El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la ministra de Política Territorial y Función Pública, la socialista Carolina Darias, será la nueva responsable de la cartera de Sanidad y se encargará de la gestión de la pandemia del coronavirus, en plena tercera ola y con los contagios disparados, en sustitución de Salvador Illa, quien deja el cargo para liderar la candidatura del PSC en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Además, ha anunciado que la vacante de Darias al frente de Política Territorial será ocupada por el líder del PSC y antes candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, quien a finales de diciembre anunció que daba un paso atrás y cedía a Illa el primer puesto de la lista electoral para las catalanas.

Así lo ha comunicado Sánchez en una breve declaración que ha realizado en Moncloa tras informar al Rey de estos dos cambios; una comparecencia en la que ha vuelto a alabar la gestión de Illa y le ha definido con una palabra: «respeto».

«Ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros. Nunca ha presumido de sus logros, y siempre ha pedido disculpas por sus errores. Tiene una enorme vocación de servicio público», ha destacado.

Además, ha recordado que si bien fue nombrado ministro «para poner en marcha la ampliación de servicios para una sanidad pública de calidad y para impulsar otras muchas medidas que figuraban en el programa de Gobierno», poco después «se encontró con la obligación de gestionar la respuesta a la pandemia más terrible del último siglo».

PRIMERA REMODELACIÓN DEL GOBIERNO DE COALICIÓN, EN EL ALA SOCIALISTA

Se trata de la primera remodelación en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que llega cuando acaba de cumplirse un año desde la toma de posesión el pasado 13 de enero de 2020, y que afecta solo a dos Ministerios en manos de los socialistas.

«Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones», ha confirmado Sánchez este martes, tal y como llevaban defendiendo sus ministros desde que se hizo público hace un mes que Illa dejaría Sanidad. Tanto Darias como Iceta llevaban sonando como favoritos desde entonces para los cargos que ahora asumen.

DARIAS, EN «PRIMERA LÍNEA» FRENTE AL COVID JUNTO A ILLA

«Los nuevos ministros, Carolina Darias y Miquel Iceta, conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. Les avala su experiencia y sus cualidades», ha defendido Sánchez, antes de destacar en concreto que Darias lleva meses en «el día a día de la gestión de la pandemia» junto a Illa, «en primera línea del equipo frente al virus», por ejemplo, participando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

De este modo, con el relevo de Darias por Illa, el presidente del Gobierno pretende dar continuidad a la gestión del catalán al frente de Sanidad estos meses, sumando además su experiencia como responsable de las relaciones con las comunidades como ministra de Política Territorial.

ICETA, UN «ESTUDIOSO DE LA POLÍTICA» Y PERSONA DE «CONSENSOS»

Y de Iceta, Sánchez ha destacado que «es un político muy conocido», un «estudioso de la política» y «una persona de ideas y de construir consensos». «Miquel es la persona que encontrarán declinando todos los verbos con ese prefijo: cooperación, colaboración, coordinación, cogobernanza. Miquel es un hombre de acuerdo y también de concordia», ha ensalzado.

Con la entrada del líder del PSC en el Gobierno, Sánchez premia su gesto de «generosidad» –tal y como él mismo lo describió– al renunciar a su candidatura a la Generalitat. Iceta tomó esta decisión a mediados de noviembre tras asumir que el ministro era una mejor opción para lograr un buen resultado en las elecciones catalanas, y así se lo trasladó entonces a Sánchez.

«Desde sus nuevas responsabilidades ayudarán al Gobierno en la labor de afrontar los desafíos que nuestro país tiene por delante. Los nuevos ministros cuentan con mi absoluta confianza. También con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades», ha apostillado.

Sánchez ha concluido su breve declaración defendiendo que «cada día que pasa, el Gobierno avanza en sus objetivos». «Frente al miedo y la incertidumbre lo que tenemos que hacer es abonar la esperanza y confianza en nuestro país. Les garantizo que el Gobierno seguirá trabajando, con humildad, con dedicación, en una única dirección, que es continuar el rumbo hacia España que los españoles se merecen y la que todos queremos», ha zanjado.

La decisión de Illa de asumir la candidatura del PSC para presidir la Generalitat se hizo pública el 30 de diciembre, pero el ministro saliente explicó entonces que seguiría volcado «al 101%» en el Ministerio y en enfrentar la pandemia, y que no se iría hasta que arrancara la campaña electoral.

Ahora, un mes después, y a tres días de que empeice la campaña de las elecciones catalanas, Illa deja el Ministerio en plena tercera ola y con los contagios disparados. Y también se va con duras críticas de la oposición, primero, por ostentar durante un mes esa doble condición de ministro y candidato, y ahora, por irse antes de ofrecer su última comparecencia en el Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia, que estaba prevista para este jueves.

Es más, el hecho de irse antes de su comparecencia mensual en la Cámara Baja ha generado incluso malestar en sus socios de Gobierno de Unidas Podemos.

El procedimiento impuesto por el PSOE y Unidas Podemos para la aprobación de las comparecencias que van a tener lugar en la comisión de investigación sobre la operación ‘Kitchen’ facilita que el excomisario José Manuel Villarejo no sea citado por este órgano aún en el probable caso de que su presencia sea solicitada por toda la oposición, que suma más votos que los dos partidos que apoyan al Gobierno.

Y es que, según han explicado fuentes parlamentarias, socialistas y morados hicieron valer su mayoría en la mesa de la comisión –donde hay dos diputadas del PSOE, uno de Unidas Podemos, y dos representantes del PP– para establecer que las peticiones de comparecencia registradas por cada grupo se votarán en bloque y no por separado, como suele ser tradición en estas comisiones.

De momento, los siete partidos que han registrado ya sus solicitudes de comparecencia (Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu, PNV y la CUP), han incluido en sus listados a Villarejo. También prevé hacerlo Más País y hasta el PP está barajando pedirlo, según avanzan fuentes ‘populares’. Los grupos que aún no han presentado sus nombres tienen de plazo hasta este miércoles a medio día para hacerlo.

SE VOTARÁN EL JUEVES

El PSOE y Unidas Podemos todavía no han dado a conocer sus propuestas pero ya han dejado claro que no tienen intención de citar, al menos de momento, a Villarejo. Los socialistas siempre han sido reticentes a llamarle y Unidas Podemos venía reclamando insistentemente su presencia hasta que, la semana pasada, el vicepresidente de la comisión, Enrique Santiago, desveló que ahora ya no lo consideran urgente dada la escasa «credibilidad» del excomisario.

Una vez todos registren sus solicitudes, la comisión se reunirá este jueves, a puerta cerrada, para aprobar una primera ronda de comparecientes. Los grupos que apoyan al Gobierno quieren que los primeros en desfilar sean los mandos políciales implicados en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y, el resto de partidos da por hecho que al final eso será lo que triunfe.

Y es que, al votarse en bloque todas las solicitudes de cada partido, es prácticamente imposible que ninguna lista de la oposición salga adelante. No sólo porque no recibirán apoyo de PSOE y Unidas Podemos, sino porque tampoco recabarán la mayoría suficiente para doblegar a los os partidos del gobierno, ya que en la práctica totalidad de los listados hay nombres que el resto de la oposición veta.

VETOS CRUZADOS

ERC, por ejemplo, quiere citar a todos los ministros del Interior desde 1982 para ver cómo se han usado los fondos reservados y también a Pablo Casado y José María Aznar, lo que el PP no va a apoyar, como tampoco respaldará el listado de la CUP que pide que desfile hasta Juan Carlos de Borbón.

El PP aún no ha cerrado su relación, pero, según han explicado fuentes del partido, además de a Villarejo barajan incluir al comisario al inspector jefe Rubén Eladio López, a quien el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, nombró director de Emergencias y Gestión de Crisis tras la polémica por la escala en España de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez. Este inspector fue mano derecha durante el Gobierno del PP de Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos, y ambos se enfrentaron a Villarejo.

Los ‘populares’ también están pensando en meter el nombre de Telesforo Rubio, que fue comisario general de información durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ahora ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, cuando era juez instructor del caso ‘Faisán’, allá por 2006, le apartó de la investigación al descubrir que había tardado tres días en informarle de se había producido un chivatazo a ETA.

