El comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, integrado por los presidentes de las 28 Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado, ha incrementado en un 50% la dotación de su fondo ‘Puertos 4.0’ destinado a ideas y proyectos comerciales.

En esta segunda convocatoria las iniciativas ganadoras recibirán 750.000 euros, pudiendo llegar hasta las 50 propuestas subvencionadas, destinándose 6 millones de euros a la subvención de proyectos comerciales.

«El éxito y la alta calidad de los proyectos presentados a la primera convocatoria, más de 500, me lleva animar a todos aquellos que no obtuvieron financiación en la primera convocatoria a que se presenten a esta nueva oportunidad», señala el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.

Además, el comité ha aprobado el programa de actuaciones que financiará el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFATP), que incluye 62 proyectos por importe de 1.541 millones de euros, de los cuales 799,3 millones procederán del propio fondo y los restantes 741,6 millones de otras Administraciones Públicas y de Fondos Comunitarios, incluidos los Fondos Next Generation.

El comité también ha aprobado la distribución de 46,2 millones de euros del Fondo de Compensación para el año 2022 entre las 28 Autoridades Portuarias y Puertos del Estado. El comité ha tenido en cuenta la situación económica excepcional de Ceuta y Melilla por su complicada situación fronteriza, así como el aumento de gastos asociados a la seguridad de las instalaciones, aportándoles 18,2 millones para 2022.

Además, según lo acordado, se destinarán 7,6 millones de euros para ayudas a la navegación; para insularidad, especial aislamiento y ultraperifericidad 7,6 millones de euros; para actuaciones de seguridad 1,66 millones de euros; para el fondo ‘Puertos 4.0’ serán 9,76 millones de euros y para el resto de criterios 1,3 millones de euros.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido «discreción» en torno a las negociaciones del diálogo social para reformar el mercado laboral porque, a su juicio, difundir las propuestas que se hacen en la mesa «limita mucho los márgenes de negociación».

Sordo respondía así al ser preguntado por la propuesta que ha hecho el Gobierno de limitar la contratación temporal a sólo un 15% de la plantilla, de la que informó ayer UGT.

«No soy muy partidario de hacer valoraciones sobre propuestas que se plantean en mesas porque la propia dinámica de la negociación hace que esas propuestas sean muy variables. En general no es bueno que se trasladen esas propuestas porque nos limita mucho los márgenes de negociación. Deberíamos replantearnos este conocimiento público de cada cosa que se pone encima de la mesa porque hay que cosas que se ponen sobre la mesa para condicionar la propia dinámica de la negociación», ha subrayado.

Sordo, en rueda de prensa tras reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para conocer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, no ha querido entrar a valorar la propuesta del Gobierno de limitar al 15% la contratación temporal y se ha limitado a señalar que el mercado laboral español necesita una reducción «drástica» de la contratación temporal y del recurso de las empresas al despido como forma ordinaria para afrontar sus problemas económicos o sus cambios organizativas.

«Hay que romper esta inercia, la inercia del contrato temporal y el despido y esto se puede hacer de muchas maneras. No soy partidario de estar trasteando todo el día sobre las maneras de hacerlo, pero sí hay que reducir la utilización sistemáticamente en fraude de ley de contratos como el eventual por circunstancias de la producción y el de obra y servicio», ha señalado.

Asimismo, ha abogado por que el incumplimiento de la norma tenga efectos lo «suficientemente graves» como para que sean disuasorios, es decir, que el coste sea tan elevado que no se quiera volver a incumplir la ley. Junto con esta forma de perseguir la contratación temporal, Sordo cree que debe evitarse que las obras o servicios sirvan de causa para justificar tareas que en realidad son permanentes y no temporales.

Al mismo tiempo, ha insistido en que hay que restringir el recurso al despido y, en este punto, ha señalado que los ERTE «han dado pistas» sobre la fórmula alternativa al mismo. «Si esto es acompañado por el Estado con algún tipo de incentivo o prestación puede ser una fórmula alternativa idónea a la contratación precaria y al despido», ha subrayado.

El dirigente sindical confía en que pueda alcanzarse un acuerdo tripartito sobre la reforma laboral, pero si no se consiguiera, ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla con sus compromisos y con su programa de gobierno.

PRESUPUESTOS

En lo que respuesta a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, Sordo considera que responden en buena medida a la necesidad de tener unas cuentas públicas «netamente expansivas».

Sordo ha señalado que los PGE deben servir para afianzar la recuperación económica y aumentar la cohesión social, así como para promover el cambio del modelo productivo.

En presencia de la ministra Montero, el dirigente de CCOO ha apostado por una reforma fiscal «ambiciosa». «Un país donde los impuestos a las rentas altas sirvan para financiar servicios públicos sigue siendo una reivindicación clara de CCOO», ha subrayado.

Tras alabar el papel de los agentes sociales y su responsabilidad para acordar medidas durante la pandemia, la titular de Hacienda se ha mostrado abierta a recibir propuestas y aportaciones durante el trámite parlamentario de los PGE.

En relación a la reforma laboral, ha indicado que gran parte de la capacidad de una recuperación justa requerirá modificar algunos artículos de la reforma laboral de 2012 y diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 350.000 hogares españoles –más de 800.000 beneficiarios, el 40% menores– y llegará a unos 390.000 hogares a finales de 2021, según ha indicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

En la presentación de los Presupuestos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para 2022, Escrivá ha asegurado que estos datos «casan» con lo que esperaban y lo ha definido como un «despliegue extraordinario».

Asimismo, el ministro ha señalado que van a incorporar en el IMV un complemento de hasta 100 euros por hijo a cargo, una medida que ya había sido anunciada este jueves por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Escrivá ha precisado que el complemento será de 100 euros por menor para las familias con hijos de 0 a 3 años; de 70 euros para las que tienen niños de 3 a 6 años; y de 50 euros, con hijos de 6 a 18 años.

Este complemento no solo podrán recibirlo las familias que reciben el IMV sino que se ampliarán los requisitos. En concreto, se extenderá el anillo hasta tres veces el nivel de renta garantizada que se tiene en cuenta en estos momentos para poder acceder al IMV, y hasta 1,5 veces el patrimonio máximo que hay que tener.

Escrivá ha puesto el ejemplo de una familia monoparental formada por una madre que gana 200 euros mensuales y que tiene dos hijos, de 2 y 5 años. Hasta ahora, con el IMV recibe 661 euros y con el nuevo complemento recibiría 170 euros más.

Otro ejemplo sería el de una mujer con dos hijos de 1 y 4 años que no recibe el IMV porque tiene unos ingresos de 1.000 euros mensuales –que sobrepasan el límite para acceder al IMV–. Con este complemento, esta madre también recibiría 170 euros (100 euros por su hijo más pequeño y 70 por el mayor).

La expectativa del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que este complemento se apruebe este año y que el IMV como ley esté ya vigente en 2022. Con este complemento, prevé «un aumento muy sustantivo» en el número de familias beneficiarias.

BBVA se ha convertido en la primera entidad financiera española en impulsar el Pymes Climate Hub, una coalición acreditada por Naciones Unidas para ayudar a las pymes a introducir en sus actividades medidas sostenibles para alcanzar el objetivo de cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.

Según ha informado este jueves, BBVA apoyará y financiará en su transición ecológica a las pequeñas y medianas empresas a través de esta alianza, «consciente del importante papel que juegan las pymes en la descarbonización del planeta».

