El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) mediante la cual demanda que se refuerce el papel de la educación en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La portavoz de la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS, Noemí Villagrasa, ha explicado la trascendencia de esta iniciativa, en la que se ha trabajado conjuntamente con la Alianza Mundial para la Educación, «cuyo objetivo es colocar en la agenda internacional, como prioritario para los países, la inversión en las políticas educativas para garantizar el futuro de la infancia y las generaciones venideras y la movilización de recursos».

Para la diputada por Zaragoza, «es fundamental» proteger la educación y los sistemas públicos de educación «como instrumento indispensable para el desarrollo de los países y el futuro de sus generaciones, por su efecto cohesionador y de equidad y, en consecuencia, como imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible».

En su opinión, la Cooperación Española debe seguir liderando la promoción de la educación «como bien público y derecho humano, especialmente en países de renta baja y media, pero también debemos mirar el contexto nacional, donde el sistema educativo es una de las banderas de nuestra democracia».

En este contexto, resulta clave defender, especialmente, a las niñas y adolescentes, «quienes han sido las más vulnerables de la pandemia y sobre quienes han recaído responsabilidades de trabajo y cuidados ante la ausencia de la escuela, espacios de paz e indispensables para combatir la desigualdad de género».

La iniciativa, denominada Proposición no de Ley relativa a la Participación en Iniciativas internacionales de Educación en cumplimiento del ODS4, se ha presentado para su debate en las comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de Educación.

FORTALECER EL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN

Mediante esta propuesta, se plantea que la Cámara inste al Ejecutivo a contribuir en aquellos países «con mayores índices de pobreza, desigualdad e inequidad» al fortalecimiento del sistema público de educación y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de promover el derecho humano a una educación inclusiva, gratuita y de calidad para todas las personas (ODS4).

Asimismo, se pide proveer a la Alianza Mundial por la Educación de un presupuesto plurianual de 2021 a 2025 que, junto a las contribuciones de terceros estados, garantice su plan de acción para la mejora educativa de hasta 175 millones de niños y niñas en 87 países, la escolarización de 88 millones y el ahorro de 16.000 millones de dólares para los países empobrecidos.

En clave nacional, aboga por seguir trabajando «por la escolarización completa» en España «e impulsando medidas para la erradicación de las desigualdades y discriminaciones educativas del alumnado, poniendo especial énfasis en aquellas que son fruto de la renta, origen, etnia, discapacidad, género, orientación e identidad sexual».

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR) denuncia que las discotecas eventos, espectáculos y festivales se encuentran ante una «expropiación temporal» de su actividad y sin previsión de inicio.

En la actualidad, la Comunitat Valenciana dispone de unos buenos datos epidemiológicos y el plan actual de actuaciones y respuesta coordinada para el control de la transmisión del Covid 19 contempla un aforo del 75% para los establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales.

Y es, a su juicio, donde se debe encuadrar a las discotecas, los eventos y espectáculos, que «siguen sin poder realizar su actividad empresarial», al igual que las empresas del sector, «cerradas y sin ningún tipo de previsión». También lamenta la situación de los festivales de la Comunitat, sin «ninguna previsión ni a corto ni a medio plazo».

FOTUR, en un comunicado, reclama un diálogo constante con la Generalitat para establecer los mecanismos de inicio de la actividad, y, en su caso, establecer «ya, sin más demora», el acuerdo de actuaciones y respuesta para los espectáculos culturales.

Otra de sus quejas es que la normativa se publique los sábados en el Diari Oficial (DOGV) «como viene siendo una constante durante la pandemia, lo que demuestra una falta empatía hacia el sector y el empresariado».

Es más, la entidad advierte que el actual toque de queda (00:00-6:00) sigue perjudicando y hace «inviable» el inicio de las actividades de ocio, eventos espectáculos y festivales, por lo que pide que como mínimo se retrase a las dos de la madrugada: «Es la única forma de seguir avanzando hacia una nueva normalidad».

En la actualidad, lamenta, solo hay actividad de hostelería, con lo que «las actividades de ocio, espectáculos y festivales están ante una expropiación temporal que no ha tenido las indemnizaciones correspondientes».

EFECTO LLAMADA TRAS EL FIN DEL CIERRE PERIMETRAL

A corto plazo, FOTUR alerta que el levantamiento del cierre perimetral en la Comunitat Valenciana tendrá un efecto llamada, con lo que prevé que este primer fin de semana sea «muy complicado, de nuevo con situaciones de fiestas ilegales y botellones».

Frente a ello, en su opinión no queda más que la apertura de locales de ocio, espectáculos, eventos y festivales de manera profesional, con la aplicación de las guías COVID del sector y el registro de venta anticipada y reservas de los clientes.

La labor inspectora del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) ha permitido el cierre judicial de una página web por presunta estafa a nivel nacional.

Dicha web se encuentra cerrada desde el pasado 18 de abril a raíz de centenares de denuncias y reclamaciones generadas en toda la geografía nacional, incluso en Portugal, que ponían de manifiesto un incumplimiento contractual masivo de gran escala con un importante perjuicio económico para todos los afectados.

