El Rey Felipe VI ha presidido este viernes la entrega de despachos a la LIX promoción de la Carrera Fiscal integrada por 113 nuevos fiscales, el 75 por ciento de los cuales son mujeres y entre los que figura el primer fiscal con discapacidad visual severa.

Don Felipe ha felicitado a todos por «superar con excelencia este proceso duro y exigente de selección y de formación» y también ha tenido palabras de agradecimiento a sus familias y amigos, por el apoyo prestado durante el mismo. Ahora, les ha dicho, «ha llegado el momento de demostrar vuestra verdadera vocación de servir al Estado democrático y de derecho y servir a los ciudadanos».

El Rey ha dedicado especial atención a Laura María Ortega Cano, la primera de la promoción y que ha intervenido en el acto en representación de todos sus compañeros, y a Héctor Melero Martí, el primer fiscal ciego.

«Su esfuerzo, su demostración a todos de que hay barreras que son difíciles de derribar pero sin duda merece la pena intentarlo, abre brecha para muchos más en el futuro», ha resaltado Don Felipe, asegurando que su «hito» será algo que se recordará siempre.

Precisamente, el monarca ha protagonizado con ambos un pequeño lapsus durante la ceremonia, ya que los dos han recibido también por decisión del Ministerio de Justicia la cruz distinguida de segunda clase de la Orden San Raimundo de Peñafort. Don Felipe les ha entregado esta condecoración pero ha olvidado darles el diploma que les acredita como fiscales, por lo que ambos han tenido que volver a subir al escenario.

En el acto, que se ha celebrado en el Complejo Policial de Canillas, también han estado presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la fiscal general, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, entre otros.

CAMBIOS EN LA JUSTICIA

Tanto Campo como Delgado han tenido palabras de elogio para la primera de la promoción y para Héctor Melero por su logro particular, subrayando los esfuerzos y sacrificios que han tenido que realizar todos los nuevos fiscales para alcanzar su «sueño» e incidiendo en que van a ser ellos los protagonistas de los grandes cambios a que se enfrenta actualmente la justicia.

Entre esos cambios, el ministro de Justicia ha mencionado «la transformación digital del servicio público, los juicios telemáticos, la implementación del lenguaje jurídico accesible, la inteligencia artificial o el trabajo deslocalizado».

«Es la justicia que os espera a partir de ahora» y que ya se viene implementando «en cogobernaza con las comunidades autónomas, el CGPJ y la Fiscalía», ha subrayado Campo, incidiendo en que van a vivir el cambio del «salto al sistema penal del siglo XXI».

En la nueva Lecrim, ha recordado, «la investigación se atribuye al Ministerio Fiscal de conformidad con su función constitucional de promover la acción de la justicia, una función que ya venía desempeñando en el proceso penal del menor y ahora en los asuntos contra los intereses de la UE».

Este «nuevo rol», ha añadido, supondrá una «profunda reforma» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que permitirá dotarles a estos de «más capacidad y más autonomía» pero «también supondrá un gran reto profesional para todos vosotros».

UNA PROMOCIÓN QUE SE PARECE A ESPAÑA

Campo ha señalado que durante su dilatada carrera ha podido constatar que «la justicia tiene que parecerse a la sociedad a la que sirve». En este sentido, ha sostenido que la nueva promoción es «la generación de fiscales que más se parece a España, moderna, más preparada, que habla idiomas y que simboliza la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres».

Por último, les ha invitado a todos ellos, como miembros que son ya de «la gran familia de personas que servimos al Estado», a «remar hacia la misma dirección, el fortalecimiento de la democracia».

Delgado, por su parte, ha animado a los nuevos fiscales a acometer su «misión constitucional» como «garantes de la legalidad y de los valores y derechos democráticos» con «humildad» así como con «empatía y solidaridad» con vistas a garantizar «la seguridad jurídica y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley».

«Estamos en una etapa de cambio, de reflexión, que nos ha de llevar a una suerte de refundación que nos permita adaptarnos a lo que la sociedad democrática quiere de nosotros», ha señalado la fiscal general.

«El proyectado cambio de modelo procesal, la definitiva modernización de la administración de Justicia o la asunción de mayores cotas de autonomía mediante una reformulación de la institución son algunos de los retos que tenemos que afrontar», ha destacado Delgado, asegurando que «lo vamos a hacer con responsabilidad pero sobre todo con ilusión».

Según ha informado la Fiscalía, Laura María Ortega, se incorporará a la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, mientras que Héctor Melero formará parte de la Fiscalía Provincial de Valencia, donde ya desarrolló su etapa en prácticas.

En concreto, de los 113 nuevos fiscales –un 74,30 por ciento mujeres y con una edad media de 29,35 años–, 94 de ellos se incorporan en situación de expectativa de destino.

El reparto previsto por comunidades autónomas prevé 27 en Cataluña, 26 en Andalucía, 19 en la Comunidad Valenciana, 6 en País Vasco, 6 en Castilla y León, 5 en la Comunidad de Madrid, 5 en Galicia, 4 en Murcia, 4 en Baleares, 3 en Canarias, 3 en Extremadura, 3 en Castilla-La Mancha, uno en Navarra y uno en Cantabria.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha enmarcado el fin de la dispersión de los presos de ETA en la apuesta del Gobierno por cumplir con el principio de resocialización de los presos y ha advertido que los «ongi etorri» a los reclusos, además de «revictimizar», pueden «echar al traste» ese proceso de reinserción.

Itxaso ha realizado estas manifestaciones en Bilbao durante la presentación de la exposición ‘Basque Way, la huella de vascos que viajaron a América sin billete de vuelta’, y, a preguntas de los periodistas, se ha referido al hecho de que se haya cerrado la política de dispersión utilizada en la lucha contra ETA tras la aprobación este jueves de siete traslados de presos, entre ellos Iñaki Bilbao y los otros tres internos que continuaban en cárceles de Andalucía.

El delegado del Gobierno ha indicado que lo que persigue el Gobierno central es «cumplir con el principio de resocialización y de reinserción que consagra la Constitución para las penas privativas de libertad».

«No concebimos que las penas privativas de libertad, cuando alguien entra en la cárcel, sea por una cuestión de venganza ni un mero castigo, que también es un castigo, pero es una oportunidad de reinserción», ha añadido.

Itxaso ha manifestado que, en algún momento de la historia, se entendió que esa reinserción y resocialización no se podía llevar a cabo «por los cauces normales» cerca de «los entornos de radicalización y, si todos los presos de ETA estaban juntos», pero ahora, sin embargo, se considera -y de hecho así lo están entendiendo las juntas de tratamiento en las cárceles y lo más importante los jueces de Vigilancia Penitenciaria- que se está produciendo esa «evolución y ese reconocimiento del daño causado».

Por lo tanto, ha asegurado que, como consecuencia de ello, se producen «avances de grados o traslados», pero ha indicado que «no hay que perder de vista que de lo que se trata es de que la persona que sale de la cárcel después de un tiempo sea distinta a la que entró».

«Por tanto, si las Juntas de Tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria entienden que esa evolución, esa transformación de la persona que es intransferible se produce mejor en esta nuevas condiciones y en entornos más cercanos a las de sus familias, eso es lo que hay que hacer», ha manifestado.

En relación a si cree que este fin de la dispersión puede contribuir a la normalización en Euskadi, ha afirmado que, «evidentemente, la manera de proceder no puede ser la misma ahora», ya que, «por fortuna» han pasado ya 10 años desde que ETA fue derrotada».

