El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha advertido este viernes a ERC y a Junts de que, si no se "refunda" TV3 y el resto de medios públicos catalanes, los socialistas bloquearán la renovación del Consejo de Administración de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

En un acto en las jornadas de verano organizadas por Societat Civil Catalana (SCC), en el que ha sido entrevistado por el periodista Manel Manchón, Illa ha recordado que para renovar este órgano es necesario el aval de dos terceras partes del Parlament, por lo que los votos del PSC son "imprescindibles", y ha asegurado que ERC y Junts ya contactaron con los socialistas sobre esta cuestión.

Illa ha defendido la necesidad de que los medios públicos catalanes se refunden "buscando sostenibilidad económica, buscando pluralismo, no solo informativo, también lingüístico y cultural, y también estar en consonancia" con el liderazgo que, a su juicio, tenía TV3 hace años.

"Si no, lo bloquearemos. Si no hay garantías de que se refunda, no participaremos", y la CCMA se quedará como está o ERC y Junts deberán buscar otras alianzas, ya que el PSC quiere hacer valer la aritmética parlamentaria para que los medios públicos catalanes representen a toda la ciudadanía, según él.

DEFENSA DE LOS INDULTOS Y EL DIÁLOGO

Illa ha defendido los indultos como un "acto de generosidad, de afirmación del Estado de derecho y un acto que refuerza lo que está ocurriendo en Cataluña, que es la apertura de un nuevo tiempo político".

Para él, esta nueva etapa se debe basar en decir la verdad, es decir, en que los planteamientos que se hagan sean viables y excluir los que no lo sean, y hacer propuestas que unan a la sociedad catalana: "La independencia es divisiva", ha remarcado.

El dirigente socialista ha sostenido que el conflicto debe superarse desde el diálogo, la negociación y llegar a acuerdos, y ha alertado de que la línea roja es el respeto al Estado de derecho: "Si se rompe, ya sabemos qué pasa. Ya nos hemos topado con este río y ya hemos cruzado el puente. Si volvemos a topar con el mismo río, volveremos a pasar por el mismo puente".

Así, ha insistido en que hay que buscar el consenso y lo que une a la sociedad catalana para encontrar un "punto intermedio", y ha razonado que vale la pena correr ciertos riesgos para intentar este diálogo.

"Tengo un punto de optimismo. Es verdad que el Govern de la Generalitat no se mueve. Pero yo veo que Cataluña se está moviendo. Veo un ambiente diferente en Cataluña" respecto al que se encontraba hace unos dos o tres años, ha asegurado.

VOTAR UN "ACUERDO"

Preguntado por si se debería realizar alguna votación para superar el conflicto, ha reiterado su rechazo a un referéndum de autodeterminación y ha apostado por votar "un acuerdo" si se logra un consenso a través del diálogo.

También ha dicho que se debería solucionar el hecho de que en Cataluña haya un Estatut diferente al que votó la ciudadanía, porque es la única comunidad autónoma en lo que ocurre: "Esto, no siendo un drama porque podemos seguir viviendo, sería conveniente solucionarlo".

Los cuatro jóvenes mayores de edad puestos a disposición judicial este viernes en relación a la muerte de Samuel Luiz debido a una paliza mortal en A Coruña el pasado fin de semana han declarado en el juzgado que no conocían a la víctima y han rechazo un motivo de odio o de componente de tipo sexual para la agresión que acabó con su vida.

Así lo han asegurado fuentes consultadas, que han explicado que la joven detenida, de 19 años, y que ha sido la única que ha quedado en libertad con la obligación de comparecencias en el juzgado, ha contestado únicamente a las preguntas de su abogado, Luciano Prado.

Mientras que el cuarto arrestado, un chico de 18 años al que se le atribuye la sustracción del móvil de la víctima, representado por el letrado Ramón Sierra, respondió a todos los abogados y los otros solamente al suyo.

En concreto, la única chica de los cuatro jóvenes que han pasado a disposición judicial ha manifestado que "en ningún momento", han asegurado las mismas fuentes consultadas, agredió a Samuel, ni alentó a nadie a hacerlo. Así, han recalcado que esta joven "no llevó a cabo ninguna acción". Incluso, ha declarado que le recriminó a su novio, un chico de 20 años arrestado, su actitud en la paliza.

Los cuatro detenidos que han pasado este viernes a disposición judicial, amigos entre sí, asimismo han ratificado que ninguno de ellos conocía a Samuel Luiz y rechazaron motivo de odio o un componente de tipo sexual como causa de la agresión, como preguntó al menos uno de los letrados, porque no lo conocían.

TELÉFONO MÓVIL

En este sentido, declararon que todo empezó porque creían que les grababan con un teléfono móvil, con el que, según aseguraron amigas de la víctima, Samuel Luiz estaba en videollamada con una de ellas.

Además, el cuarto detenido en relación a la paliza mortal al joven coruñés de 24 años, al que la Policía Nacional atribuye además de la muerte de Samuel apropiación indebida por quedarse con el teléfono móvil de la víctima, ha alegado que se encontró el dispositivo en el suelo donde sucedieron los hechos.

Este viernes han sido, además, detenidos dos menores de edad, uno de ellos con antecedentes, de nacionalidad española, relacionadas con el homicidio de Samuel, lo que eleva a seis la cifra de arrestados hasta el momento. Esta previsto que estos pasen a disposición de la Fiscalía de Menores.

PRISIÓN PARA TRES

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de tres de los cuatro sospechosos de haber participado en el crimen de Samuel Luiz, sucedido en la madrugada del sábado 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña.

En concreto, ha acordado prisión para los tres chicos que pasaron este viernes a disposición judicial y libertad, con la obligación de comparecencias en el juzgado, para la joven, la única que ha quedado en libertad. La Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión para ella.

La magistrada indica en el auto que los cuatro arrestados son sospechosos de haber cometido un delito de homicidio o de asesinato, pendiente de definir a lo largo de la instrucción. La jueza ha acordado su ingreso en prisión por entender que existe riesgo de fuga y posibilidad de alteración o destrucción de pruebas.

La investigación, que está bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que es el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos y al que se remitirá todo lo actuado y que deberá ratificar las medidas. Además, está previsto que en próximos días comparezcan en sede judicial los testigos de los hechos.

La defensa del expresidente catalán Artur Mas y del ex secretario de Presidencia Joaquim Nin ha presentado recurso contra las fianzas que les reclama el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las embajadas catalanas y para el Diplocat. Alega indefensión por una "irregular" tramitación de diligencias, pide anular la liquidación provisional hasta que se resuelva el recurso y suspender el plazo de quince días hábiles para el depósito de esa fianza.

Impugna la liquidación provisional no por razones de fondo --"por más que estamos en absoluto desacuerdo con la fundamentación jurídica de la responsabilidad contable que se imputa a mis representados"-- sino porque considera que se ha dado una irregular tramitación en las diligencias preliminares y en actuaciones previas y cree que se ha generado una "indefensión material". "Lo cual, a nuestro entender, afecta a la validez de todo lo actuado hasta la fecha", indican.

