El sacerdote iraquí Karam Qasha ha expresado su deseo que la visita del Papa a Irak del 5 al 8 de marzo infunda «esperanza» y dé un «nuevo horizonte» de paz a los más de 250.000 cristianos que viven en el país, una población que ha sufrido en su piel la persecución del Estado Islámico y que fue obligada a huir y abandonar sus casas en 2013.

«Francisco es un Papa que quiere estar cerca de sus hijos. Hace tiempo que los cristianos esperaban la visita de un Papa. Es una visita importante no solo para los cristianos de Irak sino para todo Oriente Próximo. Esperemos que dé otro horizonte a los cristianos», ha asegurado en una rueda de prensa organizada por ISCOM, asociación de información religiosa ligada a la Pontificia Universidad de la Santa Croce.

Qasha es párroco de Telskuf, una parroquia de la iglesia católica caldea de San Jorge en Nínive, situada cerca de la ciudad de Mosul y de profundas raíces cristianas. Con la irrupción a la fuerza de los terroristas del autodenominado Estado Islámico, muchas familias cristianas fueron obligadas a convertirse al Islam o a huir.

«Antes de Estado Islámico yo era el párroco para 1.450 familias, ahora solo quedan 500», ha señalado el sacerdote, que ha revelado que tras el derrocamiento del régimen de Sadam Hussein en 2003, cuando aumentaron de forma exponencial las persecuciones y los secuestros a cristianos, más de 65 iglesias cristianas fueron destruidas en todo el país en 20 atentados. No obstante, se calcula que desde 2017 cerca de 40.000 cristianos han regresado a sus hogares en las aldeas de la provincia de Nínive tras la derrota de las fuerzas de Estado Islámico por parte del Ejército iraquí.

«Desde 2017 algunas familias han podido regresar, pero se han encontrado sus casas quemadas. Poco a poco hemos reconstruido algunas Iglesias, pero Estado Islámico no ha terminado», ha asegurado. De esta manera, el sacerdote ha afirmado que es necesario hacer una labor de educación fundamental en la sociedad iraquí para que exista una convivencia pacífica entre los musulmanes y los cristianos. «Los cristianos en los libros del Gobierno son considerados infieles y, además, en muchos casos, no pueden ocupar puestos de dirección por no ser musulmanes», ha dicho.

«El Gobierno no ha hecho nada por nosotros –ha agregado–. No encuentran trabajo y hay muchas leyes discriminatorias». En ese sentido, ha explicado que si bien en Nínive viven cristianos desde siempre, la relación con los musulmanes que los circundan en los pueblos de alrededor no es nada fácil. «Ya antes de que llegara Estado Islámico caminaban por nuestras calles y decían: Estas casas serán mías. Ellos creen que antes o después los cristianos desaparecerán», ha avisado.

No obstante, ha señalado que la Iglesia católica está trabajando «para crear un clima de acogida» durante la visita del Papa que va más allá de las condiciones exclusivamente materiales. «Muchos musulmanes no saben nada del cristianismo porque en las escuelas públicas no enseñan nada», ha explicado. Por eso, ha apuntado que esta visita es «necesaria» sobre todo para animar y relanzar «las relaciones entre las personas» de distintas religiones. «Estamos tratando de hacer que conozcan al Papa, que es un hombre de paz», ha resumido.

Sobre las condiciones de seguridad en Irak, ha considerado que, si bien el norte del país es una «zona segura», no se puede excluir que no haya «ningún atentado» en los días en los que el Pontífice estará allí. No obstante, ha señalado que el Gobierno de Irak considerada al Papa «una persona muy importante» y está preparando toda la logística necesaria para tutelar su seguridad.

Sobre el encuentro que el Papa mantendrá el 6 de marzo con el gran ayatolá Alí al Sistani, la principal autoridad chií en Irak, que no ha sido confirmada de momento por la oficina de prensa del Vaticano, Qasha ha señalado que el encuentro se encuadra en la óptica de la «fraternidad» que propone en su tercera encíclica ‘Fratelli Tutti’. «Irak tiene una mayoría musulmana chií que supera el 70%. Al Sistani es muy respetado, en particular por los chiíes. El Patriarca (caldeo Louis Raphael Sako) consideró que si el Papa se había encontrado con el Gran Imán de Al Azhar, Ahmad al Tayeb, que representa a la rama suní, era bueno que se encontrase con una persona ligada a la rama chíi para hacer realidad ‘Fratelli Tutti'», ha enfatizado.

Al Sistani es uno de los clérigos chiíes más influyentes, con millones de seguidores en todo el mundo. En Occidente es principalmente conocido por su prestigio y su peso en la política iraquí, especialmente a partir de la invasión estadounidense en 2003. Al Sistani, considerada una voz moderada, ha jugado un papel fundamental como mediador político y referente moral en Irak, lo que le ha dado gran influencia en un país que está en el centro de la pugna entre Estados Unidos e Irán.

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno a impulsar los trámites y el procedimiento para la «modificación sustancial y en su caso derogación» del artículo 525 del Código Penal que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos.

La moción, presentada por Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Comú Podem, y modificada por una transaccional firmada por todos los grupos excepto el PP, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos excepto PP y Ciudadanos, que han votado en contra.

En el texto, se insta al Gobierno a elaborar un informe sobre el tipo penal previsto y regulado en el artículo 525 del Código Penal y «su necesidad de adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la evolución de la sensibilidad social».

Asimismo, se pide al Ejecutivo que impulse «los trámites y procedimientos para la modificación sustancial y en su caso la derogación del artículo 525 del Código Penal, relativo a las ofensas a los sentimientos religiosos».

Los autores de la moción advierten en la exposición de motivos de que «en España, bajo la denominación eufemística de ofensas a los sentimientos religiosos, pervive la tipificación de la blasfemia».

