El PP ha instado este martes al Gobierno a aceptar la mano que le tiende para salir del "agujero" en que se ha metido en la crisis con Marruecos en un debate en el Congreso sobre la política exterior en el que el resto de grupos, salvo Vox, han aprovechado para criticar a los populares y no al Ejecutivo.

Pablo Hispán ha sido el encargado de defender ante el Pleno la moción resultado de interpelación presentada por el PP, en la que entre otras cosas se pide al Congreso que inste al Gobierno a recuperar "lo antes posible" la relación con Marruecos.

En opinión del popular, lo ocurrido en las últimas semanas con Marrurecos ha sido "especialmente grave", mencionando entre otras cosas el "asalto" en Ceuta, que Marruecos haya "vetado" a España para la operación de Paso del Estrecho, que la cumbre bilateral siga sin fecha o el hecho de que no se haya ofrecido una "versión razonable y verosímil" por la acogida del líder del Polisario, Brahim Ghali, por motivos humanitarios. "Una cosa es la discreción y otra es el engaño", ha defendido.

"La situación es grave", ha insistido, incidiendo en que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, no tiene interlocución con su homólogo marroquí y tiene que recurrir al ministro francés como enlace.

Frente a todo ello, el PP ha mostrado "lealtad institucional" y su líder, Pablo Casado, mostró su apoyo al Gobierno "en la defensa de la soberanía nacional y las fronteras" tras lo ocurrido en Ceuta. "Recuperar una política de vecindad, como demandamos en la moción, no es una exageración, es algo de sentido común", ha reivindicado.

"ESTÁN EN UN AGUJERO"

"Se encuentran en un agujero y esta iniciativa les anima a dejar de cavar. Aprovechen la mano que les tendemos", ha instado al Gobierno, defendiendo la necesidad de "recuperar el sentido de Estado en la política exterior". "Todavía están a tiempo de rectificar", ha opinado, animando a "reconducir" una política exterior que hasta ahora ha roto "no pocos consensos".

Asimismo, también se ha referido a la relación con Estados Unidos, resaltando el hecho de que el nuevo presidente, Joe Biden, aún no haya hablado con Pedro Sánchez. "Sánchez no tiene quien le escriba, ni quien le llame ni quien le reciba", ha resumido.

Hispán se ha mostrado muy crítico con la gestión de González Laya en el Ministerio, afeando el retraso a la hora de resolver la vacunación del personal del Servicio Exterior o en la designación de una treintena de embajadores que aún están pendientes. En su opinión, la ministra se encuentra "en la primera posición de salida" en la previsible crisis de Gobierno.

También desde Vox se ha criticado con dureza la política exterior del Gobierno, y en particular la crisis con Marruecos y el impás en la relación con Estados Unidos. "Las relaciones internacionales entre países se basan en intereses, no existen amigos permanentes y eso el Gobierno lo debería saber", ha sostenido Alberto Asarta.

El diputado de Vox ha denunciado que el "Gobierno socialcomunista" está "perdido en ideas progre" y "no sabe lo que realmente le interesa a los españoles". En este sentido, ha sostenido que en la relación con Estados Unidos "no debería guiarse por que nos caigan mejor o peor sus dirigentes".

VOX RECLAMA CONTUNDENCIA FRENTE A MARRUECOS

Por lo que se refiere a Marruecos, ha considerado que la crisis se veía venir y lo que ha hecho el reino es "aprovechar la debilidad del Gobierno". Asarta no ha dudado en tildar de "chantaje" la actuación de Rabat, que con los sucesos de Ceuta demostró hasta dónde puede llegar, y ha reclamado una "respuesta contundente aplicando contramedidas en los ámbitos diplomático, económico y de seguridad".

Así, con apoyo de la UE, el Gobierno debería dejarse "de paños calientes" y hacer ver a Marruecos que "no se puede jugar con la seguridad y la soberanía del reino de España", ha reclamado el diputado de Vox.

En nombre del PSOE ha tomado la palabra Héctor Gómez, que no ha dudado en tachar de "irresponsable" al PP por presentar una moción de este tipo en una situación como la actual. "En lugar de mostrar una posición de arrope intenta una vez más sacar rédito político. Esa es la altura que tiene el PP en España", ha afeado.

Gómez ha sostenido que cuando era líder de la oposición en 2002 José Luis Rodríguez Zapatero apoyó al Gobierno de José María Aznar cuando la crisis de Perejil, pero en lugar de ello el PP "tienen la máxima de que cuanto peor le vaya a España mejor le irá al PP".

Así las cosas, ha instado a los populares a que si de verdad quieren "arrimar el hombro" entonces empiecen por desbloquear la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sean responsables, piensen en España, trabajen por España y no sean tan demagogos", les ha espetado.

También el portavoz del grupo de Unidas Podemos, Antón Gómez Reyno, ha salido en defensa de la política exterior del Gobierno. "Cómo puede ser que un PP y una derecha que siempre ha sido servil y subalterna en materia exterior nos venga a decir a este Gobierno lo que tiene que hacer en política exterior", ha cuestionado.

CRÍTICAS AL PP

En la misma línea se han expresado los portavoces del resto de grupos, arremetiendo contra el PP por la moción presentada. Así el diputado del PNV Aitor Esteban ha puesto en duda la idoneidad del momento para presentar una moción de este tipo, sobre todo en lo tocante con Marruecos, si bien también ha coincidido en denunciar que su "régimen usa a niños para fines políticos".

El diputado vasco ha echado en cara que igual que se critica al régimen de Venezuela, con lo que se ha mostrado de acuerdo, no haya "ninguna crítica" al régimen marroquí. Así las cosas, ha puesto en duda la voluntad del PP de ayudar con su moción. "¿Es esta una manera de ayudar? Yo creo que no", ha señalado.

Las diputadas de Junts Mariona Illamola y de ERC Marta Rosique han abundado en las críticas al PP. La primera de ellas les ha reprochado que "no saben aportar nada positivo" mientras que la segunda les ha pedido que "dejen de venderse como unos santos, revisen todo lo que han hecho durante años en el gobierno y pidan explicaciones a sus predecesores". "Eso sería mucho más útil", ha valorado.

En el caso de Ciudadanos, había presentado una moción al texto planteado por el PP, que lo ha rechazado. Su portavoz en esta ocasión, María Carmen Martínez Granados, se ha mostrado crítica tanto con populares como con socialistas a los que ha acusado de falta de estrategia en política exterior, de acciones inconexas y de incapacidad para adaptarse a la política exterior del siglo XXI.

Al PP le ha reprochado también que es "incapaz de promover ningún cambio para responder a las necesidades" actuales y ha dejado claro que su partido no respaldará esta "moción vacía" en la votación prevista para el jueves.

Dos informes de la Intervención General del Estado (IGAE) que ya obran en poder del juez instructor del 'caso Púnica', Manuel García Castellón, ahondan en las irregularidades cometidas por la trama que se investigan en la pieza 5 de este macrosumario, sobre la contratación menor local en municipios como Valdemoro (Madrid). Uno de los documentos certifica un amaño de 10 millones con la obra de un centro deportivo y de ocio, mientras que el otro alerta de un exceso de más de un millón en una residencia de mayores cuya obra se adjudicó a una empresa que no estaba al corriente ni con Hacienda ni con la Seguridad Social.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en dos escritos que se incorporen estas actuaciones a la causa. La primera se refiere al contrato del centro deportivo Open Sport Life de la UDE OESTE NORTE, que fue adjudicado a una empresa del empresario investigado David Marjaliza y en el que no se llegó a ejecutar la obra comprometida en el pliego de adjudicación por 11.089.3189,82 euros de ejecución material (15.571.621,49 IVA/gastos generales/beneficio industrial) sino que lo ejecutado por la Constructora San Jose bajo sus instrucciones fue por importe de 5.812.316,07 euros.

CENTRO DE MAYORES

En el segundo caso, el fiscal solicita la incorporación de un segundo informe con fecha del pasado mes de marzo sobre la licitación del contrato "redacción del proyecto y ejecución de las obras y equipamiento integral del nuevo edificio para residencia de mayores y centro de día en la calle Lili Álvarez ", también en Valdemoro.

El informe da una segunda opinión sobre la contratación de esa obra a la vista de la certificación y de la liquidación de la obra que fue solicitada por el Juzgado al Ayuntamiento de Valdemoro y remitida por éste.

En su escrito, el fiscal apunta al juez que el responsable del control económico de las certificaciones de obras. Álvaro Díaz, no pudo recordar durante su declaración ante el juez la justificación de la certificación de este contrato en particular por exceso de medición por un importe de 894.613,17 euros, ni que éste se produjera. En sus manifestaciones reparó en que la certificación final presentada por los arquitectos era de un mes anterior a la certificación final con los excesos de medición firmados por un concejal y un técnico municipales.

CERTIFICADO MOSTRADO EN "PANTALLAZO"

Por otra parte, los fiscales solicitan que para aclarar este punto de la investigación debería llamarse como testigo a quien firmó todas las certificaciones en representación del Ayuntamiento, como propiedad de la obra, y a Julio Reol en representación de la contratista Obrum SLU Urbanismo y Construcciones. También instan al juez a pedir el original del certificado final de obra al depositario del documento cuyo 'pantallazo' fue exhibido por Álvaro Díaz ante el juez.

El informe que se aportará al juzgado añade que la obra se adjudicó a Obrum por 10.953.519,07 euros y que la realmente ejecutada, según la liquidación del contrato aportada, ascendió a 11.838.412,36 euros. A ello se añade que la empresa no acreditó con los correspondientes certificados expedidos por la AEAT y por la TGSS hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y que, sin esta acreditación, no puede acordarse válidamente la adjudicación del contrato.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido este martes en el Pleno del Senado en la necesidad de "naturalizar" los indultos y ha asegurado que "los tiempos de la justicia terminaron con la sentencia firme y la ejecución de la misma" y que "ahora corresponden los tiempos de la política, porque así lo dice la Constitución del 78".

Campo ha respondido así a la interpelación del senador del Grupo Parlamentario Popular Fernando Martínez-Maíllo, quien ha preguntado al ministro sobre la política del Gobierno en relación con los indultos y ha reprochado la actuación del Ejecutivo de cara a las peticiones de los presos condenados por el 'procés'.

El titular de Justicia ha recordado nuevamente que los indultos son una medida de gracia a discreción del Gobierno y que tomará una "decisión prudente y razonada". En este sentido, ha recordado que las solicitudes de los líderes catalanes "todavía están en tramitación" y que sería "inoportuno" si se pronunciara al respecto.

"VALORAR EL CONTEXTO"

El ministro ha asegurado que en el marco del análisis de las peticiones recibidas "resulta obligado valorar el contexto y las implicaciones políticas". "Sea cual sea la decisión que se tome es evidente que no puede dejar de valorarse la compleja y tensa situación política que vivimos desde hace ya bastantes años", ha precisado.

Ha insistido en que "en todo lo relacionado con la situación política en Cataluña" se debe hacer "lo posible" para que el futuro traiga consigo un "escenario de diálogo y entendimiento" en el "que las discrepancias vuelvan a resolverse". Y ha asegurado que "ahí es donde está situado este Gobierno".

En términos generales ha defendido que la medida de gracia es una "especie de válvula de escape que necesitan los países para mitigar efectos de distinta índole" y ha asegurado que en los últimos años "se ha limitado enormemente". En concreto, ha indicado que la cifra anual ha descendido de los 1.937 indultos concedidos en 2000 hasta los 30 de 2020.

