando se inaugure un seminario online, que durará hasta el próximo 24 de marzo, y en el que se escuchará a figuras del feminismo español e internacional. Será, según ha indicado Gimeno, un espacio de "reflexión" y "análisis" con la crisis de la pandemia "como telón de fondo", en el que se buscarán alianzas.

Del 9 al 27 de marzo se celebrará la XVII edición de 'Ellas crean', con un "enorme programa cultural" que dará "visibilidad al trabajo de artistas" de todos los campos y, con él, se hará un homenaje a la escritora y feminista Emilia Pardo Bazán.

El 12 del próximo mes, desde el Instituto de las Mujeres se organizarán las Jornadas de Familias Monoparentales, mientras que el 24 de marzo se presentará el cómic 'Amelia, historia de una lucha', dirigido al público adolescente y que indaga en las causas de la trata con fines de explotación sexual. Gimeno ha indicado que el objetivo es "prevenir y denunciar los daños en los cuerpos y vidas" de las mujeres explotadas y "disminuir la demanda de prostitución".

Finalmente, la directora del organismo ha apuntado que la fachada del Ministerio de Igualdad estará decorada el 8M con una composición artística que reproducirá la figura de feministas como Victoria Kent, Federica Montseny, Clara Campoamor o Emilia Pardo Bazán.

"Es un programa muy completo que se enmarca en visibilizar el valor añadido que ha supuesto el trabajo mujer durante covid", ha declarado Gimeno, para recordar que es la mujer la que realiza "los trabajos esenciales" para "hacer para que la vida siga saliendo adelante".

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja ha aumentado por primera vez desde 2013 en España, situándose en 2020 en un 17,3%, 2,4 puntos más que en el año anterior.

Así lo pone de manifiesto la ampliación de datos educativos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional, con información del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, se rompe la tendencia decreciente desde 2013, cuando se alcanzó el valor máximo de la serie (22,5%). Desde aquel año, el porcentaje de 'ninis' ha ido bajando al 20,7% en 2014, al 19,4% en 2015, al 18,1% de 2016, al 16,4% en 2017, al 15,3% en 2018 y al 14,9% en 2019. Es decir, es el porcentaje más alto desde 2017.

El porcentaje de 'ninis' es el mismo para hombres y mujeres, un 17,3%, aunque el descenso de este indicador desde 2013 ha sido algo mayor para los hombres (5,2 puntos menos) que para las mujeres (4,8 puntos).

Según el Ministerio, este incremento de jóvenes que ni estudian ni trabajan está relacionado con la menor tasa de empleo en este tramo de edad, puesto que el porcentaje de la población que estudia o se forma sigue subiendo hasta llegar en 2020 al 57,3%, 0,7 puntos más que en 2019.

Sin embargo, el porcentaje de jóvenes ocupados que no están formándose baja más de 3 puntos, del 28,5% en 2019 al 25,4% en 2020, en un contexto de caída generalizada del empleo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Atendiendo al nivel de formación alcanzado, el impacto de la evolución del mercado laboral ha sido mayor en el caso del colectivo de los jóvenes que poseen el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa o Educación Superior, donde el porcentaje de los que no estudian ni trabajan se ha incrementado en 2,7 puntos con respecto a 2019, hasta el 14,5%.

Asimismo, se mantiene estable el porcentaje de aquellos que participan en educación-formación, que en los últimos años se sitúa en torno al 55% (54,4% en 2020), en contraposición a los jóvenes con nivel educativo inferior, donde el aumento del porcentaje de aquellos que no estudian ni trabajan ha aumentado en menor medida (2,2 puntos), hasta el 21,1%, y el porcentaje de aquellos que participan en educación-formación continúa con una clara tendencia ascendente, aumentando 1,8 puntos en 2020 hasta alcanzar el 61,4%.

MÁS ESTUDIANTES CON BACHILLER, FP BÁSICA O GRADO MEDIO

Tres de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 24 años en España han alcanzado al menos el nivel de Educación Secundaria de segunda etapa (Bachillerato o Formación Profesional Básica o de Grado Medio). Desde 2010, el porcentaje de estudiantes que han concluido al menos este nivel educativo ha subido 14,4 puntos hasta alcanzar el 75,9% en 2020, lo que supone también un aumento de 1,9 puntos con respecto a 2019.

Por comunidades autónomas, se sitúan por encima del 80% País Vasco (87,1%), Asturias (85,1%), Cantabria (84,5%), Navarra (83,4%), Comunidad de Madrid (82,8%) y Aragón (81,4%). Entre el 70% y el 80%, están Galicia (78,9%), La Rioja (78,2%), Comunidad Valenciana (77,8%), Castilla y León (76,8%), Cataluña (76,6%), Murcia (75,3%), Extremadura (73,9%), Canarias (72,5%) y Castilla-La Mancha (71,7%). Por debajo del 70%, se encuentran Melilla (67,8%), Andalucía (67,1%), Islas Baleares (65%) y Ceuta (49,4%).

Los mayores incrementos con respecto a 2010 corresponden a Cantabria (+21,2 puntos), Murcia (+19 puntos) y Comunidad Valenciana (+17,2 puntos).

Según destaca el Ministerio, este indicador está en correlación con el de abandono escolar temprano, publicado en el avance del pasado 29 de enero, y que señala que la tasa se sitúa en 2020 en el 16%, 1,2 puntos menos que el año anterior.

"Disminuir la tasa de abandono escolar temprano y aumentar la de titulados de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Medio es uno de los principales objetivos de la nueva ley de Educación, LOMLOE, que acaba de entrar en vigor", señala el Ministerio, que afirma que, para ello, la Ley diseña un "sistema flexible y abierto, con un currículo más competencial, y apuesta por el refuerzo escolar y la diversificación de los itinerarios, con pasarelas entre ellos".

Por otra parte, dentro del grupo de edad de 25 a 29 años, más de la mitad de la población ha alcanzado el nivel de Educación Superior, en concreto el 50,2%, 1,7 puntos más que en 2019, lo que supone una subida de 11,9 puntos con respecto a 2010. Dentro de este porcentaje, el 15,6% son titulados de Educación Superior no universitaria y el 34,6% universitaria o equivalente.

Por sexo, el porcentaje de mujeres que alcanza este nivel educativo asciende al 56,5% (2,2 puntos más que el año anterior y 11,5 más que en 2010) y el de hombres es del 44% (1,2 puntos más que en 2019 y 12,2 más que en 2010).

El Ayuntamiento de Madrid constituirá un comité de crisis cada vez que un menor de edad sea asesinado en la ciudad, ha anunciado este martes el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, en el Pleno de Cibeles.

Seguirán el modelo de los comités de crisis por las mujeres asesinadas por la violencia machista, constituidos desde la legislatura pasada en el Ayuntamiento. El último, el comité de crisis Laura Plaza de la Flor --constituido con el nombre de la mujer octogenaria asesinada presuntamente por su pareja el pasado 17 de enero en Puente de Vallecas-- consensuó el refuerzo de los mecanismos de detección temprana de la violencia machista.

Aniorte ha detallado que dicho comité de crisis, a convocar desde hoy mismo, "sea por violencia intrafamiliar o no", reunirá los distintos recursos, desde colegios, a los Centros de Atención a la Infancia (CAI), centros de Servicios Sociales, Policía e instrumentos regionales.

Ha sido el grupo municipal Vox el que ha llevado al Pleno una proposición para que al comienzo de estas sesiones y en las de los distritos se guarde un minuto de silencio "cada vez que se produzca un asesinato en el entorno familiar o doméstico que afecte a hombres, mujeres, mayores o niños en el ámbito regional de Madrid para dar visibilidad a todas esas víctimas sin discriminación por sexo o edad". La proposición ha sido rechazada con el 'no' de Más Madrid y PSOE y la abstención de PP y Cs.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado que una propuesta similar le llevó a una reprobación del Pleno de Cibeles tras sufrir "ataques injustificados por una mujer" que le "llamó de todo" y que intentó negarle su "posibilidad de hablar en el acto en representación de los madrileños".