«Es evidente que estamos consiguiendo leer la página, la famosa página, antes de pasarla hay que leerla, y yo creo que estamos viviendo momentos en los que somos capaces de advertir con mucha mayor nitidez, con mucha mayor claridad -la historia y el tiempo también dan perspectiva para ello y ayudan- lo atroz que fue todo aquello»,

Itxaso ha añadido que, cuando se producen «gérmenes de odio» y «brotes de intolerencia» contra un exconcejal del Partido Popular en Vitoria como Iñaki García Calvo o contra el hijo de Carlos Iturgaiz en un partido de fútbol, la sociedad es más capaz de «advertirlo, de identificarlo y de denunciarlo». En su opinión, «ese es el camino».

Por otra parte, ha indicado que es importante que «no se produzcan idealizaciones de ningún tipo para aquellas personas que cometieron crímenes con recibimientos extemporaneos a todas luces», que, además de «revictimizar a las personas que tanto han sufrido, hurtan al preso la posibilidad de resocializarse y de reinsertarse».

«No hay que perder de vista que esas personas han estado durante un tiempo, no corto precisamente, en la cárcel haciendo ese proceso y, cuando salen, si son recibidos como auténticos héroes están echando al traste todo ese proceso, están dificultando esa reinserción porque la sociedad no les va a recibir de la misma manera si siguen reivindicando su pasado, que si lo hacen habiendo asumido, de alguna manera, el dolor que han ocasionado a tanta gente», ha manifestado.

Itxaso ha insistido que, en el caso de los «ongi etorris» se trata, en primer lugar, de «no revictimizar y no reabrir la herida de quién tanto ha sufrido, idealizando el pasado de alguien que ha cometido crímenes», algo «fuera de toda lógica». Junto a ello, ha insistido en que se «da al traste» con un proceso que «ha costado tiempo para ese preso que ha estado en la cárcel, que ha hecho una trayectoria personal, intransferible, un reconocimiento, -el mejor de los casos del dolor causado-«.

«Y, si cuando sale, se le devuelve a la casilla de salida, se idealiza todo aquello por lo que fue juzgado y encarcelado, echas al traste todo. Y los tiempos de la convivencia exigen reconocer el dolor causado, cerrar heridas, y, de alguna manera, respetar y honrar a las víctimas de terrorismo, por cierto, de cualquier terrorismo, de cualquier ejercicio de violencia, y ahí caben las víctimas de ETA pero también las víctimas del GAL, del Batallón Vasco español, del GRAPO y del yihadismo que todavía desgraciadamente persiste. Ese es el camino», ha concluido.

A lo largo de dos campañas desde el pasado abril, el equipo formado por técnicos del Centro de Buceo de la Armada Española (CBA), arqueólogos de las universidades de Cádiz y Murcia y un oceanógrafo de Cartagena Oceanographic Research Institute (CORI) han estudiado en las aguas de la ciudad portuaria los efectos causados por la DANA de 2019 en el patrimonio natural y cultural subacuático.

Los trabajos evalúan el deterioro del patrimonio desde una perspectiva pionera que pretende establecer un protocolo de actuación para la protección del Patrimonio Cultural Subacuático (PSC).

Según informaron fuentes del CORI en un comunicado, a través de este proyecto se ha confirmado que los sedimentos arrastrados por la riada durante la DANA también pudieron afectar a los fondos marinos del entorno, así como al patrimonio que se encuentra en la zona.

Durante la investigación, pionera en la Región de Murcia, se han utilizado equipos de Sónar de Barrido Lateral (SBL), Robots submarinos (ROV), Sonar de mano, Perfiladores de Sedimentos (SBP) y cámaras submarinas de alta resolución, y servirá también para rastrear nuevos puntos de interés arqueológico subacuático donde se sospecha habría restos de gran importancia histórica que ayudarían a mejorar el conocimiento actual del tráfico marítimo del histórico puerto de Cartagena.

Para llevar a cabo la investigación, el Centro de Buceo de la Armada puso a disposición ocho buzos capitaneados por el Teniente de Navío Ignacio Zaragoza, así como todos los equipos y recursos necesarios para poder hacer las inmersiones y tomas de datos. Además, se ha contado con la embarcación Betsaida de la Universidad de Murcia.

Los análisis están coordinados por el doctor en Arqueología Náutica y Subacuática y profesor de la Universidad de Cádiz Felipe Cerezo Andreo y el catedrático de la Universidad de Murcia Sebastián Ramallo Asensio, experto en la ciudad romana de Cartagonova.

Todo el proyecto ha sido ideado y coordinado por el doctor Francisco López Castejón, oceanógrafo y fundador del Cartagena Oceanographic Research Institute (CORI), y cuenta con el apoyo de la Fundación Primafrío.

Los resultados de la investigación servirán para poder determinar las causas y efectos de los daños ocasionados sobre el patrimonio sumergido por la actividad humana, unido a fenómenos meteorológicos extremos como las DANAS.

El trabajo realizado durante este proyecto está siendo registrado audiovisualmente y servirá como documental de divulgación histórica y científica del patrimonio subacuático regional, así como de las costumbres y formas de vida de la ciudad de Cartagena.

El pasado jueves se realizó una presentación de los resultados preliminares en el Museo ARQUA, que colaborará en el futuro en la interpretación de los datos, especialmente del pecio Cartagena 1.

Este barco de época romana transportaba aceites y vinos para los esclavos que trabajaban en las minas existentes en la zona, naufragando en su entrada al puerto de Cartagena, y permaneciendo en un notable estado de conservación hasta nuestros días.

En estos últimos días se ha estado trabajando por parte de investigadores de la Universidad de Cádiz, CORI y la Universidad de Murcia sobre la zona de estudio utilizando quipos geofísicos que permiten evaluar el enterramiento que sufre el patrimonio y la cantidad de sedimento que pudo haber aportado la DANA de 2019 y otros episodios similares a el fondo marino.

Se prevé que debido al cambio climático estos episodios extremos sean cada vez mas frecuentes, por lo que es importante documentar correctamente el patrimonio sumergido existente, que pueda ayudar a su protección.

Esta investigación ha permitido identificar importantes deterioros a causa de la basura que actualmente se está acumulando en el pecio, en dónde se puede encontrar: botellas, cubos, cabos y plásticos, entre otros.

Se ha podido comprobar que el Patrimonio Cultural Subacuático está siendo afectado por la acumulación de basura submarina. Los investigadores seguirán trabajando estos meses para realizar un diagnóstico de los daños.

En una segunda fase del proyecto, y en colaboración con las instituciones encargadas de la gestión y protección de este patrimonio, se espera establecer un protocolo que permita la protección y salvaguarda de este patrimonio.

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), la Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas (CNDFME) y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) han firmado este viernes el ‘Acuerdo de Atocha’, cuyo propósito es crear el Museo Español de la Medicina en el histórico edificio de Atocha, antigua Facultad de Medicina de Madrid.

En palabras del presidente de RANME, Eduardo Díaz-Rubio, que ha leído la primera parte del documento, el museo busca ser «una expresión argumental de la evolución histórica de la ciencia médica y del patrimonio instrumental y documental que la ha hecho posible». Asimismo, el edificio será «un agente de promoción básico para la educación sanitaria general y sectorial en el ámbito de la salud, así como la expresión del protagonismo humano, individual y social, en la lucha contra el dolor, la enfermedad y la muerte», ha descrito.

Por su parte, el presidente de la OMC, el doctor Tomás Cobo, ha expuesto que el Museo Español de la Medicina aspira a ser, conceptualmente, «un relato sobre la búsqueda de sanar como hilo conductor de la humanidad», además de «una invitación a reflexionar sobre lo que dicha búsqueda representa como conquista social irrenunciable». En este sentido, según dicho acuerdo, la institución también busca conformar «un espacio físico y virtual de encuentro con la sociedad en general, con los pacientes y con los profesionales de la salud, que contribuya a tomar conciencia sobre el estado de bienestar sanitario conquistado y sobre la necesidad de conservarlo para el futuro».