En concreto, el artículo 525 del Código Penal que piden eliminar establece penas de multa de ocho a doce meses para aquellos que «para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan».

Los grupos parlamentarios señalan que la jurisprudencia existente asienta la prevalencia de la libertad de expresión y «prácticamente no hay condenas por delitos contra sentimientos religiosos».

Si bien, puntualizan que la existencia de este artículo «sigue permitiendo que se presenten denuncias ante los tribunales contra quienes satirizan sobre asuntos religiosos, que se ven forzados a asumir la llamada pena de banquillo.

Para presentar esta moción se apoyan en informes y recomendaciones europeas, como el informe de la Comisión Europea para la Democracia por Derecho, que señaló en 2006 que no era necesario crear un tipo penal específico que castigara estas ofensas; o la recomendación de 2007 del Consejo de Europa que pidió la despenalización de los delitos de blasfemia.

Uno de los últimos pronunciamientos del Consejo de Europa, según recuerdan, es el producido tras los atentados contra el semanario francés Charlie-Hebdo en 2015, en el que se afirma que «el uso de la sátira, la información o las ideas que puedan ofender, chocar o perturbar, incluida la crítica religiosa, están amparadas por la libertad de expresión».

Un total de 76 presos de ETA han progresado de primer a segundo grado en España y Francia desde junio de 2020 hasta ahora. En ese periodo de tiempo, se han reducido de 232 a 218 (-14) los etarras que se encontraban en prisión, y 21 han sido trasladados a cárceles de Euskadi y Navarra, según ha dado a conocer el Observatorio Behatokia.

El abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y los representantes del Foro Social Permanente, Teresa Toda y Agus Hernán, han ofrecido este jueves una rueda de prensa en Bilbao, en la que han ofrecido datos recabados a través de un informe de la situación de los presos de ETA.

Además, han asegurado que «es innegable» que el Gobierno de Pedro Sánchez «está dando pasos» en lo que a política penitenciaria se refiere, aunque consideran que «hay pocos acercamientos» a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

También han subrayado que «la inmensa mayoría» de los 190 miembros de ETA encarcelados en territorio español, independientemente del grado en el que se encuentren, han hecho, motu proprio, «un reconocimiento del dolor de las víctimas, han mostrado su «empatía» con su sufrimiento y han expresado «su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas».

En su estudio, han señalado que en junio de 2020 había 232 presos vinculados al EPPK: 31 mujeres y 201 hombres. De ellos, 198 se encontraban en el Estado español –sólo cuatro en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra– y 34 en Francia.

Un total de 154 estaban en primer grado, de las que a 39 se les aplicaba el artículo 100.2 de flexibilidad. En segundo grado se encontraban 37 y solo cuatro en tercero, la mayoría personas enfermas.

En la actualidad, hay 218 presos: 31 mujeres y 187 hombres. En cárceles españolas hay 165, de los que 25 se encuentran en Euskadi y la Navarra, mientras que 28 están en prisiones francesas. Un total de 78 personas continúan en primer grado, 34 con aplicación del artículo 100.2. Un centenar tienen segundo grado, tres con flexibilidad, y once en tercer grado (cinco en prisión atenuada).

MOVIMIENTOS

Teresa Toda ha constatado que «hay movimientos» y se están realizando traslados «que aproximan, que alivian las cargas de las familias, pero aún hay pocos acercamientos a las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra», prisiones que, a su juicio, son «las adecuadas para recorrer las vías legales de reintegración». No obstante, ha apuntado que «continúa la excepcionalidad» con los presos de la banda.

El letrado Aitzol Asla ha afirmado que «es necesario normalizar la aplicación de la legislación ordinaria y la clasificación, y contar con programas de tratamiento adecuados, con garantías». Asimismo, ha denunciado que el artículo 100.2, que flexibiliza el primer grado, se está utilizando para «frenar» la progresión al segundo grado.

Por su parte, Agus Hernán ha remarcado que «se están dando pasos en la buena dirección y están generando esperanza entre los familiares y allegados», pero ha añadido que «falta una gestión más valiente de esos cambios en materia de acercamientos al País Vasco y en evolución de grados que permita dar por finalizada la fase de la excepcionalidad penitenciaria».

RECONOCIMIENTO DEL DAÑO

Hernán ha subrayado que, a fecha de hoy, la inmensa mayoría de las 190 personas encarceladas en el Estado español que componen el EPPK, «independientemente del grado en el que estén, han aportado ‘motu proprio’ escritos desde su trayectoria vital y su vivencia personal, en los que hacen un reconocimiento expreso del daño causado, un reconocimiento del dolor de las víctimas y/o muestra de empatía hacia el sufrimiento de las mismas».

Asimismo, ha explicado que «expresan su compromiso exclusivo por las vías pacíficas y democráticas como medios de acción política de futuro y una voluntad o compromiso de recorrer la vía penitenciaria». En este sentido, ha querido puntualizar que en la legislación penitenciaria, para progresar de primer a segundo grado, «no es condición ‘sine qua non’ el reconocimiento del daño causado», aunque sí para pasar al tercer grado y obtener ciertos beneficios penitenciarios.

A su juicio, el hecho de que los presos de ETA den el paso de redactarlo supone, en opinión del Foro Social Permanente, «una importante contribución a la convivencia democrática».

También ha afirmado que algunos de los reclusos que han accedido a destinos de trabajo remunerado, están haciendo frente al abono de la responsabilidad civil y, otros, «en la medida que son insolventes, han mostrado su disposición a hacerlo, aún de modo simbólico».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado este jueves a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, su ataque al PP que dirige Pablo Casado tras la confesión del extesorero Luis Bárcenas y ha recalcado que la «consejera de los ERE» con el Gobierno andaluz de Manuel Chaves «no está para dar lecciones de honradez».

De esta forma ha respondido Gamarra a Calvo, quien ha tachado de «trilero» al Partido Popular por haber puesto el foco en el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de la gestión de los fondos europeos para desviar la atención del «verdadero informe», el del extesorero de los ‘populares’ Luis Bárcenas.

