El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha asegurado que, al «desistir» en la búsqueda de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar, en el que desapareció tras su derrumbe, el Gobierno vasco «no ha cumplido el objetivo que se puso a sí mismo, pero ha admitido que «técnicamente, hay un momento en el que es razonable» detener. Además, ha afirmado que el «carril político» de Zaldibar «no está cerrado» y ha pedido que se «depuren responsabilidades».

En rueda de prensa en el Parlamento Vasco, Otero ha asegurado que el de hoy es «un día negro» para la historia de Euskadi y «el segundo día negro relacionado con el vertedero de Zaldibar». «El primero, evidentemente, fue el 6 de febrero 2020 cuándo cayó el vertedero y provocó una catástrofe ambiental social, personal y el segundo día negro es hoy el 14 de mayo de 2021 cuando el Gobierno ha decidido que la búsqueda de Joaquín Beltrán finaliza».

Tras mostrar su «cariño» a la familia y allegados del trabajador y «compartir el dolor», ha recordado que, precisamente «tenían una pesadilla (…) que no querían tener que terminar llevando flores a un vertedero».

El parlamentario vasco ha recordado que su grupo ha retirado de la Cámara una pregunta relativa a la búsqueda de Joaquín «porque no es el día hoy detener rifirrafes de ningún tipo», aunque sí ha mostrado su «sorpresa» por la existencia de un informe que «no se ha dado a los grupos de la oposición» -pese a que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento han visitado el lugar recientemente- pero sí a los medios informativos.

Además, ha mostrado la sorpresa de EH Bildu por «la manera en que se ha comunicado» porque «en ningún momento se nos dijo que era una cosa inminente», y ha advertido de que «no se ha conseguido un objetivo que se puso a sí mismo tanto el anterior Gobierno como este, el compromiso de no desistir, de no parar hasta buscar los cuerpos de Alberto y Joaquín».

En su opinión, aunque a Alberto Sololuze «se le pudo dar un poco de paz», en el de Joaquín Beltrán «sin embargo se ha desistido y no se ha cumplido el objetivo». Ha admitido que la finalización de la búsqueda «era algo que podía pasar y lamentablemente ha pasado».

Ha insistido en que Zalbibar «cayó», entre otros motivos, «porque fallaron los controles y la inspección que eran responsabilidad del Gobierno Vasco» y ha considerado incomprensible «que durante todo este tiempo se hayan admitido errores una y otra vez, pero no se hayan depurado ni aclarado las responsabilidades políticas de este asunto».

Otero ha advertido de que en los últimos 15 meses «no ha cambiado absolutamente nada» en el sistema de basuras y su control, por lo que no existe «ninguna garantía adicional de que no pueda pasar una cosa similar».

En este sentido, ha recordado que cuando se derrumbó Zaldibar «había tres consejerías al frente de la emergencia», Seguridad, Medio Ambiente y Salud, y, en la actualidad, ningunos de sus entonces titulares permanece en el cargo, por lo que «es complicado apuntar los consejeros responsables». «En cualquier caso, la responsabilidad última de depurar responsabilidades sigue siendo del señor Urkullu», ha añadido.

Otero ha admitido que sí se les adelantó quy «se estaba trabajando en la cuarta fase» y «que una vez finalizada, los sitios probables de encontrar a Joaquín se les acababan». «En ningún caso dijeron que fuera una cosa inminente, de días», ha señalado. EH Bildu leerá el documento al respecto y si tiene «alguna queja sobre la metodología o las conclusiones» la pondrá «sobre la mesa».

Preguntado por si cree que la decisión de desistir de la búsqueda es acertada, ha afirmado que se trata de «una cuestión complicada» porque falta realizar un análisis del informe sobre la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos en el derrumbe.

«Nuestra primera impresión o lo que nos sale de la tripa es pedir que se vaya más allá de lo razonable, pero nos falta un poco de información para decirlo, no queremos tampoco hacer de esto un ‘casus belli’ en el que nos pongamos obsesionados con que ‘hay que seguir y seguir y seguir y seguir'», ha respondido.

A su juicio, «técnicamente, hay un momento en el que es razonable» y ha añadido que carece de «elementos para contradecir ahora mismo lo que se ha dicho esta mañana por parte de los de los consejeros».

EH Bildu analizará, según ha apuntado, si pide una comisión de investigación que «en su día aparcó» y ha recordado que se mantienen «diferentes cuestiones que están relacionadas con la investigación que está haciendo el Parlamento Europeo». «Evidentemente, Zaldibar, en cuanto su carril parlamentarios político no está cerrado», ha señalado.

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de sendas agresiones sexuales a una menor en un inmueble abandonado de Valladolid en el que se encontró a otras tres menores, dos de las cuales se habían fugado, junto a la víctima, de un centro de internamiento.

Las detenciones de los dos individuos se han producido después de que la víctima, cuya desaparición había sido denunciada por no haber regresado a un centro de menores en Valladolid, denunció ante la Policía Local de Salamanca haber sido víctima de agresiones sexuales en sendas ocasiones por parte de dos individuos en un edificio abandonado a medio construir en el Páramo de San Isidro.

La joven también manifestó que en ese lugar se encontraban otras dos menores de edad fugadas del mismo centro, han informado fuentes policiales.

Así, efectivos de Policía Nacional y Local se personaron en el inmueble e identificaron a las personas que se encontraban en el lugar, entre las que localizaron a tres menores de edad en posible situación de desprotección, por lo que procedieron a su auxilio inmediato al objeto de salvaguardar su integridad.

Al igual que la menor de edad hallada en Salamanca, dos se habían fugado de la institución responsable de su protección y otra chica se encontraba fuera del domicilio familiar. La labor prioritaria de los agentes fue reintegrarlas al centro tutelado junto a otra niña que fue entregada a sus padres y otorgar la oportuna protección a la menor tras su desplazamiento a Valladolid.

En el transcurso de la requisa por el interior del inmueble, un individuo de 27 años y con dos antecedentes policiales fue detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y otro varón de 20 años se encontraba en situación irregular en España.

ACTUACIONES

Tras la intervención, la víctima de los hechos fue trasladada al hospital para ser asistida y presentó la oportuna denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional con el ofrecimiento de todos los derechos y acciones legales y prevaleciendo el interés de la menor.

Al tratarse de una persona especialmente vulnerable y presunta víctima de un delito contra la libertad sexual, se le otorgó asistencia y protección respetando su derecho al honor, a la integridad y a la intimidad personal de conformidad con la Ley 1/96 de protección jurídica del menor y poniendo en conocimiento los hechos al Ministerio Fiscal.

Los investigadores realizaron diversas gestiones que llevaron a la localización y detención de un presunto agresor sexual a la menor. El detenido, de 32 años de edad y con 19 antecedentes policiales por diferentes hechos, pasó a disposición judicial el pasado lunes, 10 de mayo, y la autoridad judicial decretó su libertad con cargos.

Por otro lado, el día 11 de mayo se detuvo a otro individuo por otra presunta agresión sexual a la misma menor. El detenido de 27 años de edad y con dos antecedentes policiales de diferente naturaleza pasó a disposición judicial el miércoles pasado, decretando la autoridad judicial su libertad con cargos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que la Justicia es vista por los españoles como plenamente confiable, impermeable a la corrupción y servida por jueces competentes y bien preparados.

Este es el resultado del estudio «Los españoles y la Justicia», que completa el sondeo realizado entre miembros de la Carrera Judicial publicado en octubre de 2020 («La Justicia vista por los jueces») y forma parte de los Barómetros de Opinión que el órgano de gobierno de los jueces viene realizando desde 1984.

Según el estudio, el 68 por ciento de los consultados perciben a la Administración de Justicia como la institución que representa la salvaguarda y garantía última de los derechos y libertades de los ciudadanos, siendo esta opinión expresada en la misma proporción por los españoles más jóvenes, de entre 18 y 34 años (67 por ciento); los de edad media, de entre 35 y 54 años (69 por ciento); y los mayores de 55 años (66 por ciento).

La encuesta revela asimismo que el 79 por ciento considera que en España no existe posibilidad alguna de sobornar a un juez y que esta afirmación es hecha con la misma rotundidad por los votantes del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Unidas Podemos, de VOX y de partidos nacionalistas/independentistas, siendo estos últimos –con un 82 por ciento– los que en mayor porcentaje sostienen esta opinión.

Tres de cada cuatro españoles (74 por ciento) aseguran también que, en general, los jueces son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones, valoración en la que coinciden los encuestados de todo el arco ideológico-político y que entre los más jóvenes (18-34 años) asciende hasta el 82 por ciento.

MÁS CONFIANZA EN UN JUEZ QUE EN UN JURADO PARA DICTAR SENTENCIA

Esta opinión se refleja en la clara preferencia de los ciudadanos por un juez profesional (60 por ciento) y no por un jurado (35 por ciento) para decidir sobre su culpabilidad o inocencia en el hipotético caso de haber cometido un delito. El 74 por ciento piensa que un juez está en mejores condiciones para dictar una sentencia que un jurado compuesto por personas elegidas al azar.

Por otro lado, el estudio revela que un 48 por ciento de los encuestados opina que la Administración de Justicia funciona mal, frente al 33 por ciento que cree que lo hace bien y el 18 por ciento que estima que lo hace regular. Pese a ello, la encuesta señala que el judicial es el poder del Estado evaluado, en términos relativos, de forma más favorable en cuanto a su funcionamiento.

Así, el 26 por ciento dice que la Justicia funciona mejor que las Cortes (legislativo), frente al 18 por ciento que afirma que lo hace peor. Esta diferencia de 8 puntos aumenta hasta los 15 cuando se pregunta por el Ejecutivo: el 35 por ciento responde que la Justicia funciona mejor frente al 20 por ciento que contesta que lo hace peor.

El 72 por ciento de los españoles piensa que la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella y un porcentaje aún mayor, el 79 por ciento, sostiene que la Justicia no cuenta con los recursos necesarios para poder actuar de forma más rápida y eficaz. Esta última creencia sube hasta el 87 por ciento entre quienes afirman haber tenido contacto como usuarios con los tribunales y se declaran satisfechos con la experiencia.

Al reconocimiento de la carencia de medios humanos y materiales de la Justicia se suma la opinión –sostenida por el 84 por ciento de los encuestados– de que todos los Gobiernos, sea cual sea su orientación ideológica, muestran más interés por tratar de controlar a la Justicia que por proporcionarle los recursos que precisa para funcionar de forma rápida y eficaz.

PRESIONES A LOS TRIBUNALES

Entre los españoles también es mayoritaria la sensación –expresada por un 66 por ciento– de que los tribunales reciben presiones de forma permanente. El 89 por ciento de quienes lo afirman las atribuyen a los grupos políticos, el 86 por ciento al Gobierno de turno, el 84 por ciento a los grupos de presión económicos y sociales y el 62 por ciento a los medios de comunicación.

Solo el 24 por ciento de los españoles, sin embargo, cree que las presiones de que son objeto los tribunales acaban realmente influyendo en sus decisiones.

La encuesta detalla además que el 56 por ciento de los españoles tiene buena opinión de la forma en que actúa el Consejo General del Poder Judicial gestionando el funcionamiento de la Justicia y decidiendo los nombramientos de quienes han de presidir los distintos tribunales.

El 87 por ciento de los encuestados se muestra además de acuerdo con la afirmación de que las actuales dificultades para renovar el órgano de gobierno de los jueces se deben a que los partidos políticos que tienen que designar a los vocales tienen más interés en tratar de nombrar a personas que les parecen ideológicamente cercanas que en seleccionar de común acuerdo a las más preparadas.

LA IMAGEN DE LA JUSTICIA

El presidente de Metroscopia y catedrático emérito de Sociología José Juan Toharia, que ha realizado el informe sobre la encuesta, señala en sus conclusiones que «la imagen de la Justicia en nuestra sociedad es, en suma, notablemente mejor de lo que suele darse por supuesto».

En este mismo sentido se pronuncian el 77 por ciento de los encuestados, que afirman que la Justicia suele tener peor imagen de la que en realidad merece porque solo son noticia sus posibles deficiencias y no los miles de casos que resuelve diariamente de forma adecuada.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha pedido depurar, «de manera urgente», las responsabilades penales y políticas por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Además, ha manifestado su apoyo a la familia de Joaquín Beltrán, desaparecido en el accidente y al que no se seguirá buscando, y ha indicado que le gustaría que se le siguiese buscando.

En declaraciones en el Parlamento vasco, Gorrotxategi ha trasladado, en primer lugar, un mensaje «de apoyo y cariño total» a la familia de Joaquín Beltrán después de que el Gobierno vasco haya anunciado que ha finalizado sin éxito la búsqueda de sus restos mortales, tras quedar sepultado, junto con otro trabajador, en el derrumbe del vertedero de Zaldibar hace un año.

«No quiero ni imaginar lo que están sintiendo en este momento claro, sabíamos que este momento llegaría, sin embargo, no pensábamos que llegaría hoy y de esa manera», ha indicado

Gorrotxategi ha indicado que el pasado lunes los grupos parlamentarios estuvieron en el vertedero de Zaldibar viendo las obras de estabilización de terrenos y también de búsqueda del cuerpo de Joaquín Beltrán «y no se nos dijo nada de esto». «Nos hemos enterado sorpresivamente de que las labores de búsqueda iban a finalizar», ha añadido.

A su juicio, Zaldibar es el «ejemplo de que la buena gestión de este Gobierno es un mito». Gorrotxategi ha indicado que no ha habido una «buena gestión» porque ha habido «una total falta de control de la actividad en este vertedero y en otros», además de una «falta de transparencia total».

RESPONSABILIDADES

«La opacidad es evidente en toda la gestión postaccidente y ha habido una falta también de asunción de responsabilidades penales, políticas, nadie asume ninguna responsabilidad», ha añadido.

Gorrotxategi, tras indicar que el accidente ocurrió hace más de un año y tres meses y «sigue abierta la herida» del siniestro, ha manifestado que «la responsabilidad política tiene que abarcar a todas las personas que hayan tenido responsabilidad a lo largo de todo este tiempo».

A su juicio, este tema merece «un abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos que se base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición».

«Verdad, tenemos derecho y, desde luego ,la familia de Joaquín Beltrán tiene derecho a saber qué ha pasado, tienen que depurarse las responsabilidades penales y políticas y, además, tiene que hacerse de manera urgente, ya llevamos más de un año desde que este accidente y esta catástrofe sucedió», ha añadido.

También ha reclamado «justicia y reparación» respecto a la familia de Joaquín Beltrán y al medio ambiente porque, a su juicio, «no es suficiente con las palabras de apoyo y con los mensajes solidarios», sino «hay que reparar a la familia y hay que reparar al medio ambiente».

Además, ha asegurado que tiene que haber «garantía de no repetición» porque este accidente muestra «los problemas que ofrece un modelo de residuos que existe en Euskadi y que «debe cambiar».

En relación a si cuestionan que se hayan dado por finalizado esos trabajos de búsqueda, ha indicado que el final de la búsqueda se basa en un informe, cuyo contenido y autoría afirma desconocer y ha asegurado que ella desearía es que esas labores «no finalicen».

La hermana de Heidi Paz, Karina Z.B., y uno de sus amigos más cercanos han declarado en el juicio que poco antes del crimen la joven hondureña les confesó que tenía miedo de César Román, alias el ‘rey del Cachopo’, manifestando que nunca estuvo relacionada con la prostitución ni con el tráfico de drogas en contra de lo afirmado por el presunto homicida.

Nada más salir de la sala, la hermana ha roto a llorar y ha increpado a César, quien se ha mostrado serio durante su declaración. Durante unos minutos, se ha escuchado a la mujer gritar en los pasillos sufriendo un ataque de ansiedad y siendo atendida por médicos forenses de la Audiencia de Madrid.

En la quinta sesión han comparecido además de su hermana varios amigos de Heidi, quienes han corroborado al tribunal la relación tóxica que mantenía con César Román al controlar todos sus pasos. También ha testificado el exnonovio de la víctima, Marcelo, quien al salir se ha encarado con el acusado y le ha dicho: «Vos tiene la vida prestada, boludo».

Uno de los mejores amigos de Heidi, Álvaro F.H., ha relatado a preguntas del fiscal Miguel Méndez que la noche del crimen, la madrugada del 4 al 5 de agosto, recibió llamadas «persistentes» de su amiga que le comentaba que tenía miedo de César.

«Me dijo que había tenido un problema con César y que tenía miedo a estar sola pero no la vi. Estaba en una discoteca de Móstoles y la dije que viniera. Dijo que se lo pensaría y nunca volvió a llamar», ha relatado.

Otro de sus conocidos, de nacionalidad mexicana y que conoció poco antes en un bar donde empezó a trabajar en Perales del Río, ha relatado que esa noche salieron de marcha a una discoteca a celebrar una fiesta y la dejó en la plaza de Legazpi, donde no la esperaba nadie.

Karina Z.B. ha relatado que un día antes del crimen, el 4 de agosto, su hermana le mandó un mensaje y le dijo que tenía miedo de su pareja, afirmando que era «una persona posesiva y controladora». «Ella tenía miedo de que le hiciera algo. Le dejó una nota para dejarle», ha relatado la mujer.

A preguntas sobre si Heidi consumía o vendía droga, ha espetado que nunca y ha acusado a César de «denigrar a su hermana y a una mujer» con sus manifestaciones acerca de que ejercía la prostitución y al relacionarla con una organización criminal dedicada a trapichear con drogas.

Otro de sus amigos ha narrado que presenció numerosos ataques de celos y de acoso de César hacia Heidi. «Controlaba todo y lo que no podía lo intentaba. Yo no le soportaba. Siempre que estaba con ella, no la paraba de llamar», ha narrado.

De nuevo, otro conocido ha ratificado que Heidi recibió amenazas de César después de que ésta le dijera que no se quería casar con él. «Le dijo que si no iba a ser para él, no iba a ser con nadie», ha aseverado y ha afirmado que «esa chica se dedicaba a su trabajo y no a trapichear».

Organizaciones vinculadas al sector aeronáutico desde el ámbito profesional, laboral y social han enviado este viernes una carta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar que se vacune de forma urgente a las tripulaciones, ante la inminente recuperación de las cifras habituales de tráfico aéreo previstas para los próximos meses.

En un comunicado, el sector aeronaútico ha destacado que «la vacunación asegura la prestación de servicios públicos esenciales vinculados al sector aéreo que deben desarrollarse en condiciones de seguridad sanitaria y garantizar la recuperación sostenible y ordenada de las operaciones aéreas de cara al inmediato periodo estival».

Estas organizaciones se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y de otros organismos y entidades internacionales de referencia (Agencia Europea de Seguridad Aérea, IFALPA, ITF, IATA), que han recomendado firmemente incluir a las tripulaciones dentro de los grupos de vacunación prioritaria por la movilidad inherente a su trabajo y el riesgo que supone dicha movilidad y las condiciones de trabajo como vector de transmisión.

El sector ha explicado que los desplazamientos constantes a diferentes países y las condiciones de trabajo en entornos con alta densidad de personas de diferentes procedencias, como pueden ser aeropuertos, hoteles o vehículos de transporte aumentan exponencialmente el riesgo de contagio.

Por ello, «la vacunación de las tripulaciones aportará una mayor seguridad sanitaria al transporte aéreo y a los usuarios», han añadido.

Además, en el comunicado han recordado que el transporte aéreo es un «motor económico fundamental» para España y un «medio de transporte esencial» para el turismo internacional, ya que en 2019 el 82% del turismo internacional utilizó el avión como medio de transporte.

Entre las organizaciones que se suman a esta petición están el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), Asociación Española de Pilotos (AEP), Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) o Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (SITCPLA), entre otras.

El Pleno del Tribunal Constitucional adoptó ayer dos decisiones similares respecto a dos decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez, algunas de cuyas disposiciones anuló al entender injustificada la urgencia alegada por el Ejecutivo para aplicarlos. El primero declaró inconstitucional el blindaje de los nuevos integrantes de la denominada comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que el segundo tumbó la integración de la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.

En ambos casos, la decisión adoptada por el tribunal de garantías no fue unánime, ya que contó con el voto discrepante del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que considera que ambas medidas, de índole puramente administrativa, son necesarias y urgentes para hacer efectiva una competencia del Gobierno como es la modificación de los Departamentos Ministeriales y de las comisiones delegadas del propio Gobierno.

Según el voto popular que redacta el magistrado, y que se hará público previsiblemente la semana que viene junto con las sentencias acordadas por el resto, tanto la integración de determinadas personas en la comisión gubernamental del CNI como el asunto de las clases pasivas -incluida en un decreto ley de medidas laborales y fiscales- se adoptaron en un momento en el que confinamiento y el estado de alarma no permitían la tramitación urgente de una reforma legislativa, dadas las propias dificultades de funcionamiento que afectaban al Parlamento.

En cuanto a la reforma que afecta a la Seguridad Social, fuentes del Constitucional han señalado que el TC ha tumba varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.

La sentencia del TC acoge el recurso presentado por el PP contra esta disposición porque «el Gobierno hizo un mal uso del real decreto» pues «el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad», han señalado fuentes jurídicas.

SENTENCIA SOBRE COMISIÓN CNI

En cuanto al otro decreto estudiado por el TC, se declara la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición con la que el Gobierno «blindó» la presencia del entonces vicepresidente segundo Pablo Iglesias y otras personas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.

Esta segunda sentencia, que responde a un recurso de Vox –queda pendiente resolver otro en el mismo sentido presentado por el PP– considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.

Tras la conformación del gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez decidió en febrero modificar la composición de las comisiones delegadas, entre ellas, la que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para ello, aprobó un real decreto, pero fue recurrido por Vox ante el Supremo.

Tras ese recurso, el Ejecutivo decidió aprovechar en marzo el decreto de medidas económicas contra la pandemia para realizar una modificación de la ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y blindar ese cambio en la composición de la comisión de Asuntos de Inteligencia.

No obstante, la sentencia del TC –cuyo contenido adelantó ayer el propio tribunal a pesar de no contar aún con el voto discrepante-, declara que el precepto adolece de un defecto formal determinante de su inconstitucionalidad, en cuanto su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley vulnera los requisitos exigidos por la Constitución para la utilización de este instrumento legislativo.

El patrullero ‘Infanta Elena’, con base en Cartagena, efectuará entre los días 15 y 31 de mayo labores de vigilancia y seguridad marítima en el Mediterráneo, mar de Alborán y estrecho de Gibraltar, informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

Durante esta navegación, el barco depende del Mando Operativo Marítimo (MOM) y realiza una de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas, como es la vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

La misión de este buque es contribuir a la acción del Estado en la mar para ejercer la soberanía y proteger los intereses marítimos nacionales en aguas españolas y en la Zona Económica Exclusiva, así como colaborar con otros órganos de la Administración que tengan competencias en el ámbito marítimo.

MARSEC 2021 Y COLABORACIÓN EN ‘JOINT SHIELD’

Al comienzo de la navegación, el ‘Infanta Elena’ participará en la Operación ‘Joint Shield’, apoyando a la Unidad de Defensa de Artillería de Costa (UDACTA) del Ejército de Tierra y al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) a identificar todos los buques que estén en la costa de levante de la península.

También participará en los ejercicios MARSEC 2021 el día 18 en el puerto de Valencia y el 19 y 20 de mayo en las inmediaciones de Cartagena. El fin de estos ejercicios es aunar esfuerzos de diferentes organismos y agencias civiles y militares, para lograr el objetivo común de salvaguardar los espacios marítimos de jurisdicción e interés nacional.

MANDO OPERATIVO MARÍTIMO (MOM)

El MOM es la organización de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART) y tiene sede en Cartagena.

Las Operaciones Permanentes son una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Los tradicionales Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aeroespacial (MOA) y el recientemente creado Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente hay unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

PATRULLERO ‘INFANTA ELENA’

El ‘Infanta Elena’ es la tercera de la clase ‘Descubierta’ y fue botada por la Empresa Nacional Bazán el 14 de septiembre de 1976. El 13 de enero de 2004 y tras finalizar las obras de remodelación, fue reclasificada a patrullero de altura P-76.

Con base en Cartagena, sus principales misiones son la seguridad marítima, la lucha contra la contaminación marítima, la detección y seguimiento de posibles actividades de inmigración ilegal y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El Comandante del buque es el capitán de corbeta Gonzalo Escudero García y la dotación para esta navegación es de 80 personas, incluyendo un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina.

El PNV de Bizkaia ha denunciado que varias de sus sedes sociales en Bilbao, Mungia, Galdakao, Bedia y Lemoa han sufrido durante los dos últimos días diversas pintadas con «amenazas» contra la formación jeltzale y la Ertzaintza que «vuelven a estar firmadas por Ernai». La formación ha pedido que cesen estos «ataques inaceptables» y ha advertido de que, en caso contrario, será «muy difícil dar crédito a la pretendida actitud democrática» de la izquierda abertzale.

El BBB, la ejecutiva territorial del PNV, ha informado de que esta pasada madrugada se han producido «dos nuevos asaltos» en los batzokis de Bedia –localidad donde la fachada del Ayuntamiento también ha sido pintada– y Lemoa.

Según ha explicado, estos «ataques» se suman a los realizados este pasado jueves en los batzokis de Bilbo Zaharra, Galdakao y Mungia, así como en la fachada de Sabin Etxea, su sede principal en Bilbao.

En las pintadas pueden leerse frases como ‘Biolentzia zuena’ (violencia la vuestra) o ‘PNV lotu txakurrak’ (PNV ata a los perros). «Todos los mensajes tienen en común verter amenazas en contra de EAJ-PNV y la Ertzaintza, y vuelven a estar firmados por la organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai», ha denunciado el BBB.

A su entender, estas conductas «inaceptables y reprochables» muestran «la debilidad política y la falta de cultura democrática de algunas personas que insisten en devolver a la sociedad vasca a tiempos pasados.

El PNV ha señalado que «la gran mayoría de la juventud vasca es educada en valores democráticos», por lo que «estos grupos y acciones no representan los deseos y las mentalidades de esta juventud».

Asimismo, ha apuntado que estos actos evidencian también que, «incluso en la extraordinaria situación generada por la pandemia, hay quienes pretenden seguir utilizando mecanismos ya olvidados como el chantaje, la amenaza o la coacción».

«No han caído aún en la cuenta de que la ciudadanía vasca ha apostado por la convivencia y el respeto al diferente, y ha rechazado de plano cualquier actuación que alimente el conflicto», ha añadido.

PRETENDIDA ACTITUD DEMOCRÁTICA

Por ello, ha instado a los responsables de estas actuaciones a que «acaben con estos ataques organizados que solo persiguen generar un clima de crispación y malestar».

En caso contrario, ha añadido, «a la inmensa mayoría de la sociedad le va a resultar muy difícil dar crédito a la pretendida actitud democrática que la izquierda abertzale está subrayando en la tan promocionada conmemoración del décimo aniversario de su fundación».

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que permitir que se disputara LaLiga Santander y SmartBank aún sin público «fue positivo», la víspera de que los aficionados regresen a los estadios de los clubs profesionales 14 meses después debido a la pandemia de la COVID-19.

Rodríguez Uribes no entró a valorar si en el País Vasco no habrá aficionados este fin de semana, pero sí en otras Comunidades Autónomas -caso de Valencia, Galicia y Baleares- con mejores datos en la lucha contra la pandemia («No voy a entrar en eso», dijo).

«Hemos pasado un año muy duro y los primeros damnificados han sido todos los sectores económicos dependientes del público. En esta ‘casa’ insistimos en el lema de la ‘cultura segura’. Francia decidió suspender la Liga y nosotros, mantenerla aún sin público. Creo que fue positivo, por verlo en televisión y para ayudar a los deportes minoritarios», manifestó.

En la presentación del Plan de recuperación, transformación y resiliencia en las industria de la cultural y el deporte, Rodríguez Uribes destacó que en España se combinó la «voluntad» de mantener abiertos los espacios públicos deportivos para ayudar al sector durante la pandemia. «No ha sido así en Europa o en Estados Unidos. Teníamos la voluntad de que estén abiertos porque son necesarios», justificó.

Por otro lado, Uribes informó de que España contará con 72.000 millones de euros hasta 2023 de ayudas directas para impulsar la recuperación económica. Dicho plan pivota en cuatro ejes: transición ecológiga, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.

300 MILLONES PARA EL DEPORTE HASTA 2023

En concreto, para el fomento del sector del deporte se destinarán 300 millones hasta 2023 para la modernización de infraestructuras deportivas sostenibles, el desarrollo de instalaciones en zonas en riesgo de despoblación, el impulso a la transformación digital, la promoción de la investigación sobre actividad física, la promoción de la igualdad e inclusión y del deporte femenino.

Asimismo, se potenciarán las candidaturas para la organización de grandes eventos deportivos. «Vamos a unos Juegos Olímpicos en Tokyo y el cambio de era se produjo en Barcelona’92. Vamos a ser un país atractivo para organizar eventos», aseguró.

Entre las reformas pendientes en el sector, recordó las de la Nueva Ley del Deporte; la Ley de Profesiones del Deporte; y la Estrategia Nacional del fomento del deporte frente al sedentarismo y la inactividad física.

Asimismo, detalló que en el Plan de Digitalización del sector del deporte se invertirán 75,63 millones; en el de Transición Ecológica de instalaciones deportivas, 146,52 millones, y en el Social, 77,84 millones.

Estamos presentando un gran plan, un proyecto de país, financiado con fondos europeos, para reforzar los dos sectores (cultura y deporte) con esa triple idea de la cultura y el deporte como derecho fundamental, como industria de este país que debe ser palanca económica y como valor, fuente de inspiración de la ética pública de las sociedades libres», indicó.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido este viernes que el sistema falló en el último asesinato machista –ocurrido en Sagunto (Valencia) la semana pasada– y ha llamado a reflexionar y revisar los protocolos y herramientas existentes en la lucha contra esta lacra.

En rueda de prensa desde la Moncloa, Montero ha condenado este último asesinato, que eleva a 9 el número de víctimas mortales de la violencia de género en 2021 y a 1.087 en el histórico que se viene contabilizando desde el años 2003.

La víctima, de 60 años, acudió a pedir ayuda al Ayuntamiento de la ciudad dos días antes del suceso, según ha confirmado el alcalde, y es por eso que Montero ha reconocido este viernes que se ha «llegado tarde a este caso». «La víctima había pedido ayuda y estas son circunstancias poco habituales en los casos de violencia de género, y por tanto lo digo con rotundidad hemos fallado debemos reflexionar y debemos asumir nuestras obligaciones», ha declarado ante los medios.

Según ha señalado, las administraciones no pueden «llegar tarde» en relación a «la protección de las víctimas» y por eso ha indicado que «los protocolos» y las «herramientas» con las que cuenta el país, como el propio sistema Viogén, «deben ser revisados».

En concreto, ha explicado que «ha fallado la detección de la gravedad y el riesgo» del caso de esta mujer y, ha insistido, en que a pesar de que la mujer fue a pedir ayuda, su asesinato «no se ha podido evitar».

Precisamente, la ministra de Igualdad ha presentado a los periodistas en esta rueda de prensa el Plan ‘España te protege contra las violencias machistas’ que forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno y que tiene como objetivo reforzar los servicios públicos existentes en la lucha contra todas las formas de violencia machista.

UN PLAN CON TRES EJES

A su juicio, estas medidas se van a poner en marcha en «un contexto complicado» por el «daño añadido» que la pandemia ha supuesto a estas víctimas y también por «la constante amenaza del fundamentalismo y una extrema derecha negacionista». Montero ha señalado que esta actitud es «la violencia más sistémica, invisible y normalizada» existente en la actualidad.

En cuanto al contenido del Plan, ha destacado los tres ejes en los que se sustenta. El primero es la mejora de la atención de las víctimas, ampliando el 016 a la atención a todos los tipos de violencia machista recogidos en el Convenio de Estambul; y ampliando el asesoramiento que se les ofrece para incluir el laboral, principalmente para las víctimas de trata y trata con fines de explotación sexual.

El segundo eje es la «modernización del servicio de atención y protección a las víctimas», tanto a través de ATEMPRO como de los dispositivos conocidos como pulseras. La ministra ha explicado que es necesario usar «la mejor tecnología» de la que dispone el Gobierno y, por eso, estas medidas se usarán también para todas las violencias que se ejercen contra la mujer.

En cuanto al último punto, se centra en la creación del servicios de atención integral, como son los centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de agresiones sexuales. Para ello se invertirán unos 70 millones y el objetivo es que existe uno de estos centros en cada provincia, para atender a las víctimas mayores de 16 años que hayan sufrido estas agresiones sexuales sin importar cuándo.

En su intervención, la titular de Igualdad ha recordado que su departamento trabaja también en la puesta en marcha de una Ley Integral contra la Trata y que atenderá a las víctimas de este delito, tanto al que se realiza con fines de explotación sexual, como al que lo hace con fines de explotación laboral o de mendicidad.

Según ha señalado, este texto tendrá un «enfoque de derechos humanos, interseccional y feminista» con el objetivo de que no haya en esta lucha «víctimas de segunda» como las mujeres migrantes o en situación administrativa irregular. Además, Montero se ha referido a los 10 millones que se destinarán a ayudar a las mujeres en contexto de prostitución.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado este miércoles que «todos los partidos» quieren un plan jurídico alternativo tras el «caos» creado una vez finalizado el estado de alarma. Tras recordar que el Grupo Popular ha registrado una proposición de ley en el Congreso, ha pedido que se les deje legislar esta cuestión si el Gobierno no quiere hacerlo.

«Si Sánchez no quiere gobernar, que se dé la vuelta y deje al PP que legisle y gobierne», ha declarado Beltrán en una entrevista en TVE, en la que ha atribuido su negativa a aprobar esa ley de pandemias a la «soberbia» y a que «no admite que le digan cómo tiene que hacer los deberes».

Beltrán ha recalcado que el «caos» actual hay que solucionarlo y ha destacado la ley de pandemias que ha propuesto su partido en el Congreso. «Esto lo quieren todos los partidos políticos porque se ha visto en las Cortes que sí que lo van a aceptar. Pero Sánchez no quiere», ha enfatizado.

«HAY UNA INSEGURIDAD JURÍDICA INACEPTABLE»

La dirigente del PP ha señalado que ese plan jurídico permitiría limitar la movilidad o decretar el número de personas en reuniones en función de la incidencia, «siempre sin violar derechos fundamentales». A su entender, permitirá dar «seguridad y certeza» a los ciudadanos.

«Sánchez se ha metido en La Moncloa y el Gobierno de España ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la gestión de la pandemia», ha criticado, para recalcar que el PP quiere «no quiere que se limiten los derechos fundamentales», solo que se legisle lo necesario en función de la incidencia de la pandemia».

Beltrán ha subrayado que «hay una inseguridad jurídica inaceptable y hay que solucionar este caos». Preguntada entonces si el toque de queda se podría regular de forma orgánica, ha dicho que «se puede perfectamente» porque hay «diferente marco jurídico a analizar que permite que eso se pudiese regular».

Tras asegurar que la responsabilidad individual es «vital» para controlar la pandemia, la responsable de Organización del PP ha solicitado la celebración de una Conferencia de Presidentes para acordar decisiones sobre restricciones «como la movilidad».

PLUS ULTRA Y ÁBALOS

Beltrán ha señalado que el PP ha «tendido la mano en numerosas ocasiones» a Sánchez para alcanzar Pactos de Estado en materia sanitaria y económica, pero se ha quejado de que el Gobierno «no quiere» cuando en la actual situación es «necesario y vital» que se entiendan.

Dicho esto se ha referido a fondos europeos y ha subrayado que ese dinero es «importantísimo» para la recuperación de España. Sin embargo, ha criticado que el PSOE no haya detallado cómo los va a gestionar.

«No nos fiamos de ellos y por eso pedimos que se cree una autoridad independiente», ha declarado Beltrán, tras aludir «a los millones de euros» que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, «ha dado a la compañía Plus Ultra, solamente con un avión, por congraciarse con el Gobierno chavista».

El Papa ha criticado este viernes la situación en la que se encuentran tantas mujeres en el trabajo, temerosas de que un embarazo pueda suponer un despido, hasta el punto de llegar a ocultar su barriga. «Sin natalidad no hay futuro. Mujeres no escondan su vientre», ha exclamado en la apertura de un ciclo de conferencias sobre el futuro demográfico y la crisis de la natalidad en Italia.

«¿Cómo es posible que una mujer tenga que avergonzarse por el regalo más hermoso que la vida les puede ofrecer? No son las mujeres las que deben avergonzarse sino la sociedad», ha señalado Francisco.

El Pontífice considera «urgente» ofrecer a los jóvenes «garantías de un trabajo suficientemente estable, seguridad para el hogar, atractivos para no salir del país».

También ha insistido en que el tejido empresarial debe implicarse en esta tarea: «!Qué bonito sería ver crecer el número de emprendedores y empresas que, además de producir ganancias, promueven vidas, que se cuidan de no explotar a personas con condiciones y horarios insostenibles, que llegan a repartir parte de los ingresos a los trabajadores, con miras a contribuir a un desarrollo invaluable, el de las familias».

Francisco ha manifestado que «si las familias no están en el centro del presente, no habrá futuro; pero si las familias comienzan, todo volverá a comenzar». En este sentido, ha destacado el problema que supone que «la mayoría de los jóvenes» quiera tener hijos y que muchos no pueden por su situación económica. «Solo la mitad de los jóvenes cree que podrá tener dos hijos en el transcurso de su vida», ha agregado.

El Papa también ha denunciado «los dramáticos números de nacimientos y los espantosos de la pandemia» que, según ha dicho, «exigen un cambio y una responsabilidad». «¡Cuántas familias en los últimos meses han tenido que trabajar horas extras, repartiendo la casa entre el trabajo y la escuela, con padres que han sido maestros, técnicos informáticos, trabajadores, psicólogos!», ha manifestado al recordar el período de confinamiento.

Los Estados Generales de la natalidad son una iniciativa organizada en Italia por el Foro de las Asociaciones Familiares, en la que también ha participado el primer ministro italiano, Mario Draghi, la ministra de la Familia, Elena Bonetti, el ministro de Eduación, Patrizio Bianchi, además de otros exponentes del mundo empresarial y de la cultura italiana.

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Via de la Conciliación, la avenida principal que desemboca en el plaza de San Pedro, dos mujeres embarazadas han regalado dos bonsáis al Papa y al jefe de gobierno italiano.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha trasladado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como a la Comisión de Salud Pública y a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), su «profundo sentimiento de decepción, incomprensión y gran preocupación» ante la muestra de «olvido y abandono» hacia los pacientes con enfermedad crónica en la estrategia de vacunación.

Y es que, en la nueva actualización, sólo se incorporan como colectivos vulnerables a grandes dependientes de difícil accesibilidad y personas con autismo profundo o enfermedad mental severa. En este sentido, la POP, junto a uno de sus socios, la Confederación Autismo España, ha instado a FACME y a la Comisión de Salud Pública a clarificar el alcance real de esta medida, especificando qué se considera por «autismo profundo», con el fin de evitar el «desconcierto» de muchas familias, puesto que las personas con gran dependencia ya estaban incorporadas en el primer grupo de vacunación.

«Estamos totalmente atónitos ante la situación que estamos viviendo. Realmente nos cuesta entender cómo, tras casi seis meses de vacunación, nuestra ministra de Sanidad no está teniendo en cuenta a todas las personas con enfermedad crónica que viven en nuestro país y FACME, como representante de las sociedades científicas no les haya defendido», ha dicho la presidenta de la POP, Carina Escobar.

Y es que, tal y como ha recordado, hay «millones» de personas con patologías crónicas como, por ejemplo, afecciones cardiacas, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, fibrosis quística y otras enfermedades raras, así como aquellos pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores y para los cuales existe «evidencia sólida» de mayor riesgo de enfermedad grave.

«Estas personas, muchas de ellas jóvenes, han tenido que paralizar su vida ante el gran riesgo que el contagio supone para su delicada salud. Se trata de pacientes que, diariamente, tienen que acudir a centros sanitarios para continuar con sus consultas, pruebas y tratamientos y que, por tanto, se encuentran tremendamente expuestos a un contagio. Creemos que dejar de lado a este colectivo no respeta los principios éticos que se establecen en la estrategia y que deben proteger a los más vulnerables», ha añadido Escobar.

Además, la POP ha denunciado la «falta de compromiso y transparencia» mostrada por Darias, la Comisión de Salud Pública y su asesor FACME al «no respetar» y llevar a cabo los criterios de priorización que recogía el documento inicial de la estrategia de España en el cual se determinó que «en la priorización serán consideradas personas con condiciones de alto riesgo para COVID-19 aquellas con condiciones o patologías para las que existe evidencia sólida, en el momento actual, de mayor riesgo de enfermedad grave».

«Es totalmente incoherente lo que está ocurriendo con la priorización de los grupos de vacunación. Hace menos de un mes, el propio Ministerio de Sanidad publicaba un ‘tweet’ reconociendo la situación de vulnerabilidad que tienen las personas inmunosuprimidas, sin embargo, siguen sin incluirles en los turnos de vacunación», ha zanjado la presidenta de la POP.