Pymes Climate Hub, a la que ya se han unido más de 2.200 pymes de casi 80 países, servirá de guía para que las empresas puedan adaptar sus negocios en función de criterios medioambientales, poniendo a su disposición herramientas y recursos para incorporar a su actividad medidas sostenibles que les permitan ser más verdes, resilientes y competitivas, como calculadoras de la huella de carbono, guías de acceso a financiación para proyectos de eficiencia energética o recomendaciones sobre cómo dar a conocer a la sociedad su compromiso con el clima y ser motores del cambio.

Durante el evento de presentación en España de Pymes Climate Hub, el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, ha destacado el «rol clave» que juega el sector financiero en el apoyo a los clientes no solo con productos financieros, sino también a través del acompañamiento y el asesoramiento integral durante su transición ecológica.

«Esta alianza pone de nuevo de manifiesto el compromiso de BBVA con las pymes. Haremos todo lo posible para que las pequeñas y medianas empresas españolas se sumen a esta iniciativa», ha afirmado.

La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que lanzó el fondo australiano IFM sobre el 22,69% de Naturgy se ha saldado con la aceptación del 47,74% de las acciones a las que se dirigió la oferta, lo que supone un 10,83% del capital social de la energética. Así lo ha comunicado el fondo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dado que la efectividad de la oferta estaba condicionada A la aceptación de al menos el 17% de su capital social, el fondo ha decidido renunciar a la condición de aceptación mínima y, en consecuencia, adquirir las 105.021.887 acciones que han suscrito la oferta, representativas de dicho 10,83% del capital de Naturgy.

En el folleto de la OPA, IFM Investors supeditaba el éxito de su oferta al respaldo de al menos el 17% del accionariado, pero abría la posibilidad a rebajar dicho umbral de aceptación al 10%. Finalmente, el fondo ha decidido renunciar a la condición de aceptación mínima después de que menos de la mitad de las acciones a las que se dirigía la propuesta hayan decidido susbribirla.

En total, se han vendido un total de 105.021.887 acciones a un precio de 22,07 euros, lo que representa un importe total de 2.318 millones de euros.

En un comunicado, IFM GIF indica que dispondrá de los fondos necesarios para hacer frente a la contraprestación de la oferta en la fecha de liquidación. En última instancia, financiará la mayor parte de la transacción con compromisos de capital de sus inversores de fondos, y el resto se financiará con una línea de deuda para adquisiciones.

EL CUARTO MAYOR ACCIONISTA

La participación de IFM GIF en Naturgy le convierte en el cuarto mayor accionista de la empresa, tras CriteriaCaixa (26,7% del capital) y los fondos CVC y GIP (20% cada uno).

Como tal, ha declarado su intención de apoyar «activamente» a Naturgy para contribuir a completar su visión a largo plazo, que se basa en un plan industrial que apoye la creación de valor de la compañía basado en inversiones sostenibles y razonablemente rentables vinculadas a la transición energética, una disciplina financiera y de estructura de capital (en línea con un rating ‘investment grade’) y una propuesta de dividendos «prudente», en línea con la nueva política de reducción del dividendo incluida en el Plan Estratégico 2021-2025, «o incluso potencialmente un dividendo menor si fuera necesario», reitera.

Tras este resultado, Kyle Mangini, director global de Infraestructuras de IFM Investors ha afirmado su deseo de trabajar estrechamente con los accionistas de Naturgy para que la compañía ponga en marcha su último plan estratégico, «lo que implica ayudar a convertir a Naturgy en un actor clave en la transición energética».

«Naturgy encaja perfectamente en la estrategia de IFM GIF de invertir a largo plazo en activos críticos con flujos de caja sólidos, recurrentes y regulados», ha agregado.

De su lado, David Neal, consejero delegado de IFM Investors ha manifestado que «se trata de una inversión emocionante para IFM GIF y estamos seguros de que nos ayudará a cumplir nuestro propósito fundacional, que es proteger y hacer crecer los ahorros para la jubilación a largo plazo de los trabajadores.

«Nuestra participación en Naturgy es otro ejemplo de cómo millones de miembros de fondos de pensiones, a través de IFM, pueden acceder a estrategias de inversión altamente diversificadas y a clases de activos a una escala que no podrían hacer solos», ha añadido.

Por último, Jaime Siles, vicepresidente de IFM Investors, ha expresado su agradecimiento personal «a todas las partes que han contribuido al éxito de la transacción y a todos los accionistas que han vendido sus acciones. Nos entusiasma la perspectiva de aportar nuestra experiencia y conocimientos técnicos para seguir apoyando la estrategia que el Grupo tiene prevista».

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que el ‘retail’ es un «sector vertebrador» y que tendrá un papel «muy importante» en la recuperación económica como ya lo tuvo durante la crisis sanitaria del coronavirus.

«El ‘retail’ es un sector innovador que debe contar con el sector público para que sea esencial y para que la economía fluya. Además, ha sido fundamental en la pandemia y también en la recuperación», ha asegurado Méndez en la clausura del I Foro del retail y el Gran Consumo, organizado por ‘El Economista’.

La secretaria de Estado de Comercio ha señalado que el comercio minorista debe apostar por la omnicanalidad como ha hecho durante la pandemia, lo que ha acelerado la digitalización en el sector.

De esta forma, Méndez ha animado a las empresas a mirar «esperanzadas al futuro», con la llegada de los fondos europeos que «abren grandes oportunidades a mucho sectores y al ‘retail'», así como el «gran PERTE» en el que está trabajado su Ministerio junto al de Agricultura que se lanzará próximamente para la agroindustria.

Así, ha recordado que desde su Secretaría se están empleando fondos para impulsar el comercio con convocatorias donde el sector comercial es el gran beneficiario, como la de mercados sostenibles, el comercio en zonas rurales, «muy centrado en la digitalización», o el de la actividad comercial en municipios turísticos.

Méndez ha destacado el fondo tecnológico, que está dotado con 100 millones de euros, con el que podrá en marcha a lo largo de 2022 una batería de medidas que tiene como beneficiarios a pymes y asociaciones del comercio.

Naturhouse, compañía especializada en la venta de productos dietéticos y la reeducación de hábitos alimenticios, acelera su expansión en Europa con la apertura de una tienda en Irlanda, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la nueva tienda está localizada en Kimmage, un área cercana al centro de Dublín. La compañía ha elegido el país irlandés por el gran interés que suscita entre sus habitantes y la gran vinculación que tiene con Reino Unido, donde cuenta con numerosas tiendas físicas yun canal de venta ‘online’ muy afianzado.

Naturhouse ya abrió en 2017 una tienda en Irlanda en régimen de máster franquiciado, pero no obtuvo el resultado esperado y por ello esta vez ha decidido abrir una tienda como centro propio.

«Hemos detectado un gran interés en el público irlandés, quedemandaba desde hacía tiempo nuestra presencia en el país, tanto en formato ‘online’ como con tienda física. A esto hay que sumarle que tenemos muchos clientes de Reino Unido que pasan largas temporadas en Irlanda y querían disponer de nuestros servicios», ha explicado el presidente y fundador de Naturhouse, Félix Revuelta.

Con esta nueva apertura, Naturhouse continúa abasteciendo el mercado actual mediante la venta física y ‘online’, en un canal digital en el que ya ha invertido más de medio millón de euros y que ha supuesto el 3,5% de las ventas totales durante el inicio de este año.

La empresa ya tiene en marcha su modelo digital en España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Polonia -siendo estos dos últimos ejecutados en plena crisis- con la reciente incorporación de Portugal y Alemania, donde también operará tanto de forma ‘online’ como con venta presencial.

De esta forma, con su nueva tienda en Irlanda, Naturhouse ya contaría con una presencia total en 28 países y más de 1.725 centros.

«Los indicadores nos confirman que el negocio digital atrae a Naturhouse a un público que en estos momentos no se estaba explotando, personas más joven de entre 20 y 35 años. Esperamos que el negocio digital complemente el negocio actual, aumentando el número de clientes y por tanto la facturación del grupo», ha explicado Revuelta.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado este jueves al Gobierno que reactive los planes de pensiones que contempla la normativa para el conjunto de los empleados públicos.

Según ha recordado el sindicato en un comunicado, la Disposición final primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, establece que las administraciones públicas podrán promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones.

Esta regulación fue completada en 2004 (RD 304/2004 de 20 de febrero) con un reglamento, tomando como referencia la experiencia en el ámbito de la Unión Europea.

Desde entonces, CSIF ha explicado que la mayoría de las administraciones públicas han realizado aportaciones al plan de pensiones hasta 2011 cuando, con motivo de la crisis, se acordó la suspensión de dichas aportaciones. Los planes de pensiones volvieron a habilitarse en 2018, si bien hasta el momento no se han vuelto a realizar aportaciones.

Se da la circunstancia de que el Pacto de Toledo incluye entre sus recomendaciones la necesidad de impulsar estos planes de pensiones, sustentados en el marco de negociación colectiva. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia también incluye a los sistemas complementarios de pensiones en el marco de las inversiones y reformas.

Por todo ello, CSIF solicita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, que dé las instrucciones oportunas para que las administraciones procedan de nuevo a efectuar las aportaciones correspondientes a los distintos planes de pensiones, con efectos retroactivos.

El banco estadounidense de inversión Morgan Stanley cerró el tercer trimestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 3.707 millones de dólares (3.193 millones de euros), lo que equivale a un incremento del 36% en comparación con las ganancias observadas en el mismo periodo del año pasado, según ha informado este jueves la entidad financiera al presentar sus cuentas trimestrales.

Los ingresos netos de la firma entre julio y septiembre alcanzaron los 14.753 millones de dólares (12.709 millones de euros), un 26% más que un año antes. De esa cifra, los ingresos por intereses crecieron un 39%, hasta 2.063 millones (1.777 millones de euros), mientras que los procedentes de comisiones y tasas aumentaron un 24%, hasta 12.690 millones (10.932 millones de euros).

Por segmentos de negocio, la división de valores institucionales, que aglutina la actividad de la entidad como banco de inversión y creador de mercado, facturó 7.495 millones (6.457 millones de euros), un 22,3% más. De su lado, la división de gestión de patrimonio creció un 27,5%, hasta 5.935 millones (5.113 millones de euros), y la de gestión de inversiones se situó en 1.453 millones de dólares (1.252 millones de euros), un 37,6% más.

«La firma cumplió otro muy buen trimestre, con ingresos robustos y una eficiencia mejorada que ha producido un retorno del 20%», ha subrayado el presidente y consejero delegado de la empresa, James Gorman.

Los gastos de la compañía en el trimestre ascendieron un 21%, hasta 9.855 millones (8.490 millones de euros). De esa cifra, las retribuciones fueron la principal partida, con 5.920 millones de dólares (5.100 millones de euros), un 16% más. Asimismo, las comisiones bursátiles, de corretaje y liquidación supusieron un coste de 825 millones (711 millones de euros), un 18% más, al tiempo que la partida de procesamiento de información y comunicaciones creció un 28%, hasta 788 millones (679 millones de euros).

En el conjunto de los nueve primeros meses de 2021, Morgan Stanley se anotó unos beneficios de 11.338 millones de dólares (9.767 millones de euros), un 49% más, tras un aumento de los ingresos del 29%, hasta 45.231 millones (38.964 millones de euros).

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, ha denunciado el abandono del sector por parte del Gobierno, al tiempo que ha señalado que las grandes marcas están pensando en la relocalización ante la incertidumbre generada por la falta de suministro del Sudeste asiático.

«Esa incertidumbre está haciendo que grandes marcas estén pensando en la relocalización, es un proceso que se está acelerando, fabricar en proximidad a costes más altos, pero con mucha mayor flexibilidad, es uno de los puntos más importantes que tiene que tener una empresa para poder sobrevivir», ha señalado.

En este contexto de «incertidumbre», según el presidente de Acotex, los problemas de suministro del Sudeste asiático hacen que los precios de los contenedores se hayan multiplicado por diez, sin saber si llegarán al destino.

Según Zamácola, el sector está atravesando una situación marcada además por el impacto de la pandemia, el incremento de los costes y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como de la luz y de las materias primas.

«No ha habido ni una sola medida que nos haya apoyado en el último año y medio, más bien todo lo contrario», ha señalado el presidente de Acotex durante su intervención en el ‘I Foro del Retail y el Gran Consumo‘ organizado por ‘El Economista.

«La visión del sector no es muy positiva. El Gobierno central nos ha abandonado. Creo que tenemos que tirar de ayuda entre las empresas y no es fácil poner de acuerdo a un sector y los resultados son duros, en 2020 la facturación cayo un 40% en el sector y este año estamos cayendo a cierre de septiembre un 19%», ha indicado.

El Comité Europeo de las Regiones y eurodiputados del Parlamento Europeo han reclamado este jueves a los Estados miembros una «aplicación territorial más amplia» del fondo europeo de recuperación, así como que se priorice en su ejecución a las regiones más atrasadas y a las más golpeadas por la pandemia de coronavirus.

Es una de las conclusiones de la reunión conjunta entre eurodiputados de la comisión de Desarrollo Regional de la Eurocámara y representantes de la comisión para la Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la del Comité Europeo de las Regiones, que se ha celebrado con motivo de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades de 2021, ha informado este último organismo en un comunicado.

En la sesión ha participado también la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, a quien los líderes regionales y locales y los eurodiputados pidieron que asegurase un «respeto total» al principio de asociación y a la «gobernanza multinivel» en la gestión de los recursos europeos de recuperación y los tradicionales hasta 2027.

En este contexto, tanto eurodiputados como los representantes del Comité Europeo de las Regiones enfatizaron ante la comisaria portuguesa la importancia de mantener las medidas de flexibilidad en la gestión de los fondos introducidas en 2020 para la lucha contra la COVID-19.

«Conocemos nuestros territorios y sus necesidades y por eso estamos mejor situados para implementarlas prioridades europeas en los diferentes contextos territoriales. La renacionalización en la preparación del plan europeo de recuperación fue un error, no lo repitamos de nuevo excluyendo a las regiones y las ciudades de su aplicación», ha pedido la presidenta de la comisión de Política de Cohesión Territorial del Comité Europeo de las Regiones, Isabelle Boudineau.

Por su parte, el presidente de la comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Younus Omarjee, ha señalado que «los principios de la Política de Cohesión que gobernaron las negociaciones deben ser ahora respetados en la aplicación de los fondos y programas, así como en los planes de recuperación de los Estados miembros».

Unión Fenosa Distribución S.A y Gas Natural S.U.R SDG S.A han sido condenadas por conductas abusivas contra los consumidores al incumplir la obligación de realizar lecturas de consumo real de la electricidad en los contadores y facturar mediante valores estimados.

La Audiencia Provincial da Coruña ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la ciudad. El fallo, en todo caso, es susceptible de ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

El proceso se originó en una demanda formulada por la Fiscalía en la que se ejercitaba una acción colectiva contra estas dos empresas que forman parte de un mismo grupo empresarial que opera en el sector eléctrico.