El excomisario José Luis López Esteban, que fue responsable de seguridad del PSOE en los años 80, en 2002 fue nombrado número dos en la Jefatura de Policía de Madrid y llegó a ser secretario de Alfredo Pérez Rubalcaba, es otro de los nombres que podrían registrar los ‘populares’.

TAMBIÉN CONTROLARÁN LA DOCUMENTACIÓN

La estrategia del PSOE y Unidas Podemos de beneficiarse de la falta de acuerdo entre la oposición ya se vio en la primera reunión de la comisión la semana pasada, cuando el plan de trabajo propuesto por socialistas y morados salió adelante sólo con sus 155 votos. Fue así gracias a la abstención de Ciudadanos, Bildu y Compromís. El resto de la oposición votó en contra y reunió 153 sufragios.

Además, los dos partidos que integran el gobierno de coalición también tienen garantizado que se pedirá sólo la documentación que ellos quieran porque su plan de trabajo establece que eso lo decidirá la Mesa de la comisión, donde suman mayoría. Los grupos también deben registrar este miércoles sus solicitudes de informes.

El 64 por ciento de habitantes en 50 países que representan a más de la mitad de la población mundial considera que el cambio climático supone una emergencia global, según la mayor encuesta realizada por la Universidad de Oxford para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La encuesta ‘Peoples’ Climate Vote (el Voto por el clima)’ es la mayor encuesta de opinión pública realizada sobre el cambio climático ya que abarca a 50 países con más de la mitad de la población mundial. Además, incluye más de medio millón de personas menores de 14 años, un segmento demográfico clave que normalmente no puede participar en los procesos electores normales.

Los resultados detallados de la encuesta, desglosados por edad, género y nivel educativo, serán trasladados a gobiernos de todo el mundo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ente organizador de la innovadora encuesta junto con la Universidad de Oxford.

En muchos de los países participantes, esta es la primera vez que se realiza una encuesta de opinión a gran escala sobre el cambio climático. Los resultados buscan aportar información a las negociaciones en la Cumbre del Clima de la ONU (COP26) que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

La encuesta preguntó a los participantes si consideran que el cambio climático es una emergencia global y si estaban a favor de dieciocho políticas climáticas clave dentro de seis ámbitos de actuación: energía, economía, transporte, agricultura y alimentación, naturaleza, y protección de las personas.

Los resultados reflejan que muchas veces los ciudadanos desearían políticas climáticas amplias que superen el marco de medidas actual. Por ejemplo, en ocho de los diez países encuestados con las emisiones más altas del sector eléctrico, una mayoría dio su respaldo a las energías renovables.

En cuatro de cada cinco países con las emisiones más altas a consecuencia de los cambios en el uso de la tierra y con datos suficientes sobre las políticas preferidas, se observó un respaldo mayoritario a la conservación de los bosques y de la tierra al tiempo que en nueve de cada diez países con una población más urbanizada se mostraron a favor del uso de coches y autobuses eléctricos, o de bicicletas.

El administrador del PNUD, Achim Steiner, ha subrayado que «independientemente de cuál sea su origen, los ciudadanos coinciden en que el cambio climático constituye una emergencia global».

Además, ha destacado que también muestra que las personas «son conscientes» de la escala de acción que se necesita, desde una agricultura respetuosa con el clima, a la protección de la naturaleza, y la inversión en una recuperación verde.

«El ‘Voto por el clima’ otorga a los países un mandato claro para adoptar medidas climáticas amplias con el apoyo de la opinión pública», señala.

La innovación en esta encuesta del PNUD es que fue distribuida a través de redes de juegos para dispositivos móviles con el propósito de incluir a grupos de personas a las que es difícil acceder con los métodos de encuesta tradicionales, como los menores de 18 años.

Expertos en demoscopia de la Universidad de Oxford procedieron a una ponderación de la enorme muestra obtenida para hacerla representativa de los perfiles de edad, género y nivel educativo de los países participantes en la encuesta y cuenta con un margen de error de +/-2%.

Las políticas que recibieron más apoyo fueron las de conservación de los bosques y la tierra (54% de respaldo público), más energía solar, eólica y renovable (53%), adopción de técnicas agrícolas respetuosas con el clima (52%), y mayores inversiones en negocios y empleos verdes (50%).

El profesor Stephen Fisher, del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford, defiende que la encuesta del sondeo de opinión sobre el cambio climático «más importante jamás realizada» ha mostrado que las redes de los juegos para dispositivos móviles pueden no solo llegar a mucha gente, sino que son capaces también de atraer la participación de diferentes tipos de personas en un grupo diverso de países.

«El Voto por el clima nos ha dejado una abundancia de información sobre la opinión pública que nunca hasta ahora habíamos visto», ha manifestado Fisher que celebra que el reconocimiento de la emergencia climática «está mucho más extendido» de lo que se pensaba anteriormente.

El profesor subraya también que los resultados muestran también claramente que la mayoría de la población quiere medidas de política robustas y amplias y que la encuesta revela una vinculación directa entre el nivel educativo de la persona y su deseo de que se adopten medidas climáticas.

En concreto, concluye que existe un reconocimiento muy elevado de la emergencia climática entre los encuestados con educación universitaria en todos los países, desde países menos adelantados como Bhután y la República Democrática del Congo (82% en ambos) a países ricos como Francia (87%) y Japón (82%).

En lo que respecta a la edad, se observó que las personas jóvenes (menores de 18 años) tienen una mayor probabilidad de creer que el cambio climático supone una emergencia climática que las personas por encima de esa edad.

Sin embargo, otros grupos de edad no quedan lejos; así, el 65% de las personas entre 18 y 35 años, el 66% del grupo de 36 a 59, y el 58% de los mayores de 60 años perciben también la emergencia climática, lo que ilustra el amplio alcance de esta perspectiva.

No obstante, los resultados por países representan lo que piensan las personas que se encuentran físicamente en cada país de modo que no representa la opinión de los ciudadanos legales de un país. Es decir, representan, por ejemplo lo que opinan las personas que están en Francia pero no lo que piensan los franceses.

MLa vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, cree que es fundamental mantener o aumentar la inversión en la modelización de datos meteorológicos para contar con datos precisos que se adapten a las necesidades de los ciudadanos y contribuyan a reducir o minimizar los riesgos asociados al cambio climático ante eventos extremos cada vez más frecuentes como ‘Filomena’.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ribera ha insistido en la necesidad de reforzar las redes de información como ya lo hace la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Para la ministra el aumento de fenómenos meteorológicos extremos exige invertir en sistemas de alerta y sobre todo de divulgación.

Aprovechando la celebración este martes del Día de la Educación Ambiental, ha defendido que se trata de algo más que el currículum reglado sino que se trata de hacer entender la complejidad de fenómenos importantes para la vida y las consecuencias del capital natural, económico y construir resiliencia para disminuir los costes asociados a este tipo de impactos.

«El año 2021 ha iniciado de forma contundente», ha admitido la vicepresidenta cuarta que considera que estos fenómenos son «llamadas de atención» en torno al cambio climático y la necesidad de impulsar la transición energética.

Además, ha recordado que ‘Filomena’ ha provocado un gran impacto a su paso con «nevadas excepcionales», seguida por una ola de frío con temperaturas extremas muy por debajo de las medias estadísticas, que han dejado posiblemente «la peor nevada en más de 100 años en la capital» tanto por intensidad como por espesor acumulado.

Esta situación, ha destacado, junto a la ola de frío y la llegada sucesiva de frentes atlánticos, con lluvias y vientos generó una advertencia para garantizar que no se materializaran riesgos de inundaciones y que «todo funcionara correctamente desde el punto de vista hidrológico».

A su juicio, estos episodios refuerzan la inquietud por los efectos del cambio climático por la capacidad de fortalecer resiliencia y adaptación a dichos impactos. «Nos advierten y enseñan hasta que punto es importante contar con un buen sistema de observación, un buen sistema de predicción, de previsión, predicción, alertas y un buen sistema de comunicación, de ciencia, entendimiento social para construir sociedad y sistemas económicos resilientes», ha expresado.