VOX PIDE AYUDA "FRENTE AL NEGACIONISMO"

"Ayúdennos frente al negacionismo, frente a quienes quieren negar la existencia de otras víctimas, que también tienen derecho a ser reconocidas, recordadas y protegidas. Queremos que las víctimas invisibles afloren en la sociedad", en referencia a "esos niños, niñas, ancianos, hombres, discapacitados, mujeres, homosexuales, heretosexuales o de cualquier orientación sexual que sufran violencia intrafamiliar".

"No es una cuestión de números o estadísticas", ha apelado Ortega Smith tras rechazar el concepto de 'violencia de género', después de apostillar "por qué unas vidas están más protegidas que otras". "¿Por qué son más estadísticamente?", se ha preguntado, después de asegurar que la proposición "no va de derecha o de izquierda, de rojos o azules, de buenos o malos sino de dignidad de las personas".

Aniorte ha contestado que comparten parcialmente el posicionamiento, no allí donde "mezclan las otras violencias con la de género". "Son violencias distintas y se tienen que tratar de forma especializada", ha declarado.

A ello ha unido el "problema de verificación" de la violencia intrafamiliar porque si en el caso de la de género una Delegación de Gobierno que la certifica como tal, no existe en otras expresiones violentas.

La concejala socialista Emilia Martínez, que se ha estrenado en el Pleno, ha lamentado que Vox traiga la violencia intrafamiliar como cuestión recurrente siempre a las puertas del emblemático 8M "disfrazando de proposición una vuelta más a la invisibilidad de la violencia machista".

La concejala de Más Madrid Carolina Pulido ha defendido honrar a las víctimas mortales para recordar que no todas tienen las mismas causas ni idéntico tratamiento jurídico. Así, la edil ha recordado que en España se hacían minutos de silencio a las víctimas del terrorismo pero no se intentaba meter en el mismo saco a las víctimas mortales de los atracos, por ejemplo, "aunque la vida tuviera el mismo valor".

"Ustedes (a Vox) hacen uso feo uso del tratamiento a las víctimas porque niegan la violencia machista. No pueden meter todas en el mismo saco. Lo que tratan es difuminar la violencia de género y volver a los años 50", les ha criticado.

Ortega Smith ha reprochado a su vez el "consenso progre" y se ha preguntado si una mujer asesina a su pareja, mujer, es "violencia feminista".

La vacunación del colectivo de grandes dependientes y sus cuidadores se pondrá en marcha a finales de esta semana o a principios de la siguiente, una vez se defina qué pacientes pueden desplazarse a los centros de salud y cuáles tienen que recibir la vacuna en su domicilio.

Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en respuesta a preguntas de los medios durante una comparecencia en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, donde este martes se ha puesto en marcha una campaña de vacunación a colectivos como veterinarios, personal de Aena o médicos forenses.

"Entendemos que bien a finales de esta semana o como muy tarde a principios de la semana que viene ya se empezará a vacunar, tal y como estaba previsto, al grupo 4 de grandes dependientes junto con sus cuidadores por parte de Atención Primaria", ha declarado Andradas tras explicar que ahora mismo están definiendo cuáles son los que pueden desplazarse y los que no.

Este grupo de población se vacunará con dosis de vacunas de ARNm (Moderna o Pfizer) o con la de AstraZeneca, en función de la edad de la persona, ya que esta última se administra a los ciudadanos de 18 a 55 años.

El grupo de grandes dependientes (grado III) incluye a personas que precisen de ayuda para realizar actividades básicas, por pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha recordado que el jueves comenzará la vacunación en el estadio Wanda Metropolitano de policías municipales, bomberos y profesionales de Protección Civil.

Asimismo, ha indicado que, de cara al inicio de la vacunación de los mayores de 80 años el jueves en los centros de salud, "se va a hacer una instrucción con todo el personal de Atención Primaria".

"Son decisiones que se van tomando en pocas horas", ha apuntado, frente a las críticas de las organizaciones sindicales por falta de información y de coordinación.

Escudero ha explicado que "ya se está trabajando en las citaciones, de qué manera se va a hacer", y ha precisado que todas las personas mayores de 80 años que se puedan desplazar al centro de salud recibirán en el mismo la vacuna, y las que no puedan la recibirán en su domicilio, como con la vacuna de la gripe.

En cuanto a los profesionales sanitarios que todavía no han recibido la vacuna, ha dicho que solo deben solicitarlo.

Solo uno de cada tres españoles salió de su área de residencia en la Nochebuena de 2020 (el 32,1%) mientras que en 2019 lo hizo uno de cada dos (el 48,9%) según el 'Estudio de movilidad de la población a partir de datos de telefonía móvil (EM-3)', realizado entre julio y diciembre de 2020 y publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, en la Nochebuena de 2020 (la noche del jueves 24 al viernes 25 de diciembre) el 67,9% de la población residente en España pernoctó en su área de residencia, un porcentaje que supera en 16,8 puntos al de la Nochebuena de 2019, cuando permanecieron dentro de su área de residencia el 51,1% de las personas.

La ciudad autónoma de Ceuta (57,8%) y Comunidad de Madrid (62,7%) presentaron los porcentajes más bajos de población localizada durante la madrugada del día 25 en la misma área donde residen. Por su parte, Extremadura y Andalucía registraron los mayores porcentajes de población localizada en su área de residencia, en ambos casos por encima del 73%.

A nivel provincial, los mayores porcentajes de residentes que se mantuvieron en sus áreas de residencia durante la Navidad de 2020 fueron Ciudad Real, Jaén y Badajoz, todas ellas con valores superiores al 75%.

Según los datos del estudio, en general se produjeron pocos movimientos en las cinco mayores ciudades de España el 25 de diciembre de 2020 y los desplazamientos de población que hubo ese día fueron a lugares cercanos.

Este estudio de movilidad de la población se ha realizado a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles durante el periodo de julio a diciembre de 2020 y analiza la movilidad de los residentes en España desde el 24 de junio hasta el 30 de diciembre de 2020.

En concreto, la movilidad se analiza desde dos perspectivas: movilidad cotidiana (dos días por semana, todos los miércoles y domingos desde el 24 de junio al 30 de diciembre, ambos inclusive, con datos sobre número de desplazamientos entre áreas, dividiendo España en 3.214 áreas) y movilidad estacional de la población residente en España: tomando como referencia dos días concretos del verano (18 de julio y 15 de agosto), y dos días concretos del invierno (22 de noviembre y el día de Navidad), estudiando dónde se localiza la población residente en cada una de las 3.214 áreas en esas fechas concretas.

Gracias a los datos y mapas difundidos se puede conocer donde se localizaba la población residente en España en días concretos de 2020 y comparar esa distribución con las mismas fechas de 2019. El INE precisa que estos datos sólo recogen la movilidad de la población residente en España, dado que la fuente original son los teléfonos de marcación nacional. Por lo tanto, no se reflejan los movimientos de los teléfonos de numeración extranjera, que operan en España en 'roaming', normalmente en manos de turistas extranjeros.

MOVILIDAD COTIDIANA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

El estudio añade que el porcentaje de población que en días laborables se desplazó fuera de su área de residencia durante las horas centrales del día durante el segundo semestre de 2020 fue muy inferior al registrado en 2019.

Así, a nivel nacional este porcentaje se mantuvo prácticamente durante toda la segunda mitad de 2020 entre el 15 y el 22%, frente a niveles cercanos al 30% en una semana "normal" del año 2019 (en concreto la semana del 18 al 21 de noviembre, que fue la tomada como referencia).

Si se analiza el porcentaje de población que salió de su área de residencia en días laborables a lo largo del segundo semestre de 2020 se observa una tendencia a la baja a partir de mediados de octubre, que se aceleró en las últimas semanas del año.