En el recurso de la defensa de Mas, que esta fechado el 3 de julio, se apunta que tras notificarles la providencia se les requiere para que reintegren, depositen o afiancen el importe provisional incrementado por los intereses pertinentes, que en el caso de Mas asciende a 2,9 millones de euros y en el de Nin a 147.864,37 euros.

Pero apunta que hasta la citación para la práctica de la liquidación provisional no se les había notificado ni uno sólo de los múltiples trámites adoptados, ni en las Diligencias preliminares, ni en las Actuaciones, lo que "ha impedido recurrir las diversas decisiones adoptadas y formular alegaciones y proponer prueba en defensa" de sus intereses, por lo que hay un claro "perjuicio".

Añade que se debía haber facilitado la formulación de alegaciones y que en el supuesto examinado todo conduce, "irremediablemente", a la conclusión de que se ha generado "una situación de indefensión material con perjuicio real y efectivo". Y dice que "no es admisible" que en un procedimiento que se inicia a consecuencia de un procedimiento de fiscalización sobre el destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las Políticas de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017, la primera diligencia de la que se tome conocimiento sea la citación para la liquidación provisional ya en calidad de 'presuntamente responsable'".

SITUACIÓN DE DESIGUALDAD

Sostiene que se ha dado "una manifiesta vulneración de lo establecido en el artículo 24 de nuestra Norma Fundamental, al desconocerse el principio de contradicción" y añade que se deja a Mas y Nin en una situación de desigualdad con los representantes del Ministerio Fiscal, la Generalitat de Cataluña, la acción pública y la Abogacía del Estado.

Suma a esto que efectuar la liquidación conlleva la exigencia de depósito o afianzamiento de las cantidades, que califica de "elevadísimas" y que de por sí, eso ya supone "gravísimos perjuicios". Y añade que se ha dado además una "falta de conocimiento efectivo sobre las supuestas irregularidades contables con las que les vinculaba", y que debían haber conocido el fundamento de su eventual responsabilidad con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional.

"Sería mucho más garantista que el traslado del borrador o propuesta de liquidación provisional se efectuara con la propia citación, lo que sí permitiría analizar todas las cuestiones fundamentales que conforman la responsabilidad contable provisional", dice la defensa. Lamenta que como práctica habitual, también en este caso, tengan que contestar in vocce "sin tiempo material para fundamentar las alegaciones en las debidas condiciones para garantizar la defensa de los intereses de los afectados".

El abogado de Mas indica en el recurso que se les ha trasladado un expediente compuesto de miles de documentos y un listado de documentos de interés que afectan a sus representados, pero si bien puede ser "suficiente para hacerse una composición de las presuntas irregularidades, el título de imputación y la cuantía posiblemente exigida", desde luego "resulta absolutamente ineficaz en actuaciones de la dimensión, complejidad y repercusión económica como ésta".

TRES HORAS PARA 500 PÁGINAS

Apunta además que no se acota la documentación de manera suficiente para que su examen pueda producirse de manera detallada y exhaustiva; a Mas se le vincula con actuaciones que, de manera evidente, quedan fuera del periodo en que ejerció su cargo; no se expresa por qué motivo se le atribuye la condición de presunto responsable contable, en relación a determinadas partidas, ni se traslada la cuantificación de la responsabilidad que le podría ser exigida.

Lamenta además que sólo les facilitaran tres horas para estudiar las 500 páginas de la liquidación provisional, "plazo manifiestamente insuficiente", y apunta que debería haberse otorgado un plazo no inferior a 48 horas para poder examinar, estudiar y rebatir las alegaciones del borrador.

Según el acta de liquidación provisional notificada la semana pasada, se les reclama a 34 excargos del Govern cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo. Aunque se les reclama de forma individual por conceptos concretos, todos ellos deben responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

PLAZO PARA DEMANDAS

Las defensas tenían hasta este jueves para presentar recurso contra la fianza impuesta por el órgano fiscalizador. Según recoge la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez que se hayan abonado las cauciones y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada -en este caso la Generalitat-- y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal --por el mismo plazo-- para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.

Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, a la que por turno le correspondió este asunto.

El presidente del Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, y la directora del Centro San Rafael, Ana Carratalá, han inaugurado este viernes la exposición 'Me Ves, en comunidad. Fotógraf@s con discapacidad', dirigida por la fotorreportera, Pilar Cortés, que muestra a través de fotos la mirada de doce vecinos del casco Antiguo con discapacidad intelectual.

La exposición se puede disfrutar hasta el próximo mes de septiembre, y pretende que tenga carácter itinerante, para poder llevar este mensaje a más espacios públicos de la ciudad.

En concreto, la muestra es el resultado de la experiencia de un taller de fotografía en la que han participado los residentes que viven en los dos hogares cedidos por el Patronato de la Vivienda al Centro de San Rafael, el primero de ellos hace 20 años, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, se podrá contemplar en los balcones de la sede del Patronato de la Vivienda, en la Plaza de la Santísima Faz, por todas las personas que visiten el casco Antiguo. Además, hay una segunda exposición con una veintena de fotos, en el edificio municipal El Claustro, que se podrá ver con una proyección digital de la exposición en sus cristaleras, de tal manera que se pueda visitar a casi cualquier hora del día, sin estar sujeta a horarios.

El concejal González ha puesto en valor esta colaboración en una exposición pionera destacado "la importancia de esta iniciativa con la que se consigue a través fotografías descubrir cómo viven los vecinos en el Casco Antiguo con discapacidad intelectual, y que sirve para conseguir su plena inclusión en la vida del barrio y en las relaciones con los vecinos de los que son ya grandes conocidos".

La directora del Centro San Rafael, Ana Carratalá, se ha mostrado muy emocionada y agradecida "al Patronato, a todo el equipo y en especial a Pilar, en Me Ves, se aprecia el trabajo que desarrollamos y visibiliza la capacidad artística de estas personas para que se vean como en relacionan con otras y que el barrio les sienta más suyo, en un proyecto que ha sido muy completo".

Por su parte, las fotografías se realizaron con unas primeras sesiones que tuvieron lugar antes del confinamiento en el año 2020, donde aprendieron a manejar una cámara digital, a encuadrar, a retratarse unos a otros.

Tras el confinamiento se retomaron las salidas por el casco antiguo de Alicante, para conocer y retratar a su vecindario, disfrutar de la fotografía mientras se sentían parte del barrio donde están sus viviendas.

Por último, la fotorreportera Pilar Cortés ha explicado que este proyecto nace en 2019 con los doce fotógrafos del Centro, se paró en la pandemia y se ha retomado ahora para finalizarlo.

"Son doce fotógrafos los que han participado, y la idea nace para que ellos retratasen lo que les rodea, desde sus salidas por el casco Antiguo, los vecinos, el Maca que ellos visitan mucho, cuando van al mercado todas sus actividades y todo lo que rodea, por eso la idea es Me ves en Comunidad, y que la gente pueda ver con estas fotos su mirada", ha señalado.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral contra el presidente de Urbas Juan Antonio Acedo Fernández, su antecesor, Juan Antonio Ibañez Fernández, y otras 12 personas por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de la empresa en julio de 2015 y les impone una fianza solidaria de casi 16 millones de euros.

