El empresario Jaime Febrer, investigado en el conocido como caso Azud, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados por un fraude fiscal junto a otras nueve personas más. El constructor ha reconocido los hechos y ha aceptado seis meses y un día de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros.
La vista contra estos 10 acusados ha arrancado en el Juzgado de lo Penal número 7 de Valencia pero se ha suspendido durante dos horas debido a un informe forense que se ha tenido que practicar a uno de los procesados con el objeto de determinar si estaba capacitado para tomar decisiones. Su abogada había pedido el archivo del procedimiento para él.
Tras determinarse que este acusado padece un trastorno psíquico, se le ha archivado provisionalmente la causa y el juicio se ha reanudado contra nueve acusados, que han reconocido los hechos.
Inicialmente, Febrer, que se encuentra en prisión provisional desde que fue arrestado hace dos meses por el caso Azud –presunta trama de corrupción urbanística–, se enfrentaba en este procedimiento a tres años de prisión por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa. Además, la Fiscalía le requería el pago de una multa de 10.800 euros.
A otros dos acusados en esta causa se les solicitaba la misma pena, mientras que para el resto el ministerio público requería en su escrito de calificación provisional cinco meses de cárcel y una multa de 4.500 euros.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo entre las acusaciones y defensas por el que Febrer y otros dos acusados han aceptado seis meses y un día de cárcel; y el resto tres meses de prisión y una multa. Se ha tenido en cuenta el reconocimiento de hechos y un retraso indebido de la causa.
Según el relato de hechos, Febrer, junto a otros acusados, como representantes de una sociedad, solicitaron indebidamente una cuota a devolver en el impuesto del IVA del ejercicio 2007 superior en 256.000 euros a la que correspondería de no haber consignado en la declaración del impuesto como IVA soportado el importe derivado de cuatro facturas por importe cada una de ellas de 464.000 euros.
La sociedad tenía por objeto social la compraventa, construcción, promoción de inmuebles, intermediación en operaciones inmobiliarias y la realización de las actividades propias del agente urbanizador. En resumen, a los acusados se les atribuye reducirse cuotas de IVA en esta sociedad para un PAI en la Villajoyosa.