Ribera concluye que se puede decir que Filomena contó con una gran predicción y una elevada precisión a corto plazo que puso al descubierto como es «fundamental acortar la brecha» entre el desarrollo de la ciencia y la comunicación social, la necesidad de mejorar la comprensión por parte de la sociedad sobre las consecuencias de estos fenómenos en las infraestructuras, los sectores económicos y en la vida cotidiana.

De ese modo, ha insistido en la importancia de reducir esa brecha no para eliminar la vulnerabilidad a los impactos meteorológicos y climáticos, pero sí para reducirlo «de manera significativa» a través del fortalecimiento de herramientas de anticipación, resiliencia y reducción.

La vicepresidenta ha defendido que estas son prioridades del Gobierno pero también de todos los responsables institucionales y representantes de la sociedad que están «esencialmente de acuerdo» en este aspecto.

A pesar de que los expertos sostienen que los centros educativos no son uno de los principales focos de contagio de COVID-19, las Navidades se han dejado notar en los colegios e institutos tras detectarse un considerable aumento en las cifras de positivos entre alumnos y profesores y, por tanto, en el número de aulas confinadas por algún positivo.

El curso escolar terminó antes de las vacaciones de Navidad con un 0,6% de las aulas confinadas por la confirmación de casos positivos de COVID-19, unas 2.500 aulas de todo el territorio español, según los datos que las comunidades facilitaron al Ministerio de Educación y FP.

Ahora, hay más de 4.500 aulas que han paralizado la actividad docente presencial, según los datos que han aportado las comunidades autónomas, a excepción de Comunidad Valenciana y Madrid. El sindicato STEs identifica, por su parte, cerca de 4.400 aulas en cuarentena, según su último informe, en el que los datos más antiguos son del 19 de enero y los más recientes del 26, y en el que no figuran seis regiones.

En algunas comunidades, las aulas en cuarentena se han multiplicado hasta por 12, como es el caso de País Vasco, que hasta el 18 de diciembre notificaba 74 grupos confinados, el 0,42% del total de las 17.554 existentes desde los 2 años hasta educación no universitaria postobligatoria en el curso 2020-2021.

Aunque la primera semana tras las vacaciones de Navidad, las aulas con algún contagio de COVID bajaron a 13 (el 0,07%), a día de hoy el Gobierno vasco ha notificado hasta 164 aulas en cuarentena, lo que supone cerca de 13 veces más que hace dos semanas, lo que supondría el 0,93% del total.

En Andalucía también se ha notado especialmente en la Educación el aumento de contagios generalizado que se está dando en las últimas semanas en España. Así, esta región mantiene 17 centros educativos cerrados totalmente, bien sea de la escuela pública, concertada o privada, la misma cifra que el pasado viernes y nueve más que el martes anterior.

En cuanto a aulas con alumnos en cuarentena, hay actualmente 705 clases confinadas, es decir, el 0,9% de las 78.024 que hay en la comunidad, 129 más que hace cuatro días y 300 más que hace una semana, es decir, se han incrementado hasta un 74% en tan solo una semana.

Otra comunidad en la que se han multiplicado los contagios es La Rioja, que ha notificado hasta el triple de aulas confinadas, pasando de 10 (el 0,29%) a 33 en la actualidad (el 0,9%) o Castilla-La Mancha, donde tras el regreso de los estudiantes se ha notificado un 0,75% de las aulas en cuarentena, cuando el primer trimestre terminó con una media del 0,37%.

Pero las regiones donde más está afectando la incidencia del coronavirus en la comunidad educativa es Castilla y León y Murcia.

En el caso de la primera, el 23 de enero se informó del cierre de 30 clases (el 0,18% de las 16.318 que hay en la región), una cifra bastante similar a la registrada el 12 de enero (37 aulas), coincidiendo este dato con la ‘vuelta al cole’ de miles de alumnos en la región tras las vacaciones navideñas.

Pero a fecha 19 de enero, los grupos en cuarentena ascendieron a 389, la cifra más alta desde el comienzo de curso, subiendo hasta el 2,38% del total. Aunque este martes el Gobierno regional ha informado de que por primera vez en este trimestre el número de clases confinadas ha disminuido, continúan sin clase presencial por algún positivo de COVID un total de 369 aulas, el 2,26%.

También llama la atención el caso de Murcia, que con fecha 22 de diciembre había 36 aulas en cuarentena, lo que representaba el 0,46% del total, número que se ha disparado a 94, según los datos aportados este mismo martes por el Ejecutivo murciano, representando así el 4,23%, una de las cifras más altas en términos porcentuales de todo el país.

La tripulación de la primera misión espacial orbital totalmente privada incluirá a cuatro hombres, en concreto tres turistas espaciales como clientes y un ex astronauta de la NASA como comandante.

Según informó Axiom Space, la empresa que organiza el viaje con destino a la Estación Espacial Internacional, el pasaje de la nave Crew Dragon que ha fletado para el viaje incluirá a Larry Connor, un empresario estadounidense de tecnología y bienes raíces de 71 años; Eytan Stibbe, empresario y ex piloto de combate israelí, segundo en su país en viajar al espacio; Mark Pathy, un inversionista y filántropo canadiense; y Michael López-Alegría, astronauta retirado de la NASA, de origen español, que registró casi 260 días en cuatro misiones anteriores.

OCHO DÍAS DE MICROGRAVEDAD

El vuelo Axiom Mission 1 (Ax-1) se está organizando en virtud de un acuerdo comercial con la NASA. Esta misión de Axiom permitirá a la tripulación vivir a bordo del complejo orbital y experimentar al menos ocho días de microgravedad y vistas de la Tierra que solo se pueden apreciar plenamente desde la Estación Espacial. Según The Washington Post, cada pasaje de turista espacial cuesta 55 millones de dólares.

Connor, que ha volado más de 16 aviones diferentes y compitió en el Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea de EE.UU., servirá como piloto del Dragon y se convertirá en el primer astronauta particular en pilotar una misión espacial orbital. SpaceX diseñó su cápsula Dragon tripulada para volar de forma autónoma, con la participación humana solo necesaria en situaciones de emergencia.

Dependiendo de otras actividades programadas en la estación espacial, la misión Ax-1 podría lanzarse tan pronto como enero de 2022.

A los 71 años, Connor se convertirá en la segunda persona de mayor edad en volar al espacio (solo superado por el fallecido John Glenn, quien realizó su segundo vuelo espacial a la edad de 77 años). Director de The Connor Group, una firma de inversión en apartamentos de lujo con más de 3.000 millones en activos, Connor también cofundó dos compañías de tecnología financiera y estableció The Connor Group Kids & Community Partners, que atiende a jóvenes desfavorecidos en las comunidades donde opera The Connor Group.

Además de volar, Connor también compite en carreras todoterreno, ha hecho rafting en el río Zambezi en África y el río Futaleufu en América del Sur y ha alcanzado la cima del Monte Kilimanjaro en África y el Monte Rainier en el estado de Washington.

Pathy, de 50 años, será el undécimo canadiense en volar al espacio, después de nueve astronautas de la Agencia Espacial Canadiense y cofundador del Cirque du Soleil, quien se convirtió en el primer supuesto «turista espacial» de Canadá en 2009, informa Space.com.

Pathy es el director ejecutivo y presidente de Mavrik, una empresa de inversión y financiación de propiedad privada, y es el presidente de la junta directiva de Stingray Group, una empresa de música, medios y tecnología, ambas con sede en Montreal. También es miembro de la junta de la Pathy Family Foundation y es miembro de las juntas y comités ejecutivos de Dansla Rue y de la Montreal Children’s Hospital Foundation.

Stibbe, quien nació en Haifa, será el segundo israelí en lanzarse al espacio, siguiendo a su amigo Ilan Ramon, quien murió trágicamente en el transbordador espacial Columbia en 2003.

Stibbe fundó Vital Capital Fund, que se centra en empresas comerciales y financieras principalmente en África. También es uno de los fundadores y es miembro de la junta del Centro de Estudios Africanos de la Universidad Ben-Gurion y es miembro de la junta de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la educación, el arte y la cultura. A los 63 años, Stibbe se convertirá en la tercera persona de mayor edad en entrar en órbita.