En un auto en el que se recogen los escritos de acusación, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de Urbas Grupo Financiero SA, de otras 6 personas jurídicas (Robisco Investment, Espartel Fund Investment, Euro Cometa, Corporate Leisure, Quantium Venture y Grant Thornton) y dos físicas al no existir indicios racionales de criminalidad contra ellos.

La resolución declara a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de este procedimiento, que se inició en 2017 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Los acusados deben depositar la fianza en el plazo de 10 días de manera solidaria para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinantes, y transcurrido dicho plazo se procedería al embargo de sus bienes para cubrir dicha cantidad.

Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados, contra la que puede formularse recurso de reforma en el plazo de tres días y apelación en el de cinco.

Las actuaciones se incoaron con fecha de 26 de junio de 2017 en virtud de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, por entender que concurrían elementos indiciarios suficientes de la comisión de un delito de estafa, uno relativo al mercado y los consumidores y unos delitos societarios en la ampliación de capital de 2015.

La Fiscalía estimó que los directivos falsearon el valor de dicha ampliación de capital mediante una supuesta sobrevaloración de algunas de sus fincas.

La compañía explicó en su día que la ampliación de capital fue aprobada en la junta general de accionistas "conforme a los requisitos legales necesarios para su plena validez", sin que nadie la impugnara por los cauces reglamentarios.

Además, indicó que el valor de la operación consistente en la aportación de activos inmobiliarios fue validado por el informe emitido por el experto independiente designado por el Registro Mercantil y su contabilización fue sancionada por el auditor de la compañía, unos hechos que, según dijo, eran conocidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según los registros de la CNMV, el accionista mayoritario del grupo es su expresidente Juan Antonio Ibáñez Fernández, cuya participación, que ostenta a través de Robisco Investment, asciende al 27,795%. El porcentaje con el que cuenta el actual presidente, Juan Antonio Acedo Fernández, a través de Quamtium Venture, es similar, del 27,719%, y lo convierte en el segundo accionista.

Alza Real Estate, con un 19,79%, es el tercer mayor accionista de la compañía. Por detrás se sitúan José Antonio Bartolomé Nicolás (5,266%), consejero externo de la empresa, y la sociedad Artagar (5,232%).

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra, penas ostensiblemente menores de las reclamadas por Fiscalía, que pedía 118 años de prisión para el primero y otros 24 años para el segundo.

En una sentencia, de 195 páginas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha impuesto a Pineda una pena de 5 años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros 3 años por estafa. Además, en concepto de responsabilidad civil Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades con casi siete millones de euros. A Bernad le corresponden 3 años de prisión por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año de cárcel por el mismo delito en grado de tentativa.

No obstante, ha absuelto a ambos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En el caso de Pineda, de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal; mientras que Bernad ha quedado exculpado de los dos primeros delitos y de amenazas.

Asimismo, ha condenado a un año de cárcel al adjunto a la Presidencia de Ausbanc Ángel Garay y a seis meses de prisión a la directora del departamento jurídico, María Mateos, ambos por un delito de extorsión en grado de complicidad.

Por contra, ha absuelto a los otros seis acusados -la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis María Jordana- de todos los delitos que se les imputaban, esto es, organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.

"EL AFÁN DE LUCRO QUE MOVÍA A PINEDA"

En los hechos probados de la sentencia, el tribunal detalla cómo, con ocasión del ejercicio de acciones colectivas y "como fórmula para obtener sumas dinerarias en el afán de lucro que movía a Pineda", a la vez que presentaba demandas, Ausbanc propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de conflictos.

"El ejercicio de la acción colectiva --se erigía-- en un mero instrumento para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios u otras fórmulas", dice, para luego añadir que en el caso de que aceptasen suscribirlo se abandonaba cualquier reclamación posterior. En caso de que se negaran a los requerimientos, podían sufrir una repercusión negativa con publicaciones de noticias falsas o con la "difusión hiperbólica" de un acontecimiento aislado.

El pago de esa extorsión se enmascaraba por medio de patrocinios, eventos, publicidad en las revistas de Ausbanc o con 'estudios de mercado' que elaboraba Ausbanc con las quejas y reclamaciones de consumidores y reseñas de sentencias judiciales.

EL PAPEL DE 'MANOS LIMPIAS'

El tribunal explica que la relación entre Pineda y Bernad cuaja en 2012 después de que el primero se diera cuenta de que con los procesos penales podía obtener "copiosas sumas de dinero". La fórmula era de aparente colaboración con Manos Limpias que, como acusación popular, se personaba en procedimientos con gran repercusión mediática.

"A cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias (...), Bernad dio entrada a Pineda para que se personase en procesos en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del Grupo Ausbanc a cambio de instar la desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos, así como puesto en marcha por uno y otro", señala.

La Sala examina con detalle la treintena de actuaciones de los acusados encaminadas a obtener un beneficio de las distintas entidades con las que se ponían en contacto, algunas de las cuales se consideran extorsión consumada por haberse llevado a cabo, otras como intento de extorsión cuando no obtenían los resultados esperados y otras que no se han considerado como delito.

EL CASO NOOS

Así, el texto refleja la actuación de los acusados con la mayoría de las entidades bancarias del país (BBVA, Cajamadrid, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o Citibank), empresas como Gas natural Fenosa, Nissan, Volkswagen o Europistas y procedimientos judiciales con gran repercusión mediática como el Caso Noos.

En relación a este procedimiento que afectó a la infanta Cristina de Borbón, la Sala considera probado que en octubre de 2015 Bernad se reunió con el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, "con motivo de la retirada de la acusación de Manos Limpias a cambio de dos millones". Relata que con posterioridad Pineda se reunió con el directivo del Sabadell Gonzalo Barretino y le hizo llegar la posibilidad de retirar acusación por 3 millones, pero el intento fracasó y el directivo acabó denunciando los hechos ante la Policía.

Sobre ese caso concreto, el Tribunal indica que no consta que los acontecimientos "se desenvolvieran en un clima de presión" y absuelve a ambos y a la abogada Virginia López Negrete, que ejercía la acusación en nombre de Manos Limpias.

EL DELITO DE EXTORSIÓN

En la sentencia la Sala descarta la mayor parte de las acusaciones de estafa y rechaza también la existencia de una organización criminal. Se trata, según el tribunal, de un delito de extorsión en donde los sujetos pasivos no tienen el perfil de persona física a los que se puede "ocasionar desasosiego, angustia o temor con la puesta en peligro de su libertad o seguridad". En su caso se activaba la vulnerabilidad de las empresas ante el deber de proteger "el valioso activo que representa el riesgo reputacional".

El delito de estafa lo descarta el tribunal en la mayor parte de los casos y sobre el delito de organización criminal, dice que no lo aprecia porque el papel criminal de los miembros, excepto Pineda que era "motor y protagonista", es "ciertamente insuficiente".

Pineda, según el tribunal, disponía "como arma arrojadiza de los medios publicitarios de AUSBANC modulando la información a su antojo, según se avengan las entidades requeridas a sus lucrativas pretensiones, distanciándose del mero papel ilustrativo e informativo de lo noticiable, para adornarlo positiva o negativamente según interese en función de que se acceda a sus demandas económicas".