«La consejera de los EREs con Chaves no está para dar lecciones de honradez. Todavía no han devuelto un euro del dinero público que robaron», le ha respondido Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Además, la portavoz parlamentaria de los ‘populares’ ha señalado que con más de cinco millones de parados «mejor dedicaría su tiempo» la vicepresidenta del Gobierno «a trabajar por los españoles». «Lecciones ni media», ha proclamado.

MAROTO: «NO SE ARREGLA CON ‘Y TÚ MÁS'»

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, también ha criticado las declaraciones de Calvo, a la que ha echado en cara sus declaraciones cuando «ha estado en el Gobierno de Andalucía y conoce a los consejeros del Gobierno de los ERE». Por eso, ha criticado que se «rasgue las vestiduras por un caso de corrupción».

«Creo que no se arregla el asunto diciendo ‘y tú mas'», ha enfatizado, para añadir que si las direcciones de los partidos son «honestos» estos episodios de corrupción serán «parte del pasado». Dicho esto, ha criticado que para Calvo hacer oposición al PP sea «recurrir al pasado» y «si no sacan el esqueleto de Franco, tienen que sacar el esqueleto de Bárcenas».

Maroto ha señalado que a Pablo Casado se le podrán encontrar «aspectos de mejora» como a todos, pero es un «político honesto». «Utilizar los esqueletos del pasado, viniendo de alguien del PSOE de Andalucía, yo me lo miraría, por mucho que estén en campaña Calvo y el resto de su equipo. Creo que hacen el ridículo dando lecciones de honorabilidad en relación a la corrupción», ha enfatizado.

‘GÉNOVA’ VE AL GOBIERNO DETRÁS A TRAVÉS DE LA FISCALÍA

Fuentes de la dirección del PP consideran que detrás de la «filtración» del escrito que Bárcenas remitió a la Fiscalía –señalando a Mariano Rajoy de destruir pruebas de la supuesta caja b del PP– está el Gobierno que lidera Pedro Sánchez.

En el día de ayer, añaden fuentes del PP, el Gobierno quería «tapar» el «escandalazo» que, a su juicio, supone la «ocultación» de un informe del Consejo de Estado crítico con el decreto del Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos.

A su entender, esta práctica forma parte de la «guerra sucia» que han visto otras veces por parte del PSOE y no descartan que haya más episodios para tratar de influir de alguna manera en la campaña electoral catalana, dando alas a Vox en detrimento del PP. Es más, creen que se debe también a que se está «disolviendo» el llamado ‘efecto Illa’.

CONFÍAN EN QUE TENGA POCO IMPACTO EL 14F

Sin embargo, en la cúpula del PP insisten en que lo que está contando Bárcenas «no es nuevo» porque llevábamos más de una década con informaciones de este tipo y confían en que apenas tenga impacto en los resultados de las catalanas.

«Bárcenas es como Mecano, que se ha pasado de moda», resume de forma gráfica un miembro de la dirección que considera, ante las amenazas del extesorero de tirar de la manta, que después de tantos años lo que tendrá es un «pañuelo lleno de mocos».

Eso sí, en ‘Génova’ admiten su preocupación por la exposición mediática que va tener este tema en los próximo días, máxime cuando el juicio por el pago de la reforma de la sede del PP con la supuesta ‘caja B’ comenzará el 8 de febrero de 2021.

El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos para anular la limitación de aforo a diez personas en las celebraciones religiosas de los municipios cántabros confinados por el aumento de casos de coronavirus: Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón.

Así lo establece la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del TS en un auto, dictado este jueves, en el que no aprecia las razones de urgencia alegadas por la organización de juristas y con el que acuerda no obstante abrir una pieza separada para tramitar la petición como medidas cautelares.

Abogados Cristianos pidió al Alto Tribunal la adopción de medidas cautelarísimas contra el decreto del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, como lugares de culto, en los cuatro ayuntamientos confinados -desde el pasado 28 de enero y en principio hasta el próximo 11 de febrero-, interesando la suspensión del mismo.

La agrupación argumentaba en su petición que se estaban vulnerando derechos fundamentales por lo que, de no estimarse la medida interesada, «se permitiría que la administración demandada -el Ejecutivo autonómico- vulnerase derechos fundamentales sin consecuencia ninguna».

Tras recordar la sala su criterio jurisprudencial «claro y constante» para la adopción de medidas cautelarísimas, basado en la «urgencia inaplazable», apunta que la parte actora debe acreditar ese extremo, al ser «la única circunstancia que puede justificar la adopción de una medida cautelar sin oír siquiera a la otra parte», la administración en este caso.

Sin embargo, la recurrente, al margen de una «mención genérica» del derecho a la tutela cautelar, aduce como «único argumento justificativo de la especial urgencia que los católicos tienen el deber de asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar», y entiende que en este sentido se produce un «daño irreparable» para los derechos fundamentales de los fieles en los municipios cántabros confinados, añadiendo que la medida cautelarísima solicitada no causaría «grave perjuicio al interés general».

La sala del Supremo recuerda que recientemente abordó una solicitud similar de la propia Asociación Española de Abogados Cristianos, por un recurso a una disposición autonómica de Castilla y León que también establecía una «drástica» limitación del número máximo de personas que pueden estar presentes en los templos. Denegó la medida al no acreditarse la urgencia, que tampoco ha quedado «acreditada» ahora, con la petición relativa a Cantabria.

«La mera invocación del deber de asistencia a misa que tienen los católicos dista deser suficiente en una situación como la actual de gravísima crisis sanitaria», señala el Alto Tribunal que, sin entrar a valorar el fondo del asunto, apunta que la resolución de la administración regional no implica el cierre de los templos ni la suspensión de las ceremonias religiosas, que pueden seguir celebrándose al continuar abiertas las iglesias.