López-Alegría será el primer ex astronauta de la NASA en regresar a la órbita y visitar la ISS. También tendrá 63 años cuando se lance, pero es cinco meses más joven que Stibbe.

Axiom Space, fundada por el exgerente del programa de la estación espacial de la NASA, Michael Suffredini, organizará el entrenamiento y supervisará las operaciones en vuelo de la tripulación del Ax-1, con López-Alegría como representante de la compañía mientras está en el espacio.

La misión Ax-1 es la primera de una serie de vuelos a la estación espacial, incluido uno posiblemente tripulado por el actor Tom Cruise y el director Doug Liman, que son precursores del lanzamiento de Axiom y la conexión de nuevos módulos comerciales a la ISS. El segmento Axiom servirá como banco de pruebas para la estación Axiom de vuelo libre planificada de la compañía.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha autorizado este martes la licitación de la actuación ‘Puesto Educativo en el Hogar’ para Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco dentro del programa ‘Educa en Digital’, cuyo objetivo es apoyar la transformación digital de la educación en España apoyando a los alumnos más vulnerables.

Esta actuación supone la adquisición de más de 100.000 equipos informáticos con conectividad que facilitarán la educación digital, tanto desde el hogar como de forma presencial, a los alumnos de familias vulnerables que estudien en centros educativos sostenidos con fondos públicos de estas comunidades autónomas.

De los 100.000 equipos que el Gobierno adquirirá para alumnos vulnerables, un total de 7.283 serán para estudiantes de Castilla y León; 50.908 para la Comunidad Valenciana; 30.656 para la Comunidad de Madrid; 3.150 para Navarra; y 8.366 para el País Vasco.

Se trata de la segunda licitación lanzada tras la realizada el pasado mes de octubre para dotar con más de 100.000 ordenadores y tablets a los alumnos de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se prevé que los primeros equipos sean puestos a disposición en el mes de marzo.

El importe de esta segunda actuación asciende a casi 50 millones de euros, de los que la empresa pública ‘Red.es’ aportará casi 40 millones a través de los fondos FEDER y, el resto, será cofinanciado por las comunidades autónomas.

EDUCA EN DIGITAL

El programa ‘Educa en Digital’ fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de junio de 2020 y contempla dotar a los centros educativos de equipos con conectividad fiable y de calidad para que puedan ser prestados y puestos a disposición de los estudiantes que no dispongan de este equipamiento para poder acceder a la educación con medios digitales, tanto en el hogar como en el propio centro educativo.

También abarca otra serie de actuaciones tales como la puesta a disposición de aplicaciones, herramientas y recursos curriculares que faciliten la educación digital, tanto presencial, en el centro, como desde el hogar, y la formación de profesores, con el fin de dotar a la comunidad educativa de recursos educativos digitales.

El programa movilizará inicialmente 230 millones de euros, de los cuales Red.es aportará un presupuesto inicial máximo de hasta 190 millones de euros, con la cofinanciación de los fondos FEDER.

Siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020 en España, el programa requiere la firma de convenios entre las comunidades autónomas y ‘Red.es’ para la realización de licitaciones separadas siguiendo las indicaciones y requisitos determinados por las autoridades educativas.

Patronales de residencias han criticado que el ministro de Sanidad Salvador Illa, que este martes abandona su cargo, ha sido «el gran desaparecido» para el sector de la dependencia durante la pandemia de la Covid-19 porque no se ha reunido con ellos, y lamentan que se marche en medio de la tercera ola que les está haciendo «muchísimo daño».

El secretario general de la Asociación de Empresas para el Servicio de la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, ha asegurado que «para el sector de las personas mayores y en situación de dependencia Salvador Illa ha sido el gran desaparecido durante la pandemia».

«No podemos decir que haya sido un buen ministro para el sector», ha declarado Cubero. Y aunque ha reconocido que tuvo «mala suerte» porque se encontró la pandemia al poco tiempo de llegar al Ministerio, lamenta que desde el sector no han podido mantener «ninguna reunión» con él, a pesar de haberlo solicitado «en repetidas ocasiones».

También ha indicado que, al estar las competencias transferidas, les ha tocado trabajar con todas las consejerías de las distintas comunidades autónomas, pero ha precisado que la labor del ministro es «coordinar» y, en este sentido, han «echado en falta un cierto diálogo, alguna reunión», en la que les hubiera gustado trasladarle sus demandas.

A su juicio, a Illa «también le ha faltado carácter para ponerse al frente de esta crisis, para tomar las decisiones adecuadas y tener una cierta previsión». En todo caso, le desean «la mejor de la suertes en la nueva etapa».

Igualmente, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS), Cinta Pascual, ha lamentado que Illa «termina sus funciones en el Ministerio sin haberse reunido con un sector que atiende a 385.000 personas, muchos de ellos con enfermedades crónicas y algunos, con enfermedades crónicas avanzadas».

Asimismo, ha advertido de que se ha llegado «un poquito tarde» con la vacuna y que la tercera ola les está haciendo «muchísimo daño». «Estos diez días que llevamos de atrasos en la organización y en las segundas dosis, es una lástima porque llegamos un poquito tarde», ha criticado.

En definitiva, Pascual considera que «no es un buen momento» para que Salvador Illa deje el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, pero, en todo caso, también le desean «toda la suerte del mundo» en su nueva tarea.

UNA SITUACIÓN DE «HORROR» POR ACTUAR «TARDE Y MAL»

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Juan Manuel Martínez, ha indicado que Salvador Illa «ha actuado tarde y mal» en la gestión de la pandemia en las residencias de personas mayores, donde se ha vivido «una situación de horror».

A su juicio, al «desconocimiento» del hasta ahora ministro de Sanidad se sumó la ausencia de un «equipo de expertos» a su alrededor que hubieran permitido «una actuación más rápida y acertada». «Le disculpo como hombre pero no le puedo disculpar como ministro», ha precisado Juan Manuel Martínez.

Según ha precisado, el hecho de haber actuado de forma «lenta» ante la llegada del Covid-19 y el hecho de que esta infección afectase más a las personas vulnerables, mayores y con pluripatologías, «ha provocado la situación de horror que se ha vivido en las residencias».

Por ello, según ha dicho, las asociaciones de mayores, entre ellas CEOMA, han advertido «de forma reiterada» a las administraciones de que «se estaba produciendo casi un genocidio en las residencias» pero lamenta que «no se han tomado medidas suficientes» para detener la expansión del virus en estos centros.

Entre otras medidas, desde CEOMA creen que se debería haber hecho test a los residentes para separar a las personas contagiadas, que debería haber existido una coordinación sociosanitaria y que no se tendrían que haber realizado los triajes que se llevaron a cabo y que temen que se vuelvan a producir ahora, en medio de la tercera ola ante la saturación de las UCIs.

En el caso de CEOMA, según ha precisado su presidente, Salvador Illa sí respondió a su petición de reunirse aunque finalmente el encuentro no lo mantuvieron con el propio ministro sino con el director general de ordenación del Ministerio de Sanidad, que dimitió diez días después.

El Estado destina mensualmente más de 1,8 millones de euros al pago de una prestación a 2.836 militares de tropa y marinería que fueron obligados a abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.

La figura del Reservista de Especial Disponibilidad (RED) fue creada en el año 2006 como solución a la profesionalización de los Ejércitos. Desde entonces el número de militares que han llegado a los 45 años ha ido aumentando poco a poco y lo hará exponencialmente durante los próximos años.

El año 2021 ha comenzado con un total de 2.836 exmilitares acogidos a la figura de reservistas de especial disponibilidad. Esto les obliga a incorporarse a las Fuerzas Armadas cuando, en situaciones de crisis, lo autorice el Consejo de Ministros con carácter excepcional.

A cambio, reciben una prestación mensual que actualmente es de 664,30 euros, según ha detallado en una comparecencia en el Congreso la subsecretaria del Ministerio de Defensa, Amparo Valcarce. Esta paga es compatible con la prestación por desempleo y también con cualquier sueldo que provenga del sector privado, no así del sector público.

