El comité de empresa de Radio Televisión Madrid (RTVM), que integran CC.OO., UGT y CGT, sostiene que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox con el que se recortará un 10% el presupuesto del ente público es «una reducción innecesaria e injustificada que supone el estrangulamiento del servicio público».

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, firmó con el consejero de Presidencia, Enrique López, este jueves un documento que recogía este punto a cambio de ratificar con sus votos al administrador provisional de la cadena, José Antonio Sánchez.

Para el comité de empresa, que «el Gobierno del PP firme con Vox un acuerdo que va en contra de lo firmado hace cuatro meses en el contrato-programa, muestra la inconsistencia e improvisación con la que se están produciendo todas las decisiones que afectan al servicio público de comunicación de los madrileños desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

Consideran que «esta incertidumbre debilita el proyecto de RTVM sustentado en la ley 8/2015, defendida por la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso». En este sentido, han hecho hincapié en que RTVM es «la radio televisión autonómica más barata por habitante de todo el estado, 11,8 euros anuales por madrileño.

Además, han incidido en que en el año 2020, RTVM ha tenido un superávit presupuestario de 4,5 millones y en que las contrataciones externas están publicadas en el portal de transparencia según obliga la ley 8/2015.

LA PLANTILLA «MÁS AJUSTADA» DE LAS AUTONÓMICAS

Desde el comité han hecho hincapié en que «la plantilla actual es la más ajustada de todas las televisiones autonómicas y el porcentaje de gastos de personal sobre el presupuesto global es uno de los más bajos, según las propias palabras del Gobierno».

«Queda claro que no hay ninguna razón económica que justifique esta reducción presupuestaria. En estas circunstancias, el recorte de presupuesto que ha planteado Vox y ha asumido el Gobierno del Partido Popular, solo se puede entender desde el desprecio a la labor de servicio público que hace RTVM y desde el desconocimiento de su estructura y funcionamiento», han señalado.

A su parecer, «lo que ha primado son los intereses partidistas de ambos». Por un lado, «la necesidad del Partido Popular de ratificar a José Antonio Sánchez tras la chapuza de su reforma legislativa por el control de la cadena y, por otro, la de Vox, que busca un titular que haga creer que tiene peso en la toma de decisiones en la Comunidad de Madrid».

Asimismo, han denunciado que «hay cuestiones en las que ambos partidos ya se han puesto de acuerdo sin que hiciera falta firmar nada y que son las realmente importantes».

«Desde la llegada de Sánchez como Administrador Provisional la línea editorial de los informativos se ha escorado muy a la derecha. Aunque ahora Vox diga que lo que han pedido es una televisión despolitizada, ambos partidos están de acuerdo en que el discurso ultra tiene que tener más presencia en Telemadrid y para eso no se escatima en gastos», han apuntado.

En definitiva, consideran que «con la excusa de la reducción presupuestaria, PP y Vox pretenden derivar la atención sobre sus intereses reales: control editorial, económico y político de RTVM».

«La plantilla de RTVM ha trabajado siempre por dar un servicio público de calidad a la ciudadanía madrileña, defendiendo una radiotelevisión veraz e independiente. Pero para ello es necesario que el gobierno se comprometa a cumplir con la estabilidad financiera y económica que establece la Carta Básica», han reclamado.

El Rey Felipe VI volverá la próxima semana a Cataluña para inaugurar la feria del automóvil que se desarrolla en el Recinto del Montjuic en la Feria de Barcelona, tal y como ha anunciado Casa Real en la agenda para la próxima semana, en plena polémica por la detención de Puigdemont.

Esta será la primera vez que el Monarca viaje a Barcelona en el inicio del curso político y lo hará para participar en el almuerzo e inauguración del salón «Automobile Barcelona».

No obstante, aún se desconoce si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, le acompañará en este acto, que además, se celebrará después de la detención anoche del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el aeropuerto de Alguero (Cerdeña). Un arresto que ha provocado la protesta de los partidos independentistas y concentraciones de apoyo al expresidente huido en la vía pública.

Esta nueva visita de Felipe VI a Cataluña se produce casi tres meses después de los viajes que realizó a Barcelona en las dos últimas semanas de junio: el 16 de ese mes acudió acompañado del presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, para la cena inaugural de la XXXVI reunión anual del Círculo de Economía; el 27 de junio asistió a la inauguración del Mobile World Congress y el 1 de julio, participó en el recinto del Caixa Forum en Montjuic en la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona.

La decisión de si el presidente catalán acudiría o no a estos actos también generó polémica en aquel momento. De hecho, en el primero de ellos, en la reunión del Círculo de Economía, Aragonés anunció que no estaría cediendo el testigo al vicepresidente, Jordi Puigneró, que también declinó alegando problemas de agenda para evitar la fotografía con el Monarca.

Finalmente optaron porque la Consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, de ERC, representara al Govern en la cena. Sin embargo, el día anterior se anunció que Aragonés sí acudiría a un encuentro previo con empresarios españoles y surcoreanos en el que estuvo el Rey Felipe VI. Fue una reunión previa a la reunión anual del Círculo de Empresarios.

La siguiente visita de junio se produjo el día 27, cuando el Monarca acudió a Barcelona para la cena de inauguración del Mobile World Congress. En esa ocasión sí coincidió en la mesa con Pere Aragonés y también con la alcaldesa de Barcelona –cuyo consistorio declaró a Felipe VI persona non grata por el discurso del 3 de octubre de 2017–, a pesar de que ambos evitaron saludar al Rey en el conocido como besamanos.

Donde no hubo ningún representante de la Generalitat fue en el acto de entrega de los Premios Princesa de Girona, que se celebró el 1 de julio en el CaixaForum.

En la agenda de Casa Real para la próxima semana figura también una visita oficial de los Monarcas a Portugal, donde serán recibidos por el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

El martes, el Rey Felipe VI recibe al presidente de Angola, Joao Manuel Gonçalves Lourenço en el Palacio de la Zarzuela, que irá seguido de un almuerzo en el que también estará la reina. Y por la tarde, los Monarcas asistirán a la entrega de los premios nacionales de cultura 2018 y 2019 en el Museo el Prado.

El miércoles, Felipe VI acudirá a La Toja para inaugurar el III foro la «Toja-Vínculo Atlántico». Al día siguiente, el rey recibe al vicepresidente de Bolivia antes de trasladarse a Barcelona para inaugurar la feria del automóvil. Mientras, la Reina Letizia abrirá el curso de Formación Profesional 2021/2022 en Haro (La Rioja)

Y ya el viernes, Felipe VI recibirá en audiencia a Michel Barnier, ponente de la XV lección conmemorativa Carlos de Amberes; al patronato de la Fundación Carlos de Amberes y a los señores Michel Mayor y Didier Queloz, premios de Física 2019.

Junto con la Reina acudirá por la tarde al acto inaugural del Foro mundial de la alimentación y, en solitario, entregará el premio a una trayectoria Fulbright en la Capilla de San Ildefonso, de la Universidad de Alcalá.

La Agencia Estatal de Meteorología ha desplegado instrumental atmosférico en la isla de La Palma para vigilar las emisiones del volcán de Cumbre Vieja y medir la calidad del aire de forma que se podrá caracterizar y monitorizar en tiempo real la estructura vertical del penacho de humo del volcán.

La AEMET realiza predicciones de la evolución de las cenizas volcánicas en distintos niveles de presión de la atmósfera y vigila la columna de humo con modelos de dispersión atmosférica, herramientas que sirven para predecir la evolución del del humo y que necesitan información sobre su altura y tasa de emisión. La incorporación de estos datos al modelo supondrá una mejora en su capacidad de predicción.

En concreto, ha instalado una herramienta láser usada para determinar la altura de la base de nubes, llamada ceilómetro, en el centro de visitantes del volcán San Antonio, en e sur de la isla.