LA "DEPREDACIÓN" DE PINEDA

El Tribunal fija para Pineda la pena mayor posible por el delito de extorsión, cinco años de cárcel por su actuación prolongada en el tiempo en la que se valió de la asociación sin ánimo de lucro en lo que su objeto era la defensa y protección de los consumidores para su interés lucrativo.

"Para esa depredación, las acciones en pro de aquellos las trasmutó en arma arrojadiza a fin de presionar a las entidades a las que demandaba", indica, para añadir que se valía de la publicidad que también atemperaba para desacreditar a entidades y lograr doblegar su voluntad. Igual forma de actuar tenía en causas penales en las que se personó como acusación popular, "que venía ejerciendo MANOS LIMPIAS, movido por ese afán lucrativo que presidía su conducta".

El tribunal resalta "la carencia más absoluta de las más elementales normas que debe presidir la sana conducta del que enarbola (sin éxito) actuar exclusivamente en defensa de los consumidores y usuarios, denotando más bien, que su fin primordial no es otro que, a costa de los anteriores, engrosar su propio peculio".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) aprobada este jueves en la Asamblea de Madrid con la que, según ha dicho, el PP "mete las zarpas políticas" en el ente público con ayuda de Vox.

"Los nacionalistas controlan TV3 y ETB; PSOE, Podemos, PP y PNV se han repartido el Consejo de RTVE; y el PP, con el apoyo de Vox, acaba de meter las zarpas políticas en Telemadrid. Ciudadanos es el único partido liberal y el único que quiere que los medios públicos sean de todos", ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

También el vicesecretario general de la formación naranja y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, considera "una pésima noticia" que "se aumente la injerencia del Gobierno de Madrid en los medios de comunicación públicos.

"La independencia de los profesionales de la prensa es una garantía para toda la sociedad y Cs la defiende siempre: también cuando PSOE y PP pactan repartirse RTVE", ha señalado en un tuit el que fuera candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid.

La nueva normativa, que se sustenta en los votos del PP y la abstención de Vox y ha contado con el rechazo de Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, supone el relevo de la actual cúpula de Telemadrid y establece que los miembros del consejo de administración --en el que las organizaciones profesionales y sociales dejarán de tener representación-- serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los grupos parlamentarios.

CON Cs EN EL GOBIERNO HABÍA CAMBIADO EL SISTEMA

Ya el pasado mayo, Bal acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pretender cambiar el sistema de elección de los directivos de Telemadrid para "politizar" la cadena, convertirla en "la voz de su amo" (el PP) y volver a la fórmula que había antes, cuando este partido gobernaba la región en solitario.

El diputado señaló que, mientras gobernaba en coalición con el PP, la formación naranja había logrado imponer su criterio en este asunto, promoviendo así la "despolitización" del ente público y la "profesionalización" de sus trabajadores y que "aumentara la calidad de la programación y la audiencia".

Por su parte, Alberto Reyero, exdiputado de Cs en la Asamblea de Madrid y exconsejero de Políticas Sociales en el anterior Ejecutivo de coalición, ha dicho: "Siento mucha pena por lo que quieren hacer con Telemadrid. A la vez siento mucho orgullo de que Cs Madrid impulsó el cambio hacia la neutralidad que ahora destrozan y que mientras estuvimos en la Asamblea, no permitimos atropellos como el perpetrado ayer".

En su opinión, lo que busca el PP modificando esta ley no es solo el "control ideológico de Telemadrid", sino "hacerse con el botín económico que supone controlar la cadena".

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se ha referido este viernes las dificultades para venir a España de los padres de la menor de cinco años de origen costamarfileño que falleció a finales de junio cuando viajaba en una patera rumbo a Canarias dado que los padres se encuentran en situación irregular en territorio galo.

El ministro, en una rueda de prensa conjunta con la titular de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, ha admitido que se trata de "un drama humano" que acarrea al mismo tiempo "complejidades jurídicas".

"No puedo solucionar la complejidad jurídica a través de la emoción", pero "voy a intentar solucionarlo de la mejor manera posible", ha prometido.

En el encuentro con los medios de comunicación, el ministro ha apelado también a la "prudencia" en las vacaciones de este verano y ha exhortado a los ciudadanos que quieran viajar a España a vacunarse, un "excelente consejo" en opinión de su homóloga Arancha González-Laya.

Ambos han comparecido en plena polémica por las palabras del secretario de Estado de Asuntos Europeos galo, Clément Beaune, que el jueves desaconsejó viajar a España y Portugal por la expansión de los contagios de coronavirus.

Le Drian no ha utilizado los mismos términos que su compañero de Ministerio, aunque sí cree que es momento de llamar "a la prudencia, a la vigilancia, a la responsabilidad", sin descartar que puedan adoptarse "medidas adicionales" en el futuro en caso de que sea "necesario".

RECOMIENDA VACUNARSE A LOS TURISTAS

"A los franceses que deseen ir a España o Portugal de vacaciones, vacúnense. La vacuna es la puerta de entrada a España", ha declarado Le Drian, que ha atribuido los reiterados mensajes a una "voluntad de protección sanitaria" y no a un "proteccionismo turístico".

Por su parte, Laya ha coincidido en que en la situación actual el mensaje debe ser "prudencia, vacunación y certificado de vacunación, en ese orden". Ambos han defendido, de hecho, la importancia del documento pactado entre los Veintisiete para facilitar la movilidad y que ya está en vigor.

La ministra española cree que "no hay que subestimar las situaciones", pero sí "analizarlas de forma objetiva". En este sentido, ha apostado por trabajar para que haya "una movilidad ordenada" este verano: "Lo importante ahora es no precipitarse, no es tomar medidas en pánico".

"No hay razón para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones en España, sobre todo si están vacunados", ha apuntado la ministra, que ha marcado distancias entre esta ola de contagios y las anteriores, ya que el aumento de la incidencia no está disparando las hospitalizaciones y los fallecimientos.

Laya ha rehusado que se pueda imponer un control sistemático de los certificados en la frontera terrestre con Francia, ya que entiende que aunque dicho documento tiene que ser verificado, también debe hacerse "de manera proporcionada", "garantizando la seguridad pero también la movilidad".

La jefa de la diplomacia española ha subrayado que el turismo representa un 13 por ciento del PIB en el caso de España y entre el 11 y el 12 por ciento en el de Francia. "Si somos capaces de ordenar la movilidad y darle la seguridad que necesita (...) podremos garantizar que el turismo siga siendo un motor para la recuperación", ha añadido.

RELACIONES CON "MUY BUENA SALUD"

En líneas generales, Laya considera que las relaciones entre España y Francia gozan de "muy buena salud", como habría quedado de manifiesto en la cumbre celebrada por sus respectivos líderes políticos, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, a mediados de marzo.

También Le Drian opina que ambos gobiernos comparten "puntos de vista muy cercanos" en muchos temas, algunos de los cuales se habrían abordado este viernes. En la agenda de la reunión han figurado temas como el Sahel, Libia, Líbano o América Latina.

En relación al Sahel, el ministro galo ha reiterado el giro político anunciado por Macron, que contempla el fin de la operación militar Barkhane. París cree que es momento de una reconversión y de ampliar alianzas: "No nos vamos a retirar del Sahel, pero vamos a tener un modelo de intervención diferente".

Los diputados nacionales del PP por Alicante César Sánchez y Macarena Montesinos, junto a los senadores, Pablo Ruz y Adela Pedrosa, han criticado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se "pliegue" ante Teresa Ribera y Emiliano García-Page respecto a la situación por la que atraviesa el trasvase Tajo-Segura y han acusado al PSOE de "pasividad" y "abandono" a la provincia.

Al mismo tiempo, han pedido una política de diálogo al Gobierno y que convoque una mesa nacional del agua con todas las comunidades afectadas frente a las "políticas anti-trasvase". "Los diputados y alcaldes socialistas tendrán que elegir si son socialistas o si son alicantinos", ha indicado Sánchez como portavoz en la rueda de prensa.

Así se han pronunciado este viernes en Alicante en la sede del PPA, donde han felicitado a la Diputación (PP-Cs) por la última inversión anunciada de diez millones de euros para infraestructuras y políticas hídricas en la provincia. Los cuatro han mantenido una reunión de trabajo en la que se ha puesto en valor su iniciativa parlamentaria en defensa del trasvase y de los regantes y agricultores.

"Los socialistas tienen que decir si antes son socialistas o son alicantinos porque es inaceptable lo que ha ocurrido en estas últimas fechas con alcaldes del PP que han sido abandonados por parte de la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, que rechazó reunirse con ellos para abordar el tema del agua después de que le solicitaran una reunión", ha criticado Sánchez.

A su juicio, es necesario disponer de una política de agua "seria" y "solvente" para satisfacer las demandas y favorecer el desarrollo socioeconómico en todo el territorio, pero en especial en la provincia de Alicante.

"España necesita un pacto que defina una auténtica política del Estado, integradora, consensuada, solidaria. No entendemos la actitud de los alcaldes socialistas que siguen plegándose ante su partido y que no defienden el futuro de nuestra provincia", ha añadido el 'popular'.

También ha advertido sobre la existencia de planes de cuenca que "no contemplan planes de agua y sí la eliminación de los embalses que dejan a su suerte a los regantes". Por todo ello, ha denunciado "la política anti-trasvase y de abandono del Gobierno socialista, con la complicidad de Ximo Puig --'president' de la Generalitat, que no ofrece ni la fuerza ni el espíritu de defender a la provincia de Alicante como se merece".

"Los socialistas quieren acabar con el trasvase. Somos la primera huerta de Europa y la huerta necesita agua, y si siguen los recortes del gobierno a la provincia nos convertirán el primer desierto de Europa", ha advertido también Sánchez, para subrayar que el principal activo de la sostenibilidad y del medio ambiente "es el agua".

Y ha ahondado: "Más allá de tener una diferencia política, estamos hablando de miles de empleos, del futuro de miles de familias y de nuestro propio ecosistema. Mientras los socialistas se quedan de brazos cruzados, el PP va a seguir trabajando por el futuro de todos y para que el Tajo-Segura".

En esta línea, ha elogiado el papel y el trabajo de la Diputación de Alicante por estar "al lado de los regantes y agricultores". "Queremos felicitar a la Diputación y a su presidente, Carlos Mazón --recién proclamado líder del PPCV--, por anunciar 10 millones de euros en inversión en materia hídrica como contrapeso a la política ineficaz del Ministerio y el abandono del gobierno valenciano en infraestructuras de agua", ha manifestado.

El PP presentará una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para exigir al Gobierno un pacto nacional por el agua y que cuente con todas las comunidades afectadas. Su objetivo es que la cámara baja inste al ejecutivo a retirar la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura, que se convoque una mesa del agua para plantear los estudios hidrográficos del CEDEX y que se trabaje para alcanzar el tan necesario pacto.

El PP quiere que el Congreso repruebe al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su campaña contra el consumo excesivo de carne y las macroexplotaciones ganaderas, ya que le acusan de "despreciar" al sector agroalimentario y de haber "utilizado" los recursos públicos para iniciar una campaña de "desprestigio" y "criminalización" del mismo.

Así lo recoge en la proposición no de ley que ha registrado en la Cámara Baja, en la que pide al Gobierno que proceda a retirar la campaña impulsada por el Ministerio de Consumo, y a apoyar el consumo responsable de carne como elemento de una dieta sana y equilibrada.

"Es reprochable que un responsable público utilice de forma irresponsable e interesada unos datos, poniendo en entredicho la viabilidad de todo un sector económico", señala la iniciativa, que lleva la firma de su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha criticado, a través de Twitter, que ni el presidente Pedro Sánchez haya cesado a Garzón ni éste haya aún dimitido.

Los 'populares' cuestionan no sólo el vídeo en el que Garzón recomendaba "personalmente" reducir el consumo de carne en España, sino que lo hiciera además a través de las redes sociales de su Ministerio, acompañada de la etiqueta de Twitter #MenosCarneMásVida y con apariciones en diversos medios de comunicación.

En concreto, el PP critica que Garzón lanzara una campaña acusando a la industria ganadera de provocar elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, asegurando que son responsables del 14,5% del total anual de las emisiones de CO2 o y que para obtener un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua; y vinculando el consumo excesivo de carne roja con el riesgo para la salud.

EL GOBIERNO YA PLANTEABA LA REDUCCIÓN EN "ESPAÑA 2050"

En su iniciativa, el PP destaca que éstas no son las primeras propuestas del Gobierno que ponen "en la diana" a la industria agro-ganadera. Recuerda que, en el marco de la estrategia 'España 2050', ya planteaba una reducción de la ingesta de alimentos de origen animal como única alternativa de adaptación para poder prosperar en el nuevo paradigma de la sostenibilidad, o la iniciativa impulsada por el Ministerio de Garzón para aplicar el etiquetado frontal Nutri-score.

El PP sostiene que el sector ganadero-cárnico cumple un importante papel social y económico para España. De hecho, destaca que la actividad ganadera, que se desarrolla en más de 350.000 granjas de todo el país, aportan 16.000 millones de euros a la Producción Final Agraria, y genera más de 2,5 millones de empleos, según la FAO, además de unas exportaciones de casi 9.000 millones de euros.

Por otra parte, y en relación con las dudas sobre la viabilidad de la producción ganadera por el impacto climático o por el exceso de utilización de recursos, el PP recuerda que, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica, las emisiones de este sector agro-ganadero en 2020 fueron del 14,1% del total de emisiones, correspondiendo a la cabañas ganaderas sólo el 64,8% de esa cantidad.

En cuanto al consumo de agua, la iniciativa subraya que la mayor parte está destinada a la producción de forraje o piensos y el suministro puede ser de origen natural, en forma de lluvia, sin detraerse de otros usos.

ESPAÑA, A LA CABEZA DE LOS PAÍSES MÁS SALUDABLES

El PP también cuestiona que se asegure que el consumo excesivo de carne ha conllevado un aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes e, incluso, de algunos tipos de cáncer porque los indicadores internacionales reflejan que el patrón de dieta y de estilo de vida de España "es de los más adecuados del mundo", lo que le sitúa a nuestro país a la cabeza de los países más saludable del mundo.

Por otra parte, el PP subraya que el sector garantiza la calidad de las producciones con un control "muy regulado" de los usos de medicamentos para que la calidad de las carnes y el bienestar animal sea el adecuado.

"En definitiva, el sector ganadero-cárnico contribuye a la creación de empleo, genera oportunidades en el mundo rural, garantiza el suministro alimentario y contribuye a la vertebración territorial, además de impulsar fuertes compromisos en los ámbitos de la sostenibilidad, en la neutralidad climática y la circularidad, impulsando desde el propio sector patrones de consumo equilibrados y saludables", dice la iniciativa.

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presidido este viernes, misma jornada en la que la Delegación del Gobierno y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mantuvieron otro encuentro de coordinación, una reunión con representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad para tratar de coordinar actuaciones para este fin de semana, en el que se introducen nuevas medidas.

Tras el encuentro, el Ejecutivo autonómico ha ratificado que las fuerzas del orden "extremarán la vigilancia" este fin de semana para evitar concentraciones prohibidas de personas en calles, plazas o parques, y para vigilar el cumplimiento de las medidas estipuladas para el ocio nocturno en Galicia.

Rueda, acompañado del director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, ha presidido este viernes la Sala de Control de Operativos (Sacop) en una reunión en la que participaron los jefes de las policías locales de las siete ciudades gallegas, además de la de Vilagarcía, así como responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En ese encuentro, según traslada el Ejecutivo autonómico, se hizo balance del dispositivo desplegado la semana pasada y se coordinó el de este fin de semana teniendo en cuenta las nuevas medidas acordadas por la Xunta atendiendo a las recomendaciones del comité clínico.

Así, las fuerzas del orden extremarán la vigilancia para evitar concentraciones de personas de noche en espacios públicos como plazas, playas o jardines, y siempre que sea posible, precintarán o vallarán su acceso para impedir la entrada.

1.200 SANCIONES

En todo caso, los agentes "actuarán con contundencia" para garantizar que no se quebranten las normas, ha asegurado Rueda, en declaraciones a los medios.

El vicepresidente primero ha insistido en que el botellón está prohibido y en que se seguirá sancionando a quién participe de estas concentraciones en las calles, con multas que van hasta los 300 euros por persona. Ha recordado, además, que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio siempre que no se poda mantener la distancia social.

Los botellones son la tercera causa más común en las denuncias presentadas por los ayuntamientos pequeños y medianos que tramita la Xunta, con un balance total de más de 1.200 sanciones cobradas.

El presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana MUSICAPROCV, Sergi Almiñana, ha reclamado a la Conselleria de Sanidad un "diálogo fluido" con el sector en la adopción de medidas contra la pandemia y ha lamentado la "incertidumbre" generada por las nuevas restricciones, al tiempo que ha defendido que la música en directo "ha demostrado" ser una "actividad segura" que ya cuenta con "protocolos estrictos".

Así se ha pronunciado este viernes, después de el Consell haya decidido reducir el aforo de los espectáculos masivos para frenar la "explosión de contagios" en la Comunitat. En el exterior el aforo pasa de 4.000 a 3.000 personas y en interiores se reduce de 3.000 a los 2.000 asistentes.

Al respecto, Almiñana ha lamentado que el sector ha conocido las nuevas medidas a través de los medios de comunicación y ha señalado que los promotores necesitan "tener más comunicación" con la administración porque tienen "unos eventos activos en marcha y un público comprometido en estos conciertos. "Necesitamos ser los primeros en tener esa información para poder reaccionar, adaptarnos e informar a nuestro público de una manera efectiva", ha reclamado.

Preguntado por cuántos conciertos se verán afectados y qué pasará con los eventos que ya habían vendido las entradas para aforos mayores, ha señalado que el sector está a la espera de conocer con detalle el decreto que se han "encontrado de la noche a la mañana" para trabajar en soluciones "siempre pensando en el cliente y en que el públicio no se vea afectado", o bien con pases dobles de los artistas o con otras fórmulas. Así, ha señalado que la devolución de entradas es el "último recurso".

Almiñana ha precisado que entre julio y agosto hay cerca de 200 conciertos programados en la Comunitat Valenciana, tanto de promotores privados como contrarados por administraciones. Las medidas, ha lamentado, "afectan a todo el trabajo hecho hasta ahora", por lo que ha pedido a Sanidad un "diálogo fluido" y que "se revisen" las restricciones.

MESA DE DIÁLOGO "PARALIZADA"

En ese sentido, el presidente de la asociación ha criticado que la mesa de diálogo con Sanidad creada en mayo para "buscar un punto de equilibrio" en la desescalada "se ha paralizado totalmente" y "no se están produciendo las reuniones", una situación que les "afecta en gran medida para gestionar los eventos con eficacia", ha lamentado.

Almiñana ha señalado que la reducción de aforos en mil personas hace que el sector no esté "pudiendo trabajar en esa desescalaca progresiva" y "genera una incertidumbre". "Da la impresión de que estamos catalogados todo el rato como una actividad de riesgo, cuando la música en directo, la cultura en directo, es una actividad muy controlada" y "con unos protocolos muy estrictos" sobre uso de mascarilla y "movilidad controlada", ha dicho.

"No entendemos tampoco por qué la administración piensa que la música en directo es una actividad que, cada vez que hay una situación de repunte de contagios, automáticamente tiene que restringir cuando durante toda la pandemia ha tenido una nula situación de contagio. Es un poco lo que no acabamos de entender, somos una actividad segura y además creo que la administración lo que tiene que fomentar es la actividad de ocio reglada, que garantiza la seguridad de las personas que asisten", ha insistido.

SANIDAD "NO HA CUMPLIDO"

Además, ha explicado que, tras una reunión en mayo con Sanidad para implementar medidas que garantizaran "una estabilidad durante el verano", el sector ya "ha readaptado toda su programación", con público sentado y formatos de ciclos, y "ha cancelado los grandes festivales de julio y agosto". "Ha hecho un esfuerzo grandísimo para poder dar una viabilidad a eso", ha recalcado.

"Nosotros nos comprometimos a cumplir medidas eficaces, eso fue lo que se habló, y no se ha cumplido por parte de la administración, se ha generado una incertidumbre de nuevo, unas restricciones que, entendemos, no aportan nada porque los eventos ya son seguros de por sí y los aforos que tenemos son totalmente controlables", ha insistido.

Con todo, el representante de los promotores ha llamado a la administración a establecer un "diálogo fluido" y espera que "vea realmente que restringir los aforos de los conciertos ahora mismo no es una medida que vaya a generar más seguridad para la gente".

"Los conciertos ya son seguros, se ha demostrado, no ha habido casos de contagios durante la pandemia. No hemos tenido una incidencia en nuestros eventos. Eso demuestra que no es necesaria la reducción de aforos, únicamente mantener las medidas que ya se han pactado" y "ayudar desde la administración a que esas medidas se puedan reforzar", ha sostenido.

El PP ha exigido este viernes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "explicaciones públicas e inmediatas" por un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, dentro del caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en el que se la menciona.