La nueva comisión de investigación creada en el Parlamento europeo para aclarar si la agencia europea de control de fronteras, Frontex, participó o permitió devoluciones en caliente de demandantes de asilo a las puertas de la Unión Europea pedirá al director de la agencia, Fabrice Leggeri, y a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, que declaren en su primera sesión, a poder ser ya la próxima semana.

Así lo han consensuado los eurodiputados de esta nueva comisión en la que ha sido su primera reunión formal para constituir el grupo, fijar las prioridades y preparar el programa de trabajo de los cuatro meses que estará en marcha hasta concluir la investigación con un informe de conclusiones.

De este modo examinarán la gestión de Frontex, en el punto de mira desde hace meses por las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos por parte de agentes de la agencia, que ya investiga la Defensora del Pueblo de la UE, y por una segunda investigación lanzada más recientemente por la Oficina Antifraude de la UE (OLAF).

La comisión de investigación fue constituida hace apenas un mes por la comisión de Justicia, Libertades Civiles e Interior del Parlamento europeo y cuenta con la participación de 14 eurodiputados de todos los grupos políticos, entre ellos tres españoles: Javier Moreno (PSOE), Sira Rego (IU) y Jorge Buxadé (Vox).

Los eurodiputados quieren que sean Leggeri y Johansson los primeros en comparecer ante la comisión que recabará información durante varios meses, aunque aún se debe cotejar la petición con las agendas de ambos responsables antes de confirmar si efectivamente podrá ser así y si es posible la próxima semana, según han indicado fuentes parlamentarias.

Tanto el director de Frontex como Johansson han tenido ya que dar explicaciones ante la Eurocámara por las dudas sobre la connivencia de la agencia con prácticas ilegales en el control migratorio, por ejemplo, en el mar Egeo, aunque Leggeri ha rechazado de plano las acusaciones.

De hecho, el pasado enero los servicios de la comisaria Johansson escribieron a Frontex criticando la versión "engañosa" de su gestión ofrecida por Leggeri ante los eurodiputados y pidieron explicaciones por los retrasos y bloqueos en la puesta en marcha del mecanismo interno para el control de los Derechos Humanos.

La comisión de investigación espera también que a lo largo de sus sesiones, dos previstas cada mes hasta sus conclusiones, comparezcan otros protagonistas del control sobre la gestión de la agencia, por ejemplo representantes de OLAF y de la Defensora del Pueblo europeo.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reiterado este martes en la Comisión de Justicia del Senado la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.

Durante su comparecencia para presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondientes a los años 2018 y 2019, Delgado ha recordado la propuesta de reforma para los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal que ya venía recogida en memorias anteriores, al hilo de las propuestas legislativas aportadas por uno de los mayores expertos de la materia como es el fiscal de delitos de Odio de Barcelona. "Hace sus propuestas desde un espacio de conocimiento profundo, de trinchera, a pie de obra", ha apuntado.

"Dicha propuesta de reforma se fundamentaba en la necesidad de introducir un mayor respeto a la proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes y contenidos que, si bien objetivamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio (...), no obstante, por su contexto, por su contenido, por la ausencia de reiteración o incluso por las circunstancias personales del autor, se pueden considerar de menor entidad", ha añadido Delgado durante su intervención.

La jefa del Ministerio Público ha defendido así "la posibilidad de que se contemplen de forma alternativa unas penas de prisión de inferior duración a las previstas o penas diferentes de prisión como multas, pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido".

Delgado ha argumentado que estas penas alternativas permitirían la reinserción social del autor de tales delitos "mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas", pudiendo "comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas".

INVITA A UNA PROFUNDA REFLEXIÓN

No obstante, la fiscal general del Estado ha subrayado que una eventual reforma penal en este sentido debe ser objeto de una "profunda reflexión" de sus señorías.

El Gobierno ya anunció el pasado 8 de febrero que el Ministerio de Justicia estudia la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

Durante su turno de réplica, y en respuesta a las manifestaciones del senador del PSE José María Oleaga, la fiscal general ha incidido en que "nada tiene que ver la libertad de expresión con la violencia" así como en la competencia del Legislativo para reformar los tipos penales.

Asimismo, Delgado ha recordado su pasado como fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista para apuntar que una parte de este terrorismo supone radicalización y adoctrinamiento que puede expresarse en redes sociales, para añadir que esto "no tiene nada que ver" con casos, sin citarlos, como los que han generado protestas en las calles tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

JUSTICIA RESTAURATIVA FRENTE A EXCESOS

"Tenemos que ver la respuesta a los excesos a través de redes sociales -ha apuntado Delgado-. A lo mejor no podemos ir a pena de cárcel sino a la justicia restaurativa, como es hablar con la víctima o a trabajos para la comunidad, porque se daña a la comunidad; y resolver los conflictos no solo con la prisión, sino de otra manera", ha apuntado. "Nosotros aportaremos nuestra experiencia, y dicho ésto todas las acciones violentas serán investigadas", ha añadido.

Durante este turno -- en el que ha eludido pronunciarse sobre los reproches que le ha realizado otros senadores, especial Fernando de Rosa, del PP, sobre sus relación con el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo--, Delgado ha insistido en que la Fiscalía es una institución que "merece ser conocida por la sociedad, pues roza la excelencia en muchísimas de las ocasiones".

Así, ha apuntado que en esta Comisión ella vino interesada en hablar de las memorias de la Fiscalía, que son las que exponen de forma cifrada el trabajo de los fiscales, "y no de la idoneidad o no de la persona que preside el ministerio fiscal".

Igualmente ha defendido la labor del Consejo Fiscal y su profesionalidad, respecto del cual ha señalado que "no se puede menospreciar ni ningunearlo"; y ha respondido a una de las cuestiones formuladas la diputada de ERC Laura Castel recordándole que el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aún esta pendiente de ser informado por este órgano.

La Fiscalía de Madrid solicita veinte años de cárcel para el expolítico del PP Rodrigo D.S. por la presunta comisión de dos delitos de agresión sexual que habría cometido contra dos hombres cuando trabajaba en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.

Así consta en el escrito de acusación, y adelantado por 'eldiario.es', en el que se acusa al exteniente de alcalde y de Urbanismo de Palma Rodrigo D.S. de un delito continuado de agresión sexual y otro delito de agresión sexual.

El acusado ya fue condenado en 2010 por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor, a la pena de 5 años de prisión y prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de 8 años.

Rodrigo D.S. trabajó en esta Fundación desde el año 2015,desempeñando a partir de octubre de 2016 las funciones de Coordinador del programa de reinserción social de preso, avalando a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias.

De este modo, se les alojaba en las viviendas que poseía esta Fundación en Vallecas, "proporcionándoles un lugar donde poder residir durante los permisos penitenciarios e incluso una vez que les era concedida la libertad condicional y la libertad definitiva, haciéndose responsable de los internos ante la Junta de Tratamiento del Centro penitenciario".

El fiscal relata que, entre los meses de febrero y julio de 2017, un preso estuvo residiendo durante los permisos penitenciarios por encontrarse en el segundo y tercer grado penitenciario en dichas casas de acogida situadas en la calle de Madrid.

"Durante este periodo de tiempo el procesado, prevaliéndose de su condición de coordinador del citado programa y bajo la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios, le obligó en siete ocasiones, a mantener relaciones sexuales", recoge el escrito.

Otro de los casos de agresión sexual lo sitúa a mediados de febrero de 2017, cuando el procesado, prevaliéndose de su condición de coordinador del programa, invitó a otro preso en permiso a pasar la noche a su casa de Alcobendas, acudiendo éste coaccionado, por miedo a que le retiraran los permisos. Durante la noche, encontrándose dormido la víctima, el procesado se introdujo en su cama, realizándole tocamientos.

