Vocento registró pérdidas de 21,8 millones de euros en 2020, frente a los 6,3 millones de euros del año anterior, por el impacto de la pandemia del Covid-19, por «indemnizaciones ligadas a mejoras de eficiencia futuras» y por «diversos gastos sin efecto en caja incurridos para ajustar el valor de ciertos activos».

Así lo ha dado a conocer este viernes el grupo de comunicación, que ha apuntado que los ingresos totales de explotación en 2020 fueron de 341,3 millones de euros, con una disminución del 13,5% respecto a 2019.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado asciende a 21,7 millones de euros e incluye el impacto de las indemnizaciones de 7,2 millones de euros y la provisión restante de la deuda de Intereconomía, de 1,2 millones de euros, contabilizados en diciembre de 2020, según ha explicado.

Asimismo, el Ebitda comparable se cifró durante 2020 en 34,4 millones de euros, lo que supone un descenso del 30,7% respecto al de 2019, con una mejor evolución en el segundo semestre (-17,8%) que en el primero (-48,2%).

En este sentido, Vocento ha especificado que las indemnizaciones de 11,5 millones incluyen 7,2 millones de euros devengados en diciembre de 2020 para un plan de reestructuración que generará ahorros anuales de unos 4,5 millones de euros a partir de 2021. «Se deben, entre otros, al cierre de negocios no rentables, como el gratuito Nervión, la revista Hoy Corazón o la TV local Teledonosti», ha añadido.

«Sin el efecto en diciembre de las indemnizaciones devengadas, la provisión por el crédito de Intereconomía, el deterioro de fondos de comercio, principalmente de las Provincias, y de ciertos activos, y en signo contrario, del resultado del litigio con Hacienda, el resultado neto consolidado hubiese sido de aproximadamente -2,0 millones de euros», ha apuntado la compañía.

Vocento cerró 2020 con una posición financiera de deuda neta (PFN) de 67,3 millones de euros, frente a los 52,8 millones en 2019. La deuda financiera, excluyendo la originada por los alquileres, se mantuvo en 46,6 millones, frente a los 45,7 de 2019. Además, ha agregado que ha generado caja ordinaria positiva en todos los trimestres del año, hasta alcanzar un total de 13 millones de euros durante el ejercicio 2020.

Respecto a las ventas de ejemplares, estas cayeron un 9,1% durante el pasado ejercicio, y los ingresos por ventas de publicidad un 16,4%. Así, los ingresos publicitarios del grupo según su origen nacional o local descendieron un 16,1% y 15,9%, respectivamente.

En cuanto a los ingresos de publicidad digital más los de e-commerce y nuevos negocios digitales, Vocento ha puesto de relieve que el peso de lo digital aumentó en 4,3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 45,8% del total.

Además, ha destacado que la reducción de costes en 2020, como respuesta al impacto del Covid en los ingresos, compensa el 71% de la caída anual de estos y combina actuaciones sobre los costes variables (aprovisionamientos, distribución, etc.) y fijos (ERTEs). Los gastos de explotación sin amortizaciones fueron de 319,6 millones de euros, un 9,3% menos que en el ejercicio 2019.

POR ÁREAS DE NEGOCIOS

En Periódicos, los ingresos de explotación se sitúan en 276,4 millones de euros, un 14,9% menos que en 2019, mientras que el Ebitda comparable asciende a 27,4 millones de euros, con un descenso del 34,9% respecto al de 2019.

«La evolución de la rentabilidad de los Regionales se ve fuertemente afectada por la publicidad, (-14,5 millones de euros, debido a la print, dado que la digital creció ligeramente), y en menor medida por el margen de imprentas y distribución, que desciende en -1,3 millones de euros», ha detallado.

En este contexto, ha destacado la mejora del conjunto del margen de difusión print y del de las suscripciones digitales por 674.000 euros, y los ahorros de costes de personal y comerciales, entre otros, que impactan positivamente en 5,9 millones de euros.

Por su parte, ha señalado que el Ebitda comparable de ABC está impactado por la caída de la publicidad (-3,5 millones de euros, concentrándose en print casi la totalidad de la caída) y en menor medida por la caída en el margen tanto de difusión (-1,4 millones de euros) como de la actividad de impresión (-1,17 millones de euros). El Ebitda por suscripciones digitales (On+, ABC Premium y KyM) asciende a 2,7 millones de euros en 2020.

En relación con Audiovisual, ha indicado que los ingresos de explotación alcanzan los 31,2 millones de euros, lo que supone un 5,3% menos que el ejercicio anterior, con unas caídas del 5,7% en TDT, del 4,8% en Radio y del 1,3% en Contenidos, «consecuencia directa de la baja actividad propiciada por la crisis del Covid-19». El Ebitda comparable se sitúa en 9,3 millones, respecto a los 10,4 obtenidos en 2019.

En Clasificados, ha señalado que los ingresos de explotación ascienden a 22,8 millones de euros, un 18% menos que en 2019, y que «los ingresos del área están impactados por la desconsolidación del portal Infoempleo en 2019». En cuanto al Ebitda comparable, el descenso en 2020 del 23,4% se concentra en gran parte en segundo trimestre (-83,6%).

Por último, en Gastronomía y Agencias, los ingresos de explotación alcanzan los 15,4 millones de euros, un 12,5% más que en 2019. El Ebitda comparable en 2020 ha sido de 1,9 millones de euros, el 2,7% menos que en 2019, afectado por la celebración de menos eventos respecto al mismo periodo del año anterior.

Aena aumentará en un 7,5% la capacidad de manejo de mercancías en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, gracias a la construcción de dos nuevas terminales de carga por las que han decidido optar hasta seis compañías que ya han presentado sus ofertas, que oscilan entre los 1,7 y los 2,7 millones de euros, dependiendo de la parcela.

El pasado mes de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de Aena autorizó el inicio del proceso de licitación de una parcela de 11.506 metros cuadrados situada en la primera línea funcional de la ampliación Sur del Centro de Carga Aérea del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con acceso directo al lado aire del aeropuerto.

La licitación, realizada por concurso público, permite la adjudicación de la parcela en tres lotes. Los licitadores podrán presentar oferta a cada uno de los lotes por separado o bien presentar oferta conjunta para ambos lotes.

En el caso de presentar oferta para ambos lotes, la adjudicación conjunta de ambos sólo será posible, si el licitador hubiera ofertado en total un canon fijo anual superior en un 15% a la mayor de las ofertasde los demás licitadores. En el supuesto de no alcanzar dicho porcentaje, los lotes se adjudicarán por separado.

Esta adjudicación permitirá construir dos nuevos terminales de carga, completamente diferenciados, sobre sendas parcelas de 5.151 metros cuadrados y 6.355 metros cuadrados, respectivamente.

El importe neto de las rentas de licitación era de 13.496,00 euros/mes por la parcela del Lote 1 y de 16.650,00 euros/mes por la parcela del Lote 2.

Además, la inversión mínima que deberían acometer las empresas adjudicatarias para la construcción de las dos nuevas terminales de carga sería de 1,67 millones de euros y de 2,07 millones de euros, respectivamente.

Según el expediente pendiente de adjudicación en esas parcelas se podrán construir una o dos naves «dedicadas a la actividad de handling y/o autohandling de mercancías no rampa, almacenamiento, transporte y distribución de mercancías y carga aérea».

DOS NUEVAS TERMINALES.

Cuando las dos nuevas Terminales de Carga estén en operación, previsiblemente en unos dos años, se produciría una ampliación significativa de la capacidad de manejar carga aérea en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que redundaría en una mayor competitividad del aeropuerto y una mejora en la calidad del servicio prestado en el mismo.

La puesta en operación de estas dos nuevas Terminales de Carga supondrá el incrementar en un 7,5% la capacidad actual de manejo de mercancías en el aeropuerto y en un 6,3% la superficie de parcelas dedicadas al mismo.

El concurso ha sido muy bien acogido entre los operadores de carga, habiéndose presentado un total de seis empresas a la licitación. Destaca la participación de empresas operadoras de Terminales de Carga de primera línea en este o en otros aeropuertos de la red de Aena, como es el caso de WFS, IAS Handling, Aeródromo de la Mancha o ALAIRE; pero también de otras empresas que se iniciarían en este mercado, como es el caso de Alfil Logistics o Quality Handling.

Para el Lote 1 han superado los requisitos de solvencia exigidos por Aena las empresas Quality (propuesta de inversión de 2 millones de euros), ALAIRE (2,08 millones de euros) y Aeródromo de la Mancha (1,7 millones de euros).

En el caso del Lote 2 las empresas presentadas han sido Alfil Logistics con una propuesta de inversión de 2,73 millones de euros y IAS Handling con 2,065 millones de euros.

En el caso del Lote 3 han superado los requisitos de solvencia exigidos dos empresas: Worldwide Flight Services Servicios Aeroportuarios (con una oferta de 3,8 millones de euros) e IAS Handling (con 3,33 millones de euros).

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que los precios ofertados por estos lotes son «precios ‘pre-pandemia'».

Unión de Uniones, ante la futura orden ministerial que incluiría al lobo en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y la intervención realizada ayer la ministra de Transición Ecológica, insiste en paralizar su inclusión hasta que no exista un consenso con los ganaderos, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha lamentado que la propuesta de Ribera siga adelante, pese al «absoluto rechazo» de todo el sector ganadero y critica que pretenda meter a todas las regiones «en el mismo saco», sin tener en cuenta que la realidad de la especie es muy distinta de un territorio a otro.

En este sentido, y así ha incluido la organización entre sus alegaciones cuyo plazo finaliza hoy, la realidad de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia es «muy diferente» al resto de España e incluir a las poblaciones del lobo al norte del Duero en el Lespre, no va a propiciar una mejora en su población, que en estas regiones tiene una tendencia positiva, pero sí un «gran perjuicio» en las comarcas ganaderas con mayor riesgo de sufrir ataques.

Además de este aspecto, entre las propuestas presentadas por Unión de Uniones, figura también la necesidad de basarse en un censo nacional actualizado, una justificación técnica de rigor, estudios de impacto ambiental sobre la ganadería extensiva y un amplio consenso previo y no al revés.

La organización agraria también propone la creación de una base de datos nacional de ataques de fauna salvaje al ganado, similar al GeoLoup francés, así como considerar un abatimiento enfocado a aquellos ejemplares que provoquen ataques de ganado recurrentes a pesar de tener medidas preventivas que conseguiría avanzar más en los planes de gestión y que ya contemplan una gestión de la población en función del riesgo de ataques.

Asimismo, Unión de Uniones considera «muy grave» que desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aún nadie haya presentado un estudio técnico sobre la necesidad de incluir al lobo en este listado, ni del impacto que esto pueda traer sobre la ganadería extensiva, los ecosistemas protegidos asociados a ésta ni sobre el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

«Da la sensación de que se quiere sacrificar rápidamente y sin anestesia al ganado extensivo, sobre todo en las zonas donde hay más presencia de lobo», han señalado. TILDA DE «FRÍA» LA DEFENSA DE PLANAS A LOS GANADEROS PROFESIONALES

Por otro lado, Unión de Uniones ha calificado de «fría» la defensa de Luis Planas a los ganaderos profesionales, y demanda que «no dé su brazo a torcer» ni permitir que las ayudas por ataques se incluyan dentro de la PAC.

«La PAC está para apoyar la producción de alimentos de forma sostenible, no para pagar las indemnizaciones que son responsabilidad del Estado. Aunque el ministro no lo dijera abiertamente, Ribera sí que lo dejó caer. Pedimos que Planas no sea condescendiente y si es el Miteco el que quiere proteger al lobo que en vez de quitarle presupuesto a Agricultura y a los ganaderos que lo busque en sus cajones», han señalado.

La organización ha recordado que el impacto económico de los ataques de lobos es «muy alto». Solo en las cuatro comunidades autónomas con mayor población de lobos se han registrado más de 8.000 ataques al año, a los que habría que sumar los que no se comunican.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Alejandro Abascal, ha propuesto este viernes juzgar a cinco de los investigados en el caso ‘Dia’ por presuntamente haber engordado las cuentas de la compañía en 2016 y 2017 mediante prácticas irregulares que habrían supuesto un incremento ficticio de casi 52 millones. Entre los procesados están el ex consejero delegado del Grupo Dia Ricardo Currás, y su número dos Amando Sánchez Falcón.

En el auto de fin de instrucción y pase a procedimiento abreviado, que ha sido firmado este mismo viernes por el magistrado, procesa también a Dia España como responsable civil subsidiario y archiva la causa para los dos socios consultores de KPMG, consultora encargada de auditar las cuentas de la compañía en 2016 y 2017. También sobresee la causa para los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la cadena de supermercados de esos mismos ejercicios, y para el responsable de la política de cumplimiento normativo.

De esta manera, quedarían fuera de la causa el que fuera CEO de Dia entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, Borja de la Cierva, imputado por haber pertenecido a esa misma comisión desde octubre de 2016, Richard Golding (presidente de esa comisión en 2016), Juan María Nin Génova –fue vocal externo de esa comisión–, María Luisa Garaña Corees –vocal independiente desde febrero de 2017– y Julián Díaz González –vocal independiente y miembro de la misma en 2016 y 2017–.

El magistrado imputa a los cinco procesados un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales por las actuaciones contables irregulares. Junto a Currás y Sánchez Falcón, procesa a otras tres exdirectivos que ya estaban siendo investigados desde el inicio, son los ex directores comerciales de DIA Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, y el que fuera director financiero Antonio Arranz Martín.

Ahora, el magistrado da traslado al fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa.

NOTABLES IRREGULARIDADES

Esta investigación se inició en 2019, a raíz de una querella de accionistas de la mercantil DIA que denunciaban por estafa a los responsables de la cadena de supermercados por distintas actuaciones contables irregulares que ponían de manifiesto que las cuentas del ejercicio de 2017 de la entidad no reflejaban la veracidad y exactitud de su situación económica, al existir notables irregularidades contables.

El auto de Abascal recoge todas las diligencias practicadas y explica que con la instrucción ya finalizada se ha acreditado que Currás, como consecuencia del empeoramiento recurrente de resultados del grupo y de la consiguiente caída de la acción desde 2015, empleó su conocimiento y posición para «actuar» sobre determinadas partidas de la contabilidad de DIA España S.A. impartiendo órdenes de contabilización de magnitudes «que no respetaban la normativa contable, ni la realidad del negocio, pero permitían mejorar resultados, tanto del año 2016 como los del año 2017».

Este plan se lleva a cabo al haber sido «especialmente inferiores a las expectativas» los resultados de 2017, «dadas las bajadas de precios que el grupo se vio obligado a hacer en España para relanzar las ventas».

Esas prácticas irregulares, según relata el juez en su resolución de 38 páginas, condujeron a que se fueran arrastrando unas cantidades de un año a otro, mejorando los resultados de cada año con base a ingresos futuros, «generando un acumulado cada vez mayor, con la esperanza de que de volver a mejorar los resultados por la propia actividad se fuesen compensando sin que nadie lo advirtiese».

El juez analiza las prácticas contables irregulares llevadas a cabo, como por ejemplo la previsión de ingresos no justificados procedentes de la negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros, la incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia por valor de 21,7 millones de euros, la eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir por importe de 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal por valor de 5,5 millones. Apunta que Ricardo Currás dio la orden de que no se realizaran tales provisiones en los ejercicios de 2016 y 2017.

Añade el magistrado que como consecuencia de estas prácticas, al aprobar las cuentas anuales del ejercicio de 2018, hubo que re expresar las cuentas anuales del ejercicio anterior, «si bien lo cierto es que afectó tanto a las de 2016 como a las de 2017».

«Consecuencia de estos, y otros hechos significativos, el Consejo de Administración de DIA remitió, como empresa cotizada, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dos hechos relevantes, los días 12 y 22 de octubre de 2018, lo que hizo que la acción de DIA en la bolsa española descendiese», apunta el juez.

EL 290 DEL CÓDIGO PENAL

En el auto, Abascal analiza la doctrina del Tribunal Supremo (TS) y concluye que los hechos descritos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal en relación con el artículo 74.

Explica que el 290 sanciona la conducta de falsear, mentir, alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de una entidad en los documentos que suscribe y que frustra el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad.

Tras esto, el magistrado entra a razonar los diferentes sobreseimientos. Sobre los socios de KPMG Carlos Peregrina y María Lacarra puntualiza que la firma ha aportado un «ingente material documental» con más de 5.000 documentos, y apunta que en los papeles de trabajo de la auditora se pone de manifiesto que detectaron «como riesgo de la auditoria, la práctica de los ingresos accesorios y la no provisión del bonus».

Señala que desde la perspectiva de la no provisión del bonus, la misma quedó reflejada en los papeles de trabajo, «y si bien no dio lugar a salvedad alguna en el informe de la auditoría, no es menos cierto que la cantidad no provisionada, por sí sólo, no alcanzaba los límites de materialidad».

El juez recuerda que la orden de no provisionar fue dada por Currás con lo cual «el responsable de convertir tal práctica en mero incumplimiento contable, a práctica irregular dirigida a alterar el resultado general, sólo a él es directamente imputable». Y subraya que los auditores «no se convierten en cooperadores necesarios del resultado final, pues el resto de irregularidades no fueron detectadas».

E incide en que las testificales prestadas por parte delequipo de auditoría «han sido claras» y de ellas se entiende que se les ocultó información en algunos aspectos, «y se les trasmitióotra información que no se correspondía fielmente con lo quesucedía».

Con todo, el magistrado indica que más allá de la responsabilidad penal, ahora será la CNMV o el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) quienes deberán valorar si cumplieron con sus obligaciones y deberes que impone la normativa vigente.

Sobre el archivo para la comisión de auditoría, el juez apunta que no ha quedado acreditado que sus miembros «tuviesen conocimiento, directo o indirecto, de las prácticas contables irregulares que se estaban llevando a cabo por indicaciones del CEO, Ricardo Currás». Y añade que es poco probable que existiera un acuerdo generalizado entre el CEO y estos.

El nuevo etiquetado energético de productos modificado por la Comisión Europea para adaptar la clasificación de eficiencia energética a los nuevos métodos de ensayo sobre el consumo de estos aparatos entrará en vigor este 1 de marzo, informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A lo largo de 2021, cinco familias de productos eléctricos contarán con un nuevo etiquetado energético tanto en las tiendas físicas como en la venta por Internet.

En concreto, la nueva etiqueta de frigoríficos, congeladores y vinotecas, lavadoras y lavasecadoras, lavavajillas y pantallas electrónicas (incluidos monitores y televisiones) estará disponible a partir de este 1 de marzo, mientras que las fuentes de iluminación se sumarán a este nuevo etiquetado a partir del 1 de septiembre.

El nuevo etiquetado de productos eléctricos elimina las clases energéticas ‘A+’, ‘A++’ y ‘A+++’, volviendo a una escala de clasificación que va de la ‘A’ a la ‘G’, donde la ‘A’ clasifica a los productos de menor consumo y mayor eficiencia energética, y la ‘G’ engloba a aquellos de mayor consumo y menor eficiencia energética. De esta forma, la etiqueta mantendrá siete clases de eficiencia energética.

Al mismo tiempo, las nuevas etiquetas incorporarán un código QR exclusivo para que el consumidor pueda acceder a través de su ‘smartphone’ a las características y datos específicos de cada modelo dentro de una nueva base de datos a escala europea denominada EPREL (European Product Database for Energy Labelling).

NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO EN EUROPA

Esta nueva clasificación viene determinada por el desarrollo, a nivel europeo, de nuevos métodos de ensayo sobre la eficiencia energética de los aparatos eléctricos. Se trata de los mismos métodos utilizados por los laboratorios y fabricantes en sus ensayos, que incorporan importantes cambios en sus mecanismos de medición para adecuarse de forma más efectiva al uso real que se hace de estos productos en los hogares.

Esta metodología de ensayo hace que tanto el consumo como la clasificación energética de un producto eléctrico puedan variar con respecto a las antiguas etiquetas y no exista una correlación entre la nueva clasificación y la anterior, de modo que un aparato clasificado hasta ahora como ‘A+++’ puede pasar a etiquetarse como clase ‘B’, ‘C’ o incluso inferior en función de la aplicación de estas nuevas normas de ensayo.

En definitiva, el producto de alta eficiencia continúa siendo el mismo, pero puede experimentar cambios en cuanto a su clasificación energética debido a este nuevo método de ensayo.

¿POR QUÉ UN CAMBIO DE ETIQUETADO ENERGÉTICO?

La saturación de productos disponibles en el mercado de clase ‘A+’, ‘A++’ y ‘A+++’ ha sido uno de los factores determinantes del cambio en la metodología de ensayos para medir la eficiencia de los productos eléctricos.

Además, el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de los fabricantes no podía diferenciarse adecuadamente dentro de la escala de eficiencia establecida, que será adaptada teniendo en cuenta la innovación tecnológica en la fabricación de aparatos eléctricos.

En este sentido, el reescalado de la clasificación energética dejará espacio a los nuevos desarrollos tecnológicos en las clases más eficientes (‘A’ y ‘B’), de modo que los productos tecnológicamente más avanzados cuenten con una clasificación adecuada a su eficiencia energética.

A su vez, esta saturación de productos clasificados como ‘A+’, ‘A++’ o ‘A+++’ había reducido considerablemente el rango de elección por parte del consumidor, por lo que el reescalado de la clasificación energética ampliará las opciones de eficiencia energética en el mercado de productos eléctricos y destinará la clase ‘A’ a promover el desarrollo tecnológico de productos más eficientes.

Los líderes de la UE se han comprometido este viernes a aumentar el gasto militar para desarrollar su autonomía en materia de defensa y seguridad, aunque a la vez han defendido una mayor cooperación con la OTAN y con socios como Estados Unidos, aprovechando la oportunidad que brinda la llegada de Joe Biden.

Tras la reunión por videoconferencia del Consejo Europeo, su presidente, Charles Michel, ha recalcado el «amplio interés» entre los Veintisiete en aumentar la capacidad militar de la UE para, de esta forma, ganar autonomía en el ámbito internacional.

«Queremos profundizar la cooperación de seguridad y defensa entre los estados miembros, incrementar las inversiones en defensa y mejorar la capacidad operativa, además de reforzar la ciberseguridad», ha señalado el ex primer ministro belga en rueda de prensa.

Pero a la vez, la UE defiende su papel como un socio fiable capaz de proveer seguridad y defensa a nivel internacional, algo que pasa por aumentar su cooperación con la OTAN. «Queremos ser más robustos en términos de Defensa, y una OTAN más fuerte contribuirá a esto. Tenemos intereses compartidos», ha defendido el presidente del Consejo Europeo.

A juicio de Michel, el objetivo de la UE para ganar capacidad de actuación en el escenario internacional es compatible con fortalecer la relación con socios estratégicos, «como la OTAN que garantiza los lazos con Estados Unidos».

De esta forma, Michel ha defendido la «complementariedad» entre una UE más capaz de actuar por sí misma y una cooperación renovada entre Europa y Norteamérica a través de la Alianza Atlántica, cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, ha participado en el Consejo Europeo. «La administración Biden da una oportunidad para reforzar la dinámica en muchas áreas, también en seguridad y defensa», ha expuesto.

Por su lado, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha apuntado a atajar la fragmentación de la operatividad europea, algo que servirá para favorecer las misiones de la UE en materia de seguridad, que, según ha recordado, representan más tareas de las que los países de la UE realizan en el seno de la OTAN.

BRÚJULA ESTRATÉGICA PARA 2022

En la reunión por videoconferencia, los líderes de la UE han debatido sobre la brújula estratégica, el plan de futuro con el que los Veintisiete quieren llegar a un entendimiento común en el campo de la Defensa.

Según ha explicado Von der Leyen, el asunto se encuentra todavía en una fase inicial pero el Consejo Europeo se ha comprometido a dar seguimiento al debate y se ha marcado el mes de marzo de 2022 como fecha para adoptar esta hoja ruta.

Con un margen más próximo, el próximo mes de junio, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han pedido al Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell, que presente un informe sobre la estrategia europea de ciberseguridad. La UE ha hecho hincapié en la necesidad de cooperar más para responder a amenazas híbridas, incluyendo el fenómeno de la desinformación.

Banco Santander, a través de Santander Universidades, concedió más de 156.000 becas de estudio, prácticas profesionales y apoyo al emprendimiento durante 2020, un 56% más que en 2019, con una inversión de 110 millones de euros.

De ellas, más de 48.800 se destinaron a universitarios y graduados para el desarrollo de sus competencias; más de 32.700 para apoyar a jóvenes emprendedores a desarrollar o impulsar sus proyectos y más de 75.200 para prácticas profesionales y otros programas de capacitación y orientación al empleo.

El fuerte impacto de la pandemia y sus consecuencias en el ámbito educativo, social y económico provocó un rápido replanteamiento, durante el mes de marzo de 2020, en el mecenazgo que desarrolla la entidad para apoyar a la comunidad universitaria en los países en los que opera.

Para hacer frente a la continuidad de los estudios y la empleabilidad futura de estudiantes, graduados universitarios y jóvenes profesionales, Banco Santander aceleró la evolución de su programa de becas y ayudas en 2020, poniendo el foco en la transformación digital y en las necesidades socio-sanitarias provocadas por la pandemia.

Como señala la entidad, la covid-19 desafió la capacidad de las universidades para continuar formando y apoyando a los estudiantes durante la pandemia de una forma segura. En el ámbito de la educación, más de 100.000 personas se beneficiaron de las acciones promovidas por Santander Universidades, entre becas, ayudas y apoyo a la transición digital, gracias a los más de 30 millones de euros destinados a distintas iniciativas como el Fondo Supera covid-19 para proyectos de investigación, impacto social y reducción de la brecha digital; ayudas a estudiantes en situaciones económicas desfavorables y el impulso de la empleabilidad y el desarrollo profesional, entre otras.

Para reducir la brecha digital de los estudiantes, la dotación de recursos tecnológicos por parte del Santander fue clave, así como la formación online como alternativa a algunos programas presenciales o becas de movilidad, que hubo que modificar debido a las restricciones derivadas de la pandemia.

En 2020 también han destacado las ayudas a jóvenes vulnerables para la continuación de sus estudios y las becas #YoMeQuedoEnCasa e #InvierteEnTi para la formación en el desarrollo de competencias transversales, digitales y lingüísticas con el fin de mejorar la empleabilidad y desarrollo profesional de estudiantes, graduados y docentes.

En esta línea, se amplió por primera vez el alcance a nuevos colectivos afectados por el covid-19, como los desempleados, con el objetivo de mejorar sus habilidades para hacer frente a un mercado laboral en plena transformación.

En relación al compromiso de Banco Santander con el apoyo y acompañamiento de jóvenes emprendedores, articulado a través de Santander X, la entidad lanzó en 2020 diversas iniciativas globales y locales como Santander X Tomorrow Challenge, que buscaba soluciones innovadoras para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, o Santander X Global Award, para identificar proyectos de alto impacto que necesitaban acelerar su crecimiento y soluciones innovadoras que se encontraran en las primeras etapas del desarrollo de negocio.

«Una parte de este cambio ha venido para quedarse, no sólo porque la pandemia sigue afectando a la normalidad de la vida social y universitaria, sino también porque la oferta formativa online o híbrida se consolidarán como responsabilidades relevantes de la educación superior. Desde Banco Santander seguiremos apoyando a la universidad a enfrentar estos y otros desafíos que le permitan seguir desempeñando un rol relevante en el futuro de la sociedad», ha señalado Javier Roglá, director global de Santander Universidades.

El fabricante de fresadoras industriales Nicolás Correa se anotó un beneficio neto atribuido de 5,7 millones de euros en 2020, lo que supone una reducción del 28,4% con respecto a las ganancias del ejercicio precedente, según su informe de resultados remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha explicado que a pesar de la «crítica» situación mundial ocasionada por la Covid-19, el grupo consiguió mantener sus ratios de rentabilidad. Así, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 8,1 millones de euros, un 16,4% menos que el año anterior; con un margen del 12% sobre los ingresos ordinarios.

«Dejamos atrás un año difícil, en el que, gracias a una plantilla comprometida con los valores de esfuerzo y compromiso que marcan nuestra estrategia, hemos conseguido mantener el nivel de rentabilidad de ejercicios anteriores», ha subrayado la consejera delegada del grupo, Carmen Pinto.

Asimismo, los mayores costes derivados de la situación provocada por la pandemia, en referencia al acondicionamiento de instalaciones y puestos de trabajo, fueron compensados por unos menores costes por la ralentización de la actividad y la reducción de la movilidad para la actividad de promoción comercial y ferias.

De este modo, la cifra de negocio neta del ejercicio se situó en los 66,5 millones de euros, un 10% menos; mientras que los aprovisionamientos y la variación de existencias conllevaron un impacto negativo de 29,2 millones de euros, un 14,1% menos.

Los ingresos, que se vieron afectados con la irrupción de la pandemia en un primer momento, recuperaron a partir de abril el ritmo habitual.

El grupo ha explicado que la introducción de nuevos medios digitales para remplazar la presencialidad en la aceptación de máquinas y así proceder a su envío posibilitó a la compañía recuperar el ritmo de facturación.

De su lado, los gastos de personas alcanzaron los 17,8 millones de euros, un 0,8% menos; otros gastos de explotación fueron de 12,3 millones, un 6,6% menos; y la amortización supuso un impacto negativo de 1,6 millones, un 8,8% menos.

En cuanto a mercados, China se consolidó como el primer mercado, dado el menor impacto de la pandemia a lo largo del año en el país asiático. Asimismo, el grupo prevé que será este mercado el que seguirá liderando la recuperación económica en 2021, al menos en lo que al sector se refiere.

En el ámbito europeo, el comportamiento de los mercados fue desigual y estuvo muy marcado por las restricciones de cada país para minimizar la contingencia sanitaria. En el mercado nacional, pese a ser un año difícil, la sociedad consiguió mantener el nivel de ventas de años anteriores.

Pinto ha indicado que el grupo afrontará el 2021 «con el optimismo que las vacunas normalicen de verdad la situación y podamos focalizar todos nuestros esfuerzos en los retos tecnológicos de nuestra actividad, para ofrecer las mejores soluciones».

La tasa de desempleo de Brasil en 2020 fue del 13,5%, frente a la tasa del 11,9% de 2019, con un promedio de 13,4 millones de personas en paro durante el año, 840.000 personas más que el año anterior, lo que supone el dato más alto desde el inicio de la serie en 2012, según ha publicado este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).

Entre octubre y diciembre, la población desocupada fue de 13,9 millones en el país sudamericano, con una tasa del 13,9%, inferior a la del trimestre precedente (14,6%), cuando había 14,1 millones de personas en desempleo. Con respecto a 2019, la desocupación de Brasil en el último trimestre del año se aumentó en 2,3 millones de personas.

Los datos de empleo publicados este viernes muestran que en el escenario de pérdidas generalizadas en los niveles de ocupación, la agricultura, la ganadería y la pesca fue la actividad que menos se contrajo (-2,5%).

En contraste, y a pesar un importante crecimiento durante el último trimestre, las actividades de comercio y reparación de vehículos acumularon unas pérdidas en la ocupación del 9,6% durante el año, con 16 millones de trabajadores, es decir, 1,7 millones de personas menos que el año anterior.

Al igual que el comercio, las actividades de servicios fueron las más afectadas durante la pandemia Covid-19 en 2020.

Entre los grupos de servicios, destacaron los sectores de vivienda y alimentación, que tuvo la mayor caída (estimada en 21,3% respecto a 2019 y 1,2 millones de personas menos).

Antes de la pandemia, esta actividad tenía un crecimiento promedio anual de 5,3% y representaba una parte importante de la ocupación entre los trabajadores informales en el segmento de servicios de alimentación.

El Ibge ha señalado que incluso con la caída récord en 2020, el crecimiento registrado en años anteriores permitió que la ocupación en esta actividad mantuviera un saldo positivo (13%) respecto a los niveles de 2012.

De su lado, la industria brasileña registró cerca de 110millones de trabajadores, correspondiente a una pérdida del 8% (952.000 personas menos) con relación a 2019.

Esta retracción contribuyó a profundizar las pérdidas que ya se estaban produciendo en años anteriores, siendo en 2016 la principal caída (10,1%) de esta actividad. Entre 2014 y 2020, la industria perdió 2,2 millones de trabajadores.

En lo referente a la construcción, aunque registró una mejora en el segundo semestre del año, el sector cerró 2020 con una pérdida del 12,5% y la población ocupada en esta actividad descendió hasta los 5,9 millones de personas.

Brasil lleva perdiendo empleos en la construcción desde 2014, cuando había 7,8 millones de trabajadores, según ha revelado el Ibge. Con respecto a 2012, la actividad acumuló una pérdida del 21,3%, la más alta en ocho años de la serie.

De su lado, la población ocupada durante 2020 se situó en los 86,1 millones, la cifra más baja de la serie que implica un descenso del 7,9% (7,3 millones de ocupados menos) en comparación con 2019.

En el cuarto trimestre, la población ocupada (86,2 millones) aumentó un 4,5% con respecto al trimestre anterior y cayó un 8,9% en comparación el mismo periodo de 2019.

Por su parte, la tasa de informalidad alcanzó el 38,7% de la población ocupada en 2020, frente al 41,1% del año anterior. En el último trimestre, la informalidad alcanzó al 39,5% de la población ocupada, lo que supone un total de 34 millones de trabajadores informales. En el trimestre anterior, la tasa fue del 38,4% y, en el mismo trimestre de 2019, alcanzó el 41%.