La existencia del informe ha sido publicada este viernes en exclusiva por el diario 'El Mundo'. Los investigadores creen que Armengol se habría reunido con el entonces presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, unos meses antes de su detención, y consideran que pudo ser para hablar de asuntos relacionados con los amaños que se investigan.

Según la información publicada por 'El Mundo', la Guardia Civil se habría incautado de un documento de la secretaria de Gual, con notas manuscritas en las que se puede leer 'Francina' y un listado de temas a tratar que, para la Guardia Civil, serían alusiones a cuestiones que se estaban investigando.

Ante la "gravedad" de estas informaciones, el PP ha difundido un comunicado en el que reclama a Armengol que aclare este asunto públicamente este mismo viernes. "No puede pasar un minuto más sin que la presidenta del Govern dé explicaciones", señalan los 'populares'.

CASO DE CORRUPCIÓN EN LA APB

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, levantó recientemente el secreto de parte de la causa de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Con todo, cabe señalar que en este auto, en el que se repasan los indicios disponibles en la investigación, la juez no hacía ninguna referencia a la figura de la presidenta ni valoraba el informe de la Guardia Civil.

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.

Solamente se ha levantado el secreto para una pieza separada, la identificada como 'Mahón-ASMEN', que afecta al presunto amaño del concurso de gestión de amarres en el puerto de Mahón, en Menorca.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.

El auto apunta como implicados al expresidente de la APB así como al exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll; el jefe del área de gestión de la APB en la época investigada; el jefe de explotación; y un técnico de la APB en Menorca.

También se señala a empresas de la sociedad adjudicataria del concurso, Marina Asmen, a varios responsables de las mismas como investigados, y al expresidente de una patronal náutica de Menorca.

La juez apreciaba en el auto indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados. Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.

Además, señala a la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora jurídica del Consejo, por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían. En la documentación del caso consta, recoge la juez, que su pareja realizó trabajos remunerados hasta el año 2017 para una empresa indirectamente relacionada con Marina Asmen.

El auto destaca que la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.

Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a los mismos, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.

Por otro lado, la juez consideró que no existen indicios de participación en estos hechos de una empresa de servicios de arquitectura incluida en el proceso. En esta misma resolución, la magistrada ordenaba tomar declaración a los implicados, a una serie de testigos y a un perito.

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado la campaña de su homólogo en Consumo, Alberto Garzón, para moderar el consumo de carne y espera que las altas temperaturas que se registrarán en zonas de España durante el fin de semana ayuden a entender la importancia de luchar contra el cambio climático.

"Ya que la ONU y la estrategia España 2050 no son suficientes, quizás los 50°C que se esperan este fin de semana en zonas del país ayuden a entender la importancia de luchar contra el cambio climático y la propuesta del ministro de Consumo. Consumir menos carne, consumir local", ha apuntado Belarra en un mensaje en redes sociales.

La ministra, que compartió también en redes el vídeo de la campaña de Garzón, aludía de esta forma al documento elaborado por el Ejecutivo y al criterio de organismos internacionales, que también recomiendan no incurrir en un consumo excesivo de carne.

Hoy mismo, el propio Garzón ha compartido en Twitter una información sobre el impacto de la "extrema ola de calor" que azotó Canadá la semana pasada en animales marinos y ha insistido en que el "cambio climático y las medidas para combatirlo deben ser una preocupación fundamental para los Gobiernos".

Belarra ha secundado así a su compañero en Unidas Podemos ante las críticas de diversos partidos de la oposición por esta campaña sobre los efectos en la salud y el medio ambiente del exceso de producción de carne roja.

Una iniciativa que suscitó también polémica por la reacción del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que tildó de errónea la campaña de Garzón o de la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que esta mañana ha dicho al respecto que las campañas había que hacerlas en positivo. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó la posición de Planas al decir que para él un chuletón al punto le parecía "imbatible".

IRENE MONTERO: "YO VOY CON GARZÓN"

También ha reaccionado en redes la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien con humor ha respondido a un usuario en redes que, con ironía y en alusión a la controversia generada sobre el consumo de carne, le invitaba a una barbacoa. "Yo voy con Garzón así que un salmorejo y unas berenjenas a la brasa", ha respondido Montero.

Otra muestra de apoyo a Garzón ha venido del coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández, para mostrar un extracto sobre el consumo moderado de recursos de la estrategia España 2050, recalcando que "los programas y las propuestas se deben cumplir punto por punto".

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso y coordinadora autonómica de la formación morada en Andalucía, Martina Velarde, ha subrayado que lo "imbatible", en clara alusión a las palabras de Sánchez, es la Ley de Vivienda, la derogación de la reforma laboral o la creación de una empresa pública de energía.

LOS GOBIERNOS DE PAGE Y VARA TAMBIÉN RECOMIENDAN MENOS CARNE

Su homóloga en Extremadura y miembro de la dirección estatal de Podemos, Irene de Miguel, ha defendido que comer menos carne roja "no es una ocurrencia" del ministro de Consumo, sino que lo recomienda también la Organización Mundial de la Salud y incluso los gobiernos autonómicos presididos por Emiliago García-Page (Castilla La-Mancha) y Guillermo Fernández Vara, quienes ayer criticaron la campaña de Garzón.

"A mi el chuletón me gusta poco hecho pero obviamente lo como de vez en cuando y sobretodo si sé que es de ganado de pasto", ha insistido para enfatizar que las "macrogranjas son claramente un problema" y la solución pasa por "potenciar la soberanía alimentaria, las producciones de cercanía y los modelos agroecologicos y sobre todo pasa por priorizar la salud y la del planeta".

SÁNCHEZ "HA TIRADO CON UNA FRASE" EL ESFUERZO PARA CONCIENCIAR

El portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juantxó López de Uralde, ha subrayado que, a raíz de la polémica sobre la campaña de Garzón, durante estos días "se han retratado unos cuantos".

Y "lo peor", a su jucio ha sido ver como Sánchez "ha tirado por los suelos con una frase el esfuerzo de concienciación contra el cambio climático".

Ayer, López de Uralde mostró su "total respaldo" al ministro de Consumo por abrir un debate "real" e "imprescindible" sobre el consumo de carne roja y los efectos de la actual producción en el medio ambiente.

Por otro lado, expresó su rechazo a las declaraciones del presidente del Gobierno, dado que esta cuestión debe ser afrontada "en toda su magnitud" y no "simplemente esconder la cabeza".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado hoy a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su intención de seguir adelante con la "armonización fiscal" para toda España. Así lo ha afirmado la Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha recriminado a la presidenta madrileña que baje impuestos en su comunidad para luego pedir más recursos al Gobierno.

Montero ha trasladado a los periodistas el contenido de la reunión que han mantenido a lo largo de más de hora y media el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y la presidenta madrileña en lo que ha constituido la primera reunión entre ambos tras ser reelegida al frente de la Comunidad de Madrid.

La Portavoz del Ejecutivo ha insistido en que Sánchez ha subrayado ante Ayuso en llevar adelante la "armonización fiscal". Según Montero, se llevará a cabo para evitar "situaciones de dumping", que es de lo que acusa el Gobierno a la región madrileña por haber suprimido prácticamente los impuestos de sucesiones y donaciones.