El cierre de esta página web extremeña, dedicada a la venta de electrónica, equipos informáticos o telefonía, es relevante porque los reclamantes denunciaban que la empresa no les entregaba el producto adquirido tras la venta online alegando falta de stock o, incluso, acordando la cancelación unilateral sin motivo alguno, no procediendo en la mayoría de los casos al reembolso de la adquisición.

Además, en contradicción con lo que alegaba la empresa, se constataba cómo el mismo producto sobre el que informaba de falta de disponibilidad temporal, se mantenía a la venta en las mismas condiciones, ha informado la Junta en nota de prensa.

Ante esta situación, la actuación por parte del Incoex, en calidad de única autoridad en el ámbito regional con competencias para ejecutar actuaciones efectivas de inspección y control de mercado, ha sido «esencial».

«No solo en cuanto a este cierre de la página web para que no resulten más perjudicados sino también en la defensa de los derechos e intereses económicos de las personas consumidoras afectadas», ha apuntado el Ejecutivo regional.

Así, por un lado y respecto de los afectados, la labor mediadora del personal de Incoex ha sido «decisiva» para la obtención final de un reembolso.

Por otro lado, hay que destacar la actividad desarrollada por el personal de inspección de Incoex, personal «pionero y especializado a nivel nacional» en el ámbito de comercio electrónico, que asume las funciones de control e investigación de páginas web, así como la recopilación de pruebas válidas que permiten, posteriormente, adoptar medidas de control o sancionadoras eficaces.

Fruto de esta actividad y con la finalidad de asegurar la seguridad e intereses económicos de las personas consumidoras o su derecho a la información, el 5 de mayo se difundió a través de la página web de Incoex la resolución sancionadora firme impuesta a la empresa Tecmovilco S.L. por importe de 43.664 euros.

Posteriormente Incoex no ha cejado en su actuación para evitar el incremento de denuncias y reclamaciones frente a esta empresa, pues ha tramitado numerosas denuncias y solicitudes ante diferentes organismos e instancias hasta haberse producido recientemente el cierre de la página web.

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Ante este tipo de incumplimientos, la Junta ha considerado que es necesario recordar a las personas consumidoras que la normativa les ampara en el ejercicio y defensa de sus derechos.

El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas son exigibles por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato o en el documento o comprobante recibido y deberán de tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato.

Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el empresario deberá ejecutar el pedido sin ninguna demora indebida y a más tardar en el plazo de 30 días naturales a partir de la celebración del contrato.

En caso de no ejecución del contrato por parte del empresario por no encontrarse disponible el bien o servicio contratado, el consumidor y usuario deberá ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar sin ninguna demora indebida las sumas que haya abonado en virtud del mismo.

Asimismo, en caso de retraso injustificado por parte del empresario respecto a la devolución de las sumas abonadas, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado.

No obstante, también cabe la opción de que la empresa suministre al consumidor, sin aumento de precio, un bien de características similares que tenga la misma o superior calidad, conservando el consumidor sus derechos de desistimiento y resolución en los mismos términos que si se tratara del bien inicialmente requerido.

Los clientes cumplieron con los requisitos exigidos por la oferta de compraventa y, en consecuencia, la empresa debía haber entregado los productos.

Sin perjuicio de la gravedad del mantenimiento de la comercialización del producto aún después de haber alegado su falta de disponibilidad en este caso, resulta obligación de toda empresa disponer de unidades suficientes de los productos ofertados y, una vez agotado el stock, si por esa causa no va a resultar posible la entrega de más productos, es responsabilidad de la empresa tomar las medidas oportunas y adecuadas para evitar posibles incumplimientos.

En los casos de stock limitado la empresa siempre debe actuar con la «debida diligencia» y llevar un control adecuado de las unidades que vincula a la promoción, con el fin de cesar en su oferta cuando no disponga de unidades, evitando así que se gestionen nuevas ventas si no se dispone del producto que se promete entregar a cambio.

«Resulta difícil comprender en la actualidad que una empresa no disponga de recursos informáticos que permitan conocer exactamente la cantidad de productos de los que dispone para poderlos comercializar», ha apuntado la Junta.

La Junta de Andalucía ha presentado este viernes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del pasado lunes día 10 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada, del TSJA, de no avalar el confinamiento del municipio de Montefrío (Granada) que había decidido la administración autonómica por tener una tasa de incidencia de más de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La Junta defiende en el recurso que se trata de una medida «proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente».

«La existencia de informes técnicos que recogen los datos sobre la alta incidencia de la enfermedad en un determinado ámbito territorial constituye suficiente motivación para la adopción de la medida de confinamiento, que, además, debe entenderse proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente y contar con excepciones (supuestos en los que se permite la entrada y salida del municipio)», según la Junta, que también expresa entre los argumentos que incluye en el recurso al TS que «la no inclusión de las personas vacunadas dentro de las excepciones a la medida de confinamiento no justifica por sí sola la falta de proporcionalidad de la misma».

Este viernes se ha conocido además que La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha vuelto a rechazar por segunda vez la medida de confinar el municipio de Montefrío y no ha ratificado la orden del 12 de mayo que la Consejería de Salud y Familias le trasladó a este respecto, advirtiendo de que la Ley de Salud Pública no ampara restricciones de derechos fundamentales a gran escala como esta, algo que «solo tiene cobertura con la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio».

