El Rey Felipe VI ha ensalzado el «avance imparable como sociedades democráticas consolidadas» que une a España con Corea del Sur, dos países que comparten principios y valores y que cuentan con economías similares, apostando por seguir profundizando en particular los lazos en este último ámbito.

Ese ha sido su mensaje durante el brindis en la cena de honor ofrecida al presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, quien se encuentra de visita de Estado hasta el jueves en devolución de la realizada por los Reyes a Corea del Sur en octubre de 2019, de la que el monarca ha asegurado guardar «un recuerdo entrañable». La última visita de Estado de un presidente surcoreano a España la realizó Roh Moo Hyun en 2007.

España y Corea, ha dicho Don Felipe, «compartimos principios y valores fundamentales, instituciones democráticas, el respeto al Estado de Derecho, y la protección de los Derechos Humanos». Además, ha añadido, «nos une nuestro avance imparable como sociedades democráticas consolidadas».

Los dos países también comparten «prioridades como la paz y la estabilidad internacionales, la lucha contra el cambio climático, las emergencias humanitarias, la ayuda al desarrollo o la batalla contra el terrorismo y otras amenazas a la seguridad», ha resaltado.

Don Felipe ha hecho especial hincapié en la economía, que tendrá un papel central en la visita de Moon a España. Así, ha destacado que España y Corea del Sur tienen economías de «dimensiones similares» y que tras años de «esfuerzo y trabajo» han alcanzado «una posición destacada» entre las economías más desarrolladas.

EMPRESAS ACTORES GLOBALES

«Hemos consolidado una presencia económica creciente en el mundo y nuestras empresas son ya actores económicos globales, con participación en todos los sectores, tanto en el ámbito industrial como de servicios», ha celebrado el Rey, incidiendo en que gracias a ello hay «amplios campos abiertos para la colaboración» entre las empresas y sociedades de los dos países.

En este sentido, ha apostado por seguir trabajando juntos «para conseguir que las relaciones económicas entre Corea y España alcancen, en todos los ámbitos, el potencial» que les corresponde como «dos de las economías más avanzadas y dinámicas del mundo».

También ha mencionado el «acercamiento progresivo» entre las sociedades y los ciudadanos de los dos países en los últimos años. Crece el interés en ambos lados por nuestras respectivas culturas, nuestras lenguas, nuestras modas, nuestras músicas y nuestro deporte; crece el conocimiento mutuo al que debemos contribuir decididamente desde las instituciones», ha reivindicado.

Asimismo, se ha referido a la importancia de turismo como «instrumento de conocimiento mutuo y acercamiento entre las personas» y que tan gravemente se ha visto golpeado por la pandemia. Según datos oficiales, en 2019 fueron más de 630.000 los surcoreanos que visitaron España, de ahí que Moon tenga prevista una mesa redonda sobre turismo, en la que participarán empresas del sector de los dos países, el jueves en Barcelona.

Don Felipe ha apuntado, en este sentido, al «interés» de muchos surcoreanos «por conocer, por pasear por las ciudades españolas, por disfrutar de experiencias como el Camino de Santiago, con un profundo significado espiritual, cultural, patrimonial, artístico e, incluso, gastronómico». «Me consta también el interés de muchos de mis compatriotas por descubrir su extraordinario país», ha añadido.

EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

Por otra parte, Don Felipe ha hecho hincapié en que en el mundo globalizado actual el éxito pasa «por el desarrollo máximo de las capacidades, por la excelencia en la educación y por la apuesta por la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación».

En este punto, ha apuntado que en España hay admiración «por la importancia que da la sociedad coreana a la excelencia educativa y la capacidad de innovación, investigación y desarrollo demostrada por las empresas coreanas» y ha defendido la necesidad de una «inversión continuada» en este ámbito con el fin de asegurar «nuestra competitividad en un mundo en constante innovación.

Su deseo, ha concluido el Rey antes de proceder al brindis, es que «el interés de nuestros pueblos por conocer nuestras respectivas culturas, la sólida proyección de nuestras sociedades y empresas en un mundo global y, sobre todo, los valores y principios que compartimos, impulsen decididamente una relación cada vez más profunda entre la República de Corea y España».

ASISTENTES

A la cena de honor han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por su mujer, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la del Senado, Pilar Llop, el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Supremo, Carlos Lesmes.

En representación del Gobierno estaban la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, la de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, y el de Ciencia, Pedro Duque.

Asimismo, entre los que había numerosos empresarios y otras personalidades con vínculos con Corea del Sur, estaban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

RECEPCIÓN CON HONORES MILITARES

Moon y la primera dama surcoreana han sido recibidos a primera hora de la tarde en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid con honores militares. Tras los protocolarios himnos de los dos países interpretados por la Unidad de Música de la Guardia Nacional, el Rey y el presidente surcoreano han pasado revista a las tropas.

A continuación, los Reyes y sus invitados de honor han saludado a las delegaciones de los dos países. Por parte española estaba presente el presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso, la del Senado, el del Tribunal Constitucional, el del Supremo, así como la ministra de Asuntos Exteriores, entre otros.

Toda la ceremonia se ha celebrado respetando las restricciones impuestas debido a la pandemia. Así, en la formación se han ampliado las distancias a metro y medio mientras que en lugar de los 370 guardias reales que suelen participar en la misma el número se ha reducido a unos 130, todos ellos con mascarilla.

UNA NAO EN MINIATURA Y FACSÍMIL DE GOYA, REGALOS DE LOS REYES

Según ha informado Zarzuela, los Reyes han regalado al presidente surcoreano una reproducción realizada a mano y a escala de la nao Victoria en la que Juan Sebastián Elcano completó la vuelta al mundo, así como el libro «Atlas of Spanish Exploration and Discovery» de la Sociedad Geográfica Española, con motivo de la celebración del V Centenario de este hito entre 2019 y 2022.

A la primera dama, Kim Jung Sook, Don Felipe y Doña Letizia le han regalado una edición facsímil de «Dibujos y Estampas» de Francisco de Goya con carpeta personalizada con motivo de la celebración del 275 aniversario del artista, así como un joyero elaborado en piel.

Además, a ambos les han obsequiado con una escultura de una concha Xacobea tallada en gema serpentina procedente del mismo yacimiento del usado en los bajorrelieves de la antigua catedral de Santiago y cuadro con dibujo a plumilla de la explanada de la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Ambas obras, realizadas por el artista Cándido Pazo, están relacionadas con la celebración del Año Xacobeo.

Por su parte, el presidente surcoreano y su mujer han regalado a los Reyes una pintura regia tradicional, que se colocaba en la parte posterior del trono en el Palacio Real de Corea. Al Rey, le han obsequiado además con un juego de té hecho con porcelana blanca tradicional de Corea y plata y a la Reina con jarrones elaborados de cristal reciclado con forma tradicional coreana.

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha asegurado este martes que el Govern prioriza la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central a la de partidos catalanes: «Ahora estamos centrando esfuerzos en la mesa de diálogo con el Gobierno español, es nuestra prioridad número uno».

Lo ha dicho en rueda de prensa después de las reuniones que ha mantenido junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con los grupos parlamentarios de la CUP, el PSC y los comuns, en la ronda de contactos que está llevando a cabo con las formaciones catalanas.

Al ser preguntada por si atenderá a las peticiones del PSC y los comuns de convocar la mesa de partidos catalanes antes de que se reactive la mesa de diálogo con el Gobierno, Vilagrà ha contestado que el Govern está centrado en el espacio de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Es allí donde tenemos que hablar de autodeterminación, amnistía, fin del conflicto político y judicialización política».

Ha apuntado que no dejarán de tener «relaciones con los grupos parlamentarios», como está haciendo el Govern en esta ronda de contactos, pero ha reiterado que su prioridad sigue siendo la mesa de diálogo con el Gobierno.

RELACIÓN CON LA CUP

Sobre la reunión de este martes por la mañana con la CUP, la consellera ha destacado el «clima de cordialidad» y ha subrayado que han hablado de cómo cumplir el acuerdo que alcanzaron republicanos y ‘cupaires’ para investir a Aragonès, como políticas de vivienda y un programa piloto de la renta básica universal.

Ha explicado que la CUP ya está comenzando a trabajar con diferentes consellers del Ejecutivo para «evaluar y desplegar» el acuerdo, aunque todavía no se ha podido reunir con todos los miembros del Govern.