«Lo único que se prohíbe es la presencia de más de diez personas simultáneamente en un espacio cerrado, incluidos los templos», remarca el auto, que rechaza la medida cautelarísima solicitada por Abogados Cristianos al no acreditarse la urgencia aunque acuerda abrir una pieza ordinaria de medidas cautelares.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que en el caso de la agresión con ácido a dos mujeres en Cártama (Málaga), ocurrida el pasado mes de enero y por el que está investigado el exnovio de una de ellas, se ha dado una atención integral, procurando asistencia de distinto tipo también a las familias.

Así lo ha explicado Ruiz este jueves en la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento andaluz contestando a una pregunta de la parlamentaria de Cs Teresa Pardo sobre hasta dónde llega la atención dada a las familias de las víctimas. A nivel general, la consejera se ha referido a que en la asistencia ante la violencia machista «nos vamos a volcar aún más si cabe».

Ruiz ha indicado que la Junta ha avanzado a nivel de los recursos y con un protocolo para dar «una respuesta unificada, muy coordinada» de todas las administraciones «para atender y garantizar el respeto a las víctimas pero también a las familias», apuntando que «se protocolizan todas las acciones y coordina además el traslado de información porque los medios tienen que colaborar a esa cultura del rechazo sin caer en detalles no necesarios».

Ha expresado que en todos los casos de violencia de género tras comunicarse el caso, se verifica la información, se comunica el hecho a los medios y se convoca un acto de repulsa, apuntando que en este caso concreto de Cártama se estableció la coordinación entre los hospitales de Sevilla y Málaga, donde se encuentran ingresadas las víctimas, y se comunicó con los servicios sociales de la localidad para ponerlos a disposición de los familiares.

Asimismo, ha indicado que se ha realizado un dispositivo «de ayuda psicológica inmediata a todos los familiares», punto en el que ha apuntado que se han incluido «innovaciones» a nivel general en el protocolo en este sentido, porque se ha extendido esta ayuda a todo el entorno educativo cuando son hijos y al entorno laboral.

Además, ha dicho que en este caso «no solo se ha procurado esa asistencia a la familia de estas víctimas sino también recursos sociales, asistenciales, habitacionales, se han tenido que trasladar», incidiendo en que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) «somos intermediarios de todos los recursos de las administraciones y seguimos atendiendo psicológicamente a la familia».

«Esta es nuestra filosofía y así es cómo cuidamos realmente de unas personas que han sufrido esta barbarie», ha manifestado, insistiendo en que hay que manifestar «siempre nuestro rechazo más absoluto y seguir estando al lado de las víctimas como en este caso». «No valen medias tintas ni titubeos, rechazo contundente y todos los servicios a disposición de las víctimas y sus familiares», ha dicho.

Pardo, por su parte, ha indicado que lo sucedido en Cártama es un acto de «violencia machista en estado máximo» y ha instado a llevar a cabo en la violencia machista una asistencia integral que aborde también la ayuda a las familias de las víctimas. «Alguien se ha parado a pensar cómo madre o hermana puede intentar asumir ese mazazo», ha expresado la parlamentaria.

Cáritas Diocesana de Canarias ha denunciado que el Gobierno de España está tomando decisiones que no tienen en cuenta los derechos de los migrantes que han llegado en los últimos meses a las islas de manera irregular a bordo de pateras o cayucos.

En un comunicado hecho público este jueves, ha señalado que, por ejemplo, los menores no acompañados que residen en centros de acogida «se quedan en una situación de desamparo» cuando cumplen la mayoría de edad, lo que les aboca a quedarse en la calle «sin recursos, comida ni acceso a la atención sanitaria».

«Y lo mismo sucede con las personas migrantes que salen de los hoteles y apartamentos destinados a la acogida humanitaria, que quedan en una situación similar», señaló la organización católica.

Para Cáritas, es «preocupante» de los migrantes afirmen no haber recibido información en un idioma que comprendan, ni orientación, ni asesoramiento sobre su situación administrativa en España, lo cual deja en desamparo a aquellas situaciones de especial vulnerabilidad y más necesitadas de protección.

DICE QUE LOS MIGRANTES SON «AGREDIDOS E INSULTADOS» EN LA CALLE

«Es más –aseveró el comunicado–, muchos vienen con moratones y contusiones afirmando haber sido agredidos, insultados y vejados en la vía pública por su condición de migrantes».

Esta situación ha hecho que aumenten los migrantes que acuden a los comedores y servicios de Cáritas en la Avenida de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria y en San Fernando de Maspalomas (al sur de la isla), y que sigue creciendo cada día hasta el punto de «sobrepasar» la capacidad de sus cocinas para elaborar los menús.

Sólo en el mes de enero, el número de personas que se han acercado a los comedores se ha incrementado en un 72%. «Las personas migrantes llegan a los comedores con un folio donde se les indica la dirección y horarios de los servicios de comedor, duchas y lavandería de Cáritas Diocesana de Canarias en la isla», apuntó la entidad.

PIDE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS A LA PENÍNSULA

Ante todo esto, Cáritas ha pedido al Gobierno de Espala que restablezca, a la mayor brevedad posible, la libre circulación de las personas migrantes a la Península y al resto de la Unión Europea para que puedan reunirse con sus familias y continuar su ruta.

También ha solicitado un que los programas de acogida humanitaria desarrollen un acompañamiento integral de las personas migrantes, dotándoles de los medios necesarios para poder resolver la situación en la que se encuentran; y que se garanticen los fondos económicos suficientes y estables para la Cooperación al Desarrollo en los países de origen.

RECLAMA A CANARIAS LUCHAR CONTRA LA XENOFOBIA

Mientras, al Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos de las islas, Cárita ha reclamado la puesta en marcha de programas específicos y adecuados para luchar contra la xenofobia, el racismo y los discursos de odio.