El emplazamiento, según informa la AEMET es idóneo para observar la pluma de humo de la erupción, ya que es el lugar de la isla con menor nubosidad.

Además, un equipo de investigadores de óptica atmosférica de la Universidad de Valladolid ha instalado junto al ceilómetro un fotómetro de la red AERONET de la NASA que permitirá determinar propiedades ópticas y físicas de los aerosoles y supondrá de gran interés científico, y que permitirán obtener información mejorada gracias al uso combinado de ambos aparatos.

Las predicciones de la evolución del penacho de cenizas volcánicas se realiza utilizando el Modélisation de la Chimie Atmosphérique Grande Echelle (MOCAGE) en modo accidente. Se trata de un modelo tridimensional de transporte y química atmosférica desarrollado por Météo-France. El servicio meteorológico francés ha cedido a AEMET este instrumento a través de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

Tanto para investigación como para aplicaciones operacionales y de emergencias en el campo medioambiental. Este modelo se utiliza principalmente en situaciones de emisión accidental de material radiactivo a la atmósfera, ya que es capaz de proporcionar un seguimiento preciso de la nube de contaminantes.

De manera adicional, en el mismo emplazamiento se ha instalado un espectrómetro de infrarrojo por transformada de Fourier que va a permitir determinar qué cantidad de dióxido de carbono (CO2) contiene el penacho volcánico.

La información que proporcione será, según la AEMET, de indudable interés, tanto desde un punto de vista científico como de vigilancia volcánica y permitirá un mejor conocimiento de la fase eruptiva del volcán.

El segundo objetivo del despliegue instrumental es el de complementar la red de calidad del aire de la UME y el Gobierno de Canarias con el objeto de conocer el impacto de las emisiones volcánicas en la población.

En este caso la estrategia de medida es muy diferente a la empleada en la estación situada al sur con los equipos de teledetección, ya que en este caso lo que interesa es conocer la calidad del aire que respira la población de la isla bajo el impacto de las emisiones volcánicas.

La UME ha designado un emplazamiento en el Ayuntamiento de Tazacorte para instalar el operativo controlado por AEMET que mide diferentes parámetros de la calidad del aire (SO2, NOx, CO, O3, PM10) y otros indicadores meteorológicos.

Este viernes, el delegado territorial de la AEMET en Canarias, David Suárez, ha participado en la rueda de prensa estacional donde a primeras horas de la maña, ha asegurado que el humo y las cenizas no está provocando impacto al sector aeronáutico.

En todo caso, ha añadido que se ha reforzado con el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los municipios la monitorización de los dióxidos de azufre que concluyen que «en zonas pobladas no está habiendo un empeoramiento de la calidad del aire» y ha descartado el impacto de la lluvia ácida por un episodio puntual.

«No tiene sentido hablar de lluvias ácidas por un episodio puntal porque los periodos críticos se miden en años», ha defendido Suárez que apunta que el impacto del volcán no está siendo muy elevado ni en cuanto a la calidad del aire ni en las operaciones aeronáuticas».

En concreto, ha precisado que la mayor concentración de azufre en estos momentos se ubica entre La Palma y La Gomera mientras que hacia Madeira «prácticamente no se aprecia la nube de cenizas». Asimismo, ha afirmado que la inyección de gases se está produciendo por encima de 3.000 metros y que las precipitaciones que cayeron ayer en la isla tenían «pH neutro».

Más de medio millar de representantes personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han participado –bien online o presencialmente– en Toledo en la constitución, por primera vez en España, de la primera Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo que se crea en España.

La ceremonia, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Toledo, también ha contado con un apoyo institucional de primer orden.

En el acto fundacional de la Plataforma Estatal de Representante de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo han participado Su Majestad la Reina doña Letizia o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; entre otros.

Todos ellos han querido estar presentes, bien presencialmente o bien a través de videos con mensajes de ánimo a esta nueva estructura organizativa que se revela como pionera en España, ha informado Plena Inclusión en nota de prensa.

«La historia de las personas con discapacidad intelectual está hecha de vidas de hombres y mujeres a las que no se les ha permitido tomar decisiones, ni opinar», explica Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y una de las líderes destacadas de la Plataforma.

«Hemos estado calladas muchos años, pero eso ya se ha acabado. Somos ciudadanas como el resto, y por eso queremos que se respeten nuestros derechos y que no se nos discrimine. Luchamos también para que en nuestras organizaciones se nos de espacio para participar y decidir sobre los temas que nos afectan. Eso es el ‘El Poder de las Personas'», sentencia con convicción.

Un total de 150 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo llegadas desde diferentes lugares de todo el país han intervenido presencialmente en cuatro grupos de trabajo en los que se ha hablado de coliderazgo de estas personas en las organizaciones a las que pertenecen, su contribución a la sociedad, su imagen pública, o la participación de las personas con más necesidades de apoyo.

Las personas que forman parte de la Plataforma Estatal de Representantes han sido elegidas en sus comunidades autónomas en procesos participativos que se han alargado durante meses.

«Con el acto celebrado en Toledo se da inicio a una nueva etapa respecto al coliderazgo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El camino iniciado ya no tiene vuelta atrás», añade Santiago López, presidente de Plena inclusión España, una confederación que agrupa a 940 asociaciones de todo el país que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

AUTORIDADES

De su lado, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha celebrado la elección de Toledo, «una ciudad con alma», para acoger esta jornada «tan importante» y a iniciativa de Plena Inclusión, una organización que «siempre ha estado a la vanguardia en las políticas de inclusión y que ahora sigue avanzando iniciando un nuevo viaje para lograr un mundo más justo, solidario e inclusivo».

Además, en sintonía con estos objetivos, la primera edil ha recordado el compromiso que mantiene la Corporación local en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Y es que, al amparo de este compromiso mutuo, Plena Inclusión y el Ayuntamiento de Toledo mantienen una «estrecha colaboración» a partir de diversas acciones en beneficio de la integración de las personas con discapacidad como es el caso de las prácticas formativas; la mejora de la accesibilidad cognitiva en dependencias municipales o el apoyo a iniciativas culturales como los ciclos de cine social, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Si bien la principal apuesta del gobierno que preside Milagros Tolón en este ámbito es el Pacto por la Inclusión de la Ciudad de Toledo, «un proceso comunitario de participación sin precedentes en nuestra capital, que ha contado con todas las entidades que trabajan con los colectivos vulnerables y que recogerá una batería de acciones de carácter transversal vinculadas a las distintas áreas de competencia municipal», ha dicho la alcaldesa.

De su lado, el director general de Discapacidad, Javier Pérez, ha destacado que «en Castilla-La Mancha la atención a la Discapacidad ha sido siempre y lo sigue siendo una prioridad en la acción de Gobierno del presidente Emiliano García-Page, y juntos hemos conseguido importantes avances en el ámbito de los apoyos, en la toma de decisiones o en el ámbito del cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas para que nadie se quede atrás».

Además, el director general ha subrayado que «hoy damos un nuevo paso hacia delante de la mano de Plena Inclusión, de la mano del sector, un paso hacia la normalidad, hacia la igualdad».

Y se hace, ha dicho, precisamente en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha, «en la tierra de El Quijote, una tierra en la que como a Alonso Quijano nos gusta trabajar para conseguir utopías; y esta Plataforma que hoy se constituye es una pequeña gran utopía de la que todo nos tenemos que sentir orgullosos».

En Castilla-La Mancha, «somos pioneros en el desarrollo de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad», ha aseverado Javier Pérez.

Una Ley que parte de la premisa que todas las personas son iguales en derechos, solo que no todos necesitamos los mismos apoyos, ha informado la Junta en nota de prensa.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha visitado este viernes, junto al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González el municipio de Lepe (Huelva) para conocer «sobre el terreno» los efectos de las fuertes lluvias que se han cebado con la Costa Occidental de Huelva. Así, ha destacado la «solidaridad y entereza» de los vecinos para salir adelante tras las inundaciones.