Según han informado fuentes de la Junta, el recurso interpuesto ante el TS se fundamenta en la competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, de Andalucía, «para adoptar ciertas medidas sanitarias, dirigidas al control de enfermedadestransmisibles, de carácter general y no vinculadas únicamente a personas enfermas y su entorno inmediato y que puedan afectar a derechos fundamentales, como es el confinamiento de un término municipal».

«El confinamiento de municipios es una medida que puede adoptarse al margen de los estados excepcionales regulados en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, toda vez que la adopción de ciertas medidas sanitarias dirigidas a controlar enfermedades transmisiblesencuentra amparo legal en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, cuyo ámbito concreto y específico es la salud pública y su rango orgánico permite que las medidas adoptadas puedan afectar a derechos fundamentales», según la Junta.

Argumenta que el confinamiento «no supone suspensión de derechos fundamentales, sino solo limitación».

«La existencia de informes técnicos que recogen los datos sobre la alta incidencia de la enfermedad en un determinado ámbito territorial constituye suficiente motivación para la adopción de la medida de confinamiento, que, además, debe entenderse proporcionada al estar limitada temporal y espacialmente y contar con excepciones(supuestos en los que se permite la entrada y salida del municipio)», según el Gobierno autonómico.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado a conocer este viernes la segunda de las sentencia que revisa las condenas por sedición por el proceso independentista en Cataluña, la que confirma la condena a 10 años y medio del prisión al exconsejero de la Generalitat de Cataluña Josep Rull, e insiste en que las penas impuestas son proporcionadas y no tuvieron un «efecto desalentador» en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

El fallo, que fue adelantado el pasado martes, desestima el recurso de amparo presentado por Rull contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo. Ello permitirá a la defensa a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), como ya ha anunciado que hara el exconsejero catalán Jordi Turull, el primero de los condenados en conocer que el tribunal de garantías avala la decisión del alto tribunal sobre el ‘procés’.

Al igual que con la sentencia relativa a Turull, los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos y Maria Luisa Balaguer han formulado un voto particular discrepante con la decisión mayoritaria del Pleno del TC, para incidir en que el recurso de Rull debería haber sido estimado por considerar que la pena impuesta es desproporcionada al entender que se ha vulnerado el derecho a la legalidad sancionadora, a la libertad personal, a la libertad ideológica y de reunión.

La sentencia hecha pública este viernes, y de la que es ponente el magistrado Ricardo Enríquez, señala que no «resultaría de recibo» la queja del que fuera consejero de Territorio y Sostenibilidad sobre que la resolución del Supremo afecta a sus derechos fundamentales al haberle condenado por su «participación personal y directa» en el ‘procés’.

El TC hace hincapié en que «del examen de las resoluciones impugnadas no se desprende que su condena derive de su participación en los actos multitudinarios a los que repetidamente se ha hecho referencia, pues no consta dato alguno que refleje esa intervención».

LA IDEOLOGÍA NO FUE FACTOR DETERMINANTE PARA LA CONDENA

En este sentido, recalca que aunque Rull, al igual que los otros acusados, actuó «con una finalidad cuya naturaleza política es notoria», la resolución impugnada indica en diferentes apartados que la ideología no fue un factor determinante de su condena, pues fue su intervención como miembro del Govern lo que propició que participara en la aprobación de las normas que fueron declaradas inconstitucionales.

«Pese a la nitidez de los requerimientos que en su día formulamos para el restablecimiento del orden constitucional –continúa el tribunal de garantías– finalmente el referéndum del día 1 de octubre de 2017 llegó a celebrarse, con los incidentes y enfrentamientos ya relatado, siendo destacable la activa promoción de ese evento por parte del recurrente, como así lo recoge la sentencia combatida en este recurso».

Asimismo, los magistrados admiten que es cierto que la sentencia del Supremo no se afirma que Rull exhortara a los ciudadanos a comportarse de manera violenta, «de modo que la responsabilidad penal que se le atribuye, como autor de un delito de sedición, tampoco dimana del hecho de haber inducido a los convocados a comportarse de modo agresivo, sino de la valoración que de su comportamiento se lleva a cabo».

INCUMPLIR OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES

Señala que este comportamiento fue el imcumplimiento de «las obligaciones que la propia Carta Magna le impone», como titular de un poder autonómico, entre ellas «el cumplimiento de las resoluciones de este tribunal» así como las dictadas por los jueces y tribunales.

«El demandante era titular de un poder público autonómico y en ejercicio de ese poder realizó una actividad frontalmente contraria a Derecho, puesto que se sirvió de los ciudadanos que acudieron a votar para desbordar ‘tumultuariamente’ las defensas de la legalidad establecidas por el Estado de Derecho. Por tanto, debemos rechazar que, so pretexto de facilitar el ejercicio de esos derechos, estuviera legitimado para incumplir las obligaciones inherentes al cargo que desempeñaba», concluye la sentencia.

Con todo ello, el TC asegura que no cabe apreciar el denominado «efecto desaliento», bajo el alegato de que las penas impuestas son desproporcionadas y desincentivan el ejercicio de esos derechos.

OBJETIVO: ACTIVAR LA SUSTITUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO LEGAL

En definitiva, el comportamiento de Rull no consistió en el ejercicio de los derechos de reunión, expresión o manifestación, sino que como «promotor de la sedición, junto con otros acusados convocó masivamente a los ciudadanos para que el día señalado para el referéndum acudieran a votar en cualquier colegio» y «activar» las conocidas como ‘leyes de desconexión’, declaradas inconstitucionales.