Por último, la organización católica quiso recordar a los canarios que no se trata solo de migrantes. «También se trata de nuestros miedos, y esto se nota particularmente hoy día frente a la llegada de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y un futuro mejor», apuntó.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado este jueves al Gobierno de España que autorice a la Comunidad de Madrid que sus ciudadanos puedan hacerse test sobre el Covid de forma libre en farmacias y que también puedan comprar autodiagnósticos para hacérselos en casas «con todas las garantías».

Durante la visita este mediodía a una residencia de ancianos, Aguado ha dicho que no entiende cómo se impide que cualquier persona pueda ir a una farmacia a hacerse un test Covid cuando quiera, y no solo cuando se lo indique la autoridad sanitaria.

«Para luchar contra esta pandemia hay tres vías: restricciones, test y vacunas. La que menos nos gusta son las restricciones, queremos más vacunas y test y así levantar lo antes posible las restricciones. Hacer test de forma ágil y periódico. Por eso pedimos al Gobierno central que regule y valide que se empiecen a realizar también test de autodiagnósticos, que en pocas semanas se hagan test en sus propias casas con todas las garantías. Creo que esto es la solución», ha esgrimido.

El líder regional de Ciudadanos ha reiterado que «no le gustan las restricciones» porque afectan a derechos fundamentales y por eso quieren levantarlas «cuanto antes». Ahora asegura que hay cierta estabilización de la curva de contagios y por eso Salud Pública les ha dado el visto bueno para alguna medida de relajación, como el aumento de 4 a 6 comensales en las terrazas.

«Eso no significa que estamos venciendo al virus. La incidencia sigue siendo altísima, y hay que ir viendo con las autoridades sanitarias, levantando las restricciones en la medida de lo posible. Y ojalá que pronto si la curva va hacia bajo podamos ir levantando otras restricciones», ha apuntado.

LENTO SUMINISTRO DE VACUNAS

Aguado ha criticado que se haya roto el suministro de vacunas en Madrid, «que llevan menos dosis de las prometidas». «Hemos tenido que suspender el suministro de la primera dosis y destinar las que nos van llegando al segundo suministro para las que habían recibido el primera. Esperamos retomar la semana que viene o a partir del 15, pero dependerá del ritmo de llegada de esas bandejas de viales, que no tenemos asegurado que recuperen la normalidad», ha manifestado.

Al vicepresidente le gustaría que la inmunidad se extendiera pronto de las residencias a toda la población, pero las dosis de vacunas «no llegan al ritmo que nos gustaría», por lo que ha pedido al Estado más agilidad y más dosis. «El ritmo es lento. No nos faltan manos, sino dosis. Que se impliquen, que se trasladen a Bruselas y exija más dosis para Madrid y el resto de España. Vacunar también es sinónimo de recuperación económica y poner fin a una pandemia que ha arruinado miles de proyectos vitales y profesionales», ha dicho.

Por otro lado, el dirigente regional ha recordado que a partir de hoy se van a entregar dos mascarillas FPP2 a mayores de 65 años en farmacias de la región. «Ya el año pasado regalamos dos mascarillas a mayores porque la protección es clave. También queremos destinar más recursos a proteger a los mayores», ha sostenido.

Así, Ignacio Aguado ha señalado que en el acuerdo de coalición de Gobierno se recoge aumentar inversiones sin precedentes para cuidar a los mayores, mejoras las instalaciones, revisar los acuerdos marcos con residencias con plazas concertadas, etcétera.

«Si salen adelante en los Presupuestos se dará un empujón definitivo para ello. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ello, que hayamos aprendido algo de la pandemia, que no podemos olvidarnos de construir entre todos un sistema de residencias que no sea obsoleto, sino adaptado a las nuevas necesidades. Estamos haciendo lo correcto», ha concluido.

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha pedido a Sanidad que los pacientes con cáncer sean prioritarios en la campaña de vacunación frente a la Covid-19 y ha reclamado, en este sentido, una «aproximación personalizada a la situación de cada paciente y a factores como el tipo de tratamiento que estén recibiendo».

Así se ha pronunciado la también vicepresidenta segunda del Congreso durante la presentación de la III Cumbre Española Contra el Cáncer, organizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). «Es necesario que el ministerio preste especial atención a los pacientes con cáncer en todo lo relativo a las disposiciones destinadas a recibir la vacuna de la Covid», ha aseverado, insistiendo en la idea de una «vacunación personalizada» en función de las circunstancias de cada paciente.

En el mismo sentido se ha manifestado el vicepresidente primero de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), el doctor Armando López Guillermo, quien también ha expresado durante el encuentro que todos los pacientes con cáncer «deben vacunarse de manera prioritaria, con independencia de otros factores de riesgo».

«Ello incluye a todos los enfermos hasta, al menos, cinco años después de presentar la respuesta completa al tumor; a pacientes con linfoma u otros que reciben o han recibido tratamientos linfodepletivos o procedimientos intensivos; así como a enfermos en ensayos clínicos», ha especificado.

Asimismo, también ha resaltado que el momento exacto de la vacunación para asegurar la mayor protección debe decidirse caso a caso, «según la neoplasia, las características de la misma, el tratamiento recibido, el tratamiento posterior, entre otros factores a tener en cuenta».

Además, para el hematólogo también es esencial vacunar al personal sanitario que atiende al paciente oncológico, para minimizar la transmisión en hospitales. «También sería deseable la vacunación prioritaria de los convivientes y cuidadores de los pacientes oncológicos de alto riesgo», ha añadido.

SIN DATOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA VACUNA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

No obstante, López ha recordado que no existe experiencia específica sobre los efectos de la vacuna en esta población, ya que «ha sido sistemáticamente excluida de los ensayos clínicos». En este sentido, ha explicado que la eficacia vacunal y la duración de la misma podría ser menor en pacientes que estén recibiendo quimioterapia, al igual que en pacientes sometidos a terapias que eliminan los linfocitos B. Por ello, el experto aboga por la realización de un estudio prospectivo de la eficacia y seguridad de la inmunización en esta población.