Valcarce ha detallado que, de los 2.836 RED que existen actualmente, un total de 800 están dados de alta en la Seguridad Social como receptores de otra retribución compatible con los 664,30 euros del Estado.

La situación de los militares temporales al cumplir los 45 años es una de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que piden medidas que van desde el fin de esta temporalidad a la mejora de la formación y convenios que faciliten su reinserción en el mercado laboral civil.

El número de miembros de tropa y marinería que llegan a esta situación va a ir aumentando progresivamente durante los próximos años. Según un informe del Ministerio de Defensa, más de 50.000 soldados se sumarán a esta situación de aquí al año 2.036.

El asunto fue objeto de debate en una subcomisión parlamentaria que aprobó, tras casi dos años de trabajo, un dictamen con un total de 40 medidas orientadas a la formación de los militares, la homologación con la enseñanza general de los cursos que reciben, su pase a la administración civil con la reserva de plazas en las convocatorias públicas o los acuerdos con el sector privado para facilitar su reinserción en el mercado laboral.

DEFENSA: LAS MEDIDAS «DAN FRUTOS»

En su comparecencia en el Congreso, Valcarce ha defendido que las medidas puestas en marcha por el Ministerio «están dando frutos» y suponen además una «base sólida» para «mejorar y dar respuesta a la situación de los soldados y marineros».

Entre las medidas adoptadas ha señalado un incremento «progresivo» de las plazas para el acceso de la escala de tropa y marinería a la relación de servicios de carácter permanente. Según ha señalado, fueron de 350 en 2018, se llegó a las 700 en 2020 y se espera estabilizarlas en el millar a partir de 2021.

También ha aludido a la reserva de plazas como personal laboral del Ministerio de Defensa, convenios con otras administraciones o el portal de empleo creado para facilitar su enlace con el sector privado.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid, Rosario de Fátima Espinosa, ha decidido archivar el caso ‘Navantia’, en el que se investigaban presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, al concluir que los 42 millones de euros que la empresa pública pagó a intermediarios para conseguir el contrato de venta de ocho buques a Venezuela se incluyeron en el precio final que pagó el por aquel entonces Gobierno de Hugo Chávez.

«Ha quedado acreditado que los 42 millones, precio del contrato de agente, fueron abonados por Venezuela como uno de los costes del buque», ha determinado Espinosa en un auto del 12 de enero avanzado por ‘El País’.

Fuentes de la empresa han expresado su respeto por las decisiones judiciales y han recordado que la propia Navantia estaba personada y «ha colaborado en todo momento con la justicia».

Lo hechos investigados se remontan a diciembre de 2004, cuando el entonces presidente de Izar (actual Navantia), Juan Pedro Gómez Jaen, encomendó a Francisco Javier Salas Collantes, antiguo presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y persona «muy vinculada al sector público» que había participado en la reestructuración de Izar, que viajara a Venezuela.

El propósito de este viaje era comprobar que los venezolanos Juan Rafael Carvallo y Pedro Enrique Malave, con quienes la empresa pública no tenía contacto desde el año 2000, «poseían la solvencia y capacidad para actuar como agentes mediadores en la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela».

«Fruto de esos contactos y relaciones», ha relatado Espinosa, se creó en Caracas la empresa Rebazve para la ejecución del futuro contrato de agencia, que Gómez Jaen y su director comercial, Jesús Arce Gómez, firmaron en febrero de 2005 en nombre de New Izar para «la promoción, comercialización y venta de buques al Gobierno de Venezuela».

Meses después, en marzo de 2005, Gómez Jaen y Arce Gómez firmaron ya en representación de Navantia un «contrato idéntico» al primero, que se convierte en definitivo en septiembre de ese año. Ahí ya se estipuló que el agente mediador cobraría en función del precio fijado para el cliente y del número de productos para cada contrato.

En una «nota manuscrita» se precisaba que en este caso «la retribución al agente mediador ascendería al 3,5 por ciento del precio de los buques, es decir, más de 42 millones de euros, dado que el precio de los buques iba a ascender a 1.250 millones de euros». Finalmente, el contrato de venta de las ocho embarcaciones se firmó en noviembre de 2005.

UNA RETRIBUCIÓN «EXCESIVA»

Espinosa ha indicado que tanto Gómez Jaen como Arce Gómez «eran conscientes de que la retribución pactada con el agente era excesiva», pero también de que «iba a ser asumida por Venezuela al formar parte del precio final de las embarcaciones».

Esos 42 millones de euros fueron a parar a manos de Carvallo, Malave y otras cinco personas con porcentajes que iban desde el 7 al 30 por ciento. En el reparto de parte de los importes procedentes de Navantia, ha precisado la juez, «se usaron cuentas abiertas en Suiza y España y acabaron en entidades bancarias de paraísos fiscales (Islas Antillas y Dominica)».

«Para el reparto de los importes que se van a percibir en España», detalla el auto, «se utilizará la empresa de Antonio Rodríguez-Andía, Camino Nuevo», para lo cual a lo largo de 2006 firma dos contratos con Rebazve «para el buen fin de los acuerdos con Navantia» y un tercer contrato con otra empresa, MEDCO, con el mismo objeto.

Por este último contrato, Camino Nuevo acuerda pagar a Salas Collantes una retribución que consiste en el 50 por ciento del pago neto que perciba de Rebazve «por las labores de asesoramiento para llevar a cabo las gestiones encomendadas».

EL DESTINATARIO FINAL

La juez ha destacado que «no ha sido posible averiguar el destinatario final de los fondos recibidos por Rebazve, al haberse utilizado cuentas en el extranjero, incluidas en paraísos fiscales, pues las comisones rogatorias libradas no han tenido ningún resultado».

No obstante, ha especificado en el auto que, conforme a informes periciales, tanto Camino Nuevo como Rodríguez-Andía habrían defraudado a Hacienda en los impuestos de sociedades e IRPF, respectivamente, por cantidades que podrían constituir delito fiscal.

Sin embargo, a continuación Espinosa ha apuntado que en esa época hubo un cambio de legislación, por lo que «es lógico que el contribuyente tuviera dudas sobre el régimen legal aplicable» y que, en todo caso, no consta que hubiera expedientes administrativos sancionadores, de modo que ha considerado que, si en su momento la cuestión no tuvo «trascendencia tributaria», «difícilmente podrá ser valorada a efectos penales».

Con todo ello, y coincidiendo con el criterio del Ministerio Fiscal, la juez ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones «al no existir elementos indiciarios de la comisión de ilícito penal».

La primera fase de llegada del contingente contratado en origen para la campaña agrícola de la fresa y los frutos rojos de Huelva quedará completa esta semana cuando la provincia reciba a 1.470 temporeras, que llegarán el miércoles y el viernes en dos ferrys procedentes del puerto de Tanger MED con destino al Puerto de Algeciras.

Según han indicado desde el Subdelegación del Gobierno, en esta ocasión, en cada viaje está previsto que lleguen 735 mujeres, un número mayor que en los anteriores, y también con su correspondientes pruebas PCR negativa.

De este modo, tras esta primera fase que se completa con más de 4.000 trabajadoras, en la segunda llegarán a Huelva unas 3.700 y el resto hasta el 1 de marzo. En total, 14.000 trabajadoras contratadas en origen para la campaña agrícola 2020/2021. Asimismo, hay otras 2.800 mujeres de nueva contratación que se encuentran en reserva por si fuese necesario más mano de obra.

En este sentido, desde la Subdelegación han puesto en valor la complejidad de la logística sanitaria desde el origen para traer hasta la provincia a estas trabajadoras.

Este operativo supone la preparación en Marruecos para el viaje de estas personas (pruebas PCR, embarque etc.) y, una vez que las mismas llegan al puerto gaditano, al trámite habitual de revisión de pasaportes y visados, este año se suma la presentación obligatoria por parte de las trabajadoras del PCR negativo, tras lo que son recogidas en autobuses para trasladarlas a las cooperativas de la provincia de Huelva.

Para esto, consultores del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa (Prelsi) se trasladan a Algeciras para colaborar con el operativo de recepción de este contingente de temporeras marroquíes y hacer estos trámites lo más ágiles y cómodos posibles para las trabajadoras.

Así las cosas, Interfresa ha asumido «un nuevo reto que supera el acompañamiento en viaje que comenzó en la pasada campaña», y que abarcará no sólo esta asistencia y asesoramiento en los momentos previos a la llegada a los alojamientos, sino «una compleja labor de coordinación junto a las Fuerzas de Seguridad presentes en el Puerto de Algeciras».

Al llegar el ferry, los consultores de integración acceden al barco –en el que solo viajan las trabajadoras, para evitar riesgos sanitarios–, les informan detalladamente del procedimiento que se va a seguir para su entrada en España y se organizan grupos para que la recogida de equipajes y el desembarco sea lo más cómodo y ágil posible.

Las asociaciones participantes son seis, que han realizado el Plan de Acogida en algo más de 50 empresas pertenecientes a sus organizaciones (Asaja, Freshuelva, UPA, Fed Coop Andalucía, ACPH Citricultores y Fresón de Palos).

Para la recogida de las mujeres en el Puerto de Algeciras, cada asociación ha utilizado un color asignado mediante banderas en autobuses o indicaciones por parte de los mediadores, coincidente con pegatinas que las trabajadoras llevaban en el pasaporte, y al objeto de mejorar el sistema conjunto de orientación acordado, como plan de señalización del operativo.

Finalmente, y a pesar de que la Subdelegación del Gobierno en Huelva se encuentra realizando gestiones para facilitar la llegada de las temporeras al Puerto de Huelva –si pudiera llevarse a cabo–, esta primera fase se completará a través del Puerto de Algeciras.

El Juzgado de guardia de Detenidos 3 de Barcelona ha acordado este martes prisión provisional sin fianza para el hombre detenido el sábado como presunto autor de cinco delitos sexuales que vestía de repartidor, acechaba a sus víctimas y las atacaba dentro del portal en Barcelona.

El detenido ha pasado a disposición judicial durante la mañana y el Juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional por tres presuntos delitos de agresión sexual, si bien también le investigan por otros dos delitos sexuales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Según el auto del juzgado, todos los casos «se evidencia que son acciones planificadas», ya que las víctimas eran jóvenes –una menor–, entraba en el portal de sus domicilios y las abordaba en las zonas comunes de la finca cuando subían a casa.

«Ello pondría de manifiesto que estaba al acecho de las mismas para cometer los delitos», argumenta el juzgado, que añade que los delitos se cometieron en fechas cercanas.

El agresor era subcontratado de una empresa de reparto e iba vestido con el uniforme, por lo que «no llamó la atención inicialmente de las víctimas, las cuales creyeron que se trataba de un repartidor», y a todas las abordó por detrás en el interior del inmueble.

El primer delito presuntamente cometido fue un abuso sexual el pasado 29 de noviembre en la calle Girona; el segundo, una agresión sexual el 10 de enero en la calle Quevedo; su tercera actuación fue una agresión sexual el 18 de enero; cometió otro delito de agresión sexual en la calle Santaló a una menor el 22 de enero, y ese mismo día, media hora más tarde, otra agresión sexual en la avenida de Sarrià que grabó con el móvil.

La medida privativa de libertad «se dicta en relación al delito de agresión sexual del día 18 de enero y de las dos agresiones sexuales del día 22 de enero», por los que la Fiscalía ha pedido concretamente la medida de prisión.

«EVOLUCIÓN»

El juez también constata una «evolución en su conducta» ya que en sus primeros actos hizo tocamientos por encima de la ropa y en el último ya cometió una agresión sexual.

Como indicios del delito, el juez enumera que la víctima del primer hecho reconoció el agresor; en el segundo hecho consta la ubicación de su teléfono en el lugar donde sucedió y fotografías de las cámaras de seguridad; en el tercer caso también se encuentra la ubicación del autor donde se produjo la agresión sexual, un informe fotográfico de la bicicleta eimágenes de cámaras de seguridad; en la cuarto se ubica el móvil en el lugar, y el quinto el agresor lo grabó con el móvil y los Mossos d’Esquadra localizaron la grabación.

En la vídeo puede distinguirse «la acción delictiva con toda claridad», y que el autor tiene unos tatuajes en la mano que corresponden a los que luce el investigado, tal como ha podido comprobar el juez durante la declaración.

DETENIDO EL SÁBADO

Los Mossos d’Esquadra le detuvieron el sábado como presunto autor de cinco delitos sexuales –dos delitos de abusos sexuales y tres de agresión sexual– a cinco mujeres en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi durante el fin de semana.

Según explicaron los Mossos en un comunicado el lunes, la detención se enmarca en el operativo que la Unidad Central de Agresiones Sexuales estableció el sábado para localizar y detener sospechoso de dos delitos sexuales a dos mujeres en el distrito, y las informaciones apuntaban a que podía estar implicado en otros hechos similares cometidos en semanas anteriores.

Durante la noche del viernes, los Mossos tuvieron conocimiento de que dos mujeres habían sido víctimas de un delito sexual, y los dos hechos se habían realizado siguiendo el mismo ‘modus operandi’.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este martes en el Parlamento, a donde ha sido llamada por Navarra Suma para hablar de la situación del consejero Manu Ayerdi tras el auto del Tribunal Supremo sobre los préstamos a Davalor, que cuando «el señor Ayerdi reciba una notificación expresa dejará de ser consejero» y ha añadido que «desde la perspectiva política no corresponde a este Gobierno la responsabilidad de esta gestión y tampoco nos corresponde, sino a los jueces, calificar o no si ha habido o no delito».

Chivite ha respondido así a la situación en que se encuentra Ayerdi después de que el Tribunal Supremo haya abierto diligencias para investigar al consejero por el caso Davalor. Tras recordar lo que recoge el artículo 68 de la ley de Gobierno en referencia a la dimisión de un cargo público, ha comentado la presidenta que «no podemos obviar que se trata de un artículo que forma parte del Derecho Administrativo foral y no del Derecho Penal».

Así, ha manifestado que «en el momento en el que el señor Ayerdi reciba la comunicación y sea fehaciente su situación en el marco del procedimiento en torno a Davalor dejará de ser consejero como él ya mismo comunicó por escrito». «Y es cuestión de días que llegue ese momento», ha agregado.

Chivite ha comentado, en su intervención, que «hay interpretaciones al respecto, la que hace usted -Javier Esparza- o la que hacen los servicios jurídicos del Gobierno respecto al contenido del último auto del Tribunal Supremo».

Y ha afirmado la presidenta que «el artículo 68 despliega sus efectos, como no puede ser de otra manera en Derecho Administrativo, en el momento en el que la persona recibe la comunicación fehaciente, la notificación. «Más allá de debates, la condición de investigado se activa a efectos de la ley en vigor en Navarra cuando el querellado recibe la comunicación. Ese el momento que marca la ley para cesar en el cargo, en principio de manera voluntaria como él ha comunicado», ha dicho.

Chivite ha defendido que «en los procedimientos administrativos debemos ser muy rigurosos tanto en el fondo como en la forma porque las prisas no son buenas compañeras». «En el ámbito penal, hemos conocido hasta la fecha dos pronunciamientos del TS, uno en diciembre», ha expuesto, para comentar que en enero ha habido otro auto, «y según nuestro director general, consultados los servicios jurídicos del Gobierno, desplegará sus efectos cuando sea comunicado al señor Ayerdi». «Por lo tanto, ese debate no afecta en términos de aplicación de la ley», ha manifestado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha hablado «del derecho a la presunción de inocencia de Ayerdi», pero ha añadido que hasta ahora lo que dicen cinco magistrados del TS es que «hay indicios de criminalidad en la actuación de Ayerdi». «Aquí nadie está judicializando la política», ha manifestado, para agregar que «nos parece gravísima la situación de Ayerdi». «Está investigado por presuntos delitos de corrupción y usted -Chivite- ha tomado la decisión de mantener Ayerdi sin informes jurídicos que lo avalen», ha manifestado.

Según ha dicho Esparza, «por mucho que usted le deba a Geroa Bai y al PNV, el cumplimiento de la ley y la defensa de los intereses de los navarros está por encima de los intereses partidistas». «Usted está asumiendo una gran responsabilidad en este caso», ha expuesto, para añadir que «es el primer consejero del Gobierno de Navarra al que investiga el TS por presuntos delitos de corrupción».

Ha comentado que «la pasada legislatura se aprobó la modificación de la ley del Gobierno para incorporar el artículo 68 y ahora como el afectado no es de UPN, ni de Cs ni del PP ¿ahora dicen que es excesiva?». «Usted, presidenta, sabe que en la persona de Ayerdi concurre la cualidad de investigado, debe cumplir la ley y debe cesarlo de manera inmediata», ha dicho, para agregar que «cualquier ciudadano ha podido interponer una querella de prevaricación y no se si es consciente, señora presidenta, del altísimo riesgo que asume de convertirse en la primera presidenta de Navarra imputada por prevaricación».

La presidenta Chivite ha respondido al portavoz de Navarra Suma que entiende sus «anhelos» por «conseguir la Presidencia del Gobierno de Navarra pero no será porque yo no haga un estricto cumplimiento de la ley». «Usted acusa al consejero Ayerdi de corrupción y yo no seré tan osada para pronunciarme de cuestiones que corresponden al ámbito judicial», ha indicado y ha insistido en que «este Gobierno se atendrá al estricto cumplimiento de la ley basada en los informes jurídicos del propio Gobierno».

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha indicado que «no vamos a pasar por que se cuestione por el líder del mayor grupo de la oposición a los servicios jurídicos del Gobierno». «¿Dice que los informes jurídicos del Gobierno solo son validos cuando gobierna UPN?», ha afirmado, para añadir que «no estamos en el momento procesal de aplicar el artículo 68 y ha dicho la presidenta y el propio consejero ha dicho que cuando esta situación se dé el propio consejero presentará su dimisión y si no, la presidenta le cesará». «Este Gobierno debe ejercer la ley y no atender a estrategias políticas», ha apuntado.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha indicado que a las pocas horas de conocerse el auto de diciembre del Supremo el propio Ayerdi remitió una comunicación a la presidenta del Gobierno y dejó bien claro que en el momento procesal oportuno sería él quien dimitiera. La portavoz ha señalado que sí judicializan la política desde UPN cuando «usan los tribunales para interferir en la estabilidad del Gobierno» y «no es la primera vez que lo hacen».

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha comentado que «hay dos planos en este tema, uno jurídico y otro político; en el político estamos ante una situación provocada por un partido -UPN- con unos intereses políticos detrás y hay otro plano, el procesal, que terminará previsiblemente en una citación al señor Ayerdi y éste ha manifestado ya su intención de dimitir». «Estamos en una especie de juego del gato y el ratón y ustedes -UPN- tienen interés en que Ayerdi dimita y él tiene que defenderse a sí mismo», ha expuesto, para afirmar que «la interpretación del Gobierno es la correcta».

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha indicado que «la ley es igual para todos» y «el consejero ya ha advertido que va a dimitir en el momento procesal oportuno y los informes lo avalan». «Hace bien el Gobierno en ser prudente con los derechos del consejero», ha comentado, para apuntar que «es evidente que hay un interés político» y «esas amenazas a la presidenta buscan hacer irresponsable esta situación». «El tiempo pondrá a cada uno en su lugar», ha dicho, para esperar que «UPN pierda los 10.000 euros que tiene de fianza».

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha registrado una batería de preguntas al Gobierno en las cuales se exige asumir el día 20 de marzo de este año 2021 como el del final de la actividad de la central nuclear de Cofrentes, tal y como estaba previsto en los permisos originarios, y no en 2030 tal y como pretenden el actual Gobierno.

Según ha indicado el senador en un comunicado Mulet registró en 2020, a un año vista de la caducidad de estos permisos, una serie de interpelaciones al Gobierno para exigir «no caer en esta tentación después de las maniobras de la empresa explotadora del suministro, Iberdrola, para alargar la licencia hasta 2030, pero demostraron la voluntad del ejecutivo de plegarse a los intereses empresariales, y renovar injustificablemente esta licencia durante nueve años más».

«Era una burla a la propia voluntad de las Corts Valencianes que exigieron vía PNL el cierre definitivo de estas instalaciones, y a la propia lógica y compromisos electorales de los partidos en el Gobierno de apostar por una transición energética hacia la sostenibilidad. Renovar porqué sí la actividad de esta vieja central es insostenible se mire por donde se mire», ha agregado.

Desde Compromís han indicado que Cofrentes «tiene las piscinas del combustible usado llenas de residuos nucleares». Esto significa que los residuos que se generan cada día, tienen que salir de esas piscinas al Almacén Temporal Individualizado (ATI) que está situado a la intemperie, junto a la central, a poco más de un kilómetro del pueblo y a unos 200 metros del río Júcar, que riega y da de beber al área metropolitana de València e, incluso, a una gran parte de la provincia. Todo con los riesgos medioambientales y para la salud de las personas que esto implica», ha agregado.

En 2020 el Gobierno «dejó claro que veía positivo aplazar el cierre de la central nuclear de Cofrentes para noviembre del año 2030 con la excusa de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es el encargado de vigilar que el funcionamiento de dichas instalaciones no represente riesgo alguno ni para los trabajadores ni para las personas o el medio ambiente».

«El Gobierno justifica que los propietarios de las centrales y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos firmaron, en marzo de 2019, un Protocolo que contiene el calendario de cierre ordenado de las instalaciones, con base al horizonte temporal contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en base, también, a las solicitudes de renovación de las autorizaciones para la continuidad de su explotación, cuya aprobación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Según Mulet, «que se pueda aplazar este cierre, no significa en ningún caso que se deba». «No estamos ante una decisión técnica, sino política, ampararse en el CSN es pura cobardía, más cuando los partidos políticos que conforman el Gobierno, sus sucursales valencianas aquí dicen justamente lo contrario», han indicado.

Para el senador, «es preocupante ver como algunos partidos hacían bandera del cierre de todas las nucleares en 2024 y han ido difuminando esa exigencia». «Por ello no vamos a dar ningún brazo a torcer y vamos a continuar exigiendo programar el cierre de Cofrentes en 2021, no nos podemos permitir ese riegos diga lo que diga el CSN que puede explicar que de momento no hay riesgo con el funcionamiento ordinario, como tampoco existía en Fukushima antes del accidente», ha agregado.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto con el que abre juicio oral contra 30 personas investigadas en la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las subvenciones arbitrarias financiadas por la Junta de Andalucía, correspondiente a los 22,17 millones de euros destinados a sociedades de la comarca sevillana de la Sierra Norte.

En el auto, emitido el pasado 20 de enero, el juez da cuenta de que la Fiscalía ha formulado acusación en dicha pieza separada contra 30 personas, entre las que figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, ya juzgado por las ayudas autonómicas a la empresa sevillana Acyco; el exgerente provincial del antiguo IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras; el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero; o el también exalcalde socialista pero de El Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, por delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La Fiscalía, en ese sentido, reclama para Rivera cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público; mientras para los restantes tres aludidos solicita tres años y medio de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta.

La acusación que ejerce la Junta de Andalucía, de su lado, no incluye en su escrito de acusación a Daniel Alberto Rivera, solicitando dos años de cárcel, cinco años de inhabilitación absoluta y tres años y medio de inhabilitación especial para los exalcaldes acusados y tres años de prisión, seis de inhabilitación absoluta y siete de inhabilitación especial para el exgerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

El PP, de su lado, aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y malversación, incluyendo en su acusación a Daniel Alberto Rivera y acogiéndose a las peticiones de condena de la Fiscalía.

LA DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS

En su auto, el juez rememora su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, un documento en el que señalaba «la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales concedidas extramuros de la legalidad» por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y abonadas por la agencia IFA/IDEA, en favor de distintas empresas y entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total aproximado de 22,1 millones de euros.

A su juicio, «todas estas ayudas se habrían otorgado de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la concesión de ayudas públicas o subvenciones», todo ello «en connivencia entre los responsables de las entidades beneficiarias y los correspondientes responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

A continuación, el juez analizaba cada una de las ayudas investigadas en esta pieza separada y concedidas a Coflosur; Atarazanas de Constantina; S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal; Grueso y García S.L.; Pema, Jamones y Embutidos S.L.; Tialna S.L.; Corsevilla S.C.A.; El Venero de Móstoles S.L.; Hotel La Posada del Moro; Romero Álvarez S.A.; S.C.A. Virgen del Robledo; Quesos y Embutidos Dehesa Real de la Jara S.L.; Dehesa Navera S.L.; Promociones Vinícolas de Sevilla S.L.; Vivir El Barro S.L.; Refractarios Guadalcanal S.A.; Refractarios Andalucía S.L., y Andalucine S.L.

Y es que las ayudas concedidas «carecerían de objeto definido y concreto» y se llevaron a efecto «sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad, concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo y Seguridad Social sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda».

PERSONAS Y EMPRESAS

Merced a ello, en este nuevo auto el juez acuerda abrir juicio oral a los citados 30 acusados como responsables penales y a once empresas en calidad de responsables civiles subsidiarias y partícipes a título lucrativo, en concreto Atarazanas de Constantina, San Sebastián de Guadalcanal, Pema, Jamones y Embutidos S.L., Tialna, Corsevilla, El Venero de Móstoles, Hotel la Posada del Moro, Romero Álvarez S,.A, la cooperativa Virgen de Robledo, Quesos y Embutidos Real de la Jara y Vivir el Barro S.L.

También acuerda abrir juicio oral contra Caixabank como heredera de la extinta Caja San Fernando en calidad de responsable civil subsidiaria, y contra otras siete empresas, cooperativas o personas físicas como partícipes a título lucrativo, que son Virgen de Belén, Antonio D.E., Eustaqui Reina S.A., José G.M., Gestión Turística del Sur, El Olivar de los Infantes y Producciones Barataria.

A todos estos acusados, responsables penales y civiles, en total 49, el juez requiere diferentes fianzas, destacando los 2,35 millones reclamados al exgerente provincial del IFA; 2,87 millones al acusado identificado como Gerardo D.L.C.E. o los 2,4 millones pedidos al exalcalde socialista de Guadalcanal.

El Ministerio de Sanidad está analizando la recomendación que la Comisión Europea ha hecho a los Estados miembros de la UE de aislar aquellos territorios que registren una incidencia acumulada de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Así lo ha indicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras participar en su último Consejo de Ministros antes de dejar el cargo para centrarse en su candidatura a las elecciones en Cataluña.

El Ministerio «está analizando la recomendación» europea, que previsiblemente se tratará el próximo jueves con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha avanzado. En cualquier caso, ha señalado que ya hay muchas comunidades autónomas y territorios con una incidencia de 500 o inferior que «ya tienen decretados confinamientos».

La Comisión Europea ha planteado crear una cuarta categoría en el mapeo de las zonas de riesgo en la UE para colorear de rojo oscuro aquellas en donde la tasa de contagio supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, algo que está por consensuar con los Estados miembros pero que supondrá que la mayor parte de España pase estar clasificada en esa nueva gama de «muy alto riesgo». El Ejecutivo comunitario cree que no debería producirse ningún desplazamiento innecesario desde o hacia estas regiones.

Illa ha admitido que la situación de la pandemia en España es «preocupante» porque la incidencia acumulada a 14 días sigue siendo alta. Sin embargo, ha destacado que aquellas comunidades autónomas que han aplicado medidas con más prontitud para frenar la transmisión del virus ya «han empezado el descenso de la curva» de contagios.

CREE QUE NO HACE FALTA UN CONFINAMIENTO DOMICILIARIO

Según ha explicado, esas siete comunidades han conseguido resultados usando los instrumentos que tienen a su disposición gracias al estado de alarma decretado el pasado octubre para un periodo de seis meses. Un marco jurídico que, según ha apuntado el ministro, se aprobó «previendo que habría altos y bajos en la evolución de la pandemia incluso coexistiendo con el proceso de vacunación».

Illa ha argumentado que con los instrumentos ordinarios de los que disponen los gobiernos autonómicos en materia de sanidad y salud pública más las herramientas que les proporciona el estado de alarma, como los toques de queda o las limitaciones al derecho de reunión, «se doblegó la segunda curva» de la pandemia y «se va a acabar doblegando la tercera en todas partes».

Por ello, y teniendo en cuenta también que en España ya hay más de un millón de personas que han recibido la vacuna contra el Covid-19, considera que «no hace falta en estos momentos un confinamiento domiciliario».

Además, ha afirmado que otros países europeos que dicen haber confinado a su población están aplicando en realidad «medidas similares, por no decir las mismas», que las que ya están vigentes en algunas comunidades autónomas que han desplegado «todo el potencial» de las medidas restrictivas que tienen a su alcance.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado la aprobación de las medidas prorrogadas y ampliadas del ‘escudo social’, que suponen una salida de la crisis «muy distinta a la anterior» basada en el apoyo «a la mayoría social»

«Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros medidas para prorrogar y ampliar el Escudo Social que contribuirán a proteger derechos y a favorecer la recuperación. Seguimos trabajando por una salida de la crisis muy distinta a la anterior, apoyando a la mayoría social», ha destacado en Twitter.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto que prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, una medida acordada con los agentes sociales que tendrá un coste cercano a los 5.000 millones de euros.

A ello se suma una nueva prórroga del ‘Plan Me Cuida’, que permite flexibilizar la jornada laboral para ejercer el cuidado de personas dependientes.

También ha formalizado la prórroga de los contratos de alquiler y la moratoria de las rentas de alquiler de vivienda en los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda hasta el final del estado de alarma (9 de mayo), en virtud del acuerdo alcanzado entre Unidas Podemos y PSOE en el seno del Gobierno de coalición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la extensión de estas medidas para el alquiler se recoge en el real decreto ley de prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al 31 de mayo y forman parte del «escudo social» que busca proteger a las personas con más dificultades por la crisis y los colectivos más vulnerables.

ALQUILER

Concretamente, la prórroga de los contratos de alquiler podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Según adelantaron, esta medida solventa la «anomalía transitoria» de aquel inquilino que ve finalizado su contrato de arrendamiento y en un contexto de movilidad condicionada o reducida, y de actividad y rentas arrendaticias en el sector del alquiler afectadas por la crisis, debiera buscar activamente otra vivienda para arrendar.

En España el arrendador del 85% de las viviendas en alquiler es una persona física, y su vulnerabilidad, en su caso, ha de ser protegida en paralelo a la del arrendatario, garantizando el equilibrio entre ambas partes», subrayan desde Fomento.

En cuanto a la moratoria de la deuda arrendaticia, se regula una aplicación automática de la misma en caso de grandes tenedores, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y empresas o entidades públicas de vivienda, hasta la finalización actual del estado de alarma.

De esta forma, se aplaza temporal y extraordinariamente el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

Si este acuerdo no se hubiese producido, el arrendador podrá optar entre las siguientes alternativas: una reducción del 50% de la renta arrendaticia, con un máximo en todo caso de cuatro meses; o una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

UNIDAS PODEMOS LO HABÍA RECLAMADO

Unidas Podemos había reclamado a su socio de Gobierno que se ampliara el periodo de duración de diversas medidas del denominado ‘escudo social’ frente a la pandemia, así como recuperar algunas de las iniciativas que se impulsaron durante la primera ola del Covid-19. Todo ello debido a la «gravedad» del escenario que se avecina en los próximos meses ante la tercera ola.

Desde Unidas Podemos mostraron su satisfacción por la próxima aprobación, tras semanas de intensa negociación con el PSOE, de la prórroga hasta el mes de mayo de las principales medidas, cuyo plazo acababa el próximo 31 de enero.

Para la formación morada, estas medidas eran «absolutamente necesarias» para garantizar el derecho a la vivienda durante el estado de alarma, y aseguran que hubiera sido «incongruente» pedir a la población que procure evitar desplazamientos y reuniones, incluso con confinamientos perimetrales, sin asegurar que toda la ciudadanía cuenta con un hogar.