En Comú Podem, formación integrada en el Gobierno de coalición a través de Unidas Podemos, ha advertido este martes en el Congreso de que la regulación de los precios del alquiler "es una línea roja": "Si un Gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?", se ha preguntado su diputado Gerardo Pisarello.

En rueda de prensa celebrada este martes antes de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, ha criticado que el ministro de Transportes, y titular en las competencias en vivienda, José Luis Ábalos, manifestara este lunes su rechazo a controlar los precios del alquiler, ante lo cual ha expresado su "sorpresa y extrañeza".

"Aceptamos formar parte de este Gobierno porque había un compromiso escrito porque haciéndolo íbamos a tener los alquileres regulados, se podían mejorar sustancialmente los salarios y las pensiones. Esto no va de sillas, va de que se cumpla", ha aseverado Pisarello, que ha reconocido que hay temas a los que su formación podría "renunciar", pero no esta regulación. "Es una línea roja y esperamos que se reconduzca pronto", ha dicho.

CUESTIONA SI ESTA POSTURA SE DEBE A "PRESIONES" DE LA PATRONAL

Pisarello ha recordado que la regulación de estas estas es un compromiso del propio presidente Pedro Sánchez desde 2017, antes de llegar a La Moncloa, y está en el propio acuerdo de coalición, que contempla "bajar incluso los precios", por lo que no ven "ningún impedimento para que eso se pueda llevar adelante" y ha asegurado no entender las declaraciones de Ábalos.

"No sabemos a qué obedece. Si es porque están recibiendo presiones por la patronal inmobiliaria, lo entenderíamos. Eso puede pasar. Estamos aquí para apoyar y pedir a la ciudadanía que apoye, pero el tema de la vivienda es una línea roja", ha subrayado el secretario primero del Congreso, mostrándose "convencido" de que, si es por un problema de "presiones" por la patronal inmobiliaria o los fondos de inversión, "la ciudadanía va a acompañar a este Gobierno para llevar a adelante esta medida.

Pisarello ha recordado que el propio PSOE defiende esta regulación en el Parlamento Europeo y que esta regulación está vigente en países como Suecia, Austria o Alemania, pero que además estos países tienen un parque público de vivienda de más del 20% cuando en España se sitúa en el 1% de los inmuebles. "¿Cómo no va a adoptarse aquí la medida de regulación de alquileres?", se ha preguntado.

DE ACUERDO A LOS INCENTIVOS, PERO "NO SON SUFICIENTES"

Respecto a la opción del PSOE de limitar estas medidas a incentivos, ha compartido la oportunidad de "premiar a promotores que quieran cosntruir vivienda en régimen de alquiler asequible" o "ayudar a pequeños propietarios", pero ha alertado de que "los incentivos no son suficientes". "Hay que regular los alquileres abusivos y permitir que las comunidades y ayuntamientos que quieran puedan introducir límites y controles", ha dicho.

En este sentido, ha rechazado que esos controles puedan limitarse a casos concretos, para situaciones de más vulnerabilidad. "No es la idea de lo que debe ser un derecho social. La vivienda en alquiler tiene que ser como la Sanidad o la Educación", ha reivindicado, defendiendo su acceso para "todas las clases sociales" pues, ha dicho, "no se trata de crear un gueto de vivienda en alquiler".

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, para Iberoamérica y Caribe, Cristina Gallach, inicia este miércoles una gira por Guinea y Ghana en la que la gestión de los flujos migratorios y las oportunidades económicas que ofrecen ambos países serán el tema central de sus encuentros.

Gallach iniciará su visita en Guinea, cuyo presidente, Alpha Condé, reelegido en unas controvertidas elecciones el pasado mes de octubre, la recibirá en audiencia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

En Conakry, la secretaria de Estado buscará especialmente seguiravanzando en la cooperación con las autoridades de Guinea en una gestión eficaz y ordenada de los flujos migratorios, buscando la colaboración de los países de origen, tránsito y destino de los migrantes.

Así, tiene previstos encuentros con los ministros de Exteriores, Ibrahima Khalil Kaba, y de Seguridad y Protección Civil, Albert Damantang Camara. Además, visitará el Centro de tránsito de Inmigrantes Hospital Jean-Paul II, apoyado por la iniciativa conjunta de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la UE.

La visita, según Exteriores, busca también apoyar institucionalmente a la incipiente inversión privada española en Guinea, de ahí que esté prevista la participación de Gallach en el Guinea Investment Forum y una reunión con empresarios españoles.

Además, se reunirá con los ministros de Inversiones, Gabriel Curtis; Agricultura y Ganadería, Roger Patrick Millimono; Turismo, Hostelería y Artesanía, Salla Fanta Fanyi Camara; y Pesca, Acuicultura y Economía Marítima, Frederic Louah.

AGENDA EN GHANA

La secretaria de Estado se desplazará a continuación a Ghana, uno de los países prioritarios para la acción exterior española en África Subsahariana y al que España, debido a sus credenciales democráticas, estabilidad institucional y prestigio regional, considera uno de sus interlocutores privilegiados tanto en la región como en el continente.

El viaje de Gallach, según Exteriores, servirá para celebrar consultas políticas para abordar las principales cuestiones de la agenda bilateral con la ministra de Asuntos Exteriores, Shirley Ayorkor Botchwey.

Además, dado el potencial económico de Ghana, también hay previsto un encuentro con el ministro de Comercio, Alan Kyerematen, así como con las empresas españolas presentes en el país para transmitir el respaldo del Gobierno español e interesarse por sus actividades en la región. En la agenda también figura un encuentro con el ministro del Interior, Ambrose Drey.

Por último, dado que Ghana ejerce la presidencia de la ComunidadEconómica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y que Accra va a ser la sede del secretariado del AfCFTA (el Tratado de Libre Comercio Africano), la visita permitirá también tratar cuestiones multilaterales y de seguridad en la región, especialmente el Sahel y el golfo de Guinea.

La Asociación Española del Juego Digital (Jdigital) y la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) han alcanzado un acuerdo de colaboración para promover el juego responsable y seguro a través de una serie de medidas como la creación de un teléfono gratuito (900 533 025) de asistencia y terapia a las personas y familiares.

Así lo han dado a conocer este martes el director general de Jdigital, Andrea Vota, y el presidente de Fejar, Maxi Gutiérrez, en una rueda de prensa virtual para explicar los pormenores de este acuerdo en el que ambas organizaciones han trabajado durante varios meses.

En el acto de presentación, Maxi Gutiérrez ha afirmado que "esto es la culminación y el inicio de una suma de esfuerzos y de coordinación entre ambas entidades", y que la responsabilidad sobre el juego pertenece a la administración, el legislador, los operadores y los jugadores. "La responsabilidad del juego es de todas las partes", ha recalcado.

Respecto al teléfono que se pone en marcha en virtud de este convenio, Gutiérrez ha detallado que será el usuario el que demande qué tipo de información requiere: juego responsable o de prevención, medidas coercitivas, acceso a tratamientos para los casos de juego problemático, etc. Los operadores deberán mostrar el teléfono de ayuda y tratamiento de las ludopatías en un lugar claramente visible dentro de sus webs.

"Como industria del juego digital, estamos muy orgullosos y muy contentos de haberlo alcanzado", ha afirmado Vota, quien ha añadido que espera que la línea de colaboración continúe en el futuro. Así, ha señalado que, en la primera fase de este acuerdo, son ocho operadores los que han decidido sumarse al mismo: Codere, eBingo, Entain, Flutter, Sisal, Sportium, Wanabet y Winamax.

No obstante, el director general de Jdigital ha precisado que se trata de un acuerdo abierto a otras organizaciones empresariales de la asociación. "No excluimos que más operadores de Jdigital se adhieran en un futuro cercano", ha remachado, para después insistir en que "la industria del juego online en España lleva muchísimos años trabajando en precisamente la mejora de esas condiciones para que el juego sea una opción más de ocio responsable y seguro".