«Para su implementación, el museo aspira a articular en red a las distintas unidades y legados museísticos vinculadas a la medicina existentes en España, con el objetivo de, por un lado, extender a nivel estatal los fines anteriormente propuestos mediante programas de cooperación e intercambio; y, por otro lado, de desarrollar conjuntamente una plataforma digital avanzada en el ámbito museístico de la medicina que, sustentada en herramientas de Inteligencia Artificial (IA), contemple tres distintos niveles de acceso: infanto-juvenil, divulgación general para adultos y el de los profesionales sanitarios», ha detallado Cobo durante la lectura del acuerdo.

Así, los firmantes piden, tal y como ha informado la presidenta de FACME, Pilar Garrido López, la implicación del Gobierno y de los organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), autoridades autonómicas y del Ayuntamiento de Madrid, ciudad en la que se ubica el edificio sede del museo.

Por su parte, el presidente de CNDM, el doctor J. Pablo Lara Muñoz, ha expuesto que los firmantes también solicitan su participación «a los responsables de las unidades museísticas y legados existentes en el resto de España, y a todos los organismos públicos y privados, corporaciones profesionales, sociedades, sindicatos y fundaciones vinculadas a la sanidad».

HOMENAJE A LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Por su parte, el presidente de ICOMEM, Manuel Martínez-Sellés, ha afirmado que, tal y como se recoge en el documento, «la creación e implementación del museo debería constituir a nivel nacional el mayor y más permanente acto de homenaje y reconocimiento que la sociedad española podría tributar a los médicos, profesionales sanitarios y científicos, que han realizado en la reciente pandemia la mayor contribución a la salud en tiempos de paz jamás realizada en España».

Por último, el vicepresidente de la RANME, el doctor Antonio Campos, ‘alma máter’ del proyecto, ha señalado que «el Museo de la Medicina es, expositivamente, la representación de instrumentos, acontecimientos y documentos del dolor y la esperanza del ser humano». Tal y como ha proseguido, la institución no sería «un acúmulo de instrumentos que se han desarrollado para sanar, sino la expresión de la esperanza de haber conseguido la sanación a través de esos instrumentos y esos acontecimientos», ha concluido.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «si es tan valiente para indultar a golpistas condenados» lo sea también para «abrir las urnas y que los españoles decidan».

«Sánchez no tiene límites y los españoles ya están hartos. Tienen derecho a expresar su opinión en las urnas. Si Sánchez es tan valiente como para indultar a los golpistas, que lo sea para abrir las urnas y que los españoles decidan. Le retamos a escuchar a la calle que no se atreve a pisar», ha manifestado.

A juicio del dirigente del PP, Sánchez no convoca elecciones «por miedo, tiene terror a las urnas, porque sabe que ha empezado su cuenta atrás». «Por eso están tan nerviosos. Por eso atacan tanto al Partido Popular, y están en la política del barro», ha espetado en rueda de prensa en Málaga, al tiempo que ha pedido al presidente del Ejecutivo que dimita.

«Ya no hay absolutamente nadie que crea en la palabra del presidente del Gobierno. Es sinónimo de mentira», ha subrayado, aludiendo a los indultos, a los acuerdos con Bildu o a pactar con el independentismo: «Todo lo que Sánchez dijo que no haría lo ha acabado haciéndolo. Todo por seguir dos años más en la Moncloa. Todo por seguir en el poder cueste lo que cueste».

Sánchez, según Montesinos, «ha sustentado su acción de Gobierno en la mentira y esta en política debe tener un precio. Y ese precio no es otro que presentar su dimisión, disolver las Cámaras Parlamentarias y convocar elecciones generales en nuestro país».

En su intervención, ha aludido a que Sánchez ha afirmado que «no negociará un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pero, ¿Quién puede creerle a estas alturas? ¿Qué español se puede fiar?», se ha preguntado Montesinos, quien ha asegurado que «hasta sus socios, los que le mantienen en Moncloa, se mofan de su escasa credibilidad».

Además, ha añadido que los ministros «no han tardado ni 24 horas en hablar de un referéndum. Carmen Calvo no lo descarta y Miquel Iceta habla de un referéndum sobre autogobierno. Insisto: ni 24 horas, y ya hablan e un traje a medida para Cataluña».

«¿Qué ha pactado Sánchez con Junqueras, con Aragonés, con tal de seguir en la Moncloa? Que lo haga público. ¿Hasta dónde llega el pacto secreto del presidente del Gobierno con el separatismo? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? , ha cuestionado el vicesecretario de Comunicación del PP.

En este punto, tras volver a reclamar la convocatoria de elecciones, Montesinos ha considerado que el cambio político en España «es imparable». «Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno: volverá la dignidad a la acción del Gobierno, y se pondrá fin a tanta mentira. Hay alternativa, hay esperanza. Y hasta entonces, el PP va a ejercer de dique de contención en defensa del interés general», ha enfatizado.

PENSIONES

También se ha referido a la reforma de las pensiones y ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de «mentir»: «En Moncloa se tuvieron que llevar las manos a la cabeza al comprobar que al ministro Escrivá se le escapó la verdad sobre las pensiones».

Ha afirmado que la reforma de las pensiones del Ejecutivo «es un gran error y ataca de lleno a la sostenibilidad de las mismas». Frente a ello, ha enumerado, el modelo del PP se basa en: «bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reducción de la burocracia, mejora de la formación y seguridad jurídica. Esa es la única manera de salir de la crisis ante las mentiras y la propaganda de Sánchez también en materia de pensiones.

Sobre la rueda de prensa del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en Málaga, Montesinos ha señalado que «después de meses escondido ha reaparecido el ministro de la escandalosa subida de la luz, el enemigo número uno del turismo, que no duda en insultar al sector pese a ser diputado por nuestra tierra.

«Lo primero que tendría que hacer es pedir perdón a todos los malagueños. Y lo segundo, recomendarle a su jefe, a Pedro Sánchez, que convoque elecciones. Y así, al menos por una vez, los malagueños le estaríamos agradecidos por algo», ha recalcado.

Por último, sobre los datos del paro, ha instado al Gobierno a «dejarse de brotes verdes y hacer reformas, como le ha planteado el presidente Casado», animándole a «dejar esa euforia impostada cuando hay miles de familias pasándolo mal».

Richard Branson planea volar al espacio el 11 de julio a bordo del VSS Unity de Virgin Galactic, días antes que lo haga Jeff Bezos a bordo de la cápsula New Shepard de Blue Origin.

El avión espacial subrbital VSS Unity también transportará a tres empleados de Virgin Galactic y dos pilotos desde el sitio de lanzamiento en Nuevo México, según un comunicado de la compañía. Bezos está planeando un viaje al límite del espacio el 20 de julio desde el cercano oeste de Texas a bordo de la cápsula New Shepard.

El vuelo suborbital de Branson cumpliría una vieja meta para el multimillonario británico y Virgin Galactic, que él fundó en 2004. La compañía completó recientemente el análisis de datos de su último vuelo de prueba el 22 de mayo y concluyó que estaba lista para evaluar una prueba de cabina, dijo el director ejecutivo, Michael Colglazier.

«La base de esto es: estamos listos», dijo Colglazier en una entrevista, citado por Bloomberg. «No hay nada sobre una carrera espacial o ‘¿Quién va primero?’ Que influya en esto. Hacemos nuestros vuelos de prueba cuando estamos listos para volarlos «.

Branson evaluará la «experiencia de astronauta privado», dijo la compañía, mientras Virgin Galactic se prepara para ofrecer vuelos a clientes adinerados en 2022. El viaje de este mes será similar al vuelo de prueba en mayo, en el que el Unity voló a un altitud de más de 89 kilómetros.

«Después de más de 16 años de investigación, ingeniería y pruebas, Virgin Galactic se encuentra a la vanguardia de una nueva industria espacial comercial, que abrirá espacio a la humanidad y cambiará el mundo para siempre», dijo Branson en el comunicado.

Virgin Galactic se disparó un 34% en la bolsa de Wall Strett tras el anuncio.

El viaje será el cuarto vuelo de Virgin Galactic al espacio con miembros de la tripulación. Junto a Branson estará Beth Moses, la instructora principal de astronautas de la compañía, que ha volado anteriormente; Colin Bennett, ingeniero de operaciones; y Sirisha Bandla, vicepresidenta de asuntos gubernamentales.

Los ejecutivos de Virgin Galactic han dicho que tienen la intención de reanudar la venta de pasajes después de los dos vuelos de prueba este verano. La compañía suspendió las ventas después de que un accidente de 2014 mató a un piloto de pruebas. Virgin Galactic planea comenzar su servicio comercial regular el próximo año.

Ilunion y la ONG Hogar Sí han firmado un convenio para promocionar la inserción laboral de personas en situación de ‘sinhogarismo’ con discapacidad legalmente reconocida, en el marco del proyecto ‘Emplea con Impacto’.

El acuerdo fue suscrito recientemente por parte de la directora corporativa de Personas y Organización de Ilunion, Paola del Río, y del director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

En virtud de este convenio, Ilunion se compromete a informar a Hogar Sí sobre los procesos de selección abiertos en sus empresas de cara a que las personas en situación de sinhogarismo con una discapacidad legalmente reconocida puedan participar en los mismos en igualdad de condiciones que el resto.

Por su parte, Hogar Sí se compromete a poner a disposición de Ilunion los perfiles de personas en situación de sinhogarismo con discapacidad más adecuados para cubrir las necesidades de personal de sus empresas.

El proyecto ‘Emplea con Impacto’ tiene un doble objetivo: Por un lado, pretende impulsar un cambio en la vida de las personas en situación de sinhogarismo para que puedan recuperar su vida a través del empleo. Por otra parte, busca la creación de distintos espacios de participación con empresas que puedan involucrarse en la erradicación del sinhogarismo, generando valor a su marca y posicionándola en la vanguardia de las empresas comprometidas con su entorno en la búsqueda de soluciones y mejoras en la sociedad.

Asimismo, este acuerdo de colaboración se enmarca en los objetivos de Ilunion para desarrollar acciones empresariales innovadoras que favorezcan la integración laboral de personas con discapacidad.

Para la directora corporativa de Personas y Organización de ILUNION, Paola Del Río, las empresas deben comprometerse con las necesidades de la sociedad donde operan. «El modelo de gestión empresarial de Ilunion se basa en cuatro pilares que son los que nos definen estratégicamente: las personas, la transformación, la excelencia y la sostenibilidad y, lógicamente, nuestro compromiso ético, especialmente con las personas con discapacidad», ha señalado

Por su parte, Jose David Martínez, director de la solución de empleo de HOGAR SI, señala que «tener como aliadas a las empresas en la erradicación del sinhogarismo es garantía de éxito». «Creemos en las personas y en sus talentos para aportar valor a las empresas a la sociedad en su conjunto», ha añadido Martínez.

Se calcula que al menos un 23% de las personas en situación de sinhogarismo tienen discapacidad, cinco veces más que la población general en edad similar. Además, solo la mitad de estas personas con discapacidad posee el certificado de discapacidad, debido al nivel de exigencia de los trámites y al estigma vinculado a su situación, lo que dificulta su acceso a prestaciones sociales y a fórmulas de empleo protegido.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha pedido este viernes al Govern que constituya la mesa de partidos catalanes, algo que llevarán a votación en el pleno la semana que viene: «Si son unos abanderados del diálogo, si se creen lo que dicen, estamos seguros de que votarán a favor y la constituirán».

«Creemos que el Govern de la Generalitat no se puede sentar con el Gobierno de España siendo sólo la voz de una parte de los catalanes, debe ir con una voz sólida que represente a todos los catalanes», ha recalcado en rueda de prensa en el Parlament tras una reunión del ‘Govern alternativo’ liderado por el presidente del PSC-Units en la Cámara, Salvador Illa.

Preguntada por si debería incluir a Vox en esta mesa, Romero ha recordado que su propuesta es que estén todos los partidos con representación en el Parlament: «Si después, como hemos firmado un documento que quiere parar los pies a la ultraderecha, se considera que no debe estar, ya se decidirá».

Ha avisado a Aragonès de que dialogar sólo con una parte no es diálogo, y ha tachado de excusa el hecho de que diga que no se necesita esta mesa porque el Parlament ya está para dialogar, ya que plantea crear una por la autodeterminación: «Si no quiere hacer la de partidos porque ya hay espacio donde hablar, tampoco hace falta la de la autodeterminación. Es una excusa que no sirve».

DELITO DE SEDICIÓN

Preguntada por la reforma del delito de sedición, ha asegurado que el Gobierno central está comprometido con promoverla, pero ha recordado que necesita el apoyo de más partidos en el Congreso y «hay dudas por parte de los partidos independentistas».

«Entiendo que el Gobierno de España, antes de llevar este proyecto de ley, quiera garantizar que tendrá apoyo, y parece que esto peligra por parte de los partidos independentistas, que me gustaría que fueran más coherentes», ha subrayado Romero, que ha dicho que están al final del camino de la reforma.

MEMORIA HISTÓRICA

El ‘Govern alternativo’ de Illa ha aprobado en su reunión promover una proposición de ley de la memoria democrática de Cataluña, con la que quieren «tener memoria, que no se tergiverse y que pueda ayudar a no repetir errores en un futuro».

Romero ha destacado la importancia de que no se tergiverse la historia y ha criticado declaraciones del PP de los últimos días, y ha señalado que su propuesta incluye regular el banco de ADN y agilizar procesos y protocolos para el tratamiento de restos, entre otras medidas: «Todavía hay gente que no sabe dónde están sus familiares».

Un dispositivo ampliado a 70 efectivos sigue buscando desde primera hora de esta mañana el cuerpo de Clara, la niña de 9 años desaparecida el martes por la tarde en aguas del pantano de San Juan, cerca del embarcadero de San Román, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Luis Rincón, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ha explicado que la cuarta jornada de búsqueda ha comenzado sin novedad, y sin hallazgo de ningún indicio o ropa de la pequeña. Anoche los drones estuvieron sobrevolando el pantano por si emergía el cuerpo.

A las 7 horas de esta mañana ha comenzado el dispositivo terrestre, compuesto de equipos fijos de Protección Civil, móviles de Agentes Forestales en los márgenes del embalse, ayudados con perros especializados, y de apoyo con miembros de Cruz Roja Española. En el agua Bomberos de la Comunidad con sus lanchas van rastreando el área fijada.

Las labores submarinas las continúan realizando los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, hoy desde las 9 horas, que ampliaron ayer el radio de búsqueda. Comenzaron en el punto dado como referencia por parte de la familiar que dirigía desde una lancha la plataforma por la que cayó la niña, pero Rincón ha indicado que «las referencias que se dan cuando desaparece un cuerpo son complicadas a veces».

Se ha batido una zona importante, pero ante la falta de hallazgos se ha ampliado otros 4.000 metros cuadrados la zona de rastreo. «Los buceadores están relevándose desde la amenaza hasta el ocaso, barriendo la mayor parte del terreno para intentar hallar el cuerpo de la niña», ha declarado el oficial de Bomberos.

Igualmente, ha explicado que la búsqueda es complicada en la zona profunda. «Las condiciones no son malas, no hay viento y la visibilidad en superficie es buena, pero dentro de las aguas es complicado. No hay exceso de corrientes y no hay visibilidad, por lo que los buzos han de ir palpando el suelo, ayudados de sondas submarinas. Pero es una labor costosa», ha explicado Rincón.

SE VALORA CERRAR LA ZONA DE BAÑO

Esta tarde se cumplen las 72 horas de la desaparición, el periodo máximo que los científicos cree que dura un cuerpo inerte en flotar a la superficie debido a los gases y descomposición de un cuerpo. Sin embargo, puede haber otras razones para que no emerja, ya que el cadáver puede estar atrapado por ramas, raíces u otros elementos del fondo del pantano, de 20 metros de profundidad. «Un cuerpo pueda emerger en 72 horas, pero puede pasar que no lo haga. No hay ninguna certeza en absoluto de que eso pueda suceder», ha apostillado Rincón.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y la Guardia Civil están valorando cerrar este fin de semana la zona de baño del pantano de San Juan, único lago con baño permitido en la región en zonas acotadas y el más extenso. En el lugar de búsqueda está restringida la navegación recreativa, aunque en la zona más cercana a la presa no.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha recordado este viernes que el síndic del PSPV, Manolo Mata, puede dedicarse a la codefensa del empresario Jaime Febrer, encarcelado por el caso Azud, porque renunció a la dedicación exclusiva en Les Corts, y ha agregado: «Mata es Mata».

Tras el pleno semanal de gobierno, la también líder de Compromís ha valorado así que el ‘número dos’ del PSPV haya aceptado la codefensa de este empresario, uno de los detenidos en esta trama de corrupción urbanística cuando gobernaba el PP en el Ayuntamiento de València.

Hace unos días, Mata defendió que la codefensa de Febrer es legal, compatible con sus cargos políticos y algo «ético e incluso estético», además de desligarla tanto del partido como de la detención del exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, socialista suspendido cautelarmente de militancia por su presunta implicación en Azud.

Oltra, en rueda de prensa, ha remarcado que el Consell «desde luego no ha tratado esto» y ha coincidido con Mata en que «la compatibilidad existe y es legal», además de remarcar que el derecho no se dirime en términos de ética o estética.

El derecho a la defensa, ha subrayado, está recogido en el artículo 24 de la Constitución y es uno de los fundamentales del Estado de Derecho, «un derecho de primera generación y por encima de muchas consideraciones». «Todo el mundo tiene derecho a que no se le cause indefensión», ha insistido.

En cualquier caso, ha agregado la también abogada, «Mata es Mata» y la codefensa de este empresario entra dentro de su ejercicio profesional. Después ha puntualizado que es una analogía de la expresión «el fútbol es fútbol» y que ella no es muy de tarjetas rojas porque sería jugadora antes que árbitro.

Sobre si ella hubiera aceptado, ha recordado que es incompatible con su puesto de vicepresidenta y consellera, al igual que para cualquier miembro del gobierno valenciano: «Ni se ha dado ni se va a dar el caso, ni en este tema ni en ningún otro».

AL PP: «CONSEJOS VENDO»

Y ante las críticas del PPCV, al ligarlo a la detención del extesorero del PSPV, José Cataluña, Oltra ha sostenido que los ‘populares’ se quedarían «sin cargos» si tuvieran que dejar la política por haber compartido trayectoria «con gente condenada y en prisión». «Consejos vendo que para mí no tengo», ha rematado.

Se trata de la segunda fase de Azud, en el que el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia investiga presuntas mordidas con facturas ficticias que varias adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado durante el anterior gobierno del PP. Entre los 14 detenidos figuran el socialista Rafael Rubio y el exvicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reprochándole que, desde que está en La Moncloa, la financiación a Cataluña «se ha incrementando un 50%», mientras en Madrid «permanece congelada».

«Madrid siempre está infrafinanciada en el reparto de fondos ya sean estatales o europeos y, en los últimos Presupuestos Generales del Estado, Madrid fue la que menos inversión como habitante recibió», ha subrayado Díaz Ayuso durante su intervención en la clausura el curso de verano de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.

Asimismo, ha criticado que se vaya a abrir una mesa de dialogo para «tratar la financiación de infraestructuras como el aeropuerto de Barcelona del Prat o el servicio de Cercanías mientras los 5.100 millones de euros ya aprobados para Madrid continúan sin ser ejecutados con un servicio de Cercanías deficitario».

«Van a abrir una vía de dialogo para tratar los proyectos financiados a través del fondo de recuperación europeo en Cataluña mientras los más de 200 proyectos que ya ha presentado Madrid junto a sus empresarios siguen condenados al ostracismo y a la opacidad», ha dicho.

AGRAVIOS A MADRID

Con todo, la dirigente madrileña ha declarado que ser autónomo en una «España gobernada por socialistas no es fácil» y ha puesto como ejemplo que «en los últimos tres años han subido la cuota un 8%».

«Lo han hecho para destinar vuestro dinero al mayor ejército de asesores nombrados a dedo, de hecho ha superado un 25% el máximo histórico esta legislatura, y pronto sabremos cuánto va a costar la factura golpista porque esta no va a ser gratuita», ha señalado.

Además, ha trasladado que tampoco debe ser sencillo «ver como el Gobierno llena portadas afines con una bajada del IVA de la luz de la que no se beneficiarán el 75% de los locales comerciales o trabajar en el país que más ha tardado en conceder ayudas por el Covid-19, en el que menos se han concedido y en el que más sectores se han quedado fuera».

«Yo os entiendo porque el listado de agravios del Gobierno de España con la Comunidad de Madrid también es extenso. Sánchez sigue castigando a quienes cumplimos la ley y trabajamos con respeto a favor de la unidad, de las instituciones, de la Constitución, mientras recompensa con dinero público a quienes han malversado, a quienes están siempre investigados por el Tribunal de Cuentas, ahora ya cuestionado, como todos, y a quienes han cometido delitos contra los intereses de España», ha declarado.

Frente a esto, ha asegurado que su Gobierno será «implacable» en defensa de la fortaleza del país y va a apostar siempre por el Estado de Derecho. En este punto, ha insistido en que no permitirá que los madrileños financien «actos ilegales para que cuatro caraduras vivan en las instituciones a costa de secar a España y a los españoles».

«JUNTOS» EN LA DEFENSA DE LA «PROSPERIDAD NACIONAL»

Para la presidenta regional, «Sánchez sigue castigando a los madrileños por no haber votado PSOE y por no tener un gobierno con el que necesita coquetear para mantenerse en La Moncloa».

«El rodillo totalitario del Gobierno de España llega a todos los rincones: al pasado, a la lengua, a la educación y hasta a la alimentación y los sentimientos», ha declarado. Por ello, ha hecho un llamamiento a estar «juntos» en «la defensa de la prosperidad nacional y en lo que sí le importa».

El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) ha puesto a disposición de la campaña 2021 de ‘Lucha contra Incendios Forestales’ en Andalucía, diseñada por el Comité Estatal de Coordinación (Cecod), un total de 250 militares, articulados en seis secciones de intervención, y otros 240 efectivos de apoyo para las operaciones.

Según la Delegación del Gobierno en Andalucía, en una nota de prensa, el Gobierno de España puso en funcionamiento el pasado 15 de junio el dispositivo de lucha contra incendios forestales para la campaña 2021, un operativo que se mantiene activo hasta el 15 de octubre.

En este efectivo antiincendios participan, entre otros, representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco); del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Presidencia Gobierno; de las Direcciones Generales de Policía (DGP), de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior; de la Dirección General de Política de Defensa (Digenpol); y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha agradecido la labor que cada año desempeña la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la Base Aérea de Morón, en el término municipal sevillano de Morón de la Frontera. El delegado ha señalado que se trata de un trabajo «esencial para garantizar la vida presente y el futuro en el entorno rural, con una vocación social extraordinaria por parte de estos hombres y mujeres».

Fernández ha destacado la «instrucción y formación especializada de este destacamento que convierte a estos efectivos en la élite en materia de emergencias», unas características que «se han podido comprobar durante los primeros meses de la pandemia, cuando los efectivos actuaban en la limpieza y desinfección en todos los rincones de Andalucía mientras la sociedad permanecía confinada».

El BIEM II ha desarrollado un programa de instrucción que complementa con actividades de preparación y colaboración con los efectivos del operativo autonómico de lucha contra incendios, «a efectos de mejorar la coordinación y la eficacia en caso de que fuera necesario complementar las capacidades de Andalucía en la lucha contra incendios forestales», ha asegurado el delegado.

MEDIOS TÉCNICOS

Fernández ha explicado que los efectivos cuentan con el apoyo de 27 vehículos autobomba, seis camiones nodrizas y dos máquinas empujadoras ‘D7R’. Un total de seis secciones de intervención que «estarán alistadas tanto en Base Aérea de Morón de la Frontera, como la Base Aérea de Armilla (Granada), con el fin de reducir el tiempo de intervención ante posibles intervenciones en Andalucía Oriental».

A estos medios, «se les podría sumar personal y vehículos de las otras cuatro unidades de la UME distribuidas por el territorio nacional y el apoyo del BIEM II, que estará preparado para colaborar con el resto de batallones de la UME en cualquier lugar del territorio nacional», ha afirmado.

Desde el aire, las Fuerzas Armadas han puesto a disposición de las autoridades correspondientes aviones del ’43 Grupo’ de la Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, así como aeronaves del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra, que actuarán bajo mando operativo de la UME.

La zona de Acción Operativa del BIEM II abarca once provincias distribuidas por las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Extremadura, así como los territorios correspondientes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Fernández ha señalado que, en lo que llevamos de año 2021, aunque por debajo de la media tanto de número de incendios como de superficie afectada en el último decenio, «se han producido 6 grandes incendios, lo que supera ligeramente la media de la última década».

En este sentido, el pronóstico de Aemet para los meses de julio y agosto indica que prácticamente todo el país registrará «temperaturas más elevadas de los valores normales para esta época del año».

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la propuesta del magistrado Cándido Conde-Pumpido que defiende la constitucionalidad de la vía urgente elegida en 2019 por el primer gobierno de Pedro Sánchez para tramitar el decreto de ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el último pleno del tribunal de garantías desestimó la ponencia de Conde-Pumpido y acordó estudiar una nueva –esta a cargo del magistrado Alberto Montoya– en el pleno del 13 de julio.

El debate tiene lugar después de que en mayo de 2019 el tribunal admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra el Real Decreto-ley 6/2019.

El decreto en cuestión contempla la ampliación del permiso por paternidad a ocho semanas en 2019, 12 en 2020 y 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad. La norma también obliga a preparar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes.

El Real Decreto-Ley fue aprobado por el Gobierno en marzo de 2019 y entró en vigor el 1 abril de ese mismo año. Fue convalidado por el Congreso, a través de la Diputación Permanente y con voto en contra, aquel 3 de abril.

NUEVA PONENCIA

Los recurrentes consideraban que el decreto-ley impugnado en su integridad ha podido vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución al no concurrir razones de extraordinaria y urgente necesidad.

En este sentido, los ‘populares’ precisaban que no estaban en contra de legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que el Ejecutivo lo hiciera por la vía de urgencia en lugar del procedimiento legislativo.

Según la Cadena Ser, Conde-Pumpido defendía la constitucionalidad de esta vía urgente, pero la mayoría conservadora del tribunal de garantías se ha mostrado en contra y ha desestimado la propuesta. Será ahora el magistrado Montoya, designado por el PP, quien defienda una nueva ponencia.

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha reconocido este viernes que el PSOE, como lista más votada en las elecciones municipales de 2019, puede alcanzar la Alcaldía de Granada tras la renuncia de Luis Salvador (Cs), si bien ha querido dejar claro que será sin los votos a favor de Cs, que tampoco entraría en un gobierno local dirigido por el socialista Francisco Cuenca, pero al que sí brindaría «apoyo» en proyectos que sean «beneficiosos para el conjunto de los granadinos».

Así lo ha comentado Marín en una atención a medios en Sevilla, en la presentación de la nueva Skill de Alexa sobre Turismo Andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la situación del Ayuntamiento de Granada tras la renuncia de Luis Salvador, que llevaba tres semanas con el único apoyo de un edil de Cs tras la salida del gobierno local de los concejales del PP, con los que había alcanzado un acuerdo de gobierno al inicio de la legislatura, y otros dos del partido naranja.

Juan Marín ha insistido en señalar que lo que ha ocurrido en Granada es que «el PP abandonó el gobierno» local y «ha provocado una situación de inestabilidad donde su alcalde, Luis Salvador, ha intentado formar gobierno durante las tres últimas semanas, pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han tenido ninguna intención de resolver el problema», ya que «sólo les preocupaba quién iba a ocupar el sillón de la Alcaldía», según ha criticado.

«Y ahora, pues tanto unos como otros han dejado la ciudad a la espera de qué suceda dentro de diez días en el pleno donde se nombre el nuevo alcalde», ha continuado el líder andaluz de Cs, que ha defendido que su grupo en el Ayuntamiento ha hecho «lo que teníamos que hacer», de forma que, tras intentar «formar gobierno», y al no ser posible, ha dado «un paso al lado, y otras fuerzas políticas tendrán que decidir si presentan candidato o no».

Si no lo hacen, según ha continuado Marín, «lógicamente, la lista más votada, como dice la ley, pues será la que finalmente gobierne Granada», según ha asumido el líder andaluz de Cs, que en todo caso ha comentado que habló con Luis Salvador «anoche, ayer por la mañana y anteayer, y en ningún momento me ha dicho que vaya a apoyar al PSOE» en la votación para elegir en el Pleno al próximo alcalde.

A FAVOR DE LA «GOBERNABILIDAD» DE GRANADA

«Lo que ha dicho es que, evidentemente, nosotros estamos en los gobiernos para intentar ser útiles, y si al final la lista más votada que pudiera ser la que finalmente gobernara Granada es la del PSOE, nosotros estaremos para intentar, en aquellos puntos en los que podamos, arrimar el hombro», e «intentar que exista la gobernabilidad», según ha señalado Juan Marín antes de insistir en que «ni Luis Salvador ni ningún compañero nuestro –de Cs– va a entrar en ningún gobierno ni va a votar al señor (Francisco) Cuenca –que sería el aspirante del PSOE a la Alcaldía– ni al candidato del Partido Popular si lo hubiera».

De esta manera, ha reiterado que Cs «no va a votar al candidato del Partido Socialista, y mucho menos a Francisco Cuenca, que está imputado por prevaricación». «No podemos hacerlo ni debemos hacerlo», ha sentenciado el dirigente ‘naranja’ antes de defender que Cs mantiene su posición de «siempre», y «han sido otros los que han decidido salirse de los gobiernos y han provocado esta situación».

Juan Marín ha valorado que Luis Salvador, en dos años como alcalde, «ha conseguido sacar adelante un presupuesto que llevaba años en Granada sin poderse aprobar», y que la ciudad cuenta ahora con inversión de la Junta de Andalucía que gobiernan PP y Cs para «proyectos importantísimos» como el proyecto Alhambra, el de Grandes Ciudades Turísticas o el acelerador de partículas.

«Creo que hay tanto en marcha que lo único que nosotros deseamos que esos proyectos sigan adelante, y para eso, lógicamente, tiene que haber un gobierno, y ese gobierno contará con el apoyo de Ciudadanos cada vez que se pongan en marcha proyectos que sean beneficiosos por el conjunto de los granadinos», según ha razonado Marín.

En esa línea, ha afirmado que en Cs «no vamos a ser el obstáculo para que Granada no tenga un gobierno estable», y ha señalado que quienes han incurrido en un «atrincheramiento» en el Ayuntamiento son «los que quieren el sillón, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que no han mirado en ningún momento por la ciudad de Granada» y «lo único que han hecho es crear inestabilidad, a ver de qué forma le podían quitar la Alcaldía a Cs», según ha criticado el vicepresidente andaluz.

Unidas Podemos reivindicará en la manifestación del Orgullo de este sábado en Madrid el avance de derechos que supone la Ley Trans-LGTBI, cuyo anteproyecto fue aprobado esta semana en el Consejo de Ministros, con una pancarta propia bajo el lema ‘Son derechos, no deseos ¡es ley!’.

La representación del espacio confederal que asistirá a la marcha del Orgullo estará liderada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada, Ione Belarra.

Además acudirá la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago y la directora general de Diversidad Sexual y por los Derechos LGTBI, Boti García, así como la eurodiputada y portavoz de la dirección federal de IU Sira Rego.

Serán ellas quienes formen la primera línea de la pancarta de la formación. Pero también estarán acompañadas de las secretarias de Derechos LGTBI de Podemos e Izquierda Unida, Ángela Rodríguez-Pam y Vanesa Angustia y de la portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y diputadas del grupo confederal como Sofía Castañón.

«Este año la celebración del Orgullo es histórica pues celebramos que por fin avanzamos en blindar por ley muchos de los derechos de nuestros colectivos», ha afirmado Ángela Rodríguez-Pam.

Mientras, la responsable federal de ALEAS-IU ha calificado de «imprescindible» el proyecto de ley que «por fin» ha visto la luz «tras muchos años de lucha colectiva, social y política.

«Ahora no solo queremos cubrir los derechos fundamentales, sino mejorar las condiciones materiales y de seguridad de las personas LGTBIQA+ que aún vivimos acoso y agresiones, además de situaciones laborales adversas y dificultades en nuestros entornos familiares», ha añadido Vanesa Angustia.

El espacio confederal ha explicado que después de que en la celebración del Orgullo 2020 Unidas Podemos se comprometiese a elaborar una Ley Trans, esta cita llega con la aprobación de la normativa para la igualdad «real y efectiva» de las personas Trans y para la «garantía» de los derechos de las personas LGTBI, impulsada por el Ministerio de Igualdad.

«Habrá ley Trans, y eso no solo servirá para despatologizar por fin la libre determinación de la identidad de género, sino también para cuestiones tan importantes como que las mujeres lesbianas y bisexuales por fin podamos formar una familia sin las discriminaciones que aún hoy sufrimos», ha destacado Rodríguez-Pam.

Con este nuevo marco legislativo, Unidas Podemos ha destacado que se confirma «la despatologización de las personas trans, que dejan legalmente de ser consideradas enfermas, ya que no se les volverá a exigir un diagnóstico médico, si no que tendrán derecho a la autoderminación de género a través con un sistema de doble comparecencia, sin tutelas médicas ni judiciales».

También se reconoce el derecho a la filiación de hijos e hijas de parejas de mujeres, equiparando sus derechos a las parejas heterosexuales en cuanto al derecho de filiación de su descendencia sin que sea necesario el matrimonio.

Además, quedan «prohibidas» las terapias de conversión, se protegen los derechos de las personas intersexuales, prohibiendo las cirugías no imprescindibles en bebés y alargando el plazo hasta un año para determinar su sexo, así como la implementación de estrategias para el desarrollo de políticas LGTBI y Trans, impulsar la inserción sociolaboral de las personas trans y promoviendo una educación en diversidad, entre otras medidas.

MARCHA SIN CARROZAS NI ESCENARIO

La manifestación central de la fiesta del Orgullo Estatal LGTBI 2021 se celebra con medidas especiales debido a la situación de crisis sanitaria que vive el país por el Covid-19, de forma que no habrá en esta edición las características carrozas, ni tampoco escenario. El manifiesto, que también tendrá un contenido reivindicativo por los derechos trans, se leerá en la Plaza de Colón de Madrid.

La marcha comenzará a las 20.00 horas desde la Plaza de Carlos V, aunque la cabecera, que portará una pancarta con el lema ‘Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya’, se situará para el arranque en la Plaza de Murillo, en la entrada del Museo del Prado. Los participantes recorrerán así todo el Paseo del Prado de la Capital, para terminar en la Plaza de Colón.

La organización de este evento, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid y AEGAL, ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía que quiera participar en el evento y ha llamado a «respetar las normas de seguridad», la «distancia social» y «el uso de la mascarilla».

La Delegación de Gobierno de Madrid ha autorizado esta manifestación y, a día de hoy esta decisión se mantiene. Según ha explicado, la previsión es que, en principio, no habrá cambios ya que la situación de pandemia oscila de forma paulatina.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no justificó la «urgente necesidad» del nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como administradora única provisional de la Corporación RTVE en 2018.

El TC admitió en septiembre de 2018 dos recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados y senadores del Partido Popular (PP). La ponencia sobre este asunto recayó en la magistrada María Luisa Balaguer y el pleno del TC la aprobó en su reunión de la semana pasada. Pero lo hizo dividido, por lo que la decisión ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Juan José González Rivas, dado que ha habido un empate de cinco votos a favor y cinco en contra, por lo que también hay cinco votos particulares.

En la sentencia hecha pública este viernes, el alto tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado tercero del artículo único, y la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, modulando el alcance de los efectos de dicha declaración.

Según ha informado el TC, en relación con la disposición final primera, el Constitucional basa su declaración de inconstitucionalidad en que la causa justificativa del Decreto-ley –la situación de extraordinaria y urgente necesidad– ha de ser explicitada por el propio Gobierno para tener por válida la asunción gubernativa de la potestad legislativa, de modo que la carencia de tal justificación determina que no pueda apreciarse la concurrencia del presupuesto habilitante.

Respecto a la impugnación del apartado tercero del artículo único, esta se basaba en la falta de respeto de los límites materiales impuestos a la aprobación de un decreto ley en el artículo 86.1 de la Constitución.

La Carta Magna establece en este artículo que, «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general».

En este sentido, el Pleno asume que tales límites no han sido respetados por cuanto las previsiones del apartado tercero, relativas al presupuesto subsidiaria de nombramiento por el Congreso de los Diputados de los cuatro miembros del consejo de administración que corresponde designar al Senado, privan a la Cámara Alta de su potestad de designación y, con ello, de una de las manifestaciones del control que dicha cámara ha de desarrollar en cumplimiento del artículo 20.3 de la Constitución.

Este artículo establece que «la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España».

Por tanto, el Tribunal Constitucional declara que, al afectar el decreto ley a lo previsto en el artículo 20.3 Constitución, incurre en la prohibición de afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I» que contempla el artículo 86.1 Constitución.

«Los efectos de sendas declaraciones de inconstitucionalidad son meramente declarativos al regular los dos preceptos afectados regímenes transitorios que han dejado de desplegar, al día de la fecha, efectos sobre el ordenamiento», ha aclarado el alto tribunal.

VOTOS PARTICULARES

No obstante, el fallo contiene cuatro votos particulares. El primero formulado por el magistrado Andrés Ollero, al que se adhiere la magistrada y vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, considera que la sentencia aprobada por la mayoría da a entender que el control parlamentario previsto en el artículo 20.3 de la Constitución debe ser bicameral (Congreso y Senado), lo que convertiría en inconstitucional la previsión que hurta al Senado su capacidad de elección.

En su opinión, el problema es otro; el control ha quedado reservado a una ley que habría de ser parlamentaria, dada la singularidad de la materia, lo que simplemente llevaría consigo la exclusión del recurso al decreto-ley.

Por su parte, la magistrada María Luisa Balaguer, a la que se adhiere el magistrado Juan Antonio Xiol, constata en su voto que se ha producido un cambio de jurisprudencia inadecuadamente justificado en la sentencia del Pleno, respecto de las SSTC 103 y 150/2017, a las que presentó en su día los oportunos votos particulares, a cuyo contenido se remite.

Asimismo, el voto particular formulado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón explica que no es correcta la caracterización que hace la sentencia, aprobada por la mayoría, de la previsión constitucional relativa al control parlamentario de los medios públicos de comunicación recogida en el art. 20.3 CE. En su opinión, es evidente que en tal previsión de la norma fundamental no se recoge un derecho fundamental sino un mandato dirigido al legislador, como recuerda la doctrina constitucional.

Desde su punto de vista, la sentencia puede llevar a la confusión, ya que el art.20.3 CE tiene dos partes diferenciadas. Una, el control parlamentario de los medios públicos y otra, la garantía del acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado de los grupos sociales y políticos significativos. Sólo el segundo es un derecho fundamental; el primero es un simple mandato, que puede ser regulado a través de un decreto-ley.

Por tanto, no sería correcto fundar la inconstitucionalidad del Decreto-ley impugnado que regula el control parlamentario de los medios públicos en la contravención del límite recogido en el art. 86.1 CE cuando dispone que los decretos-leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, pues no se ha afectado derecho fundamental alguno.

NOMBRAMIENTO DE MATEO

La periodista Rosa María Mateo fue propuesta para gestionar RTVE después de que el proceso de renovación fracasara con una votación fallida en la que dos diputados se equivocaron al meter la papeleta y otros dos no acudieron a la sesión plenaria.

Mateo obtuvo el respaldo del Parlamento en una votación celebrada el pasado 27 de julio, cuando recabó un total de 180 votos a favor, cuatro más de los 176 necesarios y que suponen la mayoría absoluta del Congreso. La votación se completó con 1 voto en blanco y 131 nulos.

Desde el pasado mes de marzo, José Manuel Pérez Tornero es el nuevo presidente del Consejo de Administración de RTVE, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en este asunto.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha recalcado este viernes que debe ser su partido, el que tiene la mayor representación con diez concejales de una corporación de 27, quien «lidere la salida» de la actual crisis municipal, y a partir de ahí afirma que «están abiertos a cualquier escenario» porque «es momento de sumar», por lo que ha pedido «altura de miras» al resto de formaciones políticas para devolver la «estabilidad» a la ciudad.

Cuenca ha señalado en rueda de prensa que no tienen ningún tipo de acuerdo con el hasta ahora alcalde, Luis Salvador (Cs), –que anunció el jueves su renuncia– ni con ninguna formación hasta el momento, aunque han mantenido contacto con todos los grupos políticos y los concejales no adscritos.

A preguntas de los periodistas, ha confirmado que no se plantean presentar un candidato alternativo, después de que distintas formaciones hayan hecho hincapié en las últimas horas en que él sigue estando investigado en una causa que lleva el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por su etapa como delegado de la Junta. Ha opinado que supondría «casi una vulneración de la decisión de los granadinos» que le votaron mayoritariamente en las pasadas elecciones municipales a pesar de que este proceso ya estaba abierto. «Es una cuestión de ámbito administrativo y los ciudadanos lo saben», ha agregado el portavoz socialista, que ha enmarcado esta causa en la «persecución» a la que está siendo objeto desde 2010 por «parte del PP».

Aunque ha opinado que la dimisión de Luis Salvador «llega tarde», ha incidido en que «ya ha llegado» y ha pedido que la actual situación «se resuelva lo antes posible» con la convocatoria de un pleno de investidura para emprender «un camino de confianza y recuperación» donde los granadinos vean en su ayuntamiento un espacio donde «solventar sus problemas» y no «un tapón a sus expectativas». Ha querido lanzar así el mensaje a los ciudadanos de que «en cuanto se desarrolle el pleno de investidura el PSOE, en cualquiera de los escenarios, contribuirá a la tranquilidad, a la recuperación y a la confianza».

Preguntado sobre una posible entrada en el gobierno de Unidas Podemos o de ediles de otras formaciones, ha incidido en que en este momento lo que contemplan es que «quien lidere la salida de esta situación sea el PSOE» atendiendo al «mandato» de los granadinos cuando votaron en las pasadas elecciones, y a partir de ahí se ha mostrado abierto «a cualquier escenario». «Estamos abiertos a sumar (…) por encima incluso de mi parecer o gusto personal está la ciudad de Granada», ha enfatizado.

Mes y medio después de la crisis humanitaria en Ceuta, Save the Children ha advertido de que aproximadamente una cuarta parte de los niños migrantes a los que ha entrevistado sufrió violencia física, abusos o malos tratos en su país de origen, lo que provoca que vivan con miedo o ansiedad.

La organización también incide en que uno de cada seis menores encuestados padecieron tortura o trato degradante antes de llegar a España.

Así lo asegura en un comunicado, en el que explica que, desde el comienzo de la emergencia, la ONG está presente en la ciudad autónoma realizando entrevistas individualizadas a los menores que se encuentran en los espacios temporales de acogida. Cada uno de ellos ha sido atendido por hasta cuatro profesionales que han evaluado su caso.

Hasta la fecha, indica la entidad, y en colaboración con la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGIA) de Ceuta, se ha apoyado a 135 niños y 85 niñas, la mayoría de los cuales (209), tienen como país de origen Marruecos y están acogidos en el centro de Piniers y 11 de ellos son de África subsahariana y se encuentran en el Pabellón Santa Amelia.

Todos ellos tienen entre 12 y 17 años y en su mayoría explican que han venido a España tras sufrir explotación laboral, el rechazo de sus familias o persecución en el país de origen por su orientación sexual. En el caso concreto de las niñas y adolescentes, dicen haber huido del matrimonio forzoso, la violencia de género o el abuso sexual en el entorno familiar, entre otros motivos.

De los más de 200 menores menores entrevistados en este proceso, 13 ya han manifestado voluntad de solicitar asilo, ha explicado Save The Children.

EL DEBER DE ESCUCHAR A LOS NIÑOS

«Tenemos el deber de escuchar a los niños, las niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en Ceuta para asegurarnos de que su situación personal y sus necesidades sean escuchadas y sirvan como punto de partida de las decisiones que les conciernen», ha indicado Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de la organización.

«Es necesario contar con procedimientos especializados para la infancia, especialmente para que los perfiles solicitantes de asilo y víctimas de trata cuenten con especial protección», ha añadido.

La organización recuerda que, aún hoy, se desconoce la cifra total de menores que llegaron a la ciudad autónoma entre el 17 y el 18 de mayo, así como la cifra de ellos que se encuentran viviendo actualmente en situación de calle. El único dato disponible procede de la policía de Ceuta, que ha registrado a 1.108 hasta el momento.

En este punto, Save the Children muestra especial preocupación por la infancia y la adolescencia que sigue fuera de los sistemas de protección, sin ningún tipo de recurso económico o protección de una persona adulta.

Ahora, la entidad trasladará toda esta recopilada al Área de Menores de Ceuta, la institución que tiene su tutela. En concreto, Save the Children ya ha remitido 41 perfiles vulnerables con problemas médicos que requieren atención especializada, según ha informado.