López ha trasladado un todo el «apoyo y solidaridad» de la familia del Partido Popular a las muchísimas personas afectadas por el fuerte temporal que ha azotado la provincia de Huelva y, con especial virulencia, el municipio de lepero.

Así ha destacado la solidaridad que ha despertado las fuertes lluvias entre los miles de ayamontinos, isleños, leperos, cartayeros y otros vecinos de municipios afectados, que junto a los efectivos desplegados por parte de distintas administraciones han estado durante todo el día de ayer y esta madrugada «trabajando sin descanso» para garantizar la seguridad, como primer objetivo, y recuperar la normalidad cuanto antes en las zonas afectadas.

«Venimos a mostrar al pueblo de Lepe nuestra solidaridad, a escucharlo, a ver cómo podemos ayudarlo y estar con la gente, es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a los vecinos que se han visto afectados por la fuerte tromba de agua», que en algunos momentos de ayer acumularon más de cien litros por metro cuadrado.

En este sentido, la popular ha remarcado que lo más importante es que afortunadamente «no hay que lamentar daños personales, gracias a la precaución de la ciudadanía, a los efectivos desplegados y también a la rapidez» con la que el Gobierno andaluz «decretó el nivel 1 del Plan de Emergencia en varios puntos de la provincia para poner todos los medios a disposición de los vecinos, al igual que hizo los ayuntamientos de Lepe y del resto de los municipios afectados».

Asimismo, la secretaria general del PP andaluz Loles López ha destacado la «lección de vida dada por los vecinos afectados» en la que han demostrado «la entereza, grandeza, y fortaleza que en este tipo de momentos adversos es cuando más se ve».

En esta línea, Manuel Andrés González, ha remarcado que lo más importante es que «no se han producido perdidas humanas», así como ha destacado «la solidaridad mostrada por los más jóvenes que se ofrecían a las familias que los necesitaban, los operarios del Ayuntamiento de Lepe que se se han puesto el mono de trabajo, los monitores de deportes que han cogido las escobas para quitar fango, la policía local y protección civil y las empresas que han puesto todo a disposición de las familias sin ningún tipo de contraprestación y a los hoteles».

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que los españoles «ya están pidiendo claramente un cambio a la hora de gobernar» en España y ha subrayado que en la Convención Nacional del PP que arranca la próxima semana presentará su «programa alternativo» al de Pedro Sánchez, que estará inspirado en la labor que ya se está haciendo en algunos gobiernos europeos.

Casado se rodeará de una docena de líderes internacionales en la Convención que arrancará el lunes 27 de septiembre en Santiago y concluirá el día 3 en Valencia. Entre ellos figuran: el canciller austriaco, Sebastian Kurtz; el expresidente francés Nicolas Sarkozy; el exprimer ministro de Portugal Durao Barroso; el exprimer ministro danés y exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen; y el expresidente de Polonia Donald Tusk.

Además, el líder de los ‘populares’ ha señalado que también contará con las intervenciones de dos expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, a los que considera «ejemplos de experiencia».

En la clausura del XXV Congreso extraordinario de la European Senior’s Union, Casado ha destacado los valores y principios que llevaron a fundar la UE que, según ha dicho, hace que hoy también tengan que «seguir luchando contra los enemigos de la libertad, sean populismos, sean nacionalismos, colectivismos o identitarismos». Según ha indicado, los principios del libertad son los que han construido la UE y en España han dado 40 años de progreso y estabilidad gracias a la Constitución.

A renglón seguido, ha señalado que el PP no cree en departamentos estancos, de forma que tengan que hacer políticas «exclusivas para los mayores, los jóvenes o las mujeres». «Pero sí pensamos que las características de cada individuo requieren de un reforzamiento de todo aquello que hacemos desde las administraciones públicas», ha agregado.

Eso sí, ha señalado que con la pandemia sí que tienen que hablar de la realidad que han vivido los mayores porque en España el 95% de muertes por Covid fueron de mayores de 60 años. «Es un drama que no podemos olvidar», ha apostillado.

Casado ha admitido que la coordinación europea en el ámbito de la estrategia de vacunación frente al covid ha sido «positiva», así como a la hora de reclamar que las políticas de salud tengan un mayor peso en la cogobernanza europea.

LAS PENSIONES Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

El líder del PP ha situado los sistemas de pensiones y el Estado de Bienestar de la Unión Europea como «un ejemplo en todo el mundo» tras contribuir durante décadas, pero ha advertido que Europa sufre un «drama demográfico»: «No serán sostenibles si no conseguimos crear más empleo, alargar la vida activa y tener un envejecimiento con una calidad de vida que permita la actividad de los mayores».

A renglón seguido, Casado ha destacado que lo que les «separa de sus adversarios de la izquierda» es que no promueven «los choques generacionales». «Tenemos que ser solidarios en las dos direcciones», ha señalado, para subrayar que en España un 40% de jóvenes está en paro.

Y en materia de salud pública, ha proseguido, Europa es uno de los pocos continentes del mundo que tiene un sistema de salud pública «muy avanzado, gratuito, universal y de la máxima calidad». «Hay que hacer un sistema de salud sostenible y eso se ha visto mucho más en la pandemia», ha apostillado, para añadir que hay estudios que señalan que el el 75% del coste de la sanidad de cada individuo se produce una vez jubilado.

Tras asegurar que España es el país con mayor longevidad, después de Japón, ha señalado que hay que apostar por el crecimiento económico que genere empleo, de forma que genere más contribuyentes y las administraciones recauden más. «El círculo virtuoso de la política liberal que el PPE siempre ha defendido y con éxito», ha apostillado.

UNA CONVENCIÓN PARA «MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS»

Casado ha señalado que llevará estas reflexiones a la Convención Nacional del PPE, en la que estará muy presente el PPE, con quienes presidieron la Comisión y el Consejo Europeo, así como los expresidentes Rajoy y Aznar. A su entender, son «ejemplos de experiencia».

En este sentido, ha indicado que en esa labor que actualmente se está haciendo en las instituciones comunitarias y algunas cancillerías y jefaturas europeas basará el PP su «programa alternativo» de Gobierno, «en un momento en que los españoles ya están pidiendo claramente un cambio a la hora de gobernar» en España.

Durante los siete días que dura esa Convención, ha recalcado que habrá mesas sobre salud, dependencia, pensiones, educación economía y vivienda. «En definitiva, en cómo queremos trazar esas políticas de Gobierno para mejorar la vida de las personas, porque ese es el fin de la política, dar soluciones a sus problemas y no hacer ingeniería social o política doctrinaria, ideológica o sectaria desde las propias instituciones y de los partidos».

Casado ha explicado que el cónclave ha contado durante estos ocho meses previos con más de 400 expertos que han debatido en 25 ponencias que se pondrán en común con la sociedad civil (asociaciones, entidades, corporaciones y think tanks). Después, ha agregado, se dedicarán cuatro meses a exponerlas por toda España y acomodarlas a textos legislativos y programas de gobierno para «ofrecer una alternativa de futuro mejor a todos los españoles».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este viernes la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras ser detenido en Cerdeña (Italia), porque «es el clamor de una mayoría de la sociedad catalana, es el clamor del Govern y también el mío».

«Los acontecimientos de ayer visualizan claramente que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea», ha dicho en rueda de prensa en la Generalitat, donde ha convocado de urgencia a todo el Govern tras anular su propia agenda de este viernes para seguir la última hora de la detención de Puigdemont.

«El Estado ha engañado al Tribunal Europeo e incumple de nuevo el derecho de la Unión Europea. La credibilidad del sistema judicial español ya estaba tocada, pero con las discrepancias sobre las euroórdenes se demuestra que es un sistema totalmente anacrónico que solamente busca venganza», ha añadido.