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADA

En este sentido, Vota considera que la tecnología puede ayudar "bastante" a lograr este objetivo porque "es más fácil, con la digitalización de una actividad como el juego, que ciertas conductas se detecten de forma previa".

"Los 'corta fuegos', que de cierta forma la industria tiene incorporados en sus plataformas, hacen que el entorno sea más seguro, pero hay mucho por hacer y en esa línea seguimos trabajando", ha manifestado el representante de la patronal del juego 'online'.

Este acuerdo de colaboración es consecuencia del Real Decreto 958/2020 aprobado por el Gobierno el pasado 3 de noviembre para regular la publicidad de los juegos de azar y apuestas 'online'. La normativa obliga a los operadores a contar con información sobre un teléfono de asistencia en materia de juego seguro, con indicación de si dicho servicio se presta directamente por el operador o a través de terceros.

Fejar dispone desde hace más de 15 años de un teléfono de ayuda al ludópata y sus familiares, que ofrece información sobre los tratamientos por el juego problemático, mientras que este nuevo teléfono incluirá también información sobre el juego responsable.

A través de este número, sin coste para el usuario, se atenderá a los jugadores que libremente decidan pedir ayuda, información o tratamiento. Las llamadas serán atendidas por personas formadas y especializadas en el tratamiento de los trastornos conductuales del juego. Tras analizar cada caso, los especialistas de Fejar explicarán a cada comunicante si sólo necesita información o si precisa ser derivado a su asociación más cercana para evaluar su conducta o recibir tratamiento.

Además, a través de esta nueva línea 900 se informará del significado de juego responsable, se ofrecerá información sobre los límites legales que existen diaria, semanal o mensualmente a la hora de realizar apuestas, y, en caso necesario, las medidas coercitivas que puede ejercer una persona en caso de precisarlo.

Fejar realizará informes semestrales que reflejarán el volumen de llamadas atendidas a través del teléfono de atención a los usuarios y analizará cualquier información relevante que permita estudiar el comportamiento de los jugadores con el fin de prevenir y reducir aún más los problemas relacionados con una práctica irresponsable y desproporcionada del juego.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este martes que el Gobierno regional comenzará este jueves a vacunar frente al Covid-19 a los mayores de 80 años en los centros de salud.

Entre el jueves, el viernes y el próximo lunes está previsto que se administren 50.000 dosis. Posteriormente, en la próxima semana también, el martes, miércoles, jueves y viernes, se citarán a otros 80.000 mayores en sus centros de salud.

El Ejecutivo madrileño avanza así en la Estrategia de vacunación frente al virus, tras prácticamente completar el proceso en los centros socio-sanitarios (con una cobertura del 98% de los mayores residentes) y los centros sanitarios (con una cobertura de sus profesionales del 80%).

Estos datos los ha dado a conocer este martes la presidenta madrileña desde el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, donde sus profesionales de Enfermería han comenzado a partir de este martes a vacunar con dosis de AstraZeneca a 3.000 profesionales que trabajan en primera línea en la gestión de la pandemia.

Se trata de cuerpos de inspectores de Salud Pública, de Políticas Sociales, Seguridad Social, médicos forenses, profesionales de los centros de menores, trabajadores de ayuda a domicilio, estudiantes de Ciencias de la Salud, veterinarios, Sanidad Exterior y Aena. Está previsto que hoy mismo se vacune a 400 personas.

GRANDES DEPENDIENTES

En paralelo, las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales están ultimando los listados para comenzar en breve la administración de vacunas al grupo de grandes dependientes no institucionalizados, es decir, aquellos que no habitan en una residencia, así como a sus cuidadores, dentro del operativo de vacunación de los grupos priorizados en la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19.

Para ello, los equipos de Atención Primaria se desplazarán a los domicilios e iniciarán este proceso in situ. En caso de que el paciente pueda trasladarse, se le inocularía en su centro de salud.

A este grupo de población se le administrará la dosis de ARNm (Moderna o Pfizer) o también puede ser la vacuna de AstraZeneca, ya que será en función de la edad, puesto que esta última se administra al grupo que comprende desde los 18 a los 55 años.

Los colegiados de colegios de profesiones sanitarias han comenzado a recibir dosis también de AstraZeneca en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, donde ya se han administrado 1.750 dosis. Los grandes colegios sanitarios, como el de Médicos y el de Farmacéuticos, comenzarán su dispositivo en los próximos días en instalaciones propias.

110.000 PROFESORES

Por otro lado, la Consejería de Sanidad tiene previsto comenzar a vacunar al personal docente en turno de tarde, a partir de este jueves, en los centros de salud.

La semana próxima se extenderá el proceso para estos profesionales al Hospital Enfermera Isabel Zendal; y al Estadio Wanda Metropolitano, también en turno de tarde, previa citación. Así, se vacunarán a 110.000 profesores de los colegios públicos, privados y concertados.

Siguiendo la Estrategia de Vacunación acordada, la Consejería de Sanidad tiene previsto inocular también a partir de este jueves a policías municipales, bomberos y personal de protección civil con la vacuna de AstraZeneca en el Estadio Wanda Metropolitano, con equipos de profesionales del Summa 112, y en colaboración con la Federación Madrileña de Municipios y la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha registrado hasta el momento la administración de 383.712 dosis del tipo ARNm, lo que representa un nivel de vacunación del 91,3% sobre el total de las recibidas, 419.895.

Asimismo, un total de 173.031 ciudadanos de los primeros grupos de riesgo han completado ya su pauta vacunal, el 82,1% de las personas administradas.

Madrid ha recibido hasta el momento un total de 419.895 vacunas de tipo ARNm: 394.495 partidas de la farmacéutica Pfizer y 25.400 de la de Moderna. Además, se han recibido 59.800 de AstraZeneca

El Ministerio del Interior ha registrado un descenso del 19,4% de la criminalidad en España durante 2020, un año marcado por las restricciones de movilidad por el estado de alarma para hacer frente a la Covid-19. En total, se registraron 1.773.366 infracciones penales frente a las 2.199.475 que se contabilizaron en 2019.

En su balance, Interior reconoce que el descenso de la criminalidad "está íntimamente correlacionado con las circunstancias derivadas" del primer estado de alarma por el Covid-19 decretado el 14 de marzo, y que estuvo vigente hasta el 21 de junio, con el confinamiento generalizado de la población.

El descenso se ha producido en la gran mayoría de los tipos penales, como los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-9,7%); los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (-20,1%) y el secuestro (-11,2%).

Los robos con violencia o intimidación registran una fuerte caída del -31,0%, así como los robos con fuerza (-27,5%; en domicilios -28,3%); los hurtos (-39,9%); las sustracciones de vehículos (-25,9%), y el resto de infracciones penales (-6,0%).

También bajan el conjunto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (-13,6%); las agresiones sexuales con penetración (-14,5%), y resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual (-13,4%).

SUBIDA DE TENTATIVAS DE HOMICIDIO Y DROGAS

En el balance de 2020, Interior señala que como excepción al descenso generalizado se ha registrado un incremento de un 8,7% en las tentativas de homicidio doloso y asesinato consumado, ya que hubo 73 casos más que en el mismo período de 2019.

En los delitos relacionados con el tráfico de drogas, también se contabiliza un aumento del 2,2%, "un supuesto este último muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El balance del Ministerio del Interior ofrece una recopilación de datos de las infracciones penales registradas no solo a nivel nacional, sino también desagregadas por Comunidades Autónomas, provincias, capitales de provincia y localidades con población superior a 30.000 habitantes y territorios insulares.

DATOS POR CCAA

En el acumulado de enero a diciembre de 2020, y comparado con 2019, Cataluña registra un descenso de 27,9% (352.730 infracciones penales), con una caída en la ciudad de Barcelona del 40,5% (117.786 infracciones). El descenso en la Comunidad de Madrid (312.060 infracciones) es del 23,5%, y en el caso de la capital es del 27,3% (183.375 infracciones).