Sin embargo, el doctor ha mencionado que existe información sobre otras vacunas, como es el caso de la inmunización de la gripe cada año, que arrojan datos esperanzadores. «Con la vacuna de la gripe se ha registrado una menor eficacia, pero se ha demostrado que es muy útil y completamente segura en esta población», ha destacado. Además, ha asegurado que, de manera general, «no se ve motivo de mayor toxicidad en los enfermos».

Por su parte, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Nuria Domenech Climent, también presente en el evento, ha resaltado la labor de la enfermera sobre los pacientes con cáncer, en materia de prevención, manejo de los síntomas, disminución de las complicaciones y apoyo emocional y social.

En cuanto a la vacunación de la Covid-19, Domenech principalmente la ha recomendado para personas con cáncer avanzado, pacientes en tratamiento activo potencialmente inmunosupresor, en enfermos de cáncer de pulmón, y en neoplasias hematológicas.

Así, ha destacado que el papel de los enfermeros en la vacunación de pacientes con cáncer se basa, sobre todo, en el control, organización y logística de los equipos de almacenamiento de las vacunas, así como en la configuración de los listados de las personas de riesgo en base a las directrices del ministerio.

De igual forma, el personal de enfermería asegura el acceso al sistema informático de registro y seguimiento vacuna, realiza el control de materiales apropiados para garantizar la administración de las vacunas, e impulsa campañas de información y captación de personas de riesgo.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha dicho que no se cree la encuesta del CIS porque el PSC se la ha sacado «de la manga» para dar la victoria a su candidato, y le acusa de querer interferir con estos sondeos en la formación de la voluntad del voto para el 14F.

«Esta encuesta del CIS no la creo por datos objetivos. Vean ustedes las tablas de recuento de voto y verán que, para esa ficción de encuesta, ganó ERC en 2017 y no Cs, y además figura que Cs no sacó ni la mitad de votos», ha dicho este jueves en unas declaraciones a los periodistas en Barcelona.

Para Carrizosa, se trata de un intento desesperado del PSOE de reforzar a su candidato para las catalanas, pero se muestra convencido de que «los catalanes no se van a dejar influenciar por estas profecías que los socialistas quieren ver cumplidas en el Govern».

Por otro lado, ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por sus declaraciones en las que –según Carrizosa– se abre a un pacto entre el PSC y ERC tras el 14F, y quita hierro a los vetos que ambas formaciones se han puesto, por achacarlos a la propia campaña electoral: «Como si en campaña fuera lícito mentir».

«¿Cómo puede ser posible que esté justificando la negativa a los pactos entre Illa y Aragonès, y que al mismo tiempo diga que abre la puerta a pactos? Porque claro, es que estamos en campaña. Queremos denunciar la hipocresía del PSC», ha incidido.

CORRUPCIÓN

Ha exigido al PP y a sus dirigentes que no se desentiendan del escrito del extesorero del PP Luis Bárcenas en el que atribuye al expresidente Mariano Rajoy el conocimiento de la presunta corrupción del PP, y urge a dar explicaciones y colaborar con la justicia para «limpiar la vida pública».

También ha hecho referencia al caso ‘Voloh’ del supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista en Cataluña, porque la Audiencia de Barcelona ha avalado este jueves las escuchas telefónicas del caso por ver indicios de corrupción.

Para él, el caso Voloh es «especialmente repugnante porque se ha detectado durante la pandemia y con personajes revoloteando alrededor de la conselleria de Sanidad con ERC, intentando tener contratos sin las cautelas legales debidas».

Y ha interpelado al candidato de ERC, Pere Aragonès, para decirle que prefiere echar las culpas a España pero que «quien roba está bastante más cerca: Es increíble que el nacionalismo siga tapando la corrupción con la ‘estelada'».

También, de nuevo, se ha referido al PSC por la investigación de la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, por lo que cree que «el cambio no es cambiar la corrupción nacionalista por la socialista, o la socialista por la del PP, el cambio es que Cs gobierne».

La Audiencia Nacional no se plantea enviar a la comisión de investigación sobre la ‘operación Kitchen’, que en unas semanas arrancará en el Congreso de los Diputados, la documentación que obra en el sumario de la causa judicial y que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6, según fuentes jurídicas.

El pasado 28 de enero la comisión que preside la socialista Isaura Leal aprobaba por un lado el listado de comparecientes, entre los que está el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, y por otro la documentación que se debía requerir a la Audiencia Nacional.

En concreto, aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.

También quieren tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.

A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.

Ante esta batería de documentación, estas mismas fuentes jurídicas consultadas ya avanzan que los diputados que participen en esta comisión no van a poder contar con ningún documento que obre en el sumario. La razón para este cierre en banda podría ser que, aunque el secreto del sumario se levantó en septiembre de 2020, sigue existiendo una reserva sobre el mismo y sólo las partes en el procedimiento pueden conocer tal documentación.

Cabe recordar que en esta pieza 7 de la macrocausa ‘Tándem’ que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 se investiga el operativo parapolicial orquestado en 2013 y que tenía por objetivo sustraer información sensible relativa al PP que estaba en posesión del extesorero Luis Bárcenas para que no llegara al juzgado que investigaba ya entonces la ‘Caja B’ del partido.

Pese a esta negativa de la Audiencia Nacional de mandar documentación que obre en la causa a la comisión, a la ecuación hay que sumar que en esta pieza están personados como acusación tanto Podemos como el PSOE, por lo que de facto tienen acceso a toda la documentación, o a casi toda, porque una pequeña parte de la misma sigue bajo secreto –la referente al registro domiciliario del que fuera chófer de los Bárcenas y confidente de la Kitchen–.

INVESTIGADOS RELACIONADOS CON EL GOBIERNO DE RAJOY

En la pieza ‘Kitchen’ se encuentran investigados, además de Villarejo, altos mandos policiales como el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; o el que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Pero también están imputados Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, y su ‘número dos’ Francisco Martínez. Por todo ello, desde el PP solicitaron al magistrado y a los servicios jurídicos del Congreso que informaran sobre cómo puede afectar el uso de estos documentos a los derechos constitucionales de los investigados, muchos de los cuales serán llamados a comparecer en dicha comisión.

Por otro lado, fuentes jurídicas han indicado que el magistrado Manuel García-Castellón aún no ha recibido ningún escrito solicitando dicha documentación, pero, en cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, el magistrado no autorizaría el uso ni la remisión de ninguna documentación del sumario.

Así, recuerdan que se trata de documentos enmarcados en una investigación judicial y ahí deben permanecer. «Ese asunto se trabaja en la Audiencia Nacional», han subrayado las fuentes consultadas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que los jueces y juezas que sean progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales.

Si bien la ley sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a otro cuando fallece la madre biológica, el CGPJ entiende que, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable a casos como el analizado para proteger el interés superior del menor.

El pronunciamiento del CGPJ responde a la consulta elevada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la petición de una magistrada, madre biológica y progenitora única, para que se le conceda el derecho a disfrutar de las semanas de permiso que le habrían correspondido al otro progenitor en caso de haber sido una familia biparental.

La magistrada alegaba que se equipararía de este modo a las familias monoparentales con las biparentales en el ejercicio del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Ninguna de las leyes vigentes que regulan los permisos por cuidado de hijo/a (Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto Básico del Empleado Público y Estatuto de los Trabajadores) permite la transferencia de los permisos de uno a otro progenitor.

La norma general es la prohibición, con una única excepción: en caso de fallecimiento de la madre biológica, el otro progenitor puede disfrutar del permiso que le habría correspondido a ella.

No obstante, el CGPJ considera que esa excepción es aplicable al caso analizado. Y recuerda, por un lado, el mandato constitucional (art. 10.2 CE) según el cual la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España son de aplicación directa en la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades reconocidos por la Constitución.

En este caso, por tanto, es de aplicación la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la discriminación de los menores, sea cual sea su condición o la de sus padres, y dispone la obligación de las administraciones públicas de velar por el interés superior del menor. Y, de otro, que el Código Civil permite la «aplicación analógica de las normas» cuando, ante la ausencia de regulación de un determinado supuesto, se aplica lo previsto para otro similar con el que se aprecie identidad de razón.

EN INTERÉS DEL MENOR

El beneficio del menor, su interés superior, es la finalidad a la que atiende la excepción que la ley contempla cuando permite la transferencia del permiso al otro progenitor en los casos de fallecimiento de la madre biológica.

La pérdida de la madre biológica no debe limitar el tiempo total que los dos progenitores habrían podido dedicar al menor disfrutando cada uno de ellos, de forma consecutiva, de sus respectivos permisos.

De forma análoga, en el caso analizado el interés superior del menor no puede verse afectado ni limitado por el hecho de pertenecer a una familia monoparental y tener un solo progenitor legal, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ considera además que denegar la petición a la magistrada vulneraría el derecho de no discriminación del menor al impedir que se beneficie del mismo tiempo de atención y cuidados directos que habría tenido de haber nacido en una familia con dos progenitores.

El Congreso ha rechazado este jueves la pretensión del PP de mantener en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, impulsada en la etapa de Jorge Fernández Díaz y bautizada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’, por lo que su reforma continuará su tramitación parlamentaria.

El PP ha defendido en el Pleno una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, para tratar de echar por tierra la proposición de ley de reforma impulsada por el PNV y que el Congreso tomó en consideración el pasado mes de septiembre con el apoyo, entre otros, del PSOE y Unidas Podemos. Los socios de Gobierno se habían comprometido hace un año a derogarla.

Sin embargo, la iniciativa del PP sólo ha cosechado el apoyo de sus diputados, por lo que la modificación de la ‘Ley Mordaza’ seguirá su andadura en el Congreso. Hace dos legislaturas la Cámara ya estuvo debatiendo sobre esta reforma, pero nunca llegó a ver la luz por las sucesivas convocatorias de comicios.

En el PP, la diputada Teresa Jiménez Becerril pidió apoyo para paralizar la reforma alegando que la ley vigente cuenta con el visto bueno de quienes la aplican y sigue siendo una herramienta legal «imprescindible», sobre todo en el actual estado de alarma.

LA «HIPOCRESÍA» DEL GOBIERNO

De hecho, ha criticado la «hipocresía» del Gobierno por querer modificar una norma que ha aplicado en este último año más que su partido en el tiempo que estuvo en el poder. Por eso, sostiene que ahora no es el momento para reformarla porque hacerlo provocaría «inseguridad jurídica» tanto a las autoridades como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los ciudadanos.

Pese a sus argumentos, todos los grupos han cuestionado el texto del PP, que no ha cosechado siquiera el apoyo de Ciudadanos ni de Vox, pese a que los de Santiago Abascal comparten el espíritu de la ley original y también las críticas a Bildu y al PNV, al que se han dirigido con el calificativo de «recogenueces» de la banda terrorista ETA, y al Gobierno por su política penitenciaria.

En nombre de la formación naranja Miguel Gutiérrez se ha preguntado qué habría pasado si en legislaturas anteriores se hubiera derogado la vigente Ley de Seguridad Ciudadana en plena pandemia, pero tampoco comparte que el PP pretenda anular una reforma de una ley de la que es necesario modificar «muchos puntos».

Desde Vox el diputado Francisco José Alcaraz ha confirmado que iban a votar en contra de la iniciativa porque, aunque comparte con el PP su voluntad de proteger a las Fuerzas de Seguridad y a la ciudadanía, cree que no es asumible que hayan registrado una enmienda que no es más que un «copia y pega» de la ley de 2011.

