El portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha propuesto a su rival de Vox en las elecciones del 4 de mayo, Rocío Monasterio, mantener un cara a cara para que los madrileños puedan decidir si prefieren que el futuro gobierno autonómico esté condicionado por Vox o por Cs.

En una rueda de prensa telemática en la sede de la formación naranja este lunes tras la reunión del Comité Permanente, Bal ha lamentado que los candidatos de la izquierda, Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), «no quieran ya debatir» por la actitud que tuvo Monasterio con Iglesias en el debate de la Cadena SER.

Tras pedirles una vez más que «no renuncien a la palabra, a intercambiar opiniones y a presentar sus propuestas» y reiterarles su deseo de debatir, ha dicho que si estos candidatos mantienen su negativa, él invita a la aspirante de Vox a un cara a cara «donde ella quiera» para confrontar sus respectivos proyectos para la Comunidad de Madrid.

Porque, a su juicio, lo que se decide en estos comicios es «si el gobierno quedará condicionado por las políticas de Ciudadanos o por las políticas de Vox», y cree que la presidenta regional en funciones y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, podría tener como socio al partido liderado por Santiago Abascal porque no lo ha descartado.

APELA A LOS VOTANTES DE CENTRO DERECHA Y CENTRO IZQUIERDA

Por ello, Bal se ha dirigido a «los votantes de centro derecha que tienen miedo de que Ayuso conforme un gobierno en Madrid con Vox», una formación caracterizada por su «radicalidad» y que «no cree en Europa, niega la eficacia de las vacunas (contra el coronavirus), niega el cambio climático, puede utilizar la educación para adoctrinar en las aulas y defiende un solo concepto de familia.

Asimismo, ha apelado a los electores de «centro izquierda» que no quieren que la vida de los madrileños «quede condicionada por las políticas populistas y radicales de Podemos» y que ven cómo Gabilondo «se ha arrojado sin tapujos en brazos del señor Iglesias».

A todos ellos les ha animado a votar a Ciudadanos, porque sus políticas se dirigen «a todos los madrileños», no solo a «la mitad», y miran «al futuro y no al pasado».

«Tenemos esas propuestas que contentan a unos y a otros, lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda», ha asegurado, prometiendo impuestos bajos, apoyo a empresarios y autónomos, políticas sociales «ambiciosas», un Estado del bienestar que no deje «a nadie atrás» y protección del medio ambiente.

Bal ha insistido en que lo más «sensato» es que el PP y Cs vuelvan a gobernar juntos, como estos dos últimos años, y ha prometido llamar a Díaz Ayuso el día después de las elecciones para reeditar la coalición y recuperar su acuerdo de gobierno. La presencia de Ciudadanos en ese ejecutivo «es imprescindible» para que la comunidad «tenga un futuro de paz y de concordia», ha advertido.

Respecto a cuál debe ser el papel de Vox ante ese escenario, ha indicado que «ellos verán» cómo se posicionan en la Asamblea de Madrid ante una votación de investidura y «cómo se lo explican a sus votantes».

LA «UTILIDAD» DE Cs FRENTE A LA «CRISPACIÓN»

El también portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso de los Diputados ha asegurado que, desde el debate electoral del pasado 21 de abril, su opción política está experimentando una «clarísima tendencia al alza» en la intención de voto y ha pronosticado que superará «con creces» el mínimo del 5% que se necesita para obtener representación en la Asamblea de Madrid.

«Ciudadanos se revela como un partido con una utilidad electoral absolutamente evidente en este clima de crispación al que nos han llevado el resto de los candidatos», ha manifestado, que ha reclamado a todos ellos que dejen los «insultos, imprecaciones, exabruptos y descalificaciones».

En este sentido, ha hecho una exhortación a «la convivencia, la tolerancia, el respeto y la democracia» para evitar que, tras estas elecciones, la crispación y el enfrentamiento permanezcan en Madrid, que «siempre ha sido una comunidad amable y acogedora».

Bal ha condenado «sin ningún tipo de matices» y expresado su «repulsa más absoluta» ante el acto «de coacción y de amenaza» que supone el envío de una carta con una navaja a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. «Esta campaña está adquiriendo clima absolutamente rechazable», «estoy absolutamente harto de esta política de trincheras y de bandos», ha lamentado.

También la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha trasladado su «condena más firme» a «la terrible amenaza de muerte» que ha sufrido Maroto, ha dicho que espera que el autor responda ante la Justicia y ha hecho «un llamamiento a la sensatez para frenar ya esta deriva», tras las cartas amenazantes, con balas en su interior, recibidas por Pablo Iglesias, por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

CONDENAR TODOS LOS ACTOS DE VIOLENCIA Y COACCIÓN

Bal ha insistido en que todos los partidos deberían condenar toda la violencia y todos los actos de coacción, tanto las citadas amenazas de muerte, como la violencia contra los participantes en un acto de Vox en una plaza de Vallecas (Madrid), el escrache que sufrió la alcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, estando embarazada o la violencia terrorista de ETA que «Bildu sigue disculpando».

En este contexto, ha subrayado que la democracia no se gana «rindiéndose a la coacción y la amenaza», ni «disculpando» cierto tipo de violencia, como considera que ha hecho Podemos, o «frivolizando», como cree que ha hecho Monasterio con las cartas amenazantes, sino uniéndose frente a estas prácticas.

Igualmente, ha incidido en la importancia de debatir, de «hablar con todo el mundo» y de que ningún candidato se levante de la mesa.

Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado formalmente este lunes la celebración de un Pleno Extraordinario que se celebrará el próximo miércoles a partir de las 19.00 horas, y que fijará la respuesta de esta institución a la reciente reforma que le resta atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial. Piden que se acuda al Tribunal Constitucional y que se informe de la situación a la Comisión Europea en el marco de la preparación de su informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión.

La propuesta supera el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un Pleno y la firman Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, todos ellos designados a propuesta del PP.

En concreto, solicitan que el Pleno debata la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con requerimiento previo a las Cortes Generales, así una petición al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) instada por PSOE y Podemos.

En el escrito, también se pide que el Pleno debata una contestación a las preguntas remitidas al CGPJ por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.

En su petición, que los solicitantes esperan que recabe el mayor número de apoyos posibles, consta un escrito sobre el inicio del trámite para el planteamiento de un conflicto de atribuciones que incluye un borrador de requerimiento a las Cortes Generales; además han adelantado el texto de la propuesta de petición al Defensor del Pueblo de interposición del recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica reformada y, finalmente, un borrador de contestaciones a las preguntas formuladas por la Comisión Europea.

PP Y VOX EN EL TC

La semana pasada no se aventuraba un apoyo masivo dentro del órgano de gobierno de los jueces a la propuesta planteada en el Pleno ordinario sobre la posibilidad de acudir al Constitucional, dada la dificultad de que este pueda prosperar por la jurisprudencia existente.

No obstante, el asunto ya está de hecho sobre la mesa en el tribunal de garantías por iniciativa de partidos políticos en la oposición como Vox, que recurrió el nuevo texto la pasada semana. El PP, por su parte, recurrió el pasado mes de enero la tramitación ‘express’ de la reforma.

Por lo que respecta al conflicto de atribuciones, se trata de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y debe comunicándose antes al «órgano invasor» -en este caso el Congreso de los Diputados- dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.

Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.

El trámite de este asunto prevé conceder el plazo de un mes a la otra parte para que personarse en el procedimiento y formular alegaciones y, finalmente, la sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados indebidamente.

COMUNICACIÓN A LA UE

Lo que puede concitar más apoyos es la remisión del informe a Europa, ya que el posible contenido del mismo fue encargado el pasado jueves a la vocal Nuria Díaz Abad, que es una de las firmantes de la convocatoria de Pleno.

Se trataría de una comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021, en la que podría incluirse la postura del CGPJ español sobre su reforma. Este texto inicialmente estaba previsto que se llevara a la Comisión Permanente y posteriormente a un Pleno, aunque parece que la discusión sobre su contenido se producirá el próximo miércoles.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha avalado, tal y como decretó el Juzgado de Instrucción número 1 de Villalba, el cierre de la investigación y la apertura de juicio oral contra la acusada de matar a su hija en Muimenta en mayo de 2019.

Los magistrados han desestimado los recursos presentados por las partes, quienes solicitaban la práctica de nuevas diligencias antes de dar por concluida la investigación, y han confirmado el auto dictado por la jueza instructora.

El tribunal de la Audiencia Provincial, ha informado el TSXG, estima que ninguna de las diligencias pretendidas puede ser considerada imprescindible de cara a la apertura del juicio oral, al tiempo que recuerda que ello «no significa que no puedan ser traídas a la causa aquellas que puedan tener relevancia». Así, los magistrados recuerdan que las partes podrán «reiterarlas en el trámite de cuestiones previas».

En los términos del artículo 25 de la Ley del Jurado, según destacan los jueces, «las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas». Ahora bien, según su artículo 27, el juzgado de instrucción, en el caso de que acuerde la continuación del procedimiento y entre a resolver sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes, «solo ordenará practicar o practicará por sí únicamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y que no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley».

La jueza dictó la apertura de juicio oral sin la celebración de la audiencia preliminar al haber renunciado la defensa a ella, tal como se recoge en el artículo 30.2 de la Ley del Jurado.

La Audiencia, en cuanto al fondo del recurso, entiende que algunas de las diligencias pedidas por las partes y denegadas por la instructora no son relevantes, entre las que enumera la reconstrucción de los hechos, «que no se muestra como imprescindible, ni siquiera plausible, en este momento procesal»; así como el oficio al Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para ampliación de su informe de 29 de julio de 2019, «que no resulta imprescindible, en términos de razonabilidad, y sin prejuzgar el fondo, para la acreditación del hecho».

Y añade la petición de un nuevo informe al especialista en psiquiatría que en la actualidad esté asignado en el centro penitenciario de Teixeiro a la investigada, «a tenor de los informes de esta naturaleza que ya obran en la causa».

Los magistrados recalcan que ninguna de las diligencias pretendidas puede ser considerada como «imprescindible» de cara a la apertura del juicio oral, pero consideran que si pudiera ser relevante el traslado a las partes, no solo a las acusaciones recurrentes, del anexo digital acompañado al informe en el que se dice que se ha realizado extracción de la información contenida en teléfonos, tarjeta SIM y tableta, así como el traslado a las partes, no sólo a las acusaciones recurrentes, de las pruebas psicométricas realizadas a la sospechosa en el HULA y en el Imelga y de la grabación que pudiera haberse realizado, de cara a la posible realización de pericial de parte.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por un delito de abuso sexual a menores, por un encuentro sexual con un adolescente de 14 años al que conoció a través de una ‘app’ de citas.

La defensa del acusado y la Fiscalía han alcanzado este lunes un acuerdo en la vista celebrada en la Audiencia Provincial, de modo que se ha rebajado la petición inicial de cárcel, originalmente de tres años de prisión. Se ha apreciado la atenuante de confesión y reparación del daño.

Los hechos se remontan a 2017, en Mahón, cuando el acusado y la víctima se pusieron en contacto a través de una ‘app’ de citas y concertaron un encuentro de carácter sexual en el domicilio del acusado.

Las prácticas sexuales llevadas a cabo fueron de común acuerdo, pero el acusado no preguntó nunca sobre la edad del menor. La Fiscalía entiende que, por su aspecto y al haberse conocido a través de una página de adultos, pensó que el joven era mayor de edad.

El procesado colaboró con la Policía permitiendo voluntariamente el registro de su domicilio, y se mostró muy abatido por los hechos.

Además de la pena de cárcel se impone al acusado cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento respecto a la víctima y el pago de una indemnización de 2.000 euros.

Con todo, el hombre no ingresará en prisión ya que se ha accedido a suspender la pena de cárcel con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cuatro años y que se someta a un curso de educación sexual.

Ante la conformidad de las partes, el Tribunal ha anticipado que dictará sentencia en los términos acordados, que será firme.

Dos inspectores de la Agencia Tributaria han afirmado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja ‘b’ que Unifica, empresa que realizó la remodelación, no declaró a la Hacienda Pública todos los ingresos que recibió con respecto a estas obras.

Así lo han declarado los funcionarios de Hacienda, que comparecen por tercera jornada consecutiva en la vista oral, a preguntas de la Abogacía del Estado, que ha centrado parte de su interrogatorio en la documentación emitida por la reforma de las plantas de la sede de los ‘populares’ para demostrar que Unifica cometió delitos fiscales.

Estos inspectores ya afirmaron el pasado 21 de abril que del análisis de la facturación, de la documentación requerida al PP por las obras y de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde aparecen contabilizadas entregas a uno de los socios de esta empresa, Gonzalo Urquijo, comprobó que existen ingresos que no han sido tributados correctamente.

Los peritos recordaron que la Ley General de Tributos establece que el devengo debe realizarse en el momento que se pone la obra a disposición de su propietario y que por ello considera que Unifica defraudó a Hacienda por tributar ciertos ingresos en ejercicios posteriores a su contabilización.

En la sesión de este lunes han continuado con este punto y han señalado que algunos de los ingresos que percibió el despacho de arquitectos directamente fueron ocultados a la Hacienda Pública, mientras que sí fueron declarados todos los gastos.

INDICIOS DE UN DOBLE SISTEMA DE PAGO

Ha explicado que a la hora de hacer una propuesta de regularización después de que el entonces juez instructor, Pablo Ruz, reclamara a Hacienda un informe sobre las cuotas presuntamente defraudadas por Unifica, tuvieron en cuenta tanto los apuntes manuscritos del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido como toda la documentación emitida por el estudio de arquitectos.

En este sentido, ha destacado que, aunque «nunca» se encontró una factura con el mismo concepto o importe que lo que se apuntó en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, sí que se consideró como «indicio de un doble sistema de pago» –uno dentro del circuito económico legal y otro en ‘b’– la elaboración de una doble certificación final –documento que sirve de base para facturar los trabajos realizados– con importes distintos.

La funcionaria de Hacienda que prestó auxilio judicial ha apostillado que se comprobó que «era una realidad que las obras se habían realizado», si bien ha indicado que la «diferencia» entre los importes de ambas certificaciones, si se le aplica un descuento que había sido referenciado por Bárcenas en su declaración, coincide o es «muy cercana» a las salidas de dinero de la caja ‘b’ señaladas por el extesorero hacia Gonzalo Urquijo.

Así, ha concluido que en la remodelación de varias plantas, en concreto la segunda y la quinta, de la sede del PP hubo servicios «que se habían realizado pero no facturado». También la duplicidad de presupuestos, de contratos de obra o de certificaciones finales, entre otras, con respecto a otras plantas suponen más muestras de un «doble sistema de pago» de la reforma de la sede de la calle Génova.

INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

En ese informe entregado al juez instructor, la Agencia Tributaria destacó que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, «habría dejado de ingresar» a la Hacienda pública unas cuotas que en cuatro ejercicios «superan los 120.000 euros», límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Se trataría, en concreto, del Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2006 y 2007 y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.

El organismo tributario confirmó que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentaban un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica con fondos ajenos al circuito económico legal.

Por estos trabajos, Unifica tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal, según consta en dicho informe. No obstante, si se tiene en cuenta las anotaciones que el Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.

En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señala que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros, según los ‘papeles de Bárcenas’) y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1 millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad ‘b’.

El buque de investigación pesquera y oceanográfica Miguel Oliver, de la Secretaría General de Pesca, ha comenzado este lunes desde el puerto de Málaga la campaña ‘Medits_es_2021’, que incluye una serie de investigaciones para evaluar los recursos demersales a lo largo de la plataforma continental y talud de la costa mediterránea, y estimar así la abundancia y distribución de los principales stocks de interés pesquero.

La investigación que se inicia se llevará a cabo en las zonas del Mediterráneo GSA1 y 2, correspondientes a Andalucía, Alborán y parte de la costa de Murcia. A continuación, con entrada y salida del puerto de Barcelona, el Miguel Oliver comenzará los estudios en la zona GSA6, que incluye los litorales de Cataluña, Valencia y parte de Murcia.

Asimismo, en una tercera fase, se estudiará la zona costera GSA5, en Baleares, con base en el puerto de Palma, donde finalizará la campaña el 24 de junio próximo, han explicado en un comunicado.

Estas investigaciones van a permitir observar tendencias y comparar índices entre sectores geográficos y estratos de profundidad. De esta forma, los trabajos permitirán la caracterización de las comunidades y hábitats de la zona, incluyendo la recogida de sedimentos y la toma de datos oceanográficos de las masas de agua, además de completar el censo de aves marinas y los estudios de relaciones tróficas entre las distintas especies.

Esta campaña permitirá obtener datos para el ‘WestMED’, iniciativa de la ‘Unión por el Mediterráneo’ y apoyada por la Unión Europea, para lograr un espacio más sostenible en el Mediterráneo occidental.

‘MEDITS_ES_2021’

Esta serie de campañas, que se vienen desarrollado en los últimos años, constituyen una serie histórica de gran importancia para evaluar la situación de las distintas poblaciones marinas. En la actualidad, estas campañas se integran en el Programa Nacional de Datos Básicos para la gestión sostenible de los mares, basada en la obtención de los mejores datos científicos posibles.

Además, el resultado de estas investigaciones se presenta en el seno de los grupos de trabajo del Comité Científico Asesor, de la Comisión de Pesca del Mediterráneo. Los datos son asimismo de gran importancia en el marco de aplicación del Plan Multianual para especies demersales en el Mediterráneo.

‘Medits_es_2021’ se desarrolla en coordinación con el Instituto Español de Oceanografía, que ostenta la dirección científica de las investigaciones. Con esta coordinación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación facilita el uso y equipamiento de los barcos al personal investigador, y pone a disposición de los científicos el instrumento más adecuado para los fines específicos de cada campaña, mientras se intenta conseguir la optimización de los recursos en beneficio del mejor conocimiento científico posible y la mejor gestión pesquera.

BUQUES OCEANOGRÁFICOS

Los buques oceanográficos Miguel Oliver, Vizconde de Eza y Emma Bardán forman la flota de barcos de investigación gestionada por la Secretaría General de Pesca. Con 70 metros de eslora y 12 de manga, el Miguel Oliver cuenta con un equipamiento tecnológico puntero para la navegación y para la investigación pesquera y oceanográfica.

Está equipado con tres ecosondas, tres radares y seis laboratorios, además de un sofisticado sistema de posicionamiento y navegación. Está calificado como buque ecológico y silencioso por la sociedad de clasificación Bureau Veritas y cumple la normativa ICES 209 sobre emisión de ruidos y vibraciones en barcos de investigación.

La defensa de Juana Rivas ha mostrado su satisfacción «moderada» después de que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya confirmado este lunes la condena pero con la rebaja a la mitad de condena a esta madre de Maracena (Granada) por delito de sustracción de menores.

En el verano de 2017 Rivas pasó un mes en paradero desconocido con sus dos hijos menores incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre. El Supremo ha reducido su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

En declaraciones, el letrado Carlos Aránguez ha señalado que «lo más importante es que queda pendiente en los tribunales italianos e internacionales la discusión sobre el tema principal» y «fundamental», en referencia a, según ha detallado en una nota de prensa, «el derecho» de Rivas a «estar con sus hijos y que se reconozca la violencia familiar ejercida» supuestamente por el padre.

«Hemos luchado mucho», ha señalado Aránguez, que ha recordado asimismo que consideraban la pena anterior «desproporcionada», por lo que la decisión del Supremo la valoran «muy positivamente».

La Sala basa su fallo en que, cuando en un mismo acto son varios los menores trasladados o retenidos, no se produce un concurso de delitos, sino que se comete un solo delito del artículo 225 bis del Código Penal, al lesionarse el derecho de custodia del progenitor con quien el menor convive (con independencia del número de menores sustraídos) y la paz en las relaciones familiares, según han informado desde el Tribunal Supremo.

Los hechos probados señalan que en mayo de 2016 la recurrente viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte (Italia), donde llevaba conviviendo tres años con su entonces pareja. El 2 de agosto le comunicó que no iba a regresar a Italia y escolarizó a los niños en un colegio de Maracena (Granada).

El progenitor, que tenía la guarda y custodia provisional de los dos menores, denunció los hechos y un juzgado de Primera Instancia de Granada acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos niños. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. La acusada entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

Tras conocerse el posicionamiento del TS, Enrique Zambrano, como letrado del padre, ha mostrado, su «respeto» a esta interpretación de «un aspecto penal que no estaba interpretado» y que es también «discutible» como apunta el hecho de que tres magistrados han suscrito un voto particular al considerar que hubo dos delitos y que debía mantenerse la condena de la Audiencia de Granada. Partiendo de la base de que respetan que el Supremo «ha sentado doctrina», ha apuntado en este contexto a una posible «incoherencia» en la consideración de un solo supuesto pasivo punible.

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha mostrado este mediodía en Twitter «toda la solidaridad» de su partido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras recibir un sobre con una navaja ensangrentada, y ha añadido que «ya está bien de amenazas fascistas».

Maroto ha recibido esta carta después de las misivas recibidas con balas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el propio Iglesias. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, anunció hace unas semanas que la ministra sería su vicepresienta económica en caso de gobernar tras las elecciones.

Según ha adelantado la Sexta y confirman fuentes de Interior, se ha abierto una investigación sobre este nuevo envío remitido a la sede del Ministerio de Industria.

Luego, en un medio de comunicación, Iglesias ha insistido en que «ya está bien, no hay derecho que porque Reyes está disponible para el próximo gobierno de la Comunidad reciba esta navaja ensangrentada». «Esta persona tiene hijas adolescentes», ha añadido para recordar las otras cartas con balas que él también recibió él y en el que amenazaban al resto de su familia.

«No se puede consentir que la portavoz del PP –en referencia a la exportavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo– acuse a mi padre de ser un terrorista y que ahora reciba una amenaza de muerte no se puede tolerar. No se puede tolerar que Jiménez Losantos diga en su programa que hay que poner una alarma en la Asamblea porque vaya a entrar el negro de Podemos, que Vox copie carteles de la Alemania nazi y los jueces lo consientan, o que hoy hayamos visto un ataque contra un monumento de las víctimas españolas del holocausto nazi. Ya está bien», ha insistido.

A juicio del líder de Podemos, todo esto tiene que tener una respuesta judicial, pero «también política en las urnas». «La democracia española se tiene que defender del fascimo y también de los métodos fascistas que son la mentira, la amenaza, los bulos y una agresividad que no tiene precedentes. En democracia no se puede tolerar la intolerancia», ha añadido.

Respecto a su situación personal, Iglesias la ha calificado de «insoportable» porque, según ha reconocido, «no puede salir con sus hijo por el parque porque tiene que ir rodeada de policías», agentes que cada semana le dicen que van a reforzar el dispositivo de seguridad sobre él porque reciben «amenazas reales.

«Hay un ultraderechista con una orden de alejamiento por acosar a mi familia y un periodista de OKdiario a quien la Fiscalía pide un año de prisión por acosar a mis hijos. Además de la respuesta judicial tiene que haber una respuesta política el 4M», ha concluido.

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha acusado a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, de hacer «políticas de odio como si fuese una CDR más» por no vacunar a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya.

En rueda de prensa este lunes en el Parlament, Roldán ha asegurado que de guardias civiles y policías nacionales «se ha vacunado al 15%, cuando en Mossos d’Esquadra están al 100%» vacunados, y ha pedido que se destinen vacunas también para el personal de Salvamento Marítimo.

Ha explicado que los ‘populares’ han pedido la comparecencia del vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès: «Que nos diga los criterios, si es que tiene alguno, de por qué no ha vacunado», así como de los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial, Carolina Darias, Fernando Grande- Marlaska y Miquel Iceta, respectivamente, en el Congreso.

«El Govern no solo hace daño con su inacción sino cuando actúan», ha subrayado Roldán, que ha pedido que ERC y Junts formen ya un nuevo Ejecutivo y escuchen a los sectores afectados por la crisis provocada por la pandemia.

«CULEBRÓN DEL NACIONALISMO»

Ha lamentado que el Parlament esté inactivo y no haya un nuevo Govern en Catalunya «porque los partidos independentistas están al capricho del inquilino de Waterloo, más preocupados mantener la vidorra de Puigdemont», y ha exigido que ERC y Junts se pongan manos a la obra con las negociaciones porque no hay más tiempo que perder, en sus palabras.

Roldán ha ve como «un episodio más del culebrón del nacionalismo» la reunión este martes en la cárcel de Lledoners (Barcelona) entre Aragonès y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en el marco de las negociaciones para conformar un nuevo Ejecutivo.

«Lo próximo será irse a Waterloo y que Puigdemont dé su bendición. Es bochornoso, los catalanes no se merecen esto», y ha afirmado que ni ERC ni Junts están a la altura de las circunstancias.

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este lunes la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero ha reducido su pena de 5 años a 2 años y 6 meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

La sentencia del Supremo supondrá que esta madre de Maracena (Granada) tenga que entrar en prisión a pesar de la rebaja de su condena, según han precisado fuentes judiciales. Juana Rivas ha defendido durante este tiempo que se fue en 2016 con sus dos hijos de Italia –donde tenían fijada su residencia habitual– para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores, si bien la justicia italiana ha ido archivado las distintas denuncias.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra su condena por entender que su conducta integra un delito de sustracción de menores del artículo 225 bis, que protege los derechos del padre y no de cada uno de los menores. Este motivo también ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal.

Por ello, en la sentencia, Juana Rivas es condenada a dos años y seis meses de prisión, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos y a que indemnice a su expareja en 12.000 euros y al pago de la mitad de las costas.

Los hechos probados señalan que en mayo de 2016 Juana Rivas viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte (Italia), donde llevaba conviviendo tres años con su entonces pareja. El 2 de agosto le comunicó que no iba a regresar a Italia y escolarizó a los niños en un colegio de Maracena (Granada).

El progenitor, que tenía la guarda y custodia provisional de los dos menores, denunció los hechos y un juzgado de Primera Instancia de Granada acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos niños. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. Rivas entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

La Audiencia Provincial de Granada y el Juzgado de lo Penal 1 de Granada apreciaron que había cometido dos delitos de sustracción de menores, uno por cada niño, puesto que dos fueron los hijos menores de edad a los que privó de la relación paterno-filial incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a su entrega al padre, que ostentaba su custodia por disposición judicial.

La sentencia de instancia y la recurrida impusieron a Rivas 5 años de prisión –2 años y 6 meses por cada uno de los delitos–, la privación de la patria potestad de sus dos hijos durante seis años y el pago de una indemnización a su exmarido, si bien discreparon sobre la cuantía de la misma. El juzgado de lo Penal la fijó en 30.000 euros y la Audiencia de Granada la redujo a 12.000 euros.

La Sala basa su fallo en que, cuando en un mismo acto son varios los menores trasladados o retenidos, no se produce un concurso de delitos, sino que se comete un solo delito del artículo 225 bis del Código Penal, al lesionarse el derecho de custodia del progenitor con quien el menor convive (con independencia del número de menores sustraídos) y la paz en las relaciones familiares.

QUIEBRA DEL DERECHO DE CUSTODIA DEL PROGENITOR

Antes de decidir sobre esta cuestión, que considera novedosa con interés casacional, el Pleno analiza el origen y la configuración del citado delito, en directa relación con el bien jurídico que tutela. El artículo 225 bis sanciona la sustracción de menores y describe a su vez dos conductas alternativas que integran esa conducta.

Primero, el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia. Segundo, la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

En cuanto al bien jurídico, la Sala precisa que se tutela la paz en las relaciones familiares conforme enseña su ubicación en el Código Penal, a través de un tipo penal que se configura «como infracción del derecho de custodia, en directa inspiración, pero con autonomía propia, de la definición de secuestro ilegal contenida en el Convenio de la Haya, en evitación de que la custodia sea decidida por vías de hecho, al margen de los cauces legalmente establecidos para ello».

Se concreta, según la sentencia, en el genérico mantenimiento de la paz en las relaciones familiares, en el derecho de los menores a relacionarse regularmente con sus dos progenitores también en situaciones de crisis familiar, materializada en el respeto a las vías legales disponibles para solucionar los conflictos; se atiende a evitar las potenciales consecuencias que la violación del derecho de custodia supone y el modo en que se realiza, al margen de los cauces jurídicos para resolver los conflictos cuando no se logra el acuerdo entre las partes o directamente contrariando la resolución recaída en el cauce establecido.

La Sala señala, además, que «el derecho de custodia quebrantado es el del progenitor, que es el instituto sobre el que se estructura la conducta típica; y la desestabilización de las relaciones familiares que conlleva es la que se proyecta sobre el menor desplazado o retenido».

VOTO PARTICULAR FAVORABLE A CONFIRMAR LA CONDENA

La sentencia incluye el voto particular de los magistrados Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García, al que se adhiere el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que eran favorables a confirmar la sentencia de la Audiencia de Granada al considerar que se trata de dos delitos y no de uno. Su discrepancia con el criterio de la mayoría reside en el espacio de protección del artículo 225 bis.

Los magistrados entienden que dicho espacio de protección es más amplio y que en él ocupa un lugar prioritario el derecho a la relación parental de cada uno de los menores que puedan verse afectados por las distintas acciones que se contemplan en el tipo.

En su voto afirman que «si, como creemos, el bien jurídico a proteger es el derecho a la vida privada y familiar de los menores, de cada uno de los menores, proyectada en su derecho a la relación parental armónica con ambos progenitores, libre del abuso de poder y la arbitrariedad de uno de ellos, la consecuencia es que dada la acción típica -la sustracción o la retención (o ambas como en el caso que nos ocupa)- habrá tantos delitos en concurso real como menores se hayan visto afectados».

En su voto concluyen que Rivas «de forma no justificada sustrajo, primero, retuvo, después, a sus dos hijos, lesionando su derecho a la estabilidad personal y emocional, por lo que cometió dos delitos de sustracción de menores del artículo 225 bis del Código Penal. No se limitó a lesionar, que lo hizo, el derecho del padre a comunicar y mantener con sus hijos una sostenida relación, sino que, además, principalmente incluso, lesionó el derecho de cada uno de los menores, sin causa justificada, a relacionarse en condiciones sostenidas de normalidad con su padre».

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado hoy que respalda totalmente al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, cuando dice que hay que establecer un ‘cordón sanitario’ contra VOX y afirma que estas elecciones van de «fascismo o democracia». En una entrevista en La Sexta, también ha afirmado que ayer se «malinterpretaron» sus palabras sobre el PP, asegurando que no llamó organización criminal a este partido, sino a las personas que participaron en los casos de corrupción.

«Actualmente va de fascismo o de democracia», ha señalado el ministro, quien ha insistido en que las votaciones del 4 de mayo van de «democracia o de lo que no es democracia». En este sentido, ha afirmado que quiere seguir viviendo como en los últimos años, porque también ha vivido en la dictadura. Por ello, apuesta por «reaccionar» ante cualquier posibilidad que surja «ante conductas que intenten poner en mínimo riesgo valores democráticos».

En este contexto, ha dicho respaldar «absolutamente» el discurso de Ángel Gabilondo de establecer un cordón sanitario en torno a VOX. Así, ha afirmado que hay que ser «muy taxativo» al respecto y si no hay una condena de hechos concretos graves, «plantar cara y decir: hasta aquí». Ha recordado, en este punto, una canción de Silvio Rodríguez con versos de Bertol Brecht, en la que se afirma: «no esperemos a que nos llamen a la puerta actuemos antes». Eso, en su opinión, son los «valores democráticos».

El ministro considera que no se ha minusvalorado por parte del Gobierno la amenaza de la ultraderecha y asegura que en el Ejecutivo están preocupados por «todo tipo amenaza terrorrista y todos los grupos de ultraderecha son objeto de investigación por nuestros servicios de información».

«No tengas ninguna duda de que no se minusvalora por Fiscalía, ni Guardia Civil, ni por los órganos judiciales», ha respondido al periodista que le preguntaba por los atentados de la ultraderecha que ha habido en Europa y en EEUU desde 2010.

Esta preocupación e investigación, ha dicho, se produce «independientemente de que algunos hechos, algunos órganos judiciales entienden o valoran en atención a las pruebas un resultado de respuesta penal concreto».

ESPAÑA ES UNA DEMOCRACIA PLENA

No obstante, en opinión de Grande Marlaska, en España hay una «democracia plena», rechazando así las palabras de Pablo Iglesias quien ha asegurado que ahora también Pedro Sánchez reconoce que no hay democracia plena en España.

«Recientemente hemos sido reconocidos dentro de las 20 democracias plenas», ha recalcado, añadiendo que España lo es también porque se sabe defender de la «barbarie de la ultraderecha», de aquellos que no defienden los valores democráticos.

«Por eso decía que es tan importante que no banalicemos todos esos hechos con que nos hemos tenido que enfrentar y mantengamos una postura firme. Si España pudo como pudo contra ETA, también puede contra todos estos ataques a lo que son valores democráticos», ha recalcado.

Y lo será, ha dicho, «salga lo que salga de las urnas», porque «la urna es la palabra» y cree que lo importante es que «estén llenas» por que ello que implicará es que la gente cree en la democracia. «La gente quiere que vuelva la dignidad, que volvamos a dignificar las instituciones», ha remachado.

NO CREE QUE EL PP SEA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: «SE HA MALINTERPRETADO»

El ministro también se ha pronunciado por la polémica surgida por sus palabras de ayer en el mitin del PSOE, en las que recordó los casos AvalMadrid, Púnica, Gürtell, Lezo y «todas esas operaciones criminales de una organización criminal que realmente han mostrado lo peor de la política en Madrid, 26 años de chapuzas».

Al ser preguntado si se reafirma en que el PP es una organización criminal, Marlaska ha asegurado que «se han malinterpretado» sus palabras y ha añadido que él no imputó nada al PP. «Dije unas causas judiciales con nombres concretos Avalmadrid, Gürtel, Púnica, Lezo… yo decía personas que estaban imputadas, responsables políticos y particulares, todo en el marco de gestión política», se ha justificado el ministro. Ha añadido que son las resoluciones judiciales quienes denominan el «entramado criminal» que conforman esas personas.

Y ha dicho estar «absolutamente seguro» de que el PP se desmarca de esas políticas, aunque ha añadido que otra cosa es que se quieran «interpretar e instrumentalizar sus palabras». Y ha insistido en que no dijo nada del PP.

Grande Marlaska ha sido muy criticado esta mañana por la presidenta de la comunidad Díaz Ayuso, quien ha calificado de «deleznables» sus acusaciones y le ha avisado de que confunde el partido con el Gobierno como si esto fuera una república bananera. También el alcalde, José Luis Martínez Almeida ha afirmado que Marlaska lo debió pasar mal cuando fue designado por el PP como vocal del CGPJ si pensaba que lo había designado una organización criminal.

«Vuelvo a decir lo mismo», ha recalcado insistiendo en que «lo que textualmente» decían sus palabras era referido a los imputados en esas causas. «Otra cosa es lo que se quiera interpretar porque interesa políticamente o quizá por que están nerviosos», ha espetado.

Marlaska también ha justificado la presencia de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en el acto electoral del PSOE de ayer. Ha asegurado que se hizo para «reconocer y respaldar» la labor directora de la Guardia Civil «en momentos difíciles» tras haber sufrido «amenazas tan graves».

Además, ha recordado su trayectoria vinculada al PSOE, como militante socialista, concejal en Málaga, subdelegada del Gobierno en Málaga, miembro de la directiva nacional del PSOE con Rubalcaba.

«Ante unas amenazas graves, el PSOE lo que quería era públicamente mostrar afecto», ha recalcado para acto seguido añadir que María Gámez «no ha tenido ninguna participación, ni ninguna otra intervención». Por ello, considera que «es intentar sacar de contexto cualquier circunstancia en base al momento en que nos encontramos».

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) inaugura el próximo miércoles, 28 de abril, su nuevo foro de debate ‘Enfoques’ con un acto ‘on line’ protagonizado por los periodistas Vicente Vallés, director y presentador de Noticias 2 de Antena 3 TV, y Rocío Vidal (La gata de Schröndinger), streamer y divulgadora científica. Bajo el título de ‘Y tú, ¿Cómo te informas? Periodismo vs Periodismo’, ambos comunicadores confrontarán sus opiniones sobre las distintas formas de hacer periodismo y los nuevos hábitos de consumo informativo.

El CAA pone así en marcha ‘Enfoques’ como espacio dedicado al debate, análisis diálogo y cotejo de ideas y propuestas sobre los profundos cambios que está experimentando el sector audiovisual, motivados principalmente por los nuevos consumos de contenidos. Las redes sociales y las plataformas como YouTube, Amazon Prime o HBO que ofrecen contenidos bajo demanda y de intercambio de vídeos «están arrinconando» a los servicios tradicionales en línea ofrecidos por las televisiones, señala en un comunicado.

En Andalucía, y según los datos del último Barómetro Audiovisual elaborado por el CAA, el 75,8% de la población andaluza utiliza internet para informarse y casi la mitad de los internautas (47%) lo hace a través de las redes sociales. Asimismo, un 40% de los andaluces consume ya contenidos a la carta, porcentaje que asciende al 58% en el caso de las personas que tienen entre 16 y 24 años.

El CAA recuerda que con el objeto de regular esta nueva situación del sector, y para que los usuarios no se sientan desprotegidos ante los contenidos audiovisuales que se ponen a su alcance, la Unión Europea aprobó en noviembre de 2018 la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por su parte, el Gobierno español ha decidido trasponer dicha directiva modificando la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Tras someterse a audiencia y exposición pública, el anteproyecto de la futura nueva ley está pendiente de su envío al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

El Consejo Audiovisual de Andalucía, como autoridad independiente reguladora del sector en la comunidad autónoma andaluza, señala que no puede permanecer al margen de estos cambios. Su ley de creación, recuerda, le mandata expresamente para proteger a los usuarios en general, pero especialmente a los menores, jóvenes, tercera edad, personas con discapacidad y colectivos especialmente vulnerables en lo que se refiere a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias, potenciando el respeto a los valores de tolerancia, solidaridad y voluntariado, evitando la inducción de comportamientos violentos e insolidarios.

La sesión inaugural de ‘Enfoques’, con Vicente Vallés y Rocío Vidal (La gata de Schröndinger), tendrá lugar el próximo miércoles 28 de abril, a las 10,30 horas. El acto se retransmitirá en streaming a través de nuestro canal de youtube: https://youtu.be/qML62lJMG6I.

La inscripción no es obligatoria, pero cualquier persona que esté interesada en recibir un documento acreditativo de su participación en estos ‘Enfoques’ deberá registrase previamente y remitir una breve reseña de no más de 300 palabras con su opinión al finalizar el encuentro al correo enfoques.caa@juntadeandalucia.es.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado hoy una visita de trabajo a las instalaciones del Centro Militar Canino de la Defensa(CEMILCANDEF), donde se está realizando un experimento de detección del coronavirus con perros.

Robles ha estado junto a Soco, el pastor alemán que es capaz de oler el covid en muestras PCR con mayor eficacia. En el último mes lo ha hecho con un «90% de eficacia» en muestras negativas y un «75% en positivas», ha informado la coronel María Isabel Martín, jefa del centro, que ha guiado a la ministra en un recorrido por las instalaciones.

El estudio empezó hace varios meses con siete perros y actualmente cuatro de ellos siguen en él y están presentando «buenos resultados» según la coronel Martín. Sin embargo, ha insistido en que el proyecto se encuentra en fase muy temprana y no existe «ninguna certeza» de que vaya a servir para detectar el virus en personas.

Robles ha realizado un recorrido guiado por cada una de las naves de instrucción en las que se adiestra a los perros en diferentes técnicas: intervención, búsqueda y rescate, detección de drogas y explosivos. También ha visitado las instalaciones de cría y las perreras y ha asistido a una demostración en la pista de adiestramiento con perros de detección de explosivos y neutralización de personas armadas. La ministra ha destacado el buen entrenamiento de los animales y «la vinculación» entre el guía y el perro que forman un «tándem absolutamente inseparable».

ADIESTRAMIENTO PARA GUÍAS Y PERROS DE EJÉRCITO Y POLICÍA

El CEMILCANDEF lleva a cabo varios cursos docentes para perros y guías de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y también de algunos cuerpos de policía local, bomberos y protección civil. En la actualidad el centro cuenta con 70 perros y 27 guías pero por sus instalaciones pasan anualmente en torno a 130 animales.

En el centro se imparten cursos de adiestramiento y actualmente están terminando de perfilar uno nuevo y pionero: formar a los guías para realizar tratamientos de urgencia de los perros en combate con el objetivo de mantenerlos con vida si han sufrido heridas por un impacto de bala o una explosión hasta que les pueda atender un veterinario.

Al inicio de la visita se ha llevado a cabo un minuto de silencio por el militar fallecido el pasado sábado, el cabo F.P.B, que sufrió complicaciones tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Estaba destinado en el Regimiento de Infantería ‘América’ 66 del Ejército de Tierra.

El líder del PP, Pablo Casado, ha expresado este lunes su rechazo a «cualquier amenaza o agresión» como las que, a su juicio, se están viendo en la campaña madrileña y ha pedido salir de «la radicalidad y la polarización». Dicho esto, ha avisado que no va a «aceptar ni tolerar» los ataques al PP como el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusando a su partido de «organización criminal».

«El PP rechaza cualquier amenaza o agresión de las que se está viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que importa de verdad y a lo que nos une a los españoles», ha asegurado Casado, poco después de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, haya recibido un sobre con una navaja «aparentemente ensangrentada» en su interior, un hecho que se suma a las balas recibidas la pasada semana por el ministro Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En un foro sobre los fondos europeos y el Plan de Recuperación, organizado por la Fundación Concordia y Libertad, Casado ha llamado a «salir de esa radicalidad y esa polarización», ya que, a su entender, hay que ocuparse de un país que «ha sufrido 100.000 muertos por la pandemia y ahora mismo sufre el desempleo con seis millones de personas. Es más, ha calificado de «drama social» que haya «dos millones de familias» que están en las colas del hambre.

PIDE RECUPERAR LA «CONCORDIA Y LA CONVIVENCIA»

Casado ha señalado que el PP ha sufrido también «agresiones y amenazas» y ha recordado que en el pasado «24 compañeros han pagado con su propia vida esta violencia», en alusión a los asesinatos de la banda terrorista ETA.

Por todo ello, el presidente de los ‘populares’ ha asegurado que «hace falta recuperar la convivencia y la concordia» con el fin de dedicarse «a los debates importantes» que es, a su juicio, para lo que pagan a los políticos.

Sin embargo, Casado ha censurado las declaraciones del ministro Marlaska en un mitin del PSOE este domingo calificando al PP de «organización criminal». También ha criticado que la vicepresidenta Yolanda Díaz «diga que peligra la democracia» en las elecciones madrileñas o que la ministra Ione Belarra les llame «partido de «nazis».

«EN EUROPA NOS ESTÁN VIENDO»

Casado ha resaltado que ese tipo de declaraciones es algo «inaceptable». «Sencillamente esto es intolerable. No se puede tolerar y lo digo sin ánimo de seguir en esa estrategia de confrontación y polarización que pretenden», ha afirmado.

El líder del PP ha avisado además que en Europa «les están viendo. «En Europa no entienden que una ministra llame nazi al PP, que una vicepresidenta diga que podemos ir a una dictadura por una candidatura del PP en Madri o que un ministro del Interior llame organización criminal al principal partido de la oposición», ha aseverado, para insistir en que no lo va a «tolerar» ni en PP ni la UE.

Casado ha señalado que esto se produce cuando su partido está siendo «muy comedido» en las «agresiones a la democracia» por parte del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Así, ha señalado que Marlaska acerca cada semana a presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, Yolanda Díaz pertenece a un partido que «blanquea dictaduras como la venezolana» y Belarra «no está condenando aquellas políticas que están deviniendo en una crisis social sin parangón».