Entre los descensos más relevantes, los de las Islas Baleares (-22,7%), Ceuta (-22,8%), Melilla (-19,5%) y País Vasco (-18,4%). Andalucía contabiliza un descenso general del 15% en las infracciones penales; la Comunitat Valenciana del 16,1%; Castilla-La Mancha del 11,4% o Castilla y León del 14,4%. Entre las que presentan menor variación están Extremadura (-9%), Cantabria (-8,2%), y Galicia (-7,9%).

El informe recoge la evolución de la criminalidad en España registrada durante todo el año por Policía Nacional y Guardia Civil, así como los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra) y también por las Policías Locales que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para 2021 Interior ha comenzado los trabajo técnicos para facilitar datos de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes, lo que entiende que "supondrá un avance en la difusión de la información estadística de criminalidad", de acuerdo a las recomendaciones de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).

El PP y Vox han impedido esta martes, en la Junta de Portavoces del Congreso, que EH Bildu pudiera modificar la pregunta que había registrado para la sesión de control de este miércoles con intención de interrogar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el 'caso Zabalza' y la existencia de torturas en España.

Inicialmente el diputado de la coalición abertzale Oskar Matute iba a preguntar al jefe del Ejecutivo de la situación de precariedad e incertidumbre en la que vive la juventud, pero este lunes, haciendo uso de la norma que faculta a los grupos a modificar sus preguntas para tratar temas de actualidad, Bildu registró su nuevo interrogantes sobre 'caso Zabalza', que quería formular su portavoz Mertxe Aizpurua.

La coalición abertzale registró el cambio de pregunta tras salir a la luz una grabación que demuestra que el joven Mikel Zabalza falleció en el donostiarra cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrundo en 1985, tras ser torturado.

REQUERÍA UNANIMIDAD

Según han informado fuentes parlamentarias, el PP y Vox ya votaron en contra del cambio de pregunta en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos hicieron uso de su mayoría para avalar la modificación. Sin embargo, cualquier cambio en el orden del día del Pleno debe contar con la unanimidad de la Junta de Portavoces y ahí PP y Vos han vuelto a votar en contra de la sustitución de la pregunta, por lo que no se ha podido modificar.

Así las cosas será Matute quien se dirija este miércoles al presidente del Gobierno y, aunque sobre el papel estará su pregunta relativa a la juventud, el diputado podrá hacer mención si lo desea al 'caso Zabalza'.

Mikel Zabalza fue detenido el 26 de noviembre de 1985 y desapareció días después de ser trasladado al cuartel de Intxaurrondo. El 15 de diciembre encontraron su cuerpo en el río Bidasoa. La versión oficial defendió que murió ahogado en el río Bidasoa al caerse cuando intentaba huir de la Guardia Civil.

"¿Reconoce, como presidente del Gobierno, que ha existido la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?, reza la cuestión que quería plantear Aizpurua al presidente del Gobierno.

Bildu registró su cambio de pregunta tras publicar el diario 'Público' una conversación entre el excoronel de los servicios secretos del CESID Luis Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto en la que admiten que Zabalza murió al ser torturado.

El contenido de esa conversación ya fue publicado en su momento por 'El Mundo' pero el documento sonoro apareció durante el registro de la celda de Perote, en el marco de la investigación que los cineastas Miguel Ángel Llamas y Amaia Merino realizaron para su película documental 'Non dago Mikel?' (¿Dónde está Mikel?).

"SE LES HA IDO LA MANO"

"El tema de Zabalza está muy feo. Se les ha ido la mano, se les ha quedado en el interrogatorio. Fue una parada cardiaca como consecuencia de la bolsa en la cabeza", expone Gómez Nieto en la grabación.

Para Bildu, este audio confirma que "el uso de la tortura ha sido sistemático" en Euskadi. "Estamos ante una realidad que debe de ser esclarecida y reconocida sin ningún tabú ni desprecio", argumenta Aizpurua, quien descata la "tranquilidad" y la "convicción de impunidad" que, a su juicio, demuestran las dos personas que aparecen en esa "espeluznante" grabación.

Cantabria ha entrado ya en nivel de alerta sanitaria 2 (riesgo medio), pero no flexibilizará las medidas restrictivas frente a la pandemia actualmente en vigor hasta que los datos se consoliden y este nivel se mantenga durante varios días seguidos.

Según los datos de las últimas 24.00 horas facilitados por la Consejería de Sanidad, la región ha sumado 63 casos nuevos de coronavirus (16 más que el día anterior) y no ha registrado más fallecidos.

Además, sigue en descenso la incidencia acumulada de casos en los últimos 14 días, con 169 (seis menos que ayer) y también baja la registrada en los últimos siete días, con 74 casos (seis menos). Por su parte, el porcentaje de positividad (la cantidad de pruebas con resultado positivo en los últimos siete días) se mantiene al igual que la víspera en el 4,9 por ciento.

También se mantiene la ocupación hospitalaria en el 9%, aunque hay dos personas más ingresadas, 134, de las que 27 están Unidades de Cuidados Intensivos, una menos que ayer, con lo que la ocupación UCI baja al 23,1% (ocho décimas menos).

El grueso de ingresos lo registra el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), con 87; seguido por Sierrallana, con 38; y Laredo, con 9. El Hospital Tres Mares de Reinosa no tiene ningún ingreso por Coronavirus.

Con el nuevo recuento actualmente hay 2.418 casos activos y la cifra global de contagiados se eleva a 25.636 (24.377 diagnosticados mediante PCR y 1.259 a través de test de detección de anticuerpos). En total se han realizado en Cantabria 458.075 test de detección del virus, en tasa 78.803 por cada 100.000 habitantes.

Hasta el momento se han curado 22.705 personas, un 89% del total de infectados, y han fallecido 513.

"NO BAJAR LA GUARDIA"

Con el paso del nivel de alerta 3 al 2, la Consejería de Sanidad ha insistido en que las últimas restricciones han resultado "eficaces" para frenar la expansión del virus porque han conseguido reducir la interacción social.

Aun así, las autoridades sanitarias conminan a la población cántabra a "no relajarse ni bajar la guardia, porque el virus sigue estando entre nosotros".

Solo así "se podrá perpetuar la tendencia a la baja en el número de contagios", que sumado al "buen ritmo" que lleva la vacunación en Cantabria "abre una vía de esperanza para acabar con la pandemia", han explicado. NUEVO INFORME EN LA WEB DEL SCS

Por otro lado, han anunciado que la página web del Servicio Cántabro de Salud (SCS) publicará a partir de ahora un nuevo informe epidemiológico enfocado a la ciudadanía de la región.

Se actualizará de forma semanal cada lunes y el objetivo es que la población general tenga un acceso "rápido, claro, didáctico y sistematizado" de la información relativa al Covid-19.

El informe, que ya está colgado en la web (https://www.scsalud.es/coronavirus), recoge datos sobre la valoración del riesgo Covid-19 en la región, tanto en lo relativo al nivel de alerta global como desglosado por municipios. Además, se ha sistematizado en el mismo una descripción de casos y su evolución por grupos de edad.

En la información que se proporcionará semanalmente también se incluye un apartado de pruebas diagnósticas, hospitalización y centros sociosanitarios.

Por último, hay un epígrafe destinado a los datos de mortalidad desde el inicio de la pandemia, así como un resumen con las variables más significativas, glosarios de términos y principales recomendaciones frente al Covid-19, entre otros.

La comisión mixta de Salud y Educación ha valorado en su reunión de este martes la vuelta a la presencialidad de los alumnos de Educación Infantil y Primaria siempre que se cumplan dos criterios: que el 70 por ciento de los docentes y demás personal de los centros educativos hayan recibido la primera dosis de la vacuna y que la situación epidemiológica así lo permita, especialmente por el comportamiento de las nuevas cepas.

Estas dos circunstancias pueden avalar una medida que, en todo caso, estará supeditada a que se cumplan estas dos exigencias y que no se produzca una cuarta ola, sobre la que expertos sanitarios comienzan a alertar, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Los técnicos de Salud y Educación han constatado que el descenso en el nivel de transmisión es lento y antes de modificar el régimen actual de medidas implantadas en los centros educativos es necesario analizar cómo puede afectar la Semana Santa, cómo se comportan las nuevas cepas y cómo influye la vacunación en docentes y demás trabajadores de los centros.

Los expertos consideran que el nivel de vacunación del 70 por ciento se podría alcanzar en el plazo de unos dos meses. Hasta entonces, se mantendrá un sistema que está ofreciendo buenos resultados y ha permitido situar a la Región entre las comunidades con una menor tasa de aulas en cuarentena y que, desde que comenzó el curso, no se ha visto obligada a cerrar ningún centro.

Según el dictamen de la comisión técnica, el sistema establecido desde el inicio del curso ha permitido reducir el aforo diario en los centros educativos y aportar un incremento de seguridad para alumnos y docentes que, por el momento, conviene mantener.

SINGULARIDAD ACADÉMICA

Por otra parte, la Consejería de Educación y Cultura trabaja para posibilitar la vuelta a la presencialidad de los alumnos de segundo de Bachillerato, en atención a la importancia académica por tratarse de la última etapa de la Educación Secundaria.

Esta medida podrá adoptarse en torno a la segunda quincena de marzo, coincidiendo con la finalización de las clases de FP en los institutos, de modo que los centros dispondrán de mayor espacio al quedar liberadas esas aulas. En una próxima reunión con los directores de los institutos de la Región se analizarán las medidas que se implementarán, bajo la premisa de no comprometer aforos.

Asimismo, la Consejería de Educación y Cultura también estudia la presencialidad para los alumnos con necesidades educativas especiales de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, así como de Bachillerato.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos 'narcopisos' en el distrito madrileño de San Blas-Vicálvaro, encontrándose uno de ellos situado dentro de un recinto escolar, en un edificio abandonado destinado anteriormente al alojamiento de profesores, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Fueron detenidas seis personas, entre ellas, dos menores de edad, y se incautaron un total de 400 cogollos de cannabis y en torno a 90 plantas. Las dos operaciones se desarrollaron durante la última semana de enero, en el marco de un dispositivo policial contra pisos dedicados a la venta de sustancias estupefacientes y plantaciones 'indoor' de marihuana.

La primera de ellas, que tuvo lugar el día 29 del pasado mes, supuso la desarticulación de un punto de cultivo y venta dentro de un recinto escolar. El edificio estaba formado antiguamente por viviendas destinadas al alojamiento de los profesores del colegio, que actualmente estaban en su gran mayoría usurpadas.

Como resultado de las investigaciones, se relacionaron tres de los pisos del edificio con la actividad ilícita, al constituirse como importantes puntos de venta de sustancia estupefaciente a los que acudían numerosos menores, algunos de ellos, alumnos del propio colegio.

UTILIZABAN A MENORES PARA EL DESECHO DE RESIDUOS

Los agentes pudieron constatar que el principal investigado de esta operación utilizaba a menores de edad para realizar tareas vinculadas con el tratamiento de desechos y residuos generados por el cultivo de marihuana.

En efecto, la actuación policial se desencadenó con la detención de tres personas, dos de ellos menores, en el momento en que estos se estaban deshaciendo de tallos, hojas de marihuana y tierra empleada para el cultivo.

Durante el registro de la vivienda, se localizó una instalación de cultivo interior de marihuana compuesta por lámparas de calor, aparatos de climatización y extractores, así como una compleja instalación eléctrica sin ningún tipo de dispositivo de seguridad.

En total, se hallaron más de 400 esquejes de cannabis listos para plantarse, y unos 50 sacos de 50 kilos de tierra. Como resultado de la operación, fueron detenidas cinco personas y se desalojaron las tres viviendas por orden de la autoridad judicial, siendo posteriormente tapiadas para impedir su usurpación.

El segundo 'narcopiso' supuso la aprehensión de más de 90 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y la detención de un individuo como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Un total de 469 personas, la mayoría procedentes del mundo científico, universitario y las ONG han firmado un manifiesto impulsado por la organización conservacionista WWF en apoyo del comité científico que ha emitido un dictamen favorable a la protección del lobo ibérico como especie vulnerable en el conjunto de España.

El manifiesto, según ha explicado el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, se ha emitido a la vista de algunas declaraciones que a lo largo de este mes de febrero han dudado de la validez y calidad del dictamen emitido por este comité --creado en 2011-- y que sustenta la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de incluir a la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LERSPRE), lo que conllevará que ya no será considerada especie cinegética.

En rueda de prensa, Del Olmo ha lamentado las "descalificaciones" de sectores y administraciones y 'fake news' que han dudado de la validez del dictamen y ha rechazado las presiones para que éste no se tenga en cuenta, porque considera que podría suponer un "grave precedente" para otras especies cuya conservación dependen "de la imparcialidad" de mecanismos administrativos. "Lo que más nos ha molestado y al mundo científico es que se pusiera en cuestión la independencia y validez del comité científico del dictamen", critica.

Por ello, ha reclamado que las decisiones que afecten a la conservación de la biodiversidad sean adoptadas exclusivamente en base a criterios científicos y no estén supeditadas a otros intereses económicos o políticos. En el caso del lobo, el manifiesto subraya que es una especie con una importancia extraordinaria para mantener y recuperarel equilibrio y la salud de los ecosistemas españoles.

Por ello, los firmantes piden a "todas" las administraciones implicadas que trabajen de manera "coordinada", "constructiva" y en base al "mejor conocimiento científico disponible", por la protección de esta especie y la coexistencia con la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales.

Del Olmo ha sacado pecho de los 50 años que la ONG lleva trabajando en favor del lobo en España en los que de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente logró que la especie dejara de ser considerada "alimaña" y pasara a especie cinegética, lo que permitió empezar a terminar con su persecución. "Era otra sociedad que nada tiene que ver con la actual", reconoce.

En todo caso, ha defendido el trabajo de la ONG con el lobo "siempre con la mirada puesta en su conservación, pero también de la ganadería extensiva porque es vital".

"Consideramos muy acertada la decisión de incluir al lobo en el Catálogo y creemos que es una gran oportunidad para el mundo rural y la ganadería", ha apostillado Del Olmo, que celebra el gran "éxito" que en apenas cinco días ha logrado el manifiesto.

A su juicio, lo más importante en el cambio de estatus de la especie es que modifica la gestión en el conjunto del país, donde es considerada una sola población en la que queda prohibida su caza deportiva, aunque no su control excepcional bajo criterios científicos.

"Lo más importante del dictamen es que iguala la protección en el norte y en el sur del Duero donde toda la población se deberá tratar de una manera unificada", insiste.

El manifiesto defiende el acierto del Ministerio para la Transición Ecológica y su decisión que "no es política sino basada en la ciencia" y llama también a los sectores a trabajar "de forma conjunta" y dialogada en la coexistencia.

"Las cosas no pueden seguir como hasta ahora. Está en un estado de conservación desfavorable. El lobo presta servicios a los ecosistemas y debería colonizar la Península Ibérica y no estar acantonado solo en unos puntos de la Península", ha añadido Del Olmo. En su opinión, este es el momento y la oportunidad de recolocar y repensar la gestión del lobo, de manera coordinada.

"El mundo científico y las ONG tenemos que sentarnos a hablar y encontrar ese camino y hacer posible la conservación de esta especie fabulosa compatible con un mundo rural vivo que todos queremos", ha concluido.

Por su parte, el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Fernando Valladares --firmante del manifiesto-- ha destacado la importancia del lobo para el equilibrio de los ecosistemas en su función como depredador, aunque ha lamentado que el ser humano se lo ha ido quitando de encima hasta el punto en que ahora la especie no tiene margen para encontrar su nicho.

A su juicio, esta es una "buena oportunidad" para poner las patas del revés, pensar con honestidad y soltar las amarras del pasado y dejar de ver al lobo como lo que quedó de la ley de alimañas.

"Es fácil llevarse bien con un koala, pero con un lobo se ve la capacidad de convivencia del ser humano. Esta va a ser la prueba de que realmente puedes ver la naturaleza con su ecosistema completo. Nos va a hacer mejores personas. Ahora lo más sensato es llevarse bien con el lobo aunque te coma alguna oveja o te dañe el ganado", ha valorado.

Por su parte, la responsable del programa de especies amenazadas de WWF, Gema Rodríguez, ha apostado por el trabajo conjunto con los ganaderos realizado desde hace décadas por la ONG que "ha demostrado que la prevención sí funciona", con medidas como mastines, cercados, entre otras que han logrado reducir los ataques al ganado entre un 60 y un 80 por ciento y lograr un nivel de satisfacción de los ganaderos "muy altos".

Por ello, asegura que la apuesta de WWF pasa por asesorar a los ganaderos y por que las administraciones financien estas medidas de prevención porque "un ganadero no debe correr con los gastos de mantener al lobo". "Tenemos la solución pero falta la implantación", admite Rodríguez, que no cierra la puerta a que en los casos en los que fallen todas las medidas, puedan efectuarse controles letales siempre que esté justificado.

El manifiesto, que sigue abierto a firma, ha recopilado en cinco días 469 apoyos entre los que figuran más de 120 investigadores; 96 profesores universitarios; 25 catedráticos de Ecología y Zoología y más de 60 investigadores del CSIC.

La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado este martes vía libre a la publicación de las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes el pasado mes de octubre.

La totalidad de ese código entró en vigor entonces, salvo la parte relativa al registro de las declaraciones de intereses, ya que se acordó dar de plazo a sus señorías hasta el 15 de febrero para presentarlas.

Una semana después de esa fecha, el órgano de gobierno de la Cámara ha dado traslado de las mismas a la Oficina de Conflicto de Intereses y el visto bueno para su "inmediata" publicación en el Boletín del Congreso y su página web. Sin embargo, no se comprobará expresamente la veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y cada diputado se hará responsable de su contenido.

En esa declaración de intereses económicos cada parlamentario debe consignar las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

VIAJES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

También tienen que informar en la declaración de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.

Sus señorías han de comunicar, asimismo, las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a su desembarco en las Cámaras, o sigan contribuyendo tras obtenerla, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados.

En cada una de las Cámaras se ha creado un Registro de Intereses que depende directamente de la Presidencia, aunque su gestión administrativa corresponderá a los órganos competentes de la Secretaría General de cada una de ellas.

En ese registro se custodiarán las declaraciones de intereses económicos, que podrán ser consultadas por la ciudadanía a través de las páginas web de ambas Cámaras, donde también están publicadas las declaraciones de patrimoniales y las relativas a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores.

CONFLICTO DE INTERESES

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, "tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general".

Por contra, "no existirá conflicto de intereses cuando se obtenga algún beneficio únicamente por pertenecer al conjunto de la población o a una categoría amplia de personas".

Cuando exista un conflicto de intereses, el parlamentario deberá informar del mismo a la Presidencia del órgano correspondiente antes del inicio del debate del asunto que le afecte. Si duda de que exista o no, podrá dirigirse, "con carácter confidencial", a la Mesa de la Cámara para que resuelva lo que proceda, pudiendo pedir un informe a la Comisión sobre el Estatuto de los Diputados o a la de Incompatibilidades del Senado.

La Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, podrá solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del código por parte de un parlamentario, especialmente en el caso de conflicto de intereses.

Las encargadas de elaborar un informe sobre la posible infracciónserán la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, que deberán escuchar al afectado y podrán en recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses correspondiente.

LAS MESAS DECIDEN SOBRE LAS SANCIONES

El informe de la comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, proponer, en su caso, la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara. Serán las Mesas del Congreso y el Senado, respectivamente, las que resuelvan si se impone o no sanción.

En el Congreso, la Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de velar por la correcta aplicación del código y resolver las dudas que genere su aplicación está dirigida por el letrado Javier Ballarín Iribarren.

Este órgano tiene encomendado actuar "con total reserva respecto de las dudas planteadas" y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento "la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "anomalía democrática" que el Gobierno de España tenga como socios a partidos nacionalistas e independentistas que han rechazado participar en el acto de este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y que proclaman su intención de "destruir" la democracia constitucional.

"Hoy no están los nacionalistas y separatistas vascos, catalanes y gallegos porque realmente no celebran que la democracia española solventara este reto y se consolidara" porque "ellos también aspiran a destruirla de otras formas", ha declarado en una rueda de prensa en la Cámara Baja antes de asistir al acto oficial, que estará presidido por el Rey Felipe VI y en el que además se celebra la vigencia de la Constitución de 1978.

Arrimadas ha lamentado que esos partidos que hoy "no celebran el triunfo de la democracia" el 23-F sean "socios permanentes y estables" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. "Eso sí que es una anomalía democrática", ha dicho en alusión a las palabras del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, sobre que en España no hay "plena normalidad democrática".

Las formaciones que no acuden a la cita en el Congreso son Esquerra Republicana de Catalunya, el PNV, EH Bildu, Junts per Catalunya, el PDeCAT, el BNG y la CUP, en línea con lo que suelen hacer en los actos en los que participa el Rey o que conmemoran los aniversarios de la Carta Magna.

La líder de Cs también ha criticado que sean precisamente estos partidos los que más insisten en que se reforme la ley de secretos oficiales para desclasificar información sobre lo que ocurrió en el intento de golpe de Estado de 1981. "No sé si son los más indicados para hacer peticiones de este tipo", ha añadido.

FRENTE AL GOLPE, "UNIÓN DE TODOS LOS DEMÓCRATAS"

Y "más allá de cuestiones puntuales", considera que "lo que sí sabe la sociedad española" es que aquel episodio fue "una de las mayores afrentas a la democracia de nuestro país".

Asimismo, ha señalado que en España no ha habido otro "golpe" y "desafío a la democracia" hasta el año 2017 --por el referéndum ilegal en Cataluña y la declaración unilateral de independencia--, aunque "de formas diferentes", y que en el 23-F fue muy importante "la unión de todos los demócratas" y el "apoyo absolutamente unánime de la sociedad" a la nueva etapa iniciada tras la dictadura franquista.

Arrimadas ha destacado que, después de horas de "incertidumbre" y "mucho miedo" para millones de españoles, la democracia "venció y se consolidó" y "los golpistas no se salieron con la suya". Por ello, ha expresado su agradecimiento a la generación de la Transición y ha hecho un reconocimiento a "todos los que hicieron posible que ese golpe de Estado fracasara".

Concretamente, ha mencionado a los diputados y miembros del Gobierno, a los militares que "permanecieron fieles a la Constitución" y a periodistas, así como al entonces jefe de Estado, Juan Carlos I, cuya intervención, según ha indicado, "fue decisiva para garantizar el triunfo de la democracia".

La presidenta de Ciudadanos ha afirmado que la lección del 23-F es que no se puede "dar por descontada" la democracia, sino que es necesario "cuidarla, respetarla y protegerla" cada día.

Ha asegurado que eso es lo que hará la formación naranja "desde el centro político y desde el liberalismo", como una alternativa al bipartidismo del PSOE y el PP que continuará trabajando para que la democracia "siga triunfando" y para que "los que aspiran a destruirla", como "el populismo y el nacionalismo", "nunca lleguen a conseguir su objetivo".