Rodeado de su Govern y en un discurso inicial que ha combinado el catalán y el inglés, ha pedido también la libertad «de todos los presos políticos, exiliados y represaliados en esta causa general contra el independentismo».

RETIRAR LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN

El presidente de la Generalitat ha exigido «la retirada de las órdenes de detención contra el presidente Puigdemont y el conjunto de las personas represaliadas».

Pere Aragonès, que ha calificado la situación de «gravísima», ha anunciado que se desplazará este viernes por la tarde a Cerdeña para dar apoyo a Puigdemont.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por si esta detención podría afectar a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ha respondido que «no contribuye a generar unas condiciones que favorezcan la confianza entre las partes» y que no ayuda en el proceso de resolución del proceso político, ha dicho literalmente.

Para el presidente de la Generalitat, además, la detención de su antecesor Carles Puigdemont es la última muestra de que la «represión no cesa».

Ha añadido que «la prioridad más inmediata» del Govern en estos momentos es que Puigdemont sea liberado, y que su determinación para avanzar hacia la independencia de Cataluña es absoluta.

Aragonès ha apelado a «fortalecer la alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía» y a conjurarse para conseguir la amnistía y la autodeterminación y a trabajar más cohesionados y unidos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los ciudadanos en el uso del agua ante la situación de estrés hídrico actual en España que empieza a ser un «serio problema» y porque «los patrones de lluvia están cambiando» con «menos días de lluvia en los que llueve mucho más».

«Estamos en un escenario de estrés hídrico que, salvo que la meteorología lo solucione, en las cuencas del Guadiana o el Guadalquivir, empieza a colocarlas en un problema de gestión de recurso», ha advertido el secretario de Estado que recuerda que las lluvias torrenciales son «un germen de inundaciones».

Así lo ha manifestado en su intervención en la rueda de prensa estacional del otoño de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) donde ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos hagan caso los avisos de riesgo meteorológico y a las predicciones para convertir el servicio meteorológico en una «herramienta útil».

Por ello, considera necesario mejorar las acciones de mitigación pero en particular las capacidades de adaptación y, en ese sentido, se ha referido al Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de segundo ciclo en el que la AEMET «ha tenido un papel esencial» ya que incorpora información multidisciplinar para predecir situaciones de inundación o estrés hídrico.

Morán ha elogiado a la AEMET como «pieza clave» que ha demostrado una «gran eficacia en los últimos tiempos» al encargarse de predecir las lluvias torrenciales y anticipar los escenarios que pueden generarse y, de ese modo, ha anunciado que, junto con los Fondos de Recuperación, lograrán poner en marcha la modernización del sistema de predicción y de las redes de vigilancia de la agencia y «todo el aparato» para tener un «volumen de datos mayor y más fiable cada vez».

Pero ante una inundación, ha dicho que no basta con la predicción sino que es «imprescindible incorporar la información de impacto», superponiendo distintas capas de información que tienen que cruzarse, como la ordenación del territorio, el uso del suelo, los incendios que favorecen la erosión, entre otros aspectos.

No obstante, ha apelado a cada ciudadano «imprescindible» para atender a los riesgos, evitar los innecesarios y minorar los daños y sus consecuencias.

Morán ha admitido que la realidad de la Península Ibérica se enfrenta, por un lado a las inundaciones y, por otro, a un problema de sequía prolongada en otras zonas del país.

«Tenemos la obligación de adaptar la gestión del riesgo hidrológico al riesgo climático», ha afirmado al tiempo que ha vuelto a insistir a los ciudadanos para que «tengan en cuenta siempre los avisos y la información que traslada la AEMET».

A continuación, el catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Alicante Jorge Olcina ha advertido que en España están cambiando los patrones de lluvia y está experimentando calentamiento: llueve menos días al año y lo hace con más intensidad; pero remarcó la necesidad de adaptar los territorios a la nueva realidad pluviométrica mediante un cumplimiento estricto de la ley de suelos y la prohibición de construir en zonas peligrosas.

A su juicio, el también presidente de la Sociedad Española de Geografía, España cuenta con «uno de los sistemas mundiales más eficaces de gestión de emergencias y eso permite salvaguardar la vida de las personas, pero está faltando educación a niveles básicos de la enseñanza». De ese modo, ha propuesto incluir en el currículo educativo el concepto de riesgos meteorológicos ya que «los cambios actuales son acelerados y en ocasiones no se está atendiendo a los riesgos» que está desarrollando el cambio climático.

Además, ve necesario que la sociedad asimile que España es «un país de riesgo» que ha aumentado en los últimos 30 años y de momento, denuncia que la ordenación del territorio no ha tenido en cuenta el cambio climático y se ha construido en ramblas, sin tener en cuenta el riesgo de inundación.

En este contexto, ha criticado que la apuesta por modelos territoriales extensivos de las últimas dos décadas han conllevado un incremento de consumo y demanda del agua. Por ello, reclama que la gestión del riesgo tenga en cuenta la ordenación del territorio y «rigurosidad» a las administraciones.

«Jugamos con vidas humanas y la responsabilidad es alta por parte de los gestores del territorio», ha sentenciado

«Seguir funcionando con planes urbanísticos de los años 70 u 80 en un contexto de cambio climático no tiene ningún sentido», subraya Olcina que pide apostar por un ordenamiento verde y una planificación hidrológica en materia de agua es necesario apostar por una planificación del agua con recursos «viables».

El juez instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido este viernes al Tribunal de Apelación de Sassari la orden de detención europea (OEDE) que pesa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Después de que a Llarena le haya sido comunicada la detención del expresident en en Cerdeña (Italia) a través de SIRENE, el instructor ha enviado un oficio al representante de España en Eurojust, José de la Mata, para que remita al tribunal italiano tanto esa OEDE que fue librada el 14 de octubre de 2019 contra el expresidente catalán, como la cuestión prejudicial planteada en su día ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el oficio, se indica que esa orden de detención está «actualmente en vigor», e indica que adjunta esa orden de detención y entrega para su remisión al tribunal italiano. «Para su comunicación al mismo Tribunal, le participo que el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía», añade.

Añade Llarena en esa breve misiva que acompaña la OEDE de la Cuestión Prejudicial planteada en su día ante el TJUE y «cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE».

Apunta que ha solicitado la traducción al italiano de la OEDE y estima que podrá ser remitida el próximo día 27 de septiembre, una vez la reciba. También adelanta que facilitarán la cuestión prejudicial en italiano, y añade que remitirán cuanta documentación sea precisa.

Puigdemont fue detenido este jueves en el aeropuerto de Alguer, en Cerdeña, por las autoridades italianas por la OEDE del Tribunal Supremo (TS). Gonzalo Boye, abogado del expresidente, explicó entonces que acudía a esa ciudad como eurodiputado, y que la detención se producía «en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal –según establece el Estatuto del TJUE–, se encuentra suspendida».

El oficio de Llarena se conoce al tiempo que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, declara ante la Corte de Apelación de Sassari (Italia), según la Oficina del expresidente.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha visitado este viernes la isla de La Palma y garantizado que habrá «protección» para los damnificados por la erupción volcánica y así no tengan que preocuparse por el pago de los suministros básicos contratados en sus viviendas.

En declaraciones a los periodistas tras visitar a las personas que aún que permanecen alojadas en el albergue militar de Breña Alta, ha comentado que el Ministerio va a trabajar en la elaboración de un conjunto de medidas para que los afectados tengan la «máxima protección posible» en todos los ámbitos y así a ayudarles a iniciar la «reconstrucción de una nueva vida».

En esa línea, ha comentado que hay instrumentos legales para darles protección como consumidores vulnerables y desde el Ministerio se va a trabajar para que «lo último de lo que se tengan que preocupar es por los contratos de suministros básicos, que pueden ser motivo de preocupación».

Garzón ha precisado que quieren tener toda la información de los afectados porque quieren «legislar» y no que haya «solo solidaridad» con la isla.

Ha comentado que «la preocupación de las familias es lo esencial porque han perdido viviendas y tiene un impacto enorme», y como tendrían varios servicios contratados como agua, luz o internet, es probable que sigan operando los costes se no se realiza una modificación.

«Queremos que esto no sea una preocupación porque tendrán gastos que hay que atajar», ha apuntado, indicando también que se va a recabar toda la información sobre los seguros para preparar medidas especiales.

Según el ministro, «es una anomalía» que se pague por servicios que no se reciben y ahí está convencido de que también van a encontrar la «comprensión» de las empresas.

Garzón ha resaltado también el «ejercicio ejemplar de respuesta» llevado a cabo en La Palma por la sociedad civil y las administraciones pues ha sido «rápida y eficaz ante una catástrofe», gracias también al aporte de los científicos y su información detallada sobre la erupción y los planes de evacuación.

Un total de 2.709 aspirantes realizarán este fin de semana en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) las pruebas selectivas de ingreso correspondientes a la 127ª promoción de acceso a la escala de cabos y guardias. La fecha prevista de incorporación a este centro por parte de los aspirantes que consigan plaza es el 22 de noviembre.

La Academia baezana es una de las 21 sedes designadas para larealización de la primera prueba de los opositores con domicilio enlas provincias de Ciudad Real, Córdoba, Albacete y Jaén. Los exámenes comenzarán a partir de las 7,30 horas y se llevarán a cabo tanto el sábado como el domingo.

Para este año se han convocado 2.091 plazas, de las que 175 están reservadas para el Colegio de Guardia Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro (Madrid), otras 837 son para militares y 1.079 son de acceso libre.

El número de aspirantes en esta sede es de 2.709 –1.957 hombres y752 mujeres–, repartidos entre los dos días previstos, ascendiendoel número total de opositores a nivel nacional en torno a los 27.000(19.448 hombres y 7.387 mujeres). En cuanto a la provincia de Jaén,el número de opositores es de 1.058, de ellos 713 son hombres y 345mujeres.

Al objeto de minimizar los riesgos para la salud, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, habrá unas medidas preventivas frente al covid-19 de obligado cumplimiento para los opositores que asistan a la realización de las pruebas escritas para el acceso a la escala de cabos y guardias.

El proceso se define como un concurso-oposición. En la fase deconcurso se puntúan una serie de méritos tanto profesionales comoacadémicos. Estos puntos se suman a los obtenidos en la fase deoposición.

Los aspirantes deberán realizar una prueba de conocimientos teórico-prácticos que consta de: ortografía, conocimientos generales e inglés. La segunda parte será una prueba psicotécnica, que se compone de aptitudes intelectuales y test de personalidad. La parte de aptitud psicofísica se divide en pruebas físicas, entrevistapersonal y reconocimiento médico.

Las pruebas correspondientes a los conocimientos teórico prácticos y la de aptitudes intelectuales son las que los aspirantes realizarán este fin de semana. En el próximo mes de octubre se realizarán el resto de pruebas por tandas, por parte de los opositores que hayan sido seleccionados entre los de mayor puntuación en estas primeras pruebas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haga «todo lo posible» para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado y juzgado en España. Es más, le ha emplazado a respetar al Tribunal Supremo si hay una sentencia condenatoria, de forma que no se le conceda el indulto.

En la clausura de XXV Congreso extraordinario de la European Senior’s Unión en Madrid, Casado ha recalcado que «no es mucho pedir» que los políticos respeten a la Justicia, sus sentencias y las legislaciones «que impiden que «nadie esté por encima de la ley».

El presidente del PP ha recordado que los independentistas en 2017 «dieron un golpe a la legalidad» declarando la independencia de Cataluña contra la Constitución, el Tratado de la Unión Europea y la Convención de Naciones Unidas, que dice «muy claramente que no puede haber autodeterminación en ninguna parte del mundo salvo para los territorios colonizados».

PROCESO «EJEMPLAR» EN EL SUPREMO

A raíz de esa actuación, ha proseguido, la Justicia española en un proceso «ejemplar y público» dictó sentencias sobre lo ocurrido de acuerdo con la legislación española y europea, si bien algunos de esos políticos «huyeron», como es el caso de Puigdemont, que «está fugado» y fue detenido en Italia este jueves gracias a la euroorden.

El líder del PP ha subrayado que hay que respetar las sentencias de los tribunales de cada Estado, en este caso del Tribunal Supremo. «Además, pedimos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se comprometa hacer todo lo posible para que el señor Puigdemont sea extraditado de Italia a España y se ponga a disposición judicial del Tribunal Supremo», ha manifestado.

Es más, ha resaltado que si el Tribunal Supremo, «libremente y de forma independiente decide condenarlo», Sánchez debe comprometerse a «cumplir con la sentencia y a no indultarlo para recibir los votos de los secesionistas y seguir en el poder». A su juicio, «no es mucho pedir» que los políticos respeten las decisiones judiciales.

«ESTAMOS SEGUROS DE QUE NO EXISTIRÁ IMPUNIDAD»

Casado ha destacado que en Europa se cumple la ley con el Estado de Derecho y ha recordado que el PP promovió en una votación en el Parlamento Europeo para incluir la entrega automática de las personas condenadas por sedición o rebelión, conocido delito de alta traición en países como Alemania, Francia o Italia.

Tras asegurar que «nadie entendería» que un länder alemán, un departamento francés o una región en Italia declarasen la independencia, el presidente del PP ha agradecido el apoyo que han recibido de los socios del Partido Popular Europeo en este asunto porque «la Justicia y la libertad de España es la Justicia y la libertad de toda Europa».

CONTRA LOS «INTERESES PARTIDISTAS PARA SEGUIR USANDO EL PODER»

En este sentido, el presidente de los ‘populares’ ha alertado de que cualquier «quiebra de la integridad territorial y de las leyes en España es una quiebra de la integridad territorial y de las leyes europeas».

«Por eso, estamos seguros de que no existirá impunidad en el caso de Puigdemont y estamos convencidos de que el Gobierno de España se movilizará diplomáticamente y políticamente para apoyar la Justicia de España», ha dicho, para añadir que la diplomacia la tiene que hacer el Ejecutivo y la Justicia española «tiene que prevalecer frente a cualquier interés partidista para seguir usando el poder».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha desestimado el recurso del que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, que seguirá procesado por la investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano.

En un auto con fecha de este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 rechaza el recurso de reforma que García Castaño presentó después de que el magistrado propusiera que fuese juzgado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En su escrito, García Castaño sostenía que su condición de investigado se basaba únicamente en las declaraciones del policía Constancio Riaño y lamentaba que no se hubieran realizado todas las diligencias necesarias. Para el juez, sin embargo, la mera declaración de Riaño constituye «un indicio de criminalidad, sin perjuicio de que pueda verse conformado o no, en la fase probatoria, en el juicio».

Pero, además, García Castaño instó al juez a requerir todos los correos electrónicos de Riaño entre 2013 y 2016 al para que valorase si había llevado a cabo actuaciones similares a los hechos investigados en esta pieza.

En este sentido, el magistrado reprende al que fuera mando policial y deja claro que la cadena de mensajes no se considera «ni necesaria, ni útil, ni pertinente». «En esta pieza investigamos un único encargo, el relativo a Felipe Gómez Zotano», recuerda el juez.

DESCARTA UNIR SUS MOVIMIENTOS BANCARIOS AL AUTO

Así, García-Castellón insiste en que «no se valora ni una continuidad delictiva de Riaño» ni es «esencial» conocer «si hubo previas comunicaciones similares» porque estas no «esclarecerían en nada» los hechos investigados.

El magistrado tampoco considera necesario reformar el auto para unir el listado de movimientos bancarios de García Castaño, que acreditarían que estaba «de vacaciones en la fecha de los hechos». «En el auto recurrido no se especifica que la orden se diese por escrito, sino que únicamente se alude a que se transmitió a Riaño», apunta.

El juez de la Audiencia Nacional decidió el pasado mes de julio poner fin a la pieza separada 8 de la macrocausa ‘Tándem’, conocida como la pieza ‘Marbella’, donde investigaba el encargo que Marzena Katarzina habría realizado al comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2015 sobre Gómez Zotano con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.

En su auto, el magistrado explicaba que existen indicios para juzgar a Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a David Macías González por un delito de cohecho pasivo; a Katarzina, por cohecho activo; y a los mandos policiales García Castaño, Riaño, y Antonio Bonilla –que estaba en situación de segunda actividad en el momento de los hechos– y Redondo, por descubrimiento y revelación de secretos.

Además, García-Castellón acordó el sobreseimiento provisional de la causa respecto al que fuera director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, los policías Juan José Díaz Álvarez y José Maria Serrano Ydígoras, así como para Juan Carlos Escribano Cárcel.

El presidente del Partido Popular de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha denunciado que el PNV «quiere pactar con EH Bildu» una reforma del sistema educativo para -según ha asegurado- «seguir utilizando la escuela vasca como un instrumento al servicio del adoctrinamiento político».

Oyarzabal ha afirmado, en referencia a las conversaciones entre el PNV y EH Bildu en torno a un eventual pacto para la reforma de la actual ley educativa, que la formación jeltzale «quiere pactar» con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, «el futuro educativo de nuestros hijos».

El dirigente del PP considera «vergonzoso» que el PNV pretenda, según ha dicho, «pactar el futuro de la escuela vasca con Bildu, con los más radicales».

«Pretenden seguir utilizando la escuela vasca como un instrumento al servicio del adoctrinamiento político, vulnerando derechos y limitando la libertad de las familias», ha asegurado.

Oyarzabal, para el que el los resultados del ‘modelo D’ han resultado un «fracaso», ha afirmado que la respuesta ante esta situación «no puede ser insistir en los mismos errores».

«MANIPULAR A NUESTROS HIJOS»

Además, ha criticado que se pretenda «manipular a nuestros hijos», y ha apostado por «una educación en valores, de más calidad, que respete el pluralismo y la libertad y no trate de imponer una que respete el pluralismo y la libertad y no trate de imponer una ideología nacionalista».

El líder del PP de Álava ha lamentado que el PSE-EE asista como «convidado de piedra sumiso y mudo» a las conversaciones entre el PNV y EH Bildu, una actitud que ha atribuido al objetivo de los socialistas de «seguir ocupando sillones».

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha anunciado este viernes que el partido ha solicitado personarse en la pieza de situación personal sobre Carles Puigdemont abierta en la Corte de Apelaciones de Sassari (Cerdeña) tras la detención del ex presidente catalán en la región italiana.

«Hoy mismo ya hemos solicitado nuestra personación tanto en la pieza de situación personal de Puigdemont como en las medidas cautelares que su defensa ha anunciado ante el TGUE», ha informado en un vídeo difundido por la formación política.

Según han precisado fuentes de Vox, la pieza de situación personal es la que se debió abrir tras la detención de Puigdemont el jueves por la noche y por la que comparece este viernes ante la Corte de Apelaciones de Sassari.

Han explicado asimismo que también pedirán personarse en la pieza de medidas cautelares que pueda abrir el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) una vez que la defensa de Puigdemont las haya solicitado, tal y como ha anunciado en las últimas horas.

«LA MESA DE LA TRAICIÓN»

Castro ha enmarcado este movimiento procesal en los esfuerzos que dice que Vox está llevando a cabo desde la sentencia del ‘procés’, causa en la que ejerció como única acusación popular, «para lograr que los tres fugados fuesen puestos a disposición de la justicia española y enjuiciados».

«Seguiremos manteniendo y lucharemos con los argumentos jurídicos que nos acompañan para lograr que sean juzgados en España y ante el Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera», ha dicho Castro.

Además, ha advertido de que los de Santiago Abascal tampoco consentirán que «este procedimiento y esta situación en la que ahora nos encontramos sea utilizada como moneda de cambio en la mesa de la traición que ha escenificado el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalidad».

Puigdemont fue detenido el jueves por la noche a su llegada al aeropuerto de Alguer (Cerdeña) procedente de Bruselas para asistir a un encuentro internacional y para reunirse con autoridades locales.

Ciudad Real acoge por primera vez, en el recinto ferial, el XIV Congreso Estatal y II Iberoamericano de Trabajo Social que tendrá lugar del 26 al 28 de mayo de 2022. Se trata de un evento «sin precedentes» en la capital ciudadrealeña y cuya primera edición data de 1968.

Así lo han presentado este viernes el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero; la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente; y el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Florencio Alfaro.

La presentación ha coincidido con el sexto aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en ella se han expuesto los 3 ejes principales del congreso, alineados con la agenda.

Caballero ha resaltado la importancia de este evento, que se celebra cada cuatro años, por «su magnitud en términos de asistentes y ponentes» así como por el «fondo y el tema del mundo del trabajo social».

«Me hace mucha ilusión no solo por lo que significa para la provincia sino también porque se trata del trabajo social en esencia», ha añadido.

Así, ha recordado que por su condición como político y trabajador social de formación, «los trabajadores sociales en este país y en Castilla-La Mancha hacen un trabajo imprescindible imposible de sustituir» y que «es un buen momento para desarrollar un congreso de estas características».

Por su parte, Alfaro ha aprovechado para hacer un llamamiento a los trabajadores sociales para que se inscriban en el evento y ha resaltado que es «una oportunidad única de posicionar esta profesión en la región» y así «marque un hito y sea un punto de inflexión».

Finalmente, Vicente ha destacado que el congreso es un «espacio para la reflexión, el análisis y el debate de la posición de esta profesión» recordando que tiene un carácter internacional donde participarán ponentes de Latinoamérica y Portugal .

Para concluir el acto, Vicente ha hecho entrega de la insignia de la profesión del trabajo social al presidente de la Diputación.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante –Familia– ha atribuido a una madre la decisión sobre la vacunación contra la covid-19 de su hija de 12 años, ante la negativa del padre, que alegaba que las vacunas están en fase experimental y que la menor sufre un desorden genético que le impedía saber si podría agravar efectos secundarios. La niña se había mostrado a favor de recibir su dosis.

Así consta en un auto, que adelanta Alicante Plaza, a raíz de una demanda formulada por el padre frente a la madre (están divorciados)para que el juez se atribuyera la facultad de decidir ante las discrepancias de los progenitores sobre la vacunación de la hija.

En el convenio regulador se hacía constar que ambos progenitores deberán autorizar las vacunas no previstas en el calendario oficial, siempre que no sea suficiente el mero consentimiento de la menor y, en caso de desacuerdo, correspondería a la autoridad judicial decidir.

A la menor le pusieron la primera dosis en agosto, pese a la oposición del actor, y estaba pendiente la segunda para septiembre. La niña expresó «claramente» su voluntad de ser vacunada pese a que su padre trataba de convencerla de lo contrario con los argumentos expuestos.

En este caso, la jueza entiende que procede estimar su intervención ante el desacuerdo entre progenitores, pero atribuye a la madre la capacidad de decisión, dado que la Agencia Europea del Medicamento aprobó la utilización de la vacuna en menores de 12 a 17 años, el Ministerio de Sanidad incluye en el plan de vacunación a los adolescentes comprendidos entre estas edades y, por tanto, «está clara la postura de la autoridad sanitaria de nuestro país, favorable a dicha vacunación».

Desde esta perspectiva, la jueza considera que el interés de la menor «pasa por otorgar la facultad de decisión a aquel de los progenitores que pretende atender a dicha postura». Además, en este caso, señala que el padre no aporta prueba alguna tendente a acreditar que las circunstancias de la menor, por la patologíaque alegue, supongan un riesgo para la vacunación de la menor.

Y añade que la niña es la titular del derecho a su salud y del derecho a la información, por lo que su «deseo, voluntad y preferencia de ser vacunada, debe ser tenido en cuenta en la resolución de la controversia suscitada, aunque la menor esté sujeta a la patria potestad de sus progenitores».

El abogado que ha representado a la madre de la menor, Joaquín Martínez Alberca, ha señalado que están muy contentos con la resolución ante una situación que «podría ser muy perjudicial para la niña», porque se han atendido sus alegaciones fundamentadas en la defensa del beneficio de la menor, que manifestó en la exploración su deseo de recibir la vacuna, y también por razones de salud pública.

María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, guardia civil asesinado por ETA, ha puesto de manifiesto que «el tratar a Bildu como una fuerza democrática más nos duele a muchas de las víctimas» y ha considerado que «o se está con las víctimas o se está con Bildu, así de fácil».

Así se ha pronunciado Rama en el acto de homenaje celebrado este viernes en Leitza al cabo de la Guardia Civil con motivo del XIX aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

La viuda de Juan Carlos Beiro ha afirmado que «el tratar a Bildu como una fuerza democrática más nos duele a muchas de las víctimas» y ha remarcado que Sortu, «principal partido de la coalición, está dirigido por un exmiembro de ETA, tiene dirigentes que han sido procesados por ser miembros de ETA, y el presunto dirigente de ETA que al parecer leyó el comunicado del fin de ETA trabaja tranquilamente en su sede de Pamplona».

«Personalmente quiero dejar claro un mensaje: o se está con las víctimas, o se está con Bildu, así de fácil», ha manifestado María José Rama.

Por otro lado, ha recordado que en la actualidad existen cuatro personas procesadas por ser los presuntos responsables del asesinato de su marido, «una situación que desde hace 19 años no era más que un sueño». Y ha destacado que «hoy es cada vez más posible que, al menos, llegue a celebrarse un juicio contra sus presuntos culpables».

«Quiero agradecer todo ese trabajo, amor propio, profesionalidad y sentido del deber que habéis demostrado para que esto llegara a ser posible. En nombre de toda mi familia, y en nombre de vuestro compañero, gracias, muchísimas gracias», ha dicho a los guardias civiles presentes en el acto.

Según ha manifestado, «la justicia seguirá su camino, pero yo nunca olvidaré el camino que ha llevado esto a la justicia». «Diecinueve años viniendo aquí, con mis valientes de Leitza, a veces lloviendo, a veces con sol, a veces en medio de una pandemia, pero nada os ha hecho abandonar este acto, que es un acto de recuerdo y un grito que pide justicia», ha aseverado.

En medio de este camino, ha agregado María José Rama, «siempre nos llevamos disgustos, como las declaraciones de la portavoz de Bildu en el parlamento de Navarra -Bakartxo Ruiz- diciendo que no ve justo que se pretenda hacer ver que un recibimiento a presos es buscar humillar a las víctimas».

A este respecto, dirigiéndose a la representante de la coalición abertzale, ha afirmado que, desde la «dolorosa autoridad» que le da su experiencia, «cualquier recibimiento a los que mataron a los nuestros nos humilla, y ya que el estado no nos protege de estos actos, si no buscan humillarnos, dejen de hacerlos».

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido de que la transición sostenible es un problema global que requiere de la colaboración de todas las partes para ordenar y estructurar las actuaciones que se están llevando a cabo a nivel internacional y acordar unas definiciones y unos estándares comunes que permitan evitar asimetrías en la información.

Así lo ha señalado durante su intervención en la II Jornada de Finanzas Sostenibles organizada por Abanca, donde se ha mostrado optimista ante la consecución de este objetivo. «Creo que lo estamos consiguiendo poco a poco, porque todos somos conscientes de ese problema que tenemos», ha afirmado.

Según ha reconocido, existe un sentido de urgencia que está motivando un rápido avance. De hecho, algunos bancos ya están incorporando los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su medición interna de riesgos.

«Quizá estamos yendo demasiado rápido. Tenemos que ordenar y estructurar todas las actuaciones. Los bancos son responsables hasta cierto punto, porque tienen una posición privilegiada como financiadores de las actividades productivas de todos los países, pero es cierto que los bancos no son los únicos responsables en esta materia», ha reflexionado.

Delgado ha afirmado que las autoridades también pueden «hacer mucho», mientras que los gobiernos y la Comisión Europea no tienen solo que diseñar planes, sino también implementarlos. «Esto es una externalidad que poco a poco vamos internalizando a través de la política fiscal, que tiene unos impactos en la economía de familias y empresas, que a su vez tienen impacto en la transformación del modelo de negocio que hacemos ahora», ha señalado.

La subgobernadora ha mostrado su confianza en que los organismos internacionales se pongan de acuerdo y sean capaces de adoptar una taxonomía común «en un breve plazo de tiempo» que permita establecer definiciones y estándares homogéneos a nivel internacional, pues actualmente existe una asimetría de la información facilitada que dificulta que los stakeholders cuenten con la información adecuada para evaluar los riesgos existentes en sus decisiones de inversión.

En la misma línea, la subgobernadora ha incidido en la falta de bases de datos armonizadas de las operaciones que ya están concedidas, cuyos datos «no son suficientemente exhaustivos».

«Debemos establecer esas definiciones comunes, ser capaces los bancos centrales y autoridades de recopilar esa información y construir esas bases de datos y, por último (y esto es muy relevante), tenemos que incidir en la calidad de esa información divulgada, que haya transparencia para que todos los actores tengan la suficiente información para tomar sus decisiones», ha resumido Delgado.

UN ‘BROWN PENALIZING FACTOR’ PUEDE CREAR DISTORSIONES

Por otro lado, la subgobernadora ha recordado que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) está trabajando en unas guías para la incorporación de los riesgos medioambientales en el proceso de revisión de capital.

Según ha advertido, aplicar un recargo en capital a la financiación de actividades más contaminantes (‘brown penalizing factor’) es una medida compleja de implementar que «puede crear distorsiones en el mercado».

«Creo que si los bancos verdaderamente son capaces de medir, gestionar e incorporar en la fijación de precios de las operaciones estos riesgos, por ahí ya va a venir el recargo de capital», ha apuntado.

GOBERNANZA, UN PILAR BÁSICO

Al final de su intervención, la sugboernadora del Banco de España ha reflexionado sobre la necesidad de tener en cuenta otros elementos como la gobernanza y la parte social a la hora de entender la sostenibilidad.

Según ha defendido, la gobernanza es «un pilar básico que ha estado en el ojo del huracán desde la anterior crisis», lo que ha motivado que la regulación relacionada con la gobernanza no haya dejado de crecer y que las guías y recomendaciones para los bancos sean una prioridad supervisora.

«Creo que la gobernanza y el modelo de negocio, al final, definen lo que es el banco», ha apuntado.

En cuanto a la parte social, Delgado ha asegurado que los bancos son cada vez más conscientes de que los riesgos reputacionales terminan por traducirse a la cuenta de resultados, pese a ser un riesgo no financiero. «La parte social cobra cada vez más importancia y es súper relevante también para los supervisores», ha sostenido.

El secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, ha criticado la decisión del Gobierno de España de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), a lo que ha expresado la disposición de su partido a apoyar al Ejecutivo asturiano en su batalla jurídica para frenar este «despropósito».

Eso sí, ha exigido «mayor agilidad a la hora de pagar los daños ocasionados por la fauna salvaje, así como el cumplimiento del Plan del lobo». Para él, el incluir el lobo en el (Lespre), «pone en grave riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas asturianas, así como la pervivencia del mundo rural».

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su asistencia a la inauguración de la 35 edición de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), que se celebra este fin de semana en el recinto ferial gijonés ‘Luis Adaro’, acompañado de laconcejala de Foro Gijón, Montserrat López, entre otros.

Pumares ha resaltado que «un año más, Agropec muestra que el campo asturiano es un referente nacional e internacional a pesar de todas las trabas y del escaso apoyo de las Administraciones».

«Desde Foro Asturias mantenemos nuestro compromiso de reducir lastrabas burocráticas que padecen los trabajadores del campo asturiano, porque resulta un sinsentido dificultar todavía más un trabajo que, resultando esencial para que Asturias siga siendo un Paraíso Natural, es ya de por sí tan duro y complejo», ha sostenido.

Asimismo, ha visto preciso «facilitar que haya un relevo generacional y dar la importancia que se merece a la formación», ha defendido.

Por otro lado, Pumares se ha mostrado especialmente crítico con el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, al que calificó de «incompetente a la hora de gestionar nuestro medio rural». Para él, Calvo es «absolutamente incapaz de atender los problemas del campo asturiano».

Como ejemplos ha citado «el caos organizado por el Gobierno asturiano en materia de caza, la nefasta gestión de las ayudas Leader o la nefasta ejecución del Plan del Lobo».

El Ministerio de Sanidad inicia este viernes, por un plazo de 20 días naturales, el trámite de consulta pública previa del anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública.

Tal y como adelantó este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el objetivo de la norma es crear el Centro Estatal de Salud Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y el artículo 91 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento, hasta el próximo 13 de octubre, a través del correo electrónico normativa_dgsp@sanidad.gob.es.

El fin último de la norma es crear un nuevo centro de salud pública con autonomía funcional, que ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria.

El nuevo Centro se dotará con personal de la más alta capacitación científicotécnica en las distintas áreas y materias. Será un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia: por un lado, la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española y, por otro lado, la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y la coordinación de las respuestas.

El Centro se encargará también del seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública. Desarrollo de la Red de Vigilancia de la Salud Pública Una de las principales enseñanzas a extraer de la pandemia de COVID-19 es la necesidad de disponer de capacidades e instrumentos para que el sistema sanitario esté preparado y pueda responder ante los peligros para la salud humana y, en particular, ante posibles amenazas sanitarias globales.

Así, la presente propuesta normativa pretende dar respuesta a varios problemas. En primer lugar, la creación del Centro Estatal de Salud Pública permitiría consolidar un cambio de enfoque, pasando de una visión segmentada de los diversos aspectos de la salud pública a otra integrada, tanto funcional como institucionalmente, que no solo trabaje en vigilancia epidemiológica y respuesta ante amenazas, sino que también lo haga, entre otras cuestiones, para el asesoramiento técnico y científico, la evaluación de políticas sanitarias y de su impacto en la salud, garantizando una coordinación eficiente y operativa multisectorial y en los diferentes niveles de la administración española.

En segundo lugar, la medida propuesta daría el soporte necesario para el desarrollo de la Red de Vigilancia de la Salud Pública. Esta medida, prevista tanto en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, como en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá crear una red integrada de sistemas de información que mejore la detección de eventos de salud pública y contribuya a la toma de decisiones en tiempo real, asegurando un funcionamiento autónomo y la transparencia necesaria en la gestión, análisis de datos y presentación y difusión de resultados.

Por último, esta propuesta facilitaría una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y fomentaría mecanismos de cooperación entre los servicios asistenciales y de salud pública de las comunidades autónomas, creando un espacio de coordinación técnica e intercambio de buenas prácticas.

Tanto las enseñanzas extraídas de la crisis del COVID-19 como la financiación estratégica, en parte, a través de los fondos europeos suponen una oportunidad única para crear un Centro Estatal de Salud Pública como base de un nuevo sistema de salud pública más ambicioso, más integrado y mejor articulado.

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 está originando cambios en las estructuras de preparación y respuesta en los países de nuestro entorno y en el seno de la Comisión Europea, fortaleciendo la capacidad y agilidad del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) y creando la Autoridad para la Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA).

El necesario trabajo en red para hacer frente a futuras amenazas requiere que los Estados Miembros alineen sus objetivos y funcionamiento para poder cumplir las funciones encomendadas, los compromisos adquiridos con el ECDC y los derivados de la puesta en marcha de la HERA.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de su Asamblea, Juan Vivas (PP), ha decidido en el último momento retirar del orden del día de la sesión plenaria que se celebraba este viernes el punto sobre la inclusión de las pascuas musulmanas en el calendario laboral de 2022.

La decisión de Vivas ha indignado a los diputados del grupo parlamentario Vox, que han decidido abandonar el salón de plenos de la Asamblea y retirar todas sus propuestas incluidas en el orden del día.

Tras la abrupta salida de los cuatro diputados, la sesión plenaria ha seguido su curso con normalidad, aunque en una versión reducida, con un turno de palabra menos tras la retirada de las mociones de Vox.

Solo diez minutos antes del inicio de la sesión, los grupos parlamentarios han recibido un correo electrónico anunciando la decisión de retirar del orden del día de la sesión plenaria el debate sobre la inclusión de las pascuas musulmanas en el calendario laboral de 2022.

La decisión se ampara en un informe de la secretaria general de la Asamblea en el que se afirma que no está definido en la ley en quién recae la competencia de la aprobación del citado calendario, por lo que es viable que se apruebe por decreto del Consejo de Gobierno, al igual que hacen otras comunidades autónomas como Andalucía o el País Vasco.

Fuentes del Gobierno que la decisión se ha tomado «porque había una posibilidad cierta de que la propuesta del Gobierno no prosperara y tampoco lo hicieran las enmiendas del resto de los grupos. Había un riesgo cierto de que se bloqueara». Una posibilidad que el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido evitar, ya que el calendario laboral debe aprobarse y remitirse al Ministerio de Trabajo y Economía Social antes del 30 de septiembre.

La decisión ha contado con los votos a favor del PSOE y la formación localista Caballas, y los votos en contra del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Vox, cuyos diputados han denunciando la «actitud dictatorial» del presidente Vivas, acusando a los populares de aprobar un calendario laboral «marroquinizador e islamizante por orden del Rey de Marruecos».

Por su parte, desde MDyC acusan al Gobierno de «hurtar el debate» sobre el calendario laboral. Hamed urge al presidente de la Ciudad a que explique su decisión y por qué, cuando ya había un acuerdo cerrado para incluir las dos pascuas musulmanas –el Eid l Kebir, incluido desde 2010 y el final del Ramadán–, decidió solicitar un informe en relación a la manera de aprobar el citado calendario laboral para 2022.

Desde el Ejecutivo de Vivas emplazan a la comparecencia del portavoz, Alberto Gaitán, este próximo lunes tras el Consejo de Gobierno, para dar cuenta de la decisión final sobre el calendario laboral. La propuesta que llevó el Gobierno de Vivas a comisión informativa el pasado miércoles pasaba por mantener el calendario vigente en la última década, que ya contemplaba una de las dos pascuas islámicas, la Pascua del Sacrificio o Eid Al Kebir.

El calendario propuesto por el Gobierno de Vivas y que previsiblemente sea el que se remita al Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogía como festivos el sábado 1 de enero (Año Nuevo), el jueves 6 de enero (Epifanía del Señor), los días 14 y 15 de abril (Jueves y Viernes Santo), el lunes 13 de junio (San Antonio), el sábado 9 de julio (Eid Al Kebir), el viernes 5 de agosto (Virgen de África), el lunes 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el viernes 2 de septiembre (Día de Ceuta), el miércoles 12 de octubre (Fiesta Nacional), el martes 1 de noviembre (Todos los Santos), el martes 6 y el jueves 8 de diciembre (Días de la Constitución y de La Inmaculada) y el lunes 26 de diciembre (se pasaría al día siguiente la Natividad del Señor).