Montero ha defendido que la autonomía fiscal es intrínseca al Estado de las Autonomías, pero ha matizado que esta es "compatible con cierta armonización" para evitar que los capitales busquen "la fiscalidad más ligera".

Según Montero, la armonización no significa "ni subida, ni bajada de impuestos", sino que supone dotarse de un "marco común" para evitar la "competencia desleal" de algunas regiones.

Además, la Portavoz ha pedido que todas las CCAA sean responsables porque lo que no se puede hacer, en su opinión, es bajar impuestos y luego reclamar más fondos al Gobierno, que para obtenerlos tiene que subir los impuestos a otro nivel.

No obstante, ha señalado que sobre este asunto, tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso han expresado su opinión pero "ninguno de ellos ha ido más allá".

LA CCAA QUE "MÁS RECURSOS" HA RECIBIDO

Asimismo, Montero también ha desgranado otro de los puntos de la reunión entre ambos mandatarios, que ha sido el del reparto de los fondos que ha dispuesto el Gobierno para las Comunidades Autónomas durante la pandemia del coronavirus.

En este contexto, Montero ha negado que exista un "agravio" en el reparto a Madrid, que ha dicho que es la autonomía que "más recursos" ha recibido tanto del Fondo Covid de 16.000 millones de euros que el Ejecutivo dispuso el año pasado para repartir entre las CCAA, así como de los parámetros del modelo de financiación autonómica.

Por ello, el Gobierno ha reivindicado su actuación en materia de financiación a las CCAA, en concreto en la Comunidad de Madrid, destacando que, con este dinero inyectado a la región de Isabel Díaz Ayuso, se ha incrementado su nivel de ingresos en un 13,3% respecto al año 2019.

En este punto, ha recriminado también a la presidenta de la Comunidad de Madrid que recurra a expresiones como el "España nos roba", recordando las declaraciones antiguas relacionadas con "algunos acontecimientos" acaecidos en Cataluña.

Considera la ministra que la actuación del Ejecutivo en esta materia ha permitido que "no se produjera" la caída del 2 por ciento del PIB madrileño ni la caída del 4 por ciento de sus ingresos.

En la reunión, según han explicado tanto el Ejecutivo central como la propia Isabel Díaz Ayuso, también se han tratado cuestiones como el nivel de vacunación y la evolución de la pandemia en España y Montero ha destacado la "cortesía institucional" del encuentro.

CUESTIONES NACIONALES LE CORRESPONDE AL PP EN EL CONGRESO

No obstante, ante el planteamiento de Isabel Díaz Ayuso durante la reunión de algunas cuestiones que tienen que ver con los indultos a los líderes independentistas del 'procés', entre otras materias, Montero ha recalcado que este encuentro bilateral "debería ser" una oportunidad para profundizar en los problemas de los madrileños.

Por este motivo, la ministra portavoz del Gobierno entiende que corresponde al PP en el Congreso "manifestar" su posición respecto a determinadas materias que tengan que ver con la política nacional, como puedan ser los indultos a los dirigentes catalanes.

"La opinión que tenga Ayuso respecto al independentismo y de los indultos será más una posición como dirigente del PP y no tanto como presidenta de la propia Comunidad de Madrid, habría que preguntarle a ella por qué prefiere a hablar de estos problemas a las cuestiones que tienen que ver con los madrileños", ha subrayado Montero al ser preguntada por si considera que Ayuso se ha presentado en La Moncloa como oposición de Sánchez a nivel nacional.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha apelado a la "prudencia" en las vacaciones de este verano y ha exhortado a los ciudadanos que quieran viajar a España a vacunarse, un "excelente consejo" en opinión de su homóloga Arancha González-Laya, con la que se ha reunido en Madrid.

Ambos han comparecido en rueda de prensa en plena polémica por las palabras del secretario de Estado de Asuntos Europeos galo, Clément Beaune, que el jueves desaconsejó viajar a España y Portugal por la expansión de los contagios de coronavirus.

Le Drian no ha utilizado los mismos términos que su compañero de Ministerio, aunque sí cree que es momento de llamar "a la prudencia, a la vigilancia, a la responsabilidad", sin descartar que puedan adoptarse "medidas adicionales" en el futuro en caso de que sea "necesario".

"A los franceses que deseen ir a España o Portugal de vacaciones, vacúnense. La vacuna es la puerta de entrada a España", ha declarado Le Drian, que ha atribuido los reiterados mensajes a una "voluntad de protección sanitaria" y no a un "proteccionismo turístico".

Por su parte, Laya ha coincidido en que en la situación actual el mensaje debe ser "prudencia, vacunación y certificado de vacunación, en ese orden". Ambos han defendido, de hecho, la importancia del documento pactado entre los Veintisiete para facilitar la movilidad y que ya está en vigor.

La ministra española cree que "no hay que subestimar las situaciones", pero sí "analizarlas de forma objetiva". En este sentido, ha apostado por trabajar para que haya "una movilidad ordenada" este verano: "Lo importante ahora es no precipitarse, no es tomar medidas en pánico".

"No hay razón para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones en España, sobre todo si están vacunados", ha apuntado la ministra, que ha marcado distancias entre esta ola de contagios y las anteriores, ya que el aumento de la incidencia no está disparando las hospitalizaciones y los fallecimientos.

Laya ha rehusado que se pueda imponer un control sistemático de los certificados en la frontera terrestre con Francia, ya que entiende que aunque dicho documento tiene que ser verificado, también debe hacerse "de manera proporcionada", "garantizando la seguridad pero también la movilidad".

La jefa de la diplomacia española ha subrayado que el turismo representa un 13 por ciento del PIB en el caso de España y entre el 11 y el 12 por ciento en el de Francia. "Si somos capaces de ordenar la movilidad y darle la seguridad que necesita (...) podremos garantizar que el turismo siga siendo un motor para la recuperación", ha añadido.

RELACIONES CON "MUY BUENA SALUD"

En líneas generales, Laya considera que las relaciones entre España y Francia gozan de "muy buena salud", como habría quedado de manifiesto en la cumbre celebrada por sus respectivos líderes políticos, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, a mediados de marzo.

También Le Drian opina que ambos gobiernos comparten "puntos de vista muy cercanos" en muchos temas, algunos de los cuales se habrían abordado este viernes. En la agenda de la reunión han figurado temas como el Sahel, Libia, Líbano o América Latina.

En relación al Sahel, el ministro galo ha reiterado el giro político anunciado por Macron, que contempla el fin de la operación militar Barkhane. París cree que es momento de una reconversión y de ampliar alianzas: "No nos vamos a retirar del Sahel, pero vamos a tener un modelo de intervención diferente".

Le Drian también se ha referido las dificultades para venir a España de los padres de la menor de cinco años que falleció a finales de junio cuando viajaba en una patera rumbo a las islas Canarias. Los padres se encuentran en situación irregular en territorio galo.

El ministro ha admitido que se trata de "un drama humano" que acarrea al mismo tiempo "complejidades jurídicas". "No puedo solucionar la complejidad jurídica a través de la emoción", pero "voy a intentar solucionarlo de la mejor manera posible", ha prometido.