Las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M han justificado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 su petición de prisión permanente revisable para dos de los acusados porque ha quedado acreditado que «formaban parte del plan criminal».
Las asociaciones han sido las dos últimas acusaciones que han expuesto sus informes finales, además de la Abogacía del Estado, que se ha adherido a la Fiscalía. Tras ello, llegaría el turno de las tres defensas, pero, a petición de la de Driss Oukabir, el tribunal ha decidido suspender la vista oral hasta que todos los letrados se encuentren en disposición de informar.
Se da la circunstancia de que la abogada Carmen González, que defiende a Mohamed Houli Chemlal, ha dado positivo en covid-19, y que el letrado Luis Álvarez Collado –que en el juicio se sienta justo al lado– se encuentra de baja laboral y con síntomas de coronavirus, a la espera del resultado de la prueba, según ha informado su compañera al tribunal.
Tanto la AVT y 11-M han afirmado que los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos terroristas que solicita el Ministerio Público en el caso de Mohamed Houli Chemlal y Driss Oukabir, y el delito de colaboración para Said Ben Iazza, son acertados.
Pero, en opinión de las acusaciones populares, Oukabir y Houli Chemlal deben responder por las 15 víctimas mortales que dejaron los atentados en La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) porque «formaban parte del plan criminal», ha indicado el abogado de la AVT, Antonio Guerrero.
PRUEBAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACUSADOS
La AVT –que precisamente este jueves celebra su 40 aniversario– ha comenzado su informe exponiendo todos los indicios que acreditan los delitos cometidos por los acusados. Así, sobre Mohamed Houli Chemlal ha destacado que «su comportamiento en todo íter cronológico de los hechos dan por probada esa colaboración», resaltando que buscó financiación para la célula, participó en la adquisición de explosivos y en la confección de estos, y su pasaporte apareció en la furgoneta que se uso en el atropello masivo en Barcelona.
Asimismo, ha indicado que no se dan todos los requisitos exigibles para que se le aplique la atenuante de confesión, como solicita su defensa, porque «no es cierto» que colaborara durante la investigación, ya que «reconoce cosas que le pueden beneficiar y se exonera de aquello que le perjudica».
En cuanto a Driss Oukabir, afirma que su participación no ha sido tan «intensa», pero que en cualquier caso «sabía y conocía cuáles eran los planes y la inmediación con la que se iba a realizar el atentado terrorista». En este sentido, entiende que las dudas que este acusado muestra sobre el atentado en una conversación con su hermano Moussa –abatido en Cambrils– «no es sobre la realización de los hechos, sino sobre la forma en la que se quiere realizar los hechos».
«Queda perfectamente acreditado que no es que desista de la realización o de su participación o coparticipación en los hechos, sino que muestra algún tipo de reticencia sobre la forma de hacerlo», ha señalado Guerrero.
Otra prueba de la implicación de Oukabir en los planes de la célula yihadista, según el abogado de la AVT, es la desinstalación y reinstalación de la aplicación Whatsapp en varias ocasiones en los días previos a los atentados porque «trataba de eliminar todas las conversaciones que debían ser bastante comprometedoras».
Sobre Said Ben Iazza ha señalado que es «relevante» que cuando tiene conocimiento de los atentados y ve las fotografías de los miembros de la célula yihadista a los que dejó una furgoneta de su tío y su documentación personal para adquirir supuestamente productos de limpieza, no se presentara ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para contar todo lo que sabía. «Es evidente y claro que la utilización de esa furgoneta era para un fin ilícito», ha concluido.
Con todo ello, la AVT ha retomado el argumento que dio la Fiscalía para no acusar por asesinato y ha asegurado que la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona) donde se fabricaban los explosivos no impidió en absoluto la comisión de los atentados.
En este sentido, ha apuntado que el «único exceso» que considera que hubo el 17 de agosto de 2017 fue el asesinato de Pau Pérez por parte de Younnes Abouyaaqoub en su huida tras el atentado en Barcelona, a quien además robó su vehículo. «Eso no forma parte de la ideación del plan criminal», ha explicado, y por ello la acusación contra los tres acusados no se dirige hacia ellos en este sentido.
«MISIÓN»: CAUSAR UN ATENTADO
Aún así, ha subrayado que la única «misión» que tenía la célula era la de «causar un atentado en el cual murieran el mayor número de personas y se cometió». En este sentido, ha señalado que La Rambla no se puede descartar como «objetivo» porque incluso hasta «cuatro días antes» la célula estaba buscando lugares donde poder atacar ya que «no estaba claro».
Por su parte, la asociación 11-M coincide con la mayoría de las acusaciones particulares en que «no había un plan A», sino sólo la «estrategia de causar terror de cualquier manera, causando el mayor número de muertes posibles». «La célula no tenía ningún tipo de prejuicio fabricando explosivos a unas cantidades industriales», ha agregado el letrado Antonio Segura.
Por ello, la asociación cree que la Fiscalía sólo atribuye a los acusados la participación que tuvieron en los preparativos de los atentados hasta la explosión de Alcanar, justo la noche anterior a los a atropellos masivos, porque «confunde lo estratégico con lo táctico».
«Podemos tener hipótesis de cuáles eran los objetivos, podemos garantizar con prueba suficiente que había unos objetivos más claros que otros, pero no hay un cambio estratégico, sino un cambio táctico. Me quedo sin explosivos pero mi estrategia no cambia que era el de asesinar gente con lo que tengo, con cuchillos, con coches», ha apostillado.
Así ha concluido que comparte con todas las acusaciones que reclaman que los acusados respondan por los atentados porque considera que «hay que dar un paso más» a la petición de la Fiscalía y «dar satisfacción a la víctima», tanto en el ámbito penal como civil.
SUSPENDIDO EL JUICIO HASTA LA RECUPERACIÓN DE LOS ABOGADOS
El juicio se retomará una vez que todas las defensas se encuentren en buenas condiciones médicas de exponer sus respectivos informes. El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha comunicado a las partes que «a lo largo de la semana que viene, si se supiera algo ya» las convocaría para «finales de la siguiente».
El magistrado afirmó en la sesión de este miércoles que la reanudación del juicio también dependerá de la disponibilidad de la sala de vistas. «Los demás, cuídense mientras», se ha despedido.
