La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha señalado este viernes tras conocerse que las autoridades judiciales francesas han acordado retirar la pulsera telemática al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josú Ternera’, que este tipo de decisiones demuestran que el país galo «sigue siendo un santuario para los terroristas». Además, las víctimas y las asociaciones de Guardias Civiles temen que el terrorista aproveche esta circunstancia para fugarse.

En declaraciones, la presidenta de la AVT ha calificado de «indignante» y vergonzoso que se hayan rebajado las medidas cautelares para Josu Ternera, máxime cuando está pendiente de varios juicios tanto en Francia como en España.

Fuentes del entorno del etarra confirman que se ha trasladado con su familia a la localidad francesa de Anglet, cerca de la frontera con País Vasco. Anteriormente residía en París, donde vivía desde que en julio de 2020 se acordó que permaneciera en régimen de arresto domiciliario con una pulsera electrónica por motivos de salud

La AVT indica que esperaban «algo más» de las autoridades judiciales francesas –ellos no están personados en ningún procedimiento allí contra el etarra– y avanzan que ya estudian elevar una queja formal al país galo por esta decisión, y por lo que supone para las víctimas.

«Que a un terrorista con tantos asesinatos a sus espaldas lo dejen en libertad sin pulsera», explica Araluce, abre la puerta a que pueda escapar de la justicia. Cabe recordar que Ternera fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.

AFECTA NEGATIVAMENTE A LAS VÍCTIMAS

No obstante, la justicia francesa mantiene medidas cautelares como la de que Urrutikoetxea deba presentarse tres veces a la semana en dependencias policiales. Pero esto no es suficiente para la AVT que considera que si ya se fugó con anterioridad, ahora con causas pendientes hay riesgo «de que desaparezca otra vez».

«Sigue siendo el santuario de los terroristas (Francia), les da un trato de favor que no se merecen para nada (…) porque un terrorista debe cumplir con la justicia», ha apuntado Araluce, para luego añadir que esta medida afectará negativamente a las víctimas del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, por el que está procesado en España Ternera. «Mientras ellos siguen con las secuelas, éste ya haciendo vida normal, en la calle», ha lamentado, advirtiendo además que el etarra podría cruzar en cualquier momento –por cercanía– la frontera con España.

Por su parte, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha indicado que la retirada de esa pulsera telemática es una «tomadura de pelo» y una desconsideración por parte de la Justicia francesa hacia las víctimas del terrorismo de ETA.

«TERNERA ES UN CRIMINAL»

Y se pregunta qué ocurriría si desde España se actuara de la misma forma con casos sin resolver que afectaran a franceses. «Ternera es un criminal que ha cometido crímenes contra la humanidad además de crímenes terroristas», apunta.

Al hilo, lamenta que Francia dude de que Ternera pueda ser considerado «un criminal contra la humanidad» y apunta que de acuerdo a esa lógica «quizá se debiera pensar lo mismo del asesino denominado Carlos ‘El Chacal’ que tantos crímenes cometió en Francia en los 70».

Se refiere así a la decisión del Tribunal de Apelación de París que en julio de 2020 rechazó entregar a Urrutikoetxea por delitos de lesa humanidad que se le reclamaban en una causa que instruye la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

Ilich Ramírez Sánchez (‘El Chacal’), otrora uno de los más buscados, ha pasado los últimos años encarcelado en Francia, desde que fue detenido en Jartum por fuerzas especiales francesas. Ha sido condenado a cadena perpetua por los ataques realizados en las décadas de 1970 y 1980.

FRANCIA PERMITE «UNA ABERRACIÓN»

Por otro lado, asociaciones de guardias civiles han criticado la rebaja de las medidas cautelares recordando las causas pendientes de ‘Josu Ternera’ en España, como es el caso del atentado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que dejó once muertos, incluidos seis niños.

Juan Amado, portavoz de AEGC, asociación profesional personada en la causa por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, ha reaccionado a la noticia criticando que Francia permita esta «aberración» cuando se trata de un «delincuente» que no tiene delitos comunes, sino por terrorismo.

De hecho, ha cuestionado que la justicia europea funcione correctamente cuando se permite que alguien como ‘Josu Ternera’, después de ser detenido al dar con su refugio en Francia, pueda hacer «vida normal».

Otra asociación de la Guardia Civil, AUGC, también ha reaccionado a través de su portavoz, Pedro Carmona, lamentando que el exjefe de ETA «siga disfrutando de beneficios penitenciarios pese a ser un terrorista sanguinario».

«Esperemos que este nuevo beneficio no ayude a que ‘Josu Ternera’ vuelva a huir de la justicia como ya lo hizo anteriormente y tire por el suelo la lucha y dignidad de las víctimas y sus familiares por llevarle ante la justicia», ha señalado el portavoz de AUGC.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado en que «mucho peor» que la decisión de su Ejecutivo de pedir PCR, certificado de vacunación contra la covid-19 o de haber superado la enfermedad sería tener que cerrar locales de hostelería en aquellos ayuntamientos en los que la incidencia está en índices más elevados.

«Lo que interesa a ciudadanos y a hosteleros es que se pueda abrir el interior de todos los restaurantes», ha esgrimido el presidente gallego.

Así lo ha defendido en una entrevista en Telecinco, al tiempo que, al igual que en declaraciones a los medios en Pontevedra, donde ha participado en un acto con deportistas olímpicos, ha asegurado que confía en lograr el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para mantener la exigencia en los términos en los que se venía haciendo en la comunidad.

Un día después de su decisión, el TSXG ha confirmado en su perfil de Twitter este mismo viernes que la Xunta ya ha presentado la solicitud de autorización para la exigencia de pedir este certificado covid para poder entrar en hostelería en los niveles más altos de incidencia, y para el ocio nocturno con interiores abiertos en Galicia.

Insiste el TSXG que esta medida ahora mismo carece de vigencia al no contar con autorización judicial previa.

PENDIENTE DE SU DECISIÓN

En Pontevedra, Feijóo ha vuelto a reiterar que la Xunta entiende que la ley gallega de salud le da «competencia directa» para imponer esta obligación sin necesidad de autorización judicial, pero vista la decisión del TSXG, ha explicado que se ha optado por pedir su aval para tratar de que, cuanto antes, pueda volver a estar en vigor.

El dirigente gallego ha insistido en que «la mayoría de países europeos» exigen este pasaporte covid para entrar en lugares públicos cerrados y ha recalcado también que «no tiene sentido» que los certificados que tienen 18 millones de personas inmunizadas en España «no tengan ninguna utilidad» más allá de viajar o poder coger un avión.

Convencido de que el resto de países europeos lo están haciendo «mejor» que España y de que «no tiene sentido» que «todo el esfuerzo» que se hace en vacunación no tenga «efectos en ámbitos de lugares cerrados o el transporte«, ha vuelto a defender que espera que el TSXG de luz verde de nuevo a la medida autonómica del certificado covid.

Finalmente, ha concluido que también «se acredita» una vez más «la laguna legal» que hay en España. Por eso las comunidades estamos dando botes de un lado para otro en función los tribunales superiores, que tienen dificultades para interpretar de forma homogénea porque no hay una legislación homogénea», ha concluido.

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, se ha sumado a las presiones a la vicepresidenta Teresa Ribera para que tome medidas para bajar la factura de la luz y ha exigido a la responsable de la política energética del Gobierno que pase ya «de las palabras a los hechos» para crear una eléctrica pública y «aplicar otras medidas igual de eficaces para cortar de raíz la subida de precios».

Enrique Santiago, que también es portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y secretario de Estado en el Ministerio que dirige Ione Belarra, cree que es una «excelente noticia» que la vicepresidenta cuarta se abra a crear una empresa pública de la energía.

Pero mientras que la parte socialista del Gobierno asegura que ese proyecto de empresa pública sólo se plantea de medio a largo plazo, el portavoz adjunto de IU quiere acelerarlo: «Llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible», ha dicho en un comunicado recogido por Europa Press.

EN FRANCIA «NADIE SE RASGA LAS VESTIDURAS»

A su juicio, se trata de «una propuesta razonada y factible» que desde IU se viene planteando desde hace varios lustros y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente. «Pero más allá de autorías, no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí», ha añadido.

Según destaca, «más de 30 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial son públicas o tienen una participación pública», y en nuestro entorno existen ejemplos como la italiana Enel o la francesa EDF, «que son mayoritariamente públicas y nadie se rasga allí las vestiduras, incluida su derecha o las compañías de la competencia».

«Aquí en España tenemos que enfrentarnos a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe mientras utilizan la subida de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente», se queja.

Y la apuesta de la empresa pública, en su opinión, «debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente de raíz a esta escalada de precios especulativa, además de poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva».

Y EL PP, EN LA «INOPERANCIA»

El portavoz parlamentario de IU ha aprovechado para reprochar al PP su negativa a respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, el decreto ley para acabar con los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ y la rebaja del IVA del recibo de la luz.

«Pablo Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida», concluye.

Ciudadanos quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez explique qué está haciendo para evitar que Afganistán «caiga en manos del extremismo de los talibán», que ya controlan trece de las capitales provinciales del país, y si va a evacuar a los españoles que se encuentran allí, incluido el personal de la Embajada en Kabul.

A través de una batería de preguntas registradas este viernes en el Congreso, los diputados María Carmen Martínez y Miguel Gutiérrez piden al Ejecutivo que explique qué evidencias le llevaron a retirar el contingente militar español en Afganistán el pasado mayo.

Además, Cs quiere saber qué actuaciones se llevaron a cabo, en coordinación con los socios internacionales, «para asegurar el mantenimiento de la paz una vez que la presencia militar de los aliados se retiraba del terreno» y qué medidas está tomando el Gobierno, en el seno de la Unión Europea, de la ONU y de la OTAN, para evitar que Afganistán acabe controlado por los talibán.

Por último, el partido naranja pregunta si el Ejecutivo ayudará a los trabajadores de la Embajada y a los demás españoles a abandonar el país centroasiático y cómo se anticipará a un posible aumento de llegadas de solicitantes de protección internacional a España como resultado del deterioro de la situación en Afganistán.

RETIRADA DE LAS FUERZAS INTERNACIONALES

En su iniciativa parlamentaria, Ciudadanos alerta sobre el avance «imparable y devastador» de los radicales islamistas, que se espera que próximamente puedan asediar y hacerse con el control de Kabul.

Según explica, esta situación se produce porque el expresidente de Estados Unidos Donald Trump decidió retirar la presencia militar de Afganistán «sin asegurar que los esfuerzos de consolidación de la paz se habían completado», una retirada que el actual presidente, Joe Biden, ha continuado, aunque retrasando los plazos. Posteriormente, muchos otros países que contribuían con tropas a esa misión internacional también decidieron marcharse, incluida España.

El partido presidido por Inés Arrimadas destaca que, según varios expertos, esta retirada no tuvo en cuenta los efectos que tendría para el avance talibán, para las instituciones afganas y, principalmente, para la población.

El Ejército de Afganistán «está siendo incapaz de poder plantar cara al avance de los extremistas», mientras que «la comunidad internacional permanece paralizada y simplemente se ha hecho un llamamiento al cese de la violencia y se ha instado al Gobierno afgano a que negocie un acuerdo de paz con los talibán», algo que a lo que los radicales «no parecen dispuestos», afirma Cs.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, en funciones de guardia, ha ordenado dejar en libertad provisional a los dos hombres detenidos como presuntos responsables de efectuar varios disparos contra tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, con un arma artesanal, el pasado día 10.

Fuentes judiciales han confirmado que los arrestados están investigados por los delitos de lesiones y tenencia ilícita de armas, toda vez que la autoridad judicial ha impuesto para ellos como medida cautelar el alejamiento con respecto a los heridos.

Los dos detenidos, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial este viernes tras su arresto por parte de la Policía Nacional por un presunto delito de lesiones, otro de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas, según ha explicado la Policía en un comunicado.

Las pruebas e indicios recabados por los investigadores han conducido a la identificación y arresto el 11 de agosto de dos hombres de 47 y 23 años, residentes ambos en el barrio de Pescadería, y presuntos autores de los disparos, además de encontrar con el arma utilizada.

Los hechos, que terminaron con tres heridos leves por arma de fuego durante la madrugada del pasado martes en el barrio almeriense de La Chanca, entre ellos un menor de 17 años, se habrían desencadenado a raíz de una disputa entre vecinos cuando un transeúnte resultó sorprendido cuando orinaba en la vía pública y fuera reprendido por su actitud.

Así lo manifestaban fuentes de la investigación tras la elaboración de las primeras pesquisas en las que los agentes se han entrevistado con testigos e implicados en los hechos para tratar de esclarecer el origen de los disparos.

Durante el transcurso de la investigación, uno de los arrestados ha sufrido en su vivienda un incendio supuestamente provocado y que ha presentado «daños considerables». La Policía Nacional ha abierto otra investigación para averiguar lo ocurrido y la detención de los culpables.

En total, la Policía ha determinado que fueron percutidos cinco cartuchos que hirieron en las piernas, espalda y cabeza a las víctimas que tuvieron que ser asistidos en el Hospital Torrecárdenas, y cuyo pronóstico es favorable.

Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno una serie de medidas frente al fuerte aumento de los precios de la electricidad en España, como ampliar el acceso al Bono Social e incrementar el descuento que se aplica en la factura a los consumidores vulnerables.

La iniciativa, registrada por el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Edmundo Bal, busca que el Pleno de la Cámara Baja inste al Ejecutivo a «elevar los límites de renta previstos para acceder al Bono Social de electricidad» a fin de «facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz» a personas que tienen dificultades para pagarla.

También aboga por revisar los requisitos establecidos para el acceso al Bono Social al objeto de «garantizar que ningún consumidor vulnerable queda excluido del sistema de descuentos de la factura de la luz», además de incrementar hasta el 30 por ciento el descuento previsto para consumidores vulnerables y hasta el 50 por ciento en el caso de consumidores vulnerables severos.

MANTENER LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL

Asimismo, Cs propone aumentar hasta el 50 por ciento el límite a la cantidad de ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que pueden destinarse a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada.

Como quinta y última medida, la formación naranja plantea que la reducción del IVA sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, aprobadas mediante un decreto ley el pasado junio, se mantengan «hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia».

Según Ciudadanos, la reciente escalada de precios –en este mes de agosto, la mitad de los días se han superado los 100 euros por megavatio hora– ha «absorbido» el efecto de las medidas del decreto de junio para reducir la presión fiscal en la factura eléctrica y ha hecho que los descuentos vigentes y los umbrales de renta fijados para acceder al Bono Social terminen siendo «insuficientes».

Para Cs, es necesario que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos actúe ante los máximos históricos que se están registrando en los precios de la electricidad como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono.

CONSUMIDORES AFECTADOS POR LA ESCALADA DE PRECIOS

En su iniciativa parlamentaria señala que este problema ya afecta a quienes están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son más de diez millones de consumidores, y «también acabará redundando a medio plazo» en un incremento de las facturas de los consumidores que se encuentran en el mercado libre.

Además, Cs destaca que esta situación se produce mientras los ciudadanos «aún se están recuperando del impacto económico y social» provocado por la pandemia del coronavirus y cuando la tasa de paro se mantiene casi dos puntos porcentuales por encima del porcentaje de personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019.

Sobre el acceso a la electricidad, indica que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 por ciento de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa.

El Ministerio del Interior mantiene en estudio «caso por caso» de las más de 200 solicitudes de asilo pendientes de resolución tramitadas por ciudadanos afganos que se encuentran en España desde 2008 y que quieren continuar en nuestro país, aunque no contempla ningún mecanismo excepcional para suspender las expulsiones atendiendo a la crisis del país centroasiático por el avance talibán, como han anunciado Francia o Alemania.

Fuentes de Interior señalan, además, que se mantiene la presencia en la Embajada de Kabul de los policías que forman parte del personal de seguridad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que para el Gobierno es «prioritario» garantizar la seguridad de todo el personal, si bien por el momento no se ha tomado una decisión sobre su posible evacuación.

Interior, que participa también junto a Exteriores y Defensa en el plan para dar una solución a los traductores afganos que asistieron a las tropas españolas en Afganistán en los últimos años, ha recordado que las solicitudes de asilo de los nacionales afganos son escasas si se compara con otros países del entorno europeo, de ahí que se pueda mantener el estudio individualizado.

987 SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DESDE 2008

Según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, 987 afganos han solicitado desde el año 2008 protección internacional en España. 766 solicitudes ya han sido resueltas, y de ellas, 533 de manera favorable (el 70%) reconociendo algún grado de protección internacional.

De acuerdo a estos datos, quedarían otras 221 solicitudes por tramitar, aunque en estos momentos no consta ningún expediente abierto para proceder a una devolución inmediata. Sólo en 2020 se atendieron 34 solicitudes de asilo, frente a las 10.000 de países como Francia.

Por ese motivo, las autoridades españolas no ven necesario adoptar medidas excepcionales, «sino que se procederá al análisis individualizado de cada caso y se tendrá en cuenta siempre la situación actual en el país asiático».

Este procedimiento es habitual cuando median crisis como la que sufre Afganistán, en vista de la creciente inseguridad que impera en este país por el incesante avance de los talibán. De hecho, el Gobierno de Francia se sumó ayer a los de Alemania y Países Bajos al anunciar la paralización oficial de las deportaciones.

Las fuentes de Interior consultadas explican que la estabilidad de cada país es un factor determinante para las devoluciones de nacionales, dentro de un trámite de la Oficina de Asilo y Refugio que se suele demorar en el tiempo y que implica necesariamente atender a la estabilidad del país de origen en el caso de que se resuelva que el peticionario no es apto para obtener el estatuto de refugiado.

Desde Interior entienden que el volumen marginal de peticiones de asilo por parte de ciudadanos afganos permite hacer un seguimiento individualizado, sin necesidad de adoptar «medidas excepcionales» como la de suspender estos trámites, ante el riesgo por el avance talibán.

El diputado socialista Pablo Arangüena ha urgido este viernes que en el Gobierno gallego se diriman responsabilidades, tras la resolución del Tribunal Superior de Justiza de Galicia (TSJG) que ha dejado sin vigencia la obligación de presentar el certificado covid para acceder a la hostelería en los niveles de más incidencia del virus, y al ocio nocturno en los niveles medio y bajo –donde están abiertos los interiores de estos locales–.

Arangüena ha asegurado que el Ejecutivo autonómico, con Alberto Núñez Feijóo al frente, «ha estado cometiendo una grave ilegalidad durante los últimos 20 días» y ha esgrimido que «alguien debe asumir responsabilidades. A modo de ejemplo, ha señalado que, en una empresa privada, «un hecho similar implicaría el cese fulminante de su responsable».

El órgano judicial gallego ha tumbado esta medida debido a que la Xunta no envió al tribunal gallego la orden del 22 de julio que contenía el requerimiento de presentar el certificado covid en establecimientos de hostelería y ocio nocturno.

A este respecto, el socialista ha asegurado que «es la primera vez que un Tribunal Superior de Justiza autonómico tiene que explicar a un gobierno como hacer su trabajo». «El señor Feijóo muestra un grave desprecio por la legalidad», ha añadido, «y debería asumir las consecuencias del error como máximo responsable de la Xunta».

«Continúan los tics autoritarios del Gobierno gallego», ha señalado Arangüena, al tiempo que ha comparado la actuación del Partido Popular con la del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. «La derecha trumpista en Galicia no es tan nociva como Trump, pero se comporta como él», ha explicado.

«FALSEDAD EVIDENTE»

También ha valorado la crítica de la Xunta al Gobierno central por no recibir dosis del lote de 3,4 millones de viales que anunció el presidente Pedro Sánchez. Arangüena ha calificado de «falsedad evidente» las declaraciones de miembros del Ejecutivo autonómico como el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, que aseguró que el sistema de vacunación en Galicia está «siendo atacado» por La Moncloa.

El viceportavoz socialista en el Parlamento gallego ha calificado a la Xunta como «líder en ilegalidad e incompetencia» en España. «El PP está abonado a la desinformación constante a la población», ha señalado, «pero no puede ser que utilice una página de información pública sobre la vacunación para sacar ventaja política de la pandemia», ha concluido.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios forestales en la mayor parte del país durante el fin de semana, incluidas las Islas Canarias.

Este viernes, tercer día de la ola calor, tanto las máximas como las mínimas alcanzarán valores por encima de los normales en gran parte del país, excepto el área Cantábrica y buena parte de Galicia. Es probable que se sobrepasen los 40ºC grados en los ríos de la vertiente atlántica sur, medio Ebro y localmente en Baleares, incluso los 44ºC en el valle del Guadalquivir. En Canarias, podrán superarse los 40ºC en zonas interiores.

«Existe riesgo de incendios forestales prácticamente generalizado en todo el país, por lo que es necesario extremar las precauciones para evitar su aparición», ha avisado Protección Civil en un comunicado.

Así, ante las altas temperaturas, se recomienda limitar la exposición al sol; mantenerse en lugares bien ventilados; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; o interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas, entre otros consejos.

Para prevenir incendios forestales, pide prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol ya que las negligencias provocan gran parte de incendios forestales; o no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.

Además, recomienda acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; si se descubre el fuego en su inicio, avisar al 112 inmediatamente; en caso de verse sorprendido por un incendio, evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, hay que atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.

El PNV no quiere valorar «globos sonda» como el planteamiento de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de crear una empresa pública de Energía que aglutine las concesiones hidroeléctricas cuando termine la gestión privada. Ribera realizó esta propuesta en un momento en el que el precio de la luz sigue alcanzado nuevos máximos históricos.

En numerosas ocasiones, la formación jeltzale ha calificado de «parches» las medidas que estaba adoptando hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez para atajar el problema de la subida en el precio de la luz –como la rebaja del IVA del 21% al 10%–, y ha reclamado, entre otras cosas, una reforma del mercado eléctrico con un pacto que beneficie a consumidores y empresas, y que se avance en la transición energética.

De momento, el PNV no quiere opinar sobre el anuncio realizado por ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, que ha abierto la puerta a crear una empresa pública energética, una reivindicación de Unidas Podemos, su socio de Gobierno.

Fuentes jeltzales han señalado que no se pronunciarán sobre «globos sonda», sino que analizarán el asunto cuando haya propuestas sobre la mesa, no solo «una declaración inconcreta».

Durante sus intervenciones en el Congreso, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha abogado, ante los constantes aumentos en el precio de la electricidad, por avanzar en la transición energética. Para la formación jeltzale, «no hay una fiscalidad verde ni una reforma del mercado de trabajo y mucho menos una política estratégica energética de luces largas, que permita tener un precio mucho más ajustado de electricidad».

Sagastizabal ha denunciado que, hasta ahora, solo ha habido regulación y únicamente se ha recurrido a «parches» desde el año 1998. Aunque ha entendido necesario adoptar medidas temporales para contener los precios en la factura de la luz, en su opinión, habría que ir más allá de la regulación, y ha advertido de la situación que se generaría cuando decaigan las bajadas fiscales. También recordó el impacto que tenía el incremento del precio de la electricidad en la competitividad de las empresas.

Los jóvenes españoles valoran positivamente vivir en el medio rural, aunque demandan mejoras en los servicios. Esta es una de las conclusiones de la encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red Rural Nacional (RRN), para conocer la percepción que tienen los jóvenes a cerca del medio rural español, sus propuestas y necesidades para mejorar la vida en los territorios, y de qué modo consideran que la RRN puede contribuir a hacerles frente.

En general, los jóvenes menores de 41 años que han participado en la encuesta han valorado con un 8,87/10 la satisfacción de vivir en el medio rural. Respecto a qué es lo que más les gusta de vivir en el medio rural, los datos muestran que el contacto con la naturaleza y espacios menos contaminados (3,87/5), la cercanía, el rimo de vida y el tipo de vida (3,68/5) y poder trabajar en lo que gusta (2,52/5)

Respecto a las necesidades que demandan los jóvenes para querer quedarse a vivir en núcleos rurales, el 32 % de las respuestas están orientadas a tener empleo y mayores oportunidades laborales. Un 22,74 % de los encuestados dan importancia al autoempleo y emprendimiento, por lo que reclaman formación específica al respecto.

Asimismo, un 15% de los jóvenes han manifestado la necesidad de mejorar la calidad y el acceso a los servicios básicos, entre los que destacan los servicios de educación y sanitarios (más del 30%), y la mejora de infraestructuras que conecten con otros núcleos de población. En este ámbito, un 14% reclama una apuesta por la digitalización y el acceso a internet de calidad.

Además, un 12% reclama un mayor apoyo de las administraciones públicas, donde se incluye la petición de más ayudas económicas y facilidades para el acceso a la tierra y a la vivienda.

Ante la pregunta de cómo puede ayudar la RRN para que las zonas rurales sean más atractivas, los jóvenes se decantan por temas de trabajo relacionados con el acceso al empleo (56,4%), el emprendimiento (49,5%) y la innovación y digitalización (40,7%).

Durante los 15 días que estuvo abierta la encuesta se recibieron 1.053 aportaciones, procedentes principalmente de jóvenes menores de 41 años (83,5%), de los que más de la mitad son menores de 31 años. El 54% del total de las personas que han respondido son mujeres.

Casi el 40% de los encuestados vive en municipios de menos de 1.000 habitantes; y más del 70%, en municipios de 5.000 habitantes. Por lugar de residencia, las comunidades autónomas con mayor participación han sido Aragón (20,51%) y Castilla La Mancha (20,32%), seguidas de Asturias (12,82%), Castilla-León (11,30%), y Andalucía (9,02%).

El exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, goza de nuevos beneficios penitenciarios concedidos por la Justicia francesa. En concreto, según adelanta La Razón, se le ha retirado la pulsera telemática con la que era controlado dado que permanece en libertad provisional.

Tras este alivio penitenciario, Urrutikoetxea se ha trasladado con su familia desde su residencia en París –donde vivía desde que en julio de 2020 se acordó que permaneciera en régimen de arresto domiciliario con una pulsera electrónica por motivos de salud– a la localidad de Anglet, cerca de la frontera con el País Vasco. A pesar de la retirada de ese control telemático, sigue sujeto a medidas cautelares por lo que debe presentarse tres veces a la semana en dependencias policiales.

El etarra, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requería por varias causas.

Precisamente en julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó su procesamiento por una de ellas, la del atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos seis niños.

Este procesamiento llegaba después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó en su decisión un recurso presentado por la defensa de Josu Tenera contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también acordó la entrega definitiva de Josu Ternera a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las ‘herriko tabernas’, mientras que el Tribunal de Apelaciones dio luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

Sobre ese asesinato, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anuló en mayo su procesamiento, con el respaldo de la Fiscalía, al comprobar que en esa fecha Josu Ternera no formaba parte de ETA político-militar, quienes reivindicaron ese atentado.

La Audiencia Nacional también reclamaba al etarra por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

EL JUICIO DE SEPTIEMBRE

La entrega a España deberá esperar no obstante a que se celebre en septiembre el último juicio que tiene programado Josu Ternera en Francia, tras él, las autoridades galas deberán decidir si entregan temporalmente al exjefe de ETA.

Esa vista que debía celebrarse en el Tribunal de Apelaciones –programada anteriormente para febrero de 2021– por hechos ocurridos entre 2002 y 2005, fue aplazada al no poder acudir varios testigos debido a razones sanitarias.

Por estos hechos, ‘Josu Ternera’ fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación, por cargos de ‘asociación de malhechores terroristas’. Sin embargo, como fue sentenciado ‘in absentia’, solicitó que se le juzgara de nuevo en persona. Sus huellas aparecieron en dos zulos de ETA hallados en 2002 en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), así como en un vehículo.

La organización Save The Children ha advertido este viernes de que «cualquier repatriación colectiva» de menores migrantes es «ilegal», después de que algunas informaciones hayan señalado que Marruecos y España están trabajando conjuntamente en un protocolo para agilizar la reagrupación familiar de los niños que entran solos en Ceuta.

Save the Children cuestiona el enfoque de esta iniciativa ya que considera «ilegales» los planteamientos que pasen por reagrupaciones colectivas en lugar de analizar caso por caso la situación de cada menor de edad.

«Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar», ha explicado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de la ONG, Catalina Perazzo.

A su juicio, las soluciones duraderas que se planteen al menor pueden ser la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen.

Además, para que el retorno pueda ser considerado como la solución que mejor garantice los derechos del menor –incluyendo su derecho a la salud, la educación y la integridad física–, Save The Children recuerda que esta decisión debe llevarse a cabo tras una evaluación de su interés superior exhaustiva e individualizada.

Del mismo modo, ve «imprescindible» que su retorno no suponga un riesgo para la integridad física o moral del niño y que se pueda garantizar un seguimiento individualizado y una garantía de reintegración que permita el cumplimiento de todos sus derechos.

«En ningún caso podría ser el resultado de una expulsión colectiva ni, sobre todo, que se realice en contra de la voluntad del propio niño, niña o adolescente», apunta la ONG.

«Los argumentos no fundados en derechos, como lo son los basados en las restricciones generales de la inmigración, no pueden prevalecer sobre las consideraciones fundadas en el interés superior del menor», ha recalcado Perazzo. Según señala, «este tipo de noticias generan además mucho nerviosismo y ansiedad» en los menores, lo que les puede provocar que huyan de los centros en los que se encuentran», aumentando así su vulnerabilidad.

CC.OO. ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el proceso admisión del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato para el próximo curso 2021/2022 en la Dirección de Área Territorial (DAT) de la capital, así como la supresión de «más de 1.300 aulas».

Así, el recurso de alzada previo presentado el 5 de julio, que ha sido desestimado, recoge todas las unidades en las que el número de no admitidos «equivaldría a la mitad de una clase», lo que obliga «a la modificación de la oferta inicial de plazas vacantes y a que se autorice el funcionamiento de las unidades escolares necesarias para atender la demanda conforme al Decreto 29/2013 que, en teoría, garantiza la libre elección de centro», han señalado en un comunicado.

«La libertad de elección de centro ha sido enarbolada por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid desde hace años», ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín. Además, ha subrayado que «es parte de su mantra liberal y han usado esa libertad para justificar el crecimiento de la educación concertada a costa de unos recursos públicos que nos pertenecen a todos».

Por ello, ha tildado de «hipocresía» que la DAT Madrid Capital se defienda diciendo que la libertad de centro es «un derecho de trascendencia constitucional» pero que «no es un derecho absoluto», y que su cumplimiento «dependerá de que existan o no plazas vacantes en el centro elegido».

«Traducido: que solo habrá libertad de elección cuando haya plazas. Y dado que ellos recortan plazas, la conclusión es sencilla: no hay libertad», han aseverado desde el sindicato.

Galvín ha subrayado que la libertad de elección solo es un derecho «cuando les conviene a ellos» ya que «pregonan la libertad cuando hay que blindar la concertada y mantener un negocio que en nada beneficia a las familias» pero que, cuando se trata de ofrecer plazaas públicas, «recortan esas plazas para empujar a ese alumnado hacia la educación concertada».

«Como es sabido, es la propia DAT de la Consejería de Educación la que, antes de que las familias manifiesten sus preferencias y elección de centro, ofertan vacantes y abren o cierran unidades, lo que evidencia la enorme falacia y fraude social que supone la libertad de elección de centro cuando de elegir centros públicos se trata», han trasladado desde CC.OO.

En esta línea, han criticado que el Gobierno regional «meta la tijera antes de conocer la demanda» y diga que «no hay plazas en la pública». «Es evidente que el Gobierno de Díaz Ayuso no es amigo de la libertad, sino del monopolio. Para muchísimas familias, en la Comunidad de Madrid de Ayuso no hay elección posible», han censurado.

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA

«En la resolución emitida como respuesta al recurso de alzada se reconoce que existe muchísima demanda de plazas públicas sin atender, pero responden como si la solución no estuviese en sus manos, escudándose en que no es posible atenderla por falta de espacio o con cualquier otra excusa que sería fácilmente remediable autorizando el funcionamiento de más unidades en centros públicos, ampliándolos o construyéndolos si fuera menester», han continuado.

En la resolución del recurso de alzada, se indica que no procede anular las resoluciones de alumnos admitidos porque «carecen de fundamento legal, al estar sustentada sobre datos erróneos que confunden el ejercicio de libertad de elección de centros educativos» y no constatar «ninguna irregularidad del procedimiento de admisión».

Sin embargo, desde CC.OO. han informado de que solo en Madrid-Capital han quedado sin atender 179 solicitudes para primero de ESO en el IES San Isidro, 155 para el mismo curso en el Tirso de Molina, 123 en el IES Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe, 122 en el instituto Madrid Sur, 110 en el Blas de Otero, 108 en el IES Gran Capitán, 105 en el Cervantes y 97 en el Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato 342 en el IES Ramiro de Maeztu, entre otros.

Por último, han justificado que ante esta «gran mentira que es la libertad en Madrid», CC.OO. ha decidido interponer un recurso ante el TSJM para obligar a Ayuso a garantizar la libertad de elección. «Un concepto del que quieren apropiarse, pero cuyo significado desconocen», han apostillado.

«NO SE SUSTENTA» CUANDO FINALIZA EL PROCESO DE ADMISIÓN

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han informado de que todavía no han recibido ningún recurso ante TSJM contra el proceso de admisión del próximo curso 2021/2022 y que, en el caso de que se reciba, los servicios jurídicos estudiarán su posible recurso.

En cualquier caso, han señalado que la crítica de la reducción de aulas y por tanto de plazas educativas es una «crítica habitual» que hacen algunos sindicatos como CC.OO. todos los cursos, pero «no se sustenta cuando finaliza el proceso de admisión y se constatan las cifras oficiales».

«Como suele suceder todos los cursos escolares, el número de aulas que se ofertan en centros públicos aumenta, porque el número de alumnos también lo hace. Es más, durante este curso, casi el 95% de las familias madrileñas han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años el próximo curso 2021/22, el mejor porcentaje registrado en la región en toda la serie histórica», han apostillado.

A ello, las mismas fuentes han añadido que el saldo de creación de aulas en la Comunidad de Madrid es «siempre positivo», por lo que la eliminación «no tiene sentido en un sistema educativo, como el madrileño, que continúa creciendo». Tan sólo este curso, aumentó en 16.488 alumnos, de los que 13.385 fueron alumnos de la educación pública.

En cuanto a los docentes, han apuntado que el Gobierno autonómico realizará el próximo curso escolar 2021/22 «el mayor plan de refuerzo de la historia en los centros educativos de la región con la contratación extraordinaria, para su incorporación a las aulas en septiembre, de 2.931 profesores y otros profesionales». A estos se sumarán los 3.700 nuevos docentes que también se incorporarán al inicio del curso en los institutos madrileños, en Secundaria y Formación Profesional, tras las oposiciones celebradas con el mayor número de plazas ofertada en la Comunidad de Madrid.

Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, para que explique los «presuntos cobros ilegales» que su partido podría haber estado recibiendo de la Embajada de Ecuador en España.

La formación presidida por Santiago Abascal ha registrado una petición en la Cámara Baja para que Montero informe, en la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre «los supuestos contratos celebrados entre la Embajada ecuatoriana» y ella misma «al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España».

El portavoz de VOX en dicha Comisión, Víctor González Coello de Portugal, cree que tanto Montero como su compañero Rafa Mayoral, miembros de la dirección estatal de Podemos, deberían rendir cuentas «urgentemente» y «presentar su dimisión si no son capaces de explicar las gravísimas acusaciones» del nuevo embajador de Ecuador en Madrid, Pascual del Cioppo.

ACUSACIONES DEL NUEVO EMBAJADOR DE ECUADOR EN ESPAÑA

Del Cioppo, que accedió al puesto este mes de agosto tras ser designado por el Gobierno de Guillermo Lasso, aludió este jueves, en una entrevista en TC Televisión, a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.

El embajador indicó que al frente de la cooperativa Kinema está el diputado Rafa Mayoral y que en otra participa Irene Montero. «Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros», aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó «de inmediato» la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.

Del Cioppo añadió que no sabe de qué defendían los asesores a los ciudadanos ecuatorianos, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto el año pasado para suspender temporalmente los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

En relación con estas afirmaciones, González ha señalado que el embajador «ha denunciado públicamente una fuente de financiación ilícita y probablemente ilegal de Podemos». «En Vox no pararemos hasta conocer con total transparencia» el destino del dinero público de los ecuatorianos, ha advertido el diputado, que cree que también los españoles tienen derecho a que «se depuren las responsabilidades políticas y judiciales» que correspondan.

Por otro lado, Vox ha registrado dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cree que esos contratos «comprometen su imparcialidad» a la hora de «defender los intereses nacionales» y si va a realizar alguna investigación «para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior» de España.

La Policía Judicial concluye que la presunta trama encabezada por el productor de televisión José Luis Moreno llegó a gestionar «hasta 130 sociedades» que se encontraban «repartidas por toda la geografía nacional» para conseguir financiación y «ocultar y desviar los beneficios obtenidos ilegalmente».

Así consta en un oficio de 21 junio, que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ismael Moreno dirige la investigación que llevó a la detención del ventrílocuo en el marco de la ‘Operación Titella’.

Los investigadores sostienen que el centenar de sociedades carecían en su mayoría de actividad real y que eran «administradas por hombres de paja» que «han permitido que los verdaderos administradores permanecieran ocultos y en el anonimato, lucrándose con impunidad».

Los agentes empezaron a investigar a Moreno y a sus socios el 18 de septiembre de 2018 a petición del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, a raíz de una querella presentada por Abanca por un presunto delito de estafa. De forma paralela, la Policía Nacional ya estaba investigando denuncias presentadas por dos empresarios y había tramitado también el aviso de un empleado de ING Direct que daba cuenta de una serie de estafas a través del «peloteo de pagarés».

Según explican en el informe, la operativa fraudulenta consistía en firmar pagarés –que cargaban a cuentas de las sociedades que la presunta trama tenía en otras entidades bancarias– sin que existiese una deuda real para así llevar a cabo la «disposición inmediata de fondos antes de cumplirse el plazo de devolución interbancario».

De esta manera, las empresas conseguían fondos a corto plazo antes de emitir el pagaré en favor de la siguiente sociedad de la organización. Según los agentes, lo harían con el objeto de «obtener una financiación irregular» y «cubrir las compensaciones de cheques/pagarés».

UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES

Tras tres años de pesquisas, la Policía Judicial divide la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, que «tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas» y que utiliza a la supuesta organización en la que figura Moreno para «blanquear el dinero» obtenido del narcotráfico.

Los agentes subrayan que las conversaciones telefónicas intervenidas reflejan que «ambas organizaciones movían grandes cantidades de dinero en efectivo». «Como prueba de ello tenemos el SMS remitido (…) el 11/11/2020 en el que hay una fotografía en la que se aprecia una cantidad de unos 500.000 euros en fajos de billetes», añaden.

UN MILLÓN CADA 15 DÍAS

Los investigadores aseguran que los sospechosos movían «grandes cantidades de dinero en efectivo de manera regular, aproximando estas cantidades al millón de euros cada 15 o 20 días».

Según un escrito enviado al juzgado el pasado octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cifra en 85 millones de euros el dinero presuntamente estafado a diferentes entidades bancarias por la supuesta trama encabezada por Moreno.

La Policía Judicial asegura en su informe que se trataría de «una organización criminal muy activa con gran movilidad, con muchas ramificaciones, y que opera tanto a nivel nacional como internacional».

La trama –precisan los agentes– dispone de «numerosas propiedades inmobiliarias» que utilizan para dotar de activos a las sociedades pantallas y para «ocultar los frutos y efectos» de su negocio, «lo que conlleva gran dificultad a la hora de poder localizarlos».

Ante los «sustanciosos beneficios» que los miembros de la presunta organización consiguieron con la actividad desarrollada desde 2017, los investigadores -ocho días antes de que tuvieran lugar las detenciones y registros– no descartaban la «existencia de riesgo de fuga de los investigados si llegasen a tener conocimiento» de la operación.