"UN INDULTO POLÍTICO"

Fernández-Maíllo ha reprochado la actuación del Gobierno y la respuesta de Campo, quien --según ha dicho-- ha acudido al Senado a "hacerse el sueco".

Sobre los indultos, ha asegurado que "es una decisión que lleva tomada desde hace muchísimo tiempo" y ha recriminado al ministro por estar "comprando el discurso independentista".

En su turno de intervención, el senador ha indicado que lo que pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez es dar "un indulto de carácter político". Ha dicho que se trata de "un pacto con los independentistas", de "una decisión profundamente arbitraria" que "quizás tiene su origen en la moción de censura". "Pura corrupción constitucional", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha recriminado al Ejecutivo porque, a su juicio, quieren darle el indulto quienes "no solo dicen que no se arrepienten, sino que dicen que lo volverán a hacer".

Asimismo, ha asegurado que si el Gobierno concede la medida de gracia a los condenados será como poner una "alfombra roja" al expresidente catalán huido Carles Puigdemont y ha insistido en que el PP va a trabajar para "parar esta tropelía".

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha reafirmado el 'no' de la Xunta a la nueva propuesta de medidas que llevará el Ministerio de Sanidad al Consejo Interterritorial de este miércoles si "sigue insistiendo en que las reglas de juego se rompen" en lo que respecta a las competencias de las diferentes administraciones.

En un encuentro 'online' organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), el titular de Sanidade ha criticado que el documento anterior --ya retirado tras suspender las restricciones la Audiencia Nacional-- suponía para Galicia "un retroceso" en su desescalada, mientras que en otros sectores implicaba abrir "de forma absurda".

"Ese mismo viernes, un local de ocio nocturno de Mos (Pontevedra), que está en riesgo máximo, podría haber abierto ese mismo viernes por la noche", ha señalado García Comesaña.

El conselleiro de Sanidade considera que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es "lo equivalente a una comunidad de vecinos": "Tú tienes competencias en tu territorio y te reúnes con todo el edificio de vez en cuando para coordinarte".

DECISIONES "EN CONSENSO"

En este sentido, ha recordado que la ley que rigen estas reuniones "dice que las decisiones deben ser tomadas en consenso" porque, en caso contrario, el Ministerio está "vulnerando las competencias" en materia de salud, que son de las autonomías.

Así a todo, García Comesaña ha reconocido que "normalmente" sí se respeta este marco, aunque "ahora recientemente se ha vuelto" a vulnerar con estas medidas a pesar de que "hace semanas" la Comisión de Salud Pública había acordado que fuesen "recomendaciones".

El 'no' de las comunidades gobernadas por el PP a esta hoja de ruta del Ministerio, que insistía en que las medidas eran obligatorias, junto a las medidas cautelares aceptadas por la Audiencia Nacional contra un recurso de la Comunidad de Madrid llevó a que finalmente la propuesta fuese retirada.

"Volvemos a la senda de que cada comunidad gestione sus competencias, que es el punto de partida", ha saludado el conselleiro, quien ha relatado que habló este lunes "por la mañana" al respecto con la ministra del ramo, Carolina Darias.

APOYARÁ DEVOLVER LA COMPETENCIA A LAS COMUNIDADES

Por eso, ha avanzado que la Xunta "no tendrá ningún problema en apoyar" propuestas que permitan que la desescalada y las restricciones en la hostelería "vuelvan a estar en manos de la Consellería de Sanidade y de la Xunta", con el apoyo del comité clínico. En caso contrario, ha recalcado que "Galicia no estará a favor".

Sobre los motivos que llevaron a la Xunta a rechazar el documento inicial, García Comesaña ha explicado su desacuerdo en que "siempre se había dicho que eran recomendaciones" hasta la reunión del miércoles pasado.

Además, entiende que, dentro del sistema 'semáforo' establecido, para la Comunidad gallega --que se situaba en el nivel de riesgo 1-- implicaba "un retroceso" en su desescalada. "En algunos casos era volver a situaciones peores que hace meses y en otros casos abrir de forma absurda", ha dicho.

Asimismo, en lo referido al protocolo para el próximo curso escolar, que motivó una Declaración de Actuaciones Coordinadas para hacerlo obligatorio en toda España, ha señalado que las condiciones en materia de distancia entre mesas eran las mismas que para el año académico 2021/22 "sin tener en cuenta la vacunación de profesores y de padres, y con la previsible vacunación de los alumnos".

Y aunque "prácticamente todos los consejeros" pidieron a las ministras de Sanidad y de Educación que rectificasen, el Gobierno volvió a plantear el mismo documento sin ningún cambio, por lo que el conselleiro explicó que el voto de Galicia "no podía ser positivo".

El líder del PP, Pablo Casado, acudirá este domingo a la concentración de la Plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el 'procés' acompañado de buena parte de la cúpula del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los presidentes regionales de la formación en Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, según han confirmado fuentes 'populares'.

Los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han excusado su asistencia alegando motivos de agenda o personales y no estarán en la convocatoria que ha organizado la plataforma Unión 78, que integran Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, entre otros.

Feijóo, que avanzó hace unos días que no iría porque viaja a la Santa Sede para mantener una reunión con el papa Francisco, ha defendido la presencia del PP en esa manifestación y ha argumentado que "esto no va de derecha o izquierda, sino de defender la Constitución y la ley". Por eso, ha dicho que le parece "perfecto, oportuno y adecuado" que su partido participe, al igual que otras formaciones "constitucionalistas".

El andaluz Juanma Moreno ya explicó este lunes que "por motivos personales" no va a estar en esa manifestación pero defendió la protesta. De la misma manera, Mañueco ha señalado este martes que no podrá asistir "por diversas circunstancias" pero que los 'populares' estarán "muy bien representados" con Pablo Casado y varios dirigentes del PP.

AYUSO NO VE INCONVENIENTE EN REPETIR LA FOTO DE COLÓN

La madrileña Isabel Díaz Ayuso fue una de las primeras en confirmar su presencia en esa manifestación. Este martes ha hecho un llamamiento a no tener complejos frente a la posible repetición de "la foto de Colón" porque lo que está sucediendo en Cataluña es "una barbaridad".

También tienen previsto asistir varios presidentes regionales del partido, según las fuentes consultadas. Así, estarán presentes el presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández; el de Extremadura, José Antonio Monago; y el de Aragón, Luis María Beamonte; y el de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, aún no ha desvelado si estará presente o no esta cita de Colón.

Desde la cúpula del PP ya han confirmado que acudirán varios vicesecretarios, como Ana Beltrán o Pablo Montesinos. También estarán presentes los tres portavoces parlamentarios del Grupo Popular, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat, según fuentes de la formación.

En el plano municipal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha anunciado su presencia y lo mismo hará el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, así como el presidente provincial del PP Zaragoza, Ramón Celma.

LOS PASOS DEL PP: DE LA PRESIÓN INSTITUCIONAL A ACUDIR A COLÓN

El PP apostó en un primer momento por poner en foco en la "presión" institucional contra los indultos, a través de mociones en los Ayuntamientos y los Parlamentos autonómicos para forzar al PSOE a retratarse contra esa medida y con el inicio de una campaña de recogida de firmas en la calle.

Sin embargo, y tras la llamada a 'Génova' de la propia expresidenta de UPyD --promotora de esta convocatoria, que contó desde el primer momento con el apoyo de la exportavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo--, la dirección del PP anunció que estaría presente, pero dando protagonismo a los convocantes y a la sociedad civil.

Los 'populares', que no quieren que Vox capitalice esta convocatoria, tienen claro que no desean repetir la famosa 'foto de Colón' de febrero de 2019, que dio munición electoral a Pedro Sánchez y al PSOE para desgastar al PP al asimilarle "a la ultraderecha" de Vox. En las filas de la formación se abrió estos días cierto debate sobre cómo debía estar representado el partido en esta convocatoria.

De hecho, en un principio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que apoyaría "como ciudadano" ese acto de Unión 78 en la Plaza de Colón y, tres días después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, confirmó públicamente que la delegación del partido estaría encabezada por Pablo Casado.

"MÁS MOTIVOS" PARA IR TRAS LA CARTA DE JUNQUERAS

Tras la carta del líder de ERC Oriol Junqueras cuestionando la vía unilateral y dando por buenos los indultos, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recalcado que siguen existiendo "los mismos motivos" para manifestarse este domingo en la Plaza de Colón.

"Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos porque la música sigue siendo la misma y el guión que se puede ver en esa carta responde a una película que ya hemos visto en otras ocasiones", ha enfatizado, para añadir que esto "no es nada nuevo de lo que ya habían vivido no hace tantos años", en alusión al 2019.

Según la portavoz parlamentaria del PP, "sin duda alguna" se puede "concluir" que el PSOE, Moncloa y Sánchez lo que sí que hacen es asumir el guión de ERC porque asumen la amnistía y asumen el referéndum, que es lo que quieren plantear en esa mesa entre el Gobierno de España y de Cataluña".

La Comunidad de Madrid ha notificado 576 casos nuevos de coronavirus, de los que 468 corresponden a las últimas 24 horas, y 7 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del lunes se notificaron 146 casos nuevos de coronavirus, 94 correspondieron a las últimas 24 horas, y 6 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 668 en planta --61 menos respecto al día precedente-- y 278 en UCI --once menos--, mientras que 143 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 2.786.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 733.493 positivos, un total de 115.228 casos han requerido hospitalización, 11.777 han necesitado UCI y 101.752 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 823.244 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.204, de los cuales 5.067 han sido en centros sociosanitarios, 17.737 en hospitales, 1.370 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 135,5 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en sexta posición tras Navarra (137,18), Melilla (144,7), País Vasco (181,85), Andalucía (188,13) y La Rioja (212,87).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, el informe indica que se han administrado un total de 3.987.437 dosis de las 4.708.415 recibidas, con 1.358.265 segundas dosis registradas y 77.242 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 21,2%.

Teniendo en cuenta sólo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados con la pauta completa asciende al 25,6%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han notificado 3.504 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.859 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 871 registrados el lunes, lo que eleva a 3.711.027 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 113,45 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 115,32 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 73 más, de los cuales 112 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 80.309 personas.

Actualmente hay 3.880 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.088 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 433 ingresos y 622 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 3,14 por ciento y en las UCI en el 11,42 por ciento.

De las 1.859 personas diagnosticas de Covid-19 en el último día, 470 se han localizado en Madrid, si bien 153 en Andalucía, 76 en Aragón, 37 en Asturias, 20 en Baleares, 114 en Canarias, 28 en Cantabria, cinco en Castilla-La Mancha, 168 en Castilla y León, 338 en Cataluña, ninguno en Ceuta, 33 en Comunidad Valenciana, 66 en Extremadura, 41 en Galicia, 14 en Melilla, 22 en Murcia, 44 en Navarra, 191 en País Vasco y 39 en La Rioja.

NÚMERO DE FALLECIDOS

En cuanto a las muertes, Sanidad ha registrado ya 9.947 fallecimientos en Andalucía (22 en la última semana); en Aragón 3.521 (cinco en los últimos siete días); en Asturias 1.972 (cuatro en la última semana); en Baleares 840 (una en los últimos siete días); en Canarias 776 (cinco en una semana); en Cantabria 566 (una en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 5.960 (13 en la última semana); y en Castilla y León 6.899 (10 en los últimos siete días).

Además, 14.606 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (seis en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 116 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (una en la última semana); en la Comunidad Valenciana 7.401 (tres en los últimos siete días); en Extremadura 1.805 (una en una semana); en Galicia 2.414 (7 en los últimos siete días); en Madrid 15.364 (23 en los últimos siete días); en Melilla 97 (ninguna en los últimos siete días); en Murcia 1.603 (dos en los últimos siete días); en Navarra 1.178 (tres en los últimos siete días); en el País Vasco 4.470 (tres en los últimos siete días); y en La Rioja 774 (dos en los últimos siete días).

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) prevé empezar en julio la vacunación de los menores de 40 años combinando el sistema habitual de citación por SMS --desde los más mayores, de 39 años, hacia abajo-- con un procedimiento de petición de citas voluntarias abierto a todos los mayores de 18 para llenar los "huecos" que queden libres.

Así lo ha avanzado el titular de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña, durante un encuentro 'online' organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), en el que también ha adelantado que se habilitará una web a partir del 1 de julio para que los pacientes de más de 18 puedan pedir vez.

La previsión es que en julio se inicie la inmunización de los menores de 40 años, toda vez que esta semana arrancó con carácter general en todas las áreas sanitarias la cobertura de la década de 40 a 49 años, la "de más población" en Galicia.

Según cifras del conselleiro, constituyen este grupo unas 400.000 personas --aunque "muchas" están ya inmunizadas por ser médicos, profesores o policías, entre otras profesiones-- que "a un ritmo medio de 100.000 vacunas a la semana" podrían haber recibido las dos dosis "a finales de julio".

Con estas previsiones, la idea del Sergas para los menores de 40 es activar dos procedimientos paralelos. Por una parte, ya a principios de julio llenar "por defecto" la agenda de vacunación a través de SMS empezando por los pacientes de 39 años, mientras que por otra se incluirían en "huecos por el medio" los mayores de 18 que hayan pedido cita a través de la página web.

Así, el Sergas optará por combinar el sistema de citación "forzado" que empleó hasta ahora --porque es el propio servicio sanitario el que designa el día y la hora de cada paciente-- con el de petición voluntaria que empleó el País Vasco para toda la campaña de vacunación. "La idea es combinar los dos modelos", ha combinado.

DATOS "BUENOS" DE VACUNACIÓN

Durante el encuentro con la Asociación de Periodistas de Galicia, García Comesaña ha recalcado que los datos del avance de la vacunación en Galicia "son buenos" con un porcentaje de adherencia "en torno al 90 por ciento" en la última década cubierta, la de 50 a 59 años.

Sobre ese 10 por ciento restante, el conselleiro ha detallado que la mitad "no tiene teléfono móvil asociado" a la tarjeta del Sergas o lo tiene "caducado", por lo cual se les da "otra cita"; mientras que la otra mitad "decide esperar". Eso sí, ha destacado que la población gallega y española "sí que confía en las vacunas".

En este contexto, García Comesaña ha señalado --tras la experiencia de países que van "más avanzados" en la campaña de vacunación-- que el Sergas tiene previsto que haya grupos de edad "donde cada vez sea más difícil" llegar.

Por eso, la Xunta optó por una citación "forzada" por el cual es la administración la que pone la fecha "con una semana de antelación": "Si le dices a la gente que pueda vacunarse cuando quiera, va un porcentaje bajo. Si le dices una cita a tal hora, el porcentaje aumenta".

"VAIVENES" DE SUMINISTRO

Acerca de las previsiones de llegada de dosis, el conselleiro ha dicho que ya "no está tan claro" que en próximas semanas aumente el suministro. "Nosotros manejamos los datos que nos traslada el Ministerio, que se supone que son los que trasladan las compañías farmacéuticas, y estamos acostumbrados a vaivenes", ha expresado.

Asimismo, preguntado sobre si las personas que recibieron los modelos Pfizer y Moderna necesitarán un tercer pinchazo, García Comesaña ha respondido que "falta que la Agencia Europea del Medicamento confirme esos datos".

A falta de esta ratificación, sí ha augurado que quien la necesitará será "población similar a los que necesitan las vacunas de la gripe", entre la cual ha mencionado a mayores de 60 y a inmunodeprimidos. Así, el conselleiro ha deslizado que se podría combinar, también en recintos masivos, la campaña contra la gripe y la dosis de recuerdo contra el coronavirus.

Por otra parte, el titular de Sanidade de la Xunta ha confirmado que hasta el momento se han detectado en Galicia 18 casos de la variante indica del SARS-CoV-2. Se trata de una mutación que, aunque es "ligeramente más transmisible" que la británica, tiene "la buena noticia de que sí es sensible a las vacunas" actuales.

Unidas Podemos quiere saber si el Gobierno que comparte con el PSOE tiene contratos en vigor con alguna de las 22 consultoras que han sido multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por manipular licitaciones públicas para repartírselas entre los años 2008 y 2018 y ha exigido que se actúe en consecuencia para evitar que esas empresas "se vayan de rositas".

En concreto, ha sido el diputado por Vizcaya Roberto Uriarte quien, a través de una batería de preguntas registrada en el Congreso, ha pedido al Ejecutivo que "se vaya hasta el final" ante estos casos de "corrupción tan graves" y que, si es menester, ponga en conocimiento de la Fiscalía algunas de las situaciones descubiertas por la CNMC.

En sus iniciativas, Uriarte se hace eco de la existencia de dos cárteles diferenciados (el norte y el nacional) a los que achaca "prácticas fraudulentas". Así, subraya que la CNMC "describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los cárteles".

Ante este panorama, exige que el Gobierno le detalle qué piensa para "evitar que los cárteles de empresas de consultoría se reproduzca en el futuro" y para "promocionar la competencia".

LOS CASOS DE EUSKADI

Según relata, en el caso de Euskadi, estos casos afectan a cerca de un centenar de licitaciones del Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. De hecho, apunta que la CNMC expone como "uno de los casos más graves" el intercambio de correos de 2016 entre los responsables de la Autoridad Portuaria de Bilbao y los de la consultora Deloitte referidos a un estudio de impacto ambiental del puerto para configurar el contrato de consultoría.

"¿Se ha considerado la posibilidad de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos graves acaecidos en el Puerto de Bilbao?", pregunta Uriarte.

El diputado de Unidas Podemos también quiere saber los contratos que se han formalizado desde los ministerios, agencias del Estado, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos con las consultoras multadas entre 2019 y 2020 y si actualmente hay algún contrato en vigor con alguna de ellas, como es el caso de Idom, que ha logrado un estudio sobre el tranvía de Vitoria apenas dos semanas después de ser sancionada.

El que fuera director de Banca Minorista del Banco Popular, Antonio Pujol, y el director de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo, han señalado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la resolución de la entidad en 2017 que desconocían que se ofreciera financiación a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital.

Según fuentes jurídicas consultadas, Pujol, con el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha sido más inquisitivo, se ha mostrado taxativo negando ese extremo y, de hecho, ha explicado que él mismo acudió a la ampliación de 2.000 millones de euros de 2016 y que lo perdió todo.

Cabe recordar que en esta causa la Audiencia Nacional estudia por un lado las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

Sobre esa ampliación ha pivotado el grueso de las declaraciones de este martes. Así, Pujol ha explicado al juez cómo era el cliente al que ofrecían la compra de acciones, y ha dicho que eran clientes con recursos, que tuvieran conocimiento y potencial económico para hacer frente al desembolso.

Durante el interrogatorio, comparecían en calidad de investigados, el juez les ha señalado que en el informe que redactaron los vicesecretarios de la entidad sí que aparecían sus nombres en relación a una campaña para la colocación de acciones, y les ha señalado que lo manifestado por ellos no era creíble, ante lo que se han mantenido en su postura y han vuelto a negarlo categóricamente.

EL TESTIGO DE LA CNMV, MANSO

En el día de hoy también ha declarado, pero como testigo, Eduardo Manso, quien era el director de Supervisión en la Comisión Nacional de del Mercado de Valores (CNMV). En su extensa comparecencia, Manso ha señalado que ellos no indagaron en la financiación de compra de valores porque no era su responsabilidad, y que no entraron en la oferta pública de venta (OPV) porque no era su área de actuación.

Asimismo, tras explicar como funcionan los hechos relevantes en la CNMV, ha señalado que en la CNMV se dieron reuniones previas a la nota informativa de 3 de abril de 2017 sobre la situación del Popular. Y ha indicado que decidieron no abrir inspección al principio porque entendieron que si había errores, estos eran contables y que eran subsanables.

Otras fuentes consultadas, han apuntado que Manso ha explicado que en los hechos relevantes se abre discusión sobre si había umbral de materialidad, y consideraban que el Popular estaba dentro del margen que no exigía reformular las cuentas.

Con todo, el 10 de abril, ha explicado, acabaron abriendo expediente sancionador, pero ha recordado que éste quedó suspendido al incoarse el procedimiento penal, ahora en curso. En cualquier caso, ha apuntado que a él no le correspondía abrir esa investigación, porque era tarea de otro departamento.

SE VENDIÓ UNA IMAGEN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL

Según la instrucción de la causa, en ese periodo 2016-2017, el que fuera presidente de la entidad financiera Ángel Ron, investigado en esta caso, defendió la situación "inmejorable" del banco y vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial. Sin embargo, los beneficios se convirtieron en pérdidas y los dividendos nunca llegaron.

El Banco Santander --cuya presidenta Ana Patricia Botín declaró como testigo-- fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco. Para entonces, ya estaba al frente del banco extinto Emilio Saracho -también investigado--, y tras esa resolución comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades contables que han acabado en la Audiencia Nacional.

En esta causa también han declarado como testigos el exministro de Economía Luis de Guindos; el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique; la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez; el exgobernador del Banco de España Luis María Linde; así como directivos del Popular en la época en la que se produjo la resolución.

Esta semana de declaraciones coincide en el tiempo con el informe del fiscal que solicita al magistrado una prórroga de las instrucción de seis meses. Según fuentes consultadas, esto permitiría añadir a la causa informes que aun están pendientes como los de Banco Central Europeo, del Banco de España y del Santander.

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha señalado que existe "cierto peligro" en la reforma que veta el régimen de visitas a los hijos cuando hay una denuncia por maltrato, mientras que la Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera que no hay novedad en esta medida aunque, reconoce, no es estaba aplicando en muchos casos en España.

Durante la tramitación de la Ley que capacita jurídicamente a las personas con discapacidad en el Senado se ha incluido una nueva redacción del artículo 94 del Código Civil que

Esta medida, que entrará en vigor en el mes de septiembre, no convence del todo a la AEFA. Su presidenta, Mariló Lozano, ha explicado que el texto "no es lo suficientemente claro" sobre cómo se han de aplicar esas suspensiones o sobre la "graduación" de los casos y la valoración del riesgo que puede sufrir el menor.

Según ha señalado en estos casos se han de tener muchos aspectos en cuenta, como la seguridad por un niño, la incidencia de la violencia, el principio de presunción de inocencia o, incluso, los medios con los que cuenta un juez dependiendo de su partido judicial.

Ahora se regula el régimen de visitas y, en caso de denuncia, se analizaba caso por caso si este debe suspenderse. Para Lozano, esta medida implica que la régimen general pase a ser la subsidiario y viceversa.

ELIMINAR ESTEREOTIPOS SOBRE LAS MUJERES

"Tenemos que ser muy prudentes en las valoraciones priorísticas", ha señalado, para indicar que cuando en septiembre se empiece a aplicar esta medida, ser verán los resultados, pero ha indicado que "no todas las actitudes de violencia deben suponer la supresión de las visitas", sino que existe "un gran abanico" de situaciones.

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángeles Jaime de Pablo, sin embargo, esta medida no implica novedad en la normativa española, aunque sí ha reconocido que no se estaba aplicando en muchos casos.

De hecho, ha indicado, que esta reforma está en la línea de la que ya se hizo en 2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Además, ha explicado que, que no sólo se ha cambiado la redacción del artículo 94 del Código Civil en la Ley de capacitación jurídica de las personas con discapacidad, sino que en este sentido también se ha dado luz verde a una reforma del 544 en la Ley de Protección a la Infancia.

Todas estas medidas, indica Jaime de Pablo, tienen la "prioridad" de que los menores que han presenciado o convivido con la violencia "se alejen del progenitor violento". Una decisión que, indica, toma un juez, tanto la de suspender el régimen de visitas, como la de adoptar otras medidas para proteger la integridad del menor.

Sin embargo, la presidenta de la asociación de mujeres juristas reconoce que estas medidas no se están aplicando como debieran y apunta que, en 2019, las suspensiones de visitas que se dictaron fueron solo de un 3%.

En este sentido, ha recordado los "vergonzosos apercibimientos" de la ONU a España por dar veracidad al Síndrome de Alienación Parental (SAP) o por no proteger en casos como el de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre, al que González Carreño había denunciado hasta 50 veces por violencia de género, durante una visita sin vigilancia.

A su juicio, esta reforma que recoge la Ley de capacitación jurídica de las personas con discapacidad no es nada nuevo, sino que viene a insistir en una materia con la que la Justicia española no estaba cumpliendo.

Sobre la posibilidad de que esta medida pueda aumentar las demandas por violencia en procesos de divorcio o que ponga en peligro la presunción de inocencia, Jaime de Pablo ha llamado a eliminar estos "prejuicios" y "estereotipos" que sufren las mujeres y que se basan en las supuestas ventajas que ellas obtienen de los divorcios en estas situaciones.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha anunciado este martes que el Gobierno tiene previsto lanzar el próximo septiembre una iniciativa junto con los países de América Latina sobre "la democracia que queremos" en un momento en que esta parece estar en entredicho en algunas partes de la región.

Así lo ha comunicado durante su intervención en el II Foro Empresarial Expansión, en el que ha inaugurado la sesión dedicada a "Las relaciones entre Europa y Latinoamérica en el nuevo contexto internacional", abogando por una relación más fuerte entre ambos continentes.

González Laya ha incidido en el particular impacto que la pandemia está teniendo sobre los países de América Latina, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, entre otras cosas por las características particulares de estos países con economías informales, pobreza, inseguridad y ciudades superpobladas.

La región se enfrenta también a una crisis institucional. "El apoyo a la democracia nunca ha sido menor", ha lamentado, sosteniendo que es algo que "nos tiene que hacer reflexionar". La insatisfación que sienten amplios sectores de la sociedad iberoamericana se ha traducido en "grandes protestas ciudadanas, a menudo violentas", a lo que hay que sumar también, ha dicho, la crisis política en Venezuela y su impacto regional.

En este sentido, ha apostado por apoyar la solución de las crisis políticas en la región y ha anunciado que en septiembre el Gobierno tiene previsto lanzar una iniciativa "sobre la democracia que queremos". Ahora mismo, ha añadido, hay que cuidar la democracia "porque está sometida a unas tensiones que fragilizan la base sobre la que se asientan nuestros países".

Según ha detallado, esta iniciativa se quiere llevar a cabo "de una manera abierta, con todos los actores políticos, sociales y económicos de América Latina y de España". La idea, ha añadido, es que en este "proceso de aprendizaje que nos va a llevar a todos lejos" se puedan encontrar "soluciones compartidas que anclen nuestros sistemas políticos en bases más firmes".

González Laya ha insistido en que a América Latina hay que "darle la atención que se merece y que hoy no la recibe por parte de Europa" a pesar de que "juntos representamos un tercio de los votos en Naciones Unidas" y de que la inversión extranjera de la UE en la región, 758.000 millones de euros, supera al total de la que existe en China, India, Japón y Rusia juntos.

En este sentido, ha lamentado que desde 2015 no ha habido una cumbre entre la UE y los países latinoamericanos y también han sido pocas las visitas de alto nivel a la región, algo de lo que se quejan estos países, que afean que "hayamos descuidado esta relación".

Puesto que "la naturaleza tiene horror del vacío", el espacio que deja la UE lo ha venido a ocupar China, que es hoy el primer socio comercial de estos países y que entre 2008 y 2018 multiplicó por diez sus inversiones. Esto tiene "implicaciones que no deberíamos olvidar", ha subrayado.

Por ello, ha defendido la necesidad de que entren en vigor los acuerdos comerciales de la UE con México, Chile y Mercosur, puesto que "también ofrecen oportunidades" a Europa y América Latina de utilizar el comercio como palanca de crecimiento. Asimismo, tienen un carácter geopolítico, ya que "demuestran un interés político por parte de la UE de estrechar los lazos con la región que desea estrecharlos", ha acotado.

"América Latina es una prioridad para nuestro país", ha asegurado González Laya, resaltando que "España trabaja junto con Portugal y algunos otros países para construir un puente más sólido entre la UE y América Latina" ya que "eso será lo que nos haga más fuerte en un periodo postcovid".

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez podría haber evitado los problemas que está teniendo con las comunidades autónomas para establecer medidas sanitarias contra la pandemia del coronavirus si hubiera modificado la legislación o si, al menos, hubiera buscado un consenso con ellas en vez de intentar "imponer" su postura.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha indicado que "el Gobierno sigue sin apostar por el consenso y el acuerdo" y que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha tenido que "rectificar" nuevamente después de haber tratado de "imponer de forma imperativa" a las autoridades autonómicas una serie de normas para la hostelería, los locales de ocio nocturno y los eventos y actividades mutitudinarias.

A través de un auto emitido este lunes, la Audiencia Nacional aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en su recurso contra las nuevas restricciones sanitarias aprobadas por el Ministerio, acordando su suspensión en el ámbito de la región hasta que se resuelva la impugnación.

Tras esta decisión judicial, que llega después de que Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia y Murcia rechazaran el informe aprobado el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Darias ha elaborado una nueva propuesta de medidas contra el Covid-19 para las comunidades autónomas.

EL GOBIERNO DEBERÍA HABER BUSCADO ANTES UN CONSENSO

El portavoz parlamentario de Cs ha recordado que su partido lleva desde el año pasado reclamando al Gobierno que cambiase la ley "para que se pudieran adoptar medidas más contundentes sin necesidad de estado de alarma".

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha mirado para otro lado, no ha hecho sus deberes y se ha limitado a hacer propaganda y marketing político" con las vacunas mientras las "decisiones difíciles" sobre las restricciones "se las dejaba a las comunidades autónomas y a los tribunales", ha criticado.

Dado que el Gobierno no impulsó la reforma legal que le pedía la formación naranja, Bal cree que "por lo menos" debería haber intentado "conseguir un consenso" con los consejeros de Sanidad autonómicos la semana pasada. "Este Gobierno solamente acierta cuando rectifica", ha concluido.

La Audiencia de Málaga ha confirmado la condena impuesta por un delito contra los sentimientos religiosos a la mujer acusada de participar en la exhibición pública, a modo de procesión, de la imagen de una vagina de plástico ataviada como si fuera una virgen durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo de 2013 en Málaga y expresar proclamas. Así, se desestima el recurso presentado por la defensa y se mantiene la pena de una multa de 2.700 euros.

La sentencia de la Audiencia, mantiene probado que la acusada participó en esa manifestación por el 8M, lo que fue admitido por ella en el juicio; ataviada "con una peineta y con una vela grande en la mano, portaba, en compañía de otras personas no identificadas que vestían túnicas, mantillas o peinetas, lo que se antoja una imitación de un paso de Semana Santa cuya imagen es una vagina" de plástico.

El cortejo llegó a detenerse ante la Catedral y el Palacio Episcopal, portando en ese momento el trono la acusada, "quien en compañía de los otros participantes emitía proclamas como 'vamos a quemar, vamos a quemar la Conferencia Episcopal'". Durante el acto, la acusada, no solo portaba la vagina gigante, "sino que a viva voz, leyó, usando el móvil, un texto" basado en el Credo, pero modificado, según la resolución ahora confirmada.

La Sala de apelación señala que es "innegable" que en un estado democrático de derecho, "la libertad de expresión tiene un carácter constitutivo y esencial cuando se trata de una manifestación del derecho a participar en la formación de la voluntad política de la comunidad en tales condiciones, pudiendo, por tanto, tener una jerarquía superior a otros derechos también constitucionalmente protegidos".

Pero, añade que "ni el artículo 20 de la Constitución ni el 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos hacen una proclamación absoluta e incondicionada del derecho a la libertad de expresión, sino que admite límites a su ejercicio por la necesidad de respetar los demásderechos que la propia Constitución", apuntando que hay que analizar si entra en conflicto con estos.

Al respecto, considera que "ni la referencia a partes del cuerpo y efectos placenteros de algunas de ellas ni la versión ridiculizada de las oraciones del Credo y el Ave María ni la referencia a la quema de la Conferencia Episcopal, tachada de machista y patriarcal, cabe entender persiguieran el interés aludido" de la defensa del aborto y el feminismo, estimando estas expresiones como "innecesarias" para la crítica o la información.

Por tanto, el Tribunal de la Sección Tercera señala que "no constan objetivados hechos en que sustentar la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre la libertad de religión y culto y su salvaguardia de acciones susceptibles de ser tenidas como escarnio de creencias motivadoras de ofensa de los sentimientos religiosos", indicando que no se puede escudar en el pretendido derecho a expresarse libremente.

"No puede sostenerse en modo alguno que la acusada obrara guiada por un interés público y colectivo de la crítica, sino con la intención o propósito de vilipendiar o escarnecer sentimientos religiosos de los integrantes de la Iglesia Católica", dice la resolución, apuntando un "exceso en su uso" de la libertad de expresión que "hace innecesaria e intolerante la lesión del derecho de los referidos integrantes de la Iglesia Católica".

Desde la defensa de la procesada, su letrada ha lamentado la sentencia y ha considerado que "sienta un peligroso precedente en cuanto a establecer los límites de la libertad de expresión", por lo que ha asegurado que se van a estudiar los recursos extraordinarios que puedan proceder.

Así, ha indicado que es "nuestra responsabilidad llegar a las últimas instancias de cara a defender que en todo momento los hechos se llevaron a cabo en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y no se tuvo intención en modo alguno de ofender los sentimientos religiosos".

Asimismo, la letrada ha dicho que lamentan "que a día de hoy siga existiendo en el Código Penal la calificación como delito la ofensa a los sentimientos religiosos", indicando que "eso es lo que permite que sentencias de este tipo tengan cabida con lo que urgen la reforma en tal sentido".

Por su parte, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, organización que presentó la denuncia inicial, ha asegurado que "con este caso queda acreditado que es necesaria la protección de los sentimientos religiosos que regulan prácticamente todos los países de la UE". "Si se permiten ataques de este tipo, no podremos vivir en democracia cuando no existe un mínimo respeto a los católicos", ha concluido.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha acusado este martes al líder de ERC, Oriol Junqueras, de tutelar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha criticado el "giro de guión" de ERC, después de que el dirigente republicano criticara la vía unilateral y defendiera que los indultos pueden aliviar el conflicto catalán.

"La carta firmada por Junqueras traza un espacio de juego que limita la capacidad de acción del presidente en el liderazgo que se espera de él. No es bueno para la institución de la Generalitat que un exvicepresidente quiera tutelar al actual presidente, pero en todo caso hay que dejar claro que la decisión personal expresada en una carta no tiene la fuerza de modificar el acuerdo de legislatura entre ERC y Junts", ha afirmado en un artículo publicado también en el diario Ara.

La acusación de Sànchez llega después de que en las negociaciones con Junts para formar el nuevo Govern los republicanos se negaran a dar un mayor peso al Consell per la República argumentando que la Presidencia de la Generalitat no podía aceptar la tutela del expresidente Carles Puigdemont.

Ahora, Sànchez considera que, después de meses "hablando de los riesgos de tutelas sobre el presidente de la Generalitat", la tutela que Aragonès se negaba a aceptar, la está recibiendo de Junqueras.

Para él, el momento de publicar la carta "no fue azarosa", ya que se produjo minutos antes de que Aragonès y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiesen en un acto por primera vez desde la formación del nuevo Govern, y cuando el Ejecutivo central está preparando unos indultos que pondrían en la calle a los impulsores del 1-O encarcelados.

Ha sostenido que las diferencias estratégicas del independentismo no son nuevas ni le preocupan mientras haya voluntad de respetarse y buscar acuerdos, pero ha afirmado que le "desconciertan los giros de guión y algunas afirmaciones que de facto se convierten en una revisión radical de aspectos esenciales del pasado reciente del independentismo".

"La presión para salir de la cárcel es grande. Sé de lo que hablo. Pero al margen de ser audaz, es necesario también preservar la prudencia para proteger aquello que políticamente explica lo que es hoy el independentismo y sobre todo la legitimidad de lo que hemos hecho para llegar donde hemos llegado", ha razonado.

Así, Sànchez ha insistido en que, para él, el 1-O no fue un error ni un acto ilegítimo, y pese a que admite que hay que trabajar para incorporar a la parte de la sociedad catalana que rechazaba ese referéndum, advierte de que el independentismo no puede quedar "atrapado en el imaginario de que solo cuando el 100% de la población encuentre legítimo el ejercicio de la autodeterminación éste se podrá dar".

"Sabemos que esto no pasará nunca. Por lo tanto, toda la mano tendida, pero sin esperar unanimidades imposibles en sociedades abiertas como la catalana", ha añadido.

"155 MONEDAS DE PLATA"

También ha asegurado que siempre ha creído en el diálogo y que concebía el 1-O más para forzar al Gobierno central a abrir una negociación para lograr un referéndum acordado que para proclamar la independencia.

"Lástima que algunos hicieron un giro de guión y no supieron aguantar la presión del Estado, que ya había comenzado a encarcelarnos y empujaron la vía de la mediación y el deseado diálogo por el precipicio, esgrimiendo 155 monedas de plata, precisamente cuando más fuertes éramos", ha dicho en alusión al tuit que escribió el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que interpreta como una presión a Puigdemont cuando iba a convocar elecciones y no declarar la independencia.

Por eso, ha pedido a ERC hacer autocrítica "sobre estos comportamientos que tantas heridas dejaron en el independentismo" y ha reiterado que la apuesta por el diálogo no tiene por qué conllevar la renuncia de otras vías democráticas y pacíficas.

Asimismo, ha señalado que el acuerdo de legislatura entre ERC y Junts deja claro que la amnistía y la autodeterminación son la propuesta del Govern para afrontar el diálogo con el Gobierno, y establece un "compromiso compartido para rediseñar la mejor estrategia de todo el independentismo para encarar --si el diálogo es estéril-- un nuevo embate".

"Sin calendario todavía, sin hoja de ruta precisa, pero sin renuncias previas a ninguna estrategia cívica y pacífica", añade en el artículo.

INDULTOS

Sobre los indultos, Sànchez ha recordado que la decisión de concederlos es exclusiva del Gobierno y que, si llegan, "será una decisión unilateral, como unilaterales fueron los tribunales y la Fiscalía cuando decretaron las órdenes de encarcelamiento".

"Si me abren la puerta de Lledoners, saldré como cualquier otro preso indultado. Y en la calle seguiré siendo en esencia el mismo que fui hasta que un 16 de octubre de 2017, cuando me encarcelaron. Una persona libre, comprometida con el país, los derechos y las libertades de su gente y determinado a hacer que democráticamente y pacífica Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república", ha avisado.

Y ha dicho que, si el indulto no llegue, esperará "paciente y sin odio", y seguirá trabajando por el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero y el fin de las causas judiciales contra el independentismo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha insistido en un nuevo auto en que "la única explicación posible" a los daños informáticos sufridos por la tarjeta del teléfono móvil de la ex asesora 'morada' Dina Bousselham, que hacen imposible acceder a su contenido, es que fuera su jefe por aquel entonces, Pablo Iglesias, quien los provocara.

En un auto del 7 de junio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de dicho tribunal recrea el recorrido que habría tenido la tarjeta mini SD del teléfono móvil de Bousselham desde que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la entrega al líder de Podemos hasta que este último se la devuelve a su legítima propietaria, todo ello en base a las declaraciones que han prestado en sede judicial y a otras diligencias.

Así, detalla que, de lo actuado hasta el momento, se desprende que Iglesias recibió la tarjeta en "buen estado", hasta el punto de que pudo ver su contenido en la sede del Grupo Z, se la llevó y la guardó un tiempo hasta dársela a Bousselham, cuando ya "no funciona", sin que conste en la causa que en ese lapso el dirigente 'morado' la compartiera con nadie más. "La tarjeta sigue sin funcionar", recalca el instructor.

"Podemos concluir que la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del señor Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el señor Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el señor Iglesias se la devuelve" a Bousselham, dice García-Castellón.

El magistrado sospecha que, "en un momento dado, el señor Iglesias, con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de información como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados", entre ellos conversaciones con la ex asesora y fotos personales de ella.

Por eso, el juez vuelve a incidir en que, "desde la provisionalidad del momento procesal en el que nos encontramos, es posible sostener la participación del investigado en la producción de los daños, toda vez que no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta" dentro del marco temporal en el que se habrían producido.

García-Castellón, tal y como recuerda en su resolución, ya propuso al Tribunal Supremo el pasado mes de octubre que investigara a Iglesias, si bien el alto tribunal ordenó seguir indagando, mencionando expresamente una serie de diligencias, entre ellas un análisis pericial del contenido de la tarjeta telefónica, a lo que ahora espera el juez.

AMPLIAMENTE ANALIZADA

Para cimentar sus afirmaciones, el instructor aporta extractos de las declaraciones prestadas por los principales personajes de esta trama. Así, Asensio afirmó que, cuando la tarjeta llegó a manos de los periodistas del Grupo Z, contactó con Iglesias --porque no conocía a Bousselham-- para darle la que era la "copia única" a fin de que "no le extorsionaran" con su contenido. "Entendía que esto podía tener valor", expuso, de acuerdo con el auto.

Iglesias acudió a la llamada para recuperar la mini SD. "Yo examiné allí mismo, en una computadora que me facilitó el señor Asensio, esos materiales", contó el ex vicepresidente segundo del Gobierno. Y, conforme declaró el presidente del Grupo Z, hizo ese visionado "a solas". El dirigente 'morado' comprobó que pertenecía a Bousselham y, "algunos meses después" se la devolvió a Dina, indicó.

Este relato coral, mantiene el juez, demostraría que "durante el tiempo en que estuvo en la sede del Grupo Z la tarjeta funcionaba, estaba operativa y fue posible acceder a su contenido". Después, ya no se pudo y, en este punto, se basa en el hecho de que Bousselham acudió a una empresa informática de Reino Unido para que intentara recuperar la información de la mini SD.

A este efecto, García-Castellón incluye en el auto un intercambio de correos electrónicos en los que dicha compañía explica que el dispositivo es irrecuperable por los métodos habituales y que pueden intentar leerla con un trabajo aún más especializado --y más caro-- de su departamento de I+D, si bien Dina optó por que le reenviaran la tarjeta.

El magistrado destaca que, aunque "pueden observarse algunas contradicciones entre las dos declaraciones realizadas por Bousselham en sede judicial, (...) respecto a la recepción de la tarjeta inoperativa sus manifestaciones resultan contundentes": Mandó la mini SD a los expertos británicos en "el mismo estado" en el que la recibió de Iglesias.

Puesto que, "pese a todos los intentos", incluidos los de la Policía, "no ha sido materialmente posible acceder al contenido de la tarjeta", el instructor considera que "será el órgano competente para investigar el hecho imputado al aforado quien, en su caso, deberá decidir si practicar más diligencias que permitan concretar cómo se dañó", resaltando aquí que, para ello, habría que proceder a "un acto formal de imputación".

UNA DILIGENCIA "PERTINENTE, ÚTIL Y NECESARIA"

De esta forma, García-Castellón responde a un recurso de Bousselham con el que pretendía anular la providencia por la que el juez, siguiendo las instrucciones del Supremo, reabrió las pesquisas y encargó a la Policía Científica que determinara si es "técnicamente posible" ver el contenido de la tarjeta, un informe que todavía no ha llegado a su mesa.

El investigador entiende que "la diligencia acordada (...) resulta pertinente para el esclarecimiento de los hechos que se acaban de exponer", así como "útil y necesaria, esto es, con virtualidad probatoria relevante", por lo que desestima el recurso de reforma de Dina, dando curso al recurso de apelación planteado de forma subsidiaria por la ex asesora de Iglesias.

García-Castellón aprovecha además para manifestar que "resulta llamativo constatar que el recurso se interpone por quien, 'a priori', se encuentra en una posición de acusación particular" y que, "en esencia, mediante la interposición del recurso lo que se pretende es evitar toda posibilidad de esclarecimiento de unos hechos con apariencia delictiva".

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará este miércoles y jueves a un presunto yihadista que se habría autoadoctrinado viendo material propagandístico del Estado Islámico y que tenía en su cuarto imágenes de policías que trabajaban en su ciudad.

La Fiscalía pide para él cinco años de prisión por un delito de autoadoctrinamiento pasivo terrorista con inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el tiempo de condena, inhabilitación absoluta por 11 años y la pena de libertad vigilada por tiempo de cinco años.

Según consta en el escrito de acusación, el procesado habría obtenido material de Internet para "desarrollar una labor de proselitismo de la actividad de la organización terrorista mediante la difusión y glorificación" de sus postulados, de sus líderes y de sus "acciones criminales" entre numerosas personas de su entorno.

En 2019, las autoridades encontraron en su casa en Ceuta vídeos con menores utilizados con fines propagantísticos, escenas de combates y enfrentamientos armados entre el DAESH y fuerzas de coalición, decapitaciones y ejecuciones, cánticos y discursos de líderes yihadistas.

IMÁGENES DE POLICÍAS

También hallaron imágenes editadas de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo del Cuerpo Nacional de Policía destinados en Ceuta con la frase: "Señores, aquí tenemos a los perros que suben encapuchados al príncipe".

En concreto, le fueron intervenidos 15 terminales de teléfonos móviles, 12 tarjetas SIM, cuatro tarjetas microSD, dos pendrives, un reproductor MP3 y 10 Cds. En su dormitorio, consta en el escrito de acusación, las paredes "estaban cubiertas por pinturas murales" en favor de organizaciones terroristas.

El acusado fue detenido en febrero de 2019 tras aquel registro y se encuentra en prisión provisional desde entonces.