Preguntada por que la CUP haya criticado algunos gestos del Govern en estas primeras semanas, como coincidir en actos con el Gobierno central, la consellera de Presidencia ha replicado que asisten a actos muy diferentes, desde cuestiones sociales con personas vulnerables hasta ámbitos económicos con personas con las que discrepan: «El Govern siempre intenta estar allí donde se generan oporutnidades, donde se hablan temas importantes para el Govern y lo seguiremos haciendo».

ACERCAR AL PSC

De la reunión con el PSC ha recalcado que el Govern está dispuesto a establecer relaciones con los socialistas en muchas cuestiones, pese a las discrepancias políticas que tienen.

Así, ha sostenido que el Govern de Aragonès quiere intentar que el PSC «se acerque a los grandes consensos del país: acabar con la represión» y lograr una salida democrática al conflicto catalán, y ha garantizado que perseverarán pese a reconocer que parten de posiciones lejanas.

FRENTE CON LOS COMUNS

Sobre el encuentro con los comuns, Vilagrà ha informado que se han conjurado a «hacer frente a los retos del país, especialmente en el ámbito social», y han compartido la preocupación sobre que el Gobierno central haya recurrido la Ley de regulación de los alquileres catalana.

Asimismo, Aragonès y Vilagrà han pedido a los comuns unirse a un «frente común» para hacer posible la amnistía y la autodeterminación.

Tras estos tres encuentros de este miércoles, el presidente ya se ha reunido con Junts, CUP, PSC y comuns, y el miércoles de la semana que viene prevé cerrar la ronda de contactos con Cs, el PP y ERC.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado este martes que el Tribunal de Cuentas haya admitido a trámite la denuncia de la formación ‘naranja’ e investigue el rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado que se trata de un «escándalo absoluto» del que se debe saber «hasta el final los detalles» de la ayuda «a dedo» de 53 millones de euros «sin cumplir los requisitos».

En una entrevista en esRadio, la líder de Cs ha defendido que la denuncia estaba «muy bien fundamentada» ante un rescate que, a su juicio, «ha sido un escándalo en todos los sentidos». «Esto huele muy mal», ha asegurado Arrimadas, al tiempo que ha recordado que las ayudas eran «para empresas estratégicas» y la aerolínea «no lo era».

Con todo, la dirigente política ha apuntado que Plus Ultra estaba «en números rojos antes del Covid» y que «todos los indicios» apuntan a que «el accionariado tiene conexiones con el chavismo». En su opinión, al Gobierno de Pedro Sánchez no le puede salir «gratis repartir dinero» mientras los ciudadanos no han recibido «ni un euro de las ayudas directas» que el Ejecutivo prometió.

«La imagen de España no se puede mermar mas a nivel internacional. No puede ser una república bananera gobernada por Pedro Sánchez», ha sostenido Arrimadas, quien ha insistido en que al Ejecutivo «se les ve incómodos» por este asunto pues «hubo versiones contradictorias. «El Gobierno ha mentido o ha ocultado información (…) Es un escándalo porque no se cumplen los requisitos», ha advertido.

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para decidir si hubo un «presunto menoscabo de fondos públicos».

Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación ‘naranja’, tras la denuncia presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio, según han informado desde esta formación.

Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existan infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas.

Con la admisión a trámite, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre el escándalo, con la apertura de la «correspondiente pieza de Acción Pública» y designará a un instructor en su Sección de Enjuiciamiento, según han confirmado fuentes de la institución

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que la agenda de la Casa Real «no puede condicionar» la de las administraciones catalanas, en referencia al desencuentro entre los socios del Govern por ver quién asistía a la cena inaugural del Cercle d’Economia en la que estará el Rey.

Lo ha dicho después de reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, en el marco de la ronda de reuniones con representantes de los grupos parlamentarios, a la que ha acudido junto con el portavoz de los morados en la Cámara catalana, David Cid.

«Parece que una vez más ERC y Junts se están tirando la pelota», ha reprochado Albiach, que ha dicho que aún no se sabe si alguien del Govern irá a esa cena, en la que también estará el presidente de Corea del Sur, algo que considera que es importante para los intereses de Catalunya.

También ha sostenido que la figura de Felipe VI y de la monarquía y su presencia en este acto no aporta beneficios económicos para Catalunya: «Es una institución manchada de corrupción», ha censurado.

La líder morada ha explicado que ha trasladado al presidente la necesidad de unos presupuestos expansivos para 2022 y una gestión de los fondos europeos pensada «en clave de década, en 2030» y que sirva para proyectar las grades transformaciones que quieran hacer.

INDULTOS Y MESA DE DIÁLOGO

Sobre los indultos a los presos independentistas, Albiach ha destacado que supondrán una reactivación de la mesa del diálogo y abrirán un «tiempo de esperanza», y ha añadido que los comuns estarán al lado del Govern si quieren transitar la vía del diálogo.

Ha vuelto a pedir a Aragonès que antes de la mesa de diálogo convoque la mesa de partidos para «tratar de forma específica qué cuestiones se llevarán desde la parte catalana», y ha insistido en que esto no quiere decir que el Govern renuncie a hablar de amnistía y autodeterminación.

Ha enfatizado en la necesidad de ganar autogobierno y «más después del recurso que el PSOE ha presentado a la ley de vivienda catalana», en referencia al recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno este martes.

«Le he pedido a Aragonès una cosa básica, sencilla y directa: llevar conjuntamente a la mesa de diálogo el blindaje de las competencias catalanas en vivienda», ha resumido Albiach, que ha exigido que el Estado delegue estas competencias.

Sobre la aprobación de unos presupuestos, la líder morada ha lamentado que no haya cuentas para 2021 y ha dicho que los comuns «siempre estarán para tirar adelante medidas para mejorar la vida de la gente».

Sin embargo, Albiach cree que su formación tiene planteamientos «que distan mucho» de los del conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, y considera que será difícil encontrar un encaje para trabajar los presupuestos, pero ha dicho que esparará a ver qué planteamiento hace el Govern.

El jurado popular del juicio celebrado la semana pasada en la Audiencia de Sevilla contra Abel M.L., alias El Moco, el varón acusado de asesinar a Dolores Ortiz, la vecina de San Juan de Aznalfarache cuyo cadáver fue descubierto la madrugada del 1 de febrero de 2020 en la plaza de Blas Infante de dicho municipio aljarafeño, ha declarado al mismo «culpable» de dar muerte a la víctima «a golpes» y aumentando «deliberadamente su sufrimiento».

La Audiencia de Sevilla ha acogido la tarde de este martes la lectura del veredicto del jurado popular tras las cinco sesiones de juicio celebradas la semana pasada en torno a este crimen en el que el acusado, expareja de la víctima y toxicómano al igual que ella, habría asesinado a Dolores Ortiz entre las 4,30 y las 5,30 horas de la madrugada del 1 de febrero de 2020 arreándole más de 23 golpes con un objeto contundente y con borde mientras ella estaba acuclillada y cubierta por un abrigo fumando droga en la plaza de Blas Infante, según la investigación.

Durante su comparecencia en el juicio, en la que rechazó contestar a las preguntas de las acusaciones particulares, El Moco explicó que entre 2006 y 2009 mantuvo una relación con la fallecida, toda vez que tras su ruptura seguían encontrándose para consumir drogas.

EL TESTIMONIO DEL ACUSADO

Empero, frente a la acusación de que él utilizaba supuestamente a su expareja para que acudiera a comprar drogas y además le quitaba dinero y sustancias estupefacientes, Abel M.L. aseguraba que «nunca» obligó a Dolores Ortiz a buscar estupefacientes para él, así como que tampoco la forzó para que se prostituyese y así obtener dinero con el que adquirir las sustancias. Del mismo modo, negaba que hubiese agredido a la víctima, toda vez que dos amigas de la misma testificaron que ella tenía «miedo» de él y que manifestaba que el acusado la agredía.

En cuanto a la madrugada de los hechos, El Moco defendió durante el juicio que sobre las 3,30 horas habría recalado ya en su vivienda, donde su hermano le «abrió la puerta», señalando la fiscal del caso sus «contradicciones» con relación a sus comparecencias ante la Policía y en la fase de instrucción del asunto, cuando habría relatado que regresó a su hogar entre las 5,30 y 6 horas, –situándose a sí mismo en la calle en el lapso de tiempo en el que fue perpetrado el crimen–.

Frente a ello, el acusado alegaba que si lo dijo de tal manera fue porque entonces estaba «bajo los efectos de la droga» o con «el mono», es decir el síndrome de abstinencia.

