El Partido Popular celebrará en julio los congresos regionales de la Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia, al tiempo que seguirá con la renovación en sus congresos provinciales en los próximos dos meses con el objetivo de tener el partido listo ante las municipales y autonómicas previstas para 2023.

El primer cónclave regional será el de la Comunidad Valenciana, fijado para el 3 de julio, en el que se elegirá casi con toda probabilidad a Carlos Mazón al frente del PPCV, en sustitución de Isabel Bonig. Los días 16 y 17 de julio tendrá lugar en Pontevedra el congreso del PP de Galicia, en el que opta de nuevo a la reelección el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo

En el caso de Baleares, previsto para 24 de julio, también habrá cambio en la presidencia del partido tras anunciar Biel Company que no se presenta a la reelección como líder de la formación en las Islas. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marga Prohens, ya ha oficializado su precandidatura ante ese cónclave para convertirse en la próxima presidenta del PP de Baleares.

En cuanto al Congreso del PP de Madrid, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, lo ha situado a partir de enero de 2022, fecha en la que empezarán a celebrarse los congresos uniprovinciales como, según ha dicho, se estableció en el Comité Ejecutivo del partido. Sobre si Isabel Díaz Ayuso debe ser la presidenta del PP madrileño, ha indicado que la dirección nacional «no puede apoyar a nadie» porque «deben ser los afiliados» los que voten.

RENOVADAS YA EL 88% DE LAS ESTRUCTURAS PROVINCIALES

Además, el PP sigue con su proceso de renovación provincial. Hasta la fecha ya se han celebrado 30 congresos, siendo el 99% de ellos «con lista única», según ha confirmado el García Egea, quien ha añadido que entre junio y julio están convocados otros ocho cónclaves.

«Necesitamos tener un partido ganador en cada pueblo y esto nace desde nuestro convencimiento profundo de que sin partido no puede haber Gobierno. Con esta filosofía ya están renovadas el 88% de las estructuras locales y estamos preparados con un proyecto unido y claro», ha enfatizado.

Además, García Egea ha señalado que en Cataluña se han creado cuatro gestoras con el objetivo de «reforzar el trabajo de implantación territorial de sus estructuras de cara a las elecciones municipales de 2023».

TERCER JEFE DE GABINETE DE CASADO EN TRES AÑOS

Por otra parte, el secretario general del PP ha enmarcado en la «más absoluta normalidad» los cambios que se han producido dentro del gabinete de Pablo Casado, que ha designado como nuevo jefe de gabinete a Diego Sanjuanbenito. Ambos ya trabajaron juntos en Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

Sanjuanbenito es el tercer jefe de gabinete de Casado desde que fue elegido en julio de 2018 presidente del PP, tras las designaciones de Pablo Hispán, Javier Fernández-Lasquetty y, después, de nuevo a Hispán, que ahora pasa a estar al frente del área internacional que supervisará los fondos de reconstrucción europeos.

Además, Casado refuerza su equipo con la incorporación de José María Rotellar como responsable de la asesoría económica, y Miguel Ángel Quintanilla como responsable del área constitucional, según han confirmado fuentes del partido.

PREGUNTADO POR VOX, DICE QUE EL PP «NO HA ROTO CON NADIE»

Al ser preguntado si esos cambios van a suponer un cambio en la estrategia del partido y si se va a cambiar la relación con Vox, García Egea ha asegurado que el PP «no ha roto con nadie» sino que hace sus políticas y trabaja en el ámbito de responsabilidad que le han dado los españoles, algo que, según ha dicho, harán en todas las instituciones en las que gobiernan.

En este punto, ha criticado que Vox votase en contra en el Parlamento andaluz de «una ley importantísima para eliminar la burocracia» y ha dicho que en ese caso ese partido el que tiene que «explicar su posición».

«Nuestro proyecto está claro», ha enfatizado, para añadir que la línea marcada por el PP les ha permitido tener «un gran resultado» en las elecciones madrileñas y conservar gobiernos ante el «ataque» del PSOE con mociones de censura. A su entender, pocos líderes han pasado de ser tercera fuerza como pasaba en 2018, según las encuestas, a «pasar a primera fuerza política en menos de tres años».

El PSOE tiene previsto celebrar su próximo Comité Federal ordinario el 17 de julio, con el objetivo de aprobar la convocatoria y el calendario del 40º Congreso Federal de otoño. De este modo, varias fuentes socialistas consultadas no contemplan la convocatoria extraordinaria de este órgano antes de esa fecha para debatir sobre la conveniencia de conceder los indultos a los independentistas condenados por el procés, como han pedido algunas voces.

Lo que sí es previsible es que la Comisión Ejecutiva Federal retome el próximo lunes sus habituales reuniones semanales, tras dos semanas sin verse. El pasado lunes el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, se fue a Bruselas para participar en un Consejo Europeo, y este lunes ha participado en la cumbre hispano-polaca junto al ministro de Transportes y secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, entre otros.

El giro que protagonizó Sánchez precisamente desde Bruselas el pasado martes, al abrir la puerta a los indultos, generó malestar en algunas federaciones del PSOE como Extremadura o Castilla-La Mancha, y también duras críticas de históricos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El que fuera expresidente de Extremadura ha pedido este lunes incluso la celebración de un referéndum a las bases socialistas, para que sean los militantes los que se pronuncien sobre un tema especialmente delicado para el PSOE.

Todos los críticos que han visibilizado su malestar alertan de los costes que estos indultos pueden suponer tanto para el país como para el PSOE, sobre todo teniendo en cuenta que los políticos catalanes presos que fueron condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre no han mostrado arrepentimiento e incluso se han reafirmado en sus intenciones.

SÁNCHEZ: «AYUDAR A RESOLVER PROBLEMAS NO REPRESENTA UN COSTE»

No obstante, Sánchez ha vuelto a dejar claro este lunes, ante todos estos recelos, que «ayudar a resolver problemas no representa un coste». Es más, ha avisado de que lo que sí sería un coste es dejar las cosas «enquistadas» como están, a su juicio, desde 2017.

El desencadenante de este debate que Sánchez trata de zanjar fueron las declaraciones que él mismo realizó el pasado martes, cuando aseguró que la decisión que tome el Gobierno estará guiada por la «concordia» y la «convivencia», y no por la «venganza» ni la «revancha», en vísperas del informe del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

Un día más tarde llegó ese informe, en el que el Alto Tribunal rechazaba de plano conceder esa medida de gracia; y tras ese posicionamiento, comenzaron a surgir las primeras críticas, primero, del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y después del expresidente González y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el más contundente en sus planteamientos.

Aún así, la Ejecutiva no tiene previsto alterar sus planes y, por ello, las fuentes consultadas aseguran que el próximo Comité Federal está fijado para el 17 de julio, para abordar la preparación del 40º Congreso Federal de octubre en Valencia, y aprobar la ponencia marco.

Según los estatutos del PSOE, el Comité Federal puede ser convocado con carácter extraordinario cuando lo juzgue conveniente la Comisión Ejecutiva Federal, aunque también lo pueden solicitar, al menos, un tercio de sus miembros.

Para ello, tendrían que enviar una solicitud motivada y firmada, en la que debe figurar el orden del día propuesto, a la Comisión Ejecutiva Federal, la cual lo convocaría en un plazo no superior a cinco días a contar desde la fecha de recepción de la solicitud.

El Ministerio de Exteriores marroquí ha salido este lunes al paso de las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de usar el tema migratorio «como pretexto» puesto que en ningún momento Marruecos se ha referido a este asunto y ha dejado claro que este no es el motivo de la actual crisis diplomática.

En su segundo comunicado en menos de 24 horas, el departamento que dirige Nasser Bourita ha esgrimido que aunque «Marruecos no tiene la costumbre de entrar en polémicas en lo referente a declaraciones de altos responsables de países extranjeros», la intervención de Sánchez ha provocado «gran sorpresa» y exige ciertas «aclaraciones».

Así, ha sostenido que en ningún momento ningún responsable marroquí se ha referido a la «cuestión migratoria», incluido el último comunicado en el que el Ministerio de Exteriores marroquí ha cuestionado al Gobierno español qué habría ocurrido si hubieran sido separatistas catalanes los recibidos en el Palacio Real alauí.

«Marruecos ha insistido repetidamente en que la crisis bilateral no está vinculada a la cuestión migratoria», ha recalcado Rabat en su último comunicado, subrayando que «la génesis y las razones profundas de la crisis son ya bien conocidas».

«La cuestión de la migración no debe utilizarse como pretexto para desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis bilateral», ha recriminado el Gobierno marroquí a Sánchez.

DECLARACIONES DE SÁNCHEZ

El presidente del Gobierno ha defendido que es «absolutamente inaceptable» el que, según ha dicho, el ministro de Exteriores marroquí haya utilizado «la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas».

Sánchez ha sostenido que «no es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras» para inundar de inmigrantes una ciudad española, Ceuta, por «desavenencias y discrepancias en política exterior».

El Gobierno marroquí ha mostrado su estupor por las palabras de Sánchez, subrayando que las últimas declaraciones realizadas por responsables diplomáticos marroquíes, incluido el propio Bourita, «no mencionan en absoluto la cuestión migratoria» y en el comunicado de hoy solo se ha mencionado este asunto «precisamente para recordar la buena cooperación».

En este sentido, ha considerado «legítimo» preguntarse si Sánchez se ha leído estas declaraciones, incluido el comunicado de este lunes, al tiempo que ha advertido que no les corresponde a los líderes extranjeros decir qué ministro marroquí habla de qué tema.

«En Marruecos, la gestión de la crisis concierne a varias instituciones y departamentos del Estado, entre ellos el Ministerio de Asuntos Exteriores, que, en el marco de sus competencias, se limita a transmitir la posición nacional a las esferas diplomática y mediática», ha remachado.

GHALI NO ES EL ORIGEN DE LA CRISIS

En su comunicado anterior, Rabat ha dejado claro que el origen de la actual crisis diplomática no está en la acogida por asuntos humanitarios en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño desde el 18 de abril para recibir tratamiento contra la COVID-19.

«Esta no es la raíz del problema», ha recalcado el Ministerio de Exteriores marroquí, que sostiene que es «una cuestión de confianza rota entre socios» y que en el fondo de la crisis está «una cuestión de segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí».

Dado que la crisis no se limita a la llegada de Ghali en España, tampoco «terminará con su partida», ha advertido Rabat, insistiendo en que se trata de principalmente de «una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España».

Así pues, aunque la crisis no puede terminar si Ghali no comparece ante la justicia española, tampoco podrá resolverse «solo con su audiencia». «Las legítimas expectativas de Marruecos van más allá. Comienzan con una aclaración, sin ambigüedades, por parte de España de sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones», añade.

En este sentido, tras insistir una vez más en que el líder del Polisario llegó a España con pasaporte falso y en un avión argelino, Rabat precisa que el caso «ha revelado las actitudes hostiles y las estrategias perjudiciales de España hacia la cuestión del Sáhara marroquí».

Lo ocurrido, añade el comunicado, también ha revelado «la connivencia» de España «con los adversarios del reino para socavar la integridad territorial de Marruecos», en referencia al Frente Polisario y a Argelia, el principal valedor de los primeros.

«¿Cómo, en este contexto, puede Marruecos volver a confiar en España? ¿Cómo podemos saber que España no volverá a conspirar con los enemigos del Reino?», plantea el Gobierno marroquí, cuestionando que el Ejecutivo español no vaya a volver a actuar «a sus espaldas» y dudando de que se pueda restablecer la confianza «después de un error tan grave».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que haber prolongado el estado de alarma más allá del 9 de mayo hubiera ayudado una «percepción social generalizada de que se continúa en pandemia», además de posibilitar que se pudiera ver antes «la luz al final del túnel».

El LABI institucional se ha reunido en la tarde de este lunes, presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para revisar las medidas frente a la pandemia de la covid-19. En el encuentro han estado presentes el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka; los consejeros Olatz Garamendi, Gotzone Sagardui, Bingen Zupiria, Jokin Bildarratz, Iñaki Arriola y Javier Hurtado, así como los diputados generales Ramiro González, Markel Olano y Unai Rementería; los alcaldes Gorka Urtaran, Juan Mari Aburto y Eneko Goia; el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, y el coordinador de la Comisión Técnica del Covid-19, Jonan Fernández, entre otros.

Con posterioridad, el lehendakari ha comparecido, acompañado de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, para informar de los acuerdos alcanzados. Urkullu, que ha afirmado en su intervención que se empieza a ver «luz al final del túnel», ha considerado que de haberse mantenido el estado de alarma se hubiese visto ésta antes.

Tras recordar que abogó por prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, ha defendido que con ello se hubiera «posibilitado que hubiera un cumplimiento de las medidas que han sido barreras eficaces de transmisión de los contagios», mediante la limitación de la movilidad nocturna o el cierre perimetral, entre otras.

Urkullu, que ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló inicialmente mediante un auto las medidas y posteriormente no las permitió, ha lamentado el «desconcierto que existe también sobre las resoluciones del Tribunal Supremo sobre estas cuestiones».

«El haber mantenido el estado de alarma hubiera ayudado además a una percepción social generalizada de que seguimos en pandemia y sigue siendo necesario observar y cumplir con todas las medidas preventivas», ha finalizado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que no le extraña que EH Bildu no haya condenado la agresión sufrida el pasado sábado por el exconcejal del Ayuntamiento de Vitoria y vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, pero le parece «lamentable» que el PSOE sea capaz de pactar con ese partido «inmoral».

«No sorprende que los herederos de Batasuna no condenen la violencia. A día de hoy siguen sin condenar ni uno de los crímenes de ETA. Lo lamentable es que el PSOE pacte Presupuestos y todo tipo de leyes con un partido tan profundamente inmoral», ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Bildu es el único grupo municipal del Ayuntamiento de Vitoria que se ha negado a suscribir este lunes una declaración de condena a la agresión contra García Calvo y tres de sus acompañantes en el centro de la ciudad.

En el texto, suscrito por el PNV, el PSE-EE, el PP y Elkarrekin Vitoria, el Consistorio muestra su «repulsa y condena más enérgica» ante la agresión que sufrieron esas personas «por su ideología política» y señala que estos hechos «para nada representan a una ciudad cuyas señas de identidad son la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad».

El secretario de Organización de la formación naranja, Borja González, considera que no hay «nada nuevo del partido del secuestrador», en alusión al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y tampoco hay «nada nuevo del Gobierno cómplice», el presidido por Pedro Sánchez.

«No veréis una sola crítica de Sánchez y su Gobierno a estos tipejos. De los que siguen sin condenar todos los asesinatos y extorsiones de ETA no esperamos nada ya. De los que se dicen sus socios de gobierno, callar es su vergüenza», ha manifestado, por su parte, Miguel Gutiérrez, diputado de Cs en el Congreso y miembro de la Ejecutiva del partido.

García Calvo ha explicado que el sábado estaba en una terraza de un local en el centro de Vitoria cuando unos individuos se acercaron y le preguntaron si era del PP y, tras su respuesta afirmativa, le increparon, le dijeron que se marchase, le tiraron dos vasos de bebida y uno de ellos le dio una bofetada.

Asociaciones provida han mostrado su rechazo este lunes a la proposición de ley presentada por el PSOE para que se dicten penas de cárcel, de entre 3 meses y un año, para aquellas personas que acosen a las mujeres que acuden a realizarse una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En concreto, la plataforma Derecho a Vivir ha acusado al PSOE de querer «criminalizar» y poner una «mordaza» a los ‘provida’ con su propuesta, y ha defendido la labor «altruista» de los provida.

«Ellos piden ahora sanción, mordaza y censura contra los voluntarios-rescatadores que ni viven del negocio del aborto –que deja 50 millones de euros anuales a los empresarios de la muerte–, ni ganan nada por conseguir que una mujer decida darle una oportunidad a su hijo y a ella misma», ha detallado la portavoz y coordinadora de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia.

A su juicio, se trata de «una estrategia más de los ideólogos de género, de los adalides que se arrogan la exclusividad de la defensa de los derechos de la mujer, mientras las abocan, sin alternativa ni ayuda, al drama del aborto».

Ribera ha asegurado que los provida acuden a las puertas de las clínicas abortistas «de manera desinteresada y altruista para ofrecer su ayuda a esas mujeres en situación de gran vulnerabilidad».

«¿Le parece que ofrecer ayuda económica y laboral, un rato de conversación, invitar a un café, ofrecerle hacerle una ecografía gratuita para que vea y escuche a su hijo son cuestiones a calificar como un acoso intolerable?», se ha preguntado la portavoz de Derecho a Vivir.

Además, ha explicado que todo esto lo llevan a cabo «con una gran delicadeza y comprensión hacia cada una de las mujeres embarazadas, sin preguntas de ningún tipo, ni mucho menos juicios».

En este contexto, Derecho a Vivir ha lanzado la campaña ‘Los provida, a la cárcel’, que ha recogido más de 27.000 firmas en defensa de la labor que desempeñan a las puertas de estas clínicas.

«HAN PERDIDO CLIENTES»

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, también ha mostrado su rechazo a esta proposición de ley del PSOE «impulsada a petición de los negocios abortistas» que, según indica, «han perdido a muchas de sus clientes».

«Es un hecho constatable que cuando una mujer se le ofrece ayuda, un gran porcentaje de ellas rechaza el aborto y estos centros han perdido a muchas de sus ‘clientes’ precisamente porque ha habido quien les ha ofrecido su apoyo para seguir adelante con la vida de su hijo y con la suya misma», ha indicado Latorre.

Según precisa, «cuando no se soporta la verdad, se atacan a quien la muestra, a quien discrepa, a quien supone una amenaza para su negocio de muerte».

«Coincide la mayoría que el aborto no es algo agradable para la mujer, que no es una decisión que le guste tomar. ¿Por qué entonces molesta tanto que haya quienes quieran evitarlo? ¿Por qué tanto rechazo hacia quienes le muestran que no es algo inevitable?», ha expuesto Latorre.

Además, asegura que en las puertas de las clínicas abortistas «no hay insultos ni rechazo» hacia las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo sino «un enorme cariño y cercanía y el ofrecimiento para ayudarlas».

En esta misma línea, la presidenta de la Asociación Más Futuro, Marta Velarde, ha coincidido en que esta propuesta del PSOE viene impulsada por «la patronal del aborto en España» porque «pierden dinero» con la presencia de los provida.

Según ha precisado, los «rescatadores», como se refieren a las personas de la asociación que acuden a las clínicas a hablar con las mujeres, se colocan a «unos 50 u 80 metros de distancia, reparten folletos y las mujeres les dejan sus datos».

«El 99% de las mujeres con las que hablamos, nos dejan sus datos para que las llamemos y vienen a vernos con la familia para ver qué soluciones hay. Todas nos escuchan, luego deciden en su libertad», ha precisado.

Por esa razón, según subraya, las clínicas «no quieren» que estén ahí. «Porque rescatamos a muchísimas mujeres y ellos pierden mucho dinero», ha explicado Velarde, añadiendo que no han recibido denuncias de las mujeres.

La Fundación Abogados de Atocha ha recurrido ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la puesta en libertad en noviembre de 2020 de Carlos García Juliá, condenado por la matanza de los abogados de Atocha de 1977 y que fue extraditado en febrero de 2020 desde Brasil. Denuncian que fue excarcelado cuando aún le faltaban diez años para cumplir la condena.

La salida de Soto del Real de García Juliá se produjo después de que se le hiciera una nueva liquidación de condena por la Audiencia Provincial de Ciudad Real que rebajaba los años que tenía que continuar en prisión, por lo que no cumplió con los 12 años que le restaban por su participación en la matanza de Atocha, cometida el 24 de enero de 1977 en un bufete de abogados laboralistas por miembros de la extrema derecha.

Ahora la fundación va a Europa para denunciar la actuación de los tribunales de justicia españoles. En una nota de prensa, señalan que se da una «enorme arbitrariedad» de la justicia al no aplicar las leyes y la jurisprudencia que impedirían la aplicación de beneficios de redención de penas por trabajo a García Juliá.

Lamentan además que no ha cumplido más de diez años de la condena impuesta de 193 años –ya reducida a 30 por las leyes vigentes– y que los beneficios que le han sido aplicados le habían sido prohibidos por su conducta ya que trató de quebrantar su condena.

Por otro lado, desde la fundación ponen el foco en el «abandono absoluto» al que la justicia española ha sometido a las víctimas ya que no han podido oponerse a estas «irregularidades» porque no se les han notificado a lo largo del procedimiento pese a ser parte personada.

«Esperamos dar esta última batalla ente el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, con la esperanza de que la justicia sea algo más que la arbitrariedad en la aplicación de las leyes y el abandono absoluto de unas victimas tan duramente golpeadas por unos hechos que estremecieron a todo el país en su momento de transición de ladictadura a la democracia», recuerdan.

LA ENTREGA DE BRASIL

García Juliá, que ha estado preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas en febrero de 2020 después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.

Cuando ingresó en Soto del Real, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.

Fue en plena plandemia de coronavirus, y con el estado de alarma vigente, cuando se conoció que el abogado de García Juliá se había dirigido a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha. Algo que le fue concedido.

En noviembre de 2020, la Fundación Abogados de Atocha presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando medidas cautelares que impidieran el excarcelamiento de Carlos García Juliá, pero fue en vano ya que fue rechazado por el alto tribunal ante el estupor de la defensa por la inmediatez de la decisión.

Ese recurso llegaba después de que hubieran impugnado sin éxito ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real la liquidación provisional de condena del preso y solicitaran a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.

CREEN QUE NO HAY CONEXIDAD

Sobre la liquidación realizada desde Ciudad Real el 7 de mayo y que le reconoce los 3.138 días de redenciones ordinarias y extraordinarias, las víctimas recordaban que dado que el terrorista de ultraderecha quebrantó la libertad condicional con su huida de Paraguay, esto implicaría a tenor de lo dispuesto en el Código Penal y en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento, la pérdida de todo lo redimido. De esta forma deberían descontarse del tiempo efectivamente cumplido 1.207 días.

Además, indicaban que no podía haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputaban por otro incidente en la prisión de Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que «da miedo» que magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiendan «la libertad ideológica de apoyar el genocidio de españoles y los gobiernos terroristas de Franco»

Así lo ha indicado en Twitter tras conocer la posición de los ponentes del informe del CGPJ sobre del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en el que advierten de que el texto vulnera la libertad de expresión y explica que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

En el informe sobre la futura normativa los magistrados ponentes precisan que «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión».

«El Poder Judicial no entiende que la violencia y el exterminio de compatriotas no son ninguna ideología y no caben en democracia. Da miedo», ha criticado Echenique en su comentario en redes sociales.

«INFAME»

Su compañero de bancada y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, ha reprochado también la posición de estos ponentes, al asegurar que «en Alemania ningún tribunal defendería una fundación dedicada a Hitler».

«En España, por desgracia, quien debería blindar la democracia y la memoria histórica, que es la justicia, lo que hace es evitar el cierre de una fundación franquista», ha enfatizado el diputado en el Congreso.

A su vez, el coordinador autonómico en Castilla y León y miembro de la actual Ejecutiva en funciones de Podemos, Pablo Fernández, ha tildado de «infame» dicha sentenciar que es una «vergüenza» y una «indignidad». «Jueces contra la democracia», ha zanjado.

Rafael Foley, actual ‘número dos’ de la Embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, ha mantenido encuentros con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación así como de la oposición venezolana aprovechando su viaje a España, según han confirmado fuentes diplomáticas.

Según han indicado fuentes de la Embajada estadounidense en Madrid, Foley, se ha reunido con «funcionarios españoles», así como con representantes de la «oposición democrática de Venezuela» y miembros del equipo de Juan Guaidó en Madrid.

Fuentes de Exteriores han confirmado que Foley «mantuvo una reunión la pasada semana con representantes de la dirección general de Iberoamérica y el Caribe del Ministerio», sin entrar en más detalles sobre lo discutido.

El objetivo de los contactos, según las fuentes de la Embajada estadounidense, ha sido intercambiar «ideas e información sobre el objetivo compartido de ayudar a Venezuela a conseguir una transición democrática a través de elecciones libres y justas».

Foley es en la actualidad el director adjunto de la llamada Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que hace las veces de embajada desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de la legación diplomática a principios de 2019. El actual ‘embajador’ en Venezuela es James Story.

Entre quienes se han reunido con Foley en Madrid figura Antonio Ecarri, representante en España del líder opositor Juan Guaidó, que reivindica ser el presidente encargado de Venezuela en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, la última reconocida internacionalmente.

En un mensaje en su Twitter, Ecarri ha agradecido el encuentro «para intercambiar impresiones sobre cómo impulsar procesos para que vuelva la democracia a Venezuela».

Estos contactos se producen después de que Guaidó anunciara el pasado 11 de mayo que estaba dispuesto al diálogo con Maduro en el marco de una iniciativa denominada Acuerdo de Salvación Nacional que contempla la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional, además de la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra la COVID-19.

Por el momento no se han producido avances en este eventual diálogo y hace unos días Maduro condicionó su participación en el mismo a tres puntos: «levantamiento de todas las sanciones, reconocimiento a la Asamblea Nacional y poderes establecidos, y la devolución de cuentas bancarias y activos a las instituciones del Estado venezolano».

El secretario de Justicia e Interior del Partido Popular, Enrique López, ha defendido este lunes que el PP acuda a la concentración convocada en la Plaza de Colón en contra de los indultos a los presos del ‘procés’ independentista catalán porque a nadie le puede avergonzar estar a favor de la unidad de España y del principio de igualdad ante la ley.

En declaraciones a Telemadrid, López ha aseverado además que asistirán al evento convocado para el 13 de junio junto a partidos como Vox –se reeditará la conocida como ‘foto de Colón’ de 2019 por la unidad de España– porque defender el Estado de Derecho a nadie le puede avergonzar.

«Quien tiene que avergonzarse es quien está en contra del Estado de Derecho, que va a humillar al Estado de Derecho y al pueblo español ante unos condenados que no han pedido perdón, que no se arrepienten y que lo volverían a hacer», ha incidido.

López se alinea así con la postura marcada este mismo lunes por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, quien ha anunciado que el presidente del PP, Pablo Casado, asistirá a la concentración contra los indultos a los líderes del ‘procés’ que ha convocado la plataforma Unión 78 en Colón.

Por otro lado, el también consejero de la Comunidad de Madrid ha insistido en que si se producen esos indultos impugnarán la decisión ante el Tribunal Supremo, tanto si son parciales como si no, y ha advertido de que utilizarán todos los mecanismos legales que estén a su alcance «para impedir que ese acto del Gobierno llegue tener eficacia».

Cabe recordar que fuentes del Supremo y juristas avisaban ya la semana pasada de que el PP podría encontrar obstáculos para impugnar esos indultos en caso de que se produzcan dado que se daría una falta de legitimación al no ser víctima del delito en cuestión. Ese requisito formal sí jugaría en favor de Vox dado que fue parte en el proceso penal.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que su partido sigue liderando el bloque de las fuerzas constitucionalistas en Cataluña a pesar de tener solo seis diputados en el Parlament porque, al contrario que el PSOE y el PP, nunca ha «cedido ante el nacionalismo».

«Yo creo que lo seguimos siendo», ha respondido, en una entrevista en Canal Sur, cuando le han preguntado qué le ha ocurrido a Cs para haber visto tan reducido su apoyo electoral en Cataluña tras haber ganado los comicios de 2017 con 36 diputados y haber sido el referente de los catalanes contrarios al independentismo.

«Seguimos siendo el único partido que nunca ha cedido ante el nacionalismo, porque el PP y el PSOE tienen mucho que callar, el único que le ha ganado al nacionalismo» y que, además, «sabe gobernar», ha defendido.

EL INDEPENDENTISMO PREFIERE TENER ENFRENTE A PSOE, PP Y VOX

Arrimadas ha sugerido que el independentismo prefiere tener enfrente al Gobierno de Pedro Sánchez, al bipartidismo en general, «al que siempre le ha sacado los ojos y por eso ha llegado donde ha llegado», o a Vox, «para poder decir que son nostálgicos del franquismo».

«Contra quienes nunca han tenido un discurso de verdad con el que nos puedan atacar es contra Ciudadanos, porque somos un partido moderno, innovador», «moderado y europeísta» y porque «hemos nacido en Cataluña», donde «nos hemos partido la cara» contra el nacionalismo, y «nunca hemos cedido a sus presiones», ha argumentado.

Asimismo, ha apuntado que «para lo único que ha servido la victoria» del PSC y de su candidato, Salvador Illa, en las elecciones catalanas del pasado febrero es para que a ella la dejen de criticar por no haber intentado ser investida presidenta de la Generalitat tras los comicios de 2017, cuando, al igual que ahora, había una mayoría parlamentaria independentista. «Illa había prometido, sabiendo que era mentira, que se iba a presentar a la investidura y no se ha presentado», ha indicado.

La líder de Cs cree que, a pesar de las intenciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Junts per Catalunya, que han acordado formar un gobierno de coalición y «avanzar hacia el objetivo común de la independencia», «España es fuerte como para no permitir que se rompa» el país.

«UN SINFÍN DE HUMILLACIONES» A LOS NO INDEPENDENTISTAS

Sin embargo, considera que en esa comunidad «están pasando muchas cosas que no se pueden tolerar», como que desde la televisión pública «se insulte» a los catalanes no separatistas, que se difunda «propaganda independentista» en las escuelas o que se «trate fatal» a los policías nacionales y los guardias civiles. «Es un sinfín de humillaciones», ha lamentado.

Arrimadas ha subrayado que la sociedad catalana «es muy diversa» y que «no hay una mayoría de independentistas», pese a la «matraca» de los partidos gobernantes para sumar a más gente a su causa. Aun así, hay personas que han acabado asumiendo el discurso nacionalista porque «son 40 años diciéndote» que desde España «te roban, te maltratan y no te respetan» y que la República catalana sería «la mayor potencia del mundo», ha añadido.

En cualquier caso, cree que el nacionalismo «no se puede entender desde un punto de vista racional» porque es más «un tema sentimental», de manera que es difícil combatirlo aun poniendo de manifiesto que no han conseguido el reconocimiento internacional de Cataluña como un Estado independiente y que el ‘procés’ «ha sido una ruina.

PLAN PARA REVERTIR LA PROPAGANDA NACIONALISTA

«Para frenar esto necesitamos un Gobierno de España que no esté en manos de los (partidos) nacionalistas», del que forme parte Ciudadanos y que aplique «un plan estratégico de reversión de toda la propaganda nacionalista», ha afirmado.

A su juicio, hay que «recuperar la presencia del Estado en Cataluña», asegurar que «no se discrimina» a los castellanohablantes ni a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y «cortar las subvenciones» que permiten que la Generalitat realice «propaganda independentista» en el extranjero utilizando recursos del Estado.

Por otro lado, sobre los malos resultados de Cs en las elecciones del último año y el futuro poco halagüeño que le atribuyen las encuestas sobre intención de voto, Arrimadas ha dicho que, cuando un partido obtiene un buen resultado electoral, se debe a aciertos propios y a factores externos.

«Pues ahora igual, cometimos errores y las circunstancias no ayudan», ha concluido, aunque cree que Ciudadanos se ve más penalizado en las urnas que otras formaciones políticas por ser «un partido nuevo».

VISUALIZAR LA LABOR DE Cs EN LOS GOBIERNOS DE COALICIÓN

Uno de esos errores de la formación naranja es, en su opinión, que no han sabido explicar a los españoles que algunas de las políticas que evalúan positivamente de los gobiernos de coalición con el PP se han impulsado desde departamentos gestionados por Cs.

«Nos penaliza mucho en los gobiernos en los que hacemos las cosas bien pero no las explicamos bien o no se visualiza lo importante que es que Ciudadanos esté en el gobierno», ha lamentado.

Ha puesto como ejemplo que en la Comunidad de Madrid, donde el PP ha ganado las elecciones y Ciudadanos se ha quedado sin representación parlamentaria, «le pusieron la medalla» a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP), por mantener los teatros abiertos durante la pandemia del coronavirus, obviando que la consejera de Turismo y Cultura era Marta Rivera, de Cs.

Respecto a Andalucía, ha señalado que el Ejecutivo de coalición del PP y Cs es «una fórmula de éxito», que están «muy cómodamente» como socios y que todavía les queda «un año y medio de trabajo» hasta las elecciones autonómicas. Aunque hay quienes «están todo el día intentando derribar al gobierno», hablando sobre un posible adelanto de los comicios, «creo que no lo van a conseguir», ha agregado.

El líder el Frente Polisario, Brahim Ghali, declarará este martes por videoconferencia desde el hospital de Logroño, donde permanece ingresado por complicaciones derivadas de la COVID-19, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha reactivado dos querellas presentadas contra el dirigente saharaui por diversos delitos, incluidos de lesa humanidad.

Está previsto que la comparecencia comience a las 10.00 horas desde el Hospital de San Millán-San Pedro, donde Ghali fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave tras un traslado desde Argelia que la diplomacia española tildó de cuestión humanitaria, si bien está en el trasfondo de la crisis desatada con Marruecos en la frontera.

Pedraz le citó inicialmente para que respondiera a la querella presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf.

Según Breica, a su llegada a los asentamientos de refugiados saharauis en dicha localidad argelina fue amenazado por agentes del Frente Polisario para que se fuera. Lejos de hacerlo, organizó actos de protesta, siendo arrestado por militares y trasladado a centros de detención indeterminados donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

La querella cayó en manos del juez José de la Mata –ahora en Eurojust–, que decidió archivarla. Pedraz la reactivó el pasado mes de enero acotando que los hechos denunciados podían constituir delitos de detención ilegal y torturas, pero que no encajarían en el de lesa humanidad dado que no se aportaba elemento que supusiera una ataque generalizado a la población civil.

Poco después, Pedraz admitió una segunda querella, presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.

En un principio, el juez de la Audiencia Nacional pretendía notificar a Ghali esta segunda querella en el interrogatorio de este martes, si bien finalmente optó por comunicársela antes para poder preguntarle ya por ambos asuntos.

SIN MEDIDAS CAUTELARES

La comparecencia judicial de Ghali ha estado marcada por la incertidumbre porque se negó a firmar el ‘recibí’ a los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) que acudieron al centro médico a notificarle la citación por la primera querella, aduciendo que antes quería contactar con la Embajada argelina y con personas de su confianza.

ASADEDH reaccionó solicitando a Pedraz la detención de Ghali y el instructor contestó denegándola, debido al estado de salud de Ghali y al estimar que «no hay indicios claros» de su participación en los hechos denunciados.

Sin embargo, las dudas sobre si el líder del Frente Polisario seguiría en España el 1 de junio se acrecentaron cuando su ‘número dos’, Salem Lebsir, indicó a un medio de comunicación que Ghali «no se presentará ante el juez. «En cuanto se recupere, que será en 10 días, saldrá del país», dijo a Okdiario.

La asociación saharaui contraatacó pidiendo directamente al magistrado que retirara el pasaporte a Ghali. Pedraz también lo rechazó argumentando que «las ‘informaciones’ que hayan aparecido en medios de comunicación no pueden, por obvio, dar lugar a acordar medida restrictiva alguna para cualquier investigado».

Para hacer frente a estas dos querellas, el líder saharaui ha fichado al abogado Manuel Ollé, experto en Derecho Internacional, que le asistirá ya en la declaración del martes.

El buque oceanográfico ‘Ángeles Alvariño’ ha realizado los primeros barridos del fondo marino con el sonar de barrido lateral al sudeste de Santa Cruz de Tenerife, dentro del dispositivo de búsqueda de las niñas Anna y Olivia, desaparecidas hace más de un mes junto a su padre, Tomás Gimeno, con el sonar de barrido lateral al sudeste de Santa Cruz de Tenerife.

El buque, operado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), está calibrando los equipos para continuar cada vez más al sur, en las zonas requeridas por los investigadores. Técnicamente, lo que está haciendo es una progresión ladder, o en cuadro, con un rumbo fijo y su inverso, para realizar el barrido desde una distancia de la costa hasta la distancia máxima requerida.

El buque llegó en la tarde del sábado a la isla de Tenerife después de casi siete días de travesía desde el puerto de Vigo y tras hacer una escala de dos días en la bahía de Cádiz. Su labor será rastrear la zona donde la lancha de Tomás Gimeno fue encontrada a la deriva y vacía, a una milla náutica del Puertito de Güímar. Ahí hará una radiografía del fondo marino con un sonar de rastreo lateral para tratar de identificar algún objeto extraño y, si es posible, subirlo luego a la superficie con un robot submarino.

La incorporación del ‘Ángeles Alvariño’ a la búsqueda de las niñas fue anunciada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, durante un acto celebrado en la isla, en el que confirmó que se habían entablado conversaciones con el Instituto Español de Oceanografía para poder contar con sus medios de rastreo. Esta misma semana, subrayó que la investigación «no se para» y que continuaba con la incorporación de estos medios extraordinarios.

El barco cuenta con un sonar de barrido lateral, un aparato que usa la propagación del sonido bajo el agua para obtener imágenes digitales de la superficie del fondo marino. Las señales acústicas emitidas rebotan en el fondo creando una imagen del mismo. Sus aplicaciones más comunes incluyen la cartografía detallada de comunidades de los fondos marinos, localización de tuberías, viaductos o cables, la búsqueda de objetos o yacimientos arqueológicos sumergidos, entre otros.

También dispone de un robot submarino, el ROV Liropus 2000, propiedad del Instituto Español de Oceanografía, capaz de recuperar objetos en el mar hasta los 2.000 metros de profundidad. Equipado con siete cámaras, puede recorrer el fondo marino, enviar imágenes en directo e incluso recoger muestras.

El PPdeG ha registrado en el Parlamento de Galicia una proposición de ley para que se reconozca como violencia de género aquella que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, lo que incluirá conductas como el ciberacoso sexual y el ‘grooming’.

Así lo ha avanzado la viceportavoz parlamentaria de los populares en la Cámara Paula Prado, quien ha explicado que este texto recogerá este tipo de delitos «con independencia de que el agresor guarde relación o no relación conyugal, de pareja o análoga de afectividad en el presente o en el pasado, o de parentesco con la víctima».

En este sentido, ha incidido en que el texto penará la «finalidad de discriminación, dominación, control e intromisión sin consentimiento» en la privacidad de la mujer.

«Consideramos imprescindible que se identifique a estas víctimas y se ponga a disposición de ellas todos los medios, todos los recursos precisos para su atención, además de poner en marcha políticas de prevención de la sextorsión, el ‘ciberbullying’, el ‘grooming’ o el ciberacoso y abuso sexual a menores de edad», ha recalcado.

De hecho, la viceportavoz del Grupo Popular ha alertado de que las «víctimas poteniales de este tipo de violencia de género» suelen ser «fundamentalmente las personas más jóvenes, las adolescentes, que incluso muchas veces no son conscientes» de que están sufriendo uno de estos episodios.

La intención del PPdeG, que presentó hace unos 10 días este proyecto de ley, es que su toma en consideración se vote en el segundo pleno del mes de junio, según han confirmado fuentes del grupo parlamentario.

VIOLENCIA VICARIA

Además, Paula Prado ha avanzado que los populares han presentado una serie de enmiendas al proyecto legislativo propuesto por el BNG –que todavía está en tramitación en comisión– para reconocer la violencia vicaria, es decir, aquella que se comete contra la mujer a través de sus hijos, como violencia machista.

Entre las modificaciones que plantean los populares está incluir en este concepto aquella violencia «que se lleve a cabo sobre cualquier otra persona unida de modo estrecho» a la mujer –no solamente sus hijos– y aunque no hubiese convivencia, con la finalidad de causarle mayor daño psicológico.

De igual modo, el Grupo Popular plantea una enmienda para darle carácter retroactivo y que todas las mujeres afectadas hasta el momento por esta lacra sean reconocidas como víctimas de violencia de género y tengan el acceso a las ayudas previstas.

Todo ello sin olvidar que, tal y como ha subrayado Paula Prado, la Xunta «ya está poniendo a su disposición este tipo de ayudas, a pesar de que no está recogida en la ley en este momento la violencia vicaria».

SE DIRIGE AL GOBIERNO CENTRAL

Así las cosas, con la previsible incorporación de esta categoría al concepto de violencia machista en Galicia, Paula Prado ha recordado que la violencia contra los hijos es un aspecto que hace cuatro años se recogía en el Pacto de Estado «pero no se ha cambiado una sola coma en este sentido».

«Por lo que esperamos que el Gobierno de España se tome en serio este Pacto y comience a hacer estas modificaciones legislativas tan importantes y necesarias para muchas mujeres que sufren violencia de género», ha sentenciado.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a ocho años de prisión a un hombre de 40 años por agredir sexualmente a una bebé de dos años, que era la hija de su entonces pareja sentimental.

La sentencia, a la que ha accedido a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), considera como hechos probados que el procesado aprovechó haberse quedado a solas con la niña para someterla a diversas prácticas de tipo sexual cuando esta se encontraba en la cuna durmiendo.

Asimismo, se considera probado que el ya condenado tapó la boca y la nariz a la niña para evitar que gritara mientras el la sometía a tocamientos de índole sexual.

El caso enjuiciado por la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén se remonta al 8 de noviembre de 2016 cuando la madre de la bebé dejó a su hija a cargo de su pareja para poder asistir a la votación del consejo escolar de la guardería de la pequeña.

La madre relató durante el juicio que esa tarde dejó a su hija acostada y recién cambiada y se ausentó de casa poco más de una hora. Cuando volvió se encontró a la niña en la cuna llorando y por la situación en la que estaba la llevó al centro de salud, que la derivó al Hospital Materno Infantil de Jaén donde el personal médico siguió el correspondiente protocolo tras confirmar la existencia de diferentes lesiones en la zona genital de la pequeña.

El acusado se declaró inocente durante el juicio y rechazó haber mantenido algún tipo de contacto sexual con la bebé. «Yo no le he hecho eso a la chiquilla», dijo el acusado, al tiempo que afirmó no poder explicar por qué la menor afirmó a preguntas del personal médico y de la trabajadora social que había sido él el que le había hecho «pupa».

Por su parte, la madre señaló que cuando ocurrieron los hechos llevaba unos seis meses de relación con el acusado, que a pesar de sus numerosos antecedentes y de haber estado en prisión, ella tenía en él «plena confianza» y que por ello esa tarde le dejó la niña a su cargo, algo que no era habitual.

«Me lo dijeron en el Hospital y yo no me lo creía», dijo la madre sobre el momento en que el relataron que las lesiones de la menor eran compatibles con una agresión sexual y que la propia menor había señalado al acusado como la persona que le había hecho daño.

También dos de los cuatro guardias civiles que declararon como testigos en el juicio apuntaron que la menor verbalizó, conforme a su edad, que la pareja de su madre era «malo» y le había hecho «pupa».

Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén acordó prisión provisional para el acusado, situación que se mantuvo hasta el 21 de diciembre cuando quedó en libertad provisional con la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con la menor y su madre.

El Ministerio Fiscal y las dos acusaciones particulares personadas en la causa reclamaban una pena de 15 años para el acusado por un delito de agresión sexual, delito por el que finalmente le ha condenado el tribunal.

Y es que, según recoge la sentencia, no se está ante un simple caso de abusos puesto que el procesado «utilizó la violencia suficiente para vencer la resistencia de la víctima y evitar que ésta gritase» y lo hizo con una niña que por su corta edad se encontraba en situación de «absoluta indefensión».

Además de los ocho años de cárcel, la sentencia le impone durante 15 años la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Asimismo, le impone cinco años de libertad vigilada tras su salida de prisión, inhabilitación durante 12 años para cualquier profesión, oficio o actividad en contacto con menores, y el pago de todas las costas.

También contempla la sentencia que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la pena de prisión.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, se establece que el procesado indemnizará a la menor en 20.000 euros por los daños físicos y morales.

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.