Con ello, se daría la sustitución del legítimo marco jurídico establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por el diseñado en la citada ley de transitoriedad», explica la sentencia.

VOTO PARTICULAR

Los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, pertenecientes al sector progresista de este órgano, reafirman en su voto particular discrepante que en este asunto hubiera sido posible formular un juicio distinto sobre la proporcionalidad de las penas impuestas por la comisión del delito de sedición «más acorde con una interpretación abierta del principio de legalidad, en sintonía con la que está presente en el ámbito de la cultura jurídica común de los países de la Unión Europea».

Selana que la gravedad de los hechos enjuiciados «no se cuestiona en ningún momento», si bien consideran que hubiera sido necesario tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este caso.

Por ello concluyen que, sin controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente, les parece que el rigor de la respuesta penal, pudiendo haber sido ajustado cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa penal, «resulta contrario a las exigencias del principio de proporcionalidad penal».

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de «cantar el cuco» con el número de personas que hay ya vacunadas en España contra el coronavirus y abandone el «triunfalismo» cuando hay todavía se registran cien muertos diarios y se dedique a promover leyes que protejan.

Así lo ha puesto de manifiesto en Zaragoza, donde ha acudido para asistir a una ofrenda floral en la calle donde fue asesinado por ETA el presidente del PP aragonés, Manuel Giménez Abad, hace ya 20 años, visitar el Ayuntamiento de la capital y acudir a la sede de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) en Mercazaragoza.

El presidente de los ‘populares’ ha reclamado a Sánchez que se ocupe de «salvar vidas» en lugar de dedicarse al «triunfalismo», como a su juicio está haciendo últimamente, «haciendo la cuenta atrás» con la vacunación, máxime cundo aún están muriendo de media cien españoles todos los días.

HAY QUE DAR CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD

Por ello, le ha exigido que se deje de cantar el cuco» diciendo cuántas personas están ya vacunadas contra el Covid y cuánto queda para conseguir la llamada inmunidad de rebaño –que el Gobierno espera tener a finales de verano– y se centre en impulsar leyes que protejan a los ciudadanos.

En este punto, Casado ha subrayado que Europea está pidiendo salir a España de «la excepcionalidad legal» en que vive para insistir al presidente en la necesidad de aprobar una ley de pandemias que «dé certidumbre y seguridad» a las comunidad autónomas para combatir el virus y permita recuperar la actividad económica.

Casado ha remarcado a Sánchez que ya no tiene «excusas» porque ésta es una cuestión que también le están reclamando sus barones territoriales, los ministros, el Consejo de Estado los jueces, los sanitarios y los españoles en general. «Se cree que nos puede dirigir controlando las redes sociales o utilizando el CIS para hacer campaña electoral», ha cuestionado.

EL CAMBIO ES «IMPARABLE»

Dicho esto, el líder del primer partido de la oposición ha señalado que en España se está produciendo «un cambio de ciclo» tras las elecciones en la Comunidad de Madrid para subrayar la urgencia de expulsar a Sánchez del poder, para lo cual ha llamado una vez más a «unificar los votos del centro derecha en el PP». Ésa es, a su entender, «la única forma» de echar a Sánchez de La Moncloa, como ha quedado evidenciado en Madrid y Galicia.

Casado ha proclamado que el cambio «es imparable» y que la única alternativa es el PP, defendiendo en este punto no sólo sus políticas constitucionalistas, municipalistas y europeístas, sino también sus recetas económicas «responsables».

Casado ha puesto como ejemplo la gestión que ha llevado adelante el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante las tres legislaturas que lleva al frente de la Xunta para apuntar que su actuación en Galicia «coincide» con lo planteado por la dirección nacional del PP en su último Comité Ejecutivo, cuando se barajó el mencionado «cambio de ciclo político nacional» hacia «una política europeísta».

Al respecto, ha mencionado no solo a países gobernados por la derecha, como Austria o Alemania, sino otros gobernados por la izquierda, como Portugal, donde se aplican «políticas que van a la generación de oportunidades, la bajada de impuestos, la creación de empleo», y no políticas «populistas» como las de Sánchez.

Casado ha subrayado la necesidad de reactivar la economía nacional tras la pandemia pero cree que Sánchez no va a poder hacerlo con el plan de reformas que ha presentado en Europa y cuya única novedad, según ha denunciado, es «el sablazo fiscal.

El servicio de Microbioloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ha confirmado la variante india en los tripulantes positivos en covid-19 del segundo barco confinado en los últimos días en el Puerto de Vigo, el ‘Emerald Leader’, con bandera de Bahamas.

Según han informado fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en este brote registra un total de 10 personas contagiadas. De ellas, cinco se encuentran hospitalizadas en el Hospital Vithas (antiguo Fátima), después de que un nuevo marinero ingresase este jueves en el hospital.

De acuerdo con las mismas fuentes, todos los tripulantes se encuentran «estables». Asimismo, en lo relativo al resto de los tripulantes contagiados, se encuentran aislados en el propio barco.

En los últimos días el servicio de Microbioloxía ha trabajado en la secuenciación de las muestras de los tripulantes con covid. Además de este barco, el Puerto de Vigo ha acogido también en los últimos días un segundo ro-ro, gemelo del primero, en el que ya se confirmó la variante india del virus y que finalizó esta semana su cuarentena.

Así, este barco se desplazó este jueves al muelle de Bouzas para cargar unos 2.500 vehículos y cambiar parte de su tripulación; desde allí se espera que parta este viernes sobre las 18,30 horas rumbo a Zeebrugge (Belgica). En este segundo brote hay un total de 8 marineros afectados, todos ellos ingresados en el Hospital Vithas, uno de los cuales se encuentra en la UCI.

VACUNACIÓN Y CRIBADOS EN VIGO

Por otro lado, en lo relativo al Área Sanitaria de Vigo el Sergas también ha comunicado que la próxima semana –a partir del martes– continuará con el proceso de vacunación en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Así, está previsto que sean citadas más de 25.000 personas, en concreto, menores de 59 años y segundas dosis de los grupos a los que les corresponda.

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Vigo informó este jueves de que Sanidade realizará otro cribado en el Puerto de Vigo en busca de casos asintomáticos de Covid-19, y que será complementario al cribado realizado el pasado lunes, en el que participaron más de 900 personas y que sirvió para detectar 21 positivos.

Según ha confirmado la propia administración, las próximas pruebas se desarrollarán el martes en la Lonja de Mariscos, que se desinfectará previamente, y la previsión es citar a 200 trabajadores de empresas en las que también trabajan las personas que dieron positivo en el cribado de esta semana.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pactado con las comunidades autónomas una cláusula obligatoria para que el 15% de los fondos destinados a cambiar el sistema de cuidados, pasando de un modelo residencial a otro centrado en la atención domiciliaria a mayores y dependientes, vayan destinados a proyectos municipales, para que sean los propios municipios, «que conocen mejor las necesidades de la gente» los que desarrollen estos proyectos.

«Una cuestión que me hace sentir particularmente orgullosa de cómo hemos planteado la inversión de los fondos europeos correspondientes al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene que ver con que hemos trabajado con las CCAA una cláusula obligatoria para que sean los municipios, las políticas municipales, en un mínimo de un 15%, quienes desplieguen los proyectos con fondos europeos«, ha anunciado Belarra este viernes en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.

Así lo ha indicado en una comparecencia, en la que también ha intervenido la ministra de Igualdad, Irene Montero, para explicar el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado al plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

En concreto, Belarra ha precisado que van a destinar en coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una serie de recursos por un importe total de 430 millones de euros destinados a proyectos municipales. «El municipio es la administración más cercana al ciudadano y ciudadana, quien mejor conoce sus necesidades; y hacemos una realidad esa declaración que hacíamos en mi toma de posesión: que este va a ser un Ministerio netamente municipalista», ha señalado.

Por otro lado, también en relación a los cuidados, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que el Gobierno creará un «punto estatal de cuidados» para personas que cuidan y necesitan ser cuidadas.

«Si hasta ahora los puntos violetas han sido una referencia en la atención a las víctimas de la violencia de género, queremos crear un punto estatal de cuidados para que quien cuide o quien necesite ser cuidado conozca todos los recursos que tiene a su disposición para satisfacer sus necesidades», ha explicado Montero.

En concreto, ha detallado que se llevará a cabo un estudio y sistematización documental de los recursos existentes en materia de cuidados en la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en relación a la atención de la infancia, los mayores y dependientes, los derechos de las personas cuidadoras no profesionales, de los trabajadores del sector de cuidados y los servicios brindados a través de las entidades del Tercer Sector al objeto de crear una web que centralice dicha información y sirva de «punto de referencia».

QUE LOS MAYORES PUEDAN SER ATENDIDOS EN CASA

En concreto, sobre el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Belarra ha detallado las tres líneas de inversión principales que van a gestionar de la mano de las CCAA y entidades locales: un plan de apoyos y cuidados de larga duración, con una inversión de 2.100 millones de euros que va a promover el cambio del modelo residencial para personas mayores y en situación de dependencia a otro centrado en la atención domiciliaria; un plan de modernización de los servicios sociales, con una inversión de 900 millones de euros, y el Plan España País Accesible, dotado con 157 millones de euros.

En concreto, sobre los 2.100 millones de euros que se van a invertir hasta 2023 para el plan de activación de los cuidados de larga duración, Belarra ha precisado que la distribución de fondos correspondiente a 2021 –que supone de facto la distribución del 80% de los fondos europeos correspondientes a este primer año– ya se ha realizado pasando por el Consejo de Ministros y por el Consejo Territorial, y ya están disponibles para las CCAA, para que pongan en marcha los más de 400 proyectos que han presentado.

Entre las metas que se marcan, destaca la reducción en 60.000 personas de las listas de espera de la Dependencia este año o el reconocimiento de aquí a finales de 2022 del servicio de teleasistencia a todas las personas que tengan reconocido un grado de dependencia.

La gijonesa acusada de asesinar a su bebé de 53 puñaladas en agosto de 2019 en Gijón y arrojar su cuerpo a un contenedor en el barrio de Nuevo Roces donde residía ha sido declarada culpable de asesinato por el jurado popular, con la agravante de parentesco.

También, por unanimidad, el jurado, que ha considerado que la procesada mató a su bebé «consciente, voluntaria y deliberadamente», se ha mostrado en contra de que se le pueda reducir la pena o conceder un indulto a la acusada.

Así lo han hecho en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón en la que se ha desarrollado el juicio, que se inició el pasado lunes con la confesión de la procesada.

Será ahora el Tribunal quien dicte sentencia, aunque la acusada se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, ejercida por el padre del bebé y ex pareja sentimental de la procesada.

La defensa, en cambio, pide una pena de 15 años de cárcel, teniendo en cuenta que los delitos de asesinato llevan aparejados una condena de 15 a 25 años.

Al margen de la pena de prisión, el Ministerio fiscal pide para la procesada que indemnice al padre del bebé con 50.000 euros, cantidad que la acusación particular eleva hasta los 105.000, con el anuncio de que el dinero será donado al Patronato San José para el cuidado de menores. «Hoy se ha podido hacer Justicia»

Durante las sesiones del juicio, precisamente el padre del bebé aseguró que no tuvo conocimiento ni sospechó del embarazo y tampoco supo del asesinato de su hijo.

Varios testimonios, de familiares y amigos confirmaron el hecho de que la acusada había ocultado el embarazo a todos y de que esta había incluso a jactarse de que no iban a pillar a quien había cometido el asesinato.

Cabe recordar que la acusada pidió perdón durante el juicio a su familia y a la de su ex pareja sentimental. «No tendré vida suficiente para arrepentirme», llegó a decir haciendo uso de su derecho a una última palabra.

HALLADO EN EL CONTENEDOR

De acuerdo al relato del Ministerio Fiscal, en la mañana del 1 de agosto de 2019, la acusada, cuando estaba sola en su vivienda de Gijón, en la que residía con su compañero sentimental, dio a luz a un bebé vivo de 2.670 gramos de peso, de sexo varón, siendo su embarazo a término.

El mismo día, con la intención de acabar con su vida y antes de las siete de la tarde, hora a la que su compañero sentimental regresaba del trabajo, la acusada, utilizando un cuchillo de cocina, asestó al bebé 53 puñaladas en distintas partes del cuerpo, que le provocaron la muerte.

Después de matarlo, la acusada metió al bebé, unido por su cordón umbilical a la placenta, en una mochila, que tiró con el cuerpo dentro en el interior de un contenedor de basura situado en la misma vía, todo ello antes de que regresara su compañero sentimental. El bebé fue encontrado por un ciudadano la noche del día siguiente, a las 02.30 horas aproximadamente, dentro del contenedor.

La acusada había ocultado el embarazo a su pareja sentimental, con la que convivía, y a todas sus amistades y familiares, por lo que nadie conocía su estado.

En el momento de los hechos su pareja se encontraba en el trabajo y le mintió, por teléfono y cuando volvió a la vivienda, ya que le dijo que la sangre que había por distintas zonas de la casa era a consecuencia de un sangrado masivo que había sufrido por un quiste en un ovario. Tras la exploración ginecológica con posterioridad al hecho realizada a la acusada por el servicio de ginecología del HUCA, se comprobó que no tenía ningún quiste en los ovarios.

El compañero sentimental de la acusada resultó ser el padre del bebé fallecido. La pareja no tenía más hijos en común. La acusada no padece alteración alguna de sus facultades.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su partido llevará a cabo «una auténtica ofensiva legal, cívica y parlamentaria» contra los peajes en autovías y algunas carreteras, una posibilidad que baraja el Gobierno de España para 2024. Sería «otro sablazo» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha criticado.

Durante su visita a Zaragoza, Pablo Casado ha dejado claro que el PP está «completamente en contra» de esta medida, aseverando que «no es posible que a un sector que ya ha sufrido la subida de los hidrocarburos, del impuesto de matriculación y del de circulación, le metan otro sablazo por sus recorridos», tras lo que ha recalcado que los transportistas llevan a cabo «una labor logística fundamental».

El presidente del PP ha apostado por «defender» al sector de la automoción, que es «clave» para España porque produce el 10 por ciento del PIB y el empleo. Ha lamentado «la cerrazón ideológica» de Sánchez «atacando al sector del motor», en alusión a los gravámenes y los «ataques» a las tecnologías de combustión, «a pesar de que se han vendido y fabricado menos coches».

Casado ha elogiado la «política responsable» de Jorge Azcón y la labor del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón para promover la recuperación de la actividad económica.

«Zaragoza es un núcleo logístico nacional e internacional, no solo ferroviario, sino marítimo» al estar en un punto equidistante entre varios puertos comerciales, ha observado Pablo Casado.

Ha recordado que hace un año planteó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, varias medidas, como la supresión de burocracia, facilitar la movilidad y estimular la creación de empleo.

CIUDAD ABIERTA A LA INVERSIÓN

Pablo Casado se ha expresado así durante su visita a la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) en Mercazaragoza, tras recorrer el centro de la capital aragonesa. En el acto ha intervenido, asimismo, el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, quien ha aseverado que Zaragoza es «una ciudad abierta a la creación de empleo, la riqueza, las inversiones».

Ha apuntado que, tras una potente inversión, la TMZ mueve ya 3.000 millones de euros al año en tráfico de mercancías y ha apostado por «atraer a empresas de relevancia», como Becton Dickinson, que abrirá una fábrica de material sanitario en la ciudad. «Seamos pioneros en Europa a la hora de crear un ‘hub’ y poder desarrollar el futuro que los drones van a tener en la movilidad», ha propuesto Azcón.

La coordinadora de Más Madrid Comunidad y jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, tiene claro que la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, cederá al final a las pretensiones de Vox porque «quien mueve los hilos de su partido en última instancia es la ultraderecha más tramontana».

Ayuso ha considerado que quizás sería «demasiado» que Vox presida la Asamblea de Madrid con sólo 13 de 136 diputados después de que el líder de esta formación, Santiago Abascal, haya deslizado que la ganadora de las elecciones del 4 de mayo debería ser «generosa» con ellos al necesitar su apoyo o abstención para gobernar indicando que verían con buenos ojos que les cediese la Presidencia de la Cámara regional.

En una entrevista en ‘La Sexta’, la diputada autonómica ha manifestado que tiene claro que Ayuso «cederá al final a las pretensiones» de Vox, que no tienen que pasar por la presidencia de la Cámara pero sí en algunas políticas a llevar a cabo.

Se basa García en lo que ya ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, con Vox fuera del Gobierno pero empujando al Gobierno municipal al «cierre de la dirección general de Igualdad o a dejar de subvencionar a colectivos LGTBI».

«Quien mueve los hilos del partido de la señora Ayuso en última instancia es la ultraderecha más tramontana», ha declarado García, en referencia a otras imposiciones que pueda hacer Vox, como el pin parental.

Por otro lado, ha lamentado que Díaz Ayuso no sólo permita el dumping fiscal sino que impulse el «dumping de responsabilidad», junto al rechazo de la diputada a unas políticas «de futuro de patas cortas, de café con orfidal, de una casa que no puedes pagar y de un centro de salud que no contesta a tus llamadas».

SIEMPRE SEÑALANDO A LOS DEMÁS

A su juicio, es «dumping de responsabilidad» señalar a la ciudadanía o al Gobierno central y sin asumir nunca que ella es la responsable y más con «unas palabras que son incitadoras a hacer lo que te dé la gana» mientras «que la situación en las UCI no está resuelta porque sigue estancada».

«No soy yo quien dijo que la libertad era ir a los toros y de cañas», ha recordado Mónica García, unas palabras de Ayuso que denotan «su falta de responsabilidad» que ahora «achaca al resto». Unido a que la presidenta en funciones «insulta a los madrileños diciendo que por ayudarles en una crisis pandémica, social y económica se van a convertir en malos y vagueantes».

Sobre la comisión que propone Ayuso para estudiar los contagios que hayan entrado por el aeropuerto de Barajas, Mónica García sigue viendo ese «dumping de responsabilidad» porque es competencia de la Comunidad «lo que ha pasado en las residencias, las UCI llenas y la Atención Primaria colapsada».

«Quieren echar la culpa a Barajas cuando los datos de la Comunidad no lo avalan. Hay que preguntarle a la señora Ayuso dónde se han producido los contagios en la Comunidad porque del 85 por ciento no lo sabemos dado que no se han rastreado», ha destacado.

El informe sobre las labores de búsqueda en Zaldibar señala que se han analizado todas las zonas con «meticulosidad», rastreando más de 400.000 m3 de tierra, y apunta, entre los posibles factores para no haber hallado a Joaquín Beltrán, uno de los trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero, la «incertidumbre» sobre su ubicación en el momento del accidente y «tanto los procesos físicos como químicos» registrados en el vertedero que «han podido contribuir a la disgregación y descomposición del cuerpo».

El Gobierno Vasco ha anunciado la finalización de la búsqueda de Beltrán, que desapareció en el derrumbe del vertedero vizcaíno el 6 de febrero de 2020 junto a Alberto Sololuze, cuyos restos sí fueron localizados en agosto. Asimismo, ha dado a conocer el informe sobre la búsqueda realizado por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología y fechado este pasado 12 de mayo.

El informe repasa las labores que se han desarrollado y que se iniciaron «de forma prioritaria desde el momento del deslizamiento y posterior derrumbe» de las instalaciones de Verter Recycling, y destaca «la dimensión y complejidad» del deslizamiento.

En concreto, apunta que «se han movilizado de forma intempestiva un mínimo de 2,5 millones de toneladas de residuos (1,5 millones de m3)», lo que lo convierte en «un suceso inédito en el Estado y sin referencias similares en el resto del mundo».

Según recuerda, en el del colapso de vertedero de Bens, en 1996 en O Portiño (A Coruña) se movilizaron unas 100.000 toneladas de residuos. Zaldibar, destaca, es «25 veces el derrumbe de Bens, con la circunstancia añadida del riesgo a otro posible colapso de cerca de otro medio millón más de toneladas».

Por ello, la búsqueda se ha planteado «en el marco de un relevante desarrollo y planificación de ingeniería y geotecnia para hacer frente al importante conjunto de dificultades» que condicionan la planificación, como el volumen de residuos desplazado y su tipo, las «grandes grietas justo por encima de la zona de búsqueda preferente», la presencia de amianto, «la inestabilidad del residuo desplazado» o la priorización de la seguridad de los trabajadores.