En ese sentido, el jurado popular ha declarado probado por unanimidad que El Moco y Dolores Ortiz, Loli según era conocida en la zona, mantuvieron en efecto una relación hasta 2009 aunque sin convivir juntos y que después, ella le «evitaba» para que él no le quitase dinero o drogas o le agrediese para ello, extremos que habían ocurrido «en varias ocasiones».

«GOLPES Y EMPUJONES»

En paralelo, y merced al testimonio de un agente de la Policía Nacional, el jurado ha declarado probado por unanimidad que Abel M.L. agredió «a golpes y empujones» a la fallecida unos dos meses antes del crimen en plena calle por cuestiones relacionadas con sustancias estupefacientes.

En ese sentido, el jurado popular ha declarado por unanimidad al acusado «culpable» de diferentes «agresiones, amenazas» y robos de dinero y droga a la víctima del crimen.

Y por siete votos a favor de los nueve miembros del jurado popular, el mismo ha declarado que Abel M.L. fue «la persona» que perpetró la agresión «por sorpresa» sufrida por Dolores Ortiz la madrugada del 1 de febrero de 2020 mientras estaba acuclillada en la plaza de Blas Infante de San Juan, tapada con un chaquetón y refugiada tras un murete de dicha plaza para consumir droga, declarando así con tales siete votos que el acusado es «culpable de dar muerte a golpes» a Dolores Ortiz.

Por ocho votos de los nueve miembros del jurado, el mismo ha declarado además a Abel M.L. «culpable» de dar muerte a la víctima aprovechando su «imposibilidad de defensa» al estar la misma bajo los efectos de cocaína, metadona y probablemente heroína y por la posición en la que estaba consumiendo drogas; y de incrementar «deliberadamente el sufrimiento» de la víctima, dada la «violenta y brutal agresión» descrita por los policías nacionales que investigaron el crimen y el testimonio de los médicos forenses, según los cuales tras el primero de los 23 golpes encajados por la víctima, su muerte «no fue inmediata» y su «dolor fue aumentando por los reiterados ataques» a su cabeza.

LAS CLAVES DEL VEREDICTO

Para declarar a Abel M.L. culpable del crimen, el jurado popular ha tenido especialmente en cuenta el gorro de lana negra con rastros genéticos del acusado localizado en las inmediaciones de la plaza y que según la Policía Nacional habría perdido el mismo «ese día» precisamente.

Además, el jurado ha tenido en cuenta el testimonio de un testigo según el cual El Moco «le concretó cómo habían matado a la víctima» y cómo le habían «machacado la cabeza», lo que probaría que él había «visto el cadáver» antes de que el mismo fuese descubierto y comenzase a actuar la Policía. También ha pesado el testimonio de otro testigo vecino de la zona que aseguró haber visto a Abel M.L. aquella noche «escondido en un poyete» y que lo vio «marcharse con vestigios de sangre» siguiendo un camino que coincide con las gotas de sangre halladas en el entorno de la escena del crimen.

El jurado popular ha declarado además probado por unanimidad, que Abel M.L. sufría una «larga adicción» a las drogas, extremo que afectaba a su «capacidad de controlar sus impulsos» y a su comportamiento, especialmente cuando no tenía acceso a sustancias estupefacientes.

Tras el veredicto del jurado popular, la Fiscalía, que al acabar el juicio reclamaba para el acusado 20 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con alevosía y la agravante de parentesco, más un año adicional de prisión por un delito de malos tratos; ha solicitado 21 años por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y la atenuante de drogadicción, más un año y tres meses más de cárcel por un delito de maltrato habitual y nueve meses más de cárcel por un tercer delito de maltrato de obra. Es decir 23 años de prisión en total.

LAS ACUSACIONES PARTICULARES REDUCEN SUS PETICIONES DE CONDENA

En el caso de las acusaciones particulares, ejercidas por la hija de la fallecida y por la madre y el hermano de la misma, después de solicitar 22 años de prisión por un delito de asesinato y tres años más de cárcel por un delito de malos tratos continuados; y 24 años de cárcel por un delito de asesinato y otros tres años más por otro delito de malos tratos continuados, respectivamente, han coincidido en pedir 21 años por un delito de asesinato, dos años más por un delito de maltrato habitual y seis meses más de cárcel por un tercer delito de maltrato de obra.

La acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía se ha adherido a la petición de la Fiscalía y la defensa ha solicitado la pena mínima que corresponda, anunciando que recurrirá el pronunciamiento de culpabilidad.

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, ha pedido este martes en el Senado mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque «da la sensación de que primero son los requisitos y luego las personas», y ha reclamado la regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular.

«El IMV es una de las decisiones más acertadas del Parlamento pero la gestión está siendo manifiestamente mejorable, dicho de manera suave, porque el IMV surge para afrontar las necesidades urgentes de las personas, pero da la sensación de que primero son los requisitos para garantizar determinado cumplimiento de procedimientos administrativos y luego, si eso, las personas que se vayan adecuando si pueden», ha criticado Susías.

Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales celebrada en el Senado, con el objetivo de informar de las propuestas e iniciativas contra la pobreza y la desigualdad en España de la Red.

A su juicio, no tiene sentido que aún no se cuente con un reglamento para que se pueda compatibilizar el IMV con el empleo y «tampoco se sostiene» que se tengan en cuenta las retribuciones pasadas «que no tienen nada que ver con la realidad que están viviendo ahora las familias».

Entre otros asuntos, también ha pedido regularizar a las personas migrantes que están en España en situación administrativa irregular. «Tenemos un montón de personas sin regularizar, algo tendremos que hacer, nosotros proponemos la regularización, si ustedes tienen una idea mejor digánosla y nos ponemos a trabajar», ha sugerido.

Para Susías, «la erradicación de la pobreza y la exclusión social es prioritaria» si España quiere convertirse en «una sociedad moderna, cohesionada socialmente y basada en los derechos humanos».

Sin embargo, ha alertado de que en los últimos cinco años, la desigualdad en España es más elevada que en los últimos 50 años y la tendencia no ha cambiado, a pesar de la recuperación económica iniciada en 2014.

«No todo el mundo sufrió la crisis por igual. La realidad social nos muestra que las personas en pobreza y exclusión social no tienen garantizados sus derechos por parte del Estado. Antes de la pandemia de la COVID-19, España sufría ya una crisis de pobreza y desigualdad. Casi 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza y 700.000 hogares no cuentan con ningún ingreso», ha señalado.

Además, ha explicado los principales datos relacionados con la pobreza y la exclusión social en España, recogidos en el X Informe sobre el Estado de la Pobreza en España, realizado por EAPN-ES, que pone rostro a la desigualdad en nuestro país: mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.

También ha puesto el acento, durante su intervención, en la cronificación de la pobreza, los trabadores pobres y la brecha norte-sur en la tasa de riesgo de pobreza en España; y ha subrayado la importancia de «ponerse las gafas de género» a la hora de adoptar medidas para combatir la pobreza.

Finalmente, Susías ha puesto sobre la mesa los principales retos en materia de inclusión social, como: asegurar el reconocimiento, respeto y desarrollo de los derechos de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social; implantar la igualdad de género o combatir la pobreza garantizando ingresos suficientes para una vida digna, entre otros.

ONG, sindicatos, geriatras, sector de la dependencia y el colectivo de los mayores han alzado este martes la voz contra el maltrato a las personas de edad avanzada, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en torno a 1 de cada 6 personas mayores en el mundo sufren algún tipo de maltrato asociado a su edad.

Así, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha denunciado que «la indefensión y vejación que sufren muchos mayores en silencio es una realidad que permanece oculta a los ojos de los demás».

Por ello, CEOMA solicita la aprobación de una Ley contra el abuso, maltrato, vulneración de la integridad física y moral de las personas mayores, así como la creación de un número de teléfono de denuncia gratuito y fácil de memorizar para este tipo de situaciones.

También desde el sindicato UGT reclaman una Ley integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice la protección y el ejercicio de los derechos de este colectivo, la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos.

El sindicato ya ha realizado diversas denuncias tanto al Gobierno como a las Comunidades Autónomas sobre la situación en las residencias de las personas mayores, con el fin de «tomar las medidas necesarias y eficaces para que la situación vivida durante la pandemia no se vuelva a repetir».

En este sentido, Amnistía Internacional (AI) ha urgido a incluir cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias para que «no sean abandonadas a su suerte nunca más», tras el abandono sufrido en la pandemia.

Así lo sugiere en una guía con siete recomendaciones, entre las que destaca que «las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas» para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios sin incluir «criterios discriminatorios»; y un sistema de inspecciones.

LA COVID HA AGRAVADO LOS ABUSOS

Cruz Roja Española, ha informado de que atendió en 2020 a más de 4.000 personas mayores que sufrieron o estuvieron en especial riesgo de maltrato. Según ha advertido, la crisis sanitaria, social y económica por la COVID-19, ha «agravado» muchas situaciones de maltrato.

La organización ha precisado que el maltrato no es solo una agresión física ni un incidente ‘doméstico’ aislado sino un fenómeno social que va desde las agresiones más lesivas llevadas a cabo por familiares hasta las negligencias, pasando por la imagen peyorativa que socialmente se ofrece en ocasiones de las personas mayores, la infantilización, la restricción de derechos o la falta de respeto a su autonomía, libertad o capacidades.

Desde el sector de la Dependencia, la patronal de Dependencia Círculo de Atención a Personas (CEAPs) ha lanzado este martes una campaña en redes bajo el lema ‘Por el buen trato’, y su presidenta, Cinta Pascual, ha propuesto «trabajar en cada centro con indicadores de calidad y con la colaboración esencial de la familia». «La necesitamos cerca y la queremos cerca», ha subrayado.

Pascual pide que la atención a las personas mayores sea «una prioridad» y que se cumpla la ley de la Dependencia, para que una persona mayor no tenga que esperar «438 días» para recibir el servicio de ayuda que le corresponde; y ha reclamado «un precio justo que cubra todas las necesidades de los usuarios».

LA SOLEDAD NO DESEADA

Además, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) ha advertido de que la soledad no deseada es la principal causa del maltrato en las personas mayores, que se traduce en un descenso de la actividad y la capacidad funcional, la interacción social, una peor alimentación y un incremento de la obesidad por malos hábitos alimentarios y vida sedentaria.

Este fenómeno, según avisa, se ha agravado durante la pandemia con el cierre de los recursos que sirven como herramienta para luchar contra esta realidad como son los centros de día. «El hecho de que se hayan mantenido cerrados durante la pandemia ha provocado situaciones de riesgo para las personas usuarias, físicas, psicológicas, y también emocionales», ha explicado la presidenta de Amade, Pilar Ramos.

Por su parte, la Fundación Pilares ha pedido tomar «medidas contundentes» encaminadas a transformar el modelo de cuidados para que «nunca más vuelvan a producirse violaciones de derechos humanos y discriminaciones como las vividas en la crisis de la COVID19».

Según advierte la Fundación, con la pandemia han aflorado «de la manera más cruda, el edadismo y el estigma social que vincula la vejez y la discapacidad con inutilidad y minusvaloración de la vida de las personas». Frente a ello, pide «honrar a las personas mayores» de España, en particular a las afectadas por la Covid, «pidiendo perdón a todas las víctimas».

APOYO DE LOS MÉDICOS

En el ámbito médico, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología advierte de que «el maltrato a los mayores es una realidad muy compleja, muy plural, que se da en muchos escenarios muy diversos y difíciles de controlar» y ha sugerido que la comunidad médica revise sus protocolos existentes para identificar y apoyar a las víctimas de abuso en este momento ya que los que han sido maltratados tienen «un 300% más de riesgo de muerte».

«Se ha asumido que la pandemia ha traído consigo un aumento en el abuso de personas mayores debido a una serie de factores como la tensión financiera, las desigualdades digitales, los recursos socio-económicos cuando son más bajos y una salud más precaria, todos ellos grandes factores de riesgo para este problema», alerta.

Finalmente, la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) también ha denunciado el maltrato hacia las personas mayores, «un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo».

«Conscientes de esta realidad que afecta a tantos de nuestros mayores desde la Fundación para la Protección Social de la OMC incorporamos en nuestro Programa de Protección Social las directrices de la OMS en materia de envejecimiento activo y ofrecemos a sus beneficiarios un Catálogo de prestaciones, ayudas y servicios destinados a la mejora de las condiciones de vida del colectivo médico envejecido o sus familiares mayores», ha asegurado el presidente de la FPSOMC, Tomás Cobo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Acuerdo Marco para dar continuidad al sostenimiento de las flotas de aviones T.18 (FALCON 900), T.22 (AIRBUS A310), Y T.20 (CESSNA CITATION V) del Ejército del Aire con un valor estimado de aproximadamente 91 millones.

Este Acuerdo Marco pretende asegurar la disponibilidad operativa de las misiones. Entre los objetivos más significativos de estas aeronaves destacan, las operaciones NEO (evacuación de no-combatientes) y repatriación de bajas; el transporte de tropas desplegadas en operaciones; fotografía aérea y la calibración en vuelo de ayudas a la navegación aérea.

En concreto, el valor estimado de este Acuerdo Marco es de 91.400.000 de euros y tiene un plazo de vigencia de 48 meses, que podrá ser prorrogado doce meses más.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado un Acuerdo Marco mediante el que autoriza al Ministerio de Defensa la contratación de servicios de medios aéreos civiles para el transporte de personal de las Fuerzas Armadas por un valor estimado de 32 millones de euros.

Este acuerdo permite el desplazamiento de los efectivos hacia y desde las zonas de operaciones y de realización de ejercicios y otros tipos de actividades. Así mismo, complementará las capacidades de aerotransporte del Ejército del Aire, permitiendo atender adecuadamente desde 20021 hasta 2024, las necesidades de transporte estratégico con el objeto de cumplir con los compromisos adquiridos por España.

En base a los equipos personales de paracaídas necesarios para el Ministerio de Defensa, el Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo Marco para el suministro de estos equipos por un valor de 15 millones aproximadamente.

En este sentido, operan atendiendo a sus características de caducidad, todos los años hay que dar de baja en las distintas unidades de las Fuerzas Armadas un determinado número de paracaídas, tanto de apertura automática como manual, que deben ser repuestos para seguir cumpliendo con sus requerimientos operativos y de enseñanza establecidos.

En el acuerdo se dispone que por el valor estimado de 15.146.100 de euros, se cubrirán las necesidades de este material desde 2021 hasta 2024 en las distintas unidades que requieren el uso de estos equipos, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Todo ello, teniendo en cuenta que, los equipos completos de paracaídas objeto del Acuerdo Marco comprenden tanto el paracaídas principal, el paracaídas de reserva y el arnés correspondiente.

El líder del PSC en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa, ha asegurado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, ha sido cordial y receptivo ante las propuestas que le ha planteado en la reunión que han mantenido este martes, tras la que ha criticado que no acuda a la cena inauguración de la Reunión Anual del Cercle d’Economía con el rey Felipe VI el próximo miércoles.

Preguntado en rueda de prensa tras la reunión con Aragonès, Illa ha tachado de error que no quieran asistir ni él ni el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró: «Respetando la postura que puedan tener hacia el jefe del Estado, me parece que los catalanes nos merecemos estar representados».

«Nos gustaría que no hubiera estas ausencias. Ya hay demasiadas ausencias del Govern en actos que son relevantes y trascendentes», ha remarcado Illa, que irá como jefe de la oposición, después de que el Govern haya anunciado que acudiría Puigneró, pero que finalmente él ha rechazado.

MESA DE DIÁLOGO

Illa ha trasladado a Aragonès durante la reunión la importancia de que convoque una mesa de diálogo con los partidos representados en el Parlament para buscar puntos en común: «Reforzaría mucho la posición del presidente de la Generalitat» reunirla incluso antes de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, ha dicho.

El dirigente socialista, que ha descrito el encuentro como cordial y correcto, ha explicado a Aragonès los cuatro pactos que proponen desde el gobierno alternativo que ha articulado: uno de cara a la pandemia de coronavirus, otro por los fondos europeos, uno por los cargos que designa el Parlament, y otro por la pluralidad.

Ha recordado que quieren información semanal sobre la pandemia y que tiene la «voluntad clara de no hacer política con este asunto» y, sobre los fondos europeos, se ha ofrecido a colaborar para actualizar los proyectos propuestos por el anterior Ejecutivo catalán, trabajando con patronales como Pimec y Foment del Treball y sindicatos como UGT y CC.OO. de Catalunya.