Según el Ministerio Público, el procesado realizó desde diciembre de 2018 una labor de proselitismo del ideario yihadista en su comunidad. El fiscal, en su escrito, precisa que el acusado hacía sonar desde su casa "a gran volumen" música de llamamiento a la yihad violenta "que podían escuchar todos aquellos que acudían a la Mezquita a rezar".

ESTUVO EN LA CÁRCEL

El hombre ya había sido detenido antes en Ceuta, el 18 de junio de 2017, y condenado por sentencia firme un año después por delitos de amenazas y atentado a agentes de la autoridad a un año y seis meses de prisión.

Durante aquella detención, le fue intervenido un dispositivo de almacenamiento masivo en el que fueron hallados "numerosos cánticos, más de 200 (anasheeds) de llamamiento a la yihad violenta, editados por productoras oficiales del DAESH, así como por autores de reconocido prestigio entre las organizaciones terroristas de ideología yihadista".

La Fiscalía asegura que el tipo de cánticos encontrados "forman parte del material didáctico" utilizado por Estado Islámico en los "procesos de adoctrinamiento en el odio hacia Occidente" con la "finalidad de reclutar a nuevos miembros".

El Ministerio Público detalla en su escrito que el acusado --durante su estancia en prisión-- desarrolló una "intensa labor de proselitismo" entre otros internos de la cárcel "ante quienes se presentaba como un guerrero que ansiaba trasladarse a Siria a hacer la yihad violenta y a matar infieles".

Un año antes, en 2016, fue juzgado en la Audiencia Nacional y absuelto de un delito de integración en organización terrorista. El acusado alegó que estaba en el banquillo por el actor José Coronado, en alusión a la serie 'El Príncipe' --barriada donde residía-- y no por Estado Islámico.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que los indultos a los líderes del 'procés' conducen a "la debilidad del Estado" y al "suicidio político de la nación española". Tras criticar que se pueda dar un "premio" a quienes han dado "un golpe de Estado", ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los independentistas por estar "jugando a lo mismo: intentar romper el pacto constitucional".

Aznar, que ha participado en el II Foro Internacional Expansión, ha abogado por "fortalecer" ese pacto constitucional en este momento, de forma que se asegure su "continuidad" y siga teniendo en el Estado de las Autonomías su "expresión más relevante y más importante".

"Si alguien pone encima de la mesa, como se ha puesto, la ruptura del pacto constitucional, hay que actuar con todas las consecuencias y eso se llama también saber decir que 'no' a unos indultos que se puedan proponer, que son una invitación a la debilidad del Estado y al suicidio político de la nación española, cosa inaceptable", ha proclamado.

Además, Aznar ha afirmado que "si alguien propone que se cambie el modelo territorial, debe saber que no lo va a proponer gratis" porque si lo plantea "cumpliendo el pacto constitucional" debe saber que "partirá de cero".

"No se va a partir de lo que se tiene para más, se partirá de cero. Por lo tanto, que se sepa muy bien las cartas que están jugando unos y otros. Unos irresponsablemente con los indultos y otros jugando a lo mismo, intentando romper el pacto constitucional", ha enfatizado.

Aznar ha criticado duramente que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se plantee conceder la medida de gracia a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. "Ya sabemos que quien da un golpe de Estado se le puede dar un premio o se le va a indultar. Ya sabemos que va a haber una mesa de negociación para ver si se acuerda la independencia de una parte de España", ha proclamado.

VE A ESPAÑA "UNA NACIÓN DÉBIL"

El expresidente del Gobierno ha dicho que la "realidad de España" es que es "una nación débil y un Estado débil", algo que, a su juicio, "se nota y se acusa". A su entender, se debería tener el objetivo de transformar una situación de "debilidad en una situación de fortaleza".

Tras recordar momentos clave de la vida de España como los pactos de la Moncloa, la entrada en la UE o la llegada del euro, ha afirmado que entonces había "consensos básicos y objetivos comunes", con "medidas claras". "Pero hoy estamos en otras circunstancias", ha lamentado.

Para convertir esa "debilidad en fortaleza", Aznar ha defendido en primer lugar "fortalecer la nación española", algo que, según ha explicado, significa "fortalecer las instituciones comunes", la "representación nacional del país" y la "situación de los partidos nacionales".

"Y eso significa también realizar una política interna, educativa, cultural, social y nacional en términos iguales en todas las comunidades. Si no hay esa recuperación nacional será muy difícil naturalmente ordenar las cosas políticamente", ha manifestado.

En segundo lugar, Aznar ha defendido que España "fortalezca su Estado" porque es "débil en este momento" y "se está desmembrando", algo que ha calificado de "peligroso y muy complicado". En este punto, ha abogado por fortalecer el pacto constitucional.

Como tercer punto, ha citado la necesidad de llevar a cabo reformas económicas --laborales, fiscales o educativas-- para que haya crecimiento, competitividad y empleo. "Todo eso es mucho más importante que decir, vamos a tener tanto o cuantos fondos", ha agregado.

En este punto, ha apostado por buscar consensos básicos para llevar a cabo esas reformas y recuperar "sendas de estabilidad, normalidad, disciplina y responsabilidad fiscal", ya que, a su juicio, la regla de gastar lo que se quiera "se va a acabar más pronto que tarde".

En cuarto lugar, Aznar ha asegurado que España debe "reposicionar" su política internacional, haciéndose "más fuerte" y con "una gran presencia en Latinoamérica y una gran relación con los Estados Unidos. Se trata, ha proseguido, de ser "adalides de la política Atlántica", prestando además "mucha atención a lo que ocurre en el norte de África" porque ahí España "se juega su seguridad".

"PLANCHAR O PONER LA LAVADORA POR LA NOCHE"

Aznar ha lamentado que en este momento el país esté sumido en una situación de "desorden y debilidad" motivado por un "escenario político profundamente equivocado". "Ya conocemos recetas que no funcionan", ha manifestado, para añadir que ahora además "en términos chavistas" se esté recomendando "para solucionar los problemas de energía planchar por la noche o poner la lavadora por la noche también". "Es una política extraordinaria", ha ironizado.

Finalmente, Aznar ha admitido que, tras el resultado del PP en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, hay un "nuevo ciclo político en España que permite abrigar razonablemente la esperanza de un cambio" en el país.

"Pero si ese cambio se produce, que es muy deseable, los que vengan tienen que afrontar una situación extraordinariamente complicada, que exigirá muchísima fortaleza y capacidad de decisión, así como la búsqueda en la medida de lo posible de mínimos consensos que fueron políticas que trajeron prosperidad, tranquilidad y prestigio a la sociedad española".

Casi 40.000 estudiantes de Cataluña han iniciado este martes al primer día de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en una edición marcada por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha ordenado ofrecer a cada alumno el examen en catalán, castellano y aranés.

Los tribunales de las pruebas han preguntado al inicio de las pruebas si había alumnos que deseaban hacer los exámenes en castellano, en un año en que se mantienen medidas por la pandemia de coronavirus.

Asimismo se han dispuesto carteles informativos en las sedes de las pruebas en las que se leía, en catalán, castellano y aranés, el siguiente mensaje: "Recordad que, como cada año, están a vuestra disposición los exámenes en las distintas lenguas cooficiales de Cataluña", y deseaba suerte en la realización de las PAU.

La Generalitat anunció que se "reforzaría la comunicación" sobre la libertad de escoger lengua y que, por lo demás, el procedimiento sería el mismo de los últimos años, garantizando que el estudiantado que quisiera hacer el examen en castellano lo podría pedir.

En ese sentido, el secretario general del Consell Interuniversitari de Cataluña (CIC), Josep Ribas, ha asegurado que "se han extremado las medidas individuales y colectivas para recordar a los estudiantes que tienen a su disposición copias de los exámenes en las lenguas cooficiales de Cataluña".

5%

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha estimado que un 5% de estudiantes ha pedido hacer las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en castellano, cifra "similar a la de años anteriores", han informado fuentes del departamento.

La primera prueba ha sido de la fase general, de Lengua Castellana y Literatura, y se han celebrado dos turnos de exámenes de materias específicas después, con pausas intermedias de hora y media.

El examen de Castellano ha incluido un artículo de la escritora Carme Riera en 'La Vanguardia' sobre coleccionismo, y preguntas sobre las lecturas obligatorias 'Luces de bohemia' --que también ha sido comentario de texto en una de las opciones--, de Ramón del Valle-Inclán, y 'Nada', de Carmen Laforet.

El resto de pruebas de este martes han sido Ciencias de la tierra y medio ambiente; Fundamentos de las artes; Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales; Análisis musical; Historia del arte y Física.

En Historia del arte han entrado pinturas como 'La vicaria' de Marià Fortuny, 'El matrimonio Arnolfini' de Jan van Eyck y un autorretrato de Élisabeth Vigée Le Brun --de quien se pregunta por su importancia en la igualdad entre sexos--; esculturas como 'Elogio del agua' de Eduardo Chillida o la Piedad de Miguel Ángel; y el Partenón de Atenas.

Las pruebas han recuperado su ubicación habitual en el mes de junio, tras celebrarse en julio en 2020 por la pandemia de Covid-19, y se han distribuido entre institutos, universidades públicas y dos privadas.

En las entradas, los estudiantes han tenido que esperar en puntos de encuentro en el exterior; una vez dentro del vestíbulo, se han desinfectado las manos con gel hidroalcohólico, se les ha llamado uno por uno para que entraran a las aulas, y se han sentado respetando la distancia de seguridad, con una veintena de alumnos por sala, llevando la mascarilla puesta en todo momento.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha acusado este martes a la directora general de este Cuerpo, María Gámez, de "pasar" de los agentes de la Región "en su visita relámpago a Murcia", informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Desde la AUCG han apuntado que Gámez ha visitado la Comandancia de Murcia, "adornándose con una operación contra el narcotráfico", y los puestos principales de Santomera y Torres de Cotillas, unidades que se encuentran entre las que "menos problemas presentan".

Estos dos puestos "cuentan con plantillas de unos 40 guardias civiles; un acuartelamiento en un estado aceptable, en el caso de Santomera, y dependencias del Centro de Seguridad de la Policía Local, en el caso de las Torres de Cotillas", ha asegurado.

Frente a esto, la AUCG ha puesto el ejemplo de otros acuartelamientos que se encuentran "en un deplorable estado", entre los que ha citado los de Cartagena, Mazarrón o Cieza, "los dos primeros pendientes de la construcción de un nuevo acuartelamiento" "Nos preguntamos por qué no ha visitado estos acuartelamientos y si no hubiera sido más adecuado ver las necesidades de estos y de los guardias civiles que trabajan en ellos en pésimas condiciones", ha puntualizado la asociación, que también ha criticado la saturación de trabajo en cuarteles de costa y el "déficit de plantilla" de la Compañía de Caravaca de la Cruz.

No obstante, para la asociación "lo más importante" es que Gámez no se haya reunido con las organizaciones profesionales de guardias civiles.

"Es muy posible que no lo haya hecho temerosa de que le trasladáramos la carencia de plantillas en al menos 200 guardias civiles en Seguridad Ciudadana; de la antigüedad del parque automovilístico de vehículos con más de 400.000 kilómetros, de la sobrecarga de trabajo con la seguridad ciudadana, las oleadas de pateras y de las carencias socio-profesionales de los guardias civiles, sin una jornada laboral con turnos o sin acuerdo del Complemento de Productividad, donde una hora nocturna se abona a 0,71 euros".

Asimismo, la AUCG ha indicado que "estos y otros motivos" llevaron a más de 3.000 agentes de la Benemérita --150 de ellos de la Región de Murcia-- a manifestarse el pasado sábado, 5 de junio, frente a la Puerta del Sol, en Madrid.

"Básicamente pedíamos dialogo y avances profesionales, estancados en un año de inmovilismo de la directora general, posiblemente el peor director general en democracia. Menos fotos y más soluciones", ha concluido la asociación.

El Pleno del Senado debatirá este miércoles la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de reformar la Ley de Enjuicimiento Criminal (LeCrim) para que los casos de allanamiento de morada sean instruidos y juzgados a través del procedimiento rápido.

La formación liderada por Pablo Casado defenderá la proposición de ley orgánica que presentó en la Cámara Alta el pasado noviembre para modificar el artículo 795 de la LeCrim y permitir los juicios rápidos para este tipo de delitos.

Asimismo, el Partido Popular pedirá la reforma del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para eliminar el delito de allanamiento de morada del catálogo de supuestos susceptibles de ser enjuiciados por un jurado popular.

Según han informado fuentes parlamentarias, el Grupo Socialista en el Senado tiene previsto votar en contra de la proposición.

JUICIOS EN UNA SEMANA

En su planteamiento, los 'populares' sostienen que "carece de sentido que por cada delito de allanamiento de morada que se cometa se tenga que tramitar y celebrar un juicio por jurado". Recuerdan que señalar este tipo de juicios "en muchas ocasiones se dilata en más de un año desde que concluye su tramitación y su señalamiento para la celebración" de la vista oral.

En este sentido, aseguran que este delito "reviste todos los caracteres para que pudiera tramitarse como juicio rápido". Según precisan en el escrito presentado en el Senado, si consiguen el visto bueno a su proposición, "la instrucción será sencilla" y la pena entrará "dentro de los límites del procedimiento" establecidos en la ley.

El PP propone que en los casos en los que exista conformidad con la petición fiscal, el juez de guardia dicte sentencia en el acto; y en los que no exista, se celebre un juicio ante el Juzgado de lo Penal "en un plazo medio de una semana".

INICIATIVA DE ERC Y EH BILDU

Este miércoles el Pleno del Senado también debatirá la iniciativa del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana - EH Bildu para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) e incorporar la maternidad y la paternidad entre las causas de suspensión de juicio oral.

Ambas formaciones defenderán la proposición de ley presentada ante la Cámara Alta el 31 de enero de 2020 en la que proponen añadir un nuevo punto al artículo 746 de la LeCrim, en el que se contemplan los casos para dichas suspensiones.

Hasta ahora la decisión de continuar o no con un juicio oral ante la petición de los letrados está a discreción del juez o el tribunal. Con la modificación de la LeCrim, los abogados estarían amparados por la ley.

PROPOSICIÓN ALTERNATIVA DE CS

En el orden del día consta también la proposición alternativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que también pide ampliar las causas que permiten suspender el proceso, aplazar las vistas y la ausencia justificada por algunas de las partes "a fin de garantizar el derecho a la conciliación familiar de los operadores que intervienen en el ámbito del proceso judicial".

Asimismo, el texto de la formación naranja --que consta de cinco artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria, una transitoria y tres disposiciones finales-- propone, entre otras cosas, introducir en la legislación procesal el concepto de vacaciones judiciales. En concreto, establece dos períodos: uno en verano y otro en invierno.

La mayoría de grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, a excepción de Vox, han mostrado se respaldo a la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Así lo han hecho saber los portavoces de los grupos en el turno de fijación de posiciones, tras la defensa del nuevo Estatuto de Autonomía efectuada por la delegación de parlamentarios de la Asamblea Regional que se ha desplazado este martes al Congreso.

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos ha tomado la palabra el diputado Juan Ignacio López-Bas, quien ha avanzado el voto afirmativo a la tramitación de la reforma del Estatuto. "No nos extraña que a todos les cueste tanto hablar de eliminar aforamientos y privilegios políticos y que solo sea capaz de hacerlo Cs mediante estatutos de autonomía como el murciano", ha subrayado.

"Porque nosotros, en Cs, sí defendemos acabar con los privilegios para los políticos, sean del color que sean", según López-Bas, quien cree que es una "buena noticia" que las autonomías "avancen en materia de regeneración, aunque tenga que ser gracias a Cs y con el bipartidismo arrastrando los pies".

Ha lamentado que se trata de un Gobierno regional "cuyas prioridades distan mucho de las exigencias que Cs impuso ahora hace dos años y cuyos frutos, hoy también están en esta votación que hacen avanzar a Murcia en materia de regeneración". A su juicio, "pocas aclaraciones son necesarias, sobre todo ante quienes simplemente ignoran a sabiendas lo firmado, o ante quienes promueven y recompensan a quienes inciden en estas conductas calificadas como transfuguismo".

Más País-Equo también votará a favor de esta iniciativa, tal y como ha adelantado la diputada del Grupo Parlamentario Plural Inés Sabanés. "Hoy es un día importante porque, si bien hemos recibido últimamente muy malas noticias en términos democráticos de la Región de Murcia, la realidad es que, pese a todo ello, este debate os da la oportunidad de hablar en positivo del trabajo que se realizó y de la unanimidad que fueron capaces de avanzar", ha remarcado.

"COMPLICIDAD DE LÓPEZ MIRAS CON LA EXTREMA DERECHA"

Por su parte, el coordinador de Podemos Región de Murcia y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha calificado el nuevo estatuto como "un avance objetivo frente a los que quieren llevarnos de vuelta al pasado más oscuro". El diputado ha señalado que la "complicidad" del Gobierno de Fernando López Miras con la "extrema derecha", a quien incluso ha dado la cartera de Educación y Cultura, "ha hecho estallar los consensos de la última legislatura.

Para demostrarlo, Sánchez Serna ha repasado artículos del texto aprobado por unanimidad hace sólo dos años en los que se recoge, entre otras cosas, que el sistema educativo de la Región "estará basado en valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad, la diversidad cultural o el pluralismo político" (artículo 11), mientras que en la presente legislatura, el Gobierno de la Región "ha sido el primero y único en toda España en imponer la censura parental en las aulas".

En su artículo 12, el texto reconoce el derecho al acceso en condiciones de igualdad a los servicios y prestaciones del sistema público de salud, pero tal y como ha denunciado Sánchez Serna, "todos hemos visto cómo en la Región de Murcia se niega sistemáticamente este derecho a las mujeres que quieren o tienen que interrumpir su embarazo".

Por último, el diputado de Unidas Podemos ha recordado que el artículo 29 del texto recoge entre sus principios rectores el fomento de la transparencia, pero "seguimos sin conocer cuántos cargos públicos se colaron para ser vacunados antes de tiempo". A este respecto, también se ha referido a "la compra de diputados, sin disimulo ni vergüenza, que le ha conducido a tener él mismo la condición de tránsfuga", y a la "anunciada modificación de la legislación electoral para mantenerse en el poder a toda costa".

Una "alergia a los derechos democráticos" que Vox "no es capaz de disimular", razón por la que votarán en contra del Estatuto. Por el contrario, a pesar de que en su opinión "el Estatuto puede y debe mejorarse", Sánchez Serna ha apostado por su tramitación.

"NO REPRESENTA LA OPCIÓN DE UN 30% DE LOS MURCIANOS"

Por parte del Grupo Parlamentario Vox ha tomado la palabra el diputado por Murcia, Joaquín Robles, quien ha anunciado la negativa de su partido a la tramitación de la reforma del Estatuto. A este respecto, ha recordado que Vox representa "casi al 30% del cuerpo electoral de la provincia" y que, por tanto, se trata de una reforma "consensuada por una Asamblea que no representa a la opción política de casi un tercio de los murcianos".

"El único consenso que existe aquí es el 'progre', orientado a convertir a España en un reino de taifas y a seguir los dictados de la agencia globalista y de las corruptas oligarquías regionales, de las que el PP murciano es un triste ejemplo", ha aseverado.

A su juicio, esta oligarquía "no duda en formar un gobierno 'frankenstein' con todo tránsfuga conocido para mantener sus privilegios". "A este paso, en vez del día de la Región, deberían ustedes celebrar el día del orgullo tránsfuga", ha señalado Robles. A su juicio, el Estatuto "no es más que un lavado superficial de una institución ineficiente, cara y salpicada de casos de corrupción, cuya existencia pretenden justificar calcando en su preámbulo las sandeces separatistas de otras comunidades".

EL PP PIDE ENMIENDAS "CON CONSENSO"

El PP también votará a favor de esta reforma, según ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario 'Popular', Isabel Borrego, quien ha ensalzado que el texto presentado "integra, cohesiona y fortalece la identidad regional". Y es que es un marco jurídico "elaborado por todos los partidos, que tiene del respaldo mayoritario de toda la sociedad". A su juicio, si se introducen enmiendas en las Cortes, "deberían aprobarse con un consenso parecido al que se aprobó", porque "no tendría ningún sentido que se rompa la unanimidad".

"Sin querer ser más que nadie, no queremos tener menos instrumentos que el resto para trabajar por el bien de nuestra tierra", según Borrego. Por ello, dentro del mayor respeto a las competencias del Estado, el texto recoge "la necesidad de arbitrar medidas urgentes que palíen el déficit histórico de financiación de los servicios básicos que reciben los ciudadanos".

Asimismo, ha destacado que el artículo 19 del Estatuto recoge "el derecho al agua, tanto para las personas como para el desarrollo económico y social". Todo ello, añade, "sin querer entrar en polémica con ninguna otra región". Y es que la cuenca del Segura "tiene un estructural déficit hídrico, mientras España tiene un superávit enorme". Por ello, ha recordado que políticos de todos los colores han trabajado en pro de soluciones estratégicas del agua.

"UN TEXTO PARA EL SIGLO XXI"

Finalmente, el PSOE también votará a favor, tal y como ha señalado el diputado socialista por Murcia Juan Luis Soto, quien ha remarcado que la Región "ya no es la misma que hace 40 años" y hay una "nueva realidad social, económica y cultural, con nuevas demandas de una sociedad más madura".

"Estamos ante un texto dialogado, participado y consensuado que es, para los socialistas, la norma institucional básica de la Región para el siglo XXI", según Soto, quien ha afeado a Vox que, con su voto en contra, "quieren acabar con todas las premisas que fundamentan la convivencia".

En concreto, ha reprochado que, quien se opone al texto, lo hacen "porque impulsa la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; porque es feminista; porque refuerza la Educación y Sanidad públicas; porque reivindica el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; reconoce el trasvase Tajo-Segura como fundamental para el desarrollo junto a la desalación; y protege nuestro Mar Menor".

La Rioja ha administrado hasta este martes 220.172 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, lo que supone el 89,1 por ciento de las distribuidas, que asciende a 247.105 unidades.

Además, 84.464 personas de nuestra comunidad ya han recibido la pauta completa.

Por su parte, en España se han administrado hasta este martes 30.472.862 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 87,8 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 34.715.980 unidades.

Además, 20.048.174 personas ya han recibido, al menos, una dosis de vacuna, lo que supone el 42,3 por ciento de la población, y 11.260.175 la pauta completa, el 23,7 por ciento de la población. El Ministerio de Sanidad ha facilitado esta información en el informe de actividad del proceso de vacunación frente a la Covid-19 en base a datos recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que comenzaron las vacunaciones, y este martes 8 de junio. En

Los datos del departamento dirigido por Carolina Darias indican que en ese periodo se han recibido en España 22.804.275 dosis de la vacuna de Pfizer, de las que se han entregado 22.777.755, se han administrado 21.350.021 dosis, 12.421.381 han recibido una y 9.050.285 las dos.

Asimismo, España ha recibido 3.326.700 dosis de la vacuna de Moderna, 3.320.600 han sido ya distribuídas a las comunidades autónomas, y se han administrado 2.829.221 dosis, si bien 1.928.565 han recibido una dosis y 928.662 las dos dosis.

Respecto a la vacuna de AstraZeneca, el informe publicado este martes por el Ministerio de Sanidad señala que de las 12.232.200 dosis adquiridas, han llegado a España 7.344.700, de las que se han administrado 5.627.087, si bien a 5.031.695 personas se ha inoculado ya una dosis y a 614.695 las dos.

Finalmente, se han entregado a las CCAA 1.272.925 dosis de la vacuna desarrollada contra el coronavirus, de las que ya se han administrado 666.533, contando esta vacuna con una sola dosis.

La mayoría de grupos parlamentarios ha manifestado su apoyo en el Congreso a una Proposición no de Ley presentada por el grupo vasco PNV por la que se insta al Gobierno a aprobar y presentar antes de tres meses el Estatuto del Artista para "solucionar los problemas que al sector cultural".

La iniciativa, debatida en el pleno y que se votará esta noche, ha incorporado una enmienda del Grupo Socialista y Unidas Podemos por la que se incluirá un informe de impacto de género y propuestas específicas para combatir la brecha de género en el sector cultural.

El diputado del grupo vasco Joseba Andoni Agirretxea ha calificado de "triste realidad" que hayan transcurrido tres años desde la aprobación de un informe de una subcomisión del Congreso para la elaboración de este estatuto y no se haya puesto en pie. "La crisis del covid ha agravado los problemas que ya padecía el sector y es pertinente y urgente que lo acordado y exigido al Gobierno vea la luz", ha señalado.

"Puede parecer que tres meses son poco, pero es que se trata de tres años y tres meses. ¿O acaso estamos todavía en el punto cero? Sería respetuoso y responsable que el Gobierno respondiera. ¿A qué está esperando? Fijemos fecha de entrega, sino nos tememos que este tema se eternizará", ha alertado.

El diputado socialista, Julio del Valle, ha respondido asegurando que la apuesta del Gobierno por poner en marcha el Estatuto del Artista es "firme y clara". "Es un compromiso no solo con la ciudadanía, sino también con nuestros socios europeos: no tengan ninguna duda de que lo vamos a hacer", ha avanzado.

Así, ha indicado que desde el Gobierno hay un "compromiso absoluto con esta hoja de ruta" marcada desde septiembre del año 2018. Tras insistir en el "compromiso fuerte por la cultura" del actual Ejecutivo, ha reiterado que este mismo mes de junio se reunirá la Comisión Interministerial para "dar los primeros pasos" con la aprobación del estatuto.

Desde diversas formaciones han respaldado esta iniciativa, como desde el Grupo Popular con su diputada Sol Cruz-Guzmán, quien ha señalado con ironía que esta petición se podría calificar como "la historia interminable o el día de la marmota". "Este Gobierno lo ha convertido en una de las grande frustraciones legislativas, nosotros hemos sido pacientes, pero los profesionales de la cultura no pueden esperar más", ha añadido.

El diputado de Cs, Guillermo Díaz, ha lamentado que desde el Gobierno se vaya a "lanzar balones fuera" con este tema. "Hoy votarán a favor de que se apruebe y en tres meses no estará hecho. Lo meterán más en la agenda 2050. Pero es que el mundo de la cultura no puede pagar una inestabilidad política y vamos muy tarde", ha alertado.

Mientras, la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea María del Mar García Puig ha reconocido que apoyan la propuesta debido a que se sale de esta pandemia "con deudas con los que cuidaron de nuestra alma, pensamiento y voz". "La cultura vuelve a recibir un duro golpe con esta crisis sanitaria, llegamos tarde y este estatuto tenía que haber sido aprobado hace mucho tiempo", ha defendido.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido este martes el diálogo político de la UE con Cuba rechazando la anterior postura europea de "incomunicación", impulsada en su día por el Gobierno de José María Aznar.

"No creo que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política de la UE con Cuba las cosas fueran mejor que con este. No creo que volviendo al sistema de incomunicación adoptado por la UE a instancias de otro gobierno español estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir y contactar con Cuba", ha asegurado Borrell en un debate en el Parlamento Europeo, en referencia a la posición restrictiva que rigió las relaciones con la isla durante 20 años.

De esta forma, ha recalcado que la diplomacia comunitaria seguirá desarrollando la aplicación del acuerdo con La Habana, alcanzado por los Veintisiete en 2016. Ante las críticas de eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox, el Alto Representante ha asegurado que el diálogo político y de cooperación es la "mejor" herramienta para poder acompañar las reformas en la isla y hacer seguimiento de la situación de los Derechos Humanos.

"Nos ha proporcionado un marco estable para un dialogo político regular que antes no existía, así como mayor cooperación", ha explicado, punto en el que ha defendido el apoyo de la UE a los miembros del Movimiento San Isidro que han sufrido detenciones en el último año.

En todo momento, el jefe de la diplomacia europea ha contrapuesto el modelo actual a la posición restrictiva que defendió desde 1996 el bloque europeo a instancias de España. "Abandonar el diálogo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, ni mejoraría la situación de nadie", ha añadido.

RESPONDE A LOS ATAQUES DE PP, CS Y VOX

Durante el debate, Borrell ha recalcado que la posición oficial de los Veintisiete es contraria a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, tanto en la isla como en otras regiones. "Estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿eso me convierte en el defensor de una dictadura?", ha espetado frente a los parlamentarios.

Es más, el socialista español ha dudado de la conveniencia del debate, al señalar con sorna que percibe una "concentración de las preocupaciones" de los eurodiputados en ciertos países. "Cuba no es un sistema democrático liberal y multipartidista. ¿Quieren que les haga una lista donde no se practica ese sistema? ¿Por qué no me plantean un debate sobre otro país al azar?", ha afeado, recordando que la UE mantiene relaciones con muchos otros estados que no son democráticos.

De esta forma se ha zafado de los ataques desde la bancada de populares y conservadores. Por parte del PP, Leopoldo López Gil ha lamentado la falta de avances democráticos en cuatro años de proceso y ha recordado que en la isla sigue habiendo más de 150 presos políticos.

Por parte de Ciudadanos, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha apuntado que la situación de los derechos y libertades en Cuba está en retroceso y ha insistido en que la UE debe ser firme con La Habana y decir claramente que trata con una "dictadura".

Hermann Terstch, de Vox, ha acusado directamente al Alto Representante de defender dictaduras como la cubana. El eurodiputado ha asegurado que la UE financia de forma paralela al régimen a través de la cooperación europea, una acusación que ha contestado Borrell al desglosar las partidas que dedica la UE a organizaciones internacionales en la isla.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reconocido este martes la "responsabilidad de Estado" del Consejo de Ministros al aprobar esta mañana, a propuesta del Ministerio de Igualdad, el reparto de los 100 millones de euros del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (Pecvg) destinados a las comunidades autónomas (CCAA) y a las ciudades de Ceuta y Melilla, al objeto de financiar actuaciones de prevención, atención y protección a víctimas de la violencia machista.

Según ha explicado en una nota de prensa la Delegación del Gobierno central, Fernández ha destacado "el esfuerzo e interés demostrado por el Gobierno de España desde 2018 para cerrar grietas del machismo y acabar definitivamente con este tipo de violencia".

El delegado del Ejecutivo en Andalucía ha asegurado que "desde un primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó medidas y dotó de recursos financieros el Pacto de Estado, elevando la dotación económica destinada a las comunidades autónomas para acciones contra la violencia machista, que permitieron a Andalucía pasar de poco más de un millón de euros a los 15 millones que ha recibido anualmente a partir de 2018".

Ha explicado, además, que el Pacto de Estado tiene como horizonte temporal 2022, "lo que habrá permitido destinar a la lucha contra esta lacra social 1.000 millones de euros en cinco años", es decir, 200 millones anuales desde 2018 a 2022. "De esos 200 millones por año, 100 se distribuyen entre las comunidades autónomas, 80 son para la Administración General del Estado (AGE) y 20 son destinados a ayuntamientos adscritos al Sistema VioGen", ha apuntado Fernández.

"Pero la lucha no acaba el próximo año, sino que ha emprendido el camino para afianzarse como una herramienta de las administraciones en una batalla que solo daremos por vencida cuando alcancemos el objetivo: acabar con el machismo", ha asegurado el delegado.

La distribución de los 100 millones de euros aprobada este martes en Consejo de Ministros deberá ser destinada a la financiación de proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las CCAA y las ciudades de Ceuta y de Melilla, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo del Pecvg.

El Ministerio de Igualdad realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.

La principal novedad en este ejercicio es que se amplían los programas y actuaciones a los que pueden destinar las CCAA el diez por ciento de los fondos, dando así cumplimiento a una de las peticiones trasladadas por los territorios. De esta forma, no solo podrán destinar los recursos del Pecvg a proyectos del capítulo 4 sino también a gastos del capítulo 6 que desarrollan el eje 1 del pacto.

Su distribución tendrá en cuenta distintas variables y ponderaciones como la insularidad (cuatro millones), su posición como ciudad fronteriza (dos millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), la cantidad de ellas con trabajo temporal o paradas (20 millones), así como el número de mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno de los tres supuestos anteriores). También, se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y diez millones respectivamente.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este martes que espera alcanzar "un nuevo acuerdo" con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para plantear nuevas medidas de 'nueva normalidad' tras las quejas de varios mandatarios autonómicos, aunque ha alertado de que el consenso "está cada vez más complicado".

"Yo intento buscar el consenso y no voy a decir que está imposible, pero cada vez es más complicado", ha proclamado la titular de Sanidad durante el Pleno de control al Gobierno del Senado. Aquí, el PNV ha preguntado a Darias sobre su opinión acerca de la 'rebelión' de varias autonomías que decidieron no acatar las normas del documento que fue aprobado el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial.

Ante estas quejas de varios mandatarios autonómicos, el Ministerio de Sanidad ha propuesto a las Comunidades debatir en el Consejo Interterritorial de este miércoles un nuevo documento sobre medidas para la 'nueva normalidad'.

Según ha revelado la propia Darias, ha estado en contacto durante esta semana con varios consejeros autonómicos para "buscar un espacio de encuentro". En este punto, ha defendido que este planteamiento del Ministerio se hace antes de que llegar el auto de la Audiencia Nacional sobre las medidas cautelarísimas en la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, Darias ha expresado su "mano tendida" a las autonomías y se ha defendido asegurando que en ella siempre van a encontrar "respeto a las competencias autonómicas y al ámbito de actuación" de cada Comunidad.

JUSTIFICA EL DOCUMENTO DEL MIÉRCOLES PASADO

Eso sí, la ministra ha querido hacer una cronología que llevó al Consejo Interterritorial a aprobar, con el voto en contra de seis comunidades, el documento de 'nueva normalidad' que ha provocado la queja de varias autonomías.

En este contexto, Darias ha justificado estas nuevas restricciones porque, según ha defendido, los documentos que estaban vigentes estaban "descontextualizados". Aquí, ha destacado que fueron algunos miembros del propio Consejo los que pidieron actualizar esas declaraciones de actuaciones coordinadas.

"Lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo y fruto de ello surgió el texto que, sin tocar por respetar el trabajo de este grupo, fue al Pleno del Consejo Interterritorial", ha reivindicado.