A ellas se suman los incendios, las dificultades de la investigación de la ubicación de las víctimas en los últimos momentos, la reubicación de los residuos o la destrucción de la práctica totalidad de las infraestructuras del vertedero.

El informe remarca que las labores de búsqueda de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze se han venido realizando «sin que en la práctica haya habido días de interrupción». De los 461 trascurridos, las labores se han interrumpido solo Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y una jornada debido a las malas condiciones meteorológicas.

Durante estos 15 meses se han movilizado unos 700.000 m3 de residuos para conseguir la estabilización del vertedero y lograr condiciones de seguridad en las labores de búsqueda. De ese volumen de residuos se han rastrillado y analizado 412.000 m3.

«No conocemos ningún otro operativo en el que se hayan movilizado, rastrillado y cribado más de 400.000 m3 de materiales en forma de residuo a razón de 1.000 m3 diarios con este nivel de detalle y meticulosidad para la búsqueda de dos personas desaparecidas», señala.

A lo largo de los trabajos de búsqueda se han localizado los siete automóviles desaparecidos, un Quad, dos máquinas de obra pública, el módulo de vestuarios, tres módulos de material de rechazo, un transformador eléctrico, restos del edificio de vestuarios, oficinas, infraestructuras de la báscula, la estación meteorológica, estructuras de la depuradora y el módulo de comedor.

También se han encontrado numerosos objetos como ropa, tanto de trabajadores del vertedero como de ciudadanos ajenos, diversa documentación, terminales móviles, monedas y billetes.

Por otra parte, se han desescombrado otras infraestructuras no desplazadas: foso de lavado de ruedas, plataforma de la báscula, cimentación de la báscula y de las oficinas, balsa de lixiviados, depuradora de lixiviados, canales de desagüe y perimetrales, entre otros.

APARECE SOLOLUCE

El dispositivo permitió localizarar el 16 de agosto a Alberto Sololuze, «gracias a la intensa labor de búsqueda y al conocimiento, casi con certeza absoluta, de su ubicación inicial», así como al hecho de que su cuerpo fuera probablemente protegido por la propia estructura de la caseta de la báscula en la que él trabajaba, según indica el informe.

Por otra parte, señala que en su ubicación final después del desplazamiento quedó protegido entre el talud de la plataforma de la depuradora y una estructura de hormigón al pie de la misma, «permitiendo que el movimiento del vertedero discurriera por encima de sus restos, sin afectarlos».

Este hallazgo, añade, constituyó «un impulso a los trabajos llevados a cabo por los equipos de búsqueda» ya que confirmó que «la metodología y el sistema planteados permitían la localización de las víctimas» y, por ello, se continuó «con la misma operatividad» durante los siguientes nueve meses.

Al mismo tiempo se ampliaron las zonas de búsqueda añadiendo nuevas áreas que, si bien «no eran probables», contemplaban el desplazamiento momentos antes del derrumbe de Joaquín Beltrán hacia la parte alta del vertedero o hacia la vaguada situada al sur de su última posición conocida. Estas zonas no se contemplaron en el momento inicial, explica, por «ir en sentido contrario a la dirección del desplazamiento y a la salida habitual de las instalaciones».

Según refleja el estudio, la totalidad de las zonas que fueron determinadas como zonas de búsqueda han quedado libres de residuos, habiéndose cribado y analizado todo el material ubicado en ellas. Se ha buscado y cribado en todos los residuos situados a cota inferior a la última posición conocida de las víctimas «e incluso, en esta última fase, se han realizado labores de búsqueda en instalaciones localizadas por encima».

A pesar de las labores desarrolladas y «la meticulosidad de la búsqueda llevada a cabo», no ha sido posible hallar los restos de Joaquín Beltrán. Entre los factores que han podido contribuir a este resultado negativo el informe apunta «la incertidumbre de su ubicación precisa en el momento exacto del derrumbe» y el hecho de que en la zona en la que fue visto por última vez no había ninguna estructura que lo protegiera, a diferencia de Alberto Sololuze.

Asimismo, señala que se ha constatado que en esta zona se produjo el desborde inicial del vertedero y la situación de los elementos hallados «dan muestra de la magnitud de la energía desarrollada en este punto, como son la desaparición de la cuneta perimetral (estructura de hormigón) y el estado de las láminas de poliestireno que servían de aislante del vaso».

El informe explica que, durante estos 15 meses, se han constatado temperaturas cercanas a los 70 grados en el entorno de esta zona de búsqueda, junto con la presencia de lixiviados que «pudieran haber contribuido a la descomposición de los restos».

Según concluye, «tanto los procesos físicos como químicos anteriormente descritos han podido contribuir a la disgregación y descomposición del cuerpo».

Los responsables del informe entienden que, «de haber existido unos restos con una limitada dispersión y con una reducida descomposición, teniendo presente tanto la definición de las zonas como la planificación de la búsqueda y la metodología empleada, Joaquín Beltrán tendría que haberse localizado, tal y como demuestra el hallazgo de Alberto Sololuce» con la misma metodología.

«Sin embargo, en el caso de Joaquín Beltrán, todo el trabajo realizado ha resultado infructuosa. ¿Podrían ser las razones arriba apuntadas? Lo que sí podemos afirmar y reconocer el enorme esfuerzo realizado», concluyen.