SE HAN AUTOPLAGIADO Y LO HAN HECHO MAL

Esta crítica ha sido bastante recurrente en el resto de intervinientes, entre ellos el portavoz del PSOE de Interior, David Serrada, que ha acusado a los ‘populares’ de haberse «autoplagiado» y de haberlo hecho encima «mal» por haber incluso copiado la estructura de aquel Ministerio que dirigió Fernández Díaz y que se convirtió, según sus palabras, en «el mejor escenario de una película de Berlanga» para «tapar casos de corrupción».

Pero, además, Serrada ha subrayado que el PSOE es partidario de mejorar la denominada ‘Ley Mordaza’ porque «siempre» va a velar por el cumplimiento de los derechos y libertades de la ciudadanía, y no por poner «palos en las ruedas» como, según ha dicho, el PP está acostumbrado a hacer en sus leyes.

En la misma línea, Enrique Santiago, en nombre de Unidas Podemos, ha acusado al PP de estar actuando «vergonzosamente» por copiar «mal» la Ley de 2011 en su enmienda y le ha afeado que pretenda que siga adelante una norma que supone «volver a la negra noche de los recortes de libertades del Gobierno de Mariano Rajoy».

Parecidos argumentos han esgrimido desde Esquerra Republicana (ERC), Bildu o el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que abogan directamente por derogar esa ley por ser «aberrante, regresiva y antidemocrática», y por el PNV, que ha defendido la necesidad de concluir el trabajo que se inició hace dos legislaturas para mejorarla.

El debate de esta propuesta de los ‘populares’ ha estado regado de alusiones a la corrupción al partido de Pablo Casado a propósito de la declaración del que fuera tesorero del partido Luis Barcenas contra el expresidente del gobierno Mariano Rajoy.

El Juzgado de lo Social número uno de Santander ha declarado nulo el despido de un trabajador, operador de alarmas, tras comunicar a la empresa que iba a ser padre por segunda vez y su intención de conciliar vida laboral y familiar.

Además, la sentencia, condena a la compañía –Ralset Seguridad SL, perteneciente al Grupo Pitma– a readmitir al empleado en el mismo puesto y con idénticas condiciones, así como a abonar los salarios que ha dejado de percibir desde el cese, en mayo de 2020.

La resolución, que ve el despido «una clara reacción» de la empresa al anuncio de paternidad, indica que antes de esa fecha, entre febrero y marzo del año pasado, el demandante estuvo de baja médica. Después, el 19 de mayo envió un correo electrónico al responsable de la empresa para comunicarle que a principios de agosto iba a ser padre por segunda vez.

Al día siguiente, su superiora jerárquica le informó que debía prestar servicios el 25, 26 y 27 de ese mes, que le correspondían descansar, para cubrir una sustitución, a lo que el trabajador contestó que entendía que eran horas extraordinarias y se le debían abonar como tal. Y reiteró además que tenía un niño de dos años y que su mujer estabaembarazada de 7 meses, por lo que la conciliación familiar era «esencial» para él.

No obstante, accedió a hacerse cargo de los servicios comunicados mediante teletrabajo, aunque la responsable le informó un día después por correo electrónico que ya no era necesario que cubriera ningún turno.

Tras esto, el 25 de mayo la empresa acordó su despido, comunicado por carta el día 28, por motivos «disciplinarios» basados en la «disminución de su rendimiento» en marzo y abril, comparando su actividad con la de otro trabajador de su grupo, en función de los promedios de tiempo de atención y cierre de los avisos de alarma.

Tras la celebración del juicio, el juez no considera acreditada la existencia de una disminución «reiterada y voluntaria» del rendimiento del empleado en cuestión y destaca al respecto que no se contrasta su actividad con la de meses precedentes, sino que solo se mide en relación a uno de sus compañeros de grupo, formado por cuatro o cinco operarios, a los que se atribuye una mayor antigüedad o experiencia que no ha quedado acreditado.

Además, no se tuvo en cuenta los días que el trabajador estuvo de baja en marzo, que ni si quiera aparecen reflejados, ni se demuestra la existencia de una previa advertencia al implicado sobre la citada disminución de rendimiento, ya que no se aportó el mensaje de WhastApp en el que se supuestamente se habría comunicado tal extremo.

Y no se tiene en cuenta que el tiempo de atención de cada servicio puede venir influido por distintas circunstancias, pues en ocasiones es necesario realizar llamadas decomprobación cuando salta una alarma, de igual modo que no se acredita que el posible mayor tiempo dedicado en la atención a un caso haya redundado en una disminución de la calidad del servicio o del número de servicios atendidos por él.

CLARA REACCIÓN DE LA EMPRESA AL ANUNCIO DE PATERNIDAD Y DESEO DE CONCILIAR

Todo esto «determinaría sin más la improcedencia del despido» del que se deduce, por la forma en que se produjo, que la decisión fue «una clara reacción de la empresa al anuncio» que hizo el trabajador al responsable de la misma de su próxima paternidad, y al explicitar además su interés en conciliar vida familiar y laboral, así como la eventual reclamación de horas extra por el cambio de turno encomendado que no tuvo que hacer.

«Tan pronto el actor hace esas manifestaciones, la empresa reacciona, primero, diciéndole secamente que ya no es necesario que cubra el cambio de turno (22 de mayo) y acordando su despido disciplinario, sin acreditar su causa alguna, el 25 de mayo», concluye el magistrado, que aprecia una «vulneración del derecho constitucional de igualdad del trabajador, discriminando ante el mero anuncio de que iba a ser padre».

«La reacción de la empresa es consecuencia del anuncio de su intención de conciliar la vida familiar y de la reclamación de que los servicios que preste en la sustituciónencomendada se le abonen como horas extraordinarias»