La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversó esta mañana con el líder del PP, Pablo Casado, sobre el adelanto electoral en Madrid tras conocer el movimiento de Cs de presentar una moción de censura con el PSOE en Murcia, una charla en la que el presidente de los ‘populares’ le expresó su respaldo.

El anuncio de elecciones anticipadas el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid se ha producido apenas unas horas después de la crisis abierta en Murcia. Con este paso Ayuso ha buscado frenar la posibilidad de que el partido naranja que lidera Inés Arrimadas pueda plantearse sumar sus votos a PSOE y Podemos para echar al PP de la Puerta del Sol.

Sin embargo, las mociones de censura presentadas también esta mañana por el Grupo Socialista y Más Madrid y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Asamblea de Madrid, abren un horizonte de incertidumbre jurídica y todo apunta a que la decisión podría quedar al final en manos de los tribunales.

CASADO ESTABA AL TANTO Y EXPRESÓ SU RESPALDO A AYUSO

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que Casado estaba al tanto de la decisión de Ayuso de convocar elecciones anticipadas. Ambos hablaron esta mañana «antes de que se tomara la decisión» y el presidente del PP le expresó su respaldo, según han añadido las mismas fuentes.

De la misma manera, fuentes del PP madrileño han indicado a Europa Press que Ayuso y Casado mantuvieron esa conversación «antes de la decisión» y han explicado que la presidenta madrileña ha disuelto la Asamblea de Madrid y ha convocado elecciones para frenar una moción de censura en la región.

La propia Ayuso ha asegurado públicamente que si no convocaba elecciones, el PSOE y Cs habrían presentado una moción de censura de la que venían hablando hace tiempo, causando «el desastre» en la Comunidad de Madrid. Según ha recalcado, ha dado este paso «por el bien de Madrid y de España» y ahora serán los madrileños los que elijan «entre socialismo o libertad».

ENFADO DE ‘GÉNOVA’ CON ARRIMADAS

Tras la crisis abierta con Ciudadanos en Murcia y en Madrid, el presidente del PP ha expresado su respaldo a López Miras y a Ayuso y ha recalcado –en un mensaje en su cuenta de Twitter– que «la unidad del centroderecha en torno al Partido Popular es la única solución para España».

La moción de censura que han registrado Ciudadanos en Murcia junto al PSOE para desbancar al ‘popular’ Fernando López Miras ha sido el detonante del adelanto electoral en Madrid. Nada más conocerse ese movimiento del partido naranja, la dirección nacional del PP ha visualizado su enfado con Inés Arrimadas, a la que ha acusado de «romper su palabra» al haber firmado un acuerdo en esa región para cuatro años.

Según Génova, esa moción en Murcia supone una «gran irresponsabilidad» que traerá «inestabilidad» a Murcia en plena pandemia. En parecidos términos se ha expresado López Miras, que ha tildado la actuación de Cs como un «acto de traición» y «deslealtad».

EN EL PP DICEN QUE ACTÚAN PORQUE CS YA NO ES UN «SOCIO FIABLE»

La ruptura de PP y Cs en Murcia ha abierto una crisis entre ambos partidos, que gobiernan juntos en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid. Fuentes ‘populares’ consultadas por Europa Press han señalado que el movimiento de Arrimadas en Murcia les hace pensar que Cs ya «no es un socio fiable» y, por lo tanto, no podían quedarse parados en Madrid.

En este momento, cargos de PP y Ciudadanos han descartado un posible adelanto electoral tanto en Andalucía como Madrid. «En estos tiempos de grave crisis sanitaria, social y económica necesitamos gobiernos estables», ha asegurado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Poco después, y tras el terremoto político que se ha creado en Murcia y Madrid, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que su «única preocupación» es proteger a las personas y trabajar por el futuro de la Comunidad Autónoma.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este miércoles «evidente» que, en la Región de Murcia, Ciudadanos (Cs) «se ha dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina», pero ha advertido de que los socialistas andaluces «no están en cábalas electorales» en esta comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado la también expresidenta de la Junta en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A y a preguntas de los periodistas acerca de si una moción de censura como la que el PSOE y Cs han presentado este miércoles en la Región de Murcia podría ser «extrapolable» en Andalucía, donde PP y Cs gobiernan también en coalición, como en dicha comunidad, sin contar con mayoría absoluta y con el apoyo externo de Vox.

Susana Díaz ha respondido que los socialistas andaluces «estamos aquí en la pandemia, a lo que tenemos que estar, a la situación que están atravesando los andaluces», y no «en cábalas electorales a dos años de unas elecciones» autonómicas como las que en Andalucía deberían celebrarse en 2022, y en una situación como la actual con «un millón de parados, con miles de negocios sufriendo, gente que teme contagiarse y perder su empleo» por culpa de los efectos de la Covid-19.

La dirigente socialista ha dicho desconocer los «detalles» de lo ocurrido en Murcia, pero ha argumentado que «es evidente que Cs allí se ha dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina, y el trágala permanente a lo que le dice la ultraderecha lo está llevando a una situación absolutamente insostenible, y eso habrá hecho que Cs mueva ficha y piense que no es lo que en estos momentos quiere el conjunto de la ciudadanía y especialmente sus votantes».

«Que Arrimadas se haya dado cuenta de que el PP lo está llevando a la ruina es más que evidente, cuando se toman decisiones que van en sentido contrario a lo que haría un gobierno progresista», ha abundado.

A MORENO «NO LE SALEN LAS CUENTAS»

De igual modo, ha opinado que también «es evidente» que al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, «no le salen las cuentas», y «hoy se lo ha vuelto a recordar la ultraderecha» de Vox, que «desde el principio de la legislatura le ha dicho que quien manda aquí son ellos», que es «a los que» el líder ‘popular’ «le debe la Presidencia» del Gobierno andaluz, según ha remarcado.

Susana Díaz ha apostillado que no sabe si Moreno está en «cábalas electorales», pero ha advertido de que, «si él está en eso» es que «no está en lo que a la gente le preocupa y necesita», y eso «demuestra falta de sensibilidad y mucha falta de humanidad con lo que Andalucía merece de sus gobernantes», según ha sostenido la secretaria general del PSOE-A.

En esa línea, ha emplazado a Moreno a que «acabe con las crisis en las que está inmerso y se dedique a los problemas de los andaluces», porque, «con un millón de parados, Andalucía no puede estar en ‘stand by’ sin saber qué piensa hacer el Gobierno de Andalucía para salvar negocios, comercios, hostelería, para dar un horizonte a ese más de un millón de parados, con una incertidumbre grande en el empleo».

Susana Díaz ha insistido en que, en ese contexto, Moreno no debe estar «liado que si en sus cuestiones internas, que si en problemas internos de su socio, en líos por un lado y por otro, en lugar de estar donde verdaderamente debe estar».

EL ACTA DE SENADOR DE ARENAS

También ha insistido en reclamar al presidente de la Junta y del PP-A que le pida al ex líder del PP-A Javier Arenas «el acta» de senador por designación autonómica «que representa a los andaluces», y ha apuntado que si Moreno «no lo ha hecho todavía es que algo temerá».

Para la dirigente socialista, «no es de recibo que siga siendo un senador en nombre de la comunidad autónoma de Andalucía», que fue elegido para ello por el Parlamento andaluz, alguien de quien «estamos conociendo las noticias que estamos conociendo a través del proceso judicial» que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta ‘caja b’ del PP y los sobresueldos que se pagarían con ella a dirigentes como el propio Arenas.

Susana Díaz ha añadido que le «sorprende muchísimo que Ciudadanos esté callado en ese tema». «No entiendo cómo no ha tomado cartas en el asunto y no le ha exigido a su socio de gobierno que, cuanto antes, entregue el acta Arenas», porque «si Moreno no le pide el acta es porque algo teme, y si Ciudadanos calla es porque el entreguismo» al PP «ya es excesivo», según ha añadido.

En esa línea, Susana Díaz ha criticado el «entreguismo» de Cs al PP dentro del Ejecutivo andaluz, que hace «lo contrario a lo que haría un gobierno progresista en una situación como ésta, que sería proteger el empleo, a las personas, los comercios», así como promover «muchísima transparencia en la defensa de los derechos y libertades», y «no se estarían poniendo sobre la mesa recortes en la lucha contra la violencia machista».

La dirigente socialista ha concluido señalando que el PSOE-A es «un partido dialogante que habla con todo el mundo, excepto con la ultraderecha, con la que no compartimos absolutamente nada», y ha querido dejar claro que «siempre vamos a hacer lo que la gente espera de sus políticos, que es que dialoguen». «Lo triste es que dialogar sea noticia en estos tiempos», ha apostillado para finalizar.

El Papa ha clamado contra la guerra, que ha definido como un»monstruo» que se va transformando y continúa «devorando a la humanidad» tras afirmar que nunca la respuesta a las armas debe ser «otras armas».

«La guerra siempre es el monstruo que, con el cambio de épocas, se transforma y continúa devorando a la humanidad. Pero la respuesta a la guerra no es otra guerra; la respuesta a las armas no son otras armas. La respuesta es la fraternidad», ha señalado el Pontífice durante la audiencia general de este miércoles.

Francisco ha hecho una valoración de su reciente viaje a Irak que ha señalado como un «signo de esperanza» para el país donde en apenas tres días, además de Bagdad, recorrió las ciudades de Erbil, Mosul, Qaraqosh, en el norte del país, y la llanura de Ur, donde la Biblia sitúa el nacimiento de Abraham, padre de las tres religiones monoteístas: islam, judaísmo y cristianismo.

«Nunca un Papa había estado en la tierra de Abraham; la Providencia ha querido que esto sucediera ahora, como signo de esperanza después de años de guerra y terrorismo y durante una dura pandemia», ha dicho el Papa.

En su alocución, también ha citado su histórico encuentro con elgran ayatolá Ali Al Sistani, principal líder religioso de los chííes. Francisco ha dicho que fue «una reunión inolvidable en su casa en Nayaf» y que sintió «con fuerza el sentido penitencial de esta peregrinación»

«No podía acercarme a ese pueblo atormentado, a esa Iglesia mártir, sin tomar sobre mí, en nombre de la Iglesia católica, la cruz que ellos llevan desde hace años; una cruz grande, como esa colocada en la entrada de Qaraqosh», ha subrayado.

El Papa ha apuntado que durante el viaje a Irak pudo ver la «heridas todavía abiertas de la destrucción, y más todavía encontrando y escuchando a los testigos supervivientes de la violencia, la persecución, el exilio…». Por ello, ha clamado que el pueblo iraquí tiene derecho a «vivir en paz, tiene derecho a encontrar la dignidad que le pertenece».

Además, el Papa ha apostado por facilitar el retorno a sus hogares de los cristianos y yazidíes que fueron expulsados del territorio por la guerra y sobre todo por la persecución del Estado Islámico en condiciones de seguridad: «Los musulmanes invitan a los cristianos a volver y juntos restauran iglesias y mezquitas. Y sigamos, por favor, rezando por estos hermanos y hermanas nuestros tan comprometidos, para que tengan la fuerza de volver a empezar», ha dicho.

Para el Papa, este «es el desafío» no solo para Irak, sino «para tantas regiones de conflicto y, en definitiva, para el mundo entero». «¡Que Dios, que es paz, conceda un futuro de fraternidad a Irak, a Oriente Medio y al mundo entero!», ha dicho finalmente el pontífice.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido este miércoles en el Congreso de las «insinuaciones miserables» de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox por «traicionar» su anterior función como juez y «humillar» a las víctimas con el acercamiento de presos de ETA. En este sentido, ha desafiado en varias ocasiones a estos grupos para que acudan a los tribunales si consideran que está vulnerando la ley.

En una sesión de control al Gobierno con constante intercambio de descalificaciones, Grande-Marlaska ha censurado las «insinuaciones miserables» realizadas por PP, Cs y Vox, entendiendo que con todo ello lo que hacen estos grupos es poner en duda la supervisión de jueces, fiscales y trabajadores penitenciarios. El ministro ha respondido a dos preguntas y dos interpelaciones urgentes de Vox y Cs, que ha justificado la iniciativa «antes de que no quedan etarras por acercar».

«No debería presentar una iniciativa parlamentaria, debería llevarlo al juzgado», ha comentado Grande-Marlaska en respuesta a la interpelación defendida por el diputado de Cs Pablo Cambronero, al que ha acusado de incurrir en «falsedades, calumnias y mentiras» de forma «patética e incluso miserable» no sólo hacia él como ministro sino al «conjunto de instituciones». Antes ha acusado de «mala fe» a la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, afeándole que dijera que ETA no ha sido derrotada.

Grande-Marlaska ha defendido la «neutralidad» de las actuaciones en política penitenciaria a la hora de decidir traslados de presos de ETA y ha negado un pacto con EH Bildu al ser censurado por la elección de cinco etarras cada viernes para ser acercados al País Vasco. «Un pacto así implicaría una grave quiebra del Estado de Derecho», ha señalado antes de darle la vuelta al argumento de Cs para pedirle que se disculpara ante los funcionarios públicos.

NO HACE FALTA PERDÓN PARA ACERCAR A ETARRAS

El titular del Interior ha negado que para el acercamiento de presos sea necesario antes que los etarras pidan perdón y colaboren con la Justicia, recordando que esto es exigencia para la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad. «Cumplimos la ley», ha repetido, quejándose de los «bulos y calumnias» de quienes «no reconocen que la democracia venció al terrorismo».

El ministro del Interior ha señalado, también ante las críticas en la interpelación de Vox defendida por Francisco José Alcaraz, que los acercamientos de presos de ETA se enmarcan en la «política penitenciaria que establece el Gobierno en términos de legalidad», ya que para velar por esto están «jueces, fiscales y juntas de tratamiento».

Sobre la gestión de prisiones al País Vasco, ha añadido que se cumple el Estatuto y la Constitución. «No confunda, se cede la gestión, no la política penitenciaria», ha dicho. También ha repetido en varias ocasiones que la política penitenciaria persigue la reinserción social, pero matizando que no hay decisiones colectivas sino individualizadas en el caso de los presos de ETA.

PIN PARENTAL Y ENALTECIMIENTO

En respuesta a Vox, que le ha pedido que desclasifique las actas de negociación con ETA y ha prometido que aplicará la Ley de Partidos para sacar del Parlamento a EH Bildu, Grande-Marlaska ha subrayado su «compromiso» con las víctimas del terrorismo al recordar iniciativas como las unidades didácticas para llevar el testimonio de quienes se enfrentaron a ETA a los centros educativos.

«¿Van a aplicar aquí el pin parental?», ha preguntado Grande-Marlaska a Vox, añadiendo una crítica velada por el veto de la Comunidad de Madrid a una charla en un instituto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, coincidiendo con el Día de la Mujer. «Ustedes pueden ir a los institutos, los demás no pueden ir para dar valores democráticos», se ha quejado.

Grande-Marlaska ha incluido en su intervención una alusión a su plan, expuesto con anterioridad en sede parlamentaria, para evitar los actos de homenaje a etarras al entender que «endurecer» el Código Penal con el delito de enaltecimiento del terrorismo no está dando los resultados esperados.

Para ello, ha recordado que su apuesta es modificar la ley de víctimas para imponer sanciones por la vía administrativa, algo que «no exploró el PP» cuando estaba en el Gobierno y que demandan algunas asociaciones, de ahí que haya subrayado la necesidad de alcanzar el consenso con los afectados y con los grupos parlamentarios.

PLANTE DE VOX Y MENSAJE FINAL

Los diputados de Vox han decidido dejar plantado al ministro cuando hacía uso de su último turno, levantándose de sus escaños para abandonar el hemiciclo y, luego, desde el pasillo, aplaudir la intervención del diputado Alcaraz, hermano de una víctima de ETA, lo que ha obligado a la presidencia a pedir que respetaran las normas.

El ministro, en su último turno, ha vuelto a acusar a Vox de representar la «extrema derecha» que antes estaba en el PP. Ante el plante, Grande-Marlaska ha recordado su salida del País Vasco junto a su marido, una decisión en la que «perdieron en lo personal y profesional». «No vinimos a fundaciones», ha dicho, en referencia velada al líder de Vox, Santiago Abascal.

Según ha recordado, desde su llegada a Madrid y como juez en la Audiencia Nacional no sólo trabajó contra ETA, sino que también fue objetivo de ETA. «Hubo varios planes de atentado, uno muy desarrollado», ha señalado, reconociendo que se siente «casi culpable» por aquellos otros atentados que sí acabaron con víctimas mortales, de ahí que haya defendido que su compromiso sigue siendo hoy a favor de «luchar contra todas las formas de terrorismo y de violencia».

«Eso no se olvida. ¿Cómo el Gobierno al que pertenezco va a humillar a las víctimas del terrorismo?», se ha preguntado antes de arrancar el aplauso de la bancada socialista, que ha devuelto el ministro del Interior en pie ya desde su escaño.

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha creado la Unidad de apoyo al alumnado en situación de violencia (Usav, por las iniciales en catalán) activable a través de una aplicación móvil que canalizará las denuncias de conductas violentas en el entorno escolar.

En rueda de prensa, el conseller Josep Bargalló y la directora general de Currículum y Personalización, Maite Aymerich, han presentado esta medida, enmarcada en el plan ‘Les Escoles Lliures de Violències’ (Lelv), dotado con 34,7 millones de euros hasta 2026.

«El plan quiere acabar con la invisibilidad, los silencios y la endogamia que a veces favorece estos silencios. Quiere terminar con el miedo de la víctima que no se siente acompañada y no denuncia», ha asegurado Bargalló, que ha descrito el plan como la herramienta más potente que nunca ha tenido el departamento para combatir la violencia escolar.

La iniciativa perseguirá el maltrato, la negligencia, la violencia sexual, el acoso escolar, las ciberviolencias, las conductas de odio o discriminación, la violencia machista, la LGTBIfobia y, en cualquier caso, todo lo que un alumno haya considerado como violencia.

Pese a que la puesta en marcha de la aplicación pretende ganar tiempo y evitar que la víctima tenga que explicar muchas veces su caso (la llamada doble victimización), existirá una red de referentes, ordenados de forma piramidal, que irán distribuyendo la información.

Las denuncias activarán la unidad que se ha creado, que contará con 8 profesionales del derecho, la pedagogía, las políticas de igualdad y gestión de casos, además de 120 educadores sociales que harán tareas de proximidad; ya ha empezado a funcionar con 4 personas –una psicóloga, una responsable de políticas transversales de género y dos técnicas docentes–.

La unidad gestionará todos los casos que lleguen a través de la app pero también los que se detecten a través de las redes sociales o los medios de comunicación; funcionará, según Bargalló, con «confidencialidad y discreción» para que las personas que no escojan el camino de la denuncia formal ante el centro, los Mossos o la Fiscalía puedan poner el caso en conocimiento del departamento.

El plan también comporta la obligación de la Conselleria de personarse en cualquier denuncia por violencias sexuales en el ámbito educativo y de ejercer la acción popular en los procedimientos penales por maltrato físico o sexual.

La aplicación todavía no tiene nombre público a indicación de los servicios de seguridad informática de la Generalitat, que están trabajando para blindarla frente a posibles ataques de ‘hackers’.

La puesta en marcha del plan se complementará con el ya existente teléfono ‘Infància respon’, y la inspección educativa será la encargada de velar por el cumplimiento y el correcto funcionamiento.

ESTUDIO DE 95 DENUNCIAS

Bargalló ha explicado que en el presente curso escolar la inspección educativa ha estudiado 95 denuncias por todo este tipo de conductas, de los cuales han llegado 30 a los servicios centrales del departamento.

Aymerich ha revelado, como ejemplo, que la unidad integrada de abordaje del abuso sexual de Tarragona ha atendido 137 casos desde su inauguración en julio.

El declive de la tórtola común se ha estabilizado e incluso se ha registrado un «moderado incremento» entre los años 2013 y 2018, según asegura la Fundación Artemisan que destaca el trabajo «fundamental» realizado por cazadores y gestores en favor de su conservación, y considera que la defensa de su gestión junto con su caza sostenible son algunas de las «mejores herramientas» para la recuperación de la especie.

Fundación Artemisan asegura que el «esfuerzo» realizado por los cazadores ya está viendose reflejado en los datos que apuntan a una estabilización e incluso un moderado incremento de la especie desde 2013 y hasta 2018, según los datos recogidos por el programa SACRE, de SEO-BirdlLife.

Así, cita los proyectos en los que cazadores, gestores y administraciones trabajan como el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea (PIRTE) y el Observatorio Cinegético entre otras iniciativas que «demuestran el compromiso del sector cinegético con la especie».

En 2019 la fundación junto con la Real Federación Española de Caza y Bineo Consulting, y con el patrocinio de Hornady, Hart y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, puso en marcha el proyecto de ciencia ciudadana ‘Observatorio Cinegético.

Este observatorio recibe datos de cazadores y gestores sobre la presencia y abundancia de especies cinegéticas para construir un sistema de monitorización de fauna a escala nacional.

En concreto, respecto a la tórtola, la Fundación Artemisan señala que pese a la pandemia, en primavera y en verano de 2020 realizaron 191 itinerarios de censo de tórtolas en 131 cuadrículas diferentes repartidas por 11 comunidades autónomas distintas, si bien la mayoría de censos se concentraron en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

En esta última comunidad ha sido posible hacer un estudio completo. Además, la Federación Catalana de Caza impulsó el año pasado la monitorización de las tórtolas en Cataluña, a través también de una aplicación móvil.

Por otro lado, los cazadores y la administración han promovido el ajuste de los períodos hábiles a las fechas aceptadas en la última actualización del documento KCD, comenzando a partir del 20 de agosto en todos los territorios.

Asimismo, añade que la gran mayoría de comunidades autónomas ha reducido el número de días hábiles y capturas, con un máximo de 2-5 días de caza y un cupo de 2-10 tórtolas en función del territorio, incluyendo algunas de ellas nueva normativa que aboga porque la caza se practique en aquellos cotos en los que existan medidas de gestión del hábitat. La entidad estima que estos esfuerzos se han traducido en una reducción de las capturas de tórtola a menos de 500.000 ejemplares, cifra un 47 por ciento menor que la que se producía en 2015.

La entidad destaca las iniciativas promovidas por distintas administraciones y federaciones de caza en proyectos concretos, como los realizados en Cataluña, Islas Baleares y Extremadura.

En esta última, se ha realizado por segundo año consecutivo el PIRTE (Plan Internacional de Recuperación de Tórtola Europea), financiado por la Junta de Extremadura, y en el que participan Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza.

A través de este proyecto se han realizado censos de tórtolas en toda la región y se han analizado las poblaciones de tórtolas y su gestión en las comarcas de Monfragüe (Cáceres) y La Siberia (Badajoz).

Durante 2019 y 2020, se ha desarrollado el concepto de «unidades de gestión», lugares en los que se realiza gestión del hábitat (incluyendo aporte de alimento y agua), se llevan a cabo censos de tórtolas mediante escucha de machos en la época reproductiva, y en los que, en su caso, puede plantearse una caza sostenible.

La propuesta de «unidades de gestión» fue presentada en un taller internacional de trabajo, dentro del plan de caza adaptativa en el que participa como socio la Fundación Artemisan. «Seguiremos trabajando por la conservación de esta especie y por la defensa de la gestión y la caza sostenible como las mejores herramientas para su recuperación», concluye la fundación en un comunicado.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una condena de dos años de prisión y cinco de libertad vigilada a un exayudante de disciplina del formador (distributario) del Seminario Diocesano de Tenerife, como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años.

Según la Sala, el delito fue consumado en la persona de un joven nacido en 2003 y que entre 2016 y 2018 cursaba estudios en el centro en régimen de interno.

El ahora condenado deberá indemnizar a la víctima con 1.000 euros, no podrá acercarse a ella ni contactar por ningún medio durante dos años y estará inhabilitado durante tres años para cualquier profesión u oficio «retribuido o no» que conlleve contacto regular y directo con menores, recoge la sentencia hecha pública este miércoles.

El fallo absuelve al acusado de otros dos delitos que le venía imputando el Ministerio Fiscal en referencia a otros dos seminaristas.

Condenan a dos años de cárcel a un exayudante del Seminario de Tenerife por abuso sexual a un menor

El fallo cuenta con el voto particular del magistrado presidente de la Sala, favorable a que el acusado fuera condenado por los tres delitos.

Sus compañeros de tribunal, mayoritariamente, han considerado que en el juicio sólo se logró probar la comisión de un único delito.

Según la sentencia, el acusado coincidió en el Seminario menor durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 con un interno nacido en 2003 que cursaba estudios en el seminario y contaba con 13, 14 o 15 años, según los casos.

«Aprovechando momentos en el que ambos se encontraban a solas, como en el dormitorio de alguno de ellos o en el office», relata la resolución judicial, le decía «que en el Evangelio había pasajes que defendían la homosexualidad, que la practica homosexual era normal y buena, y que en el Seminario otros internos mantenían relaciones sexuales».

Agrega la resolución que, en octubre de 2017, cuando la víctima contaba con 14 años, con ocasión de las fiestas de la Parroquia del Barrio de Machado en las fiestas del Rosario, el procesado «realizó caricias en la espalda del menor, y, al regreso al seminario, le preguntó si quería darle un beso, comoquiera que le besó en la mejilla, el procesado le dijo, yo me esperaba otra cosa».

A partir de ese día, siempre según la Sala, el distributario «envió al menor, de forma reiterada, mensajes a través de notas dentro de un libro, en mano o por debajo de la puerta, preguntándole si quería mantener sexo oral con él, a lo que el menor siempre se negó».

MENSAJES POR MESSENGER

En una ocasión, el menor acompañó en horas nocturnas al acusado a la lavandería del centro, haciéndole pasar el acusado a una sacristía ubicada al lado, «donde agarró una mano del menor y la colocó sobre el pene erecto del acusado, por encima de la ropa; el procesado, a la vez, intentó tocar los genitales del menor, si bien este se apartó», expone el fallo.

Agrega que, entre el 23 o 24 de julio de 2018, el distributario envió por Messenger a la víctima «una foto de sus genitales, acompañada de una insinuación para que le hiciera una felación a lo que el menor se negó».

Los hechos fueron investigados por el rector del Seminario, que expulsó al condenado, y fue el propio Obispado quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, destaca la resolución.

La sentencia es susceptible de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Gobierno enviará este mismo miércoles a su Equipo Médico de Emergencias (START) a Bata, la capital económica de Guinea Ecuatorial, con el fin de apoyar al sistema sanitario del país en su respuesta tras las devastadoras explosiones registradas el domingo y que dejaron más de un centenar de muertos y más de 600 heridos.

En esta ocasión, el START estará compuesto por catorce integrantes, entre sanitarios del sistema público de salud y expertos en ayuda humanitaria, y estará coordinado por la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El personal sanitario está compuesto por tres cirujanos, dos médicos de emergencias y cinco enfermeros que se encargarán de dar apoyo a los centros hospitalarios que están atendiendo a los heridos por las explosiones, ha explicado AECID en un comunicado.

Todos ellos son voluntarios y su salida ha sido aprobada por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco.

Además, el equipo ha sido aprobado por la Orga OMS y forma parte de la respuesta coordinada de la Unión Europea bajo la iniciativa conjunta Team Europe.

El martes, AECID ya procedió al envío de un cargamento de ayuda humanitaria con medicamentos y material sanitario a Bata, cuya llegada este prevista para esta jornada.

Con ambas iniciativas, ha explicado la agencia de cooperación, «España responde al llamamiento de ayuda emitido el pasado domingo por las autoridades ecuatoguineanas y a las necesidades expresadas en el mismo para hacer frente a esta crisis».

Esta será la segunda operación humanitaria en la que participa el START, tras su labor durante la emergencia ocasionada por el paso del ciclón ‘Idai’ en 2019 por el norte de Mozambique.

El equipo está compuesto principalmente por personal sanitario del sistema de salud pública, personal logista y experto en acción humanitaria y diseñado para desplegarse en menos de 72 horas con un hospital de campaña con zona hospitalaria y un quirófano, si bien esto último no será necesario en esta ocasión.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, que la moción de censura en Murcia para «desbancar al PP y Vox» es una «buenísima noticia», pero reclama «valentía» para extenderla también a Madrid, Castilla y León y Andalucía.

Así lo ha indicado tras conocer que PP y Cs han registrado una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de Murcia tras 26 años al frente de esta comunidad, dado que los dos partidos suman mayoría absoluta. También se trabaja para presentarla en el consistorio de la ciudad.

«Nos parece una buenísima noticia desbancar a Vox y al PP de las instituciones, desde luego que lo pensamos. Esperamos que suceda en el resto de comunidades autónomas (donde hay pactos) porque no se entendería que se haga en Murcia y no en Andalucía», ha desgranado durante una comparecencia de prensa ante los medios.

Con ello, la dirigente de la formación morada ha apuntado que no es suficiente este movimiento y se debe trasladar también a los gobiernos autonómicos y municipales de autonomías como Madrid, Castilla y León y Andalucía.

La también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha apelado concretamente a la formación naranja en esta autonomía para sumarse a sus compañeros murcianos, pues la población madrileña necesita «acciones» y que Cs muestre que está a favor de trabajar por avanzar en sus derechos.

De momento, desde las filas de Cs han indicado sobre el caso madrileño que «no han modificado su posición» respecto a la alianza con el PP en esta comunidad.

AGUADO «NO HACE OTRA COSA QUE DEFENDER A AYUSO»

Y es que Serra ha lamentado que lo que han visto hasta ahora del vicepresidente regional y líder de Cs Madrid, Ignacio Aguado, es que «no hace otra cosa que defender» a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante su «irresponsabilidad» en la pandemia del coronavirus y en el «deterioro» de los servicios públicos.

Concretamente, ha aludido a que hace dos días votó en la Mesa de la Asamblea contra el dictamen aprobado en la comisión de investigación de Avalmadrid, en el que se señala que Ayuso se «benefició» de un trato de favor por parte de la entidad.

Serra también ha reprochado que la pasada legislatura han visto como la formación que dirige a nivel nacional Inés Arrimadas «no ha hecho otra cosa que sostener la corrupción del PP». Por tanto, ahora es el turno de que «sean valientes» y cambien su postura.

Preguntada sobre si Podemos en Murcia iba a respaldar la moción de censura, Serra ha manifestado que es una decisión que deben tomar los compañeros de esta región pero valora que el respaldo a la iniciativa «es la línea en la que se tiene que ir».

En el seno de la formación morada entienden que el PSOE abra horizontes de colaboración con Cs si eso deriva en desalojar al PP y a Vox de ejecutivos locales y autonómicos.

El Arzobispado de Barcelona ha firmado un acuerdo con el Hospital Clínic para ceder los terrenos que actualmente ocupa la Parroquia de Sant Isidor en la calle Comte d’Urgell de Barcelona para la construcción de un nuevo centro de investigación sanitaria y tecnológica: el Clinical Advanced Technologies Institute (CATI).

Está previsto que los fieles de Sant Isidor –cuyo edificio se derruirá– sean acogidos en la vecina iglesia de Sant Josep Oriol, de manera que «todas las personas que lo deseen puedan participar de la actividad celebrativa y pastoral» en esta otra parroquia, ha informado la archidiócesis en un comunicado este miércoles.

El terreno que dejará libre la parroquia se cede al Hospital Clínic con un derecho de superficie de 75 años y a cambio de un canon anual; y en él se construirá un nuevo edificio que tendrá, en principio, cerca de 8.000 metros cuadrados –5.000 de los cuales dedicados a investigación– con 8 plantas y 2 sótanos.

CENTRO DE REFERENCIA

Se pretende que el nuevo equipamiento sea «referente nacional e internacional» en investigación sanitaria, que ponga en valor el conocimiento y la emprendeduría local, y que acoja centros de investigación y desarrollo de grandes compañías referentes del sector sanitario y tecnológico, según ha señalado el Arzobispado.

Para llevar a cabo el nuevo proyecto, el Clínic contará con la colaboración del centro tecnológico Leitat, cuya misión es gestionar tecnologías «para crear y transferir valor social, medioambiental, económico e industrial sostenible en las empresas y entidades», a través de la investigación y los procesos tecnológicos.

El centro estará acreditado por la Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat y reconocido por el Ministerio de Economía y Competitividad; y también contará con la participación de la Universitat de Barcelona (UB), el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps).

En un comunicado, el Hospital Clínic ha precisado que las nuevas instalaciones supondrán una inversión de 21,7 millones de euros para la construcción del nuevo edificio, así como 32 millones de euros más para equipar y dinamizar el centro, que procederán principalmente de fondos europeos.

SINERGIAS

El director general del Clínic, Josep Maria Campistol, ha afirmado que el CATI será una «gran oportunidad para coordinar proyectos entre multinacionales, empresas locales y emprendeduría para generar tecnología conjunta y nuevos modelos de negocio».

Ha destacado «la facilidad de haber llegado a un acuerdo con el arzobispado para poder construir un centro muy cerca de la actual ubicación del Clínic y de los edificios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y del Idibaps».

«Esto nos permite tener concentradas en un mismo espacio la innovación, la investigación, la asistencia y la docencia y continuar haciendo de la Esquerra de l’Eixample uno de los polos más importantes de la Salud en el sur de Europa«, ha añadido Campistol.

Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos han logrado sacar adelante una Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno de las Cortes a través de la que exigen al Gobierno que convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el reparto «injusto» de los Fondos React-EU que «lastra» a la Comunidad.

La iniciativa ha contado con los votos en contra de PSOE y Podemos, la abstención de UPL ha contado con el respaldo del resto de partidos. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha defendido la iniciativa y ha recordado que España es el país en el que más ha caído la economía como consecuencia de la crisis generada por el Covid.

Así, ha insistido en que, pese a esta situación, el Ejecutivo central «vuelve a castigar» a Castilla y León después de haberle «hurtado» 100 millones de euros de los fondos no reembolsables ahora resta 257 millones de euros de los fondos de la UE.

«Castilla y León es la región más perjudicada en el reparto de estos fondos con 25 euros por habitante», ha lamentado De la Hoz, quien ha insistido en el reparto «injusto» y una «vergonzante discriminación».

De este modo, ha afeado al PSOE que no defienda los intereses de Castilla y León frente un un Gobierno que «sistematicamente vuelve a castigar a la Comunidad».

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Miguel Ángel González ha respaldado la argumentación del PP al aseverar que el sistema de reparto «perjudica» a Castilla y León, al tiempo que ha tildado de «lamentable» que no haya existido un criterio «objetivo y transparente» en el reparto.

«Es lamentable que el Gobierno haga política partidista ante una situación tan grave», ha señalado tras lo que ha exigido la necesidad de que haya una agencia independiente que evalúe los proyectos y asegure la transparencia.

Frente a estos argumentos, la procuradora socialista Nuria Rubio ha recordado que España es el país que más recibe de toda la UE y ha insistido en que los criterios de reparto de los fondos ha sido dictados desde la UE y han tenido en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB, el paro y el desempleo juvenil y las ayudas a regiones ultraperiféricas.

«Son criterios impuestos desde la UE a España y desde España para todas las comunidades para que el criterio sea adecuado», ha defendido, tras lo que ha recordado que la Comunidad se sitúa como la novena en cuanto a recursos porque el impacto de la crisis en el PIB es menor y el nivel de desempleo es más bajo «porque Castilla y León se está despoblando».

«Su demagogia no tiene límites, no nos hagan perder el tiempo y trabajen», ha aseverado.

Para cerrar el debate, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha señalado que igual que la Junta exige un reparto equitativo al Gobierno de España se «autoimpongan» este criterio la Junta a la hora de gobernar y de repartir entre provincias.

Finalmente las Cortes han aprobado pedir al Gobierno de España que se convoque el CPFF para replantearse los criterios de reparto de los Fondos REACT-EU, y aplique criterios «objetivos y consensuados» con las comunidades autónomas.

También se reclama que se cree una agencia independiente de reconstrucción y reformas que garantice una ejecución transparente, eficiente, equilibrada y despolitizada de todos los recursos procedentes de la UE dentro del marco de las ayudas del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

Asimismo, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a destinar una parte de los fondos REACT-EU del ejercicio 2021, a los sectores productivos que más se están viendo afectados por la crisis del Covid -19 y en especial a Pymes y autónomos y resolver la concesión de las ayudas con la mayor agilidad durante el verano de 2021.

La secretaria de Organización del PSOECyL y vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, ha dado la enhorabuena a sus compañeros de partido en Murcia por anunciar que presentarán, junto a Ciudadanos (Cs), una moción de censura en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento de Murcia que pondría fin al gobierno de coalición que la formación naranja mantiene con el PP en ambas instituciones.

Por todo ello, los socialistas de Castilla y León han felicitado a los murcianos ya que «van a sacar de las instituciones la decadencia y la corrupción después de 26 años de gobierno de derechas», una cifra que en Castilla y León «se eleva a 35 años».

Así lo ha indicado Sánchez en declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha analizado la moción de censura presentada contra el Gobierno de Murcia.

Desde hace dos semanas, el PSOECyL viene hablando de la posibilidad de presentar también una moción en la Junta, un proceso en el que Sánchez ha matizado que se trabaja «de forma seria, muy rigurosa y discreta».

«Trabajamos para presentar una moción de censura que tenga visos de prosperar; no la descartamos pero no depende solo de nosotros», ha incidido, pues al igual que ha ocurrido en Murcia, el PSOECyL necesitaría también del apoyo de Cs, al que han invitado en reiteradas ocasiones a la «reflexión».

A juicio de Sánchez, «tendría muy difícil explicación decir que en Castilla y León no se apoya una moción de censura» dado que «es difícil encontrar peores indicadores», al tiempo que la situación de degradación política es tan o más flagrante que en Murcia».

Pero, a pesar de las «muchas similitudes», ha destacado también un hecho diferencial, puesto que el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, «es el líder favorito de los castellanoleoneses, al que eligieron mayoritariamente y el que mejor representa a la sociedad».

«Trabajamos para que la moción prospere y, si en Murcia hay motivos, aquí, muchísimos más», ha aseverado Sánchez: «Presentaremos la moción en el mejor momento para Castilla y León, para ganarla y la ganaremos».

Sin embargo, aunque ha asegurado que los socialistas ni tienen «ansiedad» ni les puede la prisa ni tienen «el afán de gobernar a costa de todo y todos que tienen Mañueco e Igea», sí ha insistido en que «el tiempo empieza a apremiar», por lo que ha invitado a Cs a tomar «decisiones rápidas».

«Confiamos siempre en el aval de nuestro trabajo; a partir de ahí, ni más esperanzas ni menos, confiamos en que se imponga el sentido común», ha indicado Sánchez, al tiempo que ha destacado al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, como «un líder social indiscutible».

Por otro lado, la secretaria de Organización del PSOECyL ha garantizado que mantiene una relación «fluida» con la dirección federal del partido y ha matizado que los socialistas en la Comunidad tienen «un proyecto autónomo de, por, para, en y de Castilla y León».

«Es nuestra obligación sacar a una Junta decadente, asolada por casos de corrupción de un presidente que también lo es, de un partido carcomido por la corrupción y después de unas elecciones que perdieron estrepitosamente. Nos debemos a hacer cumplir el mandato de las urnas y lo vamos a hacer», ha zanjado.

El Papa Francisco ha designado al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como nuevo miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, el órgano de la Curia Romana destinado a impulsar las relaciones entre las diferentes instituciones encabezadas por la Iglesia de Roma y que tienen su misión en América Latina.

Así lo ha confirmado este miércoles 10 de marzo la oficina de prensa de la Santa Sede en un comunicado y, a continuación, también el Arzobispado de Madrid.

Al nombramiento de Osoro, también se han sumado el del arzobispo de Río de Janeiro, el cardenal Orani Joao Tempesta, el arzobispo de Monterrey, el cardenal Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio y al arzobispo de Filadelfia, Nelson Perez.

La Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) es un organismo de la Curia romana creado en 1958 que tiene como función primordial la de «aconsejar y ayudar a las Iglesias particulares en América Latina» y «estudiar las cuestiones que se refieren a la vida y progreso de dichas Iglesias, especialmente estando a disposición, tanto de los dicasterios de la Curia interesados por razón de su competencia, como de las mismas Iglesias para resolver dichas cuestiones», según recuerda el Arzobispado de Madrid.

En este sentido, según indica el motu proprio de san Juan Pablo II Decessores nostri, corresponde a esta Comisión, a través de su presidente, ahora el cardenal Marc Ouellet, informar «regularmente al Sumo Pontífice sobre cada uno de los asuntos», y sugerir y promover «las iniciativas o medidas de gobierno que considere convenientes u oportunas».

También es su tarea favorecer «las relaciones entre las instituciones eclesiásticas internacionales y nacionales, que trabajan en favor de las regiones de América Latina y los dicasterios de la Curia romana».

Carlos Osoro Sierra fue nombrado arzobispo de Madrid por el Papa Francisco el 28 de agosto de 2014, y tomó posesión el 25 de octubre de ese año. Desde junio de 2016 es ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España.

El 19 de noviembre de 2016 fue creado cardenal por el Papa Francisco, y el 3 de marzo de 2020 fue elegido como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para el periodo 2020-2024.

En el Vaticano, además de haber sido miembro de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, es miembro de la Congregación para la Educación Católica desde el 23 de diciembre de 2017 y miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales desde el 6 de agosto de 2019.

PP y Cs de la Comunitat Valenciana descartan que la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en Murcia para sacar al Partido Popular del gobierno pueda afectar a su coalición en la Diputación de Alicante. «En ningún caso hay una situación de peligro», ha recalcado la ‘popular’, Eva Ortiz, mientras la diputada ‘naranja’ Ruth Merino ha coincidido en que este gobierno de Cs con el PP «no tiene ningún problema».

Así lo han afirmado las dos portavoces adjuntas en declaraciones antes del pleno de Les Corts tras conocerse que Cs y los socialistas impulsan esta moción en la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Murcia que pondría fin al gobierno de coalición que Ciudadanos mantiene con el PP en ambas instituciones

La también secretaría general del PPCV sí ha afeado a Cs y a su líder nacional, Inés Arrimadas, que hayan incumplido su «promesa» de que el gobierno sería para cuatro años, además de acusarle de perjudicar a todos los murcianos y de «pensar solo en el cambio de sillones y el enfado permanente», lo que ve como una irresponsabilidad que llevará «más caos a Murcia».

Por su cercanía personal a esta región, Ortiz ha advertido que la moción de censura pasará mucha factura a los murcianos, además de al PSOE y «sobre todo a Ciudadanos»: En todo caso, ha negado que pueda complicar la coalición en Alicante porque «está siendo muy positiva» y logró desbloquear 24 millones en ayudas para la hostelería.

«No tiene por qué», ha subrayado, «la relación con Cs en todas las instancias de la Comunitat Valenciana está en perfecta sintonía». Es más, ha asegurado que el presidente de la Diputación, el ‘popular’ Carlos Mazón, no tiene «ningún tipo de problema» con sus socios, «un equipo perfectamente engrasado.

De Ciudadanos, su portavoz ha coincidido en que es independiente y «no tiene por qué ser un paso previo de lo que pueda ocurrir en Alicante ni en ningún otro lugar de España». «Estamos en el centro y se dan estas circunstancias a veces, pero siempre con una causa y pensando en el bien de los ciudadanos», ha aseverado.

También de la oposición, la síndica de Vox, Ana Vega, ha respaldado la postura de su líder nacional, Santiago Abascal, de exigir elecciones «en todos los ayuntamientos y autonomías que estén en riesgo de ser asaltadas por el socialismo». «Cs es un socio que va dando esos vaivenes y no sabe dónde está», ha criticado, algo que ve muy grave en la situación actual.

BOTÀNIC

Entre los socios del Botànic, el socialista Manolo Mata ha celebrado que «es una buena noticia que Cs empiece a darse cuenta de las decisiones que tomó en 2019» de apoyar gobiernos del PP en sitios como Murcia, Castilla y León, Madrid o Alicante, además de afirmar que la dimisión del consejero murciano de Sanidad «exigía una respuesta muy contundente».

Ha asegurado que la Generalitat mantendrá una buena relación con el gobierno murciano, «sea quien sea», por la cercanía y por los intereses comunes como el Corredor Mediterráneo. Y ha hecho hincapié en que «no hay ninguna conversación» para llevar a cabo un movimiento similar en Alicante: «Ellos (Cs) jugarán con la duda, para mí sería un deseo».

De Compromís, su portavoz adjunta Mònica Álvaro se ha limitado a afirmar que «ni el propio Ciudadanos puede aclarar esta supuesta moción de censura y les ha pillado de sorpresa». «Veremos si es favorable o desfavorable a los intereses de Murcia», ha zanjado.

Y de Unides Podem, su síndica, Pilar Lima, ha sostenido que «cualquier alianza» es posible en política, ante la posibilidad de que se replique en la Comunitat, y ha reiterado que «Cs forma parte del bloque de la ultraderecha» y sus políticas son incompatibles con las ‘moradas’, con el ejemplo de la sanidad. «El PSOE es libre de decidir con quién se alía y con quién no. Nosotras nos mantendremos firmes», ha garantizado.

Vox ha justificado este miércoles la necesidad de que se celebren elecciones de manera inmediata en Andalucía en que Ciudadanos (Cs) «no es un socio fiable» y no puede haber «dudas sobre la solidez» del Gobierno autonómico, que en estos momentos está conformado por PP-A y el partido naranja.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, quien se ha referido al comunicado que su formación a nivel nacional ha emitido en el que considera necesaria la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Castilla y León para «frenar» el «asalto» de la izquierda a las instituciones tras el anuncio de PSOE y Ciudadanos de presentar una moción de censura en la Región y el Ayuntamiento de Murcia.

Para Hernández, sin duda, lo que está ocurriendo en Murcia es preocupante y pone de manifiesto que Cs, una formación que ahora está en el Gobierno andaluz, es «poco fiable».

«Si el Gobierno está permanentemente tensionado y con la amenaza de poder romperse por los problemas internos de una fuerza que parece condenada a la extinción, una convocatoria de elecciones no será culpa de Vox sino de otra formación», ha dicho Alejandro Hernández.

En su opinión, se está confirmando algo de lo que Vox ya viene avisando, que esta formación la que a veces «apuesta más por la sostenibilidad» del Gobierno andaluz que Cs.

Ha indicado además que si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es «incapaz de poner orden en su Gobierno, será un problema de los socios de goberno, pero no es un problema de Vox». Hernández ha criticado que se pretenda «echar la culpa» a Vox de los problemas que tienen otros partidos.

Alejandro Hernández ha insistido en que donde puedan existir dudas sobre la «solidez» de un gobierno autonómico, lo conveniente en este momento es unas elecciones, apuntando que lo que está ourriendo en Murcia «es un corrimiento de tierras que no sabemos hasta dónde puede llegar».

Se ha mostrado especialmente crítico con unas declaraciones de la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), dando a «entender que prefiere a los que la insultan que a los que nos limitamos a criticar su gestión» y abriendo la «posibilidad de pactar con la izquierda» cuando forma parte de un Ejecutivo de PP-A y Cs. Ha considerado que al vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, le deberían preocupar ese tipo de manifestaciones de una compañera de partido, que «nos dan a todos que pensar aquí en Andalucía».

Alejandro Hernández ha señalado que en este panorama se está poniendo de manifiesto que Vox es el único «partido sólido y con líneas políticas claras, y los ciudadanos así lo perciben».

En cualquier caso, Hernández ha indicado que su formación analizará en próximas horas todo lo que está aconteciendo y fijará posiciones, sobre todo, en lo que respecta al anuncio que hizo ante el Pleno del Parlamento sobre el no apoyo a las iniciativas procedentes del Gobierno andaluz hasta que se implante el llamado «pin parental» en esta comunidad.

