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Mercado Libre y BigCommerce se alían para potenciar el ‘ecommerce’ en Latinoamérica

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La plataforma de ‘ecommerce’ más grande de América Latina, Mercado Libre, y el ‘marketplace’ estadounidense BigCommerce han acordado una alianza estratégica para expandir la presencia de la segunda compañía en la región latinoamericana, según han informado las empresas este lunes en un comunicado conjunto.

Con el acuerdo, los comercios y negocios que operen en la plataforma de BigCommerce tendrán la posibilidad de vender sus productos en Latinoamérica a cerca de 133 millones de usuarios de la plataforma de Mercado Libre.

Asimismo, el acuerdo supone la primera alianza del ‘marketplace’ latinoamericano con una gran ‘ecommerce’ de Norteamérica, por lo que contribuirá a complementar la reciente expansión de Mercado Libre en Estados Unidos.

«Siempre buscamos las formas para servir mejor a nuestros clientes, y esta alianza les da acceso de forma plena a una nueva variedad de productos de los comerciantes de BigCommerce», ha destacado el director de Mercado Libre para América Latina, José Luis Hervás Fernández.

Hervás Fernández ha subrayado la importancia de esta operación en un momento de expansión de las ‘ecommerce’ en Latinoamérica, así como su implicación en la estrategia a largo plazo de la empresa.

Las empresas han destacado que con el acuerdo se incluyen algunos beneficios para ambas como la venta en un entorno de confianza en un nuevo mercado, a través de conversiones gratuitas entre divisas y traducciones de idiomas realizadas por Mercado Libre, un manejo eficiente del flujo de pedidos y un proceso de venta simple.

Latinoamérica fue de uno de los mercados de más rápido crecimiento de ‘ecommerce’ en el último año, y Mercado Libre, que opera en 18 países latinoamericanos, contará previsiblemente con un cuarto de las ventas totales de la región a finales de 2021.

«Entre los desafíos de envío, la conversión de moneda y las barreras del idioma, el comercio electrónico transfronterizo puede ser increíblemente desafiante para que los minoristas naveguen, especialmente los comerciantes pequeños y medianos», ha señalado el consejero delegado de BigCommerce, Russell Klein.

Además, ha destacado que Latinoamérica representa un enorme mercado sin descubrir para muchos minoristas estadounidenses, por lo que esta alianza contribuirá a «eliminar estas barreras, abriendo la puerta a oportunidades de expansión».

Anulada por primera vez una sanción por desobediencia en el estado de alarma

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El juez de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha anulado una sanción de 601 euros impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a una joven menor de edad, a la que representa legalmente su progenitor, por no respetar las restricciones aprobadas en el primer estado de alarma tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal esta circunstancia.

En una sentencia, el magistrado estima el recurso presentado por la menor, a través de su representación legal, contra la sanción impuesta por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana como consecuencia de un acto de desobediencia a las limitaciones impuestas por el Gobierno para evitar la extensión del virus.

La sanción se impuso durante la vigencia del estado de alarma y ahora se declara la actuación administrativa disconforme a derecho tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma, sin realizar aclaración alguna sobre los efectos jurídicos en relación a las multas impuestas.

Ahora el juzgado recuerda que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

De este modo, recalca que «la decisión de inconstitucionalidad» declarada por el Constitucional tiene «efectos retrospectivos en cuanto invalida la ley anulada desde su mismo origen».

«La sentencia de inconstitucionalidad debe recibir aplicación incluso para actos y situaciones jurídicas anteriores en el tiempo a la publicación de la sentencia constitucional, y todo ello porque un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real», recalca el fallo judicial.

En su sentencia, los magistrados del TC alegaron que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción atendiendo a la «gravedad y extensión» de la pandemia, que imposibilitó ‘de facto’ un normal funcionamiento de las instituciones democráticas mientras que los ciudadanos vieron afectados el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las actividades educativas «y las de casi cualquier otra naturaleza».

Navarra emitirá una nueva orden foral motivando el toque de queda

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El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo emitirá una nueva orden foral que motive «suficientemente» el toque de queda entre la 1 y las 6 horas para los municipios en situación de riesgo muy alto por Covid-19, «atendiendo a los criterios» que ha expresado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Así lo ha señalado Remírez después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN haya denegado este martes el toque de queda solicitado por el Ejecutivo foral al considerar que el Gobierno debería haber identificado las localidades afectadas así como los datos concretos de contagios.

El TSJN no ha autorizado la medida de limitación de la movilidad nocturna entre la 1 y las 6 horas en aquellos municipios de la Comunidad foral que se encuentren en situación epidemiológica de riesgo muy alto, tanto en incidencia acumulada a 14 días (más de 250 casos por 100.000 habitantes) como en incidencia acumulada a 7 días (más de 150 casos por 100.000 habitantes).

No obstante, el Gobierno de Navarra sigue considerando esta medida «imprescindible» en el momento actual por lo cual emitirá una nueva orden foral especifica con esta medida y con «la motivación y justificación requerida por el TSJN en su auto de hoy», de cara a que pueda entrar en vigor este viernes y con la misma duración que la orden foral 24/2021, de 19 de julio.

El portavoz del Ejecutivo foral ha valorado que el TSJN sí haya avalado la limitación para todo el territorio en el número de personas que pueden reunirse en exteriores, que queda fijado en 10, y la prohibición de comidas populares, kalejiras y encierros.

En cuanto a la denegación del toque de queda, ha explicado que el Ejecutivo presentará una nueva orden foral que «justifique y motive» la limitación de la movilidad nocturna «en los términos que ha dicho el TSJN, sobre todo de cara a especificar y motivar los municipios que están en situación de riesgo extremo para que esta medida que consideramos imprescindible sea autorizada».

De hecho, ha agregado, «la propia Fiscalía en su informe que ha acompañado a la decisión del TSJN ha avalado todas las medidas del Gobierno, incluida la limitación de movilidad nocturna».

Para Remírez, el toque de queda en los municipios en riesgo extremo es «una medida imprescindible y necesaria» para «atajar» la situación actual, ya que en este contexto «se producen situaciones de riesgo alto» y «un alto grado de contagios».

ENTRADA EN VIGOR A MEDIANOCHE

Por su parte, las otras medidas contempladas en la orden foral que sí han sido avaladas por el TSJN entrarán en vigor esta medianoche. La norma permanecerá vigente hasta el próximo jueves 29 de julio, incluido, ha informado el Gobierno navarro a través de un comunicado.

En concreto, la orden foral limita las reuniones en espacios públicos a un máximo de 10 personas, no convivientes, mientras se recomienda que no se supere este número en espacios privados ni que, en este ámbito, se rebasen las tres unidades convivenciales.

Por otro lado, no se permite la celebración de pasacalles o kalejiras, la de las denominadas comidas populares y la de espectáculos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros.

Para el Departamento de Salud, estas medidas, tanto las hoy autorizadas como la limitación de movilidad en horario nocturno, son «el mínimo imprescindible» para garantizar la protección de la comunidad e «intentar recuperar el equilibrio» después de «una descompensación iniciada a principios de julio ligada al aumento de la movilidad e interacción social en actividades de ocio y al relajamiento de las medidas preventivas individuales», a lo que se suma el impacto de la variante delta del virus, responsable de casi el 90% de los contagios y que presenta una transmisibilidad muy alta.

Así, se busca «cortar la cadena de contagios y rebajar las incidencias de la Comunidad -879 y 521 casos por 100.000 habitantes a 14 y 7 días, respectivamente-, a la vez que se ha elaborado con la idea de que tenga la mínima afectación posible en la vida social, económica y emocional de la ciudadanía y sectores de Navarra». A nivel hospitalario, 65 personas permanecen ingresadas -11 de ellas en la UCI- en Navarra, lo que supone que la ocupación se ha duplicado en apenas una semana.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL

Asimismo, a la vista de la situación epidemiológica, el Departamento de Salud insiste en la necesidad de seguir manteniendo las medidas individuales de protección: mantenimiento de la distancia interpersonal de un metro y medio y uso de mascarilla cuando se coincide con personas no convivientes en espacios cerrados o si no es posible mantener esa distancia en espacios abiertos.

Aunque la vacunación se ha demostrado como la actuación más eficaz disponible actualmente para atajar las consecuencias de la enfermedad, se incide en la necesidad de mantener esas medidas de prevención incluso aunque se esté vacunado, así como en cumplir con el autoaislamiento en los contactos estrechos.

Asimismo, para las personas con primer resultado negativo en una PCR, se insiste en la recomendación de extremar las precauciones y limitar al máximo la interacción social, además de otras medidas de protección y prevención, al tiempo que se recalca la importancia de someterse a esa segunda prueba según la cita prevista.

En ese sentido, aun no exigiéndose por protocolo el autoaislamiento estricto, se recomienda el cumplimiento de una serie de medidas preventivas: estar atento a la aparición de síntomas, y si comienzan, acudir o llamar a un centro sanitario, evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas, usar la mascarilla en los encuentros con otras personas y no acudir a actos o reuniones sociales.

En definitiva, pensar y actuar con la hipótesis de que es posible haber resultado infectado aunque aún no hayan aflorado los síntomas o la primera prueba no lo haya detectado, ha remarcado Salud.

Por otra parte, se reitera el requerimiento para evitar las situaciones que presentan un alto riesgo de contagio, como son los eventos supercontagiadores, relacionados con distintas celebraciones sociales y de ocio y que han dado lugar a numerosos brotes en toda la geografía foral.

El Govern no encuentra ningún banco que avale el fondo para el TC

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El conseller catalán de Economía, Jaume Giró, ha explicado este martes que no han encontrado de momento ninguna entidad financiera, ya sea un banco o una cooperativa de crédito, que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, y ha anunciado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto.

«Persistiremos en las diferentes vías abiertas», ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el Tribunal de Cuentas rechazara ampliar el plazo fijado para este miércoles para abonar dichas fianzas, que alcanzan los 5,4 millones de euros.

A principios de julio, la Generalitat aprobó la creación de un Fondo Complementario de Riesgos gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dotado con 10 millones de euros, que debía dar garantías a las entidades financieras para cubrir dichas fianzas y, en caso de que éstas se negaran a avalar, planteó hacerlo directamente a través del ICF; algo que ahora ha descartado para no poner «en peligro» a ningún trabajador público.

Con el fondo, la intención del Govern era que la Administración catalana actuara como contraaval del aval que presentara una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos de la Administración catalana, como es el caso de la caución que reclama el Tribunal de Cuentas.

Sin desvelar las entidades financieras con las que han contactado, Giró ha asegurado que seguirán trabajando para encontrar una solución que proteja «a los servidores públicos y la presunción de inocencia», tras insistir en que el fondo impulsado es una operación técnica que, a su juicio, no tiene ningún riesgo financiero, jurídico ni comercial.

NUEVOS CONTACTOS

Tras apuntar también que desconoce si el Banco de España ha intervenido en las negociaciones para que las entidades rechacen avalar, ha confiado en que los nuevos contactos que mantienen permitan incorporar una entidad en dicha operación.

Todo ello a la espera de que el Parlament pueda convalidar el decreto ley de creación de este fondo una vez el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emita, antes del 29 de junio, un informe sobre su contenido.

«Legítimamente algunos partidos han pedido un informe al CGE. Tienen todo el derecho. Confío en el criterio técnico de los juristas del CGE. Dirán lo que crean conveniente. Confío en que digan que se ajusta al Estatut y a la Constitución», ha afirmado Giró, que cree que un dictamen positivo podría ayudar a que las entidades financieras cambiaran de posición.

También ha puntualizado que, tras el dictamen del CGE, el decreto ley de creación del fondo se podría aprobar en agosto con la celebración de un pleno extraordinario o una diputación permanente.

ICF

Pese a recordar que el decreto permita al ICF intervenir para materializar el aval con carácter provisional hasta que no haya un banco que lo haga, el conseller ha anunciado su decisión de no someter a ninguno de sus profesionales «a dar curso a una operación que, teniendo en cuenta los precedentes vividos en el país, provocaría angustia, inquietud y miedo» personal y de las familias.

«Era correr un riesgo innecesario», ha reconocido Giró, que tiene conocimiento de que las entidades soberanistas, los partidos y la Caixa de Solidaritat están trabajando para cubrir la urgencia de las fianzas a corto plazo.

También ha asegurado que no ha recibido ninguna sugerencia por parte del ICF de que tomara una decisión en este sentido, y ha explicado que, tras las «amenazas» que ha habido contra este organismo, no ha querido que sus trabajadoras corran ningún riesgo.

«MUCHO RUIDO Y POCO TIEMPO»

Al preguntársele a qué atribuye que no hayan encontrado ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo, lo ha resumido con un «mucho ruido y poco tiempo» tras las críticas que, según Giró, dedicaron partidos de derecha y de extremaderecha –en palabras literales– contra este mecanismo.

Sobre si cree que los bancos han tenido miedo, el conseller ha señalado que lo desconoce pero ha pedido no infravalorarlo: «El miedo está entre nosotros, y estamos en una situación en que hay mucho ruido en un parte, y nada en la otra. Y el miedo es libre y nace en el corazón de mucha gente».

¿UN FRACASO?

Tras lo ocurrido, Giró no cree que haya sido un fracaso porque, en su opinión, un fracaso sería no haber actuado ante una «injusticia» dentro del marco de la ley y del ordenamiento jurídico.

«Es difícil tirar adelante acciones legislativas cuando estamos ante un organismo tan politizado como el TC. La negativa a prorrogar el plazo para depositar las fianzas es una muestra más de la situación que vivimos, de una justicia que se transforma en venganza», ha zanjado.

Castilla y León advierte del papel «hipercontagiador» de los jóvenes

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El vicepresidente y la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea y Verónica Casado, han advertido este martes del papel «hipercontagiador» de los jóvenes y de un aumento de la cepa Delta (variante india) cuyo nivel de transmisión es mayor.

Casado ha insistido en que el perfil de los jóvenes ‘hipercontagiadores’ son aquellos que recorren varios bares para terminar reunidos en plazas y con multitud de contactos, lo que hace que el virus se expanda y dificulta el rastreo.

La consejera ha insistido en que la velocidad de contagio en esta quinta ola ha sido muy elevada, ya que en dos semanas se ha multiplicado la incidencia por 16. Así, ha confiado en que la velocidad de descenso de casos se produzca «en espejo», es decir, que la curva registre una bajada drástica.

La Comunidad se sitúa actualmente en un nivel de riesgo «muy alto» con una incidencia a 14 días de 895 casos por 100.000 habitantes, una cifra que sigue creciendo aunque parece que a menos velocidad. El dato positivo es el índice reproductor del virus que se sitúa ahora por debajo del 1 por ciento hasta un 0,92.

Casado ha señalado que la mayor incidencia del virus se da en la provincia de Burgos con 1.672 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, en Burgos capital está a la cabeza con 2.183 casos, donde en sólo 14 días se ha contagiado el 2,1 por ciento de la población.

La incidencia también es preocupante en Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Soria y Zamora.

Por grupos de edad, la mayor parte de los casos se dan en el grupo de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29, aunque se observa un incremento en los grupos de hasta 49 años y en los menores de 12.

En cuanto a las variantes, Casado ha detallado que la variante Alfa o Británica cada vez ocupa un menor porcentaje. Así, en la últimoa semana esta cepa ocupó el 44 por ciento de las casos, mientras que trepa la cepa Delta o India con un 31 por ciento y la sudafricana o beta un 18,9 por ciento.

HLA Moncloa vuelve a batir récords en cirugía robótica contra el cáncer de próstata

  • Pese a la pandemia, el hospital abordó cerca de 200 casos de cáncer de próstata con Da Vinci
  • “En torno al 94% de los procedimientos quirúrgicos contra este tumor ya se realizan con cirugía robótica”, afirma Ángel Tabernero, líder del área urológica

Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), para 2021 se estiman cerca de 36.000 nuevos casos de cáncer de próstata, siendo el tumor de mayor prevalencia en varones, con un 24,3% de la incidencia global. Es la tercera causa de fallecimientos por cáncer entre los españoles, aunque los datos indican que su mortalidad se reduce de forma progresiva en los últimos años gracias a los avances diagnósticos y de tratamientos farmacológicos y quirúrgicos.

El 2020 ha sido un año marcado por la incidencia y atención prioritaria de los casos de coronavirus, también en el Hospital HLA Universitario Moncloa. Pese a esta circunstancia, el centro consiguió mantener su actividad asistencial enfocada a la detección y tratamiento del cáncer de próstata, posicionándose un año más a la cabeza, entre los centros privados madrileños, en el abordaje quirúrgico robótico de la enfermedad, con cerca de 200 cirugías mediante el Da Vinci XI.

El Área de Urología del HLA en Madrid aborda esta patología con un equipo de profesionales de referencia nacional en su campo, y particularmente en la lucha contra la neoplasia de próstata a través de las técnicas más avanzadas para su detección, tratamiento intervencionista y seguimiento. Cerca de la mitad de los pacientes operados en el centro con técnica robótica son de fuera de Madrid y eligen el hospital HLA Universitario Moncloa, pese a que existen 88 robots de este tipo por toda España.

El doctor Ángel Tabernero, coordinador del servicio junto a Jesús Cisneros, indica que “llevamos dos años consecutivos (2019 y 2020) siendo el centro privado que más intervenciones de cáncer de próstata realiza mediante cirugía robótica en la capital. Hemos conseguido mantener nuestra actividad inclusive en plena pandemia, donde el hospital y todos sus recursos se han volcado e implicado en la atención de los pacientes COVID”.

En HLA Moncloa en torno al 90% de los tumores prostáticos son diagnosticados en fase localizada, ya que apuesta por la detección precoz gracias a su avanzada tecnología. Para ello, el centro se ha dotado en los últimos años de equipamientos de última generación como el sistema de biopsia fusión de imágenes con resonancia magnética (RM).

Tras la confirmación del diagnóstico, los pacientes eligen cuál será el abordaje quirúrgico de su enfermedad, entre las técnicas laparoscópica o robótica. “Ya son muy pocos los hombres que eligen la vía laparoscópica tras explicarles los beneficios del abordaje mediante el Da Vinci. En torno al 94% de los procedimientos quirúrgicos contra este cáncer ya los realizamos con el robot”, comenta Ángel Tabernero, que cuenta con una extensa experiencia en cirugías por ambas técnicas, y forma en ellas a profesionales de diferentes partes del país.

En comparación con la técnica laparoscópica en el tratamiento de cáncer de próstata, la cirugía robótica no mejora los resultados oncológicos, pero sí consigue, gracias a la precisión con que se puede realizar esta cirugía y la gran pericia del equipo médico, una gran mejoría en los resultados funcionales. “Más del 90% de los pacientes que intervenimos presentan continencia precoz (eso implica una rápida recuperación de su rutina habitual), más del 95% de continencia tardía, y en torno al 85% logran mantener su función sexual previa a la intervención. La experiencia es clave en cualquier cirugía, pero en la de cáncer de próstata mucho más. Los robots son todos iguales, pero la experiencia del cirujano marca la diferencia”.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 16 hospitales y 36 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 plazas de hospitalización y 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.

En 2020 el Grupo Hospitalario HLA ha sido la primera compañía sanitaria en certificar sus protocolos frente a la COVID-19 en toda su red asistencial. Este certificado es un paso más en la estrategia de HLA por la excelencia y la calidad asistencial.

El sector asegurador factura un 5,5% más en el primer semestre del año

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Los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre de junio se situaron en 31.558 millones de euros, un 5,48% más en comparación con el mismo periodo de 2020, según los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA) y difundidos por Unespa.

La asociación indica que la comparación con el primer semestre de 2020 «resulta complicada», debido al confinamiento que estuvo en vigor entre marzo y mayo. Por ello, si se compara con los primeros seis meses de 2019, «el seguro factura hoy un 6,4% menos».

El ramo de no vida facturó 19.680 millones de euros, un 3,4% más en comparación con el primer semestre de 2020, y un 3,6% más respecto a 2019.

En este ramo, los seguros de salud y multirriesgos son los que mejor evolucionan. Los seguros de atención sanitaria han incrementado sus ingresos en un 4,8% frente a 2020 y un 10% si la comparación se efectúa con 2019. Las pólizas que protegen inmuebles, entre tanto, crecen un 6,1% en los últimos 12 meses y un 9% si se toma como referencia el primer semestre de 2019.

Unespa destaca que el seguro del automóvil ha seguido siendo la línea de actividad que mayor negocio reporta, si bien no se ha recuperado todavía de la irrupción del coronavirus. En términos de facturación se sitúa al mismo nivel en que estaba en junio de 2020.

Sin embargo, los 5.667 millones de euros de ingresos que genera actualmente el seguro de automóviles son un 3,4% menos que facturaba al cierre del primer semestre de 2019.

La categoría ‘Otros ramos’, que engloba buena parte de los seguros ligados con la actividad empresarial, muestra una tendencia positiva. Este bloque aportó 4.868 millones de euros al sector asegurador entre enero y junio de 2021. Esta cifra es un 3,8% mayor que la anotada al acabar el primer semestre de 2020 y constituye un incremento del 1,9% frente al período entre enero y junio de 2019.

En cuanto al ramo de vida, facturó 11.878 millones de euros, un 9,2% más que en el mismo periodo de 2020, pero un 19,2% menos que en los seis primeros meses de 2019.

La asociación destaca que los ahorros gestionados por el seguro de vida se mantienen estables en los últimos dos años. Así, a cierredel pasado junio, las provisiones técnicas ascendían a 194.763 millones.

Además, destaca que «el negocio de riesgo evoluciona favorablemente», con un crecimiento de más del 5%.

Sin embargo, las aportaciones a productos de ahorro muestran un patrón desigual. Los casi 9.000 millones ingresados por este concepto a cierre de junio reflejan un aumento del ahorro captado del 10,6% frente al año pasado, pero también suponen un descenso del 24,8% frente a la situación existente en 2019 en el mismo periodo.

Carlos Rivera y Franco de Vita juntos en ‘Tú de Qué Vas’

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El cantante mexicano Carlos Rivera presenta ‘Tú de que vas’ con Franco de Vita, una nueva versión del tema del cantante italo-venezolano que viene acompañado del siguiente videoclip.

YouTube video

‘Tú de que vas’ es un tema original de Franco de Vita de 2004 incluido en su disco “Stop”, ahora retocado con producción de Julio Reyes. Es el nuevo single de “Leyendas”, su reciente álbum publicado hace pocos meses en el que rinde tributo en 14 canciones a figuras de la música iberoamericana a dúo con sus propias voces. En el vídeo musical se puede ver a ambos artistas en un estudio interpretando la canción junto al piano.

Carlos Rivera  Franco De Vita  Tú De Qué Vas

“Leyendas” es el exitoso último álbum de Carlos Rivera centrado en la interpretación dejando de lado la composición, incluye las voces de grandes artistas que en las décadas de los 70’s, 80’s y 90’s abrieron las puertas del mercado latino mundialmente (Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, Rocío Durcal, Raphael o Gloria Estefan, entre otros). Como anteriores adelantos: ‘Un velero llamado libertad’ junto a José Luís Perales , ‘Agárrense las manos’ con Jose Luís Rodríguez El Puma, ‘Todavía’ con Armando Manzanero’ , ‘Agárrense de las manos’ con Gloria Estefan , ‘Estar enamorado’ con Raphael , ‘Lagrimas negras’ con Omara Portuondo, ‘La belleza’ con Luis Eduardo Aute, Yo Sólo Quiero (Un Millón de Amigos)’ con Roberto Carlos y ‘Himno de mi corazón’ con Mercedes Sosa.

Carlos Rivera  Franco De Vita  Tú De Qué Vas

“Gracias a cada una de las leyendas de la música que aceptaron cantar conmigo, cumplieron muchos de los más grandes sueños de mi vida, Gracias por inspirarme, porque sin saberlo han hecho mucho en mi vida y en mi música con sus canciones” ha comentado Carlos Rivera, quien ya se alista para regresar a los escenarios y comenzar su gira por España.

Carlos Rivera  Franco De Vita  Tú De Qué Vas

Letra ‘Tú de que vas’ de Carlos Rivera & Franco de Vita

Si me dieran a elegir una vez más
Te eligiría sin pensarlo
Es que no hay nada que pensar
Que no existe ni motivo, ni razón
Para dudarlo ni un segundo

Porque tú has sido lo mejor
Que tocó este corazón
Y que entre el cielo y tú
Yo me quedo contigo

Si te he dado todo lo que tengo
Hasta quedar en deuda conmigo mismo
Y todavía preguntas si te quiero
¿Tú de qué vas?

Si no hay un minuto de mi tiempo
Que no me pasas por el pensamiento
Y todavía preguntas si te quiero

Si esto no es querer entonces dime tú lo que será
Si necesito de tus besos pa’ que pueda respirar
Y de tus ojos que van regalando vida
Y que me dejan sin salida

¿Y para qué quiero salir?
Si nunca he sido tan feliz
Que te prefiero más que nada en este mundo

Si te he dado todo lo que tengo
Hasta quedar en deuda conmigo mismo
Y todavía preguntas si te quiero
¿Tú de qué vas?

Si no hay un minuto de mi tiempo
(Si no hay un minuto de mi tiempo)
Que no me pasas por el pensamiento
Y todavía preguntas si te quiero

¡Oh! ¿Y es que no ves
Que toda mi vida tan sólo depende de ti?
Yeh-he

Si te he dado todo lo que tengo
(Si te he dado todo lo que tengo)
Hasta quedar en deuda conmigo mismo
Y todavía preguntas si te quiero
¿Tú de qué vas?

Si no hay un minuto de mi tiempo
(Si no hay un minuto de mi tiempo)
Que no me pasas por el pensamiento
Y todavía preguntas si te quiero
¿Tú de qué vas?

¿Tú de qué vas?

¿Tú de qué vas?

Estudiantes de todo el mundo presentan en Valencia sus prototipos del Hyperloop

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La Universidad Politecnica de Valencia (UPV) acoge esta semana la primera edición de la European Hyperloop Week (EHW), un evento internacional dedicado al transporte del futuro, el hyperloop, que permitirá trasladar pasajeros y mercancías a velocidades de más de 1.200 km/h de una manera totalmente sostenible.

Hasta el próximo viernes, la sede central es el pabellón de deportes de la UPV, transformado estos días en un inmenso taller en el que los equipos participantes trabajan sin cesar en la puesta a punto de sus ‘pods’ –nombre con el que se conoce a las cápsulas o vehículos–, cuidando «hasta el más mínimo detalle» de los sistemas mecánicos, electrónicos, de levitación y propulsión de sus prototipos.

En total, en la EHW participan once equipos de manera presencial –con más de 400 estudiantes– otros trece equipos de forma on line y siete empresas especializadas del sector, en un evento que hasta ahora solo se había celebrado en Estados Unidos.

«Esto es el futuro y que los estudiantes de Hyperloop UPV hayan conseguido que la primera vez que este evento se celebra fuera de Estados Unidos lo haga en València es todo un reto y todo un éxito. Estos días, nuestra ciudad y la Universitat Politècnica de València, en particular, se convierten en la capital mundial del Hyperloop, en un punto de encuentro internacional que nos acerca a la próxima revolución del transporte», ha aseverado la vicerrectora de estudiantes y emprendimiento de la UPV, Esther Gómez.

Ha destacado, además, que este evento supone un hito para el programa de Generación Espontánea de la UPV –en el que se encuadra el equipo Hyperloop UPV–, «un punto de inflexión en el recorrido de este proyecto institucional de la Universitat Politècnica de València, que fomenta la realización de actividades extracurriculares, contribuyendo al desarrollo formativo y la adquisición de competencias transversales del estudiante».

Hasta el próximo viernes, todos los equipos participan en sus respectivos boxes en una competición en la que se valoran aspectos como la escalabilidad, el impacto en la sociedad, la eficiencia y la innovación de los prototipos. Y en paralelo a la competición, se celebran charlas, conferencias y mesas redondas para generar un intercambio de ideas que potencie la relación empresarial y estudiantil.

Junto a la UPV, participan también, entre otros equipos, el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich), la Universidad Técnica de Delft (TU Delft) y la Universidad de Edimburgo. Solo entre ellos ya suman 1 oro, 3 platas y 20 fases finalistas en las Hyperloop Pod Competition de SpaceX.

IGNIS

El equipo de la Universitat Politècnica de València participa en la EHW con IGNIS, un revolucionario prototipo por su motor de inducción electromagnética. «Es un motor único, que creemos que es el futuro, y con el que estamos obteniendo ya unos resultados realmente espectaculares», ha destacado, por su parte, Ferran de Andrés, director del equipo Hyperloop UPV.

Esta tecnología crea como unas cápsulas que funcionan como un tren que viaja en el interior de un tubo sin aire, y que permite, con poca energía, alcanzar la velocidad de un avión pero con la comodidad y la facilidad de coger el tren. Es un concepto sencillo porque de lo que consiste es en eliminar todas la fuerzas que impiden el movimiento del vehículo», ha apuntado el director del proyecto valenciano en declaraciones.

En su opinión, esta tecnología no está tan lejana de implementarse, ya que ha asegurado que empieza a ser una opción valorada como «la mejor alternativa entre los 400 y los 1.500 kilómetros». La infraestructura no sería muy diferente a la de la alta velocidad ferroviaria y permitiría unir los centros de la ciudades en el mayor tiempo posible: «Se podría llegar de Madrid a París en una hora y cuarto».

IGNIS se compone de una estructura enteramente realizada en fibra de carbono, con un chasis geométricamente optimizado junto a un carenado modular muy aerodinámico, y un sistema de propulsión consistente en dos motores lineales de inducción (LIM) alimentados por dos cajas de baterías capaces de proporcionar hasta 141 kW de potencia eléctrica. Incorpora también 30 placas de control que monitorizan el estado de todos los componentes para garantizar la seguridad del pod.

El sábado 24 de julio la competición se trasladará hasta el circuit Ricardo Tormo de Cheste, donde correrán los equipos que, durante la semana, hayan demostrado ser seguros y fiables en opinión del jurado técnico, formado por ingenieros, profesores y especialistas de diversas entidades colaboradoras. Cada uno de estos equipos pondrá en funcionamiento su pod en un raíl de pruebas de 168 m instalado en el corazón del Circuit.

Ya el domingo, el tinglado nº 2 del Puerto de València acogerá las dos últimas grandes citas de la European Hyperloop Week (EHW). Por la mañana, abrirá al público en general la exposición de todos los prototipos, con la presencia también de los equipos participantes en la competición y muchas de las empresas que activamente trabajan en el desarrollo de hyperloop. Y ya por la tarde se celebrará el acto oficial de clausura, con la entrega de premios a los ganadores de esta primera edición de la EHW.

Estafan 120.000 euros a una anciana usuaria de residencia desde 2017

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años y ha investigado a un hombre y una mujer de 33 y 31 por presuntamente apropiarse de más de 120.000 euros de una mujer de 95 años desde enero de 2017 en La Pobla de Vallbona. Esta anciana llevaba años en una residencia de ancianos de la localidad valenciana.

Esta operación, llamada ‘PONOT’, arrancó a finales del pasado marzo cuando la víctima denunció la sustracción por distintos medios de una gran cantidad de dinero de sus cuentas bancarias. Los agentes recabaron información de los bancos relacionados e investigaron a los sospechosos, informa el instituto armado.

Las pesquisas confirmaron que desde el 2 de enero de 2017 se cometía esta estafa, para lo que los autores pagaban en varios comercios con tarjetas asociadas a las cuentas de la anciana, con un gasto superior a 30.000 euros. Estas tarjetas fueron solicitadas por ellos mismos y entregadas en su domicilio o morada.

Posteriormente, uno de los varones, mediante engaño y abuso de confianza de la estafada, consiguió un poder notarial supuestamente para gestionar la venta de una vivienda de su propiedad. El mismo día de la firma notarial realizó el extracto de todo el capital disponible en sus cuentas bancarias, así como el rescate de un plan de pensiones de 60.000 euros. Días después, los sospechosos compraron un vehículo de alta gama mediante el dinero retirado y transferido.

En estos años incluso pidieron préstamos personales a nombre de la víctima por 7.500 euros y vendieron su vivienda por 25.000 euros, dinero transferido a cuentas bancarias de su propiedad.

La anciana lleva años en un centro de mayores con régimen completo, por lo que no tuvo constancia de la estafa hasta que la residencia no pudo cobrar los honorarios por la estancia. Ella misma se hace cargo de la suma adeudada, dado que los honorarios son superiores a lo que cobra de pensión y los sospechosos sustrajeron todo el dinero de las cuentas, llegando a estar en números negativos. En total, el dinero estafado supera 120.000 euros.

Una vez localizados, los guardias civiles arrestaron a un hombre de 32 años por un presunto delito de apropiación indebida e investigaron judicialmente por el mismo delito a otro hombre y una mujer de 33 y 31 años, los tres nacionalidad española. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Llíria (Valencia).

Espinosa de los Monteros dice que VOX recurrirá la Ley de Memoria Democrática

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El portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes, 20 de julio, en Zaragoza, que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática que va a aprobar el Consejo de Ministros, y la derogará por ser «un atropello a las libertades», junto con la de memoria histórica, en cuanto los españoles les den la confianza suficiente para ello.

El portavoz de VOX en el Congreso ha afirmado en Zaragoza que «la historia debe ser para los historiadores y no nos gusta que haya un Gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar», y le parece inadmisible que «se amenace con sanciones a todas las personas que tengan una idea diferente».

Espinosa de los Monteros ha señalado que «el artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad de todos españoles ante la ley, sin discriminar por razón de su sexo, de su raza o de su credo», y ha añadido que «también deberían respetarse las diversidad en el ámbito ideológico, no hay por qué estar de acuerdo en todo».

El portavoz de VOX ha considerado que lo que se pretende con la recién aprobada ley «es ir poco a poco amedrentando a todos aquellos que tengan una visión distinta de la historia». En este sentido, ha declarado el rechazo de su formación a «la Ley de Memoria Histórica que introdujo el Partido Socialista y que el Partido Popular consolidó al no derogarla».

«Si la ley de memoria histórica del PSOE consolidada por el PP era grave, esta ley de memoria democrática es un paso más allá. Un atropello a las libertades», ha incidido.

La nueva normativa es, ha relatado, «un paso más allá, con la creación de una fiscalía para perseguir presuntos delitos de odio, definiendo odio como todo aquello que no concuerde con el consenso ‘progre'».

Para Espinosa de los Monteros, se trata de «un atropello a las libertades de todos los españoles, a la libertad de cátedra de los profesores universitarios y los docentes en los institutos, e impide que escritores, pensadores o filósofos puedan opinar libremente sobre estos episodios».

«En VOX siempre hemos defendido que la historia de España tiene sus sombras, como toda nación, pero está llena de luces», ha referido Espinos de los Monteros, quien ha criticado al Gobierno que, a su juicio, «quiere ir borrando la identidad española, como todos esos globalistas que pretenden imponer una agenda única».

El portavoz de VOX en el Congreso se ha mostrado favorable a reabrir las fosas comunes de la Guerra Civil, «pero las de los dos bandos, para que todos los españoles puedan enterrar a sus familiares donde elijan».

En este sentido, ha alentado a mirar hacia adelante y ha postulado que «no queremos que los españoles tengan que estar juzgando a sus abuelos, no se puede estar constantemente reabriendo heridas del pasado».

Preguntado por las recientes declaraciones de Ignacio Camuñas, exministro de UCD y que fue vicepresidente de VOX, en las que ha negado que en 1936 se produjese un golpe de Estado, Espinosa de los Monteros ha respondido que «las interpretaciones de la historia son libres y se puede estar en desacuerdo», y ha hecho hincapié en que lo que le resultaría grave y preocupante es «que eso se pueda considerar delito de odio».

Organismos internacionales estudian la predicción climática y gestión del agua en Lérida

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Científicos de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), el Centro Nacional de Investigaciones Meteorológicas (CNRM) y otros organismos internacionales se han instalado en Mollerussa (Lérida) y otros municipios de la comarca del Pla d’Urgell para estudiar los efectos del cambio climático en la demanda de agua en los cultivos.

Lo han hecho a través del proyecto LIAISE presentado este martes en Mollerusa, donde participan el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), así como diversas empresas, entidades del territorio e investigadores de Safire, MetOffice y King’s College (Reino Unido); Météo-France, CNRM, CNRS y CESBIO (Francia), ha informado el IRTA en un comunicado.

Intervienen también las universidades de Wageningen, Utrecht y Delft (Holanda); el Jülich Research Center y la Universidad de Hohenheim (Alemania); la Universidad de las Islas Baleares (UIB); la Universidad de Barcelona (UB); la Universidad de Toulouse y la Universidad Politécnica de Paris (Francia); CzechGlobe (República Checa), los Bomberos de la Generalitat de Catalunya y el Observatorio del Ebro.

El proyecto pretende obtener una mejora de las previsiones meteorológicas de evaporación y precipitación y herramientas para gestionar de forma más eficiente el agua de regadío.

En las regiones semiáridas de la cuenca mediterránea, como es el Pla d’Urgell, el agua se evapora más que en otras regiones, debido al regadío y la heterogeneidad en la tipología de cultivos, circunstancia que, según el IRTA, puede interferir en la atmósfera, alterar la formación de nubes bajas y desajustar las lluvias.

«Hay que estudiar con más detalle cómo interactúan los diferentes usos del suelo con la atmósfera y evaluar qué efecto tienen sobre los procesos que generan nubes y las tormentas de verano», ha asegurado el técnico del Área de Investigación Aplicada y Modelización del SMC, José Ramón Miró.

Por su parte, el investigador del programa ‘Uso eficiente del agua en agricultura’ del IRTA, Joaquín Bellvert, ha precisado que es necesario aprender a gestionar el agua y disponer de herramientas tecnológicas que permitan saber de forma más precisa cuánta se podrá utilizar en un futuro que será cada vez más seco y «evaluar el efecto que tienen los embalses y los flujos de agua de los ríos sobre el clima local y cuáles serán estos en un escenario de cambio climático».

MODELOS PARA EXTRAPOLAR

El delegado institucional del IRTA en Lérida y Pirineo, Joan Girona, ha afirmado que el Pla d’ Urgell, al ser una zona de clima semiárido con muchos tipos diferentes de cultivos y tener gran diversidad de sistemas de riego, es el escenario ideal para mejorar estos modelos de predicción climática y de irrigación para «extrapolarlos a escala global».

El director del SMC, Eliseu Vilaclara, ha destacado que «Cataluña es un lugar ideal para hacer compañas de investigación internacionales de este tipo por la densidad y la calidad de las redes de observación y teledetección del SMC».

Estos días la NASA, la Safire y la ESA sobrevolarán la zona con aviones equipados con sensores térmicos, radar y hiperespectrales, y la información recogida se utilizará para futuras misiones espaciales.

Uno de los aparatos estrella es la estación lisimétrica del IRTA ubicada en Mollerussa, de la que según el IRTA «hay pocos ejemplares en todo el mundo, y su función es medir a través de un sistema de pesaje, el agua que consumen los cultivos».

Bruselas insta a la renovación de un CGPJ elegido por los jueces en su evaluación del Estado de derecho en España

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La Comisión Europea ha instado de nuevo este martes a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como uno de los principales retos que enfrenta el país en el marco del Estado de derecho, una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos.

En su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE, el Ejecutivo comunitario retoma los mismos «retos» en el caso de España que citó en el primer examen, realizado en septiembre de 2020 y que apuntaba a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la preocupación por la independencia del Ministerio Fiscal como principales conclusiones.

La urgencia por la renovación del CGPJ sigue preocupando en Bruselas porque hace más de dos años que se encuentra en situación de interinidad, explican fuentes comunitarias, que también valoran como positivo que el que el informe comunitario señalara ya el problema el pasado año ha ayudado a abrir el debate político.

Así, el documento adoptado este martes por el Colegio de Comisarios apunta como principal desafío del sistema judicial español el bloqueo político para «la renovación de varios cargos en órganos constitucionales», aunque destaca el caso del CGPJ.

Sobre esta situación, el informe celebra como «un hecho positivo» que finalmente se retirara la propuesta del PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección de los vocales porque de salir adelante hubiera «aumentado la percepción del CGPJ como vulnerable a la politización».

La línea de Bruselas no varía respecto al año anterior ni a los mensajes que el comisario de Justicia y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, han expresado en sus contactos con el Gobierno y la oposición llamando a una reforma que permita que sean los propios jueces quienes designen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El informe recuerda los «llamamientos» para que España lleve a cabo una reforma del sistema de elección del CGPJ que permita que una mayoría de los vocales sean designados por jueces, «en línea con los estándares europeos». De este modo, la Comisión hace suyas las recomendaciones en esta materia del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE.

«Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todos los actores sean consultados», apuntan desde Bruselas, recordando también las veces que Reynders ha apelado al Gobierno y al Partido Popular a retomar el «diálogo» para sacar del ‘impasse’ al CGPJ.

En la misma línea, la vicepresidenta Jourova ha dicho en una rueda de prensa que es consciente de la «realidad política y su complejidad» en España que ha provocado un «bloqueo», pero que es urgente que el CGPJ «funcione» sin que «se politicen sus nombramientos» para asegurar su «plena independencia».

Otros asuntos del sistema judicial español que la Comisión observa con preocupación son la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, el régimen de aforamientos de altos cargos ante el Tribunal Supremo y también y el «régimen de incompatibilidades entre jueces y fiscales».

Con todo, el informe señala que se han adoptado o están previstas «varias medidas para mejorar la calidad de la justicia», por ejemplo «la revisión del sistema de asistencia jurídica y del Código de Procedimiento Penal y otros tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital».

Además considera que está avanzando el proceso de digitalización de la justicia y ha habido «esfuerzos» para corregir los retrasos, incluida la creación de nuevos tribunales, pero apunta que el bajo número de jueces por habitante sigue siendo una debilidad del sistema.

Por otro lado, a la hora de analizar la lucha contra la corrupción en España, el documento presentado por Reynders y Jourova apunta que «España sigue mejorando el marco institucional y legal» para evitar la corrupción y combatirla, si bien advierte que falta una estrategia anticorrupción que pudiera guiar esta lucha de manera integral.

También se hace eco de las quejas de las autoridades fiscales por la falta de recursos suficientes, lo que en la práctica afecta a la velocidad de las investigaciones y al enjuiciamiento de los casos de corrupción.

INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS

En el capítulo de libertad de prensa y pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión describe que el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, pero también que sigue habiendo cuestiones que resolver sobre la transparencia de la propiedad de los medios.

Así, Bruselas expresa «preocupaciones» con respecto a la independencia y recursos del regulador audiovisual que quedaron de manifiesto cuando España tuvo que trasponer la directiva sobre medios audiovisuales.

También recoge problemas encontrados por periodistas a la hora de hacer su trabajo pero indica igualmente que se han tomado medidas para facilitar su tarea.

Casado promete condecorar a los que defendieron «el orden y la ley» el 1-O

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El presidente del PP, Pablo Casado, se ha comprometido este martes con representantes de sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil a condecorar, si llega al Palacio de la Moncloa, a los que defendieron «el orden y la ley frente al secesionismo» el 1 de octubre de 2017. Además, les ha informado de que el PP ha registrado en el Congreso una proposición de ley para hacer efectiva la equiparación salarial real de Policía y Guardia Civil.

Casado ha estado acompañado en esta reunión –que se ha celebrado en las dependencias del PP en la Cámara Baja– por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y la portavoz en la Comisión de Interior, Ana Vázquez. Según el PP, han asistido todas las organizaciones y asociaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Aparte de presentarles de primera mano la iniciativa del PP de equiparación salarial y pedir más medios en el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, el líder del PP ha prometido que si llega a Moncloa condecorará a los que «defendieron el orden y la ley frente al secesionismo».

Gamarra ha explicado después a los periodistas que, durante este encuentro, se ha trasladado a policías y guardias civiles la «solidaridad» del PP con aquellos que ven que quienes fueron juzgados por los acontecimientos en torno al 1-O «han sido indultados, mientras los que garantizaron la seguridad y la libertad en aquellos momentos, que buscaban salvaguardar el orden constitucional, todavía hoy tienen causas pendientes y se encuentran abandonados por el Gobierno».

«EQUIPARACIÓN SALARIAL REAL»

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso ha confirmado además que su grupo ha registrado una proposición de Ley para hacer efectiva la «equiparación salarial real» de Policía y Guardia Civil, que asumen como «un compromiso de Gobierno».

Según ha explicado, esta iniciativa la registran ahora desde la oposición y la pondrán en marcha desde el Gobierno. Además, ha añadido que esta propuesta «materializa» el compromiso suscrito por el Gobierno del PP en marzo de 2018, cuando se firmó «un acuerdo histórico que planteaba la hoja de ruta para llegar a la equiparación salarial» de las Fuerzas de Seguridad.

Sin embargo, ha señalado que la llegada de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias al Palacio de la Moncloa, «el socialismo y el comunismo», «paralizó el cumplimiento de esos acuerdos». Según ha insistido, se trata de compromisos «para cuando Pablo Casado llegue a La Moncloa».

«Hoy asumimos este compromiso con todos y cada uno de los españoles que forman parte de las Fuerzas de Seguridad y que velan por nuestra seguridad y por el cumplimiento de los principios de libertad en nuestro país», ha resaltado.

Gamarra ha indicado que pretendne que se lleve a cabo la «auditoría que quedó pendiente» y que es «necesaria» para «alcanzar esa justa reivindicación de la equiparación salarial». Además, ha culpado al Ejecutivo de haber «paralizado 300 millones, que hace que la segunda actividad de los policías y guardias civiles que están en situación de reserva no puedan reincorporarse». En tercer lugar, ha defendido las reformas legislativas necesarias para «esa equiparación real salarial».

LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO POPULAR

En la iniciativa, el Grupo Popular subraya que la existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, «obliga necesariamente a dotarlos de principios básicos de actuación idénticos y de criterios estatutarios también comunes».

Según el PP, el mecanismo más adecuado es reunir sus regulaciones en un texto legal único que constituya la base más adecuada para sentar el principio fundamental de la materia: el de cooperación recíproca, el de coordinación y el de igualdad profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas las esferas administrativas».

«Sin embargo, tenemos que reconocer la existencia de desigualdad en las condiciones estatutarias de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fundamentalmente en materia de retribuciones», subraya el PP en su texto.

La iniciativa del PP señala que la unificación o equivalencia de la nomenclatura de las categorías profesionales de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se llevará a cabo mediante una propuesta aprobada por el Consejo de Política de Seguridad tras sus negociación en la Mesa General, en el plazo de dos años desde la publicación de esta ley.

Proyecto LIBERA abre la quinta edición del programa de apadrinamientos de espacios naturales

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El Proyecto Libera, la iniciativa ambiental de Ecoembes y SEO/BirdLife ha lanzado la quinta edición del programa ‘Apadrinamientos de espacios naturales’, que en esta ocasión contará con 80 ayudas para proyectos que podrán presentarse a la convocatoria desde este martes hasta el próximo 17 de septiembre.

La iniciativa busca impulsar y potenciar el trabajo de organizaciones locales que trabajan en la conservación de biodiversidad. En las cuatro ediciones anteriores un total de 231 organizaciones han formado parte del programa y se han convertido en apadrinadas por LIBERA.

En la nueva edición se dispondrán 80 ayudas, divididas en dos categorías en función de la antigüedad del proyecto. Por un lado, los ‘Apadrinamientos plus’, con una ayuda económica de hasta 3.000 euros, financian a un máximo de cinco proyectos que hayan formado parte del programa durante los dos últimos años o más, dándoles así la oportunidad de ampliar el alcance de sus proyectos.

Por otra parte, las entidades que reciban las ayudas de hasta 1.500 euros contarán con un asesoramiento técnico durante el desarrollo de las acciones propuestas, un seguimiento y respaldo continuo, y la formación necesaria para poder impulsar sus proyectos.

Los pilares de las actuaciones son el conocimiento, la prevención y la valoración, por lo que las propuestas que se presenten deberán trabajar en torno a una de ellas.

En concreto, podrán centrarse en actividades de mejora de la calidad de los espacios a través de la recuperación y mejora ambiental de un espacio no urbano con un alto valor ecológico; investigación y seguimiento de los aspectos concretos de la diversidad natural que contribuyan a mejorar el conocimiento que se tiene sobre el entorno y, en tercer lugar en la sensibilización y educación con la población local para difundir el valor de los espacios naturales y mejorar en su cuidado y conservación.

El plazo de presentación de proyectos termina el 17 de septiembre y se podrá realizar a través de la web. El fallo, tras evaluar las propuestas se dará a conocer un mes después, el 16 de octubre. En mayo de 2022 Proyecto Libera organizará un encuentro para intercambiar experiencias, analizar y poner en común los puntos de vista para crear sinergias entre las organizaciones.

El coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha destacado que la cercanía con el territorio y con los problemas ambientales permite a las asociaciones y entidades locales trabajar para mejorar la calidad de vida de los espacios naturales. «Desde el proyecto LIBERA apoyamos esta gran labor de personas que tienen una gran implicación con la protección de la naturaleza y que lideran en sus territorios la lucha contra la basuraleza. Son unos gran aliados», ha celebrado.

Por su parte, la coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha subrayado que las entidades locales son «un agente de cambio muy importante» para preservar y proteger los espacios naturales. «Estas ayudas tienen como finalidad fomentar la labor de todos aquellos ciudadanos que quieran impulsar sus proyectos y proteger el medio ambiente. Esperamos con ilusión conocer las propuestas presentadas en esta quinta edición y, entre todos, construir una red comprometida con nuestros ecosistemas y clave para terminar con la basuraleza», ha concluido.

El Gobierno exhumará del Valle a Primo de Rivera y retirará los títulos que dio Franco

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El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el anteproyecto de ley de memoria democrática que ha aprobado este martes el Gobierno pretende «resignificar» el Valle de los Caídos, de modo que los restos mortales del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un «lugar preponderante» de este mausoleo y el Ejecutivo decidirá el destino de la Cruz en el proyecto concreto de resignificación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños además ha explicado que esta ley de memoria democrática retirará símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a «todas aquellas personas que se les concedieron por ser protagonistas de la dictadura o de la Guerra Civil».

Según ha explicado el propio Bolaños, que ha sido el encargado de llevar esta ley de memoria democrática al Consejo de Ministros, la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos se efectuará en comunicación con la familia del líder falangista. «Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley», ha defendido.

Asimismo, sobre el futuro de la Cruz del Valle de los Caídos, Bolaños ha señalado que «la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión».

En ese marco, el ministro ha dicho que tendrán que «estudiar bien los detalles» pues, según ha recordado, el Valle de los Caídos «es una basílica, un lugar de culto». Además, ha añadido que quieren que también «responda a una defensa, una reivindicación de los valores democráticos».

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO

Además, este anteproyecto de ley de memoria democrática recoge la extinción las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo.

En cualquier caso, Bolaños ha explicado que la extinción de la Fundación Francisco Franco no será inminente, ya que una vez que se modifique la ley se iniciará un procedimiento administrativo que concluirá con una resolución y posteriormente habrá un procedimiento judicial.

«No será una extinción inmediata de la Fundación Francisco Franco si es que así se insta por los órganos competentes», ha sentenciado el ministro de la Presidencia, que ha sido el encargado de llevar al Consejo de Ministros este anteproyecto en el que ya estaba trabajando la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto inicia ahora su andadura parlamentaria y, ante el rechazo que ya ha avanzado Vox y la petición de la Fundación Francisco Franco al PP de que luche contra esta ley, Bolaños ha asegurado que la voluntad es que tenga «el máximo consenso posible».

«Más allá de las declaraciones de un tipo o de otro, la voluntad del Gobierno es que los partidos se sumen a una ley homologable al resto de paises europeos, que lo único que pone en el centro es alas víctimas de una dictadura», ha subrayado Bolaños.

OPTAR A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Otro de las novedades que se recogen en este anteproyecto de ley es que se establecen dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española.

El otro supuesto, según ha detallado Bolaños, es el de los hijos mayores que se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que solo afectó a los hijos menores: «Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad».

Por otro lado, el Gobierno creará con esta ley una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática que «investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas».

El Gobierno excluye la financiación de la bilateral con Cataluña

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La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha excluido la financiación autonómica de la agenda que el Ejecutivo llevará a la Comisión Bilateral con la Generalitat catalana y la ha enmarcado dentro del espacio donde a su juicio debe tratarse, que es la Conferencia de Política Fiscal y Financiera.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado que los tres grandes temas que se abordarán en la reunión que se celebrará el próximo 2 de agosto en Madrid serán las becas, las infraestructuras y el terreno de lo audiovisual, con un proyecto que tiene que ver con el «uso de la lengua».

«Esos son los temas en que más se había trabajado y las primeras sensaciones son positivas», ha destacado Rodríguez, que ha recordado que eso fue lo que acordó con la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, con quien mantuvo una conversación la pasada semana, perfilando así un encuentro que busca «avanzar en concordia» y en la relación entre gobiernos.

Una serie de «asuntos» que ya están «trabajados y avanzados» y que son importantes de cara a la ciudadanía, que está «esperando un contexto distinto de relaciones» después de «demasiados años donde lo único que se hablaba en la agenda era el asunto soberanista o el independentismo», ha destacado la ministra.

En esta línea, la titular de Política Territorial ha dejado claro que las cuestiones relacionadas con la financiación ya tienen un espacio propio, en tanto que esto no afecta «solo a Cataluña sino a todo el Estado».

EN CATALUÑA HAY «MUCHAS MESAS DESEOSAS DE UN DIÁLOGO»

Precisamente, Rodríguez también ha hecho alusión a la Conferencia de Presidentes que se celebra el próximo 30 de julio en Salamanca, y en la que se abordará un tema de «fundamental trascendencia» como es la implementación de los Fondos Europeos Next Generation en todo el territorio.

«Es una conferencia muy importante por el contexto económico y el diseño que vamos a afrontar, con una esperanza de lograrlo en base a estos fondos. Sin duda es la prioridad de la agenda de la conferencia, que se complementa con uno de los grandes asuntos de igualdad y cohesión en nuestro país, independientemente de donde cada uno decida hacer su vida y con especial atención a zonas con mayor dificultad por la situación demográfica», ha explicado.

Así, y tras sostener que el Gobierno de Pedro Sánchez se «diferencia de otros anteriores en su voluntad de acuerdo con otros territorios, Rodríguez ha recordado que además de la Comisión Bilateral con Cataluña existe un «foro adicional» que es la mesa de diálogo y que «tendrá que convocarse en septiembre».

«Muchas mesas deseosas de un diálogo», ha continuado la ministra, que ha insistido en que el Ejecutivo ha «dado muestras de disposición» hacia un nuevo horizonte. «Y ahora se esperan por parte del Gobierno de Cataluña», ha apostillado.

El uso del teletrabajo cae en 2021 casi a la mitad respecto a 2020

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El uso del teletrabajo en las empresas o instituciones ha descendido en 2021 prácticamente a la mitad en comparación con el de 2020, hasta un 17,2%, según se desprende del estudio ‘Condiciones de trabajo y salud tras un año de pandemia’, elaborada por Istas-CCOO y la Universitat Autònoma de Barcelona.

Según se refleja en el estudio, continúan habiendo grandes diferencias entre el uso del teletrabajo en puestos manuales (2,9%) y no manuales (31,6%), siendo los trabajadores en puestos no manuales los que con más frecuencia teletrabajan, aunque la reducción del teletrabajo entre éstos ha sido importante.

Además, la disminución del teletrabajo ha sido más acusada entre los puestos de dirección (20,1% teletrabajan en 2021 frente al 64% en 2020) y los puestos científicos y técnicos (30,5% teletrabajan en 2021 frente al 66,2% en 2020) y menos entre los puestos de apoyo técnico (32% en 2021) y los puestos administrativos (35,6% en 2021), prácticamente igualándose en su utilización.

«Vamos a ir a sistemas híbridos, no creo que se vaya a implantar de forma sistemática en las empresas. Lo que se deduce es que ha habido un efecto de corrección muy importante. No era oro todo lo que relucía», ha señalado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

EL 7,2% AFIRMA HABER IDO A TRABAJAR CON SÍNTOMAS DEL COVID

Entre las y los participantes que declaran estar acudiendo a trabajar habitualmente a la empresa, el 7,2% afirma haberlo hecho en algún momento de las últimas cuatro semanas con síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria o malestar general. Esta cifra es un poco superior entre jóvenes (11,6%) y entre quienes su salario no cubre las necesidades básicas (10,6%).

Atendiendo a las ocupaciones seleccionadas en esta edición de la encuesta, se observa que esta situación es más prevalente entre las y los que ocupan puestos de camareros, ayudantes de cocina, preparadores de comida rápida y trabajadores en tiendas de alimentación, con porcentajes por encima del 10%.

MÁS DE LA MITAD DE TRABAJADORES CONSIDERAN QUE SU SALUD HA EMPEORADO

El 52,7% de los asalariados considera que su salud en general empeoró en el último año, ante el impacto de la pandemia, lo que supone un incremento de 16 puntos porcentuales respecto a 2020.

«Más de la mitad de los asalariados perciben un empeoramiento en su estado de salud. Sigue aumentando el riesgo de tener problemas de salud mental, superando el 60%», ha explicado durante la presentación Albert Navarro, experto que participó en la confección del estudio.

Igual que en el año anterior, el empeoramiento de la salud es más prevalente entre las mujeres (57,2%) que entre los hombres (48,8%) y en ambos casos aumenta respecto al 2020. Además, según ha advertido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, es muy relevante la mala situación mental de los jóvenes, «y del 74% de las personas que cobran hoy bajos salarios en el mercado de trabajo».

En este sentido, el informe refleja que el 23,9% de los trabajadores ha afirmado que en el último mes ha consumido tranquilizantes, una cifra algo superior al 21,5% que lo confirmaba en la encuesta del año pasado.

LA INSEGURIDAD FRENTE AL EMPLEO SE MANTIENE

Según se expone en el estudio, un 41,9% de la población está preocupada por perder el empleo, el 61,9% de los y las trabajadoras están preocupadas por la disminución de sus salarios (un 8% menos que en 2020), y tres de cada cuatro (75,2%) manifiestan su preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo empleo en caso de quedarse en paro.

«Nos encontramos pues ante valores muy elevados en materia de inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo», ha denunciado Sordo.

Al igual que ocurría en 2020 la inseguridad laboral es más elevada entre aquellas personas cuyo salario no cubre las necesidades básicas y por tanto son más dependientes económicamente.

«La precariedad mata, también, por las enfermedades que contraemos trabajando o por las condiciones de precariedad», ha denunciado Sordo.

LA MITAD DE ASALARIADOS TRABAJA EN CONDICIONES DE «ALTA TENSIÓN»

Otro dato que ratifica la precaria situación de la población asalariada es la alta tensión, es decir, se tiene más trabajo del que se puede hacer en la jornada laboral estipulada.

Como comparativa, en la tercera Encuesta de Riesgos Psicosociales de ISTAS-CCOO, realizada en el año 2016 se estimó que un 22,3% de la población asalariada residente en España estaba en situación de alta tensión, mientras que en los resultados de la encuesta de este año este porcentaje prácticamente se duplica alcanzando el 45,8%.

«Esto no solo conlleva aumentos de jornada y de las horas trabajadas que no se pagan, sobre todo provoca fraude en los contratos a tiempo parcial, y efectos muy nocivo sobre la salud: cardiopatías, infartos cerebrales, enfermedad mental», según denunció Unai Sordo.

Igea reconoce que se han tomado medidas «equivocadas»

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El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reconocido este martes que «todos» han tomado medidas «equivocadas» durante la pandemia, algo que se ha agravado en esta quinta ola con mensajes confusos que han «relajado a la población», por lo que ha reconocido: «Somos idiotas».

Igea se ha referido de este modo a la situación que vive España o Reino Unido, países donde, pese a ser los de mayor vacunación, se ha registrado un mayor número de contagios en esta quinta ola, algo que se ha producido, a su juicio, porque la relajación es «mayor».

«Hemos tomado medidas equivocadas, hemos relajado a la población y esto es lo que ha ocurrido», ha aseverado, tras lo que se ha preguntado si se ha visto a otros presidentes de la UE decir: «Esto se ha acabado». «Nuestra política se parece más a la de Reino Unido que a la otros países», ha señalado.

De este modo ha explicado que hay países que avanzan para no convivir con el virus y otros que lo hacen para «ganar las vacaciones». En este sentido, Igea ha reconocido que los incrementos de incidencia se han producido en España durante los 16 meses de pandemia cada vez que pasaba un periodo vacacional.

«¿Ustedes son idiotas?, pues sí, hemos hecho cinco veces la misma cosa», ha asegurado, tras lo que ha reseñado que ya se conoce cómo se contagia el virus, a través del contacto social, algo que ha explosionado en esta quinta ola cuando ha concluido el periodo lectivo y se han dado mensajes «equivocados».

«Nos hemos equivocado y hacemos autocrítica», ha asegurado Igea, quien ha considerado que también deberían hacer lo mismo otros gobiernos autonómicos o el ejecutivo central. «No puedo negar la realidad, no hemos estado bien, lo que no sé es si somos los únicos que no hemos estado bien», ha concluido.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido de que todavía no existe una inmunidad de rebaño y la relajación de medidas ha llevado a una mayor incidencia en España y Reino Unido pese a una mayor vacunación.

Fundación Naturgy reconoce la labor de Fundación Exit en la formación de jóvenes de entornos vulnerables

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Fundación Naturgy ha reconocido este año el proyecto ‘Enchufados al empleo’ de Fundación Exit y la iniciativa ‘Generando Futuro’ de la Asociación Norte Joven, en la segunda edición de sus Premios a la Mejor Iniciativa Social en el ámbito energético, con el que busca reconocer y dar visibilidad a las personas, entidades e instituciones que destacan por su contribución en el ámbito social gracias a sus proyectos vinculados a la energía.

En total, cerca de 60 candidaturas procedentes de todas las comunidades autónomas presentaron su iniciativa para optar a este reconocimiento, que otorga 60.000 euros a la entidad ganadora y 30.000 euros a la organización que recibe el accésit, para impulsar sus proyectos.

El presidente de la fundación, Rafael Villaseca, destacó que el elevado número de propuestas y su calidad «demuestra que España cuenta con un enorme tejido social y solidario».

Villaseca también reconoció el esfuerzo de todas las organizaciones que han presentado sus candidaturas, y que durante 2020 se tuvieron que enfrentar al reto de la pandemia, y subrayó «los fantásticos proyectos premiados, que aúnan la energía con la formación de los jóvenes para mejorar su empleabilidad».

Entre las candidaturas presentadas este año, sobresalieron las que relacionan el ámbito de la energía con la juventud, la formación y el medio ambiente.

Los ganadores se dieron a conocer en un acto restringido, debido a los estrictos protocolos del Covid-19, al que han asistido los diez finalistas, miembros del jurado y el vicepresidente de la Fundación y director general de Sostenibilidad, Reputación y Relaciones Institucionales de Naturgy, Jordi Garcia Tabernero.

En concreto, el proyecto premiado, ‘Enchufados al empleo’ de Fundación Exit, fomenta la formación de jóvenes en el sector energético, ofreciendo al mismo tiempo respuesta a la alta demanda de puestos de formación profesional en las empresas. El itinerario formativo facilita el contacto directo de los jóvenes con las compañías y sus empleados, que colaboran de forma voluntaria en el programa.

Esta iniciativa de Fundación Exit tienen un impacto positivo en más de 2.000 beneficiarios, además de los 500 jóvenes que cuentan con el apoyo de 200 voluntarios. Se desarrolla en seis comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y Baleares.

Philip Morris gana 1.845 millones en el segundo trimestre, un 11,6% más

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La tabaquera estadounidense Philip Morris International (PMI) se anotó un beneficio neto atribuido de 2.172 millones de dólares (1.845 millones de euros) en el segundo trimestre de 2021, lo que equivale a un incremento del 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la empresa, que ha presentado este martes sus cuentas trimestrales.

La cifra de negocio de la compañía se elevó un 14,6% en el trimestre, hasta los 20.421 millones de dólares (17.343 millones de euros). Sin embargo, los ingresos netos, obtenidos al descontar los impuestos especiales asociados a la venta de tabaco, se situaron en 7.594 millones de dólares (6.449 millones de euros), un 14,2% por encima de la cifra observada un año antes.

El volumen de cigarrillos y unidades de tabaco calentado vendidas se elevó un 6,1%, hasta las 180.494 millones de unidades. La empresa registró caídas de ventas únicamente en Australia y Este de Asia. Del resto de mercados, el mayor incremento se dio en Oriente Próximo y África (+12,7%) y en la Unión Europea (+8,7%).

Por otro lado, entre las principales marcas del grupo, el volumen de cigarrillos vendidos de ‘Marlboro’ se elevó en un 6,7%, mientras que ‘L&M’ cayó un 1,3% y ‘Chesterfield’ avanzó un 13,2%. El mayor incremento anual entre las principales marcas se registró en el volumen vendido de ‘Sampoerna A’, con un 26,6%, y de ‘Parliament’, con un 18,4% más.

Las ventas de tabaco sin combustión crecieron un 30,2% respecto a hace un año, afianzando su posición por encima de la segunda marca de tabaco más vendida de la empresa.

En el trimestre, los costes asociados a las ventas fueron de 2.353 millones de dólares (1.998 millones de euros), un 8% más, mientras que los gastos de investigación, administración y marketing fueron de 2.093 millones (1.778 millones de euros), un 21,5% más.

En el conjunto de los seis primeros meses de 2021, Philip Morris ganó un 21,7% más que en el mismo periodo del año pasado, hasta 4.590 millones de dólares (3.898 millones de euros), tras un incremento de las ventas netas del 10%, hasta 15.179 millones (12.891 millones de euros).

En España, que representa el quinto mercado de Philip Morris en la UE, por detrás de Francia, Polonia, Alemania e Italia, la tabaquera vendió 4.100 millones de cigarrillos, lo que supone un incremento del 51,5%.

En el mercado de cigarrillos, que se elevó un 8,9% en el segundo trimestre, hasta los 10.500 millones de cigarrillos, la cuota de mercado de Philip Morris se contrajo en dos décimas, hasta el 31,1%.

ABB adquiere Asti Mobile Robotics Group para ampliar su oferta de robótica

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ABB ha adquirido Asti Mobile Robotics Group, fabricante español de Robots Móviles Autónomos (AMR) que cuenta con un amplio portfolio de productos y software integral para las principales aplicaciones industriales.

Esta compra tiene como objetivo ampliar la oferta de robótica y automatización de ABB, convirtiéndola en la única compañía que ofrecerá una cartera completa de soluciones para la próxima generación de automatización flexible.

La adquisición, una acción clave de la estrategia de crecimiento externo de ABB, se firmó el pasado 19 de julio y se espera que se cierre a mediados del verano de 2021. No han trascendido los detalles de la operación.

Los AMR permitirán un grado de flexibilidad sin precedentes, desde la producción, la logística, la intralogística hasta el retail y la asistencia médica.

Esta visión común de ABB y Asti permitirá ayudar a los clientes a sustituir las actuales líneas de producción estáticas por redes totalmente flexibles, en las que los AMR inteligentes transportarán de forma autónoma materiales, piezas y productos acabados entre estaciones de trabajo conectadas, en fábricas, centros logísticos, laboratorios, tiendas u hospitales.

La cartera de productos AMR de Asti incluye vehículos de tracción autónomos, soluciones de transporte de mercancías a personas, vehículos autónomos portadores de pallets, contenedores y cajas, así como una oferta integral de software, que abarca desde la navegación y el control de vehículos, la gestión de flotas y pedidos y los sistemas de trazabilidad basados en la nube.

Este conjunto de soluciones se integrará en la cartera de soluciones compuesta por robots, la automatización de máquinas, las soluciones modulares y el paquete de software de ABB, incluido ‘RobotStudio’, la herramienta de simulación y programación de ABB Robotics, creando así un porfolio de automatización único y completo para los clientes de ABB.

La sede central de Asti en Burgos se convertirá en la sede principal del negocio AMR de ABB, liderado por Verónica Pascual Boé, accionista mayoritaria y CEO de Asti.

Todas las funciones, incluyendo entre otras I+D, ingeniería, cadena de valor de producto y proyecto, continuarán en las instalaciones de Asti en España, Francia y Alemania. ABB ampliará significativamente la capacidad de producción en Burgos para apoyar la expansión de ventas prevista en Europa y América.

Para facilitar el potencial de crecimiento de los AMR en China y Asia, ABB también establecerá un centro de AMR en este continente, que incluirá toda la cadena de valor y la fabricación, en su nueva fábrica de robótica, que se abrirá en Shanghái en 2022. Se prevé que China, el país con mayor mercado de robótica del mundo, alcance los 1.800 millones de dólares de ventas anuales de AMR antes del 2025.

Ambas empresas cuentan con una amplia experiencia en sectores industriales tales como la automoción, la alimentación y bebidas o los bienes de consumo envasados, así como en nuevos segmentos de crecimiento, como la logística, el e-commerce, el retail y la asistencia médica.

Con la previsión de que las ventas mundiales de AMR alcancen aproximadamente 14.000 millones de dólares antes del 2025, con una tasa de crecimiento interanual de aproximadamente el 20% ABB tiene previsto ampliar las ventas y el servicio de asistencia técnica de AMR a 53 países.

La compra por parte de ABB Robotics se produce poco después de los anuncios de la compañía para expandir la automatización robótica para nuevos sectores y usuarios, incluido el lanzamiento de sus nuevas familias de robots colaborativos GoFa y Swifti y su anuncio de que avanzará la automatización en el sector de la construcción.

Verónica Pascual Boé, ha comentado que las visiones de ambas empresas encajan perfectamente y que «es la siguiente y emocionante etapa de nuestro viaje y juntos aceleraremos nuestros planes de innovación, ampliaremos nuestro servicio global al cliente, la red de colaboradores, la capacidad de producción y ejecución y aprovecharemos el acceso al mercado de ABB a nivel mundial y particularmente, en China».

ASTI MR Group tiene una plantilla superior a los 300 trabajadores y fábricas en Burgos, Madrid, Berlín (Alemania), Mulhouse (Francia) y Washington (Carolina del Norte, EEUU).

LLYC empezará a cotizar en BME Growth el próximo 22 de julio

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La consultora de comunicación LLYC (antes Llorente y Cuenca) se incorporará a BME Growth el próximo jueves, día 22 de julio, con un valor de 109,3 millones de euros, con lo que se convertirá en la octava empresa que da el salto a este mercado en 2021.

El consejo de administración de la compañía ha fijado un valor de referencia para cada una de sus acciones de 9,39 euros, con lo que la valoración total de la consultora asciende a 109,3 millones de euros repartidos en 10.574.400 acciones.

El código de negociación será ‘LLYC’, en tanto que el asesor registrado de la empresa es Renta 4 Corporate y el proveedor de liquidez, Renta 4 Banco.

Dada su capitalización, el ‘free float’ y el número de inversores de LLYC, el departamento de Supervisión de BME Growth ha decidido que la consultora de comunicación cotice en modalidad de mercado abierto, en horario de 9.00 a 17.30 horas, y no bajo la modalidad de ‘fixing’, por la que se hacen dos subastas al día y que ha predominado en las últimas salidas a Bolsa en este mercado.

Con su incorporación a BME Growth, LLYC espera aumentar los fondos propios para potenciar su estrategia de crecimiento inorgánico, así como habilitar un mecanismo de financiación que permita aumentar la capacidad de la compañía para captar recursos que podrían financiar el crecimiento futuro.

También quiere facilitar la posibilidad de financiar parte de la compra de otras compañías mediante la entrega parcial de acciones, ampliar la base de accionistas, aumentar su notoriedad y disponer de valores incorporados a negociación que permitan fidelizar al personal.

La sociedad cuenta actualmente con nueve accionistas directos sin considerar la autocartera, de los que 6,317 millones de títulos, el 59,74%, están en manos de los socios de la consultora, en tanto que un 17,19% es propiedad del presidente de LLYC, José Antonio Llorente.

Le siguen Global Portfolio Investments, con una participación del 8,23%, y el consejero delegado en América, Alejandro Romero, con el 5,67%. La consejera delegada en Europa, Luisa García, cuenta con un 2,27% de los títulos.

En cuanto a la política de dividendos, LLYC «quiere mantener un equilibrio entre el crecimiento y la remuneración del accionista por lo que, si bien inicialmente estima priorizar la reinversión en crecimiento, no descarta repartir dividendos dependiendo de la situación financiera de la compañía y de las oportunidades de inversión existentes.

La consultora ha repartido 2,4 millones de euros desde 2017, unos 600.000 euros cada año, en tanto que en 2021 no contempla repartir dividendo con cargo a prima de emisión.

A cierre de marzo de 2021, trabajaban en LLYC un total de 611 personas, de las que 273 están en Europa; 116, en Perú, Colombia y Ecuador; 94, en México, Panamá y República Dominicana; 104, en Brasil, Argentina y Chile, y 24, en Estados Unidos.

«Estamos muy ilusionados con la incorporación de nuestra compañía a BME Growth y con la acogida que el proyecto ha tenido en el mercado», ha señalado Llorente en un comunicado de la compañía. Además, ha añadido que en la ampliación de capital los inversores valoraron «muy positivamente» su posicionamiento en el sector.

En 2020, la consultora de comunicación obtuvo un resultado consolidado de 2,95 millones, un 42% menos que el año anterior, en tanto que su resultado de explotación fue de 5,813 millones de euros.

Fad traslada a la Reina Letizia los problemas de salud mental de los más jóvenes

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La Reina Letizia se ha reunido esta mañana con representantes de distintas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la salud mental, entre las que se encuentra Fad, en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. «No puede ser un tema tabú, ni un motivo de vergüenza para quien lo sufre», ha afirmado en el encuentro la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura.

El objetivo de esta reunión ha sido analizar de forma conjunta cómo está afectando la pandemia al bienestar emocional de distintos colectivos, en especial jóvenes y población vulnerable; exponer proyectos e iniciativas que puedan contribuir a la mejora de la situación; y lanzar un mensaje de apoyo a los afectados y sus familias.

Además de Fad, a la reunión han acudido representantes de la Confederación de Salud Mental, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Cruz Roja, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y UNICEF.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en España, una de cada diez personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental y dos millones de personas toman ansiolíticos a diario. Y según el INE, doscientas intentan suicidarse cada día y diez de ellas lo consiguen. Para Martín Padura, «son datos devastadores que deben ser visibilizados».

«Muchas personas y familias están sufriendo, y más tras la pandemia. Es nuestra responsabilidad, así lo entendemos desde Fad, transmitirles que no están solos y que somos muchas las instituciones que ya estamos trabajando y poniendo en marcha servicios de apoyo, como en nuestro caso el SIOF (Servicio de Información y Orientación Fad)», ha añadido.

A juicio de Panura, «la evidencia científica nos dice que los trastornos mentales comienzan mayoritariamente durante la niñez y la adolescencia, especialmente a partir de los 14 años. Por eso es fundamental que trabajemos en su prevención e identificación desde estas edades».

Según datos de diferentes estudios del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, al ser preguntados por sus perspectivas de futuro, más de la mitad de los y las jóvenes (54,1%) creen que tendrán que trabajar en lo que sea, depender económicamente de la familia (43,6%) y estar en paro o con dificultades para encontrar trabajo (41,1%).

En el ámbito emocional, la excepcionalidad pandémica ha afectado al estado anímico de la juventud, aumentando significativamente sus fuentes de estrés: destaca particularmente el estrés con el trabajo/estudios y con la situación económica.

Así, al ser preguntados en concreto por los problemas psicológicos que han experimentado, alrededor de la mitad de jóvenes cree haber tenido algún tipo de problema psicológico a lo largo de su vida, de manera recurrente para 1 de cada 4.

Esta percepción de problemas es más alta entre las chicas, y es superior en los grupos de mayor edad. También es muy relevante que un 40% declara no haber recurrido a apoyo especializado, y una proporción similar tampoco lo ha compartido con nadie de su entorno. Formalmente, entre quienes cuentan con un diagnóstico, los problemas más frecuentes son la depresión y la ansiedad, y hay un porcentaje ligeramente superior entre las mujeres.

En el SIOF Joven de Fad –servicio gratuito y específico de salud mental puesto en marcha en marzo de 2020 para ofrecer apoyo emocional y social a jóvenes entre 15 y 29 años– se ha observado un claro crecimiento en el último año de las consultas relacionadas sobre todo con la ansiedad y el estrés.

CONFINAMIENTO Y JÓVENES

En el encuentro, el presidente de Salud Mental de España Nel González expuso los datos de los que dispone la confederación sobre la salud mental en España durante la pandemia, entre los que destacan que el 46% de la población española manifestó un aumento del malestar psicológico durante el confinamiento y un 44% señala que ha disminuido su optimismo y confianza.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el mayor porcentaje un 43,7% por ansiedad y un 35,5% por depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres.

Según este mismo estudio, un 5,8% de la población ha recibido un tratamiento psicofarmacológico, entre los que destacan los ansiolíticos (un 58,7%) y los antidepresivos (41,3%). Durante el confinamiento, el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico, el 25% se sintió excluida socialmente y el 55% sentía que no era capaz de controlar la preocupación. El mismo estudio señala que un 41,9% de las personas entrevistadas han tenido problemas de sueño, entre otros aspectos.

En el caso de las personas jóvenes, la población de los 18 a los 34 años es la que ha frecuentado más los servicios de salud mental, ha tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación.

Además, en el caso de las personas que conviven con sus hijos o nietos, un 12,6% han buscado ayuda profesional en salud mental para solicitar ayuda para sus descendientes. Un 69,7% han acudido a profesionales de la psicología.

El coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel, explicó que sus servicios de teleasistencia han detectado que las personas que más han sufrido emocionalmente la situación han sido las personas mayores, en situación de soledad no deseada, y las más jóvenes, que han visto frustrados sus planes inmediatos de vida y cercenada su socialización por los iguales, algo tan necesario y fundamental en esta etapa de la vida. Por ello, propone una estrategia para la prevención, detección y atención de problemas emocionales y de salud mental, que incluye la formación del personal laboral y voluntario y un plan de acción.

Por su parte, para la presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF España y miembro de su patronato, María Ángeles Espinosa, el impacto de la COVID-19 ha puesto en evidencia la necesidad de que la salud mental sea una prioridad ineludible en la respuesta a la pandemia y la reconstrucción de la sociedad y urge a que España acelere el proceso de adopción de la Estrategia Nacional de Salud Mental cuyo borrador ya está en marcha.

Mientras, la AECC ha lamentado que la mayoría de pacientes y familiares no recibieron la atención psicológica que necesitaban durante la pandemia debido a que los recursos de sistema, ya de por sí escasos, se derivaron a cubrir las necesidades provocadas por la Covid.

La directora de FEDER, Alba Ancochea, ha señalado que más allá de las enfermedades raras que, ya de por sí, cursan con trastornos mentales, la problemática asociada a padecer una enfermedad rara genera afecciones en el estado de ánimo tres veces por encima del resto de la población. Concretamente la incertidumbre, el sentimiento de aislamiento, discriminación e indefensión son las fuentes más comunes de alteración del estado de ánimo. Por ello, se refirió también a la necesidad de apoyar al tercer sector y de generar estructuras para proponer el soporte social.

Por último, Ramón Rodríguez, representante del CERMI, confía en que 2021 actúe como punto de inflexión en la mejora y la ampliación de los recursos para intervenir y prevenir en la que será la principal causa de discapacidad en 2030: los problemas de salud mental. A juicio del CERMI, resulta imperioso priorizar la inversión en recursos para la prevención, la detección precoz y la intervención temprana, de calidad, en salud mental, tanto a nivel individual como familiar.

La UJA detecta por primera vez en Jaén presencia del picudo negro

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Investigadores del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Jaén han detectado la presencia del picudo negro, por primera vez, en una provincia del interior de Andalucía, en concreto en la de Jaén.

Este coleóptero ha llegado procedente de zonas costeras del este peninsular y supone «una seria amenaza» para el agave, una especie vegetal exótica con más de 500 años de antigüedad en España. No en vano, se ha constatado que este insecto ha acabado con ejemplares de pita en Jaén, poniendo en peligro su valor paisajístico y las connotaciones patrimoniales y culturales asociadas a dicha planta.

El agave procede de América y se introdujo en torno al año 1500 en España. Su principal uso era la fabricación de cuerda de pita a partir de las fibras de sus hojas. Hoy en día constituye un recurso que se emplea como valor ornamental, por ejemplo, en parques y jardines o como seto en vías pecuarias y caminos, e incluso como elemento de protección en fincas.

Francisco José Guerrero, catedrático de Ecología de la UJA y autor junto a los investigadores de la UJA Fernando Ortega González y Javier Jurado Pardeiro, del artículo ‘Nuevas citas del picudo del agave en España: ¿Continúa su avance hacia el interior peninsular?’ ha destacado en un comunicado que «el paisaje cultural y natural asociado al agave en nuestro contexto geográfico va a desaparecer en poco tiempo si no se pone remedio a los daños que está causando la plaga de picudo negro».

En el artículo, los investigadores señalan la necesidad de realizar estudios más amplios e intensivos para tener un conocimiento actual de la ocupación de la especie del picudo negro en el territorio nacional, así como que se lleven a cabo actuaciones que impliquen una lucha activa contra este escarabajo, de tal manera que se impida así su expansión.

«La llegada del picudo negro a Jaén va asociada a una translocación relacionada con el transporte de animales o materiales, ya que el insecto apareció junto a un centro de equitación. Se trata de una especie que causa fuertes daños al agave, pero la administración no invierte por el momento en erradicar este coleóptero», ha manifestado Francisco José Guerrero.

El motivo de esta falta de acción, según Guerrero, radica en la consideración del agave como especie invasora (Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto), cuestión que ha creado un amplio debate en el ámbito científico.

En este sentido, los investigadores de la UJA apuestan por un estudio en profundidad del verdadero nivel invasor de esta especie, así como la inclusión del valor patrimonial a la hora de apostar por su conservación, dado que es una especie que se ha adaptado adecuadamente a lo largo de los siglos.

Precisamente, el catedrático de Ecología de la UJA forma parte, junto con Fernando Ortega González, Javier Jurado Pardeiro y Nayla Fuster González, del grupo de investigación que se encargará de desarrollar el proyecto ‘Estudio de los agaves en la provincia de Jaén: patrimonio natural y cultural de un género amenazado’, recientemente reconocido por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén para recibir financiación en una convocatoria de ayudas a investigaciones en el área de conocimiento de Ciencias Naturales y Tecnología.

Las residencias de mayores andaluzas contabilizan 96 residentes positivos

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El 98,3 por ciento de los centros sociosanitarios o residencia de mayores de Andalucía están libres de Covid-19 entre sus residentes, mientras que se han contabilizado contagios en 96 residentes y 112 trabajadores.

La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer este martes al Consejo de Gobierno el informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus. Únicamente diez instalaciones de las 1.107 en seguimiento proactivo presentan algún caso positivo entre sus usuarios.

En la actualidad, se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía de los que 18 presentan algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 1,7% del total (el 98,3% está libre de Covid-19 en usuarios). Por su parte, 55 centros contabilizan casos sólo en trabajadores.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total de 96 residentes positivos, de los que ocho se encuentran ingresados; en cuanto a los trabajadores, hay 112 casos confirmados.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha, se han realizado 882.452 test a residentes y trabajadores, dando un total de 11.236 positivos.

Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre y cada 14 días al 20% de todas las residencias: 119.076 a residentes y 494.257 a trabajadores. En total, 613.333 test de antígenos.

Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

Desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad se intensificó el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

En la actualidad, no se encuentra medicalizada ninguna residencia. Por su parte, se han habilitado diez centros de evacuación: Centro Residencial El Zapillo de Almería, el Hospital San Carlos de Cádiz, el HARE de Vejer (Cádiz), Doctor Olóriz (Granada), la Asociación Frater de Huelva, Doctor Sagaz de Jaén, Hospital Civil de Málaga, el Hospital Vithas de Sevilla, el HARE de Lebrija (Sevilla), y el Hotel Pirula de Écija (Sevilla).

Gobierno celebra mitad de población esté vacunada con pauta completa

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La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha celebrado que este lunes se llegara al 50 por ciento de la población española vacunada con la pauta completa frente a la COVID-19, pero ha pedido igualmente «contención y prudencia».

«Esta semana hemos cumplido un hito, que es que uno de cada dos españoles cuenta con la pauta completa. El 50 por ciento de los españoles está vacunado. No somos capaces de darle la entidad y la importancia que tiene este hito en un contexto tan complicado como el que hemos vivido», ha aplaudido Rodríguez.

En cualquier caso, ha advertido de que la actual situación de la pandemia, con un aumento exponencial de los contagios en personas no vacunadas, «exige aún hacer un ejercicio de contención y de prudencia». «Los datos todavía siguen siendo preocupantes, especialmente en aquella población que todavía no ha sido vacunada», ha destacado.

Pese a esta afirmación, ha reconocido que el buen avance de la campaña de vacunación «es un motivo para festejar». «Celebrar la vacunación, pero no bajar los brazos en la contención, en la prevención y en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros», ha remachado.

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo ha recordado que la mascarilla «sigue teniendo su uso obligatorio en todos los ámbitos excepto al aire libre y a 1,5 metros de distancia». «Generalmente, la ciudadanía está cumpliendo con esa instrucción, por tanto la regulación es positiva», ha defendido.

En cualquier caso, considera que una de las razones detrás del alza de contagios «es que hay algunos ámbitos donde no se está cumpliendo con la Ley». «No se trata tanto de una modificación legal sino que se trata más bien de un cumplimiento de la Ley. Son muchos más los ciudadanos que cumplen con la norma. La inmensa mayoría de la ciudadanía ha decidido mantener su uso», ha remachado la portavoz.

Garzón dice que no se mueve «un ápice» sobre lo dicho en su campaña contra el consumo de carne

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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha subrayado que «no se mueve un ápice» de lo manifestado durante la polémica suscitada por su campaña sobre el consumo moderado de carne, dado que defendió el modelo de ganadería extensiva, y ha recordado que forma parte de un Gobierno progresista «profundamente comprometido» con el cambio climático.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntado sobre si se sintió desautorizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo sobre su iniciativa que un «chuletón al punto» era «imbatible», Garzón ha respondido que sobre este asunto «ya se ha escrito y dicho todo lo que se tenía que decir».

A continuación, ha destacado que este Gobierno progresista ya ha demostrado que está «profundamente comprometido en la lucha contra el cambio climático», como revela que el año pasado se aprobara la declaración de emergencia climática por parte del Consejo de Ministros.

También ha incidido que en esta lucha es «especialmente importante» la ganadería «social, familiar y extensiva», un modelo «perfectamente sostenible, que crea empleo, previene incendios y protege la economía local».

Es un modelo que necesitamos defender», ha enfatizado el titular de Consumo para insistir que el Ejecutivo es consciente de las consecuencias «catastróficas» del cambio climático, especialmente graves en la cuenca mediterránea y en España, sobre todo en este tipo de sectores. Por tanto, esta es la línea de trabajo que defienden y que «no se mueve un ápice de lo que dijo en su momento».

NO HAY PREVISTO MÁS CAMBIOS EN UNIDAS PODEMOS

Sobre la remodelación del ala socialista del Ejecutivo, Garzón ha dicho que se entra en una nueva fase de legislatura y que los cambios acometidos son «muy oportunos».

En el caso de Unidas Podemos, el también coordinador de IU ha dicho que ya hicieron en su espacio político los cambios de «mayor magnitud posible» cuando se marchó el exvicepresidente Pablo Iglesias y no contemplan una reestructuración adicional.

España estuvo en 2020 entre los países con un mayor exceso de mortalidad asociada a la COVID-19

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España estuvo en 2020 a la cabeza entre los países con un mayor exceso de mortalidad asociada a la COVID-19, según un estudio realizado por el Consorcio de Mortalidad COVID-19 (C-MOR) que representa a 33 instituciones y del que la Universidad de Oviedo es la única representante en España.

El consorcio comparó la mortalidad en 22 países y territorios en los cinco años anteriores con las muertes entre enero y agosto de 2020 y descubrió que, sorprendentemente, algunos mostraban un exceso de mortalidad por todas las causas, mientras que otros tenían un exceso de mortalidad mínimo o incluso disminuido.

La mortalidad por todas las causas, tanto en total como para hombres y mujeres, fue más alta durante 2020 en comparación con el promedio de los cinco años anteriores en Brasil, Chipre, Reino Unido, Gales, Francia, Italia, Irlanda del Norte, Escocia, Estados Unidos, Eslovenia, Suecia y España. De hecho, el mayor exceso de mortalidad, se observó en Inglaterra y Gales, España, Estados Unidos, Escocia, Brasil e Irlanda del Norte. Fue menos pronunciado en Francia, Italia, Eslovenia, Chipre y Suecia.

El informe, publicado en el ‘International Journal of Epidemiology’ por la Oxford University Press, revela también que, dentro de los países con una tasa de mortalidad más alta en 2020, la COVID-19 fue la causa primaria de muerte en Brasil, Irlanda del Norte, Escocia, España, Eslovenia y Suecia y como causa primaria o subyacente en otros cinco: Chipre, Inglaterra, Gales, Francia, Italia y Estados Unidos.

Además en los países con un exceso de muertes estadísticamente significativo durante 2020, las muertes reportadas por la COVID-19 fueron la causa del 68,55 del exceso de muertes en España, el 80,7% en Estados Unidos y el 96% en Inglaterra y Gales. En Brasil, Francia, Italia, Irlanda del Norte y Escocia, la contribución de la COVID-19 al exceso de muertes pue superior al 100%. Por semanas, y en el caso de España, el mayor exceso de muertes se registró en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 26 de abril.

Los autores del estudio destacan en su informe que comprender el impacto de la pandemia, tras la aparición del SARS-CoV-2 ha sido un desafío para la comunidad científica. La estadística de mortalidad por COVID-19 no tiene en cuenta aspectos como el acceso limitado a las pruebas médicas, la tensión sobre los sistemas de salud o las muertes derivadas de las medidas de restricción. En resumen, la radiografía realizada por C-MOR reconoce que los países de todo el mundo carecen de una imagen precisa de la carga de mortalidad directa e indirecta por COVID-19.

Los investigadores de este consorcio internacional, entre ellos los pertenecientes a la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre del Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, respondieron a este problema mundial con el diseño de un proyecto a escala global que se centró en medir el exceso de mortalidad asociado a la COVID-19.

Los socios del consorcio recopilaron y analizaron cinco años de datos de mortalidad de fuentes principalmente primarias. Su trabajo y colaboración dieron sus frutos con un conjunto de datos global centrado en el exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia hasta agosto de 2020.

«A medida que las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes se vuelven más comunes, nuestros resultados brindan lecciones valiosas sobre el impacto que las epidemias pueden tener en las poblaciones y también ofrecen información sobre lo que se puede hacer para mitigar este impacto», comenta el profesor Pedro Arcos de la Universidad de Oviedo.

El estudio muestra que algunos de los 22 territorios habían aumentado el exceso de mortalidad por todas las causas (Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Irlanda del Norte, Escocia, España, Suecia, EEUU y Gales), algunos tenían un exceso de mortalidad insignificante (Austria, Cabo Verde, Colombia, Chipre, Estonia, Israel, Noruega, Eslovenia y Ucrania), y algunos incluso habían reducido el exceso de mortalidad (Australia, Dinamarca y Georgia).

La investigación permitió evaluar también el impacto de las medidas de restricción asumidas por las autoridades gubernamentales sobre el exceso de mortalidad. Los autores señalan que, con carácter general, los países con mayor exceso de mortalidad tendían a tener medidas de control limitadas o retrasadas y viceversa. Además, describe que los patrones de mortalidad encontrados en los casos de Australia, Cabo Verde y Colombia probablemente estén influenciados por el momento de la pandemia en estos países, con sus latitudes más al sur.

Estos resultados representan uno de los estudios más grandes y extensos de la mortalidad por la pandemia realizado hasta la fecha, que utilizó predominantemente fuentes nacionales y primarias, a diferencia de los conjuntos de datos disponibles públicamente. El trabajo del consorcio sigue en marcha.

El profesor Pedro Arcos y el doctor Ángel Fernández, investigador de la Universidad de Oviedo, coinciden en señalar que «el consorcio está recopilando activamente datos de vigilancia precisos y oportunos. No solo continuaremos monitoreando el exceso de muertes, sino que también comenzaremos a estudiar la carga de morbilidad por COVID-19. Estos análisis nos ayudarán a comprender mejor y minimizar los efectos multidimensionales del virus en la salud», aseguran.

El Consejo de Ministros aprueba la venta sin receta de test de antígenos en farmacias

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que va a permitir la venta de test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, contra la COVID-19 en farmacias sin necesidad de receta.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha calificado esta decisión como «una medida muy reclamada y deseada», y ha felicitado al Ministerio de Sanidad por el acuerdo alcanzado con los colegios de farmacéuticos y la industria farmacéutica.

Rodríguez ha resaltado que con su venta sin receta se permite a los ciudadanos hacer, «a título personal, un ejercicio de prevención» ante posibles contagios. En cualquier caso, ha insistido en que si el test da positivo se debe acudir al centro de salud para «chequear de nuevo» el diagnóstico y poder registrarlo ante el sistema sanitario.

En comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias reivindicó la semana pasada que «se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia.

«La exigencia de prescripción constituía una barrera», admitió la ministra. Este Real Decreto-Ley recibió el pasado viernes 8 de julio el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado.

Darias justificó por qué en España han tardado tanto tiempo en llegar estas pruebas diagnósticas, en contraste con otros países europeos como Francia o Alemania, donde se pueden adquirir en farmacias, sin prescripción y a módicos precios, desde hace meses.

«Hasta que no teníamos la existencia de test de autodiagnóstico con marcado CE no podíamos autorizarlo. Estábamos esperando la llegada al mercado. Tan pronto llegaron nos pusimos en marcha con la tramitación del Real Decreto-Ley, que tiene su proceso. También estábamos esperando al dictamen del Consejo de Estado», explicó.

En la misma línea, Rodríguez ha esgrimido este martes que han tardado en llegar porque no estaban disponibles en formato de autodiagnóstico. «Una vez esos productos han estado disponibles por la industria y se ha armado el diálogo con las farmacias la posibilidad logística de organizarlo, se ha decidido poder traerlo. Es ahora el momento oportuno en cuanto a evolución de la industria en los productos que posibilitan el autodiagnóstico», ha resaltado.

Según las cifras aportadas por Darias, habrá disponibles hasta cinco test con marcados CE y otros 11 con marcado en Europa, mientras que otros 39 están en investigación.

«PRECIOS ASEQUIBLES»

Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo tiene «un interés muy importante» en que estos test tengan «precios asequibles para los consumidores». Misma afirmación realizó Darias, quien argumentó que el Gobierno va a «trabajar» para que estas pruebas tengan un «precio asequible».

«Vamos a trabajar para que sea un precio asequible para la ciudadanía de este país», anunció la ministra en rueda de prensa el pasado miércoles tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

DETALLES DEL REAL DECRETO

El borrador de la nueva norma de Sanidad, publicado en mayo, justifica que «la disponibilidad de pruebas de autodiagnóstico para la COVID-19 permitirá a la población general la realización de las pruebas sin la intervención de un profesional sanitario, lo que por un lado reducirá en cierta medida la presión asistencial de los centros sanitarios y permitirá la identificación rápida de sospechas de casos positivos».

De la misma forma, el Ministerio reconoce que la crisis sanitaria por la COVID-19 «hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y al mismo tiempo atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación».

«Teniendo en cuenta que la exigencia de prescripción para la venta al público de estos productos constituiría una importante barrera para su uso, es conveniente incluirlos entre los productos de autodiagnóstico exceptuados de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias», explicó el Ministerio en su borrador.

Respecto a la repercusión que para la economía pueda producir la aprobación del Real Decreto-Ley, Sanidad considera que «aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de identificar de forma rápida sospechas de casos positivos, ayudará a controlar eficazmente la progresión de la pandemia y, por lo tanto, a la disminución de las restricciones de movilidad y a la reanudación de las actividades normales.

Tras aprobarse esta norma, las pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 se unirán a otros test que tampoco necesitan receta, como los del embarazo y de la fertilidad, así como los destinados a la determinación de la glucemia o la detección del VIH. Al igual que estos productos, los test para detectar la COVID-19 podrán tendrán permitido realizar publicidad.

Andalucía insiste en apelar a la responsabilidad ante el aumento de contagios

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El delegado de Salud, Carlos Bautista, ha reconocido que los datos de contagios por COVID-19 son los mismos que en la tercera ola «que fue brutal» y, aunque ha dicho que «no están generando tanta repercusión hospitalaria, sí la tenemos», con personas «muy jóvenes» en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que ha apelado a «la responsabilidad de todo el mundo».

En respuesta a los periodistas tras una rueda de prensa, Bautista ha explicado que «no hay una repercusión clínica tan importante como en otras olas, pero tenemos contagiados en residencias de mayores que están vacunados, tenemos contagios con repercusión de gente vacunada», por lo que ha considerado que «la realidad es que tenemos que ser ahora más prudentes que nunca».

Así, ha indicado que los datos son consecuencia del «causa, efecto», señalando en primer lugar que «hemos tenido a la población joven todo el año muy bien cuidada por los docentes, sus familias, en los colegios», pero ha llegado el final de curso y «han cogido vacaciones, han quitado la obligación de la mascarilla y nos encontramos con la población joven en la calle relacionándose sin mascarilla, no hace falta que sea en botellón».

«Es una situación explosiva», ha aseverado, al unirse varias circunstancias como la presencia de la variante Delta, la no obligación de llevar mascarilla, con la que se ha mostrado en contra; y la mayor movilidad por el verano y por ser Málaga una zona turística.

Además, el delegado ha indicado que también están llegando menos vacunas, con lo que «podíamos estar vacunando a los jóvenes mayores de 18 años y no lo estamos haciendo porque faltan dosis». Con todo, «estamos en una situación compleja», ha manifestado.

«Se ha generado un pequeño cóctel explosivo y esos son los efectos y la realidad», ha insistido el delegado, quien ha explicado que el Gobierno andaluz «no tiene herramientas jurídicas ni legales para limitar la situación, no podemos poner toque de queda, no podemos obligar a poner la mascarilla, hay que apretar los dientes».

Ha indicado que en el Comité de Expertos de Andalucía, que se reúne este martes, «efectivamente se pueden tomar medidas de aforo y horarios, siempre pensando en el bien común, en los que estén ingresados en hospitales, que es lo que más nos preocupa, pero también en la población que necesita vivir de su pequeño negocio, bares u hoteles».

El Supremo juzgará desde el 21 de septiembre a Rodríguez (Podemos)

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el próximo 21 de septiembre, a las 10.00 horas, para el comienzo de juicio en el que se piden 6 meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 180 euros para el secretario de Organización y diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones; así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó durante una protesta en La Laguna (Tenerife) en 2014.

Además, la Sala admite en un auto todas las pruebas propuestas por la Fiscalía para celebrar en el juicio oral, entre ellas la testifical de tres policías que participaron en la protesta y sus partes médicos; mientras que rechaza las presentadas por la defensa de Rodríguez por considerar que no tienen relación con los hechos, no apreciarse su relevancia para el juicio o haber sido ya admitidas.

Entre estas pruebas están la testifical de dos sanitarias, la reproducción de vídeos de la protesta o las pruebas practicadas y la sentencia y dictada por un juzgado de Tenerife de la que dimana esta causa. Según el Supremo estas últimas, al proceder de otra sede judicial, no son valorables en el presente procedimiento.

Los hechos instruidos en el Supremo, dada la condición de aforado de Rodríguez, ocurrieron el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) con motivo de una manifestación contra el entonces ministro José Ignacio Wert durante la cual el hoy parlamentario presuntamente propinó una patada a un agente.

PROTESTA CONTRA WERT

En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, dado a conocer este martes, se relata que el 25 de enero de 2014 se organizó por las autoridades competentes un dispositivo policial en el centro de la localidad de La Laguna, con ocasión de la inauguración de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, a la que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Cultura José Ignacio Wert porque se tenía conocimiento de que se había convocado una manifestación bajo el lema «Rechazo a la LOMCE

Según el relato del Ministerio Público, unas 500 personas se reunieron tras el vallado trenzado próximo a la Catedral y protegido por efectivos policiales y comenzaron a gritar: «perros, hijos de puta», «quitaos de en medio, dejad a Wert en nuestras manos».

En un momento dado una mujer, auxiliada por otras personas, comenzó a cortar los lazos que aseguraban la valla, llegando a dejarla pasar por su edad, pero al negarse los Agentes a que accediera al interior del templo, volvió al otro lado del vallado, momento en el que el grupo, que había aumentado en unas doscientas personas, comenzó a lanzara los policías y diversos objetos, como piedras, botellas de agua y tomates.

En este contexto sitúa el fiscal a Rodríguez, a quien se acusa de propinar una patada a un policía que a consecuencia de la misma, sufrió una contusión en la rodilla izquierda, requiriendo asistencia y cinco días de recuperación.

Se le atribuye por lo tanto un delito previsto y penado en los artículos 550. 1 y 2 del Código Penal en la regulación dadaa tal precepto por el Código de 2015, por ser más favorable, y un delito leve de lesiones recogido en el artículo 147.2 del Código Penal, y se pide también que asuma las costas procesales.

LA DEFENSA NO VE ACREDITADA LA AGRESIÓN

La defensa del diputado, que aportó un soporte digital con la grabación de algunos momentos seleccionados de la manifestación en que se sitúan los hechos, solicita que se decretase el archivo de la causa acordándose el sobreseimiento libre por no haber quedado suficientemente acreditada la comisión de infracción penal alguna.

El magistrado que instruyó este asunto, Antonio Del Moral, justificó su decisión de sentarle en el banquillo en «las declaraciones del agente policial que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos».

Durante su declaración ante Del Moral el pasado 4 de marzo, Rodríguez negó los hechos por los que fue imputado y enmarcó las investigaciones en su contra en «la criminalización de la protesta social».

El dirigente ‘morado’ sostiene que se limitó a participar «junto a miles de canarios en una manifestación por la educación pública y contra los recortes», aseverando que «ni siquiera estaba en ese momento» en el que se produjeron las agresiones a los agentes.

Castilla y León pide a la ciudadanía que se autoimponga un toque de queda

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La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha pedido a la ciudadanía que se autoimponga un toque de queda de entre la 1.00 y las 6.000 horas de la madrugada para evitar una mayor propagación del virus, al tiempo que ha recomendado que se limite «al máximo» el contacto social dada la situación actual de trasmisión comunitaria en la Comunidad.

Casado ha comparecido junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para explicar las nuevas medidas adoptadas por la Junta para intentar frenar el volumen de contagios de esta quinta ola y ha precisado que «la pandemia no ha terminado», a lo que ha sumado que «nadie está libre de todo riesgo».

Ante esta situación, la consejera ha defendido que las medidas adoptadas por la Junta y que se basan en el cierre de las barras en hostelería, el cierre del interior del ocio nocturno, limitación a 10 personas por mesa, cierre de establecimientos a la 1.30 horas y cierre de parques en la madrugada tienen como objetivo paliar el nivel de contagios ante la imposibilidad de poder aplicar un toque de queda.

No obstante, ha reseñado que esta medida, junto con la mascarilla y la vacunación son las acciones que se han demostrado efectivas para paliar este virus, por lo que ha pedido a la población «responsabilidad», la autoimposicion de toque de queda y uso de mascarilla.

Casado ha insistido en que la quinta ola ha tenido una «abrupta explosión» con casos de personas de entre los 14 y los 29 años que, en este caso, era población no inmunizada, algo que se ha propiciado por la «relajación de las medidas» y la presencia de nuevas variantes más contagiosas.

De este modo, la consejera ha defendido que cada ola ha sido diferente a la anterior y, en esta ocasión, el semáforo que fue «útil» en olas anteriores no lo es dada la tipología del contagio que está relacionada con los grupos etarios y el ocio nocturno.

Esta situación ha obligado a la Junta a centrar las medidas en esos tramos de edad más afectados y no aplicar acciones de forma indiscriminada. «No nos parece concordante medidas como puede ser el cierre del turismo rural sin tener una implicación directa con esta nueva ola».

En su explicación, la consejera ha señalado que el 6 de julio se comenzó a vislumbrar esta quinta ola, lo que llevó a la Junta a reclamar a Gobierno central la implantación de un toque de queda, algo que finalmente no se llevó a efecto y que, además, desaconsejaron los servicios jurídicos de la Junta cuando se les consultó para imponerlo en la Comunidad.

«No tenemos un paraguas jurídico», ha lamentado Casado, quien ha defendido la decisión del Ejecutivo de imponer medidas quirúrgicas para atajar el volumen de contagios. «La transmisión en comunitaria, no afecta sólo a jóvenes, pedimos la colaboración de todos los ciudadanos para que se apliquen todas las medidas de prevención posible», ha señalado.

«No podemos bajar la guardia», ha reclamado la consejera, quien ha asegurado que la Junta sigue identificando a contactos, cuarentenando y aislando posibles contactos.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta ha defendido que la intención de la Junta es intentar mantener un «equilibrio sensato» entre las medidas y la situación actual que pasa por incrementos de contagios en todos los grupos de edad. «Esta circunstancia nos ha hecho tomar este conjunto de medidas que se acordaron ayer Consejo de Gobierno».

Igea ha aprovechado su intervención para reclamar a los ciudadanos que extremen la responsabilidad individual, al tiempo que ha pedido a ayuntamientos y autoridades locales su máxima colaboración para lograr el cumplimiento de las normas, un ruego al que ha sumado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de que sean «rigurosos» con la tramitación de las denuncias en el caso de que haya infracciones.

«Vamos a seguir tomando decisiones e intentar que no paguen justos por pecadores en el incumplimiento de las normas», ha zajando.

La investigación del crimen de Samuel Luiz continuará bajo secreto

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La Audiencia Provincial de A Coruña ha decretado que la investigación del crimen de Samuel Luiz, sucedido en la madrugada del pasado 3 de julio en el paseo marítimo de A Coruña, debe continuar bajo secreto de sumario, tal y como ordenó la jueza instructora tras lo hechos que le costaron la vida a este joven de 24 años.

De esta forma, la Audiencia estima el recurso interpuesto por la Fiscalía y deja sin efecto el auto dictado el 14 de julio por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña que levantaba el secreto de las actuaciones.

Esta medida, que es temporal, impide a las partes personadas en el caso acceder al contenido de las diligencias de investigación practicadas hasta el momento. En la actualidad hay tres jóvenes en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la paliza que le costó la vida a Samuel Luiz.

Además, dos chicos que no alcanzan la mayoría de edad –uno de ellos con antecedentes penales– ingresaron en un centro de menores. Una sexta detenida, una mujer de entre 20 y 25 años, fue puesta en libertad condicionada a comparecencias regulares en el juzgado.

Públicamente, al menos el abogado de uno de los chicos que permenece encarcelado ya reclamó el levantamiento del secreto de sumario, pero la Audiencia Provincial apuesta por que la partes no puedan acceder al contenido de las diligencias hasta que se lleven a cabo las testificales de las personas que presenciaron la paliza.

GRAVEDAD DEL DELITO

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal tiene en cuenta para mantener la medida «la gravedad del delito principal objeto de investigación, la pluralidad de implicados y la existencia de una serie de diligencias de investigación policiales y judiciales pendientes de práctica y de carácter indudablemente urgente».

Además, indica en el auto que esta situación de secreto «debería prolongarse, al menos, hasta que se realicen los actos de instrucción sustanciales», entre ellos las testificales de las personas que presenciaron los hechos.

El secreto, según la Audiencia, es necesario para «velar por el adecuado desarrollo de la instrucción, garantizando las fuentes de prueba, la plena normalidad de su desarrollo y evitando situaciones de riesgo para la pluralidad de los testigos pendientes de prestar declaración». Así, el tribunal advierte de que la labor de indagación policial «no está concluida».

Los magistrados explican en el auto que la figura del secreto de las actuaciones, como toda norma limitativa de los derechos fundamentales, es temporal y, en este caso, necesaria. Por ello, recuerdan que la «limitación temporal del ejercicio del derecho de defensa» está destinada «a establecer precauciones de salvaguarda cuando la intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar lugar a interferencias, manipulaciones u obstaculizaciones de investigación».

Además, matizan que la medida es «necesaria, excepcional, temporal y prorrogable, de forma que la operatividad del derecho de defensa no quede relegada al juicio oral».

El FROB no desinvirtió en Bankia por la fusión y por el impacto de la pandemia

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El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) descartó desinvertir en Bankia debido al proceso de fusión con CaixaBank, a las valoraciones del sector bancario afectadas por la pandemia de Covid-19 y por la presión del entorno de tipos bajos de interés, según se detalla en su Memoria de Actividades de 2020.

En concreto, explica que durante 2020 se analizó «continuamente» la situación del mercado, apoyándose, además, en los análisis de los bancos de inversión que forman parte de un panel seleccionado al efecto y en la opinión experta de su asesor.

«La conclusión de dicho análisis ha sido que, debido a que la entidad estaba en medio de un proceso de integración en CaixaBank, que las valoraciones de mercado del sector bancario se han visto afectadas por la pandemia y sus efectos sobre la economía y continúan sometidas a la presión del entorno de bajos tipos de interés, no se han dado las condiciones adecuadas para proceder a una nueva operación de venta de títulos», señala al respecto.

Así, el organismo considera como «gran hito» de 2020 la fusión entre Bankia –donde el organismo tenía una participación de más del 61% a través del grupo BFA– y CaixaBank. En la actualidad, el Frob retiene un 16% del capital social de la nueva entidad resultante de la operación.

Además, recuerda el nombramiento de Teresa Santero Quintillá como consejera dominical de BFA en el consejo de administración del banco fusionado.

‘CASO POPULAR’

Asimismo, el FROB recoge las novedades en la resolución europea sobre el ‘caso Popular’. En concreto, recuerda que el 18 de marzo de 2020 la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó su decisión final por la cual concluyó que los accionistas y acreedores de Banco Popular «no recibieron peor tratamiento» como consecuencia de la decisión de resolución de la entidad adoptada por la JUR el 7 de junio de 2017 que el que habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada conforme al procedimiento concursal ordinario español.

Sobre esta base, la JUR decidió también que los accionistas y acreedores afectados por la referida decisión de resolución «no tenían derecho a indemnización» por parte del Fondo Único de Resolución.

El FROB recuerda, sin embargo, que sigue pendiente la tramitación de los procedimientos mediante los que se recurre la resolución del organismo del 7 de junio de 2017, por la que se adoptaron «las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR sobre la resolución del Banco Popular Español».

Esos recursos continúan suspendidos en espera de que recaiga una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la JUR y que dependen del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

BANCO VALENCIA

Por otro lado, ha informado de que debía abonar a CaixaBank 16,7 millones de euros antes del 30 de junio de 2021 en virtud del Esquema de Protección de Activos (EPA) de Banco Valencia, absorbido por la entidad catalana en 2012.

En la memoria explica que el 27 de noviembre de 2012, el FROB concedió un EPA al comprador de Banco de Valencia, Caixabank, con vencimiento el 30 de septiembre de 2022, por el que se cubre el 72,5% de las pérdidas que puedan derivarse de una cartera cerrada de activos que ascendía inicialmente a 6.424 millones de euros, con un umbral de primera pérdida por importe de 402 millones de euros.

Sin embargo, como consecuencia de dos reducciones y una subsanación de perímetro realizadas en abril y agosto de 2013 y en octubre de 2016, respectivamente, estos importes pasaron a ser de 5.192 millones de euros y 212 millones de euros, respectivamente.

En la memoria informa de que en el ejercicio 2020 se han liquidado pérdidas netas por importe de 23 millones de euros. «En tanto que el umbral de primera pérdida fue consumido al cierre del ejercicio 2017, estas pérdidas incurridas suponen que el FROB debe abonar a Caixabank, de acuerdo con el ‘Protocolo de Medidas de Apoyos Financieros en el marco del Plan de Resolución de Banco de Valencia’, 16,7 millones de euros antes del 30 de junio 2021.

Este importe se suma a los 112,5 millones de euros que, a 31 de diciembre de 2020, el organismo había abonado a Caixabank por la garantía del EPA.

Por otra parte, la memoria señala que desde el inicio del EPA se han percibido cerca de 3,1 millones de euros en concepto de comisión anual del mismo.

ERC pide derogar la vigente Ley de Seguridad Nacional

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Esquerra Republicana (ERC) ha pedido este martes derogar la vigente Ley de Seguridad Nacional, que data de 2015, mientras que la CUP y el PDeCAT han avanzado su rechazado a la nueva norma que en este ámbito está promoviendo el Gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado que su grupo ha presentado una proposición de ley para suprimir la actual Ley de Seguridad Nacional que, a su juicio, «atenta de manera clara contra derechos fundamentales».

En su iniciativa, los independentistas catalanes justifican la necesidad de ‘liquidar’ la citada norma porque es un texto jurídico «inexplicable y confuso» en tanto que interpreta la seguridad nacional como un concepto constitucional «cuando la Constitución de 1978 no recoge tal concepto».

«RETUERCE» EL ESTADO DE DERECHO Y ES UN «EXPOLIO» COMPETENCIAL

ERC también critica que el Gobierno, «sin previa consulta o deliberación previa» del Parlamento, pueda actuar vía real decreto cuando la situación sea interés para la seguridad nacional por la gravedad y la urgencia de sus efectos.

«Un retorcimiento del Estado derecho — a su juicio– que avala intervenciones excepcionales para situación de contestación social y que es digno instrumento ejecutorios de la llamada Ley Mordaza».

Y cuestiona, además, que la norma otorgue facultades a su juicio «exorbitantes» a la Presidencia del Gobierno y al Consejo de Seguridad Nacional para la absorción y centralización de todos los medios materiales y personales de las comunidades autónomas e incluso locales, «relegando» a éstas a un mero papel de «espectador».

Ello supone, para Esquerra Republicana, «un expolio competencial» además de un «menoscabo» a la autonomía política de comunidades como Cataluña y Euskadi, que cuentan ya con sus propias policías autonómicas.

«UN CATÁLOGO PELIGROSO DE REGRESIONES DEMOCRÁTICAS»

De su lado, tanto la CUP como el PDeCAT ya han avanzado su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Nacional que persigue reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis. Entre otros aspectos, permitirá movilizar a los españoles en caso de crisis, intervenir empresas y requisar bienes.

A este respecto, el diputado de la CUP, Albert Botrán, se ha mostrado contrario a una norma que, a su juicio, supone «un giro autoritario del Estado» porque ofrece «un catálogo peligroso de regresiones democráticas».

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, quien ha avanzado que si el Gobierno no modifica los puntos que restringen fuertemente las libertades de los ciudadanos o el acceso a su patrimonio, la norma no podrá contar con su apoyo.

Sánchez viaja hoy a EEUU para situar a España en el «radar» de las inversiones

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a Estados Unidos para iniciar una gira económica por Estados Unidos, con parada en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco entre los días 21 y el 23, y que tiene como objetivo situar a España y a sus empresas en el «radar» de las inversiones y las oportunidades de negocio que se abren con el fin de la pandemia y la llegada de la recuperación.

Para ello, Sánchez se reunirá con destacados empresarios y representantes del sector financiero, tecnológico y audiovisual, pero no se verá ni con el presidente estadounidense, Joe Biden, ni con nadie de su administración, al tratarse de un viaje con un enfoque exclusivamente económico.

NO SE HA PEDIDO REUNIÓN CON BIDEN

Es más, fuentes gubernamentales explican que desde el Ejecutivo ni siquiera han solicitado a la Casa Blanca que se produjeran este tipo de encuentros políticos, por la importancia que le dan al carácter económico de la gira y a la agenda «de primer nivel» que tendrá el presidente en este sentido.

En esa agenda figuran en Nueva York reuniones con el cofundador de Bloomberg, Michael Bloomberg, con el consejero delegado de BlackRock, Larry Finck y con representantes de JP Morgan, Goldman Sachs o Soros Fund Management, entre otros.

En Los Ángeles, Sánchez visitará la sede de la NASA y los estudios de Universal, donde se verá con ejecutivos del mundo audiovisual, como Netflix o HBO. Y por último, en San Francisco, en Silicon Valley, se reunirá en la sede de Apple con su director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y se verá con los CEO de HP, Microsoft, Intel, PayPal y Qualcomm, en el garage donde el fundador de HP ideó la compañía.

Desde Moncloa defienden que el viaje se justifica por sí mismo tal y como está enfocado por expreso deseo del propio Sánchez, con la mente puesta en la atracción de inversiones de cara a la recuperación económica, y por tanto no se consideran necesarios en este caso los contactos de carácter político con la nueva Administración.

«ES AHORA EL MOMENTO DE UN VIAJE ECONÓMICO A EEUU»

Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recién aprobado por Europa, y con las empresas «a punto de tomar decisiones de inversión muy importantes», el Gobierno considera que es ahora el momento para hacer este tipo de viaje, y que ya habrá ocasión de seguir estrechando los contactos entre el Ejecutivo español y el estadounidense «más adelante.

Además, las fuentes consultadas recalcan que la relación con Estados Unidos es excelente y que hay contactos a distintos niveles, más allá de que no se produzca un encuentro a nivel presidencial, después del breve contacto mantenido por Sánchez y Biden durante la cumbre de la OTAN en Bruselas el pasado 14 de junio.

Sánchez estará acompañado en esta gira por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que llegará desde Whashington, donde ha pasado el fin de semana reuniéndose, ella sí, con sus homólogos del Gobierno estadounidense, como el secretario de Comercio. Además, en esta ocasión Sánchez se llevará a representantes de cinco startups: Redpoint, RatedPower, Adara Ventures, Wallbox y Carto.

La gira del presidente arranca este miércoles 21 en Nueva York a las 8.30 hora local –las 14.30 en España–, con una entrevista en directo para la MSNBC –la primera de varias que ofrecerá a medios estadounidenses–, y su primera jornada se centrará en contactos enfocados en el sector financiero y los fondos de inversión.

En concreto, mantendrá a las 10.30 –16.30 hora española– una reunión con inversores, y después un almuerzo de trabajo con el cofundador de Bloomberg, y una reunión con el consejero delegado de BlackRock. Tras estos encuentros, participa en una entrevista-coloquio organizada por Reuters, en el Instituto Cervantes de Nueva York. Por último, inaugurará la nueva sede de la Oficina Económica y Comercial deEspaña en Nueva York, en el icónico edificio Chrysler, antes de desplazase a Los Ángeles.

Su segunda jornada de la gira el jueves 22, ya en Los Ángeles, arrancará con una visita a las 9.30 horas –18.30 hora española– al Jet Propulsion Laboratory de la NASA, donde entre otras cosas se diseñan los Rovers que viajan a Marte, como el Perseverance y el Curiosity, con algunas piezas fabricadas en España.

Después se desplazará a la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) para participar a las 12.00 horas –21.00 hora española– en el acto ‘Presencia del español y sus culturas en Estados Unidos’. Tras el acto, Sánchez será entrevistado en la cadena CNN en español.

Esta cita llega precisamente una semana después de que el Gobierno haya aprobado la creación en esta ciudad de una nueva sede del Instituto Cervantes, que pueda llegar a ser «la casa del hispano» en Los Ángeles. Según Moncloa, se espera que Estados Unidos sea el segundo país en cifra de hispanohablantes para 2060 por detrás de México.

En la que es la meca del cine la agenda también estará enfocada al sector audiovisual, con la vista puesta en resaltar las virtudes que ofrece España para este sector, tras el reciente impulso del Plan de Impulso al Sector Audiovisual, para convertir el país en un Hub Audiovisual. Para ello, el presidente visitará los estudios de Universal, mantendrá un encuentro con los CEOs de Netflix, HBO, Disney, Warner y Activision, y participará en el evento España hub audiovisual.

La última etapa de la gira será el viernes 23 en San Francisco y, en este caso, el interés estará enfocado al sector tecnológico, dado que allí se encuentra Silicon Valley y tienen su sede las principales empresas del sector. Allí Sánchez visitará la sede de Apple, y se verá con Tim Cook. También tiene previsto un almuerzo con los CEO de Intel, PayPal, Qualcomm, Levi’s y Microsoft, organizada por el CEO de HP en The HP garage, el garaje de Silicon Valley en el que se ideó la compañía y que hoy es un museo.

En cuanto a los asuntos a tratar en los contactos, que estarán enfocados en el sector privado, las fuentes aseguran que no hay ningún tema tabú a abordar, lo que incluye la conocida como ‘tasa Google’, si bien inciden en que no es una cuestión a debatir.

De hecho, Moncloa ha querido dejar claro que Sánchez no acude a esta cita con propuestas fiscales para atraer las inversiones, ya que es el presidente de un Gobierno «serio», que no va ofrecer intercambios «detrás de las cortinas», sino a exponer las oportunidades de negocio que ofrece España gracias al plan de recuperación y transformación que ya ha sido aprobado por Bruselas.

Por último, Sánchez ofrecerá a las 14.30 horas –23.30 hora española– una entrevista con Bloomberg Technology, antes de desplazarse al campus de HP para reunirse con inversores y emprendedores españoles. Sánchez cerrará su gira con una comparecencia ante los medios desde el campos de HP, prevista para las 17.00 horas, las 2.00 de la madrugada en España.

Los magistrados discrepantes del TC defienden la proporcionalidad del estado de alarma

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Los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron en contra de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos del decreto de estado de alarma de marzo de 2020 coinciden en sus argumentos en defender la proporcionalidad e idoneidad del instrumento elegido por el Gobierno para imponer limitaciones de derechos como el de circulación o reunión que se impusieron para hacer frente al coronavirus. Por contra, la mayoría dictaminó que lo que hubo fue una restricción de «alta intensidad» de derechos que hubiera requerido un estado de alarma.

Se de la circunstancia de que la sentencia, que se notificó a las 22 horas de este lunes, no incluye uno de los cinco votos discrepantes, el del magistrado Juan Antonio Xiol, que ha pedido un par de días más para terminar de redactar su escrito, según fuentes de este órgano. Finalmente, y ante el interés del presidente Juan José González Rivas de notificar una resolución parte de cuyo contenido se había filtrado el pasado viernes, se decidió notificarla a última hora de ayer sin esperar al magistrado progresista.

Por lo que respecta al resto de discrepantes, cada uno ha elaborado su propio voto particular. Para la progresista María Luisa Balaguer se daban las circunstancias propias de la declaración del estado de alarma, «de modo que el instrumento elegido por el ejecutivo nacionalfue el constitucionalmente adecuado», sin perjuicio del análisis que se pueda hacer sobre las medidas y sus efectos sobre la restricción, más o menos intensa, al ejercicio de determinados derechos fundamentales

Discrepa de sus compañeros porque, entre otras razones, en su apreciación olvidan que la restricción de movimientos no fue absoluta, en la medida en que se contemplaban un elevado número de excepciones y de razones que justificaban la salida del domicilio.

También destaca esta magistrada la «deferencia con el ejecutivo y con el Congreso de los Diputados que ratificó la decisión llegado el momento, autorizando la prórroga, y que actuaban en ejerciciode las funciones que la Constitución reconoce a cada uno de estos poderes». Adoptaron estas decisiones, además, «contando con la información escasa y disponible en ese momento, decisionespertinentes y adecuadas al principio de precaución previamente referido».

Así, concluye que la restricción de la libertad deambulatoria contenida en el artículo 7 del real decreto «pese a ser severa, no resultaba desproporcionada, teniendo en cuenta la necesidad degarantizar el derecho a la salud de la ciudadanía en el contexto de desabastecimiento de equipos médicos, materiales y humanos, existente en el momento en que se adoptaron las medidas cuestionadas, y la situación equivalente que se estaba viviendo en todos los países de nuestroentorno».

CONDE-PUMPIDO

Por su parte, el magistrado Cándido Conde-Pumpido mantiene en su voto particular su fuerte oposición a la postura mayoritaria, defendida por seis de los magistrados, de la que afirma «no resuelve, sino que crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma».

A juicio del magistrado la construcción doctrinal de la sentencia podría suscitar «en un inadvertido lector la impresión de que lo que se consigue con la misma es una mejor garantía de los derechos, pues sesomete al Gobierno a un control parlamentario desde el primer momento en el que se produce la restricción de aquellos».

POSICIÓN DEL PRESIDENTE

En opinión del presidente del TC, que votó con la minoría, fueron constitucionalmente admisibles aquellas medidas que limitaron la libertad de circulación, «pues no suprimían el ejercicio del derecho y eran proporcionales en la consecución del objetivo público que las justifica».

Máxime, añade en su voto, «al tener en cuenta que la OMS, desde el primer momento (enero 2020) en una valoración científica y no política consideró como factores decisivos de la difusión del virus la movilidad y los desplazamientos, así como las reuniones privadas en grupos acumulados».

Abunda el presidente en que la libertad de circulación y de libre elección de residencia, con la utilización de conceptos formulados de modo abierto, «produjo el efecto de moderar el rigor de la restricción, que no puede ser calificada de cesación del ejercicio de los derechos o de suspensión de su vigencia, encuadrable en el estado de excepción».

González Rivas defiende también que el estado de alarma representó «una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal, produciendo un efecto dirigido a mantener el presupuesto ontológico de todas las manifestaciones humanas, que es la vida y los derechos fundamentales de ciudadanos afectados».

VISIÓN DE OLLERO

El magistrado Andrés Ollero, enmarcado en el ala conservadora, ha emitido otro voto particular desde «el máximo respeto» a sus colegas al «discrepar de la consideración mayoritaria de que, dada la intensidad de la limitación de derechos producida, habría tenido lugar de hecho una auténtica suspensión de los mismos que debiera haber obligado constitucionalmente a declarar un estado de excepción».

«La clave, a mi juicio, radica en que al declarar el estado de excepción se decide, a priori, afectar al contenido esencial de derechos fundamentales. Por el contrario, considero que el estado de alarma solo se convierte en inconstitucional cuando se detecta a posteriori –puede que incluso de modo cautelar– que la limitación de los derechos en las previsiones de la norma o en la aplicación a un caso concreto es desproporcionada, afectando por tanto a su contenido esencial», resume.

Ollero argumenta asimismo que el estado de excepción «tiene claros precedentes referidos a problemas de orden público con notorias connotaciones políticas», mientras que «el de alarma remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia».

PREMISAS INCORRECTAS

Además, cree que el estado de excepción por el que aboga la sentencia del TC es «deudor» de algunos puntos de partida que no comparte. En primer lugar, que se debería haber examinado todo lo ocurrido en «una visión de conjunto», lo cual avisa de que excedería los límites del recurso planteado por Vox.

El segundo supondría entender los estados de alarma, excepción y sitio como «una escala progresiva de mayor incidencia sobre los derechos de los ciudadanos», mientras que la tercera premisa implicaría marcar diferencias entre «los derechos fundamentales clásicos» y los considerados económicos, sociales y culturales.

«No me parece acertado pretender identificar con los derechos fundamentales, proclives –como ha señalado la doctrina– a un juego normativo o todo o nada, a derechos de diversa estructura, pero tampoco dar por hecho que las medidas exigidas por la protección de estos últimos no pueden –aun sin desbordar la obligada proporcionalidad– superar la incidencia práctica de los anteriores», señala.

Apunta además que el estado de excepción obliga a fijar la duración del mismo, sin que pueda exceder de 30 días prorrogables por el mismo tiempo.

De haber sido así, esgrime, se habría transmitido a la población la idea de que se podía poner fin a la pandemia «en uno o dos meses». Aunque a lo largo del estado de alarma se han escuchado «no pocas majaderías, incluso de portavoces autorizados», «no se llegó a este extremo», concluye. Y habría que hacer una «interpretación tortuosa» para esquivar este precepto constitucional.

La Federación Española del Reciclaje garantizar el libre comercio de las materias secundarias

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La Federación Española del Reciclaje (FER) pide al Gobierno que implante medidas para garantizar el libre comercio de materias primas secundarias en la modificación del Reglamento de traslados de residuos de la Unión Europea, porque considera que restringir la exportación de materiales reciclados fuera de Europa que cumplan con los estándares de calidad frenaría la competitividad de las empresas recuperadoras, impediría cumplir con los objetivos de la UE y ralentizaría la transición hacia la economía circular.

La reclamación llega tras la publicación de la propuesta de modificación del Reglamento 1013/2006 sobre traslados de residuos por parte de la Comisión Europea, que se publicará después de verano, establecerá un nuevo escenario para las exportaciones de materias primas secundarias.

A juicio de la FER, este reglamento podría suponer «nuevas trabas» al comercio internacional de materiales reciclados. Si bien, la directora general de la FER, Alicia García-Franco, admite de que el reglamento actual tiene «graves deficiencias, como procedimientos muy largos, enrevesados, costosos y anticuados, además de notables carencias en la armonización entre los países».

La también vicepresidenta de la Confederación Europea de Industrias del Reciclaje (EuRIC) señala que de acuerdo con los datos de Eurostat, la industria europea sigue siendo principalmente lineal, con solo el 12 por ciento de las materias primas que utiliza provenientes del reciclaje, como así se destaca en el Pacto Verde Europeo.

De este modo, ha reclamado cambios en la modificación de la normativa que sean «de gran alcance» para incentivar las cadenas de valor circulares, alinear los procedimientos de envío de residuos con los objetivos establecidos por el nuevo Plan de Acción de Economía Circular y abordar de manera más efectiva los traslados ilegales.

No obstante, alerta de que para la industria europea del reciclaje sospecha que entre las modificaciones al Reglamento se incluirán restricciones o prohibiciones a la exportación de residuos fuera de la zona euro.

«Se podría pensar que cerrar las fronteras a las materias primas secundarias contribuirá a aumentar la proporción de material reciclado y a disminuir la proporción de materias primas extraídas, pero tal premisa jamás se cumplirá si antes no se consigue que las materias primas secundarias sean más baratas que las materias primas vírgenes y no se aumente la capacidad y el número de instalaciones de producción y aplicaciones que usen materias primas secundarias, tales como la granza de plástico, la chatarra o el caucho granulado», alerta.

En todo caso, asegura que si se limita el libre comercio de materias primas provenientes del reciclaje, «se frenará la competitividad de la industria del reciclaje europea».

Por ello, solicita que antes de implantar una «decisión tan radical» sería más positivo establecer antes requisitos más estrictos para evitar las exportaciones de residuos sin procesar y/o tratar a países no pertenecientes a la OCDE, así como distinguir claramente los residuos que no se han tratado de las materias primas secundarias que sí han sido procesadas, una cuestión fundamental para lograr unas condiciones equitativas respecto a las materias primas vírgenes».

En este contexto, recuerda que las materias primas secundarias procedentes del reciclaje pueden sustituir a las materias primas vírgenes en los procesos de producción, por lo que reclama «incentivos para que compitan en precio, cantidad y calidad».

El Ministerio de Consumo actualizará sus sanciones al mundo digital

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la entrada a trámite del anteproyecto del texto refundido Ley del Ministerio de Consumo, que dotará al organismo de un régimen sancionador que le permitirá actuar ante fraudes masivos en varios países y actualizar el régimen de sanciones al mundo digital.

En concreto, el Ministerio dirigido por Alberto Garzón tendrá competencia sancionadora en fraudes masivos que afecten a varios países o a la unidad del mercado y a la competencia o cuando el infractor no esté localizado en España en materia de comercio electrónico.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la importancia «crucial» del nuevo régimen sancionador, que corregirá la «asimetría de poder entre grandes operadores y las personas consumidoras».

Garzón ha mostrado su esperanza de que el nuevo régimen sancionador actúe como desincentivo a la hora de cometer fraudes y abusos y ha deseado que «no haga falta utilizarla».

Las nuevas sanciones máximas que podrá imponer el Estado serán de un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de las infracciones cometidas en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las empresas cuando cometan infracciones en varios estados miembros.

En el régimen sancionador, se contemplan distintos aspectos de clasificación de las infracciones por gravedad, por los sujetos responsables, así como las fechas de prescripción y caducidad.

Para la cuantificación de la multa se tendrá en cuenta la capacidad económica del responsable, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el carácter continuado de la infracción, el número de consumidores afectados o el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.

Además de cuantías económicas, existirán sanciones accesorias como el comiso de las mercancías, el cierre de los establecimientos por un plazo de hasta cinco años y la publicidad de las sanciones impuestas, de cara a incidir en su carácter disuasorio.

Entre otras cuestiones, serán sancionables por el Estado los incumplimientos o trasgresiones de los requisitos para evitar contaminaciones o conductas nocivas que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública, así como a alteración y adulteración de la composición y calidad de los bienes y servicios.

Asimismo, estarán sujetas al nuevo régimen sancionador la introducción o mantenimiento de cláusulas abusivas en los contratos, la obstaculización del derecho a poner fin a un contrato o causar baja en un servicio, los incumplimientos en el etiquetado o la facturación de productos y servicios no contratados.

NUEVAS SANCIONES PARA EL MUNDO DIGITAL

Entre las nuevas infracciones contempladas por la ley, se encuentra por ejemplo la persecución de la reventa de entradas a espectáculos mediante bots, que, en espectáculos en los que se anticipa un lleno, impiden a los consumidores acceder al mercado con normalidad abocándoles a una reventa más cara, y gestionada por ellos, si quieren asistir al evento.

Por primera vez, también se recogerá la prohibición de la publicidad encubierta en redes sociales, hasta ahora no regulada expresamente, y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en Internet.

El empresario será el responsable de garantizar que las reseñas que aparecen proceden de consumidores o usuarios que han adquirido el bien o utilizado el servicio y, en caso de incluirse estas valoraciones sin comprobar que el usuario es comprador, será considerado una práctica desleal.

En el caso de que estas ventas sean medidas por una plataforma o ‘marketplace’, como Amazon y Aliexpress, será esta la encargada de verificar la reseña, según han explicado en fuentes del Ministerio de Consumo.

OBLIGACIONES PARA BUSCADORES

Asimismo, se harán controles para comprobar que los buscadores ‘online’ como Google identifiquen como publicidad pagada las ocasiones en la que otorgan puntuaciones o valoraciones superiores a bienes o servicios previo acuerdo con la empresa en cuestión.

Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados.

En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho.

CARÁCTER EUROPEO

Con esta medida, se inician los trámites para transponer al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/216, con lo que muchas de sus medidas están ligadas a la protección de los consumidores a nivel europeo.

Entre estos aspectos, se encuentra la primera regulación de la calidad dual de los productos, ya que se considerará por primera vez como desleal comerciar un bien como idéntico si los productos son diferentes.

Con esta medida, se busca evitar que se comercien productos iguales cuya calidad sea distinta en distintos países, una demanda de países del Este de Europa como Polonia, que ha denunciado estas prácticas por parte de algunas multinacionales.

Tambien se actualizará el concepto de mercado en línea para que sea neutral desde el pnto de vista tecnología y se incluirá la obligación de especificar antes de ofrecer una transacción si quien está detrás es un particular o una empresa.

En el caso de particulares, debe constar la mención expresa de no aplicación de la normativa de defensa de los derechos de consumidores o usuarios al contrato.

De otro lado, estas webs tendrán que informar del reparto de responsabilidades contractuales entre el tercero que ofrece el bien o servicio y el proveedor del mercado en línea.

FACUA CELEBRA LA REFORMA

Facua-Consumidores en Acción ha celebrado la reforma que aseguran que lleva cinco años demandando.

La organización planteó al ministro cuando tomó posesión de su cartera esta cuestión, ya que era parte del programa electoral de Unidas Podemos desde 2015.

El colectivo ha recordado también que esta nueva atribución estatal no significa que las comunidades autónomas pierdan su capacidad sancionadora en los casos que afectan a sus habitantes.

Electrolux vuelve a beneficios en el segundo trimestre con 135 millones

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El fabricante sueco de electrodomésticos Electrolux se anotó un beneficio neto de 1.383 millones de coronas (134,9 millones de euros) en el segundo trimestre de 2021, frente a las pérdidas de 141 millones (13,8 millones de euros) del mismo periodo del año pasado, según se desprende de las cuentas trimestrales que ha publicado este martes la compañía.

Entre abril y junio, la empresa registró unas ventas netas de 30.303 millones de coronas (2.955,4 millones de euros), un 29,1% más que en el mismo periodo del año pasado. El abultado cambio se debe en parte al impacto de la pandemia, que durante el segundo trimestre de 2020 tuvo un mayor impacto en el comercio minorista.

Por áreas geográficas, las ventas en Europa fueron de 11.721 millones (1.141,1 millones de euros), un 31,9% más, mientras que en Norteamérica crecieron un 18,7%, hasta 10.132 millones de coronas (988,1 millones de euros).

De su lado, las ventas netas de Electrolux en América Latina fueron de 4.782 millones de coronas (466,4 millones de euros), un 69,5% más, al tiempo que en Asia-Pacífico, Oriente Próximo y África se situaron en 3.668 millones (357,7 millones de euros), un 13,6% más.

El coste de los productos vendidos en el trimestre fue de 24.260 millones (2.366 millones de euros), un 20,5% más que hace un año, al tiempo que los gastos de venta crecieron un 18%, hasta 2.883 millones de coronas (281,2 millones de euros) y los administrativos alcanzaron los 1.182 millones (115,3 millones de euros), un 8,7% más.

El presidente y consejero delegado de Electrolux, Jonas Samuelson, ha alertado de que la «eficiencia» de la producción se ha visto afectada por las entregas irregulares de componentes electrónicos. El ejecutivo ha asegurado que la empresa mantiene un «diálogo cercano» con sus proveedores debido a que los problemas de suministro tendrán una duración «incierta».

Además, la empresa ha indicado que planea subir los precios de sus productos de forma gradual durante lo que queda de año para reflejar los mayores costes de materia prima, componentes electrónicos y gastos logísticos.

En el conjunto de los seis primeros meses de 2021, el beneficio neto de Electrolux fue de 2.939 millones de coronas (286,6 millones de euros), un 24,2% más, tras un aumento del 18,5% de la facturación neta, hasta 59.329 millones de coronas (5.786,2 millones de euros).

Castilla y León suma 1.547 nuevos casos y dos fallecidos

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Castilla y León ha notificado este martes 1.547 nuevos positivos de COVID-19, para sumar un total de 267.490 desde el inicio de la pandemia, con dos nuevos fallecido para un total de 5.808, y 56 altas médicas más, 30.883 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Los fallecimientos en hospitales ascienden a 5.808, dos más que en el anterior parte, mientras que los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 511 –cuatro menos que en el anterior parte– y los casos positivos a ellos vinculados ascienden a 2.692 –45 más–.

De ellos, Ávila contabiliza 40 brotes –tres más que en el anterior parte–; Burgos, 22 –siete menos–; León, diez –uno menos–; Palencia, 18 –sin cambios–; Salamanca, 88 –cuatro más–; Segovia, 80 –uno más–; Soria, 87 –cinco más–; Valladolid cuenta con 65, cuatro menos, y Zamora, 99, siete menos.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 267.490 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 1.547 más en la última jornada. De ese total, 260.998 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

BURGOS SUMA 451 CONTAGIOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado desde el día anterior, con 451 casos para un total de 44.481; seguida por Valladolid, con 360 positivos más y 58.948 en total; León, con 200 más y 46.621; Palencia con 156 y un total de 21.877; Salamanca y Segovia, ambas con 84 casos más y, respectivamente, 35.672 y 18.836 en total; Ávila, con 77 más y 14.217; Soria, con 69 y un acumulado de 10.832; y Zamora, con 66 más y 16.006.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.808, después de que se haya registrado dos nuevos decesos en las provincias de Palencia y Valladolid. Del total, 1.186 corresponden a Valladolid, uno más; seguida por León, con 1.162; Salamanca, que tiene 843; Burgos, 718; Palencia, 455, uno más; Zamora, con 437; Segovia, con 371; Ávila, con 348, y Soria, con 288.

En el caso de las altas hospitalarias, estas suman un total de 30.883, 56 más desde el anterior parte, lo que supone la cifra más alta notificada en un día desde el pasado 11 de mayo. De ellas, se han computado 7.540 en Valladolid; 5.326 en León; en Burgos, 4.366; en Salamanca, 4.167; en Palencia, 2.331; en Zamora, 2.023; en Segovia, 1.970; en Ávila, 1.813, y en Soria, 1.347.

AUMENTAN LOS HOSPITALIZADOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad tienen ingresados un total de 428 pacientes con COVID-19, nueva más que el día anterior. De ellos, 60 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI) –dos más que en el anterior parte–, mientras que 368 se encuentran en planta, siete más.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias –todos los que tienen unidades de este tipo– y ocupan un 18 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, el mismo porcentaje que en la jornada precedente.

Así, se informa de 14 ingresados en el Complejo Asistencial de Burgos; nueve en los de León y Palencia así como en el Clínico Universitario de Valladolid; cinco en el Río Hortega de la misma ciudad; cuatro en el Complejo de Segovia; tres en el complejo Soria y dos en los de Ávila, Salamanca y Zamora.

Andalucía «se suma» a la petición para recuperar la obligatoriedad de la mascarilla

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Andalucía «se suma» a la petición que este martes ha realizado por carta el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que reforme su decreto para establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha dicho que «Andalucía se suma» a esa idea del lehendakari; en concreto, «a que el presidente del Gobierno se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia en nuestro país».

Y es que, según ha subrayado Bendodo, desde que decayó el pasado 26 de junio la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores siempre que se pudiera guardar la distancia mínima de seguridad interpersonal, los contagios «se han multiplicado» en el conjunto de España.

En esa línea, Bendodo ha considerado que el presidente Sánchez «antepuso sus intereses partidistas a los sanitarios anunciando el fin de la mascarilla obligatoria al aire libre cuando el virus nos ha demostrado que en cuestión de días cambia todo».

«Fue una decisión precipitada y no acertada», según ha remarcado el consejero portavoz, que ha recordado que desde la Junta sugirieron a los andaluces que «no dejaran de usar la mascarilla» pese a la decisión del Gobierno, y «los andaluces están siendo muy responsables», siguiendo usando las mascarillas «en la mayoría de espacios públicos».

Bendodo ha remarcado que la mascarilla se debe seguir usando «con más motivo ahora, cuando se han multiplicado los contagios», y ha dicho que «tendría sentido» que se recupere el uso obligatorio del que se ha demostrado como «la herramienta más eficaz para evitar contagios junto a la vacunación», según ha subrayado.

«Tiene sentido que la mascarilla se siga usando en cualquier sitio, porque se ha demostrado eficaz», según ha insistido el consejero portavoz, quien ha sostenido además que la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla ha sido uno de los casos en los que «se demuestra que el Gobierno central no ha liderado esta pandemia», porque la «inmensa mayoría» de los ciudadanos no se la quitó pese a la decisión del Ejecutivo, según ha puesto de relieve.

Euskadi eleva a 1.314 los contagios en un día y baja la positividad al 11%

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Euskadi ha registrado este pasado lunes 1.314 nuevos casos de covid-19, 304 más que un día antes, y la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas se ha reducido hasta el 11%, mientras que la incidencia acumulada sube a 585,99 casos por 100.000 habitantes en 14 días, 37 puntos más que el domingo, y alcanza los 3.562 casos entre los menores de 17 a 18 años, 251 puntos más que en la jornada previa.

En las UCI permanecen 44 pacientes, dos más que en la jornada previa, y en las últimas horas han ingresado en planta 48 personas con covid, 12 más que el domingo.

Según los últimos datos aportados por el Departamento vasco de Salud, durante la jornada de este pasado lunes se han realizado 11.944 pruebas diagnósticas (6.924 PCR y 5.020 pruebas de antígenos), por encima de las 7.927 del domingo, con un resultado de 1.314 nuevos infectados, frente a los 1.010 de la jornada anterior. De esta forma, la tasa de positivos respecto a las pruebas realizadas se ha reducido del 12,7% al 11%.

La tasa de casos positivos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes ha subido 37 puntos en la última jornada y se sitúa para toda Euskadi en 585,99 (era 548,34 el domingo). Entre los menores de 17 a 18 años este indicador sigue creciendo y alcanza los 3.562,81 casos (3.311,67 el domingo).

Este indicador, que se incrementa en los tres territorios, presenta la tasa más elevada en Guipúzcoa, con 674,85 casos este lunes (644,31 en la jornada anterior), mientras que en Vizcaya sube a 527,39 (483,88 un día antes) y en Álava es de 453,65 casos (428,82 en la jornada previa).

Por su parte, se ha reducido la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana), a 1,69 para el conjunto de Euskadi (1,72 en la jornada previa), y el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo ha descendido hasta 1,29 (era de 1,30 el día previo).

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 37,9%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 49,2% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

Por territorios, este pasado lunes se han detectado 694 nuevos positivos en Vizcaya, 215 más que el domingo, otros 440 en Guipúzcoa (42 más que en la jornada anterior) y Álava ha contabilizado 139 nuevos contagios (27 más que el día previo). A ellos, se suman 41 contagios entre personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 21 de la jornada precedente.

En el caso de Vizcaya, los municipios con más positivos este pasado lunes son Bilbao, con 204 y una tasa de incidencia al alza de 537,41 casos, Getxo con 63, Barakaldo con 59, Basauri con 28, Galdakao y Portugalete con 19 en cada municipio, Durango y Santurtzi con 18, y Leioa y Bermeo con 17.

En Guipúzcoa, San Sebastián contabiliza 130 positivos más y sube la tasa de incidencia a 655,19 casos, mientras que en Irún se han registrado 37 contagios más, otros 20 en Zarautz, 17 en Beasain y Tolosa, y 16 en Errenteria.

En cuanto al territorio alavés, Vitoria suma 98 positivos y sitúa la tasa de incidencia en 454,28, mientras que en Amurrio se han registrado nueve contagios más y ocho en Llodio.

MUNICIPIOS EN ROJO

Con los datos de esta pasada jornada, 58 poblaciones de más de 5.000 habitantes presentan tasas acumuladas superiores a los 400 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes. En concreto, las guipuzcoanas de Andoain, Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Deba, Eibar, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Mutriku, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Villabona, Zarautz, Zumaia y Zumarraga, así como su capital, San Sebastián.

También están en ‘zona roja’ los municipios vizcaínos de Abadiño, Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Balmaseda, Barakaldo, Basauri, Berango, Bermeo, Durango, Elorrio, Erandio, Galdakao, Getxo, Gorliz, Güeñes, Leioa, Lekeitio, Mungia, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran y Zalla, a los que se suma su capital, Bilbao, así como los alaveses de Amurrio y también su capital, Vitoria.

HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta 48 personas con covid durante el lunes, lo que supone 12 más que en la jornada anterior, y son 174 las personas hospitalizadas en planta, diez más que en el día previo.

Además, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales vascos hay 44 camas de críticos ocupadas por pacientes con covid, dos más que el día previo.

EDADES

Por edades, el mayor número de nuevos contagios se produce en la franja de edad de entre 19 a 39 años (643 positivos), seguidos de los menores de 18 años (341) y de las personas de entre 40 y 64 años (243 casos). Los mayores de 65 años contabilizan 77 casos, de los que 24 superan los 80 años.

La tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes más elevada se da entre la franja de edad de 19 a 39 años (1.340,02). Por el contrario, la más baja es la de la población de 65 a 79 años (con 113,31). En concreto, entre los jóvenes de 17 a 18 años este indicador es de 3.562,81 casos, 251 puntos más que en la jornada anterior.

Urkullu pide a Sánchez por carta que obligue a usar mascarilla

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El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente Pedro Sánchez por carta que reforme su decreto para establecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Además, le ha reclamado que «con carácter urgente», a poder ser, esta misma semana, dote a las comunidades autónomas de medidas con «seguridad jurídica» para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en una comparecencia celebrada este martes ante los medios de comunicación en Vitoria tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Concluido el encuentro, el propio lehendakari ha informado a sus consejeros que este pasado lunes remitió a Sánchez una misiva en la que le transmite su preocupación por los efectos que el Real Decreto del pasado 24 de junio sobre la flexibilización del uso de la mascarilla «han tenido», ya que en «muchos casos» ha conllevado que se haya dejado de utilizar, «aunque no fuera ese el objeto» del texto que aprobó el Ejecutivo del Estado.

Ante el hecho de que el decreto vaya a ser ratificado este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, ha propuesto al presidente del Gobierno que lo modifique antes de su convalidación «para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante en la mascarilla debe ser una obligación». De esta forma, plantea que se pueda prescindir de ella solo en aquellos «espacios naturales en los que no se produzcan concurrencia de personas».

ALTOS NIVELES DE CONTAGIO

Por otra parte, «ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no de los Tribunales de Justicia correspondientes» en cada comunidad autónoma, el lehendakari ha solicitado a Pedro Sánchez «formalmente, en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente» esta misma semana de las medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica «suficiente» para que puedan aplicar, de inmediato, medidas.

De esta forma, pretende que se facilite que las comunidades autónomas puedan limitar la movilidad nocturna y el número de personas que se puedan agrupar «en diferentes circunstancias».

Preguntado sobre si el lehendakari no ha pedido declarar el estado de alarma debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucionales algunos apartados del real decreto del Gobierno central que declaró el primer estado de alarma por la pandemia, Zupiria ha confirmado que, en la carta, Urkullu no utiliza ni la expresión ‘estado de alarma’, ni la expresión ‘toque de queda’, sino que propone una «cogobernanza real y efectiva» y la adopción de las «medidas necesarias» para dotar a las comunidades autónomas de un «marco de seguridad jurídica».

CARÁCTER URGENTE

«No entra en la consideración de cuál es la medida concreta que debería aprobar el presidente del Gobierno», ha insistido, antes de subrayar que lo que pide a Sánchez es que «se adopte alguna medida con carácter urgente, a poder ser, esta misma semana».

El portavoz del Gobierno Vasco ha explicado que, en una entrevista publicada este fin de semana, el lehendakari ya recordaba que existen pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), como consecuencia de diferentes consultas realizadas por el Gobierno Vasco en contra de posibles medidas a adoptar.

Además, ha recordado que «es conocida la postura del Gobierno Vasco de no judicializar esta cuestión, por considerar que se trata de una cuestión política y no judicial».

Por otro lado, ha señalado que en octubre de 2020, el lehendakari solicitó la declaración del estado de alarma después de que el TSJPV impidiera la adopción de «determinadas medidas». «Hubo una segunda petición del lehendakari al presidente del gobierno el pasado mes de abril para que se alargara el estado de alarma que no fue considerada oportuna por el presidente del Gobierno», ha señalado.

Por ello, ante las situaciones que se están produciendo en las diferentes comunidades autónomas, con los diferentes pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia, algunos de los cuales han hecho incluso referencia al contenido de la sentencia del TC sin conocerse todavía su contenido, crean «una situación de inseguridad que no permite la adopción de medidas efectivas», ha reconocido el portavoz.

Preguntado sobre si el lehendakari ha llamado por teléfono al presidente del Gobierno, Zupiria cree que Urkullu no ha mantenido ninguna conversación directa con Sánchez.

REUNIÓN DEL LABI

El portavoz del Gobierno autonómico ha confirmado que la convocatoria de la reunión del Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) se mantiene convocada para este jueves, 22 de julio, a las 16.30 horas.

Bingen Zupiria ha señalado que estará «pendiente de cómo evolucionen los diferentes foros que se van a reunir entre hoy y mañana y las decisiones que pudieran derivar de ellos» para decidir si se adoptan nuevas medidas.

En cualquier caso, ha recordado que hay una serie de medidas «importantes» que están en vigor y que «ordenan la vida social», que son «básicas» sobre el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal, así como una limitación de horarios que establece el cierre de establecimientos y actividades culturales, sociales y comerciales a las 2.00 horas.

También ha recordado que los aforos están limitados al 60%; hay limitaciones de público en eventos sociales, culturales y deportivos; limitación de asistencia a lugares de culto; restricciones de horarios de hostelería, prohibido el consumo el barra y de pie, limitado el consumo en exteriores y en grupos con un máximo de seis personas.

«Hay una limitación de los horarios y condiciones de apertura de los txokos; limitaciones en la práctica deportiva; están cerrados los locales juveniles y las lonjas; están cerradas las discotecas. Todas esas medidas están en vigor y, además de eso, llevamos semanas, desde el Gobierno y desde las diferentes instituciones del país, llamando la atención sobre le uso de la mascarilla, sea obligatoria o no–«, ha insistido.

Por último, ha reconocido que Euskadi se enfrenta a un verano «muy complicado», y que la situación no se puede juzgar en función de los resultados que se obtengan en un fin de semana un municipio u otro, sino que es algo en lo que «van a tener que colaborar, todas las instituciones y toda la ciudadanía a lo largo de las próximas semanas y, seguramente, durante todo el verano».

El juez reactiva el caso ‘Morodo’ citando al ex embajador en Venezuela para septiembre

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El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el dinero que el ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, acordando más de una veintena de declaraciones para el próximo mes de septiembre, incluida la del diplomático y su hijo.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ya acordó esta ronda de comparecencias en un auto del pasado 8 de julio pero aún estaba pendiente de poner fecha, algo que ha hecho en una providencia del 14 de julio.

Las declaraciones comenzarán el 20 de septiembre con Morodo y su hijo Alejo, a los que seguirán la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados. Al día siguiente comparecerán los también imputados Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.

El 21 de septiembre, Abascal preguntará asimismo a Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 que fue detenido en Madrid en 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, si bien ya se encuentra libre.

Del 22 al 24 de septiembre, ambos inclusive, Abascal tomará declaración a otras quince personas, todas como testigos, entre ellas Guillermo Morodo, hermano del otrora embajador.

DOCUMENTACIÓN BANCARIA

Abascal ha aceptado así las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción al considerarlas «pertinentes, necesarias y proporcionadas» para esclarecer «definitivamente los hechos y presuntos culpables».

Anticorrupción esgrimió que era necesario volver a escuchar a Morodo, así como a otros investigados y a los testigos, en relación con la documentación bancaria que se ha obtenido tanto de entidades españolas como de otros países y con los archivos incautados en algunos registros.

En el mismo escrito, el Ministerio Público pidió prorrogar la instrucción seis meses aludiendo a la «imposibilidad» de concluir las pesquisas a tiempo, dado que están pendientes de contestación varias comisiones rogatorias.

Andalucía avisa de que la evolución se está «complicando»

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El Gobierno andaluz ha avisado este martes de que la evolución de la pandemia del coronavirus se está «complicando» tanto en Andalucía como en España, como se pone de manifiesto con el aumento de los contagios diarios, y ha querido dejar claro que si se tienen que «endurecer» las medidas, se «endurecerán» para hacer frente a la actual situación.

Así se ha pronunciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha referido a la reunión, en la tarde de este martes, del Comité de Alto Impacto en Salud Pública, el conocido comité de expertos, que analizará la situación actual de la pandemia y decidirá si se mantiene las actuales medidas o hay cambios.

«Esperamos que los expertos atinen y sobre todo podamos entender todos que la evolución de la pandemia en Andalucía y en el conjunto de España se está complicando», según ha señalado Elías Bendodo, para quien la única forma de hacer frente a esta situación es vacunando al mayor porcentaje de población.

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a acatar y aceptar las medidas que adopte el comité de expertos y ha recalcado que si hay que «endurecer las medidas, las endureceremos», porque lo primero sigue siendo la salud de las personas.

Ha indicado que el Gobierno andaluz está dispuesto a asumir «el desgaste que haga falta» y su actitud en los momentos difíciles siempre ha sido dar «la cara».

En cambio, según Elías Bendodo, el Gobierno central «ni está ni se le espera», y en ningún momento ha puesto herramientas legales en manos de las comunidades para poder luchar contra la pandemia, porque no ha permitido la reforma ni de la Ley de Salud Pública ni la de Pandemias.

El consejero de la Presidencia ha querido dejar claro que Andalucía es una «comunidad segura», que va afrontando la situación buscando el equilibrio entre la evolución de la pandemia y la economía. Así ha garantizado que temporada de verano «va a seguir en Andalucía», pero serán los expertos los que inviten «a tomar una serie de medidas para evitar la multiplicación de los contagios», que aunque pueda suponer pueden menor nivel de hospitalizaciones que en otras olas, «hay que frenarla».

Bendodo ha mostrado su preocupación por que el número de hospitalizados por Covid haya aumentado en un sólo día en Andalucía en 146 personas, pero ha querido dejar claro que el servicio andaluz de salud «aguanta holgadamente la presión» en este momento.

Ha insistido en que el servicio sanitario andaluz «permite luchar con holgura» ante la presión hospitalaria «que parece que va a aumentar en próximas semanas».

De otro lado, el consejero ha insistido en hacer un llamamiento a los ayuntamientos para que haya mayor control de las llamadas «botellonas» porque se ha demostrado que son un foco importante de contagios entre los jóvenes, ya que no suelen utilizar mascarillas ni existe distancia de seguridad.

Podemos, sobre el caso Juana Rivas: «Existe un sesgo patriarcal y machista en la Justicia»

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La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha asegurado que el ingreso de nuevo de Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, en el Centro de Inserción Social (CIS) de Matilde Cantos en Granada, confirma que existe un «sesgo patriarcal y machista en la Justicia».

Así lo ha destacado en rueda de prensa en el Congreso para manifestar su «consternación» y «preocupación» por esta decisión del Juzgado, que estima parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la concesión del tercer grado que desde el pasado 15 de junio ha permitido a Juana Rivas cumplir condena en su domicilio con control telemático.

Para Castañón, esta resolución revela que «una vez más» se confirma ese «sesgo patriarcal» en la Justicia, que su grupo parlamentario viene denunciando desde hace tiempo.

Por tanto, Castañón ha recalcado que su formación, desde el Gobierno, va a seguir trabajando en una nueva generación de derechos, como «pilar fundamental» de las luchas contra el machismo.

«Asistimos a lo que entendemos que es una criminalización de las mujeres que se defienden de las violencias machistas y que defienden también a sus hijos e hijas. Hemos visto situaciones terribles de violencia vicaria y contra la infancia y eso requiere no solo nuestro duelo y preocupación sino medidas desde las instituciones», ha ahondado.

De esta forma y con la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente, se llevará próximamente al Consejo de Ministros un decálogo de medidas urgentes ante la situaciones de violencia machista, no solo ante los «duros asesinatos» acaecidos este año sino con otras situaciones, que tienen que ver con este fenómeno y que el Gobierno quiere ejecutar como ya reconoce el Pacto de Estado.

Unidas Podemos ya formalizó ante el Ministerio de Justicia su solicitud de indulto «total» para Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, al considerar que concurren circunstancias de «utilidad pública» y se dan motivos de «justicia y equidad» para la anulación de la sentencia.

El juzgado abre juicio oral contra secretario de Empleo valenciano por el ‘caso de los sobres’

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El juzgado de instrucción número 2 de Castellón ha abierto juicio oral contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís, Miquel Torres, en la causa abierta contra ellos por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -Partido Popular- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocacase el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.

La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, «pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación».

El juzgado considera que procede ahora acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.

El juzgado asegura que del resultado de las diligencias practicadas resultaría que no se desvirtúan los indicios de participación de los investigados en los delitos imputados en los términos argumentados por el auto de la Audiencia Provincial y por la acusación.

TESTIGOS

De esta forma, se indica que los testigos propuestos por las defensas reconocieron que en la fecha en la que se imputan los hechos denunciados apenas acudían al Ayuntamiento en el que también se realizarían labores de ensobrado e indicaron la participación delinvestigado Miguel Torres en la dación de instrucciones sobre cómo se debía realizar el ensobrado.

Así mismo, el testigo propuesto por la acusación declaró haber recibido en su domicilio un sobre con el membrete del Ayuntamiento que contenía propaganda electoral y papeletas para las elecciones, coincidente con los que obran en las presentes diligencias sobre los que se realizó la diligencia de apertura, en las fechas en las que se imputan los hechos investigados.

Por todo ello, el juzgado estima que no procede el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por el Ministerio fiscal y las defensas de los acusados, por lo que procede el dictado de auto de apertura de juicio oral.

El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.

El ministerio fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señaló que los hechos relatados no eran constitutivos de delito, y sin delito no hay autor, por lo que pedía la absolución de los acusados, al igual que sus defensas.

NOMDEDÉU

Nomdedeú ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que no renunciará a su cargo. Según indica, informó a los que tuvo que hacerlo de su determinación para renunciar si el fiscal le acusaba formalmente. «Por injusto que sea, siendo como soy inocente, prefiero alejarme y que no haya alto cargo del gobierno valenciano en la banca, que no haya representante público de Compromis en la banca».

«Pero la fiscalía, lejos de acusarme, reitera que no hay crimen. Por lo tanto, el valor supremo que representaría mi sacrificio renunciando a mi cargo a pesar de ser inocente, sería en este caso un regalo temerario para la estrategia del PP», añade.

Enrique López: «Sánchez no ha querido proteger jurídicamente a la población»

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El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no ha querido proteger jurídicamente a la población, a pesar de contar con la ayuda del Partido Popular».

López ha hecho estas declaraciones acompañado por el secretario general del Partido Popular en la Región de Murcia, José Miguel Luengo, con quien ha inaugurado la primera edición de los ‘Cursos de Verano de PPRM’, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El consejero ha explicado que «Pablo Casado, después de dejar de apoyar los estados de alarma, propuso al Gobierno de España instaurar una ley orgánica de pandemias». «Le ofreció hacer una reforma por lectura única con los votos del PP, le ofreció toda la ayuda, y el Gobierno de Sánchez la despreció y seguimos sin contar con un instrumento jurídico que dé certidumbre a las administraciones y a los ciudadanos», ha denunciado López.

Asimismo, el consejero ha destacado que «es una vergüenza política que, desde el Gobierno central, se ponga en cuestión la labor del Tribunal Constitucional y que se trate de deslegitimar porque no les ha gustado la resolución».

«Estamos en el peor momento, con el peor Gobierno y con el peor presidente», ha denunciado el consejero, para continuar diciendo que «es necesario ese cambio para que Pablo Casado pueda dirigir el país y volver a la senda constitucional, al progreso y q no se ponga en cuestión la unidad española».

El Partido Popular, ha recalcado el consejero, «es el partido de estado que sostiene la lealtad a la constitución, que defiende la unidad de la nación y que defiende la igualdad de todos los españoles ante la ley».

Por su parte, Luengo ha subrayado que «los españoles están viendo que es más urgente que nunca cambiar este Gobierno, el más radicalizado de izquierdas de los últimos 40 años, para ofrecer solvencia, certidumbre y credibilidad con personas como el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid».

Además, Luengo ha puesto en valor «el éxito de convocatoria de los cursos que han tenido muy buena acogida porque han sido los mismos concejales quienes han determinado los temas para los cursos que más podían aportar en su día a día».

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