Unión Fenosa ejercía la distribución de energía eléctrica y Gas Natural de empresa comercializadora, por lo que se encargaba de girar las facturas a sus clientes con los datos facilitados por la distribuidora.

La demanda se fundamentaba en que la distribuidora había incumplido de forma reiterada la obligación de efectuar las lecturas de los consumos eléctricos reales de los clientes, lo que determinaron que la firma comercializadora facturase mediante valores estimados más allá del plazo de dos meses permitido por la normativa sectorial aplicable.

Además y a pesar de emitir facturas en las que no se incluía el consumo real, seguía cobrando el alquiler del contador a los consumidores y en ninguna factura se informaba de los motivos concretos por los que se llevaba a cabo esta práctica.

En la sentencia se declara abusiva la conducta consistente en no efectuar las lecturas de consumo real de electricidad y también la de emitir y girar facturas que incluyan consumos de electricidad estimados.

También se declara abusivo el cobro del alquiler del contador en las facturas con consumos estimados y la ausencia de información de las razones por las que no se ha tenido en cuenta el consumo real.

De esto modo, se da la razón al Ministerio Fiscal, que advirtió del claro desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. «Las demandadas son empresas lideres en el sector energético a quienes debe exigirse un estándar de calidad elevado, y que producen un incuestionable perjuicio a los consumidores por la acumulación del coste de las facturas y el pago de servicios que no se ha prestado».

PROHIBICIÓN DE FACTURAR MEDIANTE ESTIMACIONES

El fallo recoge la prohibición a las demandadas de efectuar lecturas y emitir y girar facturas con consumos estimados, salvo en lo casos legalmente previstos.

Asimismo, establece la «vinculación a sus pronunciamientos de las personas físicas o jurídicas que incurran en la misma práctica aunque no hayan sido parte en el proceso».

Por último, impone a las empresas la obligación de informar al Juzgado sobre las medidas adoptadas para prevenir la reiteración en el futuro de estas conductas y fija un plazo de 3 meses para su cumplimiento, imponiendo una multa coercitiva de 40.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento de la misma.

El canal ‘online’ de Ikea supone ya el 22,7% de la facturación total en España al cierre de su ejercicio fiscal 2020-2021 (entre el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021), según ha anunciado este jueves la compañía.

En concreto, la firma ha resaltado que el negocio ‘online’ continúa creciendo y a un mayor ritmo, ya que su facturación se ha incrementado un 90% respecto al anterior ejercicio, con un total de 356 millones de euros. Un total de 52,2 millones de esta facturación corresponden concretamente a las ventas en remoto a través del servicio de venta telefónico y asesoramiento virtual, nuevos canales explorados por la compañía a raíz de la pandemia.

En el ejercicio anterior, año especialmente marcado por el cierre de las tiendas físicas en el contexto de la pandemia y el importante revulsivo que vivió el canal ‘online’, el crecimiento fue incluso menor, del 73%.

La facturación total del año, por su parte, también ha crecido, concretamente un 16,2%, alcanzando los 1.682 millones de euros.

De hecho, el ejercicio ha sido positivo en todos los mercados con los que la compañía cuenta en España, habiéndose incrementado la facturación en todos ellos: Cataluña (Badalona, Sabadell y L’Hospitalet) un 5%; Madrid (Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Ensanche de Vallecas y Goya -la nueva tienda en Las Rozas no ha computado en este ejercicio-) un 21,2%; Andalucía (Sevilla, Málaga y Jerez) un 17,5%; Levante (Valencia y Murcia) un 19,2%; Norte (A Coruña, Asturias y Barakaldo) un 20,2%; y Centro (Valladolid y Zaragoza) un 19%.

Con todo, España es uno de los cinco países en los que el grupo tiene presencia que más han crecido siendo el tercero en crecimiento tan solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Completan este ‘Top5’ en crecimiento China e Italia.

Nurettin Acar, nombrado recientemente CEO y CSO de IKEA en España y durante el año fiscal 2021 Market Area Manager y miembro ya del Comité de Dirección en España, ha calificado el año como «muy positivo».

«Un ejercicio en el que hemos seguido enfrentando retos heredados de la pandemia y en el que con capacidad de adaptación y sobre todo el esfuerzo de los equipos hemos consolidado nuevos canales, abierto puntos de contacto y venta en nuevas regiones y ampliado nuestra red en existentes, y en definitiva, hemos hecho crecer el negocio al tiempo que seguimos avanzando en nuestros compromisos sostenibles y de bajada de precios para ser aún más accesibles», ha resaltado.

La compañía cerró el año en España con 9.148 empleados, con un incremento de más de 200 puestos respecto al cierre del ejercicio anterior.

La organización ecologista Greenpeace ha reclamado que no se autoricen nuevas macroexplotaciones ganaderas, –«disparadas» en los último seis años, con la consiguiente contaminación del aire, de los acuíferos y el aumento de emisiones, en particular de metano– que se reduzca a la mitad de aquí a 2030 la cabaña de cerdos, vacas y pollos en España, donde el pasado año se sacrificaron 960 ejemplares, casi 1.000 por minuto.

Greenpeace ha lanzado esta semana su campaña ‘Ni mú’ en una rueda de prensa en la que ha presentado el informe ‘Macrogranjas, veneno para la España rural. Efectos ambientales de la ganadería industrial’, en el que denuncian la «expansión descontrolada» de esta actividad ganadera que creció más e un 16 por ciento en los últimos seis años.

El estudio concluye que la ganadería industrial de porcino, vacuno y avícola para consumo humano «se ha disparado» en los últimos seis años, mientras que la ganadería de caprino y ovino, tradicionalmente extensiva, continúa su tendencia regresiva. Por ello, la ONG se opone a esta proliferación ganadera que «extiende sus tentáculos por las zonas menos pobladas» mientras incrementa el cambio climático, contamina el agua y amenaza a los habitantes del medio rural, frente a una ganadería extensiva que contribuye a evitar el calentamiento global, protege la biodiversidad y supone una oportunidad para el desarrollo socioeconómico del medio rural.

El responsable de agricultura de Greenpeace, Luis Ferreirim, ha afirmado que el análisis de la ONG concluye que en el año 2020 el sector agropecuario fue de los pocos sectores que incrementó la generación de gases de efecto invernadero y es ya el tercero más contaminante de España, con el 14 por ciento del total de las emisiones a nivel nacional.

En suma, asegura que la producción de carne y otros alimentos de origen animal en España fue la responsable de la emisión de 69,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes en 2019 (teniendo en cuenta las emisiones directas y las indirectas, más del triple de los 24,9 millones de toneladas que figuran en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (que solo incluye las emisiones directas). De ese modo, el portavoz alerta de que teniendo en cuenta las emisiones totales, la ganadería española emite más que el vecino Portugal en su conjunto.

Por otro lado, ha detallado que el informe que apunta que en España hay 507.020 explotaciones ganaderas activas, una por kilómetro cuadrado. En ellas, en 2020 había casi 33 millones de cerdos (un 21,5 por ciento más que en 2016) y más de 6,6 millones de vacas. En total entre 2016 y 2020 la producción total de carne aumentó en España un 16,2 por ciento, hasta los 7,5 millones de toneladas en 2020 cifra para la cual se sacrificó a más de 910 millones de animales para el consumo humano, más de 1.000 por minuto.

De hecho, afirma que el porcino es el más industrializado y que «los campeones» en cerdos son Aragón, seguido por Cataluña y Castilla y León; en vacuno lideran el ranking Castilla y León, Galicia y Extremadura, mientras que en aves las mayores cabañas están en Galicia, Castilla-La Mancha y Aragón. Frente a estos datos, Ferreirim expone que durante los últimos tres años se ha concedido 1,5 autorizaciones para explotaciones al día en España.

Igualmente insiste en que el 87 por ciento el porcino en Castilla-La Mancha es industrial y que en Extremadura, el 51 por ciento de los cerdos ya no son ibéricos sino de granja; en Baleares la cifra llega al 55 por ciento e incluso en Cataluña el 99,9 por ciento del porcino es industrial así como el 100 por 100 de sus pollos. «El caso de Extremadura nos tiene asustados. Los nuevos proyectos de empresas se quieren implantar en las comunidades autónomas con menos población y resistencia social», denuncia.

No obstante, Greenpeace valora el cambio en la normativa de vacuno que impulsa el Ministerio de Agricultura que «parece que por primera vez quiere restringir el número de cabezas por explotación» pero opina que «no es suficientemente ambicioso», por lo que la ONG ya tiene listas sus alegaciones al proyecto de Real Decreto.

EMISIONES Y NITRATOS

Entre los principales efectos de esta industria, Greenpeace subraya las emisiones de gases de efecto invernadero e indica en ese sentido que en España el sector porcino es responsable del 70 por ciento de las emisiones de metano derivadas del estiércol. En total, el porcino es responsable del 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el vacuno un 34 por ciento y las aves, un 14 por ciento, frente a la poca contribución del ovino y el caprino, que suman el 2,5 por ciento. Por comunidades autónomas, el estudio refleja que Cataluña emite cerca del 30 por ciento de las emisiones estatales de la ganadería, seguidas por Galicia y Castilla y León y Ferreirim insiste en que entre las tres superan el 50 por ciento de las emisiones de la ganadería en España.

En definitiva, pide una transformación sistémica del sector que pase por establecer una moratoria a los nuevos proyectos y a las ampliaciones de granjas solicitadas; reducir a la mitad de aquí a 2030 la cabaña ganadera y a los ciudadanos que contribuyan de forma individual con una disminución «radical» de su consumo de carne. Otra de las medidas que propone la ONG es la prohibición total de la publicidad de alimentos insostenibles e insanos como las carnes rojas y procesadas.

Por otro lado, la ONG ha denunciado la contaminación del agua que provocan estas explotaciones ya que en la actualidad, casi una cuarta parte (24%) de la superficie nacional es vulnerable a nitratos y agrega que la contaminación media por nitratos ha aumentado un 51,5% en sólo cuatro años, desde 2016 hasta 2019.

En este contexto, la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha alertado de que el actual colapso de la biodiversidad obliga a actuar con urgencia ya que más del 75 por ciento del territorio en España está en riesgo de desertificación, con un estrés hídrico alto o severo. «No podemos permitirnos contaminar las aguas subterráneas», opina Saldaña.

Asimismo, pide al Gobierno y a las comunidades autónomas que incluyan a la ganadería, «la gran olvidada» en la lucha contra el cambio climático. Así, justifica que esta semana de acción contra las macrogranjas que está desarrollando Greenpeace en varias localidades españolas es «más necesaria que nunca» y reclama de manera «muy urgente» inversiones en el mundo rural porque sin su población no se podría vivir en las ciudades.

La hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia, no prevé recuperar las cifras de antes de la pandemia hasta 2023, y considera que el 2022 será un año de transición.

«El 2022 todavía va a ser un año de transición y la hostelería no recuperará cifras absolutas hasta el 2023 si todo va bien», ha asegurado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, durante su participación en el I Foro del retail y el Gran Consumo, organizado por ‘El Economista’.

Gallego, que se ha congratulado de la recuperación que se ha percibido en estos meses, ha precisado que la reactivación definitiva del sector se dará cuando se recuperen determinados nichos que van a tardar más en recuperarse como la demanda internacional, el sector del lujo, los viajes de larga distancia, o los eventos, que todavía «no están normalizados».

«El consumo de las empresas también sigue afectado y está todavía el efecto del teletrabajo en la restauración», ha explicado Gallego, que ha recordado que la crisis ha sido «durísima» para bares y restaurantes.

Por otro lado, el consejero delegado de Food Delivery Brands (Telepizza y Pizza Hut), Jacobo Caller, se ha mostrado optimista en la recuperación del sector y cree que habrá un «efecto champán», por las ganas de los consumidores.

«Esperamos una Navidad buena y una recuperación para el 2022. Estamos acercándonos a niveles prepandemia y pensamos que en el próximo año volveremos a los niveles de 2019», ha reconocido.

De la misma opinión es el CFO & Strategy de McDonald’s, Alejandro Hermo, que coincide con Caller en ver la recuperación del sector para 2022. «El 2021 fue un año de muchos altibajos y nadie se esperaba que en verano hubiera una quinta ola con restricciones», ha recordado.

«En septiembre ya vemos un despegue importante, porque la gente quiere salir y gastar. Ahora queremos que se consolide en el último triemste si no hay una sexta ola, para empezar muy potentes el 2022, donde esperamos estar por encima de 2019″, ha subrayado.

JUST EAT AVANZA UNA RALENTIZACIÓN DEL ‘DELIVERY’

Por otro lado, el director general de Just Eat España, Patrik Bergareche, ha avanzado una ralentización del ‘delivery’ en España tras el ‘boom’ de 2020 por el impacto del coronavirus.

«La pandemia ha sido un catalizador para la comida a domicilio que emergió. En nueve años en España, Just Eat incorporó 8.000 restaurantes, solo en 2020 incorporamos otros 8.000 locales», ha explicado sobre el incremento de restaurantes que apostaron por el servicio a domicilio durante la pandemia.

Sin embargo, Bergareche avanza una «ralentización del crecimiento» del ‘delivery’. Estoy muy atento a la evolución de los tipos de interés, porque hay un fenómeno de fondos de inversión, que están acelerando de una manera irracional el crecimiento del sector y creo que con una subida se puede dar un cierto enfriamiento en el sector», ha explicado.

Respecto a la ley Rider, el directivo de Just Eat la ha calificado de «positiva», porque «resuelve un problema de inseguridad jurídica», pero pide que sea «más ambiciosa». «Ordenará un poco el sector y ralentizará el crecimiento insostenible y dotará de más seguridad a todos», ha recalcado.

Por otro lado, el responsable de restauración de El Corte Inglés, Guillermo Arcenegui, ha subrayado que la restauración es «un pilar fundamental» para la estrategia del grupo. «Nos sentimos tenderos, pero también hosteleros», ha asegurado.

Arcenegui ha avanzado que la firma presidida por Marta Álvarez tiene previsto inaugurar por completo el nuevo Gourmet Experience de Castellana en noviembre, mientras que cuenta con otro proyecto más de 4.000 metros cuadrados a la gastronomía en Preciados. «Además, tenemos 50 nuevas aperturas previstas para 2022», ha indicado.

De esta forma, el responsable de restauración de El Corte Inglés ha recalcado que la firma trabaja actualmente con 65 partners para ofrecer una amplia variedad de productos y restaurantes a los clientes. «Nuestra intención es seguir colaborando con chefs y marcas para incorporarlas a nuestra oferta», ha subrayado.

El canal ‘online’ de Ikea supone ya el 22,7% de la facturación total en España al cierre de su ejercicio fiscal 2020-2021 (entre el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021), según ha anunciado este jueves la compañía.