Ha insistido en que Vox, con independencia de lo que está aconteciendo en las relaciones entre PP y Cs, no puede apoyar a un Gobierno que incumpla «los pactos que tiene suscritos con nosotros».

Ha agregado que están a la espera de lo que expone el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, este miércoles ante el Pleno del Parlamento en una comparecencia sobre el «pin parental» y ha señalado que la reunión a nivel técnico que se mantuvo con la consejería la pasada semana no supuso un «avance sustancial sobre lo que hay.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este miércoles la «mala fe» de Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP y hermana del concejal de Sevilla Alberto Jiménez Becerril asesinado por ETA junto a su mujer, al entender que pone en duda la derrota de la organización terrorista y ataca al Poder Judicial cuando cuestiona «el principio de legalidad» aplicado para el acercamiento de presos etarras.

«Basta ya de oportunismo, de utilizar el terrorismo como arma de confrontación», ha señalado Grande-Marlaska en una sesión de control al Gobierno en el Congreso donde ha respondido a las críticas de PP y Vox por el acercamiento a cárceles más próximas del País Vasco y Navarra de más de 150 etarras y el acto de destrucción de armas organizado en dependencias de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid).

Grande-Marlaska ha dicho que siguen «criterios técnicos» para los traslados de etarras. «En su intervención, usted hoy ha atacado al Poder Judicial, a los jueces, que también pusieron mucho en la derrota de la organización terrorista ETA», ha señalado en referencia a Jiménez Becerril. Además, le ha retado a que lleve a los tribunales si cree que «actúa discrecionalmente» con su política penitenciaria.

«Usted hoy ha atacado a la autonomía del País Vasco dudando del cumplimiento de la legalidad, desconociendo que la transferencia será de la gestión penitenciario, no de la política penitenciaria y lo hace, evidentemente, con mala fe», ha continuado el ministro del Interior, en respuesta a Jiménez Becerril.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El titular del Interior ha defendido la aplicación del «principio de legalidad para vencer a la organización terrorista ETA y para aplicar la legislación penitenciaria» y también la celebración del acto en Valdemoro, negando que fuese de propaganda del Gobierno sino a petición del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que lo había reclamado al PP en 2017 como, según ha dicho, acto de «simbología máxima» en homenaje a las víctimas y dentro de los eventos previos a la inauguración de su nueva sede en Vitoria.

Teresa Jiménez Becerril ha criticado el acto de destrucción de armas preguntándose si entre el arsenal estaba alguna de las empuñadas por el «terrorista Otegi», aludiendo al pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, motivo que le ha llevado a defender que «ETA no está derrotada».

La diputada del PP –largamente aplaudida por su bancada– le ha pedido a Grande-Marlaska que le mire a la cara y le ha acusado de «humillar» a las víctimas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como «pisotear el sacrificio de miles de españoles». También ha censurado el traslado de presos y el traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno vasco «para que los terroristas salgan a la calle».

En su turno, Grande-Marlaska ha cuestionado la «valentía» del PP por los ataques dirigidos contra él por Jiménez Becerril y antes por Marimar Blanco, ambas víctimas del terrorismo, a las que ha dicho que respeta, aunque matizando que sí puede confrontar con los políticos. «Ya sólo me queda decirle una cosa: si usted cree que este Gobierno está actuando discrecionalmente, no me plantee esta pregunta aquí, me la plantea ante un órgano judicial», le ha dicho.

VOX: «BASTA DE MINISTROS MISERABLES»

El diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha aprovechado su turno para denunciar la «sucia e indigna manipulación» de las palabras de Jiménez Becerril que había hecho Grande-Marlaska al acusarla de atacar a jueces. «Basta ya de ministros miserables y de Gobierno miserable», ha asegurado.

Acto seguido, ha dicho que Grande-Marlaska es el «felpudo» de EH Bildu y ha criticado al Gobierno por «desvirtuar el acto original a puerta cerrada y de homenaje a las víctimas» que iba a ser la destrucción de armas en Valdemoro, convertido en un «espectáculo al servicio de la vanidad de Sánchez y repleto de petulancia». En este punto, ha censurado la «dialéctica infecta» del presidente al hablar de reconstruir la paz y de armas entregadas, lo que entiende que fue propio del lenguaje etarra.

Grande-Marlaska ha replicado que su pasado como juez es «mucho más solvente» que la de Gil Lázaro, recordándole su pasado en las filas del PP y sus palabras cuando el expresidente del Gobierno José María Aznar hablaba de ETA como Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Entre las citas rescatadas, ha usado una del hoy diputado de Vox apoyando el acercamiento de un «número importante de presos de ETA».

«Tiene la fe del converso», le ha dicho Grande-Marlaska a Gil Lázaro, subrayando que «enmudeció» en el pasado cuando ETA aún estaba activa y hubo contactos del Gobierno del PP para buscar el fin del terrorismo. También ha utilizado una frase del dirigente de Vox para llamar al PP «partido cobarde» por no ser «capaz» de realizar el acto de «simbología máxima» que le reclamó en 2017 el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado este miércoles de «histórica» la investigación que realiza el Ministerio Público al rey emérito y ha justificado el hecho de que tras nueve meses no se haya procedido a decidir o no su judicialización en los tiempos que exige la «cooperación internacional» sobre la que pivota la mayor parte de la investigación.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Delgado ha apuntado que «nunca hasta ahora en la historia de España se había hecho una investigación» como la realizada respecto de la actividad de Juan Carlos I «y la está haciendo la Fiscalía, con mucho rigor y con mucha profesionalidad, detenidamente».

Ha añadido frente a las críticas que «ni va lento, ni se ha dejado de investigar ni se está investigando por un motivo diferente a buscar la verdad y lo que ha ocurrido».

Así, ha explicado que se trata de «cooperación internacional pura y dura» y ésta es muy lenta, si bien «por primera vez se han producido dos regularizaciones que ahora hay que comprobar. Para ello, se cuenta con un equipo de fiscales «del más alto nivel dedicándose a este tema casi en exclusiva».

Respecto a las dos regularizaciones realizadas por el emérito ante Hacienda, por cantidades que superan los cinco millones de euros, ha apuntado que «algo bien debe estar haciendo la Fiscalía cuando afloran estas cantidades».

BARCENAS

Sobre el juicio que se desarrolla contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas por la denominada ‘caja b’ del PP, Delgado ha rechazado que sus confesiones le puedan suponer «de entrada», beneficios penitenciarios. «No, se le había hecho una propuesta de permiso de doce días y la fiscalía ha realizado un informe contrario a ello», ha apuntado.

En este punto ha defendido que «la autonomía de los fiscales es cierta, se mueven en interpretaciones y son los fiscales de la fiscalía Anticorrupción los que desde el minuto uno desarrollan esta causa».

«Las palabras y las declaraciones son importantes», ha reconocido Delgado, si bien ha subrayado que lo fundamental «toda la corroboración de esas palabras» a través de documentos periciales.

«Un juicio es la parte más bonita de la materia penal, cuando se prueban los hechos de verdad, con pruebas y declaraciones de los acusados, con las testificales periciales y documentales. Es grandioso porque no es la palabra de un fiscal, un letrado defensor ni un juez, es el conjunto de la prueba que se practique», ha explicado.

CATALUÑA

Preguntada si comparte que los líderes independentistas condenados en el juicio del ‘procés’ ingresen de nuevo en prisión, la fiscal general ha recordado que la postura de los fiscales en Cataluña, contrarios a la concesión del tercer grado, lo que hacen es «seguir las decisiones judiciales precisamente», siguiendo la estela de lo acordado por el propio Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre.

«Son resoluciones que marcan la pauta judicial, la aplicación de la norma y nos marcan el camino a seguir y tenemos que ajustarnos a la jurisprudencia, a las resoluciones del Supremo y en este caso ya tenemos ese precedente, además ha sido una resolución del juez de vigilancia penitenciario, que ha resuelto revocar ese tercer grado».

Tras explicar que el tercer grado supone «un avance de grado en la ejecución de la pena» ha señalado que esto requiere unos requisitos legales y también de interpretación jurisprudencial». En este punto, ha señalado que el derecho penitenciario tiene unas connotaciones diferentes al derecho penal, ya que debe adaptarse a cada uno de los sujetos, son decisiones individualizadas.

En cuanto a la maniobra del instructor de la causa, Pablo Llarena, al dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que el Parlamento Europeo haya levantado la inmunidad de Carles Puigdemont y el resto de europarlamentarios huidos, Delgado ha reconocido que a veces pueden ocurrir «divergencias en la interpretación» de las normas europeas, y que el derecho de la UE tiene primacía sobre los derechos internos.

«Lo que ha hecho en este caso el juez Llarena es una cuestión prejudicial», ha explicado, y sus doce preguntas servirán al TJUE para «sentar esa interpretación, que vinculará a la autoridades belgas», que son las que tienen que ejecutar la citada OED. «Esta es la grandeza del estado de derecho europeo», si bien no puede asegurar que por ello Puigdemont y el resto de reclamados se encuentran ahora más cerca de poder ser juzgados por la justicia española.

Preguntada de quien depende la Fiscalía, Delgado ha señalado que a veces se hacen afirmaciones que demuestran «un desconocimiento completo de cómo funciona la Institución». Así, ha explicado que el fiscal general es nombrado por el poder Ejecutivo «que sale de unas urnas» e implementa una política criminal, lo que no quiere decir que de órdenes a los fiscales, al tener estos autonomía y moverse en un marco de legalidad.

OBJECCIÓN DE CONCIENCIA DE FISCALES

«Los fiscales tenemos algo que no tienen otros países, que es una objeción de conciencia cuando pensamos los fiscales que nos han podido dar una instrucción o un orden ilegal», ha señalado, en alusión al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. «Cuando se habla del principio de jerarquía esto quiere decir que la ley es igual para todos, que tiene que haber unidad de criterio para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley».

Finalmente, preguntada por su entrevista con OK Diario celebrada en un piso particular, cuestionada desde algunos sectores, Delgado ha defendido que este encuentro obedece, al igual que otros que viene manteniendo con otros medios de comunicación «de todo el espectro ideológico», a su interés por dar a conocer «con transparencia» su gestión al frente de la fiscalía general. «He sufrido reputacionalmente, y de forma injusta», ha añadido.

«Somos desconocidos y hay mucha suspicacia, y también hay interés en que haya esta suspicacia por el juego político» ha manifestado, tras recordar que en Alemania los ministros de justicia pueden dar órdenes a los fiscales, y en Bélgica y Francia el ministro de Justicia es el fiscal general.

«Lo importante son los contrapesos», ha insistido, para señalar que todos los sistemas se pueden mejorar y que el español «quizá sólo requiera una mayor autonomía de la institución».

El porcentaje de jóvenes españoles que se plantea emanciparse ha caído hasta un 32,8% en 2020, 15 puntos menos que antes de la pandemia de la Covid-19, cuando eran un 48%, según el ‘Informe Juventud en España 2020’, elaborado por el Instituto de la Juventud (Injuve), que también muestra el compromiso de la juventud por la igualdad de género, la educación o el medioambiente.

El informe, presentado este miércoles, se basa en entrevistas a 6.467 jóvenes de entre 15 y 29 años, residentes en España, a los que se ha preguntado sobre la situación de la educación, del empleo, de la emancipación, por sus intereses y actitudes con respecto al ocio, la sexualidad, la igualdad de género y el cambio climático, así como por el efecto que la pandemia en sus vidas.

De los datos se desprende que la pandemia ha retrasado la emancipación en todas las franjas de edad: de 15 a 19 años, el deseo de emanciparse ha caído por debajo del 20% (frente a aproximadamente un 35% en 2019); en la franja de 20 a 24 años, ha pasado de poco más de la mitad a algo menos del 40%; y en la franja de 25 a 29 años, baja ligeramente hasta el 60%.

Sobre las razones para no emanciparse, en general, un 75% de jóvenes dice no hacerlo por falta de estabilidad o suficiencia de los ingresos.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que la crisis de la COVID-19 ha afectado también al deseo reproductivo, aumentando elporcentaje de jóvenes que no quieren tener hijos del 16,8% al 18%.

También revela que la pandemia de la COVID-19 ha profundizado problemas como la precariedad y la inestabilidad laboral. Más de la mitad (52%) de los jóvenes entrevistados tiene contratos temporales, una temporalidad 30 puntos superior a la del resto de la población. Sin embargo, casi un 38% desearía trabajar más horas.

Al mismo tiempo, casi 4 de cada 10 jóvenes desempleados cree poco a nada probable encontrar trabajo en el próximo año mientras que un 66% considera que, tras la pandemia, sus oportunidades laborales y económicas serán peores que las de generaciones precedentes.

EN 2020 HAN APRENDIDO MENOS

Igualmente, el informe pone de manifiesto los efectos de la pandemia en la educación. En concreto, un 60% de los jóvenes cree que su aprovechamiento del curso académico se ha visto significativamente mermado; y un 11,2% afirman haber aprendido menos de la mitad que en un año normal.

La mitad de los alumnos declara además que la supervisión del profesorado es mejor en la enseñanza presencial y casi 8 de cada 10 prefiere ese método al online.

El informe también aborda la repercusión psicológica de la pandemia y del confinamiento que ha afectado a un 32% de la juventud, siendo este impacto más intenso entre las mujeres.

Respecto a la sexualidad, los datos apuntan a una iniciación sexual «cada vez más temprana» y alertan del «recurso a la pornografía como escuela de sexualidad». En concreto, un 85% de los jóvenes varones declaran haberlo consumido al menos una vez, frente al 50% de las mujeres; y un 32% de ellos y un 24% de ellas dicen inspirarse «mucho» o «bastante» en el porno en sus relaciones.

Por otro lado, el estudio confirma que el interés de la juventud por la política se mantiene cerca del 40%, duplicando las cifras de la década anterior, y siendo el trabajo, la educación, la vivienda y la igualdad, los temas que más interesan a la juventud (8 y 9 puntos sobre 10).

Además, de los datos se desprende que la desigualdad de género es un tema de interés para el 77% de la juventud, y que un 83% considera que la violencia machista es uno de los problemas sociales más importantes.

ELLOS DEFIENDEN LA IGUALDAD PERO NO SE DEFINEN FEMINISTAS

Si bien, el estudio muestra que identificarse con la igualdad de género no es equivalente a identificarse como feminista para los hombres jóvenes. Mientras 8 de cada 10 mujeres jóvenes se consideran feministas, sólo un 54% de los varones se identifican con el feminismo, alcanzando un 70% quienes sí lo hacen con la igualdad de género.

En todo caso, la igualdad de género es la causa que más ha movilizado a la juventud (38%), seguida por la educación (15,5%) y el cambio climático (14,9%). Así, un 77% de los jóvenes estudiantes han participado en algún tipo de acción estudiantil, siendo las más frecuentes la participación en una huelga estudiantil y el voto para órganos de representación, ambas con un 58%.

Por otro lado, 4 de cada 5 jóvenes encuestados se interesan por las cuestiones vinculadas con el medio ambiente, siendo este interés particularmente intenso en la franja de 14 y 19 años. Casi 5 de cada 10 jóvenes siente una preocupación «máxima» por el medio ambiente (47% frente al 17% de adultos).

Según el Injuve, las conclusiones ratifican las consecuencias de la llamada «década pérdida» de una generación de jóvenes que se enfrenta a su segunda gran crisis económica y social, tras la de 2008.

No obstante, la directora general del Injuve, María Teresa Pérez, ve en los datos a una juventud «solidaria, inconformista, abierta, integradora, participativa, consciente de las desigualdades y discriminaciones que existen y preparada para asumir los retos y los cambios necesarios en los ámbitos de la educación, la digitalización, la transición ecológica o la erradicación del machismo y sus violencias».

Desde el Injuve aseguran su compromiso para «mejorar el funcionamiento de planes de inserción laboral como Garantía Juvenil», para «implementar medidas relativas a la vivienda que ayuden a la juventud a ser realmente independiente», para «ofrecer alternativas de ocio y movilidad enriquecedoras» y para «el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil».