El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, ha reclamado este jueves que las normas regulatorias sean coherentes entre sí, eviten solapamientos, se diseñen con diálogo previo por parte de todos los agentes económicos implicados y cuenten con un consenso final en el establecimiento del ordenamiento normativo.
Fernández de Mesa ha hecho estas declaraciones tras inaugurar una jornada sobre ‘regulación inteligente’ organizada junto al Instituto Juan de Mariana, la Fundación Civismo, el Instituto Ostrom y la Fundación para el Avance de la Libertad.
El presidente del IEE ha señalado que todas las buenas prácticas regulatorias tienen que originar cambios normativos graduales, progresivos y sin urgencia, mientras que el director general de este organismo, Gregorio Izquierdo, ha destacado la importancia de la seguridad jurídica.
El concepto de ‘regulación inteligente’ propone racionalizar la elaboración de las leyes y apuesta por una regulación más eficiente, considerando la importancia de mantener siempre un entorno económico atractivo y flexible, es decir, que favorezca el desarrollo de la actividad del sector privado con el mínimo coste, ha explicado el IEE.
De acuerdo con los datos difundidos en esta jornada, el nivel de calidad regulatoria en España es un 13% inferior al promedio de la Unión Europea, habiéndose producido además un deterioro en los últimos años. En el caso del indicador de seguridad jurídica, España se sitúa cerca de un 10% por debajo de la media de la Unión Europea, con una tendencia también a la baja en la última década.
ALQUILERES, SUELO Y SANIDAD
Por su parte, Santiago Calvo, del Instituto Juan de Mariana, ha advertido de que un exceso regulatorio es directamente proporcional a una baja productividad y promueve la desigualdad, pues las empresas terminan por trasladar estos costes regulatorios a los consumidores, afectando en especial a los hogares con menos recursos.
Durante su intervención, Calvo ha propuesto impulsar la simplicidad regulatoria, asegurar la unidad de mercado y reducir el coste y el número de procesos necesarios para crear un negocio.
Francisco Cabrillo, desde la Fundación Civismo, ha hecho referencia al mercado de la vivienda afirmando que el control de los precios del alquiler puede reducir el precio de las familias arrendadas, aunque «a costa» de los inquilinos de áreas o viviendas no reguladas, de los potenciales inquilinos que no están arrendados aún y de los inquilinos futuros.
La alternativa, a su juicio, es presentar un marco regulatorio que mejore la seguridad jurídica de los propietarios de la vivienda que se dispone en alquiler y se promueva el desarrollo de empresas especializadas en el alquiler de viviendas.
Desde el Instituto Ostrom, Roger Medina, ha propuesto avanzar hacia un funcionamiento competitivo del mercado del suelo en beneficio del interés general, la simplificación de los plazos de modificación de los planes urbanísticos, la revisión del escenario ‘ventanilla única’, la reducción del grado de detalle del planteamiento urbanístico general o la importancia de la disponibilidad y el uso de los datos agregados para poder evaluar la actuación administrativa en materia de urbanismo.
Por último, el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad, Juan Pina, ha reivindicado la iniciativa privada en la Sanidad y ha instado a plantear no sólo su continuidad, sino también un proceso de mejora de la regulación que permita mejorar las condiciones de su provisión a través del mercado.