En concreto, la firma ha resaltado que el negocio ‘online’ continúa creciendo y a un mayor ritmo, ya que su facturación se ha incrementado un 90% respecto al anterior ejercicio, con un total de 356 millones de euros. Un total de 52,2 millones de esta facturación corresponden concretamente a las ventas en remoto a través del servicio de venta telefónico y asesoramiento virtual, nuevos canales explorados por la compañía a raíz de la pandemia.

En el ejercicio anterior, año especialmente marcado por el cierre de las tiendas físicas en el contexto de la pandemia y el importante revulsivo que vivió el canal ‘online’, el crecimiento fue incluso menor, del 73%.

La facturación total del año, por su parte, también ha crecido, concretamente un 16,2%, alcanzando los 1.682 millones de euros.

De hecho, el ejercicio ha sido positivo en todos los mercados con los que la compañía cuenta en España, habiéndose incrementado la facturación en todos ellos: Cataluña (Badalona, Sabadell y L’Hospitalet) un 5%; Madrid (Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Ensanche de Vallecas y Goya -la nueva tienda en Las Rozas no ha computado en este ejercicio-) un 21,2%; Andalucía (Sevilla, Málaga y Jerez) un 17,5%; Levante (Valencia y Murcia) un 19,2%; Norte (A Coruña, Asturias y Barakaldo) un 20,2%; y Centro (Valladolid y Zaragoza) un 19%.

Con todo, España es uno de los cinco países en los que el grupo tiene presencia que más han crecido siendo el tercero en crecimiento tan solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Completan este ‘Top5’ en crecimiento China e Italia.

Nurettin Acar, nombrado recientemente CEO y CSO de IKEA en España y durante el año fiscal 2021 Market Area Manager y miembro ya del Comité de Dirección en España, ha calificado el año como «muy positivo».

«Un ejercicio en el que hemos seguido enfrentando retos heredados de la pandemia y en el que con capacidad de adaptación y sobre todo el esfuerzo de los equipos hemos consolidado nuevos canales, abierto puntos de contacto y venta en nuevas regiones y ampliado nuestra red en existentes, y en definitiva, hemos hecho crecer el negocio al tiempo que seguimos avanzando en nuestros compromisos sostenibles y de bajada de precios para ser aún más accesibles», ha resaltado.

La compañía cerró el año en España con 9.148 empleados, con un incremento de más de 200 puestos respecto al cierre del ejercicio anterior.

Repsol invertirá 2.549 millones hasta 2030 para impulsar el hidrógeno renovable. La compañía empleará diferentes tecnologías (la electrólisis, la producción a partir de biogás y la fotoelectrocatálisis, entre otras), para instalar una potencia de 552 MW en 2025 y 1,9 GW en 2030, con el objetivo liderar de mercado en la Península Ibérica y situarse como tercer productor en Europa.

El director de Hidrógeno de la compañía, Tomás Malango, que ha presentado la hoja de ruta de la compañía en este ámbito, ha repasado el conjunto de proyectos e iniciativas que Repsol desplegará en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable.

El hidrógeno renovable es uno de los pilares de la compañía en su estrategia de descarbonización. Repsol es el primer productor y el primer consumidor de hidrógeno en España y utiliza este gas desde hace décadas como materia prima en sus procesos industriales para fabricar multitud de productos esenciales para la movilidad, la construcción, el sector sanitario y el agrícola, entre otros sectores.

Actualmente, Repsol está en un proceso de transformación en el que los complejos industriales están evolucionando para convertirse en polos multienergéticos capaces de fabricar productos de baja, nula e incluso negativa huella de carbono gracias al empleo de materias primas sostenibles, como los residuos de distinta naturaleza y a los procesos más eficientes y descarbonizados.

Repsol ya ha anunciado que ubicará plantas de electrolizadores en el entorno de sus complejos industriales. El pasado 20 de septiembre, comunicó la instalación del primer electrolizador en su refinería de Petronor, en Bilbao. Con una capacidad de 2,5 MW, la planta entrará en funcionamiento en el segundo semestre de 2022 y abastecerá tanto a la refinería como a algunas instalaciones del Parque Tecnológico de la Margen Izquierda, situado en el cercano municipio de Abanto y Zierbena.

Asimismo, la compañía ha anunciado la instalación de otras plantas de electrolizadores en las inmediaciones de sus centros industriales. Entre los proyectos ya anunciados destacan los electrolizadores de 100 MW que se situarán en las refinerías de Cartagena y Tarragona, y en la de Petronor.

La compañía también construirá un electrolizador de 10 MW junto a Enagás y el Ente Vasco de la Energía (EVE) para abastecer a la planta de combustibles sintéticos que se instalará en el puerto de Bilbao.

Por otro lado, Repsol está adaptando sus infraestructuras de producción de hidrógeno convencional para la obtención de hidrógeno renovable a partir de biogás, empleando distintas tecnologías vinculadas con la economía circular, entre otras. De este modo, será capaz de producir hidrógeno a partir de residuos orgánicos de diferentes procedencias, como los residuos urbanos, biomasa o distintos subproductos de industrias agrícolas y ganaderas.

La compañía ha realizado recientemente las primeras pruebas en este sentido en su refinería de Cartagena, donde ha fabricado combustibles de baja huella de carbono empleado hidrógeno renovable.

La firma lleva más de una década apostando por la tecnología de fotoelectrocatálisis, cuya principal ventaja frente a las soluciones actuales es que sólo es necesario contar con agua y la luz del sol como materias primas para producir hidrógeno 100% renovable.

Desde 2018, Repsol incorporó al proyecto a Enagás con el objetivo de acelerar el desarrollo y escalado de la tecnología y, actualmente, ambas compañías disponen de una planta piloto que está generando el gas renovable en el centro de investigación Repsol Technology Lab.

«Tenemos la ambición de llevar la tecnología a escala comercial antes de 2030, empezando por la planta de demostración de Puertollano, prevista para el año 2025», ha señalado Malango.

Repsol desplegará proyectos en toda la cadena de valor del hidrógeno renovable para aprovechar todas las sinergias posibles. Actualmente, el 90% del hidrógeno se usa en el sector industrial como materia prima en el refino, en la producción de amoníaco, en la industria del acero y en la química, principalmente. Por ello, la UE visualiza el despliegue del hidrógeno verde en primer lugar en la industria y en aquellos sectores que no tienen en la electrificación una alternativa a corto y medio plazo para alcanzar la descarbonización.

MOVILIDAD

En el sector de la movilidad, el hidrógeno es uno de los principales componentes en la producción de combustibles. Se utiliza para eliminar el azufre en combustibles tradicionales, pero también es esencial en la producción de combustibles líquidos con baja huella de carbono, como los biocombustibles y los combustibles sintéticos, principalmente, que se pueden usar en los motores actuales de automóviles, camiones, aviones y barcos sin necesidad de modificaciones, empleando además la red de distribución logística establecida.

Para la aviación y el transporte marítimo, los combustibles líquidos de baja huella de carbono son también la solución más eficiente al menor coste.

La compañía estima que a partir de 2030 el hidrógeno podría ser una alternativa para el transporte pesado mientras que, para el vehículo ligero, la electrificación representará una opción competitiva a medida que se desarrollen las tecnologías de pila de combustible de hidrógeno. Repsol también tiene el objetivo de instalar al menos 12 hidrogeneras en 2025.

Para la energética, la transformación de hidrógeno renovable en combustibles sintéticos es una vía sencilla y eficiente de almacenamiento de energía.

Repsol construirá en el puerto de Bilbao, junto con Saudi Aramco, una de las mayores plantas del mundo de combustibles sintéticos, utilizando hidrógeno renovable y CO2 como únicas materias primas. La planta se pondrá en funcionamiento en 2024 y tendrá una capacidad de más de 2.100 toneladas anuales.

En otros segmentos de la movilidad, como el transporte ferroviario, el hidrógeno jugará igualmente un papel protagonista, ya que se visualiza como una solución libre de emisiones, especialmente en aquellas líneas de la red secundaria que no han sido electrificadas.

En este sentido, Repsol ha firmado recientemente un acuerdo con Talgopara colaborar en el impulso del tren de hidrógeno en la Península Ibérica y gracias al cual la compañía aportaría su infraestructura logística para abastecer de hidrógeno renovable la red ferroviaria.

Repsol está impulsando la creación de grandes polos regionales en torno al hidrógeno renovable con el objetivo de acoplar la producción y la demanda de este gas y conseguir así ecosistemas eficientes.

Así, en febrero de este mismo año, Petronor y Repsol promovieron la creación del Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C). El consorcio ya ha conseguido reunir a 80 empresas, instituciones y centros de investigación que tienen previsto movilizar 1.431 millones de euros hasta el año 2026, destinados a la ejecución de 40 proyectos en toda la cadena de valor del hidrógeno, con el objetivo de crear más de 1.300 empleos y posicionar a la región como referente internacional en hidrógeno renovable.

El 14 de mayo se anunció la constitución del valle del hidrógeno de Cataluña, impulsado por Repsol y Enagás, y coordinado por la Universitat Rovira i Virgili (URV). La iniciativa ya cuenta con más de uncentenar de empresas y organizaciones adheridas. Repsol es también uno de los socios impulsores del valle del hidrógeno de la Región de Murcia y participa en el clúster de hidrógeno de Castilla-La Mancha, que situará al Complejo Industrial de Puertollano a la vanguardia tecnológica con la instalación de una planta de producción de hidrógeno renovable a partir de fotoelectrocatálisis.

Por último, Repsol y EDP acaban de formalizar una alianza para promover conjuntamente la producción de hidrógeno renovable en la Península Ibérica.

La empresa japonesa Fast Retailing, dueña de la cadena de ropa Uniqlo, se anotó un beneficio neto atribuido de 175.684 millones de yenes (1.335 millones de euros) en el conjunto de su año fiscal, finalizado en agosto, lo que equivale a casi duplicar las ganancias contabilizadas durante el ejercicio anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves la compañía.

La facturación de la firma en el conjunto del año fue de 2,132 billones de yenes (16.203 millones de euros), un 6,2% más. Por segmentos de negocio, las ventas de Uniqlo en Japón crecieron un 4,4%, hasta 842.628 millones (6.404 millones de euros), mientras que en el resto del mundo se situaron en 930.151 millones de yenes (7.069 millones de euros), un 10,2% más.

Por otro lado, los ingresos procedentes de su segunda marca, Gu, crecieron un 1,4%, hasta 246.091 millones (1.870 millones de euros), al tiempo que la facturación del resto de marcas globales se contrajo en un 1,3%, hasta 108.204 millones (822 millones de euros).

En el conjunto de los 12 meses fiscales, Fast Retailing contabilizó unos costes asociados a las ventas de 1,059 billones de yenes (8.048 millones de euros), un 2,5% más, mientras que los costes de venta, generales y administrativos se situaron en 818.427 millones (6.220 millones de euros).

La empresa ha acordado pagar un segundo dividendo trimestral de 240 yenes por acción (1,82 euros), por lo que la remuneración total a los accionistas a través de este tipo de reparta alcanza los 480 yenes (3,65 euros) por título durante el año fiscal finalizado en agosto, la misma cantidad que el ejercicio anterior.

Para el presente año fiscal, que finaliza en agosto de 2022, Fast Retailing espera alcanzar una facturación cercana a los 2,2 billones de yenes (16.720 millones de euros) y un beneficio neto atribuido en el entorno de los 175.000 millones (1.330 millones de euros).

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista subirá este viernes 15 de octubre un 7,5% respecto al precio de este jueves, hasta alcanzar los 231,82 euros el megavatio hora (MWh), lo cual lo sitúa como el segundo registro más alto de la historia.

A pesar de ello, el precio de este viernes está lejos de repetir el récord absoluto alcanzado hasta ahora, los 288,53 euros registrados el pasado jueves 7 de octubre.

Respecto al viernes pasado, la subida del precio mayorista es del 1,14%, según los datos del operador de mercado eléctrico designado (OMIE).

En comparación con el 15 de octubre del año pasado, el dato se ha encarecido un 489%, es decir, casi seis veces más que los 39,33 euros/MWh que marcaba entonces.

El precio más alto de este viernes se dará entre las 09.00 y las 10.00 horas, cuando alcanzará los 265 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las 16.00 horas y las 17.00 horas, con 201,06 euros/MWh.

FACTURA DISPARADA EN LO QUE VA DE OCTUBRE

La factura eléctrica se ha disparado aún más en octubre y de mantenerse los precios durante todo el mes el usuario medio pagaría 135,57 euros, un 109,8% por encima de los 64,61 euros de hace un año, según el análisis sobre la evolución de la tarifa semirregulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) realizado por Facua-Consumidores en Acción.

De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico(Miteco) ha lanzado una consulta pública previa relativa a la modificación del PVPC, que está totalmente indexado al mercado mayorista de la electricidad y es la modalidad de contratación de elegida por 10,7 millones de consumidores, alrededor del 40% de todos los domésticos.

Facua también advierte de que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno se han mostrado «absolutamente insuficientes» y considera que solo están provocando «un leve freno a la brutal subida tarifaria».

La reducción del IVA al 10%, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, son algunas de las medidas acometidas por el Gobierno español.

Sin embargo, la Comisión Europea ha aparcado para una reflexión a medio plazo las medidas que ha propuesto España para responder a la escalada del precio de la electricidad, como la posibilidad de acometer compras conjuntas de gas para crear reservas estratégicas, al tiempo que ha instado a las capitales a dar «prioridad» a actuaciones ya previstas en la legislación actual que pueden tener un impacto «inmediato».

El mercado transaccional español ha registrado hasta septiembre un total de 1.951 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, lo que supone un aumento del 22% con respecto al mismo periodo de 2020, según el informe trimestral de TTR en colaboración con Intralinks y Gómez Acebo & Pombo.

Estas fusiones suman un importe de 89.236 millones de euros, un 20,82% más que lo registrado hasta septiembre de 2020.

En cuanto a las cifras solamente del tercer trimestre de 2021, se han contabilizado un total de 610 transacciones con un importe agregado de 28.708,38 millones de euros.

En términos sectoriales, el inmobiliario es el más activo del año, con un total de 382 transacciones, lo que supone un aumento del 12% con respecto al tercer trimestre de 2020.

Le sigue el sector tecnológico, con 379 operaciones y un aumento interanual del 31%, y el financiero y de seguros, que registra un aumento del 36% al registrar 148 operaciones.

Por otro lado, en los nueve primeros meses de 2021, se han contabilizado un total de 195 transacciones de ‘private equity’, de las cuales 60 tienen un importe no confidencial agregado de 22.628 millones de euros. Esto supone un aumento del 41,30% en el número de transacciones y un aumento del 56,16% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mercado de ‘venture capital’ se han llevado a cabo 463 transacciones, de las cuales 371 tienen un importe no confidencial agregado de 5.520 millones de euros. En este caso, ha existido un aumento con respecto al mismo periodo de 2020 del 18,11% en el número de transacciones, y del 31,57% en el capital movilizado.

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta el mes de septiembre 532 transacciones con un importe agregado de 10.879 millones de euros, lo cual implica un aumento del 20,36% en el número de transacciones y una disminución del 2,23% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020.

Fuera de España, entre enero y septiembre, las empresas españolas han elegido como principales destinos de sus inversiones a Portugal y Estados Unidos, con 47 y 44 transacciones, respectivamente. En términos de importe, Francia es el país en el que España ha realizado un mayor desembolso, con un importe agregado de 6.402,14 millones de euros.

Por otro lado, Estados Unidos (144), Reino Unido (113) y Francia (76) son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Estados Unidos, con 19.780,80 millones de euros.

TRANSACCIÓN DESTACADA

En el tercer trimestre de 2021, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición del 80% de Elawan Energy por parte de ORIX Corporation.

La operación, valorada en 788,49 millones de euros ha sido asesorada por la parte legal por Linklaters Spain y por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Por la parte de ‘due dilligence’, la transacción ha sido asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

RANKING DE ASESORES LEGALES Y FINANCIEROS

El ranking TTR de asesores financieros en el mercado de fusiones y adquisiciones hasta el tercer trimestre de 2021 por número de transacciones lo lidera Arcano Partners, con 21 operaciones, mientras que el ranking por importe lo lidera Citigroup, con 10.338,46 millones de euros registrados.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos del, por número de transacciones lo lidera Garrigues España con 124 operaciones, mientras que por capital movilizado Cuatrecasas España se sitúa en el primer puesto, con 17.753,77 millones de euros registrados.

PERSPECTIVAS PARA 2022

La socia de Gómez-Acebo & Pombo, Mónica Weimann Gómez, ha señalado que el mercado español «ha ido ganando ritmo a lo largo del año». Durante estos meses, los inversores institucionales han estado buscando objetivos en sectores «que se han mostrado resistentes a la pandemia», mientras que las actividades estratégicas «ya llevaban tiempo revisando sus organizaciones para centrarse en su ‘core business’ y desinvertir en ámbitos que no consideraban centrales a su negocio». De esta forma, Weimman Goméz considera que la tendencia «se mantendrá con un mercado activo y al alza».

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana movilizará en 2022 más de 16.200 millones de euros en inversiones en materia de infraestructuras y vivienda, lo que supone un 40% de todo el esfuerzo inversor proyectado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Esta cifra consolida a este Ministerio como el gran protagonista de la inversión pública en España, en un momento en el que la llegada de los fondos europeos irá destinada a hacer compatible la renovación y construcción de nuevas infraestructuras con la descarbonización de la economía.

«Se trata de unos Presupuestos pensados para alcanzar una recuperación justa, que hagan de España un país mas productivo, competitivo y sostenible y que garanticen que la mejora económica llega a todas las familias, que todos los territorios cuenten con mejores servicios públicos y sean un motor de innovación y de crecimiento económico», ha señalado la ministra de este Departamento, Raquel Sánchez.

Durante su intervención en un acto en el que ha presentado las principales partidas de los Presupuestos de 2022 en el ámbito del transporte y vivienda, Sánchez ya destacado que de los 16.200 millones de inversión planteados, 8.000 millones ya están activados por medio de licitaciones y adjudicaciones.

A las infraestructuras, el Gobierno destinará 11.841 millones de euros, un 2,7% más que en los Presupuestos vigentes, concentrados en carreteras (2.463 millones), ferrocarriles (6.700 millones), puertos (927 millones) y aeropuertos (830 millones).

Entre los principales ámbitos de actuación destaca la descarbonización de las ciudades (1.740 millones), la cohesión de la movilidad (2.600 millones), la conservación de carreteras (1.300 millones) o la mejora de la red de Cercanías (1.500 millones de euros).

En el ámbito de la vivienda, el presupuesto alcanza los 3.290 millones de euros, un 50% más, repartido en 1.389 millones para el programa de recuperación económica y social en entornos residenciales, 600 millones para la rehabilitación sostenible y la digitalización de edificios de la Administración Pública, 663 millones para al alquiler asequible, 432 millones para el plan de vivienda estatal, 200 millones para el bono joven y 25 millones para la rehabilitación arquitectónica.

Santander Río, filial argentina del Grupo Santander, dejará de cotizar en la Bolsa de Buenos Aires y en Latibex, una decisión aprobada de forma unánime en la asamblea extraordinaria de accionistas convocada el pasado martes, 12 de octubre, según el hecho relevante remitido a Bolsas y Mercados Argentinos.

La entidad no ha fijado una fecha exacta para su exclusión bursátil, ya que se trata de una operación que todavía está pendiente de varias aprobaciones, aunque la intención es que se produzca antes de que finalice el año, según han informado fuentes del banco.

Además, en la misma asamblea extraordinaria, se ha aprobado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para recomprar los títulos que Santander Río no posee a los accionistas minoritarios a un precio de 32 pesos argentinos (alrededor de 0,27 euros) por cada acción de clase ‘A’, ‘B’ y preferidas en circulación.

Actualmente, el ‘free float’ de Santander Rio es de 30 millones de acciones, equivalente al 0,69% del capital social y al 0,74% de los derechos de voto, con un valor de participación de alrededor de 6,4 millones de euros.

Esta operación se enmarca en un proceso de simplificación de la estructura administrativa, al tiempo que tiene como objetivo facilitar la salida de los accionistas minoritarios presentes en el capital social de la filial.

Cabe recordar que, en junio, la entidad presidida por Ana Botín anunciaba su intención de lanzar una OPA voluntaria para recomprar todas las acciones de minoritarios de Santander México que no posee y que representan aproximadamente el 8,3% del capital social de su filial mexicana por un importe aproximado de 550 millones de euros.

Además, la filial estadounidense de Banco Santander llegaba a finales de agosto a un acuerdo definitivo para comprar el 20% que no controlaba de Santander Consumer USA y mejoraba la OPA hasta un importe de 2.490 millones de dólares (unos 2.100 millones de euros). El plazo de la aceptación de esta operación terminará el próximo martes, 19 de octubre, después de que la entidad ampliase el plazo a principios de mes.

Las organizaciones que agrupan a los trabajadores autónomos en España han mostrado su indignación por haberse enterado por los medios de comunicación de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 prevé una subida tanto de las cuotas mensuales como de la base de cotización para los trabajadores autónomos a partir del próximo año.

Con estas nuevas medidas, con las que el Gobierno pretende aumentar su recaudación en 173 millones de euros, se aumentará la base de cotización mínima (960,60 euros) y el tipo fijado pasará del 30,6% al 30,9%. A efectos prácticos, esto va a suponer que los 1,8 millones de autónomos que cotizan por la base mínima paguen ocho euros más de cuota al mes.

«Esto va a provocar que un autónomo va a tener que pagar entre 96 y 225 euros más el próximo año, según si es autónomo persona física o autónomo societario», ha denunciado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien cree que este «no es el mejor momento» para implantar una medida de esta naturaleza.

Amor, además, ha afirmado que muchos trabajadores por cuenta propia siguen «en el alambre» y ha recordado que el colectivo lleva años soportando una situación «complicada».

En la misma línea, desde Unión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA) han lamentado que solo Esquerra Republica de Cataluña (ERC) haya presentado una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados para frenar esta medida.

«Es inconcebible, no damos crédito a la desidia con la que se nos está tratando en el ámbito fiscal. No entendemos la negativa reiterada de los ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos», ha recalcado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

Desde UPTA, además, han criticado que este proyecto de Presupuestos no incluya las deducciones por manutención, una situación con la que «salen perjudicados» más de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia.