Responsables de las oficinas de la Iglesia creadas en toda España para la protección de los menores y la prevención de abusos sexuales, han sido convocadas este miércoles por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para poner en común sus avances y dificultades.

Estas oficinas abrieron hace un año y medio en las diócesis españolas para recibir denuncias y con el objetivo de atender a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Esta es la primera jornada que se organiza para sus responsables.

La Asamblea Plenaria del mes de abril aprobó la creación de un servicio de asesoramiento para apoyar los trabajos de estas oficinas diocesanas en las diversas áreas de su actividad. Este servicio estará también a disposición de las oficinas creadas por las congregaciones religiosas.

El secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello García, ha sido el encargado de la presentación y clausura de este encuentro, al que han asistido los representantes de la práctica totalidad de las diócesis españolas.

Tras la apertura, los participantes han realizado una puesta en común del trabajo en estas oficinas diocesanas, donde han podido dar a conocer los logros y dificultades que se han producido a lo largo del último año, según ha informado la CEE.

Además, el auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, Jesús Rodríguez Torrente, ha ofrecido una ponencia sobre la ‘Identidad de las oficinas de denuncias de abusos a menores’ y el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Carlos López Segovia, ha expuesto los ‘Tipos de denuncias y posibilidades de actuación’.

Por la tarde, el encuentro ha continuado con la intervención de la profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pontificia Comillas Salomé Adroher Biosca, quien ha analizado el ‘Cuidado integral de menores y personas vulnerables’.

220 DENUNCIAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Según los datos hechos públicos por la Conferencia Episcopal Española el pasado mes de abril, la Iglesia española ha remitido al Vaticano 220 denuncias contra sacerdotes españoles por abusos sexuales a menores en los últimos 20 años.

En concreto, según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, solicitados por los obispos españoles, en las últimas dos décadas, desde 2001 hasta el 20 de abril de 2021, se han recibido 144 denuncias contra sacerdotes del clero secular y 76 del clero regular.

El Papa ha dicho que el aborto «es un asesinato» pero ha criticado a los obispos de EEUU que han decidido hacer «política» en vez de «pastoral» al pedir que no se dé la comunión al católico presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por sus posiciones a favor de la interrupción del embarazo.

«El problema es que es un homicidio, sin medias palabras; quien hace un aborto, asesina. Cualquier libro dice que a las tres semanas es científicamente una vida humana», ha manifestado Francisco durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su gira a Hungría y Eslovaquia, según la transcripción publicada por Vatican News.

«Es una vida humana y esa vida humana tiene que respetarse. A quien no puede entenderlo le haría dos preguntas: ¿Es justo asesinar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No andemos con cosas extrañas, científicamente es una vida humana. Por eso la Iglesia es así de dura en este argumento: si acepta eso, es como si aceptase el homicidio cotidiano», ha agregado.

Francisco ha dejado claro que «la comunión no es un premio para los perfectos, la comunión es un don, es un regalo», y quien no puede tomar la comunión es quien «no está dentro de la comunidad». La Conferencia Episcopal de Estados Unidos aprobó una propuesta para redactar un conjunto de posicionamientos sobre la eucaristía que podría materializar una iniciativa del ala más conservadora del catolicismo estadounidense al pedir negarle la comunión a Biden debido a su apoyo al aborto.

Francisco no habló de forma específica, pero sí que explicó que dar o no la comunión a las personas es «un problema pastoral». «A veces los obispos no se comportan como pastores sino que se inclinan a la política», ha contemplado.

«Los pastores tienen que seguir el estilo de Dios, que es la cercanía, la compasión y la ternura», ha agregado. A este respecto ha dejado claro que él «nunca» ha negado la comunión «a nadie» y ha añadido: «Ya basta con las excomuniones».

Por otro lado, el Pontífice ha recalcado que fue el presidente húngaro, Víctor Orban, el que le vistió a él y ha enumerado que es la tercera vez que se encuentra con él. El Papa ha señalado que hablaron de ecología y familia pero de inmigración, «nada».

Francisco ha advertido además del peligro de que la Unión Europea acabe siendo «en una oficina de gestión» al tiempo que ha pedido que busque «sus raíces» que están en el «sueño de los padres fundadores». Así, como ya hizo durante el viaje de cuatro días por Hungría y Eslovaquia, ha reivindicado la necesidad de una Europa «solidaria» que vuelva a ser «el centro de la Historia».

«Tiene que ir propiamente a la mística, buscar las raíces de Europa y llevarlas para adelante», ha señalado mientras que ha arremetido contra los «intereses quizá no europeos» que intentan usar la UE «para las colonizaciones ideológicas».

El Papa ha reiterado la necesidad de que todo el mundo se adhiera a la campaña de vacunación contra el coronavirus, al dejar claro que «es un poco extraño» que ahora la gente no se quiera vacunar cuando hay un largo historial de vacunaciones. «Cuando éramos niños nos ponían las vacunas y nadie decía ni mu», ha considerado respecto a las posiciones antivacunas.

En todo caso, ha reconocido que incluso «dentro del Colegio cardenalicio algunos son negacionistas y uno terminó ingresado» por el coronavirus. El Pontífice se ha referido así al cardenal estadounidense Raymond Burke, que estuvo varias semanas hospitalizado y que expresó posiciones contra las vacunas. El Papa ha dicho que a estas personas que son contrarias a las vacunas «se les tiene que aclarar y hablar con serenidad».

La oficina de doctrina del Vaticano ha dicho que es «moralmente aceptable» que los católicos reciban vacunas contra la COVID-19 basándose en una investigación que utilizó células derivadas de fetos abortados. Francisco ha dicho que sería un «suicidio» no recibir la vacuna y tanto él como el papa emérito Benedicto XVI ya se vacunaron con las dos dosis de Pfizer-BioNTech.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar «defendiendo su poltrona y asegurándose de que le van a apoyar los Presupuestos» Generales con la reunión de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Ejecutivo central de este miércoles en Barcelona.

En declaraciones en la plaza Sant Jaume de Barcelona, al ser preguntada por cómo ve que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hayan valorado positivamente el encuentro, ha ironizado: «¿Cómo no lo van a estar? Sánchez se asegura seguir en Moncloa, y Aragonès tiene la ensoñación de que es un problema entre Cataluña y España y de que Cataluña está representada por el independentismo».

Arrimadas ha asegurado que con esta mesa el «separatismo vuelve a tener lo que quiere: la ficción de que Cataluña y España tienen un problema y que son dos cosas diferentes».

«En esta mesa no ha estado Cataluña, ha estado el separatismo. Y no ha estado Sánchez defendiendo a todos los españoles, ha estado defendiendo su poltrona; es lo único que le importa. Y está haciendo lo contrario de lo que dijo en campaña, que estuvo defendiendo que Puigdemont y Junqueras estuvieran en la cárcel», ha añadido.

Ha tachado el encuentro de este miércoles de «mesa de la infamia» y ha reprochado a Sánchez de querer desviar con ella la atención de otros asuntos de actualidad, como es la subida del precio de la luz.

MESA SOBRE LA LUZ

Para ella, Sánchez este miércoles debería estar celebrando una mesa con expertos y miembros de la oposición sobre reformar el sistema eléctrico actual o cómo frenar esta subida, pero en cambio «está con Aragonès, arrodillándose».

Estas declaraciones se producen después de un encuentro que ha mantenido el partido naranja con el sector del ocio nocturno, que «es uno de los que más ha sufrido, y más en Cataluña que en otras comunidades».

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha dado a conocer algunas de las líneas principales del próximo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que el Gobierno de España tiene previsto en materia de sanidad, destacando que «se plantea la producción local de medicamentos esenciales que supondrían una reserva estratégica de estos recursos en situaciones de crisis sanitaria»

La responsable de la cartera de Industria ha sido la encargada de cerrar la sesión matinal en esta tercera jornada del II Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por El Español e Invertia, iniciado este lunes. La ministra ha asegurado además que el próximo PERTE estará orientado a la aplicación ‘directa’ de la creación de conocimiento en el ámbito de la salud, algo que convertirá a España «en un líder a nivel europeo».

Maroto ha esgrimido que «es una gran oportunidad para impulsar la investigación biomédica desde una triple perspectiva: sanitaria, económica y social». La ministra mantiene que «el objetivo del PERTE será incorporar los avances innovadores en biotecnología, en prevención, en diagnóstico, tratamiento y en manejo clínico de los pacientes».

Por otro lado, también ha avanzado algunas líneas del nuevo Plan Profarma en el que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Sanidad. En este sentido, se ha mostrado partidaria de seguir apostando por todas aquellas actividades que «resultan fundamentales», como la inversión en nuevas plantas industriales o las nuevas tecnologías para la producción que fomentan «la investigación, el desarrollo y la innovación.

Durante su intervención ha tenido unas palabras para los representantes del sector presentes en el acto organizado por El Español e Invertia. Maroto ha anunciado otras «inversiones transversales» que comprende su departamento, como unos fondos de apoyo a la inversión productiva de 600 millones de euros o dos convocatorias de apoyo a la innovación en digitalización con una inversión cercana a 200 millones de euros.

En la misma línea ha asegurado que «la industria farmacéutica va a ser un sector industrial clave en la era post-Covid», por su capacidad para «generar riqueza y empleo estable y de calidad». Maroto considera además que «este es un buen momento» para abordar un Pacto de Estado por la Industria y reforzar así sus capacidades productivas.

Sobre el plan estratégico de la industria farmacéutica, la ministra ha asegurado que trabaja junto a Carolina Darias, ministra de Sanidad, y Diana Morant, ministra de Ciencia; para «definir a la largo plazo» la aportación de la industria farmacéutica a la recuperación económica, un proyecto que, además, comparte los objetivos de la estrategia europea en este ámbito, la cual «busca garantizar el acceso de medicamentos y mejorar los mecanismos de preparación y respuesta ante las crisis».

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ofreció a los independentistas negociar sobre todos los puntos que le presentaron menos sobre el referéndum, tal y como ahora ha hecho Pedro Sánchez en el inicio de la Mesa de Diálogo que ha tenido lugar hoy en Barcelona, con el encuentro bilateral del jefe del Ejecutivo y el del presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés.

El 20 de abril de 2016, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entregó a Mariano Rajoy un documento con 46 peticiones en la primera reunión pública que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa. Un documento más voluminoso que el de las 26 propuestas que le había presentado el anterior presidente catalán, Artur Mas.

Aquel documento de 46 puntos se dividía en cinco partes: La relación entre Cataluña y España; la garantía de los derechos sociales; el incumplimiento del Estado con Cataluña; la invasión de competencias en la acción de Gobierno y evitar la judicialización de la política.

En diciembre de ese mismo año, el Gobierno afirmaba que estaba dispuesto a dialogar sobre 45 de las 46 propuestas, excluyendo del paquete de negociación, el referéndum de autodeterminación que le pedía el gobierno catalán. De hecho, Rajoy encargó a sus ministros que le dieran una respuesta «financiera, competencial y jurídica» sobre la viabilidad que podían tener las demandas que le había formulado Puigdemont.

Incluso la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expuso en sede parlamentaria la disposición del Ejecutivo a abordar 45 de los 46 puntos que Puigdemont les había puesto encima de la mesa. Todos menos el referéndum por ser «ilegal». Pidió a cambio un «gesto» del Ejecutivo autonómico a su voluntad de abrir un diálogo.

Casi un año después de la entrevista con el expresidente de la Generalitat catalana, el propio presidente Mariano Rajoy visitaba Barcelona, en marzo de 2017, para anunciar un paquete de inversiones en Cataluña y dejar claro que se «tomaba en serio» las demandas que le habían hecho.

Pero a pesar de todos los intentos, los independentistas convocaron un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017, después de haber aprobado en el Parlamento catalán un paquete de leyes de ruptura con España.

Hoy, cinco años después de aquella visita de Puigdemont a Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala también que está dispuesto a dialogar sobre todas las propuestas menos sobre la del referéndum de autodeterminación.

En esta ocasión, el jefe del Ejecutivo asegura que su Gobierno ha hecho un examen de las demandas, que cifra en 45 puntos, que ha venido realizando el Gobierno de Cataluña en los últimos años. «Hay uno en el que no nos encontramos, tenemos posturas radicalmente distintas, pero hay otros 44 en los que podemos avanzar», ha afirmado Sánchez tras mantener un encuentro de dos horas con Pere Aragonés y constatar las «grandes diferencias» que les separan.

Pedro Sánchez justifica su propuesta alegando que si realmente se quiere llevar a cabo un «diálogo verdadero y sincero» se debe empezar por las cuestiones en las que se pueden encontrar de una manera más fácil. Recordando que el Gobierno de España «siempre va a respetar la legalidad democrática y el orden constitucional». En la misma línea que se expresaba Mariano Rajoy cuando ofrecía diálogo a Cataluña en los puntos en los que podían tener más cercanía.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que ese diálogo tiene que ser «sin plazos» porque el problema, según ha dicho, se viene larvando desde hace diez años. Los plazos, según ha señalado, tienen que ser «lo más laxos posible» porque considera que lo importante «no es el tiempo» sino llegar a «buen puerto».

El Secretario para la Administración de Justicia, Eusebi Campdepadrós, ha dicho al declarar como investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que las resoluciones que tramitó como secretario primero de la Mesa de Parlament no suponían desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) porque eran declarativas y no tenían efecto jurídico.

Campdepadrós solo ha contestado a las presuntas de su abogado, Jordi Pina, y ha explicado que los letrados del Parlament encontraron que los apercibimientos del TC eran ambiguos porque se referían a la defensa de la autodeterminación de forma genérica, y al ponderarlos con los derechos de los parlamentarios avalaron tramitar las resoluciones, han explicado fuentes jurídicas.

En el mismo sentido de lo que este miércoles por la mañana ya han declarado el conseller Roger Torrent y la exsecretaria cuarta de la Mesa Adriana Delgado, Campdepadrós ha señalado que todas las actuaciones de la Mesa estaban refrendadas por el secretario general y los letrados de la Cámara, y ha afirmado que existen documentos escritos que lo demuestran aunque no constan en la querella de la Fiscalía que inició esta causa.

Además, ha asegurado que la segunda advertencia del TC llegó unos minutos después de debatir y aprobar una de las resoluciones por las que se le investiga, y que al haber recibido el aviso no se publicó en el Butlletí Oficial del Parlament (Bopc) la parte de la resolución que trataba sobre la autodeterminación y reprobaba la monarquía.

Ha recordado a la jueza instructora que a raíz de esta causa ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que entre otros alega vulneración del derecho a la libertad de expresión, y ha remarcado que el TEDH ya ha publicado sentencias en las que avala la crítica a la monarquía.

La defensa prevé reclamar el archivo de la causa mientras que el exvicepresidente del Parlament Josep Costa no se ha presentado a su citación para declarar.

La senadora de Vox, Yolanda Merelo, ha afirmado este miércoles en el Senado que su formación política apoyará la moción que presentó Ciudadanos en la que se exige al Gobierno transparencia por el rescate a Plus Ultra Líneas Aéreas.

«Esta moción que propone Ciudadanos nos parece necesaria porque insta al Gobierno a decir la verdad a todos los españoles de lo que hay detrás de la vergonzosa ayuda que se ha prestado a la empresa chavista Plus Ultra». Así lo ha manifestado este miércoles en el Hemiciclo la senadora de Vox.

El Consejo de Ministros dio el pasado mes de marzo ‘luz verde’ al rescate público de la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones de euros a través de dos préstamos financieros en una operación «necesaria» debido al «carácter estratégico» de la compañía, según indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Esta empresa, según Merelo, nunca había dado beneficios y ocupaba el puesto 166 en el ranking de tráfico de pasajeros y las rutas que cubría ya eran satisfechas por otras empresas españolas. «¿Cómo es posible que pasen estas cosas tan graves en nuestras narices?, ¿quién controla la gestión de los fondos de apoyo a la solvencia? Cada vez resulta más evidente que el rescate de esta aerolínea fue una decisión política», ha comentado.

En la misma línea, ha pedido la nulidad de las ayudas concedidas a Plus Ultra, y ha asegurado que este hecho es «una alerta» que pone en preaviso de que «algo no va bien»: «¿Qué favores pagan con Plus Ultra? Nos preocupa que se sientan con impunidad para hacer lo que quieran, incluso regalar millones a fondo perdido», ha criticado la senadora.

Asimismo, ha arremetido contra el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, por, a su juicio, demostrar su cercanía con el Gobierno de Venezuela. «La falta de escrúpulos se personifica en Ábalos, que no pierde ocasión de demostrar su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro. Siempre miente, se contradice y mina la credibilidad de este Gobierno», ha zanjado.

Finalmente, Merelo ha confirmado que Vox votará a favor de la propuesta de Ciudadanos en este asunto al tiempo que ha lamentado que la formación ‘naranja’ no haya aceptado las enmiendas de Vox.

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha acusado este miércoles al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, y al conseller de Educación, Vicent Marzà, de «mentir» con los datos de inicio de curso porque «sus únicas prioridades son implantar su modelo educativo único y sectario, calcado al catalán».

Gascó, que ha analizado el inicio de curso escolar en Alicante junto con la secretaria de educación de la ejecutiva provincial, Marisa Arteaga, y José Antonio Rovira, vicesecretario de organización del PPA, ha señalado que «lo único que funciona en Educación es la imposición lingüística en las aulas para implantar el catalanismo».

Del mismo modo, ha criticado que «lo que funciona es la ley de la imposición lingüística, la catalanización de las aulas y su sectarismo dentro del sistema educativo valenciano pero todo lo que huele a gestión e infraestructuras no funciona», puesto que «nadie se preocupa de los alumnos o del apoyo pedagógico para compensar las horas de clase perdidas».

También ha afirmado que «Puig y Marzà nos mienten al intentar trasladarnos una sensación de normalidad al inicio de curso que no existe».

«En realidad nos ocultan información y maquillan los datos. Así nos lo trasladan los equipos directivos. Mienten cuando dicen que el curso escolar empieza con todas las garantías, cuando hay más de 600 vacantes de profesores sin cubrir por falta de previsión», ha agregado.

Así, ha asegurado que «ayer los centros recibieron una carta de Educación para que en un mes tengan un plan de contingencia redactado para que los centros puedan abrir las puertas con garantías sanitarias».

«Es decir que van a estar un mes sin las condiciones sanitarias», resalta la ‘popular’, quien se pregunta si «¿acaso en Educación no sabían que el curso empezaba la semana pasada o que tenemos una pandemia?».

Por ello, Gascó ha señalado que «cuando hay que catalanizar a los niños son infalibles y los plazos son correctos, pero cuando se trata de la salud y el bienestar no se cubren las bajas ni se cumplen los protocolos porque se lavan las manos y nadie quiere asumir responsabilidades».

Respecto a las infraestructuras educativas, Gascó ha recordado que el Botánic llegó «prometiendo un cambio revolucionario y, siete años después, apenas han construido menos del 50% de los centros previstos» y señala que el plan Edificant «es una dejación de funciones alarmante y un timo».

«La gestión del Consell es escandalosa. De los 1.036 millones de euros presupuestados del Plan Edificant desde 2018, en que comenzó, hasta el primer semestre de 2021, han pagado 21 millones de euros según datos oficiales de la propia inspección general. Es una vergüenza», ha agregado.

En la misma línea, Gascó ha desvelado que en junio había 6.631 alumnos en barracones en la provincia de Alicante y que Marzà «prometió que acabaría con ellos en una legislatura». «Pero en la provincia de Alicante, cuando finalizó el curso pasado, había casi los mismos alumnos en barracones que tenía toda la Comunitat en 2018», ha culminado.

«Las prioridades de Puig no son pedagógicas, nadie se preocupa por los alumnos, ahora se puede pasar de curso con suspenso, se van a quitar las recuperaciones en ESO y nadie habla de refuerzos», ha aseverado la portavoz.

Igualmente, ha criticado que en infraestructura hay «falta de planificación, de gestión, falta de transparencia, pero sus únicas prioridades son implantar su modelo educativo único y sectario, calcado del modelo catalán».

«Todas las decisiones de Educación se copian del modelo catalán para construir en la Comunitat ‘els països catalans’, y desde el PP no les vamos a dejar para que ese sea el futuro de la Comunitat», ha finalizado.

El PP intensificará esta semana su campaña a pie de calle para denunciar la actuación del Gobierno ante la «escandalosa» subida de la luz con actos a pie de calle en Valencia, Ibiza, Logroño, Madrid y Segovia. Además, prepara reuniones con colectivos afectados (comerciantes, peluqueros o propietarios de bares y restaurantes) que enseñarán sus recibo para comparar lo que ha subido la factura de la luz en un año.

En esta campaña, bajo el lema ‘Sánchez Apaga y Vete’, el PP criticará el «parche» de la política energética del Gobierno y explicará la reforma que ha registrado el Grupo Popular en el Congreso para abaratar la factura de la luz un 20%.

El presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber «electrocutado» el escudo social que prometió «disparando la factura de la luz» y le ha emplazado a «resolver ya la crisis social y económica de España».

Según Casado, hay que dar soluciones a los «problemas de los españoles, en vez de agravarlos». «Es incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España es usted», ha aseverado.

El PP reprocha al presidente del Gobierno que diga públicamente que la luz no le cuesta a los españoles todos los días. «Como usted vive en un palacio, no sabe lo que les pasa a los hogares y autónomos», ha espetado Casado a Sánchez en la sesión de control.

EL PP RECORDARÁ LO QUE DECÍA SÁNCHEZ EN LA OPOSICIÓN

Para corroborar estas afirmaciones, el PP prepara reuniones con comerciantes, peluqueros y propietarios de bares y restaurantes que mostrarán la factura de la luz y el diferente precio que pagan ahora con respecto a hace un año, según han indicado fuentes ‘populares’.

Además, la cúpula del PP dedicará sus intervenciones públicas esos días a preguntar a Pedro Sánchez por qué no dimite ahora cuando sube un 200% la luz cuando sí pedía dimisiones al Gobierno de Mariano Rajoy con un 8% de subida.

De acuerdo con el calendario que maneja la dirección del PP para esa semana, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, estará este jueves en Valencia –donde se reunirá con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)– y Castellón.

Por su parte, la responsable de Organización del PP, Ana Beltrán, estará en Ibiza este miércoles y el vicesecretario de Organización del partido, Antonio González Terol, se desplazará a Logroño para explicar esta campaña.

El viernes, la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, acudirá a una carpa instalada en Madrid y el responsable de Participación, Jaime Olano, visitará Segovia. También los diputados y senadores del Grupo Popular presentarán esta campaña sobre la luz en sus respectivas circunscripciones.

Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se someterá este jueves a una vista en la Audiencia Nacional donde se analizará su extradición a Estados Unidos por su presunta implicación en una trama corrupta de canje de divisas que también protagonizarían su mujer, Claudia Díaz –ex tesorera del Gobierno venezolano y antigua enfermera de Chávez–, y el jefe de Globovisión, Raúl Gorrín.

Un tribunal del Distrito Sur de Florida imputó el pasado mes de diciembre a Velásquez Figueroa y Díaz cargos de asociación delictiva para lavar dinero e instrumentos monetarios regulados, acusación que en España equivale a un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, según señala Fiscalía.

De acuerdo con el relato realizado por el Ministerio Público, Gorrín, un magnate venezolano que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión, «pagó cientos de millones de dólares en sobornos» para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con «tasas favorables», lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

Esta «estratagema de soborno ilegal» habría funcionado entre 2008 y 2017 y en ella habrían participado tanto Díaz como Velásquez Figueroa, que habrían sido dos de los altos cargos venezolanos sobornados, debido al puesto de tesorera nacional del país que ella ocupó entre 2011 y 2013.

Gorrín habría usado cuentas bancarias tanto personales como de empresas bajo su control para hacer los pagos. En el caso del matrimonio Díaz-Velásquez, Fiscalía menciona transferencias desde cuentas suizas del magnate a cuentas estadounidenses del ex jefe de seguridad por 8,6 millones de dólares.

Además de las inyecciones directas de dinero, «Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de un diseñador de moda», todo ello a beneficio de Velásquez Figueroa.

UN REGISTRO DE SOBORNOS

Para aparentar legalidad, Gorrín se habría cruzado correspondencia electrónica con proveedores, si bien «hizo que sus empleados mantuvieran una hoja de cálculo para los fines de hacer seguimiento de ciertos pagos de soborno», incluidos a Velásquez Figueroa.

Gorrín habría seguido dando dinero y «objetos de valor» a la pareja incluso después de que Díaz dejara de ser la jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, «a cambio de su asistencia anterior en proporcionar ventajas de negocios».

Así, en 2013 constan dos pagos, de 281.051 y 4 millones de dólares desde cuentas bancarias en Suiza a nombre de compañías propiedad de Gorrín ubicadas en Pánama a empresas de Velásquez Figueroa.

El Ministerio Fiscal entiende que la petición de extradición de Estados Unidos contra el ex jefe de seguridad de Chávez «no tiene motivación política», por lo que aboga por enviarlo a la potencia norteamericana.

DETENIDOS DOS VECES EN ESPAÑA

Díaz y Velásquez Figueroa fueron detenidos el pasado mes de diciembre en España, si bien ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó dejarlos en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.

Ya fueron arrestados en suelo español en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención en su contra por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la «posible vulneración de derechos fundamentales» de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.

El proceso de estabilización de trabajadores temporales en la Administración ha dividido este miércoles en el Congreso a las dos formaciones que integran el gobierno de coalición, ya que el PSOE y Unidas Podemos han votado distinto en una moción de Coalición Canaria.

La iniciativa ha sido votada por puntos sin que prosperara ninguno. Todos han contado con el rechazo del PSOE, pero en más de la mitad (seis sobre ocho), su socio de Gobierno ha evitado votar en contra, optando por la abstención.

En todo caso la moción se ha rechazado ya que el PP se ha quedado en la abstención, al igual que el PNV, mientras que formaciones como Vox, ERC o Bildu se han movido entre el apoyo y la abstención. Únicamente han respaldado todos los puntos Ciudadanos, el PDeCAT, Junts, la CUP y UPN, además de Coalición Canaria.

NUEVA CATEGORÍA: PERSONAL ‘ESTABILIZADO’

La moción planteaba una serie de condiciones para el proceso de estabilización, como acelerar un inventario con plazas y trabajadores en situación de abuso de temporalidad, suprimir todas las ofertas públicas de empleo (OPEs) por no sancionar ni eliminar el abuso, o reconocer al personal temporal en situación de abuso como fijo y equiparar sus derechos.

También la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para crear una nueva figura, la categoría de ‘personal estabilizado’, con la que hacer fijo a este tipo de trabajador como solución de carácter excepcional.

EXCLUIR DE LAS OPOSICIONES PUESTOS DONDE HAYA PERSONAL AFECTADO

Esta opción ha sido una ante las que Unidas Podemos ha preferido abstenerse, separando su voto del de su socio y así evitar su rechazo. Otro punto donde el Gobierno ha dividido sus votos ha sido en el de permitir acuerdos que puedan alcanzar las comunidades hacia la permanencia de su personal temporal.

También se ha abstenido ante la propuesta de excluir de las oposiciones ya convocadas o que vayan a convocarse plazas afectadas por el abuso de temporalidad, hasta establecer una sanción a la Administración, acorde a la directiva europea y la jurisprudencia dictaminada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha establecido como solución declarar fijos a los trabajadores afectados.

EL DECRETO SE SALVÓ POR LA MÍNIMA Y A ÚLTIMA HORA

Precisamente, este proceso de estabilización fue uno de los asuntos que más ha dividido al Gobierno a la hora de salvar una votación, ya que hasta última hora Unidas Podemos no comprometió su apoyo al decreto ley aprobado por el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta.

Este decreto, que ahora se tramita en el Congreso como proyecto de ley, sólo salió adelante tras comprometer el PSOE cambios con su socio de Gobierno y con ERC. Pese a todo, a punto estuvo de ser derogado, ya que en una primera votación resultó empate. No fue hasta una segunda votación, donde Rosa Medel, diputada de Unidas Podemos, optó por no votar para facilitar su convalidación, ya que por conciencia había votado en contra.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, propondrá cambios en el acceso a la carrera docente en España a principios de 2022 y ha asegurado a las familias de estudiantes con discapacidad la continuidad de los centros de Educación Especial.

Durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, la ministra ha explicado las principales líneas de trabajo de su Departamento, a petición propia y del PP, Cs, Vox y ERC.

Según ha afirmado, son cinco los bloques en lo que actualmente trabaja el Ministerio. Uno de ellos es el referente al profesorado. «La calidad de todo el sistema educativo tiene su techo en la calidad de su profesorado», ha informado la ministra, que apuesta por «apoyar más al profesorado en su trabajo en el aula».

A su juicio, el futuro pasa por el trabajo cooperativo de los docentes, por la formación y por el flujo continuo de buenas prácticas de éxito, entre otras cosas. A continuación, Alegría ha avanzado que presentará una propuesta «a comienzo del año que viene» relativa a la formación inicial y permanente, así como el desarrollo profesional docente, que incluya «la revisión de los criterios, procedimientos y contenidos asociados al acceso a los cuerpos docentes».

«La carrera profesional deberá profundizar en el reconocimiento, la experiencia, la formación, los puestos desempeñados y el trabajo en proyectos», ha detallado la ministra, que indica que esta reforma, que pretende ser «duradera», será negociada con los sindicatos y las comunidades autónoma «en los próximos meses».

Otro de los bloques en los que se centrará su Departamento durante esta legislatura tiene que ver, según ha explicado la ministra, con la educación de 0 a 3 años y la educación especial. Con respecto al primer tema, se ha limitado a recordar la pretensión del Gobierno de crear más de 65.000 nuevas plazas públicas de primer ciclo de Infantil para 2023.

En cuanto a la segunda cuestión, la ministra ha aseverado que la LOMLOE «obliga» a las administraciones educativas a disponer de escuelas ordinarias para hacer posible la atención de niños con necesidades especiales, ya que este «es el camino correcto para lograr el mayor nivel de inclusión».

Y es que, en su opinión, «garantizar los derechos de estos niños no resta derechos a los niños escolarizados en centros de Educación Especial». De hecho, se ha dirigido a las familias de los 38.000 niños que actualmente están matriculados en un centro de Educación Especial: «Pueden estar tranquilas, sus hijos van a seguir teniendo la atención que requieren».

Y ha anunciado su continuidad: «Conozco muy bien el trabajo extraordinario que hacen estos centros y, desde luego, tienen mi más absoluto reconocimiento como ministra. Pero es que además van a seguir continuando, ejerciendo un papel de apoyo a los centros ordinarios que refuercen la inclusión, lo que, desde sin lugar a dudas, realzará su papel», ha dicho.

«ÉXITO COLECTIVO» EN LA ‘VUELTA AL COLE’

Otro de los bloques a los que se ha referido es el inicio del curso escolar, condicionado de nuevo por las medidas sanitarias y de prevención por la pandemia. La ministra ha recordado el «éxito colectivo» logrado el año pasado, ya que el 99% de las aulas permanecieron abiertas, y el acuerdo al que se llegó en relación a las medidas para este curso 2021-2022.

Dentro de este punto, Alegría ha destacado los últimos datos disponibles de vacunación en la población más joven: un 79,4% de los jóvenes entre 12 y 19 años cuenta con la primera dosis de la vacuna contra el Covid, mientras que un 60,3% tiene ya la pauta completa.

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

Alegría también se ha referido a la nueva Ley educativa, la LOMLOE, también denominada ‘Ley Celaá’, en referencia a su antecesora en el cargo, Isabel Celaá. Con la Ley ya aprobada, Alegría ha puesto el foco en la modificación de los currículos de las diferentes etapas, que han de ser «competenciales». «Lo estamos construyendo entre todos, en colaboración con las administraciones educativas, con aportaciones de todos, huyendo de debates vacíos, trabajando codo con codo, con serenidad», ha celebrado.

En este sentido, ha anunciado que «en los próximos meses» pondrá su «empeño» en recoger las aportaciones de toda la comunidad educativa, así como en la promulgación de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas y los currículos de las distintas comunidades autónomas.

«Hemos recibido propuestas de borradores de Real Decreto y estamos manteniendo reuniones con las comunidades autónomas. Estamos estudiando con cuidado cada aportación y vamos a presentar de manera inmediata los primeros borradores de ordenación de los currículos de Secundaria y Bachillerato», ha añadido la ministra, que se ha puesto a disposición de la comunidad educativa para seguir «mejorando el texto».

La ministra es partidaria de que este currículo sea competencial, «práctico y aplicado», basado en aprendizajes profundos. Y ha advertido: «Esto no implica reducir la calidad de nuestro sistema educativo; nuestros niños y jóvenes no van a aprender menos ni esforzarse menos, pero sí necesitan aprender de forma diferente».

Asimismo, ha hablado de la evaluación. Sobre esta cuestión, Alegría apuesta por buscar un modelo de evaluación del que se pueda «aprender a mejorar», o lo que los expertos denominan «evaluación formativa», que no solo sirva para «juzgar cuando el proceso ha terminado». «Me dedicaré con responsabilidad y empeño a trabajar en ello», se ha comprometido la ministra, cuya propuesta, según ha dicho, pasa por hacer una renovación de la evaluación y de sus componentes.

«La escuela no la debemos diseñar para sufrir, tiene que estar diseñada para disfrutar aprendiendo, para que nuestros niños aprendan y disfruten aprendiendo», ha comentado.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Por otro lado, ha anunciado a la Comisión la propuesta de una nueva Ley de Enseñanzas Artísticas, que presentará «a lo largo del próximo año». Esta nueva norma regulará las condiciones básicas para la ordenación y la organización de las enseñanzas artísticas superiores, que establecerá las titulaciones y requisitos de su profesorado.

Igualmente, el Ministerio pretende establecer la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales con el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

La Audiencia Nacional celebra este jueves la vista de extradición a Perú de Alberto Sierra Olivan, un ciudadano español requerido por las autoridades del país sudamericano por su participación en el tráfico de aves prohibidas hacia España.

En su escrito, la Fiscalía se opone a la entrega de Sierra a Perú invocando el principio de la no entrega potestativa de los nacionales. De esta forma, el Ministerio Fiscal propone que sea juzgado en España dado que el detenido «tiene nacionalidad española de origen, arraigo en España» y ha estado «siempre a disposición del Tribunal».

De la misma forma, la Fiscalía recuerda que ya se ha rechazado previamente la extradición de Sierra. Concretamente, cuando este se vio envuelto en la importación de la especie rupícola peruviana, conocida como el gallito de las rocas, un animal protegido por la legislación peruana pero que no estaba incluido en la española.

Así, el Ministerio Fiscal explica que, en España, las aves con las que traficaba Sierra no están protegidas, por lo que no puede ser juzgado por un delito de tráfico ilegal de especies. Conforme a la legislación española, Sierra tampoco habría cometido un delito de contrabando, puesto que el total de todos los animales no supera los 50.000 euros que trazan «la frontera entre el delito aduanero y la mera infracción administrativa».

La petición de extradición de Perú llega después de que Sierra fuese sorprendido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima el 25 de junio de 2016 en posesión de un total de 34 aves silvestres sin contar con la autorización para ello, y entre los que se contaban algunas variedades del tucán como el andino, el cabezón o el rabirojo.

OPERACIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE AVES Y HUEVOS

Esto dio lugar a la apertura de la Operación Suzaku, culminada en noviembre de 2017, con la detención de una treintena de personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción ilegal en España de aves y huevos, adquiridos en diversos países de África y Sudamérica.

La desarticulación de esta organización, que utilizaba mulas para el transporte de las aves o sus huevos por vía aérea, se saldó con la detención de 29 personas en distintos puntos del territorio nacional, así como en otros países, a las que habría que sumar otras 2 personas que han sido investigadas no detenidas en España.

Por su parte, Sierra fue detenido en septiembre de 2019 en Logroño por agentes de la Guardia Civil en cumplimiento de una orden internacional de detención que se basaba, precisamente, en la adquisición, transporte y entrega de esas mismas aves con la finalidad de su exportación a España.

Su detención se enmarcaba dentro de las actividades específicas para la reducción de los delitos contra la fauna y destrucción de hábitat previstas por el Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el crimen ambiental, financiado por la Unión Europea, y en el Plan de Acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres (Plan TIFIES).