La Agencia Estatal de Investigación (AEI), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha abierto un concurso internacional de méritos para cubrir el puesto de titular de la dirección del organismo.

Según ha informado el Ministerio de Ciencia, este procedimiento de selección se pone en marcha por segunda vez en un proceso abierto, "dando respuesta a la reclamación continuada de la comunidad científica para fortalecer y dotar de mayor independencia a la Agencia". El mandato del actual director, Enrique Playán, expira a principios de 2022.

En concreto, el Ministerio ha detallado que las personas interesadas tendrán que contar con un "reconocido prestigio" en los ámbitos de la ciencia y la gestión. Asimismo, deberán demostrar una experiencia internacional investigadora de más de 10 años, haber liderado durante más de 6 años planes y equipos de investigación y desarrollo, contar con experiencia en la preparación de presupuestos y evaluación de impacto, y tener un profundo conocimiento de la I+D+I a nivel nacional e internacional. Además, deberán dominar el español y el inglés.

La AEI gestiona la mayor parte de las convocatorias de subvenciones del Plan Estatal de I+D+I y es la entidad responsable de promover la excelencia en la investigación española. La creación de la Agencia era un mandato de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 y una demanda histórica de la comunidad científica. Finalmente, su creación se aprobó el 27 de noviembre de 2015.

El organismo tiene como principales objetivos la promoción de la investigación técnica y científica en todas las áreas del conocimiento a través de la asignación competitiva de recursos públicos, el seguimiento de las acciones financiadas y su impacto, y el asesoramiento en la planificación de acciones e iniciativas de los planes y políticas nacionales de I+D.

La Agencia cuenta con personalidad jurídica propia y "un presupuesto creciente", de 825,7 millones de euros para 2021 y de 1.358,1 millones en los presupuestos presentados para el año 2022, "la cifra más alta de la historia de este organismo", según ha destacado el Ministerio.

Las personas que estén interesadas deberán presentar sus candidaturas antes del 8 de noviembre en la siguiente dirección de correo electrónico: presidencia@aei.gob.es. El candidato seleccionado será propuesto para su nombramiento por el Consejo Rector de la Agencia.

La diputada del PPCV y presidenta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha anunciado que su formación recurrirá la sentencia que ha absuelto al director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

"Vamos a llegar hasta el fondo del asunto para desenmascarar la trama de los hermanos Puig y sus socios", ha asegurado en un comunicado la diputada del PPCV, que ha apuntado que la Audiencia de Valencia "reconoce en su sentencia que Rubén Trenzano controló las subvenciones" después de la petición formulada por Ortiz.

"Este alto cargo de la Conselleria de Educación sigue imputado por malversación, prevaricación y fraude en subvención pública en el juzgado número 4", ha remarcado la diputada 'popular', que ha insistido en que su objetivo es "llegar al fondo de la cuestión y saber por qué las empresas del hermano del 'president' y sus socios han estado justificando con las mismas facturas las subvenciones que han recibido tanto de la Generalitat Valenciana, gobernada por Puig, como de la Generalitat de Cataluña".

"En la actualidad esta causa ha sido calificada como compleja por el juzgado y la Guardia Civil ha solicitado más documentación tanto de las cuentas como de los alquileres justificativos a las empresas implicadas", ha añadido Ortiz.

La Audiencia de Valencia ha absuelto este viernes al director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El órgano judicial absuelve a Trenzano y ordena notificar la resolución a las partes, que disponen ahora de diez días para presentar recurso de apelación.

La causa surgió a raíz de una denuncia de la ex portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.

Una sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de León ha reconocido a un enfermero pensionista por una incapacidad total permanente del 75 por ciento el derecho a percibir el complemento de pensión de jubilación por sus dos hijos como lo perciben las mujeres jubiladas que están en esa situación.

El enfermero, asistido por los Servicios Jurídicos de SATSE, solicitó el 22 de diciembre de 2020 al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ese complemento por su paternidad de dos hijos, puesto que tenía concedida la jubilación por una incapacidad permanente total del 75 por ciento (por sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de León, confirmada por el TSJ de Castilla y León en enero de 2020).

Según el comunicado de SATSE, el INSS le denegó dicho complemento, por lo que el enfermero presentó demanda contra esa resolución de la Seguridad Social.

En su sentencia, el Juzgado de lo Social Nº3 de León ha considerado que el demandante debe percibir dicho complemento con carácter retroactivo desde el 22 de diciembre de 2020 (cuando lo solicitó al INSS) basándose en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la normativa europea.

Asimismo, ha recordado que la jurisprudencia del TJUE establece que ese complemento está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva europea 79/7 sobre el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

En concreto, como cita el fallo judicial de León, la sentencia del día 12 de diciembre de 2019 del TJUE prevé que "la Directiva 79/7/CEE relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión".

La sentencia concreta que el complemento por maternidad "no se vincula a la maternidad biológica, el embarazo o el parto sino a la crianza de hijos/as y la práctica de cuidar, por ser un factor que redunda negativamente en la carrera profesional e ingresos salariales de las personas trabajadoras".

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al director general de Política Lingüística y Multilingüismo de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, del delito de falsedad documental en ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El órgano judicial absuelve a Trenzano y ordena notificar la resolución a las partes, que disponen ahora de diez días para presentar recurso de apelación. El director general se sentó a finales del pasado mes de septiembre en el banquillo acusado por el Partido Popular --que ha ejercido la acusación popular-- de supuesta falsedad documental, por la que pedía seis años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no veía delito y reclamó el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que la defensa.

En la sentencia, datada el 19 de octubre, los magistrados mantienen que, en este caso, "en modo alguno resulta acreditada de forma absolutamente indubitada, la concurrenciaen la conducta del acusado de todos los elementos objetivos y subjetivos que el tipo del delito de falsedad documental o, subsidiariamente, un delito de falsedad en documento oficial cometido por imprudencia grave".

En este sentido, aseguran que de las pruebas practicadas no resulta que el contenido del escrito que se envió a Eva Ortiz "se realizará una mutación de la verdad por alguna de las conductas tipificadas en la norma penal" ni "tampoco concurre el dolo falsario".

La sentencia recuerda los diversos testimonios aportados y concluye que "consta acreditado que se realizó la comprobación administrativa de la concesión de la subvención en cada una de sus fases (solicitud, justificación y pago) y la comprobación material se realizó en el trámite de justificación en el que además de la documentación correspondiente se aportó el disco duro".

"Y que tras el escrito de Doña Eva Ortiz --prosigue-- se comprobó de nuevo toda el expediente de la subvención respecto de las empresas a las que se refería la síndica del grupo parlamentario popular. Y posteriormente, se aprobó un nuevo Plan de Control estableciéndose el criterio del riesgo para poder comprobar de nuevo a las citadasempresas".

Consecuentemente, apunta, "no se ha acreditado que en el escritode fecha 6 de abril de 2018 se recojan hechos inveraces. Noconcurre, respecto del delito que se imputa al acusado elelemento objeto de cometer la falsedad. Es decir, la alteración o mutación de la verdad en un documento público u oficial". Por todo ello, considera que debed dictarse la absolución.

La causa surgió a raíz de una denuncia de la ex portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relación a la presunta falsedad en algunas de las manifestaciones contenidas en un documento emitido en abril de 2018 por la Dirección General dirigida por Trenzano sobre las ayudas al fomento del valenciano.

En concreto, en el escrito de la representante 'popular' se denunciaba que el director general habría faltado a la verdad al afirmar que las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención en 2015 y 2016 de ayudas al valenciano "presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias".

Aunque inicialmente el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa al entender que correspondía al ámbito contencioso-administrativo y no ver indicios de ilícito penal, la Audiencia revocó esa decisión y acordó continuar el procedimiento.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 9 de València abrió juicio oral y Trenzano se sentó a finales del pasado mes de septiembre en el banquillo acusado por el Partido Popular --que ha ejercido la acusación popular-- de un delito de falsedad documental por el que pedía seis años de prisión. La Fiscalía, por su parte, no veía delito y reclamó el sobreseimiento de las actuaciones, al igual que la defensa de Trenzano.

"CONFIANZA PLENA"

En su declaración, Rubén Trenzano negó haber cometido irregularidades en las ayudas concedidas a las empresas vinculadas a Francis Puig, y aseguró que no lo conocía. También explicó que él firmaba lo que decían sus técnicos, con quienes tenía "confianza plena", y aseveró que se revisaron las subvenciones y no se vio nada ilegal.

Por su parte, el ministerio público apreció "mala fe" en la diputada popular Eva Ortiz. "Dar relevancia jurídico penal a esto me parece ridículo. Si Trenzano tuviera que revisar todas las actuaciones de los técnicos no tendría tiempo, tiene que poner a gente de confianza. No es un técnico en derecho", expuso el fiscal en sus conclusiones, en las que insistió que no había delito, sino una "persecución con fines políticos" probablemente "ilícitos".

De hecho, el Ministerio Fiscal --y también la defensa-- había solicitado la condena en costas a la acusación popular, atribuyéndole haber actuado con temeridad o mala fe. Sin embargo, la sala estima que no procede.

Un total de 69 internos de la cárcel malagueña de Archidona han dado positivo en coronavirus hasta el momento, según han informado desde Instituciones Penitenciarias.

Así, las fuentes han indicado que se realizaron 120 pruebas PCR, en las que han dado positivos esos 69 internos, "todos del mismo módulo y todos asintomáticos o leves". Asimismo, han señalado que "se está a lo que se determine desde Salud de la Junta de Andalucía".

Al respecto, desde el Gobierno andaluz han indicado que se están haciendo las pruebas que se van requiriendo para determinar los contagios, pero por el momento no está previsto un cribado masivo, "lo que no quiere decir que si se ve la necesidad se haga".

El brote se localizó en el módulo que alberga a los llamados "destinos", que son personas internas que desempeñan actividades en otras zonas de este centro penitenciario.

Así, los sindicatos con representación en la prisión han solicitado que la realización de pruebas para detectar los casos de COVID-19 se extienda también a los funcionarios.

En este sentido, desde CSIF han considerado "inadmisible que se deje fuera de los cribados a los funcionarios que han estado en contacto con los casos confirmados", por lo que han remitido un escrito a la dirección del centro exigiendo que "a través del servicio de salud público de Andalucía se realice un cribado entre la plantilla del centro".

Así, tanto desde CSIF como desde Acaip-UGT han indicado que "pese a haber tenido contacto, no se han realizado pruebas a los trabajadores del módulo afectado, obviándose la gravedad de la situación".

Desde Acaip-UGT han instado a "una interpretación extensiva de los protocolos" en cuanto a los contactos, señalando que los trabajadores que han estado en ese módulo "se están haciendo ellos por su cuenta pruebas de antígenos porque no se les ha considerado contacto estrecho".

Por otro lado, según CSIF "se ha detectado al menos un caso positivo también en el Centro de Inserción Social (CIS) 'Evaristo Martín Nieto' de un interno proveniente del centro penitenciario Málaga II, y una interna que había estado en contacto estrecho se encuentra en cuarentena tras resultar negativo el test de antígenos realizado".

El 28,1% de los ciudadanos ha mejorado su relación con la familia durante la pandemia, según se desprende del V barómetro de resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) monográfico sobre 'Efectos y consecuencias del coronavirus'. Esta cifra representa seis puntos más que hace un año, con un 22,3% de los españoles que aseguraba que esta relación había mejorado, debido principalmente al confinamiento, al ser preguntados en noviembre de 2020.

El estudio de este año --basado en más de 3.097 entrevistas y realizado del 11 al 30 de septiembre-- detalla el impacto de la pandemia en las relaciones personales: para el 28,1% mejoró su relación de familia; para el 18,7%, su relación con los amigos (empeoró para el 12,8%); para el 18%, su relación de pareja; para el 17,2%, su relación con los vecinos y para el 13,9%, su relación con el entorno profesional, académico o laboral (empeoró para el 13,1%).

Por el contrario, el año pasado, durante el confinamiento empeoraron las relaciones con los amigos (para un 15,3%) aunque la relación que más sufrió durante este periodo fue la laboral, pues un 17% asegura que empeoró la relación con su entorno profesional o académico. En el resto de supuestos, apenas hay variaciones.

Por otro lado, preguntados si durante la pandemia algunas personas han cambiado costumbres o formas de pensar, el 82% de los ciudadanos afirma que se ha interesado más por la gente que le importa; el 78,7% dice haber aprendido a valorar más los beneficios de las actividades al aire libre; el 78,3% ha aprendido a valorar más las relaciones personales; el 61,7% ha disfrutado más de actividades lúdicas con sus familiares; el 60,5% ha cambiado sus valores y ahora valora y aprecia cosas que antes no; y el 52,7% se ha interesado por el futuro más que antes.

Además, para un 30,3% la pandemia ha cambiado mucho su forma de vivir y para un 35,4%, bastante; y para el 32,1% ha cambiado mucho sus hábitos sociales y de comportamiento social, y para un 35,1% bastante. Principalmente, para el 36,5%, ha cambiado su forma de vivir en la reducción, evitación o limitación de las relaciones sociales o actividades sociales o vida social; y para el 24%, ha cambiado en la limitación o disminución de salidas (actividades, paseos, ocio, viajes).

Sobre el impacto en la forma de pensar, un 11,3% dice haber tenido que adaptarse a otros hábitos y comportamientos más precavidos y sobre el impacto en hábitos sociales, un 48,4% ha reducido o limitado las relaciones sociales y familiares, mientras un 30,1% ha limitado o disminuido las salidas (actividades, paseos, ocio, viajes). En cuanto al impacto en la salud, un 21,1% dice tener ahora hábitos más saludables y cuidarse más (alimentación, deporte, caminar).

AUMENTAN LOS CONTACTOS Y LAS VIODEOLLAMADAS

Respecto a las actividades más realizadas en casa con más frecuencia de lo que lo hacían habitualmente antes de la pandemia, el 81,3% ha estado más pendiente de los miembros de su familia (contactando más por teléfono con su/s padre/madre, supervisando las tareas escolares de su/s hijos/as, etc.); y el 80,7% se ha conectado más por videollamada con sus familiares o amigos.

En la misma línea, el 74,5% ha seguido más las noticias de los distintos medios de comunicación social; el 72,3% ha visto más series, películas, documentales o eventos deportivos, etc. (en TV, tablet, PC, móvil, etc.); el 71,6% ha intercambiado más mensajes, fotos, vídeos, chistes en sus grupos de chats y el 51% ha estado más pendiente de sus redes sociales. Para el 35,2%, la realización de estas tareas hizo que se sintieran en unas cosas mejor y en otras peor.

Además, un 58,6% afirma que, a lo largo de estos meses de pandemia han estado reflexionando o pensando sobre su salud, al tomar decisiones o hacer propósitos para mejorar en este sentido; un 54,4%, su actividad física; un 46,9%, su relación con la familia; un 45,9%, sus hábitos de alimentación y un 42,1%, sus amistades y relaciones sociales.

En cualquier caso, un 78,5% de los encuestados afirma no haber hecho en estos meses algún propósito de cambio frente a un 21,2% que sí asegura haberlo hecho. De este último porcentaje, la mayoría (22,6%) detalla que está relacionado con cuidados personales, hábitos saludables, mentales y físicos; un 13,1% sobre cambio de trabajo, profesión, mejora laboral, búsqueda de empleo, ideas de negocio; un 12,2%, empezar o seguir con estudios, cursos, formación, oposiciones y un 11,9%, ser mejor persona, ser autosuficiente, dar prioridad a lo importante.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 14 años y medio de prisión por un delito de homicidio con la agravante de superioridad a una mujer que apuñaló a un joven en su domicilio, en la localidad de Cabo Blanco (Arona), en 2018.

La Sala estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la mujer contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, al igual que la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, le impuso una pena de 17 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía.

El tribunal dicta una condena por un delito de homicidio, no de asesinato, al considerar que en este caso no se ha producido plenamente la alevosía, por lo que sustituye esta agravante por la de abuso de superioridad, lo que conlleva una rebaja de la pena.

Según los hechos probados, el 4 de agosto de 2018, sobre las 10.00 horas, la acusada, con el ánimo de acabar con la vida del joven, lo apuñaló con un cuchillo de grandes dimensiones, en el domicilio de este, donde la mujer había acudido junto a su hija menor de edad.

La primera puñalada se produjo en la zona alta de la espalda de la víctima, que había ido al baño y estaba desprevenida, pero después le propinó muchas otras.

La acusada, despreocupándose del estado de la víctima, se fue a su casa donde se duchó y cambió de ropa y, posteriormente, se marchó al aeropuerto y compró un billete para el día siguiente con intención de abandonar el país con destino a Cuba, siendo detenida por la Guardia Civil antes de que pudiera conseguirlo.

La víctima fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, de Santa Cruz de Tenerife, donde fue intervenida quirúrgicamente, falleciendo a consecuencia de un shock hemorrágico hipovolémico producido por múltiples heridas de arma blanca infligidas por la acusada.

La Sala considera que el hecho probado, a tenor del veredicto del jurado, es que se produjo una primera puñalada en la zona alta de la espalda estando la víctima, que había acudido al baño, desprevenida, que después siguieron muchas otras y que algunas de ellas determinaron el fallecimiento.

La sentencia añade que declaró probado un comienzo alevoso de la agresión pero no que ese inicio marcase ya una irrecuperable --total o casi totalmente-- capacidad de defensa o generase un desequilibrio determinante y anulatorio de las posibilidades de defensa, ni tampoco que el componente alevoso persistiese.

"Lo que podía haber sido un resultado mortal producido con alevosía acabó --o pudo acabar-- transformado en una muerte dolosa en un marco ajeno a una alevosía que se había desvanecido. Al comportamiento alevoso siguen concatenadamente nuevos actos agresores despojados ya del elemento alevoso; aunque persistiendo una superioridad --basada tanto en el arma, como también en esos preliminares alevosos--. El hecho probado es compatible con esa hipótesis que empujados por la presunción de inocencia tenemos que barajar como posible", concluye la Sala.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, espera que "cuanto antes se proceda a la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dentro de la senda del "acuerdo de Estado" iniciada entre PSOE y PP, "para evitar que su bloqueo impacte negativamente en las vidas de la ciudadanía", tras la advertencia del Tribunal Supremo (TS) de que habrá mil sentencias menos al año si no se renueva dicho órgano.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba antes de clausurar el XXXV Congreso de la Unión Progresista de Fiscales 'Reencuentro Progresista', acompañada de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Llop se ha mostrado "muy satisfecha de que haya sido posible que las fuerzas políticas mayoritarias hayan llegado a un acuerdo sobre las personas candidatas a ocupar puestos en órganos constitucionales".

Y es que, según ha subrayado, "se estaba sufriendo una situación de parálisis y bloqueo institucional en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas y en el Defensor del Pueblo, que no se podía aguantar".

Sin embargo, considera que "este acuerdo de Estado, de las fuerzas políticas mayoritarias, debe trasladarse también al CGPJ", algo que cree que "es posible", después de que "hasta ahora es el PP el que ha estado bloqueando la posibilidad de acuerdo", ha apostillado.

Al respecto, la ministra ha manifestado que este viernes "el propio CGPJ ha hecho una publicación diciendo que no renovar el Consejo supone un retraso de más de mil sentencias al año". "Imaginad cómo impacta ésto en las vidas ordinarias de los ciudadanos", ha exclamado.

Así, Llop ha lamentado que "los ciudadanos van a ver retrasos en la resolución de sus asuntos porque existe el bloqueo y el incumplimiento de la Constitución".

Por todo ello, ha pedido "estar a la altura de las circunstancias y que se pueda renovar el CGPJ cuanto antes", dado que "estamos en la senda de diálogo y reencuentro institucional de los grandes acuerdos de Estado que hay que llevar y hacer en el país", ha defendido.

El Supremo ha avisado así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ. Se da la circunstancia de que PP y PSOE han desatascado la negociación para renovar órganos constitucionales con un acuerdo que cristalizó este jueves, pero de momento han dejado fuera al CGPJ.

Unidas Podemos ha exigido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no haya una respuesta institucional sobre el futuro del diputado Alberto Rodríguez hasta que no se reúna el próximo martes la Mesa de la cámara ante la "gravedad" del nuevo escrito del Tribunal Supremo, que alude a que su inhabilitación es obligada.

Así lo ha trasladado en Twitter el secretario primero de este órgano parlamentario y diputado del espacio confederal, Gerardo Pisarello, tras reprochar al presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, de ser consciente de que "dejar por escrito" que Rodríguez pierda el acta "sería prevaricar y "por eso no lo dice".

"Dada la gravedad del caso, exigimos que no haya ninguna respuesta institucional antes de que la Mesa se reúna el próximo martes" ha aludido Pisarello en referencia al escrito remitido por el alto tribunal tras la petición de aclaración que decidió remitir la propia Batet ante el debate sobre si la inhabilitación del sufragio pasivo comportaba también la pérdida del escaño para Alberto Rodríguez.

"ESTÁ FORZANDO UNA CRISIS ENTRE EL LEGISLATIVO Y EL JUDICIAL"

A su vez, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha criticado que Marchena está "forzando una crisis constitucional entre el poder legislativo y el poder judicial sin precedentes", para agregar que en ninguno de los cinco escritos cursados por el alto tribunal se alude a la obligación de quitarle el escaño al diputado, pues "saben que eso sería prevaricar".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que el nuevo escrito de Marchena "deja claro" que el diputado de su formación Alberto Rodríguez "no debe perder el escaño".

"Dos veces habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y ninguna de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe", ha lanzado en Twitter.

Junto a Echenique también se ha pronunciado el diputado de Unidas Podemos y secretario tercero de la Mesa de la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, al destacar que Marchena "no se atreve a poner por escrito" que haya que quitarle el escaño a su compañero de bancada, porque la sentencia "no dice eso".

"Pretende que lo haga la presidenta del Congreso para que cuando esta aberración llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda decir que él no es responsable", ha criticado Sánchez Serna.

CRONOLOGÍA DE LA POLÉMICA

El nuevo oficio se produce después de que Batet solicitara al Alto Tribunal que aclarara el alcance de la pena al diputado por delito de atentado a la autoridad en lo concerniente a si la inhabilitación supone retirarle el acta, dado que el parlamentario ya ha abonado la multa sustitutiva por los 45 días de prisión decretados en la resolución.

Todo ello tras el escrito del miércoles del Supremo en reacción al acuerdo de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, concluyera el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

El grupo confederal respaldó esta nueva petición de aclaración al TS dado que en el fallo condenatorio no existe "nada" en el que se infiera que debe perder el escaño. Y en este sentido, advirtió al alto tribunal que esclarecer no puede comportar "inventar algo que no está en la sentencia".

De esta forma, Unidas Podemos subrayó que privarle de su condición de parlamentario hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara "prevaricación", una "barbaridad" y una "vergüenza" para España.

Un total de 7.835 incendios forestales se han contabilizaddo en España desde el 1 de enero hasta el 17 de octubre, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que señala que la cifra es un 25 por ciento menor a la media del último decenio, que se sitúa en 10.496 siniestros.

Sin embargo, pese a reducirse el número de fuegos, la superficie total quemada en el conjunto de España ha crecido un 5 por ciento respecto a la media decenal, hasta las 85.959,88 hectáreas, una cifra que para el Miteco está "muy influenciada" por el gran incendio que ocurrió este verano en Navalacruz (Ávila), que fundamentalmente afectó a superficie e pastos.

En total, de los 7.835 siniestros, el 67 por ciento (5.227) fueron conatos, con una superficie quemada menor a una hectára y el 33 por ciento restante, 2.608, fueron incendios, con más de una hectárea afectada, de los que 20 enengrosan la categoría de grandes incendios, al haberse calcinado en ellos más e 500 hectáreas.

De acuerdo con los datos, el año 2021 --hasta la fecha-- se sitúa como el tercer mejor año de la última década por número de incendios, por detrás de 2020 y 2018. De ellos, el 41,37 por ciento de los fuegos se contabilizó en la zona noroeste, el 36,77 por ciento en las comunidades interiores, el 21,31 por ciento en la región Mediterránea y el 0,55 por ciento en Canarias.

Por tipo de vegetación, las más afectadas fueron las comunidades interiores (Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) que asumen casi la mitad (48,19 por ciento) de la superficie forestal quemada y el 39,33 por ciento de la superficie arbolada quemada.

Otro de los aspectos que marcan este 2021 es el repunte en el número de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie afectada y que, hasta el 18 de octubre, asciedenden a una veintena. Entre ellos, cabe recordar el de Navalacruz (Ávila) que arrasó 21.312 hectáreas y se ha convertido en el segundo mayor de esta década; seguido por el de Jubrique (Málaga), con 7.664 hectáreas quemadas.

De hecho, solo estos dos incendios copan el 61 por ciento del total de la superficie forestal afectada por GIF en el verano (47.844,53 ha.) y un 34 por ciento de la superficie forestal afectada por el total de los incendios producidos en España hasta el momento.

Precisamente, el MITECO valora que el incendio de Navalacruz ha contribuido a que a pesar de que 2021 está siendo un año con un 25 por ciento menos incendios, la superficie quemada es un 5 por ciento mayor.

Por otro lado, informa de que el Gobierno ha prestado ayuda a las comunidades autónomas con 1.030 intervenciones en 329 incendios forestales de los 7.835 totales.

De cara al otoño y el invierno, que tienen menor riesgo de incendios que el verano, el MITECO mantendrá un dispositivo fuera de estos meses que pueda prestar ayuda en cualquier punto del territorio nacional. En concreto, informa de que a partir del 31 de octubre permanecerán operativos 2 aviones anfibios de gran capacidad, todos los días del año; 5 helicópteros de gran capacidad, entre los meses de febrero a mayo; 1 avión de coordinación y observación, entre los meses de febrero a junio; 5 BRIF con helicóptero de transporte y extinción, entre los meses de febrero a abril y 10 brigadas disponibles todos los días del año.

Por otro lado, tras la campaña de verano el MITECO activa como medios de prevención 10 Brigadas de Labores Preventivas (BLP) y 21 Equipos de Prevención de Incendios Forestales (EPRIF).

Finalmente, recuerda que España colabora activamente en el programa ResceEU de la Comisión Europea en la extinción de incendios con dos aviones anfibios de gran capacidad que están disponibles desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre para dar apoyo a los países que lo soliciten. Durante esta campaña, los medios aéreos del MITECO han realizado 17 intervenciones internacionales para apoyar a Grecia, Turquía y Portugal en la extinción de los incendios declarados durante este verano.

Los cerca de 500 participantes del XV Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre han concluido que educar en ecología a la población es una "necesidad urgente" para transferir los conocimientos científicos a la sociedad y de esta manera, concienciarla.

El congreso, que se ha desarrollado durante 4 días, del 18 al 21 de octubre, se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia (Cáceres) para compartir conocimientos y buscar respuestas para frenar las alteraciones del cambio global.

Los impulsores del Congreso son la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), que forman más de 800 profesionales de la ecología y el medioambiente, apoyada por la Universidad de Extremadura, el Instituto de Investigación de la Dehesa (Indehesa), la Junta de Extremadura y las entidades Fundecyt PCTEX y AllGenetics.

En el congreso se han compartido 450 trabajos científicos sobre los diferentes cambios detectados en la naturaleza y los participantes analizaron cómo la ecología ayuda a afrontar los retos derivados del cambio social entre ellos la pérdida de biodiversidad o la degradación de los ecosistemas.

Por último, la AEET ha galardonado con los 'Premios Luis Balaguer' que reconoce la trayectoria de los investigadores a la investigadora especializada en el estudio del impacto de plantas invasoras, Montse Vilà, y el profesor investigador del CSIC que dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Fernando Valladares, premiado por la transferencia de conocimientos a la sociedad.

El presidente de la AEET, Ignasi Bartomeus, asegura que la ecología da "señales muy claras de que es el momento de actuar y tenemos claroqué podemos hacer para revertir o atenuar los efectos negativos del cambio global, por eso demandamos que se ponga en práctica el conocimiento ecológico generado", ha dicho.

Por su parte, la investigadora del Departamento de Medio Ambiente y Agronomía del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Marta Goberna, señala las dificultades que encuentran a la hora de transmitir a la sociedad que hay determinadas prácticas humanas que rompen los equilibrios naturales, lo que frena el impulso de actividades que respeten este equilibrio".

Unas 100 personas se han manifestado ante las puertas del Liceo Caracense de Guadalajara, a raíz de que desde este centro educativo se haya comunicado a una alumna de 12 años, de padres de religión musulmana y de nacionalidad española, que no puede entrar con el velo en clase.

Según la madre, Sana Mahir, desde que su hija decidiera, hace varias semanas, ponerse el velo "por su propia voluntad", la dirección del centro le advirtió que no podía llevarlo en el aula porque estaba infringiendo las normas de convivencia, organización y funcionamiento (NCOF) del propio centro, advirtiéndola de que había que respetar estas normas y que en caso contrario, el no hacerlo podría conllevar la suspensión, de momento, del derecho a asistir a clase por un periodo de quince días.

Para Sana, "esto es solo es una norma, no una ley", y ha asegurado que, desde entonces, toda la familia "está sufriendo mucho porque la niña lleva dos semanas sin asistir a clase. La dejan fuera", ha asegurado, versión que se contradice con la que ha ofrecido la Consejería de Educación tras hablar con el centro.

Pero la familia ha insistido en que niña entra cada día en el instituto pero que no la dejan acceder al aula y es que, aunque no ha sido expulsada, si ha sido advertida de que si no se pone el velo no puede entrar en el aula. "Este rechazo le hace mucho daño", ha dicho Sana.

Aunque desde la Delegación de Educación se ha ofrecido a la familia la opción de que su hija siga los estudios en otro centro educativo donde no rigen las mismas normas, ya que cada uno tiene las suyas, la familia no quiere que se marche a estudiar a otro instituto porque este les gusta.

"Es un centro público y en España no hay ninguna ley que prohíba llevar el velo", ha apostillado tras insistir en que su hija "es más española que árabe y sabe hablar español aunque es también musulmana", ha subrayado.

La Delegación de Guadalajara está tratando de mediar para que no salga perjudicado el centro pero tampoco la alumna, a la que se ha ofrecido acudir a otro instituto pero ni la familia ni ella quieren esa decisión.

Desde la Consejería de Educación, pese a admitir que este tipo de normas dependen de cada centro y no de la Consejería, han apuntado que la alumna puede asistir a clase pero que como el Liceo tiene unas normas de funcionamiento, si no se cumplen, se da un aviso previo para que se cumplan. De momento, ya ha recibido una amonestación por la cual, si se reitera en no cumplir las normas, no podrá asistir a clase en quince días.

Unas normas de convivencia que la Delegación de Educación, en coordinación con el centro educativo, están analizando pero que han sido aprobadas en un Consejo Escolar.

El presidente de la Generalitat, Pera Aragonès, ha pedido este viernes al Gobierno que mantenga los fondos Covid o un instrumento equivalente" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras advertir de que la pandemia del coronavirus aún no ha terminado.

"El fondo Covid permitía un refuerzo para la sanidad pública, y no está previsto que este fondo tenga continuidad en los próximos PGE. Es importante que este fondo o un instrumento equivalente se puede incorporar", ha reclamado en rueda de prensa acompañado de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien se ha reunido en el Palau de la Generalitat.

Y es que, según Aragonès, aún hay personas enfermas y hospitalizadas por Covid y ha advertido de que se acerca el invierno y tocará "gestionar la pandemia, con la esperanza de que se mantenga en los niveles actuales".

Aragonès y Armengol han repasado la situación sanitaria en ambas comunidades y han abordado las medidas que han llevado a cabo para combatir el virus, pero también han constatado que comparten intereses "en materia cultural, de historia y de futuro, especialmente en retos como el económico, ambiental, social y mediterráneo".

Sobre los PGE, la presidenta Balear ha defendido que son "buenos en términos de políticas sociales, auque hay algunas cuestiones que hay que replantear", pero ha celebrado que por primera vez haya una partida que reconoce el factor de insularidad de las Islas Baleares para equilibrar el déficit.

Armengol ha recordado que se aprobó un decreto ley en 2019 sobre un régimen fiscal especial para Baleares, y que quedaban por implementar el factor de insularidad que se ha conseguido en estos PGE y "queda la parte del régimen fiscal", para lo que se ha emplazado a trabajar con el Gobierno en las comisiones bilaterales y se ha mostrado convencida de que conseguirán un acuerdo.

Preguntada por si ha intentado convencer a Aragonès para que ERC apoye las cuentas, Argmengol ha asegurado que habla como presidenta de la Islas Baleares: "No soy nadie para valorar lo que hacer ERC en el Congreso", ha zanjado.

FINANCIACIÓN

En materia de financiación, Aragonès ha asegurado que ambos territorios quieren ser responsables de los recursos fiscales que generan y poderlos administrar, pese a admitir que los horizontes políticos de futuro que plantean son "diferenciados".

Por su parte, la presidenta Armengol ha asegurado que Catalunya y Baleares tienen similitudes en cuanto a perjuicios en la financiación autonómica, y ha añadido que "desde el respeto absoluto del planteamiento del Govern catalán, es importante trabajar conjuntamente" en este asunto.

"Compartimos con Cataluña esta infrafinanciación histórica", ha insistido la presidenta balear, que ha defendido que tanto Cataluña como las Islas son territorios que han aumentado su población, y ha pedido que el Gobierno tenga la mirada puesta en los territorios que tienen un mayor crecimiento poblacional a la hora de fijar la financiación.

Ha apostado por un nuevo sistema de financiación, con "criterios de ordinalidad y mayor corresponsabilidad fiscal", y ha reconocido que cada gobierno tienen sus propias estrategias pero ambos quieren las mejores garantías para los ciudadanos que representan.

VISITA A PALMA

Tras la visita de Armengol al Palau de la Generalitat, Aragonès ha anunciado que a finales de noviembre será él quien viaje a Palma de Mallorca para reunirse con la presidenta del Govern balear con voluntad de "fortalecer las relaciones" entre ambos territorios.

"Somos dos territorios hermanos, tenemos muchos intereses compartidos, un pasado y sobre todo un futuro compartido que tenemos que trabajar conjuntamente", ha zanjado.

La presidenta balear, que ha celebrado que a finales de noviembre Aragonès vaya a Mallorca a reunirse con ella, ha asegurado que siempre ha habido la misma voluntad de diálogo y colaboración institucional con Cataluña, ya que son territorios con "muchos lazos comunes", al ser preguntada por si ha notado cambios en la relación con la Generalitat catalana respecto a cuando la presidía Quim Torra.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado este viernes el compromiso del Ejecutivo central por cambiar normativas urbanísticas y administrativas para tratar de agilizar la reconstrucción en La Palma una vez acabe la erupción volcánica.

En una rueda de prensa celebrada en la capital palmera tras reunirse con las autoridades locales y regionales, ha dicho que se ha creado un grupo de trabajo liderado por el Gobierno canario para que, "con esfuerzo creativo", se busque la manera de agilizar plazos en diversos campos.

Así, ha dejado claro que "el problema no puede ser la burocracia" si bien ha reconocido que hay ciertos trámites que se tienen que "cumplir" porque se manejan muchos recursos económicos públicos y todo se debe manejar con la mayor "transparencia".

Al igual que el resto de ministros, ha destacado la "coordinación" entre administraciones para afrontar la emergencia y la reconstrucción, algo que hace "más fuertes" a las instituciones públicas y da "seguridad" a los ciudadanos.

En esa línea, ha mostrado su "admiración profunda" por el Cabildo de La Palma y los alcaldes de los tres municipios afectados --Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte-- pues "son pieza fundamental" del Estado y "han tenido preocuación" por el discurrir de la erupción.

Rodríguez ha resaltado también que la gestión de la emergencia ha sido "exitosa" por esa colaboración administrativa y también por la comunión con la comunidad científica, y espera que siga así para lanzar la reconstrucción. "Nos dimos la mano al principio de la emergencia y no la vamos a soltar", ha señalado.

500.000 EUROS LA PRÓXIMA SEMANA

La ministra ha advertido de que "esto acabará cuando se recupere la vida y la normalidad" de los ciudadanos y no se trata solo de aportar ayudas o inversiones en infraestructuras sino de "la voluntad de participar en la recuperación", de ahí que haya una "relación intensa" incluso entre todas las áreas del Gobierno.

En ese sentido, ha anunciado que a comienzos de la próxima semana su ministerio transferirá al Cabildo de La Palma una primera partida de 500.000 euros --de un fondo de 38 millones-- para ayudar en los primeros costes relacionados con las carreteras.

Ha dicho que el Ejecutivo tiene "la voluntad es hacer todo lo posible para dar una respuesta ágil" a las necesidades de los ciudadanos y ha puesto como ejemplo las medidas tomadas durante la pandemia para hacer frente a los efectos de la Covid-19.

De esta forma, ha dicho que las administraciones serán capaces de "armar" nuevos mecanismos que permitirán agilizar los trámites y así "gestionar el mañana" en la isla, con nuevas normas urbanísticas y la promoción del territorio para ganar en "oportunidades".

El consejero de Seguridad y portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha mostrado el "pleno respaldo" del Ejecutivo a las peticiones del Cabildo y los ayuntamientos y valorado que los ciudadanos perciban que las administraciones están "juntas" para afrontar la emergencia y la reconstrucción.

MÁS PERSONAL Y LIQUIDEZ

Por ello, ha comentado que "es necesario generar normas legales para tener procedimientos más rápidos y eficaces" y así, aparte de que haya cantidades económicas, que es importante, poder "sembrar esperanza" entre los ciudadanos y "aligerar" la reconstrucción.

No obstante, ha apuntado que "es imposible fijar plazos" porque hay que darle una vuelta a las normas urbanísticas, ambientales y administrativas y sin "ideas preoconcebidas", poniendo como ejemplo que "a lo mejor la lava no es intocable".

Según Pérez, "frente al terrible impacto de la erupción no podemos responder con la normalidad habitual, hace falta una legislación de emergencia para la reconstrucción".

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha valorado también el "compromiso" del Estado con la reconstrucción en uno días "duros" a raíz de la llegada de la lava al barrio de La Laguna y espera que los nuevos núcleos que se creen tras la erupción mantengan el "arraigo" de las personas afectadas.

Ha demandado a la ministra la necesidad de disponer de más personal en las administraciones y más liquidez económica y una "reformulación" de la normativa urbanística para poder reconstruir las zonas afectadas y dar "soluciones de emergencia" a los vecinos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén, dictada en marzo de este año, y en la que se condenaba a 27 años de cárcel a un hombre, de 56 años, por abusar sexualmente durante seis años consecutivos de las dos sobrinas de su entonces pareja, cuando las niñas tenían seis y nueve años.

En concreto, la sentencia, según ha informado el TSJA, le condena por dos delitos continuados de abusos sexuales y otro de corrupción de menores. Además de la pena de prisión, se le condena a indemnizar a cada una de las dos menores en 50.000 euros, y al pago de todas las costas.

Los hechos sentenciados y ahora ratificados por el TSJA, se remontan al periodo comprendido entre 2011 y 2017. Durante estos años, las dos menores, que declararon a puerta cerrada durante el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén, padecieron numerosos episodios de abusos sexuales con y sin acceso carnal por el que consideraban su tío. Además, en el teléfono móvil del acusado se encontraron vídeos y fotografías de una de las menores en situación de alto contenido sexual.

De esta forma, el tribunal considera como hechos probados que el procesado sometió a la menor a sesiones fotográficas donde "aparecía desnuda o le decía que se hiciese ella fotografías, indicándole como tenia que hacerlas y se las enviase a él, realizándole también al menos siete videos". Además, recoge la sentencia que "cuando la menor se negaba doblegaba su voluntad con regalos", y además da por probado que el procesado envió estas fotos y videos a terceras personas.

Como consecuencia de estos hechos, las dos menores han visto"afectado seriamente su desarrollo emocional y presentan sintomatología depresiva, agresividad, desconfianza generalizada, sentimientos de vergüenza y culpabilidad", además de haber repercutido negativamente en su rendimiento académico.

Fue durante un estudio que estaba realizando la UJA en un centro escolar donde una de las menores acabó respondiendo en un cuestionario que había sido víctima de violencia sexual. A partir de aquí se informó a los padres que acabaron denunciando el caso.

El acusado, durante el juicio celebrado en febrero de este año, señaló que las acusaciones de las menores eran "inauditas" y negó su veracidad, pero el tribunal entiende que "las declaraciones de las menores reúnen todos losrequisitos exigidos por la jurisprudencia para la destrucción de lapresunción de inocencia del procesado con respecto a los delitos" por los que finalmente se le condena.

Las dos niñas, primas entre sí, pasaban tiempo en la casa de su tía, en Jaén capital, donde desde 2009 y hasta 2016 residió también el acusado mientras duró la relación sentimental.

Cuando se destaparon los vídeos, fue el propio acusado el que en enero de 2019 entregó su móvil en la comisaría donde a pesar de haber borrado archivos, la Policía localizó los archivos y fotos, así como conversaciones con una de las menores donde el acusado, entre otros términos, se dirigía a ella como su "amor".

La sentencia todavía no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo (TS).

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha anunciado este viernes que aspirará a recuperar la alcaldía en 2023 para que la ciudad "vuelva a tener el alcalde que quiere la mayoría".

Lo ha dicho en una comparecencia después de que esta mañana los grupos de la oposición --PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts-- hayan registrado la moción de censura para desplazarlo de la alcaldía por su aparición en los 'Pandora Papers', y que con toda probabilidad prosperará y hará alcalde al socialista Rubén Guijarro en un pleno previsto para el próximo 8 de noviembre.

"Si alguien cree que a medio plazo seguirá ganando en los despachos lo que no gana en las urnas es que no conoce a esta ciudad y no me conoce a mi, los vecinos lo dejarán claro en las próximas elecciones municipales del 2023", ha dicho.

El líder popular también ha tachado de "tremendamente injusta" la moción de censura, y ha admitido visiblemente emocionado que está viviendo momentos duros a nivel familiar, personal y político, así como que esta era la comparecencia más difícil de su vida.

Asimismo, ha dicho que la moción encabezada por el PSC y la CUP, según él, no es por una decisión que se adoptó hace 16 años, sino que se sustenta en la "incapacidad y en la impotencia política" de ver cómo el proyecto del PP en la ciudad cada día tiene más apoyo, tanto en la izquierda como en la derecha.

También ha destacado que cuando en 2015 el PSC regaló la alcaldía a la CUP y en 2019 la CUP se la regaló a los socialistas --en sus palabras-- no había sobre la mesa ningún poder mercantil como excusa a la que acogerse.

El popular también ha destacado la labor de su equipo durante el tiempo que ha sido alcalde y que "no ha pasado ni una sola semana" en que la oposición no reclamase una moción de censura.

Además, ha dicho que según él, la gran tragedia de Badalona es la desconexión y alejamiento que los partidos de la oposición tienen con el sentimiento real y mayoritario de sus vecinos y que la ciudad no puede seguir en manos "del odio y el resentimiento del partido socialista y la CUP".

También ha insistido en que los barómetros muestran la confianza que los vecinos tienen en su proyecto y ha reprochado a la oposición que ellos no la tienen, al igual que tampoco disponen de un proyecto de ciudad ni de horizonte de futuro, según él.

Albiol recuperó la alcaldía de Badalona en mayo de 2020 tras dimitir el anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, y después de que los grupos municipales no lograran cerrar un acuerdo para articular un gobierno alternativo --Albiol fue investido al haber sido el más votado en las elecciones--.

El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 11 concejales del PP; seis del PSC --liderado en la ciudad por Rubén Guijarro--; cuatro de Guanyem Badalona; tres de ERC; dos de Badalona En Comú Podem, y uno de Junts.

El 65% de los españoles ha pensado alguna vez que podría morir por coronavirus, lo que supone que ha aumentado este miedo en la población española con respecto a noviembre del 2020 cuando un 58 por ciento admitía haber tenido este temor, según se desprende del V Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) monográfico sobre 'Efectos y consecuencias del coronavirus'.

El estudio, basado en más de 3.097 entrevistas y realizado del 11 al 30 de septiembre, muestra que el 61,6 por ciento ha tenido miedo a enfermar desde que se declaró la pandmeia; un 52 por ciento iedo por no recuperar su vida tal como era antes de la pandemia; y el 40 por ciento ha sentido dolor por la pérdida de algún familiar, amigo o conocido a causa del coronavirus.

Nuevamente, muy centrado en la salud mental de los españoles durante la pandemia, observa que el 56 por ciento de la población no está deprimido aunque sí, a veces, se siente triste; del mismo modo, un 60 por ciento no se siente solo nunca, aunque sí se siente preocupado a veces.

Un 54% afirma sentirse a veces tenso o ansioso frente al 25 por ciento que no se siente nunca así y el 14% que dice estar casi siempre en esta situación; mientras que a veces el 34 por ciento se siente deprimido, mientras un 28 por ciento se siente solo. Es positivo que solo el 9 por ciento afirme sentirse siempre preocupado, un 4 por ciento triste y un 3 por ciento deprimido.

Preguntados por estos mismo sentimiento durante la última semana, un 62 por ciento afirma que en ningún momento o casi en ningún momento se ha sentido deprimido, un 72 por ciento no se ha sentido solo y un 53 por ciento no ha estado triste; mientras que en algún momento la mitad de la población se ha sentido preocupado, y el 36 por ciento triste o estresado.

En el lado positivo, todo o casi todo el tiempo, o buena parte del tiempo, el 66,6 por ciento afirma haberse sentido feliz; relajado (61%), ha tenido la sensación de disfrutar de la vida (59%); se ha sentido lleno de energía y vitalidad (56%); y se ha sentido realmente descansado al levantarse por las mañanas (52%).

La crisis del coronavirus ha tenido efectos en la salud emocional de toda las personas, según afirma el 80 por ciento de la población; mientras que el 17,5 por ciento considera que solo se han visto afectados los que la han sufrido directamente.

No obstante, solo el 11,4 por ciento ha pedido ayuda de un profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional; el mismo porcentaje de población que ya recurria aun especialista antes de ser declarada la pandemia. De estos, un 58,6 por ciento ha acudido al psicólogo, un 31,7 por ciento ha acudido al médico de cabecera, un 22,4 por ciento al psiquiatra y un 2,3 por ciento al terapeuta.

Preguntados por si algún familiar ha tenido que recurrir a alguna ayuda profesional debido a su estado de ánimo o situación emocional, el 22 por ciento ha contestado afirmativamente. Siendo nuevamente el psicólogo el profesional más demandado (75%), seguido del psiquiatra (26%) y el médico de cabecera (12%).

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que su formación no descarta una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque aboga por la vía del diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos en beneficio de Cataluña.

"Nosotros no descartamos nada en estos momentos. Tenemos unos días para negociar hasta que tengamos el tiempo de presentar o no la enmienda a la totalidad. No es nuestra intención evidentemente", ha avisado Cleries en una entrevista en el programa Parlamento de 'RNE'.

El portavoz de Junts ha asegurado que su partido tiene la voluntad de negociar los presupuestos "desde la exigencia y responsabilidad" aunque critica que el contexto "no ayuda mucho", refiriéndose a la ejecución presupuestaria del Gobierno en Cataluña que, asegura, "deja mucho que desear".

"Yo no sé qué opinan hoy los que ayudaron a aprobar los presupuestos del año pasado, porque quien lo haya hecho se ha de sentir muy defraudado. Ha sido un engaño en toda regla", se ha expresado Cleries.

Con todo ello, Cleries avisa de que Junts intentará negociar con el Gobierno diversos puntos como un acto de "responsabilidad" con las inversiones en Cataluña pero con unas "condiciones clarísimas". "No estamos dispuestos a que nos engañen. Abiertos al diálogo, sí, pero ningún compromiso a cambio de nada", ha insistido.

En otro orden de cosas, ha celebrado el "cambio de actitud" por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, asegura, "se acerca más a nuestro planteamiento" y son "bienvenidos a esta forma de ser exigentes en los presupuestos".

En este sentido, ha subrayado que Junts sigue pidiendo hacer una "negociación conjunta" con ERC en "unos cuantos puntos", pero que aún Esquerra no lo ha aceptado: "En estos momentos Esquerra no ha aceptado, no ha dicho que sí, pero nosotros estamos abiertos en esta recta final de negociación a hacerlo conjuntamente", ha manifestado.

El tiempo libre educativo ha tenido "un papel clave" y ha mejorado la gestión emocional que los adolescentes y jóvenes han hecho de la pandemia, según un estudio que dibuja por primera vez un mapa del ocio educativo en España y que ha detectado al menos 1.259 entidades.

El informe 'El tiempo libre educativo en España: un impulso para la promoción de la infancia y la juventud' es un encargo de la Federación de Entidades Cristianas de Ocio Didania y la Fundación Promesa, y se ha presentado este viernes en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de Barcelona, responsable del estudio y vinculada a la Universitat Ramon Llull (URL).

El estudio enumera los beneficios y aportaciones del tiempo libre educativo en el desarrollo y aprendizajes en cuatro ejes: la construcción de identidad y personalidad de niños y adolescentes, la participación social y ciudadana, las competencias académicas y de empleabilidad, y la cohesión social.

Estas líneas de trabajo se han relacionado con 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y la educación de calidad.

El director de la Fundación Promesa, Jesús Poudereux, ha afirmado que la presentación del estudio este viernes es el "pistoletazo de salida del siguiente escalón" de su estrategia, que es comunicarlo a todas las partes implicadas, porque ha considerado que todo aquello que ni se conoce ni se ve no existe.

AFECTACIÓN POR LA PANDEMIA

Las principales dificultades de las entidades durante la pandemia han sido la adaptación al formato virtual; la falta de recursos a la hora de recuperar la presencialidad; y también mantener el contacto, sobre todo con los niños más pequeños, por lo que algunas entidades optaron por incrementar sus actividades superado el confinamiento para llegar al mismo número de participantes.

Algunos de los aprendizajes por parte de las entidades, recogidos en el estudio a raíz de la pandemia, han sido la superación de la brecha digital con recursos tecnológicos, "muy beneficiosos si se les da un buen uso", y una alta capacidad de adaptación de las entidades.

Al mismo tiempo, se ha evidenciado la necesidad de formar a los profesionales para mejorar la gestión de los temas psicológicos y la salud emocional, o de ofrecer ayudas económicas a las familias para garantizar la equidad.

MENOS FRACASO ESCOLAR Y MÁS EMPLEABILIDAD

Sobre las aportaciones del ocio educativo, la investigadora Eva Palasí ha destacado la "calidad de las relaciones que se generan en este tipo de programas": el grupo comparte experiencias y retos que generan lazos y vínculos estrechos que estimulan, entre otros, la autoestima, los hábitos saludables, la capacidad crítica y la tolerancia de los participantes.

También ha explicado que, según el estudio, el ocio educativo fomenta la reducción del fracaso escolar y también mejora la empleabilidad de los participantes porque adquieren competencias como el trabajo en equipo; además, compensan el posibles déficit en un ámbito familiar o escolar.

En cuanto a los beneficios sociales, Palasí ha destacado que el ocio educativo plantea la diversidad como "fuente de creatividad y no de conflicto", a la vez que fomenta dinámicas de intercambio y cooperación en ambientes de diversidad comunitaria.

El equipo de investigadores ha planteado 12 retos de cara al futuro del sector, entre ellos garantizar la equidad en el acceso al ocio educativo e implicar a las entidades del sector público y privado para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

ALCANCE MUNICIPAL Y VOLUNTARIADO

Sobre la actividad del ocio educativo en España, "una amplia mayoría" --superior al 88% de las entidades encuestadas-- tiene un alcance municipal, el 40% de ellas cuenta con más de 150 participantes, un 74,2% no dispone de personas asalariadas y, además, más del 39% cuenta con al menos entre 11 y 25 voluntarios.

Estas conclusiones se han extraído de una encuesta realizada a 271 entidades sin ánimo de lucro, de las 1.259 identificadas, además de cuatro grupos focales de estudio.

El líder del PSC en Badalona (Barcelona), Rubén Guijarro, ha asegurado que quiere abrir un período de "dignidad" en la ciudad tras la moción de censura que ha presentado junto al resto de partidos de la oposición al actual alcalde, Xavier García Albiol (PP), por su aparición en los 'Pandora Papers'.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa después de que los grupos municipales de PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts hayan registrado formalmente la moción de censura en las oficinas municipales de El Viver y que, con toda probabilidad, le convertirá en nuevo alcalde en el pleno previsto para el 8 de noviembre

Guijarro ha reprochado a Albiol su "atrincheramiento constante en la mentira y en la no dimisión", y ha asegurado que el alcalde debería haber dejado la alcaldía.

"Badalona no merece estar en el foco mediático de esta forma. Queremos acabar con estas praxis, esta imagen y la sombra de la corrupción del PP que ha quedado en las instituciones" de la ciudad, ha añadido.

El concejal socialista ha afirmado que las conversaciones para formar el nuevo gobierno "están abiertas para todos aquellos que quieran participar de un proyecto que deje atrás la oscuridad y la corrupción".

RESTO DE LA OPOSICIÓN

La concejal de Guanyem Badalona --grupo que se presentó a las municipales con la cabeza de lista de la CUP a las catalanas, Dolors Sabater--, Carmen Martínez, ha instado encontrar la "mejor fórmula" para tejer un gobierno estable y fuerte para la ciudad.

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Alex Montornès, ha celebrado que se haya registrado la moción de censura para "echar a un alcalde corrupto", y ha añadido que se abre una etapa de ilusión.

La presidenta del grupo municipal de Badalona En Comú Podem en el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Aïda Llauradó, ha dicho que gracias a la moción de censura se podrá "dejar atrás la corrupción, el racismo y el populismo".

Por su parte, el concejal de Junts en Badalona, David Torrents, ha pedido trabajar para que el nuevo gobierno rescate la ilusión de los vecinos: "Me enorgullece echar a Albiol de la alcaldía de Badalona. Fue la bestia negra del independentismo siendo diputado en el Parlament", ha añadido.

El major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha instado a revisar el trato a los detenidos y aspectos del procedimiento de los arrestos: "'Siempre lo hemos hecho así' no es un argumento", ha zanjado.

"Tenemos que pensar por qué un detenido no puede leer o un libro o tiene que estar en la planta -3", ha dicho durante su intervención este viernes en la celebración del Dia de les Esquadres de los Mossos.

También ha planteado revisar por qué las medidas tienen que ser las mismas para todos los arrestados, sin tener en cuenta la gravedad del delito que hayan cometido o su peligrosidad, y ha deseado "un acuerdo policial que asuma que una detención no es un trámite, es poner a una persona en una situación donde sus derechos están especialmente limitados".

Ha continuado afirmando que la misión principal de un cuerpo policial defender derechos y libertades, y cree que en este punto suele hacerse "una lectura que va poco más allá del ejercicio de la protesta", aunque según él hay otros ámbitos a los que afecta, y ha mencionado la prevención y la investigación criminal.

"SUMAR CON EL RESTO DE INSTITUCIONES"

Trapero ha mantenido que "la policía debe sumar con el resto de instituciones para ser un norte en la brújula, especialmente en momentos de miedos"

Respecto a cómo le gustaría que avance el cuerpo, también ha deseado que los Mossos "se relacionen con el resto de cuerpos sin competir, colaborando".

Al empezar su discurso, Trapero ha saludado a las autoridades que han asistido al acto, y entre ellas se ha detenido en el hasta jefe superior de Policía en Cataluña, José Antonio Togores, que ya ha sido destinado a Melilla y al que el major ha saludado "en su último acto en Cataluña" antes del cambio de destino.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado el informe del Gabinete Técnico en el que se avisa de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicará que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, apuntan que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.

El Supremo advierte así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia de que PP y PSOE ha desatascado la negociación para renovar órganos constitucionales con un acuerdo que cristalizó este jueves, pero de momento han dejado fuera al CGPJ.

El informe aprobado recalca que de prolongarse en el tiempo esta situación, se convertirá en "insostenible" e implicará que se dicten "aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".

El informe del Gabinete Técnico analiza la compleja situación que afronta el tribunal con 11 plazas sin cubrir (un 14 por ciento de su plantilla de 79 magistrados), que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20'25 por ciento de su plantilla vacante.

"Una situación --según señala el informe del Gabinete Técnico-- que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial", apuntan.

BLOQUEO A PESAR DEL SOBREESFUERZO

El Supremo indica que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión y que no se remedia "por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo" de asignar más ponencias a los magistrados porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas Jurisdicciones requiere un estudio y deliberación "muy reflexivo y cuidado de los recursos".

REPERCUSIÓN EN TODOS LOS ESCALONES

El Supremo añade que la dilación en el tiempo de la admisión de las casaciones repercutirá también, según el informe, sobre el conjunto de todos los escalones jurisdiccionales, al retrasarse en igual medida la solución jurisprudencial para las cuestiones problemáticas que se suscitan ante los tribunales de instancia, "y que podrían solventarse con rapidez y seguridad jurídica si el Tribunal Supremo estuviera en condiciones de resolver con agilidad y detenimiento la correcta interpretación y aplicación de las normas en juego".

El informe aprobado destaca que "la imposibilidad legal del CGPJ en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos para cubrir las vacantes unida a la incertidumbre sobre cuando se constituirá el nuevo Consejo, hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado".

"En la actualidad con una plantilla un 14 por ciento inferior a la legalmente prevista, y en pocos meses (a finales de octubre de 2022), de perdurar esta situación, con una disminución del 20 por ciento de las plazas. Y todo ello en un contexto de crisis económica, social y sanitaria que es notorio está incrementando la litigiosidad", inciden.

Por otro lado, recuedan que el Tribunal Constitucional ha reiterado en multitud de ocasiones en su doctrina que la justicia tardía no es verdadera justicia pues puede suponer un menoscabo de la tutela judicial efectiva.

"Pues, bien, esta situación no va hacer otra cosa que demorar la resolución de multitud de recursos en las correspondientes salas, con el grave perjuicio que ello supone tanto para el justiciable como para la imagen de la justicia en la conciencia ciudadana, cuyo fortalecimiento es clave para el mantenimiento de la paz social", dice el informe.

Por todo ello, concluye el informe que es "imprescindible la pronta cobertura de las vacantes existentes en el Tribunal Supremo así como las que de forma inminente van a producirse, si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país".

El documento hace un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala Segunda, la de lo Penal, a la que la falta de cobertura de vacantes no le afecta en el futuro inmediato, en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas vacantes.

Se subraya que en la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) hay actualmente seis vacantes sin cubrir (casi un 20 por ciento de la plantilla), a las que sumarán dos más en marzo y abril de 2022, "con grave perjuicio en la pendencia y tasa de resolución, siendo muy probable que se alcancen las 450 sentencias menos en cómputo anual".

Por su parte, en la Sala Primera (de lo Civil), se destaca que la vacante que está actualmente sin cubrir representa un 10 por ciento de la planta, además de que la anterior vacante tardó seis meses en cubrirse. Todo ello se considera "un evidente perjuicio" en una sala ya sobrecargada de trabajo, y que, de persistir la situación, se calcula que dictará 100 sentencias anuales menos.

Respecto a la Sala Cuarta (de lo Social), con tres vacantes actualmente y otras dos previstas (incluida su presidenta) para antes de octubre de 2022, se resalta que es prácticamente un 40% menos de su planta de 13 magistrados, lo que sería absolutamente insostenible y podría llevar al colapso total, con 400 sentencias menos al año y una alta demora en la resolución de los asuntos.

Y en la Sala Quinta (de lo Militar) con una plaza vacante y otra más prevista en 2022, se indica que ello tendrá un inevitable impacto.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este viernes una "adecuada protección" del catalán en el anteproyecto de ley general sobre el audiovisual que prepara el Gobierno antes de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"La cuestión de la ley del audiovisual, aunque no esté vinculado directamente con los PGE, es importante que esta cuestión se pueda resolver antes de la tramitación de los PGE, porque es muy relevante para Cataluña y para el futuro de nuestra lengua", ha sostenido en rueda de prensa conjunta con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien se ha reunido en el Palau de la Generalitat.

El presidente catalán no ha querido vincular la posible presentación de una enmienda a la totalidad por parte de ERC si no se cierra un acuerdo que les satisfaga en el ámbito del audiovisual, pero ha insistido en que el borrador actual no les convence y que debe haber cambios por la protección del catalán.

Pese al trabajo conjunto que hay en esta cuestión entre partidos catalanes, de Baleares y de la Comunidad Valenciana, Aragonès ha señalado que desde la parte catalana se ha decidido presentar enmiendas para reclamar la protección del catalán a través de porcentajes de doblaje y de producción.

"OPORTUNIDAD"

Para el presidente de la Generalitat, la ley del audiovisual es una "oportunidad para fortalecer la industria audiovisual" en catalán y la financiación de las respectivas radios y televisiones públicas, teniendo en cuenta que ambos territorios comparten lengua y un marco audiovisual.

"La reciprocidad entre TV3 e IB3 hace años que está en marcha", ha resaltado Aragonès, que ha defendido que los medios audiovisuales públicos son también una herramientas de presentación y fomento de la lengua propia de cada territorio.

Por ello, considera "evidente" que si el borrador actual del Gobierno contempla un determinado nivel de producción en lengua castellana, también lo haga con el catalán.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que el nuevo escrito del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, "deja claro" que el diputado de su formación Alberto Rodríguez "no debe perder el escaño" al no aludir a la pérdida del acta, pues hacerlo sería "prevaricar".

"Dos veces habla de inhabilitación para sufragio pasivo (no poder presentarse a las elecciones) y ninguna de la pérdida del acta. No puede escribir lo segundo porque eso sería prevaricar y lo sabe", ha lanzado en Twitter.

Todo ello tras conocer que Marchena ha respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

CRONOLOGÍA DE LA POLÉMICA

El nuevo oficio se produce después de que Batet solicitara al Alto Tribunal que aclarara el alcance de la pena al diputado por delito de atentado a la autoridad en lo concerniente a si la inhabilitación supone retirarle el acta, dado que el parlamentario ya ha abonado la multa sustitutiva por los 45 días de prisión decretados en la resolución.

Todo ello tras el escrito del miércoles del Supremo en reacción al acuerdo de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos suman mayoría, concluyera el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.

El grupo confederal respaldó esta nueva petición de aclaración al TS dado que en el fallo condenatorio no existe "nada" en el que se infiera que debe perder el escaño. Y en este sentido, advirtió al alto tribunal que esclarecer no puede comportar "inventar algo que no está en la sentencia".

De esta forma, Unidas Podemos subrayó que privarle de su condición de parlamentario hubiera implicado tener que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dado que se habría incurrido en una clara "prevaricación", una "barbaridad" y una "vergüenza" para España.

Hoy mismo Echenique subrayó que la posibilidad de quitarle el escaño al diputado Alberto Rodríguez sería "aberrante", un "escándalo internacional" y un "atentado al poder legislativo", además de comportar una "barbaridad jurídica".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "inhabilitar de inmediato" al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras su condena por el Tribunal Supremo. Según ha recalcado, "todos los españoles" están "obligados a cumplir la ley" y "la izquierda debe respetar" la separación de poderes.

Casado se ha pronunciado así poco después de que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, haya respondido a la presidenta del Congreso que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodríguez y que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada".

Este jueves, Batet decidió solicitar al Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso a dos días después de que el PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría en la Mesa del Congreso, concluyeran que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario, apoyándose en un informe redactado por los letrados de la Cámara sobre este caso.

CASADO: "TODOS ESTAMOS OBLIGADOS A CUMPLIR LA LEY"

El líder del Partido Popular ha pedido celeridad a la presidenta del Congreso, ya que, según ha dicho, "tiene que inhabilitar de inmediato al diputado condenado por agredir a un policía".

"Todos los españoles estamos obligados a cumplir la ley, también los socios del Gobierno. La izquierda debe respetar la independencia judicial y la separación de poderes", ha asegurado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Esta mañana, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya había asegurado que la presidenta del Congreso no necesitaba "una aclaración" del Tribunal Supremo porque la sentencia estaba "clarísima" y debía "quitar hoy mismo" su escaño a Rodríguez.

GAMARRA TAMBIÉN PIDE A BATET EJECUTAR LA SENTENCIA "SIN DILACIONES"

Nada más conocer el escrito de Marchena, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha insistido a Batet en que ejecute "sin dilaciones" la sentencia del Supremo contra el diputado Rodríguez.

Gamarra sostiene que "hoy mismo" tiene que terminar el intento PSOE y Podemos de incumplir la ejecución de la sentencia desde el Congreso para que el diputado condenado por "patear" a un policía. "Batet debe cumplir, es su responsabilidad, y dejarse de dilaciones y subterfugios", ha escrito en su cuenta personal de Twitter.