En cuanto a la renovación de cargos que dependen del Parlament, ha citado al Síndic de Greuges y ha insistido en apostar por un perfil que no venga de la política –considera que la tarea del actual, Rafael Ribó, ha dañado el prestigio de la institución–, y ha trasladado a Aragonès también la propuesta de abordar una ley electoral catalana y de refundar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Preguntado por la postura de Aragonès ante estas propuestas, ha señalado: «Ha sido correcto, cordial y receptivo, pero yo no soy su portavoz», tras un encuentro en el que también han participado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y la portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero.

Ha criticado que el Govern no prevea aprobar unos Presupuestos para 2021: «Nos parece que es una pésima estrena del conseller Jaume Giró. No entendemos cómo no se ha arremangado y se ha puesto a trabajar para presentar este Presupuesto e irnos de vacaciones en verano con el trabajo hecho», ha dicho a preguntas de los medios, aunque no ha abordado el asunto con Aragonès.

La periodista y activista mexicana pro Derechos Humanos Lydia Cacho ha defendido que el periodismo de investigación «puede abrir la puerta para que el Estado entienda que tiene que investigar los delitos de explotación de niños desde una perspectiva integral».

«El periodismo con perspectiva de Derechos Humanos puede transformar la vida de las víctimas, puede acompañarlas en el proceso de protección y que los Estados puedan aprender las lecciones para proteger a la niñez de esta pandemia mundial que tiene que ver con la explotación sexual comercial», ha señalado.

Así lo ha manifestado este martes la activista mexicana en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Ortega-Marañón, en la que ha recordado el libro que publicó en 2005, ‘Los demonios del Edén’.

En su libro, la periodista publicaba una investigación en la que «demostraba cómo funciona una red internacional de delincuencia organizada, de trata de explotación sexual de niñas y niños, en la que están implicados senadores, congresistas, empresarios de alto nivel, policías y exgobernadores de estados de México.

«No todos son mexicanos, muchos de los clientes de esta red son extranjeros, dos de los grandes cabezas de esta red criminal son de origen libanés con nacionalidad mexicana», ha añadido.

Este libro, según ha explicado la autora, investiga «hechos concretos» de violación de niños y también demuestra que «esta red se dedicaba al blanqueo de capitales». «Gracias a la investigación de los estados financieros de estos criminales podemos entender cómo invierten recursos en las campañas políticas de diferentes partidos para poder tener a su cargo a senadores, diputados, gobernadores y alcaldes, que les permiten tener la inmunidad asegurada», ha afirmado.

En este contexto, Cacho ha resaltado que este martes se celebra la primera audiencia judicial contra el empresario Kamel Nacif Borge, arrestado en Líbano: «Intentaremos que este multimillonario sea detenido por los delitos contra la niñez».

Para la activista, que ha asegurado estar «en desplazamiento forzado protegida en España», es importante que este caso «logre sentar un precedente judicial» para que el resto del mundo «aprenda las lecciones» que han logrado obtener.

«Estas lecciones tienen que ver con la imperante necesidad de que el Gobierno trabaje con la sociedad civil para poder entender que la persecución de los delitos financieros de las redes de tratas de personas se tiene que abordar de una manera integral y multisectorial», ha apuntado.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha incidido en que en el Líbano se está produciendo el juicio contra «el poderoso financiador de esas redes de trata donde es tan difícil llegar». «Tenemos tan poca experiencia en España en la llegada hasta los últimos extremos de estas redes que son tan difíciles de investigar y de perseguir», ha reconocido.

La Mesa del Congreso ha activado este martes el procedimiento para poder constituir la comisión de investigación sobre diversos aspectos relacionados con el proceso de vacunación contra el Covid-19, incluidas las irregularidades cometidas por quienes se vacunaron antes de lo que les tocaría por edad, una iniciativa que el Pleno acordó poner en marcha hace ya más de tres meses.

Según han informado fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha dado de plazo a los grupos hasta el próximo viernes, 18 de junio, para que comuniquen los nombres de los diputados que quieren adscribir a la futura comisión.

De esta forma, y una vez que los grupos lleguen a un acuerdo para elegir a los integrantes de la mesa que dirigirá los trabajos, la comisión podrá constituirse antes de que acabe el mes de junio. Si se quisieran empezar los trabajos y comparecencias de inmediato, se necesitaría que la Mesa de la Cámara les autorizase a reunirse en julio, mes inhábil a efectos parlamentarios.

Fue el pasado 11 de marzo cuando el Pleno acordó crear esta comisión de investigación impulsada por Más País-Equo y Compromís. La iniciativa salió adelante por amplia mayoría y con la abstención de Vox y el PNV.

En estos tres meses tanto el PP como los impulsores de la iniciativa han reclamado en varias ocasiones su activación. Dado el buen ritmo que se ha logrado imprimir al proceso de vacunación, el líder de Más País, Íñigo Errejón, llegó a expresar su temor ante la posibilidad de que la comisión se constituyera cuando ya estuviera vacunada la inmensa mayoría de la población.

Una vez arranque, la comisión deberá analizar la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación, así como investigar a sus beneficiarios y los fallos en el control del protocolo de quienes se vacunaron antes de que les tocara.

Asimismo, tendrá entre sus objetivos averiguar las posibles irregularidades, falta de transparencia y cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas, y las actuaciones relativas a estos hechos tanto por parte de la UE como de los Estados miembros por separado.

DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Más allá de las posibles responsabilidades legales y/o administrativas, la comisión deberá investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para no repetir estas prácticas «irregulares» en lo que resta del proceso de vacunación.

Y es que, según denuncia la iniciativa aprobada, en plena tercera ola ha seguido habiendo «fallos en la ejecución del plan de vacunación, «con dosis echadas a perder, problemas con la distribución, fallos en la logística o falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento».

ERC y Junts han vuelto a exhibir sus discrepancias en el Govern por la cena inaugural de la Reunión Anual del Cercle d’Economia de este miércoles a la que asistirá el Rey, que ha provocado un nuevo choque entre los socios de gobierno en la tercera semana desde que se constituyó el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès.

En los últimos años, el Govern de Quim Torra, formado por estos mismos partidos, había evitado en la mayoría de ocasiones enviar a los máximos representantes de la Generalitat a actos en los que estuviera el Rey, lo que había provocado críticas porque se consideraba que el Ejecutivo catalán desatendía a algunos sectores económicos catalanes.

El último episodio se produjo en marzo cuando Felipe VI visitó la fábrica de Seat y Aragonès, que era el máximo representante de la Generalitat por la inhabilitación de Torra, no acudió, por lo que algunos partidos de la oposición y sectores criticaron al Govern porque, a su juicio, no estaba apoyando a la compañía.

Con la llegada de Aragonès a la Presidencia de la Generalitat estaba por ver cual sería el criterio del nuevo Ejecutivo en los actos a los que asistiera el Rey y, en la primera visita del monarca a Cataluña desde la constitución del Govern, se ha producido una nueva división entre los socios del Ejecutivo.

ARAGONÈS O PUIGNERÓ

Según fuentes de Presidencia, Aragonès había optado por no acudir a la cena porque este miércoles ya hará un discurso para abrir las jornadas del Cercle d’Economia y después a las 19.00 horas participará en un encuentro con empresarios y políticos internacionales, la mayoría de los cuales acuden a la cena con el Rey.

Por eso, había considerado que su presencia en el Cercle d’Economia ya era suficiente sin necesidad de ir a la cena a la que va el regente, por lo que había decidido delegar esta invitación, como sucede en muchos actos.

Al ser un acto que consideran importante por la relevancia de los actores que estarán, Aragonès delegó la asistencia a la cena en Puigneró y este aceptó.

Este martes se ha reunido el Consell Executiu y en la rueda de prensa posterior la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que el representante de la Generalitat a la cena iría el vicepresidente y no el presidente.

De hecho, en esa rueda de prensa estaba previsto que compareciera también Puigneró, pero finalmente no lo ha hecho y Plaja lo ha excusado por «motivos de agenda urgentes» y ha negado que tuviera que ver con su asistencia a la cena con el Rey.

Sin embargo, unas horas después, desde el departamento encabezado por Puigneró han anunciado que el vicepresidente ha rechazado ir a esta cena y ha propuesto a Aragonès que, si lo considera oportuno, delegue la asistencia en otros miembros del Govern.

ACTO DE TELECOMUNICACIONES

Puigneró ha alegado que ya tenía previsto en su agenda asistir el miércoles a las 19.30 horas a la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, que coincide con la cena, y fuentes de Vicepresidencia han asegurado que se había comprometido a este acto «con anterioridad» y que no estaba dispuesta a cambiarlo.

Pese a que horas antes habían confirmado que sí que iría a la cena, estas fuentes han asegurado que «la delegación formal no estaba hecha» y que finalmente ha optado por mantener su agenda y acudir al acto con el sector tecnológico.

NUEVA COMUNICACIÓN DEL GOVERN

Precisamente esta polémica se produce después de una semana en la que ERC y Junts habían discrepado tras la carta del líder republicano, Oriol Junqueras, en el que tachaba la vía unilateral de indeseable e inviable, que replicó el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, acusando a Junqueras de tutelar a Aragonès.

Ahora la discrepancia se produce en el seno del Govern y llega después de que el equipo de Aragonès haya impulsado una «profesionalización» en la manera de comunicar del Ejecutivo catalán para evitar la exhibición pública de las divisiones de los socios del gobierno como ocurría en la anterior legislatura con las ruedas de prensa de la entonces portavoz, Meritxell Budó.

Para ello, Aragonès nombró a la periodista Patrícia Plaja como portavoz del Govern, que al ser independiente se argumentó que trasladaría los acuerdos y posicionamientos del Ejecutivo catalán sin entrar en batallas partidistas.

Sin embargo, en su segunda rueda de prensa ya ha llegado la primera polémica del Govern porque, pocas horas después de anunciar Plaja que Puigneró asistiría a la cena con el Rey, Vicepresidencia lo ha rechazado.

Ahora está por ver qué miembro del Govern acabará representando a la Generalitat en este acto y si optarán por un cargo más sectorial como el conseller de Economía, Jaume Giró (Junts), o el de Empresa y Trabajo, Roger Torrent (ERC).

Uno de los rivales de la nueva secretaria general de Podemos en la cuarta Asamblea Ciudadana estatal, el edil Esteban Tettamanti, le ha pedido que cuente con las candidaturas alternativas en las decisiones de futuro del partido y ha advertido de que «no es hora de triunfalismos», al entender que la participación de los inscritos «no ha respondido como debiera» en este proceso.

En un comunicado dos días después de la proclamación de Belarra como nueva líder de la formación morada, Tettamanti ha felicitado a Belarra por su elección pero ha criticado que la celebración del conclave asambleario «no ha sido lo suficientemente imparcial».

«Muchos de los invitados al acto acababan sus intervenciones felicitando a una sola candidata y dando por hecho su victoria. Todo ello se hizo en presencia de dos candidaturas alternativas que observábamos con estupor la parcialidad, y, en consecuencia, la falta de respeto a la propia democracia interna de nuestra formación», ha insistido.

También ha considerado baja la «participación» en el proceso de elección, dado que los 53.443 votos emitidos por militantes y simpatizantes de Podemos en la Asamblea Ciudadana, si bien 51.589 fueron válidos, representan aproximadamente un 10% del total de inscritos, que superan la cifra de 522.000 personas.

REFLEXIÓN PROFUNDA SOBRE EL «CUIDADO» DE LAS BASES

Todo ello, ha relatado el también edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que este volumen de participación debe llevar a una «profunda y sosegada reflexión» sobre el «cuidado» de las bases del partido.

«Algo está sucediendo para que solo participe un bajo porcentaje de toda la militancia. Creemos absolutamente necesario devolver a las bases la soberanía perdida durante todos estos años y ser conscientes, de una vez por todas, que la gente que forma Podemos es aquella que trabaja a pie de calle desde los Círculos de cada pueblo y ciudad. Sería contrario a nuestros principios seguir haciendo como si no pasara nada», ha sostenido.

De esta forma, Tettamanti ha subrayado que «no es hora de triunfalismos» cuando el grueso de la militancia «no ha respondido como debiera en una organización donde la participación debería ser vital para decidir su futuro».

Por tanto, ha defendido avanzar hacia la «horizontalidad» en Podemos y la necesidad de un debate «sosegado en el seno de la organización», como manifestó el pasado sábado.

Finalmente, ha querido transmitir sus «más sinceras felicitaciones» a Belarra y confía en que se lleve a Podemos «en la buena dirección», siempre que la candidatura ganadora «represente un justo afán democrático y cuente con las diferentes candidaturas alternativas para todas aquellas futuras decisiones del partido».

El Gobierno ha aprobado este martes, en la reunión celebrada en el Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y de la ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

Rodríguez Uribes destacó que la Ley Orgánica es «fruto de un diálogo intenso entre diferentes ministerios», cuyo principal objetivo es adaptar la legislación antidopaje española al nuevo Código Mundial Antidopaje 2021 y a las normas internacionales que lo acompañan.

Estas nuevas normas exigen a España «reajustar la vigente Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y así, determinar un sistema antidopaje más efectivo y más justo».

La Ley Orgánica completa nuestro modelo del deporte vinculado a la idea de los derechos y valores (…) nos ayuda a conformar los principios y las reglas de una sociedad justa, bien ordenada y civilizada vinculados al fair play, al juego limpio», subrayó el ministro Rodríguez Uribes.

Con la aprobación del nuevo proyecto de Ley se culmina el proceso iniciado por el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, conforme al cual las competencias en Deporte y Salud pasan al Consejo Superior de Deportes (CSD), y dejan de atribuirse al organismo encargado de la lucha contra el dopaje en el deporte.

Como consecuencia de lo anterior, se elimina de la denominación la referencia a la «Protección de la Salud en el Deporte», y se actualiza el nombre del organismo, que pasa a ser «Agencia Estatal-Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte», indica el Ministerio de Cultura y Deporte en una nota de prensa.

«La ley adopta medidas que favorecen una acción inspectora, de conformidad con lo dispuesto por el Código Mundial Antidopaje 2021, que incorpora por primera vez obligaciones sobre programas y planes antidopaje al servicio de una acción efectiva frente al dopaje en el deporte» y se formulará una «nueva categorización de los deportistas con licencia y de las sanciones que pueden imponérseles».

A estos efectos, se distinguen 3 niveles de deportistas: internacional, nacional y aficionado; y se define un nuevo tipo de sustancias prohibidas, las denominadas «sustancias de abuso» en el deporte y que se consideran como tales en una lista anual actualizada por la AMA (para 2021: cocaína, heroína, MDMA/éxtasis, THC). La aparición de estas sustancias fuera de competición y sin el propósito de incrementar el rendimiento deportivo se sanciona con suspensión de la licencia federativa por un periodo de tres meses.

Además, se incorpora la figura de las ‘Personas Protegidas’, que son los menores y las personas carentes de capacidad jurídica o de obrar. Estas personas protegidas tienen un régimen sancionador adaptado, pero a la vez, a aquellos que les administren sustancias dopantes o les impliquen en su tráfico (…) se les aplican «las más graves sanciones». De igual forma que todo aquel que preste «ayuda, incitación, contribución, instigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo de colaboración».

Otras sanciones graves serían «intimidar o intentar intimidar a un testigo u otra persona con la intención de disuadirlos de comunicar cualquier infracción de una norma antidopaje o un presunto incumplimiento de la Ley». «Tomar represalias contra una persona que ha informado de buena fe de una presunta infracción de las normas antidopaje o de un presunto incumplimiento de la Ley».

«Los procedimientos serán resueltos por el nuevo ‘Comité Sancionador Antidopaje’, órgano propio y distinto, imparcial e independiente, dentro de la Agencia, que ejerce las competencias sancionadoras en la materia», añade el Ministerio, que explicó que el nuevo texto consta de un preámbulo y una parte dispositiva integrada por 58 artículos distribuidos en un Título Preliminar y IV Títulos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y siete disposiciones finales, además de completarse con un Anexo.

La Audiencia Nacional ha condenado a hasta tres años de cárcel, así como a multas y a devolver el dinero defraudado, a los responsables de una estafa piramidal que funcionó a través del grupo empresarial Es Dinero entre 2005 y 2009 en varios puntos de la geografía española, aunque sobre todo en Mallorca, dejando un saldo de cientos de afectados y más de 10 millones de euros estafados.

En una sentencia dictada el pasado 7 de junio, la Sala de lo Penal señala a Gabriel Frau como el ‘cerebro’ de la trama y a su hijo, Juan Frau Mir, y los otros dos acusados –José Ruiz y Juan Andrés Morcillo– como cooperadores necesarios, condenando a tres años de cárcel al primero y dos años de prisión a los demás por un delito continuado-masa de estafa.

Además, impone a Frau una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios y a los otros tres, otra multa de seis meses con una cuota diaria de ocho euros, al tiempo que ordena a los cuatro a devolver el total defraudado (10.740.149,36 euros) a las víctimas en concepto de indemnización por vía de responsabilidad civil, condenándoles también en costas.

Los magistrados validan así el acuerdo de conformidad alcanzado por los cuatro imputados con el Ministerio Público y que han respaldado las demás acusaciones, donde se da por probado que los acusados, «actuando de común acuerdo, bajo la dirección intelectual del Frau, y siempre movidos por un afán de obtener un ilícito beneficio», perpetraron una estafa piramidal.

Comenzó en 2005, en Palma de Mallorca, donde Frau, «valiéndose de cierta experiencia que como empleado de banca poseía, ideó un entramado pretendidamente financiero, gestionado directa y personalmente por él, denominado Grupo Es Dinero», integrado por varias sociedades y marcas comerciales que operaban a través de Internet sin que ninguna tuviera la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni del Banco de España para actuar en el mercado financiero.

Su actividad principal, de acuerdo con el fallo, era la captación de inversores a los que aseguraban rentabilidades muy por encima de las que podían ofertar las entidades bancarias y financieras en ese momento, réditos que en algunos casos alcanzaban el 25 por ciento del capital invertido.

La oferta cristalizaba en contratos de préstamo suscritos por Frau y los inversores donde se estipulaba la rentabilidad acordada y la posibilidad de que pudieran recuperar el dinero invertido siempre que avisaran con dos meses de antelación.

EL «BOCA A BOCA»

«Inicialmente», relata el fallo, «los inversores percibieron los elevados rendimientos acordados, generando en éstos una sensación de tranquilidad y confianza, que provocó, no solo que algunos invirtieran nuevas sumas, sino que también se produjera un ‘efecto llamada’ o ‘boca a boca’ de estos mismos inversores, que atrajo a otros nuevos».

Cuando Frau captaba un nuevo inversor destinaba los fondos a pagar los intereses prometidos a otros inversores más antiguos, así como a la gestión de capitales que generaban rentabilidad a Es Dinero, construyendo de esta forma un círculo vicioso que estalló en el primer trimestre de 2009, momento en el que la crisis financiera provocó que dejaran de llegar nuevos inversores.

Al dejar de percibir los intereses acordados, los inversores ejercitaron «en masa» la cláusula de recuperación del dinero, lo que precipitó el colapso de la estafa piramidal por «evidente falta de liquidez», al estar basada en «la más pura, mendaz y fraudulenta apariencia de solvencia financiera».

UNA «PUESTA EN ESCENA» CONVINCENTE

La Sala de lo Penal destaca que «los acusados desplegaron una mendaz y hábil estrategia dirigida a la captación progresiva de clientes inversores». En primer lugar, por los atractivos intereses y la ‘garantía’ de poder recuperar los fondos prestados.

También, «y como evidente señuelo, mostraron una aparente solidez de Es Dinero publicitándose en medios de prensa escrita a nivel nacional, e incluso a través de Google, haciendo hincapié en la existencia de diferentes sedes o establecimientos denominados Prestamitos por toda la geografía nacional», como Madrid, Málaga o Valencia.

«Toda esta ‘puesta en escena’ creaba una falsa sensación de solvencia y seguridad que provocaba la afluencia de nuevos inversores», sostienen los miembros del tribunal sentenciador.

DE ESTAFADO A ESTAFADOR

Para hacer posible este movimiento circular del dinero, Frau y sus compinches se valieron de una red de cuentas corrientes, que abría él mismo o a través de los demás acusados o sociedades interpuestas.

Cada uno jugaba su papel, todos conocedores del negocio ilegal, recalca la Audiencia Nacional. Así, Ruiz abrió varias cuentas corrientes, cuyas claves daba a Frau para que las gestionara a su antojo. Por ello, llegó a percibir 250 euros mensuales de Es Dinero.

Por su parte, el hijo del principal acusado, que figura como administrador único de una de las empresas del entramado defraudatorio, participó «activamente» en el mismo. En su caso, prestaba dinero a cambio de que los clientes le dieran un bien en prenda y, vencido el plazo, si no habían devuelto el capital lo vendía. Los fondos obtenidos se ingresaban en cuentas corrientes abiertas por el propio Frau Mir que gestionaba su padre.

El otro acusado, Morcillo, fue cliente de Es Dinero pero posteriormente se unió a la trama captando nuevos inversores. Convenció a una amiga suya que llegó a entregar 100.000 euros al grupo empresarial, «no percibiendo jamás ni rendimiento alguno ni, por supuesto, la devolución de la citada suma».

Estas artimañas han arrojado un saldo de cientos de afectados, según el despacho Vázquez Abogados, que ha representado a algunos de los perjudicados. Entre las víctimas de esta red financiera se encuentra una familia que perdió 1.668.150 euros, la mayor suma estafada a un solo cliente por Es Dinero.

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es una «referencia de cercanía y eficacia para defender a sus vecinos cuando peor lo pasan con la pandemia, la crisis y las catástrofes».

Así lo ha asegurado el presidente de los ‘populares’ coincidiendo con el segundo aniversario de Almeida como alcalde de la capital de España. Apuesta personal del propio Casado para las elecciones de 2019 –igual que Isabel Díaz-Ayuso– consiguió hacerse con el bastón de mando cuando el PP logró 15 ediles gracias a un pacto de Gobierno con Cs y a un acuerdo de investidura con Vox.

«Hoy celebramos dos años de Almeida como alcalde, bajando impuesto, mejorando los servicios públicos y la proyección internacional de Madrid», ha declarado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

El presidente de los ‘populares’ ha afirmado que Almeida –al que nombró además portavoz nacional del partido el verano pasado– es «una referencia de cercanía y eficacia para defender a sus vecinos cuando peor lo pasan con la pandemia, la crisis y las catástrofes».

El propio regidor ha asegurado este martes que la ciudad, tras atravesar momentos duros con la pandemia y la gran nevada de la borrasca Filomena, está «en la rampa de lanzamiento» para «hacer valer su peso» y dar «un salto cualitativo para competir en el ámbito internacional en un entorno donde las ciudades van a tener cada vez mayor protagonismo».

ACTO DE ALMEIDA Y GARCÍA EGEA ESTE MIÉRCOLES

Precisamente, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y Almeida celebrarán este miércoles un acto en el parque Eva Duarte de Perón para celebrar los dos años del Partido Popular en la Alcaldía de la capital.

En el acto, que comenzará a las 11.30 horas, también intervendrán el presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y la portavoz del Grupo Popular y delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, según ha informado la formación.

El presidente de la asociación Homeless Entrepreneur, Andrew Funk, ha propuesto este martes en el Senado realizar una inversión de 16,9 millones de euros para sacar a unas 3.300 personas de la situación de sinhogarismo en la que viven, lo que supone el 10% de del total de 33.000 personas que se calcula que viven en esta situación en España.

«Nos gustaría proponer llegar a cubrir el 10% de las personas en situación de sinhogarismo, teniendo en cuenta que sean 33.000 personas sin hogar, costaría 16,9 millones de euros para asegurar que tienen un hogar y que sirva como trampolín para que encuentren trabajo también», ha explicado Funk.

Así lo ha señalado ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, ante la cual ha comparecido para informar sobre las propuestas e iniciativas de inclusión social de las personas sin hogar, en riesgo de pobreza y exclusión social.

En concreto, ha precisado que con esta inversión, que supondría unos 427 euros al mes, «casi la mitad del gasto actual», podrían conseguir unos 1.064 casos de éxito (ciudadanos con vivienda y que pagan sus impuestos) y unos 2.200 en proceso (ya con un hogar).

Este tipo de medidas son más urgentes ahora, según ha dicho Funk, porque la pandemia de la Covid-19 ha provocado un aumento del sinhogarismo en España. «Antes de la pandemia había personas sin hogar pero ahora mismo hay muchas más, por falta de oportunidades, y hay que tomar medidas», ha subrayado.

Funk ha contado ante los senadores y senadoras cómo él mismo estuvo en situación de sinhogarismo cuando se quedó sin trabajo. «Tengo familia en EEUU, podría haberme ido a EEUU, pero aquí tenía un hijo de 9 meses. Hay circunstancias en las que valoras qué es más importante, y no tener techo te molesta cuando hay lluvia y hace frío, pero molesta mucho más no ver a tu hijo», ha explicado.

El presidente de la asociación Homeless Entrepreneur ha acudido a la Cámara Alta acompañado de dos personas que están participando en su programa para salir de la situación de sinhogarismo, Juan y Daniel, que estuvieron 21 años y 9 meses viviendo en la calle respectivamente.

Funk ha pedido llamar a estas personas por su nombre y no «sintecho» o «sinhogar» y ha subrayado la necesidad de acercarse a ellas siempre con «respeto», preguntándoles si quieren cambiar su vida, si necesitan alguna ayuda.

«Es muy arrogante pensar que vas parar un segundo y vas cambiar la vida de una persona», ha comentado. Por ello, desde su asociación ofrecen una línea de teléfono para que estas personas, cuando estén preparadas, contacten con ellos.

Los senadores han agradecido la comparecencia de Funk y la labor que realiza la asociación, han recordado que detrás de los números hay personas, y le han lanzado algunas preguntas sobre las políticas de vivienda, sobre si el sinhogarismo puede ser voluntario o sobre por qué a veces las personas en esta situación rechazan las ayudas.

«A mucha gente se le ofrece en invierno ir a un hostal, ¿por qué no van? ¿Están locos? Pues porque pierden su espacio y si no están ahí, va otra persona. Quizá lo que se está ofreciendo desde la administración pública no incluye todas las necesidades», ha contestado Funk, al tiempo que ha apostado por entrevistar a estas personas para acertar con los recursos que se les ofrecen.

Por otro lado, preguntado por una información según la cual los usuarios de sus programas tendrían que aportar parte de su sueldo, el presidente de la asociación ha aclarado que «las únicas personas que contribuyen económicamente» son aquellas que están en su programa de vivienda (que incluye comida, hogar y apoyo) y que cobran una pensión. Estas personas deben contribuir con un 30% para así poder sostener también a los que no tienen ningún recurso.

El jurado del Premio Josefina Carabias de periodismo parlamentario que concede anualmente el Congreso ha acordado este martes otorgar este galardón, en su tercera edición, al periodista Fernando Garea.

La Mesa de la Cámara formalizará la concesión del premio en su reunión de la próxima semana, pero su presidenta, la socialista Meritxell Batet, ya le ha dado la enhorabuena desde su cuenta de Twitter.

En el fallo del galardón se destaca la trayectoria periodística de Garea, que ha pasado por El Mundo, El País, Público, la Agencia Efe y El Confidencial, entre otros medios, y, especialmente, su dedicación profesional a la información parlamentaria.

Este galardón, que lleva por nombre el de la primera mujer que se dedicó profesionalmente al periodismo político, busca reconocer a los profesionales de la información o los medios de comunicación que hayan destacado por llevar a cabo una brillante narración del trabajo parlamentario. Fue creado por el Congreso en marzo de 2018, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

LAS PREMIADAS EN EDICIONES ANTERIORES

En su primera edición, fue concedido a la periodista de ‘El Mundo’ Lucía Méndez y, a título póstumo, a la cronista parlamentaria de ‘El Punt Avui’ Montserrat Oliva. En la segunda, la Mesa del Congreso, a propuesta del Jurado, otorgó este galardón a la actual presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y periodista de El País, Anabel Díez.

Los candidatos son propuestos por asociaciones de periodistas, grupos parlamentarios o entidades reconocidas por su labor social o política en defensa de la democracia y de los derechos humanos, y es el jurado el que toma la última decisión.

Para esta edición, el jurado ha estado compuesto por la propia presidenta del Congreso, por los vicepresidentes de la Cámara (Alfonso Rodríguez-Gómez de Celis, Ana Pastor, Gloria Elizo e Ignacio Gil-Lázaro); por la ganadora de su primera edición, Anabel Díez; por la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Sandra Gallardo; por la directora de Comunicación de la Presidencia del Congreso, Elisenda Guardino; y por la directora de Comunicación de la misma Cámara, Rosario Rodríguez García.

Fernando Garea estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y se ha dedicado profesionalmente durante años a la crónica y la información parlamentaria desde medios como El Mundo, El País, Público y El Confidencial, entre otros. Además, ha sido presidente de la Agencia EFE desde el año 2018 y hasta 2020.

Una instrucción de Instituciones Penitenciarias de 2007 ha facilitado que Juana Rivas acceda al tercer grado de forma directa, en una decisión aprobada por la Secretaría General de la institución dependiente del Ministerio del Interior, que contó inicialmente con el respaldo mayoritario de la junta de tratamiento del Centro de Inserción Social (CIS) de Granada, aunque no de forma unánime, ya que hubo votos discrepantes.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas señalan que la decisión para aprobar que Juana Rivas abandone el CIS Matilde Cantos bajo control telemático se ha basado en la instrucción, en vigor desde 2007, sobre clasificación y destino de penados, que en su punto 2.2.3 establece las condiciones para clasificar inicialmente en tercer grado.

Esas condiciones que se cumplen en el caso de Juana Rivas incluye que no se enfrente a una condena superior a cinco años, que ingresara voluntariamente en el establecimiento penitenciario y la «primariedad delictiva o reincidencia escasa», entre otros requisitos a tener en cuenta como la «correcta adaptación social, la baja prisionización, el apoyo familiar, la asunción del delito o la personalidad responsable».

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio la condena para Juana Rivas por no devolver sus hijos a su padre, al que acusó de malos tratos. Ingresó voluntariamente en el CIS de Granada el pasado 11 de junio, unas instalaciones que ha abandonado cuatro días después, tras la decisión favorable de Instituciones Penitenciarias para aplicarle el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, y que puede recurrir la Fiscalía.

PROTOCOLO SOBRE INGRESO EN MEDIO ABIERTO

Además de la instrucción de 2007, Juana Rivas se ha beneficiado de otra orden de Instituciones Penitenciarias, en este caso la número 6 de 2020, que recoge el ‘Protocolo de ingreso directo en medio abierto’, y que regula los requerimientos y posibilidades de los internos que, en lugar de prisión, acuden a un CIS para cumplir condena.

Esto permite, según explican las citadas fuentes, que antes del ingreso en el CIS los internos puedan entregar toda la documentación para que se tramite su expediente a efectos de acceder al tercer grado. Sobre la semilibertad de Juana Rivas se ha decidido en cuatro días dentro de un plazo máximo de dos meses, al ser la suya la primera clasificación penitenciaria tras la sentencia. El plazo se eleva a un máximo de seis meses cuando se aborda la revisión sobre la clasificación inicial.

El protocolo de 2020, ya con el actual equipo de Instituciones Penitenciarias, defiende esta opción de ingreso directo en régimen abierto porque «posibilita un régimen de vida más acorde al derecho a la reinserción, evitando el contacto con el régimen ordinario, aminorando el impacto y efecto desocializador que supone el internamiento en un centro penitenciario».

Además de no superar los cinco años de condena teniendo en cuenta que la «antigüedad del delito superior sea de tres años», en esta segunda instrucción se menciona también la necesidad de atender la satisfacción de la responsabilidad civil, aunque en el caso de Juana Rivas no se impuso ninguna.

El protocolo menciona, además, que su aplicación estaría especialmente justificado en casos de enfermedad muy grave y que se valoren circunstancias como la actividad laboral o la existencia de un «proyecto vital acorde a sus circunstancias vitales».

APUESTA POR EL TERCER GRADO

Instituciones Penitenciarias ha apostado en la etapa de Ángel Luis Ortiz como secretario general por tomar como referencia la media europea para elevar el número de terceros grados que se conceden, siempre que cumplan con los requisitos legales. Según los datos a 3 de junio, del 15% en 2018 se ha pasado a un 21,34% (7.928 presos) el porcentaje de penados que cumplen condena en régimen abierto residencial o en aplicación del 100.2 para clasificados en segundo grado.

La defensa de Juana Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, se ha congratulado este martes de que se le haya concedido el tercer grado penitenciario con control telemático y ha señalado que a partir de ahora seguirán «luchando» para que «recupere a sus hijos a la mayor brevedad» a través del indulto que han solicitado al Gobierno y que aún está pendiente de resolución.

Su abogado ha justificado que Juana Rivas abandonara Italia con sus hijos, una decisión «comprensible desde el punto de vista humano», como es «proteger a sus hijos» al ser «víctima de violencia de género», un asunto que, ha subrayado el letrado, se continúan investigando tras las «denuncias interpuestas por violencia familiar».

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la condenó a finales de abril, reduciendo de cinco a dos años y seis meses la prisión por un delito de sustracción de menores, después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia con la pretensión de no regresar pese a no contar con el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con los pequeños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.